Cámara de Diputados - Familia - 19 de marzo de 2025

La subsecretaria y su equipo que la acompaña. Y bueno, vamos a iniciar, saludar también al Secretario y a su equipo. El acta de la sesión 85 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 86 queda a disposición de la Comisión. Señor Secretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados y queridos invitados. Se han recibido los siguientes documentos. Esta cuenta se les va a reenviar a sus respectivos grupos de WhatsApp de la Comisión. El primer documento es una nota del Juzgado de Familia de La Serena, que remite una copia de una resolución judicial referida a un caso que ha llegado a cumplimiento y a sentencia. La resolución de dicho magistrado solicita notificar a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados sobre hechos vulneratorios graves que han ocurrido en la residencia ubicada en la comuna de Coquimbo. Para ello, remite un informe detallado que se encuentra en la foja 271 del expediente a la Comisión. La notificación se realizó por correo electrónico y la resolución está firmada electrónicamente por el juez de la causa. El documento original, con firma electrónica, puede ser validado y consultado por los diputados en el sitio web del Poder Judicial de Chile. Esto se les va a adjuntar a su WhatsApp para aquellos que deseen revisarlo. Dos, un oficio de la Contraloría General de la República, específicamente por la Segunda Contraloría Regional Metropolitana Santiago, que señala que, utilizando sus facultades legales, hace un requerimiento al Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, solicitando una respuesta directa a la Cámara dentro de un plazo de 20 días hábiles y, además, que se informe sobre las acciones tomadas a la Contraloría Regional dentro del mismo plazo. Esto es un oficio de respuesta a esta Comisión, ya que la Contraloría está solicitando que se haga una respuesta en dicho plazo. Lo vamos a revisar. Tres, una nota del Director Nacional del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, quien informa que, en esta oportunidad, no podrá asistir a la sesión de esta Comisión en atención a una agenda previamente programada y confirmada en la región de Antofagasta, a desarrollarse durante toda la jornada de este miércoles 19 de marzo. También se presenta una invitación del Defensor de la Niñez, don Anuar Quesille Vera, al lanzamiento del "diagnóstico anual sobre la situación de derechos de la Niñez y Adolescencia 2025". La publicación identifica diversos desafíos en el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile, a partir de la revisión de los indicadores de derechos humanos que son seguidos anualmente por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez. La actividad de lanzamiento se realizará el día jueves 3 de abril de 2025, a las 10 horas, en el auditorio del Palacio Pereira, ubicado en calle Huérfanos 1515, Santiago Centro. Para quienes estén en una región distinta a la Región Metropolitana, también se realizará una transmisión por redes sociales. También se recibió una nota de la Ministra de Desarrollo Social y Familia, quien da su excusa para no asistir a la sesión de hoy, señalando que en su representación asistirá la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, que ya está presente en sala y será acompañada de su asesora, Carla Toro. Y finalmente, se recibió un reemplazo, el cual comunica que el diputado Olavé, que ya está en sala, reemplazará a la diputada Concha. Esa sería toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, Secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Francisco, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludo a la subsecretaria que le acompaña y a los miembros de esta Comisión. Presidenta, en relación a la negativa o no posibilidad de asistir del director del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia...

Protección a esta sesión. Y dado, además, el informe que tenemos en nuestro poder, cobrado del Poder Judicial, me gustaría solicitarle a usted que, