En materia de prevención de delitos y apoyo a víctimas, ya ha estado en tabla. Luego se presenta otro mensaje, iniciativa del Ejecutivo, que fija un plazo para que los proveedores de Internet y servicios de telecomunicaciones entreguen antecedentes como registros de llamadas sobre posibles delitos. Y en tercer término, moción, ya ha estado en tabla varias veces, que dicta normas para proteger a los humedales rurales. Ahí están los tres primeros puntos de esta jornada de martes 18, que son en general nueve aspectos a considerar.
Los puntos cuatro, cinco y seis: el cuatro tipifica el delito de no detención de un conductor de un control policial; el cinco corresponde a la reforma que prorroga el crédito especial de las empresas constructoras; y el seis, a una moción que busca subir la proporción de arresto domiciliario susceptible de ser abonado a la privación de libertad. Como siempre, precisamos el orden del día. El tiempo para tratar los proyectos de ley es de 120 minutos y, por tanto, no se alcanzan a ver todos los aspectos en tabla, que además incluyen otros tres puntos.
El séptimo punto es una moción que impide sugerir o exigir propina en establecimientos que no cuenten con servicio de garzones. El octavo exige, también vía moción, un permiso de circulación estandarizado en todas las comunas del país. Y el noveno, una investigación parlamentaria acerca de la asociación de municipalidades con farmacias populares.
Ahí está. En la página web aún pueden revisar comisiones que estén sesionando en estos instantes. También se dispone de una ventana, ubicada en la parte inferior, que muestra noticias de prensa y que, durante el transcurso de la jornada, se va alimentando con las conferencias de las y los legisladores acerca de diversos puntos. Las otras ventanas corresponden a las comisiones, algunas de las cuales han sesionado en horas de la mañana y la mayoría lo hicieron ayer, en la jornada del lunes 17 de marzo. Visiten la página web www.cdtv.cl, así como www.camara.cl, nuestras redes sociales y la página de la radio de nuestra corporación, todas a disposición de ustedes para la información que requieran.
Entrando ya en detalle, como mencionamos, el debate de esta jornada se inaugurará con el mensaje que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, y de apoyo y asistencia a víctimas, destinado a los gobiernos regionales. En ese sentido, se consigna la primera propuesta de cambio a la actual legislación, estableciendo que, cuando se trate de financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las fuerzas de orden y de seguridad pública de equipamiento o infraestructura para apoyar sus labores, dichos proyectos deberán siempre ser coherentes con el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y con los planes anuales de gestión operativa y administrativa vigentes dictados por el Ministerio a cargo de la Seguridad Pública, así como con las políticas nacionales en la materia. En este caso, se trata del Ministerio de Seguridad Pública, que está a pocos meses de ser implementado.
Otra de las propuestas de cambio señala que los gobiernos regionales deberán diseñar, aprobar, ejecutar y aplicar políticas, planes, programas y proyectos regionales en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materia de atención y asistencia a víctimas en la región, en coordinación con los organismos públicos competentes y sin perjuicio de las funciones del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Para el cumplimiento de esta función, el gobierno regional podrá celebrar convenios o acuerdos con instituciones públicas o privadas, incluyendo municipalidades.
En el ejercicio de esta función, las políticas, planes y programas deberán ser consistentes y estar debidamente coordinados con la Política Nacional de Seguridad Pública Interior, el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, y con los instrumentos de gestión y directrices del Ministerio encargado de la Seguridad Pública en este ámbito. Además, los gobiernos regionales deberán mantener una coordinación permanente con la Subsecretaría encargada de la Prevención del Delito, organismo que proveerá colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito y atención y asistencia a víctimas, formulando la planificación correspondiente y entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.
Otra de las obligaciones será la formulación e implementación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este mismo ámbito, sin perjuicio de las competencias correspondientes.
de la subsecretaría encargada de la prevención del delito. Estamos revisando a quién se integra a esta hora de la mañana parte de los aspectos que propone modificar el mensaje que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas. Esto para los gobiernos regionales, proyecto que está en primer trámite constitucional y que fue, más bien, informado. Les recordamos que este proyecto tiene debate y votación pendientes, y fue informado por las comisiones técnicas, a saber, Gobierno Interior y Hacienda.
Otra de las propuestas que hace la Comisión de Gobierno Interior es que se puedan, a su vez, proponer al Consejo Regional las políticas, estrategias y planes regionales en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materia de detención y asistencia a las víctimas, que es precisamente lo que le da el título a este proyecto de ley, que, además, como mencionamos, pasó por la Comisión de Hacienda y que será abordado como primer punto en esta jornada de martes 18 de marzo, en que, además, la Cámara de Diputadas y Diputados, en segundo término, se va a abocar al proyecto de ley iniciado también en mensaje, el cual fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crímenes organizados y otros cuya investigación requiera especial celeridad.
Este proyecto fue analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que lo informará a la Sala, y también está en primer trámite constitucional, al igual que el relativo a los gobiernos regionales que hemos detallado. Por tanto, de ser aprobados esta mañana de martes 18 de marzo, irán al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional.
¿Qué es lo que propone? Respecto de la legislación actual, en el párrafo llamado "Actuaciones de la Investigación y Registro de Llamadas y Otros Antecedentes de Tráfico Comunicacional", la normativa señala que, cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados y ello sea útil para la investigación, el Ministerio Público podrá requerir a cualquier proveedor de servicios, previa autorización judicial, que entregue la información que tenga almacenada relativa al tráfico de llamadas telefónicas, de envíos de correspondencia o de tráfico de datos en internet de sus abonados, referida al período de tiempo determinado en la resolución judicial. Ahí, lo que propone la Comisión de Constitución es que se incorpore la expresión "o la información relativa a la localización o georreferenciación del tráfico de voz o datos de sus abonados", haciendo aún más específica esta petición respecto de información.
También propone la Comisión que, cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados de la existencia de una asociación delictiva o criminal, o de la desaparición de una persona, conforme a la ley 21.500 que regula el proceso unificado de búsqueda de personas y crea un sistema interconectado para estos efectos, o también cuando se presume que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión de algún ilícito, las empresas deberán entregar registros y antecedentes referidos, debiendo ello efectuarse de manera inmediata y en ningún caso transcurridas más de 24 horas desde el requerimiento. Para la entrega de estos registros y antecedentes, los proveedores de servicios deberán garantizar la disponibilidad permanente para resolver y dar respuesta a los requerimientos realizados por el Ministerio Público.
Ahí está, entonces, lo que propone este mensaje, que reiteramos está en primer trámite constitucional y se ubica en el segundo punto de la tabla de este martes 18, sesión número 3 de la presente legislatura, en cuyo punto 3 se incluye el proyecto de ley iniciado en moción que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y para ello modifica diversos cuerpos normativos. Este proyecto está con segundo informe, ya fue aprobado en general, pero aún está en primer trámite constitucional, por lo que requiere todavía su despacho particular desde la sala de nuestra Cámara de Diputadas y Diputados.
¿Qué es lo que hace? Entre otros aspectos, define lo que es un humedal rural, entendiéndolo por toda aquella extensión de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial.
Permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren totalmente fuera del límite urbano. También se establecen criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales rurales que se definirán de acuerdo a la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y también el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a fin de resguardar sus características ecológicas, composición, estructura y funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico tanto superficial como subterráneo. Se dicta también una ordenanza general municipal. Las municipalidades deberán establecer en una ordenanza general los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales rurales ubicados dentro de los límites de la comuna, para lo que se utilizarán los criterios establecidos conforme al artículo que hemos mencionado anteriormente.
Los Comités de Humedales Rurales se crean también en este proyecto de ley, cuyos detalles estamos a minutos de conocer, ya que está el Vicepresidente Gaspar Rivas dando comienzo a esta jornada de la Sala de Sesiones.
Se abre la sesión. El acta de la sesión centésimo trigésimo tercera se declara aprobada. El acta de la sesión centésimo trigésimo cuarta queda a disposición de los parlamentarios. El señor Prosecretario da lectura a la cuenta.
Buenos días, Presidente. La cuenta corresponde a la sesión de sala número cuatro para hoy, 18 de marzo.
Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, Araya, Don Jaime, González, Don Mauro, Joanet y Lónton, y de las diputadas señoras Cordero, Morales, Doña Carla o Santón y Rafael, que regula la prestación de servicios de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas en la vía pública y sanciona el ejercicio no autorizado de dichas actividades.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Barquiesi, Cordero y del Real, y de los diputados señores Jürgensen, Matteson, Mesa, Moreno, Teao y Trisotti, que modifica la Ley 21.659 para incorporar como requisito la prohibición del consumo de drogas a personas naturales que presten servicios en materias de seguridad privada.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Acevedo, Bello, Castillo, Gazmuri, Mix, Pizarro, Plasencia, Riquelme, Rojas y Santibáñez, que modifica el Código Procesal Penal a fin de otorgar legitimación activa para interponer querella por los delitos que indica a personas jurídicas que realicen trabajo en temáticas de género y violencia de género.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Veloso, Bello, Mix, Snyder y Tello, y de los diputados señores Brito, Lago, Marcino, Maya, Ollarzo y Vinter, que modifica la Ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para fortalecer las facultades fiscalizadoras del Consejo Municipal.
Finalmente, señor Presidente, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Romero, Don Leonidas y Calisto, que modifica la Carta Fundamental para determinar el inicio de la existencia legal de la persona humana.
Esa es toda la cuenta para hoy, señor Presidente.
¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta?
Cerrada la cuenta, pasamos al orden del día. Corresponde, por lo tanto, continuar el debate del proyecto de ley originado en mensaje, que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. Boletín 16.132-06.
Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada parlamentario que se inscriba. Los informes se encuentran rendidos.
Tiene la palabra el diputado Cristian Tapia.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán.
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker.
Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi.
Tiene la palabra el diputado Martín Delgado.
Gracias, Presidente. Bueno, mire, este proyecto de ley dice relación con el cumplimiento de una promesa efectuada con los gobernadores en cuanto a la aprobación del reciente proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, así como también por el compromiso transversal por la seguridad suscrito en abril del año 2023 por parte de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile y el Gobierno. En la práctica, Presidente, yo creo que todos estamos, y por lo menos en lo personal, tengo una coordinación, un trabajo permanente tanto con la gobernación de la región de Magallanes como con las distintas municipalidades, tales como la de Punta Arenas, la de Puerto Natales, Porvenir, Williams, etcétera. Y esto hace absolutamente necesario entregar este traspaso de competencias para que los gobiernos regionales, en función de los recursos que poseen, puedan hacer una enorme contribución en coordinación con los distintos municipios. Porque, efectivamente, cuando se llevó a cabo la creación del Ministerio de Seguridad, esta no se hizo más allá de contar con un representante a través de un Ceremi de Seguridad en todo el territorio, sin traspasar competencias a los territorios. Por ello es fundamental la participación de las gobernaciones que estén no solo comprometidas, sino que efectivamente se coordinen con los municipios, con los Ceremi de Seguridad, con el Ministerio de Seguridad, y de esa manera logren la coordinación necesaria para ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad.
Existen muchos otros traspasos que, desde hace años, hemos venido solicitando a los gobiernos regionales. Yo solo quiero dejar de manifiesto —y esto especialmente para el mensaje que quiero entregar a la región de Magallanes— que en nuestro territorio ya existe una coordinación entre la gobernación, los municipios y quienes, como parlamentarios, también estamos llevando a cabo un trabajo que pretende tener una participación mucho más activa en materia de seguridad. Yo celebro este proyecto de ley y me alegra que se dé, al menos en parte, cumplimiento a los compromisos de las distintas administraciones en cuanto a los traspasos que deben efectuarse a los gobernadores y a las gobernaciones regionales. Por eso, voy a votar favorablemente este proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso y, a continuación, el diputado Nelson Venegas.
Gracias, Presidente. Honorable Sala. Cuesta entender el objetivo de este proyecto, porque aparentemente generamos un encargado de la seguridad regional, pero la pregunta es: ¿es un encargado de la seguridad regional? ¿Va a tener atribuciones para la persecución del delito? ¿Va a tener capacidades operativas? No, no las va a tener. ¿Es un intento por regionalizar la seguridad? Tampoco, porque solo generamos un cargo que le quita atribuciones al Gobierno Regional, reduciéndolo a lo que determine la política nacional de seguridad pública. Por lo tanto, generamos un cargo que dará la apariencia de tener a alguien a cargo de la seguridad en la región, pero esa persona no tendrá ninguna decisión en materia de seguridad. Lo que hacemos es traspasar o difuminar la responsabilidad de la seguridad nacional –la seguridad que está a cargo del Poder Ejecutivo y de las policías–, diciéndole a los gobernadores regionales: “Aquí tienen una mochila, vean ustedes qué hacen con ella”. Pero, cuando traten de hacer algo, la verdad es que no tendrán nada que hacer, pues tendrán que preguntarle al Gobierno central: “¿En qué podemos gastar, jefe?”. Entonces, tampoco hay regionalismo. Por eso creo que este proyecto es malo: duplica funciones, difumina la responsabilidad, no aporta a la seguridad pública y está muy lejos del regionalismo que uno esperaría de este Gobierno. Porque, si estamos creando administraciones regionales, es para fortalecerlas, y no para hacerlas un apéndice de los gobiernos centrales, como hace este proyecto al generar un cargo que solo podrá actuar según lo que el Ministerio de Seguridad en su momento le indique.
Muchas gracias, Presidente.
Diputado Johannes Kaiser y, con posterioridad, diputada Viviana Delgado.
Gracias, Presidente.
Hoy discutimos un proyecto de ley clave para enfrentar uno de los mayores desafíos que vivimos: la delincuencia y la inseguridad. No podemos seguir mirando hacia el lado mientras el crimen se instala en nuestras calles. Maipú, una de las comunas más bellas y grandes de Chile, se ha convertido en un triste reflejo de esta crisis, con vecinos que viven con miedo, barrios tomados por la violencia y una sensación de abandono que no podemos permitir.
Frente a esto, los gobiernos regionales han intentado responder invirtiendo en seguridad mediante la compra de vehículos policiales, cámaras de vigilancia y la recuperación de espacios públicos. Sin embargo, no han actuado bajo un marco claro de competencias. Este proyecto de ley viene a corregir eso, ordenando, fortaleciendo y dando coherencia a estas acciones. Tal como señala el informe, es preciso coordinar la toma de decisiones y agilizar la respuesta.
Con esta ley, los gobiernos regionales podrán ejecutar planes de prevención del delito, asistir a las víctimas y mejorar la inversión en infraestructura, tecnología y en la recuperación de espacios, espacios actualmente tomados por traficantes. Esto no es más burocracia, como algunos han dicho, sino eficiencia, ya que dotará de herramientas a quienes ya invierten en seguridad, pero ahora con un respaldo legal que haga el gasto más efectivo y útil para la ciudadanía. Presidente, la gente no puede seguir esperando. Necesitamos prevención, coordinación y, sobre todo, acción. Este proyecto es un paso en la dirección correcta y mi voto será a favor.
Gracias, Presidente.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán, seguido por el diputado Cristian Tapia.
Muchas gracias, señor Presidente. Saludo, a través de este intermedio, a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.
Señor Presidente, la Araucanía, región que tiene la mayor cantidad de víctimas de terrorismo, y miles de familias a lo largo de estos años se han visto afectadas por la toma de terrenos, asesinatos, usurpaciones, amenazas, quema de siembras y otras graves vulneraciones por parte de criminales. Sin embargo, los apoyos del Poder Ejecutivo muchas veces son insuficientes, tardíos o, peor aún, jamás llegan a los afectados. Prueba de ello es la colonia Manantorilles, en la comuna de Angol.
Por esta razón, se hace necesario ampliar las capacidades de los gobiernos regionales para apoyar a quienes, de manera injusta, sufren la delincuencia y la violencia en la Araucanía. Votaré a favor de esta iniciativa que otorga a los gobiernos regionales nuevas atribuciones en materia de prevención del delito y asistencia a víctimas. De esta manera, entre otras medidas, se podrán diseñar y ejecutar planes en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito. Asimismo, se posibilitará el financiamiento de proyectos destinados a dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento e infraestructura para el apoyo de sus labores, y se les concederá la facultad de desarrollar acciones para la atención a víctimas de delitos.
Espero que, una vez adquiridas estas capacidades, las autoridades no hagan vista gorda y se preocupen, como corresponde, de apoyar a las víctimas y no solo de aparecer en las fotografías lamentando los hechos y anunciando que se actuará contra quienes resulten responsables. Estas puestas en escena ya nos tienen cansados. Por eso, es fundamental llegar a las víctimas y apoyarlas en todos los sentidos.
Devolverles los bienes que han perdido. Votaré a favor, señor presidente. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Cristian Tapia, con posterioridad del diputado Johannes Kaiser.
Gracias, presidente.
Presidente, yo creo que este es un muy buen proyecto: entregar estas funciones en materia de prevención social y situación comunitaria a los gobiernos regionales, que ellos lo están pidiendo desde que entraron en funcionamiento. ¿Y por qué lo digo? Porque, cuando uno está en terreno, cuando uno está en las poblaciones, se percibe que la ciudadanía está decepcionada. Está decepcionada no solamente de una institución, ni de Carabineros, ni de la PDI, sino de todo el sistema. Me tocó estar en una reunión el jueves pasado en la población Hermanos Carrera, reunión convocada por jóvenes. Uno podría pensar que a veces los jóvenes no le dan importancia, pero en realidad están muy preocupados por este tema. Y el día viernes, en conjunto con las organizaciones de uniones comunales y juntas de vecinos, quedó en evidencia que estamos trabajando muy separados. Para avanzar en temas de seguridad, señor presidente, nos necesitamos a todos. Nadie tiene una varita mágica; nadie puede decir: “Con esto vamos a terminar el flagelo de la delincuencia.”
¿Y por qué son tan importantes los gobiernos regionales? Porque están compuestos, además del gobernador regional, por los consejeros regionales, que son territoriales y representan a cada comuna de cada región. Y cuando uno se traslada a la región de Atacama, siempre he apreciado el interés del gobernador Miguel Vargas en esta materia, firmando convenios de colaboración en salud, en educación y en seguridad. Es fundamental otorgar esta atribución, ya que los gobiernos regionales cuentan con recursos; sin embargo, para ello debemos evitar recortar dichos recursos. Sabemos que los recursos del royalty también llegarán a los gobiernos regionales. Tal vez el año pasado enfrentaron limitaciones para gastar e invertir, pero hoy tienen mayor apertura: no solamente pueden invertir en tecnología y ciencia, sino que también lo harán en seguridad.
Yo creo, estimado presidente, que muchas veces nos criticamos entre nosotros, pero es hora de trabajar seriamente. Este Congreso ha demostrado su labor mediante la gran cantidad de leyes aprobadas; sin embargo, los municipios cumplen un rol tremendamente importante. Además, el gobierno, a través del gobernador regional y los COREs, mantiene una relación directa con los municipios, ya que desde allí, alcaldes y concejales—las autoridades más cercanas a nuestra gente—detectan lo que sucede. Por ello, le entrego mi voto de confianza a este proyecto a favor de los gobiernos regionales, porque estoy seguro de que invertirán los recursos donde realmente corresponde.
Así que, votemos a favor de este proyecto, señor presidente.
Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser y, a continuación, el diputado Nelson Venegas.
Muchas gracias, señor presidente.
Mire, yo tengo un problema cuando se empiezan a meter demasiados cocineros en la cocina y no se ponen de acuerdo en cómo van a estar o qué tipo de ingredientes le van a añadir a la cazuela. Hay demasiados órganos encargados del tema de seguridad y cada uno de ellos recibe un presupuesto propio. ¿Qué sucede cuando se actúa de esta manera? Al final, se dispersan los esfuerzos. No hay concentración ni una inversión en el mediano y largo plazo en las instituciones que efectivamente deben preocuparse por la seguridad.
Si estamos hablando de quinientos mil millones de pesos, más o menos, que se destinan al tema de seguridad en las gobernaciones—equivalentes a quinientos millones de dólares—esto representa casi el 40-45% del presupuesto que se reparte sin una visión estratégica, sin una visión macro y sin optimizar, a través de la economía de escala, el impacto social de dichos recursos.
Entonces, en vez de asignar esos fondos a gobernaciones o incluso a municipios para el tema de seguridad, ¿por qué no reforzamos a Carabineros y a la PDI en sus investigaciones con esos recursos? ¿Por qué no dedicar, en el mediano y largo plazo, esos recursos a aumentar dotaciones y a mejorar, desde una perspectiva institucional, la gestión de estas organizaciones?
…han dedicado a la seguridad. Tengo la impresión de que aquí lo que tenemos, a través de las gobernaciones, y me disculparán, pero de alguna manera es el viejo pascuero del sistema político, que va a todo lado a hacer regalos, pero la inversión no necesariamente se traduce —o no necesariamente está asociada— al mayor impacto social posible que se pueda alcanzar con esos recursos, si se concentran y, de la mano de un diseño racional, se invierten para lograr mejores resultados de seguridad para la ciudadanía.
Esta lógica de hacer un reparto de recursos con balde ya no funciona, damas y caballeros, y no funciona porque, además, los recursos están siendo cada vez más escasos. Entonces, ¿por qué no concentrar nuestro esfuerzo directamente en las instituciones que están llamadas a recuperar la seguridad en nuestro país? Es ahí donde tienen que llegar los fondos, no a 10, 15, 20 departamentos distintos que muchas veces no conversan entre sí y que no son capaces de generar una estrategia de seguridad coherente.
Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas y, con posterioridad, la diputada Paula Labra.
Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que acá estamos todos conscientes, transversalmente y en toda la sociedad, de que el principal problema que aqueja hoy día nuestro país es precisamente el tema de la seguridad, y eso hay que tomárselo con madurez, hay que tomárselo con responsabilidad. Yo creo que esta institución debemos reivindicarla, debemos legitimarla y debemos darle altura de mira. El pueblo chileno está esperando eso de nosotros, y siento que, lamentablemente, el tema de la seguridad está siendo manoseado y políticamente utilizado. Pero cuando se tienen que tomar determinaciones, decisiones o votar de tal o cual manera, no se actúa con la perspectiva de solucionar los problemas, como si a algunos no les interesara solucionarlo porque con ello pueden tener un discurso que cautive al electorado. A mí eso me parece absolutamente irresponsable y nos deslegitima como institución, pues no estamos dando respuestas concretas y serias al pueblo chileno.
El tema de la delincuencia no es un asunto de gobiernos, es un tema del Estado, es estructural y requiere, por tanto, decisiones serias y concretas. Lo otro resulta en charlatanería barata: esto de armar a la gente, esto de aumentar las penas, esto de incrementar tantas o cuales medidas. Nosotros tenemos que abocarnos a darle una solución estructural al Estado de Chile para el nuevo tipo de delincuencia que está surgiendo a consecuencia de la globalización, de la inmigración y de todos los fenómenos nuevos que acontecen en las sociedades.
En esta oportunidad no me interesa hablarle a las masas, ni a la tele, ni buscar aplausos; me interesa hablar como un hombre que fue puesto acá para dar respuestas de Estado. Y en ese sentido, considero que el Estado debe hacerse cargo de manera seria. ¿Y cómo se tiene que hacer cargo de manera seria? A través, precisamente, de instituciones como, por ejemplo, los gobiernos regionales. ¿Quién mejor que ellos para conocer lo que ocurre en la región? Ellos conocen precisamente lo que aqueja en cada territorio: dónde están las dificultades, dónde hay que invertir en espacios públicos, dónde hay que aumentar la iluminación, dónde hay que incrementar la prevención, porque para eso se generó la ley que modificó la posibilidad de elegir a los gobernadores, para que éstos actuaran en concordancia con lo que ocurre en cada ámbito. Entonces, ¿cómo no va a ser aceptable un proyecto de ley de esta naturaleza? Yo creo que hay que entregar atribuciones a los gobernadores para que tomen decisiones serias y concretas, porque tenemos que luchar de manera decidida contra el flagelo de la delincuencia.
He dicho, señor presidente.
Tiene la palabra la diputada Paula Labra y, con posterioridad, la diputada Marcela Riquelme.
Gracias, presidente.
Para mí este es un pésimo proyecto de ley. Es otro voladero de luces de este Gobierno para decir que se está haciendo algo en materia de seguridad, cuando no es más que una aspirina para la ciudadanía. Este proyecto crea más institucionalidad, más grasa estatal, más funcionarios públicos, protocolos, burocracia, etc., cuando ya existen las autoridades regionales.
Para cumplir con su rol en seguridad, para qué está el delegado regional, los delegados provinciales y, además, ahora un nuevo Ministerio de Seguridad que va a instaurar seremis de seguridad en todas las regiones. Este proyecto de ley plantea que los gobiernos regionales deben crear una división de prevención del delito. Yo digo: ¿por qué no crean también, entonces, una división de salud pública para reducir las listas de espera o una división de transporte público para que los niños de Copihue o de Catillo, de las zonas rurales de la región del Maule, tengan una micro para ir al colegio? Esto no le corresponde a los gores.
Y un ejemplo súper claro: el gobernador de la región del Maule consiguió el presupuesto que se le había rebajado para entregar un helicóptero a Carabineros. Para esto no se necesitó un proyecto de ley. El ex intendente, Juan Eduardo Prieto, presentó una propuesta para crear una escuela de Carabineros con el fin de reducir el déficit en la región. Esto tampoco requiere un proyecto de ley; simplemente es una artimaña para evadir responsabilidades. Cuando la nueva seremia de seguridad no logre combatir la delincuencia, ¿de quién será la responsabilidad? De los gores.
Por lo tanto, yo no voy a aprobar un proyecto de ley que viene a diluir responsabilidades. Y para mejorar en todas las materias, desde salud a seguridad, se necesita voluntad del gobierno de turno y, además, gente competente y responsable. No se puede seguir despilfarrando recursos como la fallida compra de la Casa Allende, 900 millones; la campaña de comunicación del borrador del primer mamarracho constitucional, 1.800 millones; o los más de 1.000 millones de pesos que se gastan en arriendos todos los años para los nuevos 100.000 empleados públicos. Esta ineficiencia y la falta de claridad en las prioridades quedan totalmente en evidencia cuando tenemos un ministro de Agricultura que tilda de llorones a los alcaldes de los municipios rurales. Un ministro con este tipo de actitud y pensamiento sobre su cargo debe renunciar, sí o sí.
He dicho, presidente. Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme y, con posterioridad, el diputado Enrique Lee. Muchas gracias, presidente.
Este proyecto del Ejecutivo, sin duda, corresponde al compromiso transversal por la seguridad. Todos los esfuerzos son valorables y necesarios. La incorporación de los gobernadores al Consejo Nacional de Seguridad Pública busca disminuir una brecha en los roles asociados a la prevención y control de la delincuencia que, hasta hoy, tienen las autoridades.
Antes de continuar, quiero hacer mención al asesinato ocurrido en la comuna de Graneros de mi distrito. Es un hecho gravísimo y doloroso para toda la región de O'Higgins y para el país, el cual esperamos sin duda que sea esclarecido prontamente. Pero este macabro crimen nos hace plantearnos la necesidad de proteger nuestras zonas rurales. Y en eso estamos con otros parlamentarios de distintos sectores políticos: evitar que el delito y la violencia se trasladen a nuestros campos.
El delito no se termina en el límite de la Región Metropolitana. Cuando se combate el delito en la Región Metropolitana, sepan ustedes que éste se traslada a otras regiones como Valparaíso o a la nuestra, la región de O'Higgins, y eso, para nosotros, es muy grave. No estoy tan de acuerdo con el rol de los gobiernos regionales en materia de control; sin embargo, sí lo estoy en materia de prevención, y es de toda lógica, porque este rol ya lo cumplen o ya se ha cumplido a través de fondos destinados a proyectos de seguridad pública.
Establecer lineamientos claros en la construcción de estrategias permite un avance concreto, considerando ejes asociados a ellos y evitando que dichos ejes tengan que ver con compadrasco o con aquellos municipios que son más beneficiados o más amigos de un gobernador u otro. La prevención psicosocial y situacional del delito no es algo nuevo. Esto lo hicieron los municipios, recuerden ustedes, ya desde el año 2005 a través del Ministerio del Interior, mediante el otrora programa Comuna Segura. La prevención, tantas veces minimizada en su rol frente a las políticas de control, es fundamental para construir bases sociales.
Desde mi experiencia lo pude constatar en el trabajo en Rancagua, en Costa del Sol, en Villa Hermosa, en Villa Las Rosas y, por supuesto, en la Manso Velasco del sector Alameda, donde la llegada del terminal de buses en esa época amenazó duramente la seguridad de los vecinos. Estas son solo parte de las experiencias de un trabajo realizado en conjunto con la comunidad, sumando también esfuerzos en prevención contra la violencia escolar hacia la mujer y distintas incivilidades.
Estoy convencida de que este proyecto contribuirá a fortalecer vínculos con la ciudadanía y, por eso, mi voto será a favor. Gracias, Presidente.
Tiene la palabra el diputado Enrique Lee y, con posterioridad, el diputado Álvaro Cárter.
Gracias, Presidente. Mire, desde mi punto de vista este proyecto lo único que hace es diluir y deslindar responsabilidades. Deslindar responsabilidades en momentos críticos en el país, en el momento en que todas las cifras, todos los resultados y la evidencia pública permanente diaria en el aumento de la criminalidad indican que han fracasado todas las iniciativas respecto a recuperar la tranquilidad y la seguridad perdida. ¿Y qué es lo que hace el Gobierno? Le traspasa esa responsabilidad a los gobernadores regionales. Gobernadores como, en el caso de Arica, que han tenido el año pasado un 80% de ejecución presupuestaria, en una situación en que hemos conocido —y todavía están en investigación— los escándalos de los casos de convenios. Yo creo que es una tremenda irresponsabilidad, en este estado de las cosas, traspasar esta responsabilidad a los gobernadores regionales, quienes, por lo demás, cuentan hoy día con las herramientas y las respectivas divisiones que podrían también invertir en protección y prevención. Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de este proyecto, Presidente, en circunstancias además de que todavía esperamos del Gobierno su compromiso —su compromiso aún incumplido de hacer las auditorías que hoy día son facultativas y de hacer de las auditorías externas a los gobiernos regionales una materia obligatoria—. Eso es un compromiso del ministro Marcel y todavía está inconcluso, está incumplido. Presidente, es el Ministerio del Interior y el nuevo Ministerio de Seguridad Pública quienes tienen que asumir esta responsabilidad. Es el Gobierno de turno el que tiene que asumir la responsabilidad, y esta sola idea de traspasar recursos y responsabilidades a los gobiernos territoriales me parece una muy mala idea; la voy a votar en contra.
Tiene la palabra el diputado Álvaro Cárter y, con posterioridad, la diputada Carolina Tello.
Muchas gracias, Presidente. Acá, algunos parlamentarios han mencionado que esta es una promesa del Gobierno con los gobernadores. Pero, ¿qué pasó con la promesa de este Gobierno con Chile, de que los ciudadanos iban a tener más tranquilidad, de que iban a poder salir a la calle, a poder estar tranquilos y no tener el temor de que los asesinaran? Este fin de semana fue otro fin de semana más en el que murieron muchos chilenos en pocas horas. Y el Gobierno, preocupado por temas políticos y por los chats, en lugar de avanzar en soluciones para poder entregarle a la gente la seguridad de salir sin temor a morir, manda finalmente un proyecto que lo único que hace es crear más puestos de trabajo para sus amigos, más grasa del Estado. ¿Es esta la política nacional de seguridad? ¿Por qué no se destinan más recursos a las policías? ¿Qué es mejor que las policías? Que los carabineros, quienes conocen el país, las calles y a nuestros ciudadanos. Si ya conocemos el diagnóstico —sabemos que el narcotráfico está en las poblaciones, que tienen mayor armamento y más fuerza que nuestras policías—, ¿por qué no avanzamos en la solución? En lugar de gastar este dinero en amigos del gobernador, ¿por qué no tenemos mejores carabineros? Y para ello, ¿por qué no se mejoran los sueldos? ¿Por qué no contamos con una mejor PDI y se les compran mejores herramientas investigativas? ¿Por qué no se mejora el armamento de nuestras fuerzas de orden para que, cuando un asaltante ataque a un carabinero o a un agente de la PDI, ese asaltante no sobreviva? ¿Por qué no se destina más combustible para los vehículos? Porque pareciera que no se dan cuenta, la izquierda chilena, que, independientemente de lo que digan respecto a estos proyectos, el mayor problema que hoy tienen nuestras policías es que no cuentan con los recursos para poner los vehículos en circulación. Los helicópteros, por ejemplo, tienen solamente cierta cantidad de horas de vuelo diarias. Parecía ser que no les importara; lo que les importa es crear nuevos puestos, llamar a sus amigos e inventar cosas. Y al final, ¿qué sucede? Más chilenos muertos. ¿Cuándo se harán cargo? El gran legado que está dejando este Gobierno —que vino a cambiarlo todo— es que cada día hay más chilenos muertos. Son ustedes, la izquierda chilena, quienes tendrán que asumir esa responsabilidad el día de mañana. Y créanme, se lo vamos a recordar hasta el último día, hasta que en noviembre saquemos a la izquierda de la moneda.
Tiene la palabra la diputada Carolina Tello.
y con posterioridad, el diputado Andrés Longton. Sí, de reglamento, diputada González.
Sí, presidente, pido a la locución anterior del diputado Carter que se revise su intervención y se borre del acta la alusión que hace a que la izquierda es responsable de los asesinatos, entendiendo que la derecha también tuvo gobierno y, como se recibió a las policías, era bastante deplorable que no tuvieran ni siquiera autos para movilizarse, y este gobierno ha hecho la mayor inversión en Carabineros, y lo ha dicho así el director general de Carabineros. Gracias, diputada. Vamos a revisar, junto con la secretaría, las expresiones del diputado.
Diputado Sánchez, de reglamento. Muchas gracias, presidente. Solo consultar si, en su presidencia, se permitirá una intervención extra durante la discusión de los proyectos de ley, solicitando puntos de reglamento, o si vamos a seguir respetando, como ha sido hasta ahora, el uso correcto de estos puntos, ya que la intervención de la diputada recién fue básicamente una intervención y no discutió nada de reglamento. Muchas gracias.
Diputado Benavente, de reglamento. Los diputados tienen la obligación de hacer un buen uso del reglamento y utilizarlo para iniciar un debate. Se está haciendo un mal uso del mismo; por tanto, presidente, le pido que tenga la prevención necesaria y que solicite la norma sobre la cual se está pidiendo el reglamento.
Sí, tiene la palabra la diputada Carolina Tello. Muchas gracias, presidente.
Hoy discutimos un proyecto de ley crucial para fortalecer la seguridad en nuestras regiones, otorgando a los gobiernos regionales un rol activo en la prevención del delito. Este proyecto responde a una necesidad evidente: descentralizar y coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad de nuestras comunidades. Actualmente, los gobiernos regionales ya invierten en la prevención del delito, financian infraestructura y colaboran con municipios en materia de seguridad; sin embargo, carecen de una estructura formal que les permita ejercer estas funciones de manera eficiente y coordinada con la política nacional.
Este proyecto, presidente, corrige esa omisión al institucionalizar su rol y asegurar que cada acción esté alineada con una estrategia integral de seguridad pública. Un ejemplo claro de la urgencia de esta medida es la región de Coquimbo, la región que represento, donde el aumento del crimen organizado, el narcotráfico y los delitos violentos ha generado gran preocupación y alarma en la ciudadanía. En comunas como La Serena y Coquimbo, la sensación de inseguridad crece día a día, y las mujeres, particularmente en La Serena, tienen miedo de caminar por las calles.
Frente a este escenario, presidente, los gobiernos regionales han financiado cámaras de vigilancia y la recuperación de espacios públicos, pero sin una institucionalidad clara que les permita coordinar eficazmente estos esfuerzos con el nivel central. Con este proyecto, presidente, esa realidad cambiará, permitiendo una planificación estratégica de la prevención del delito, adaptada a las necesidades de cada territorio y sus respectivas particularidades.
Este proyecto de ley, presidente, lejos de crear burocracia innecesaria, como se ha planteado, permite que los recursos se utilicen de manera estratégica y efectiva. Con ello, fortaleceremos la prevención, apoyaremos de mejor manera a las víctimas y dotaremos a las regiones de herramientas reales para combatir la delincuencia y prevenirla, lo cual es lo central para evitar que las situaciones que lamentamos diariamente sigan ocurriendo. Aprobar este proyecto de ley, presidente, es avanzar hacia un país más seguro, con gobiernos regionales más fuertes y vecinos y vecinas mejor protegidos.
Quiero también agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito y, por supuesto, desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, por avanzar en estas materias de seguridad que sabemos son prioritarias y fundamentales para nuestra ciudadanía. He dicho, muchas gracias, presidente.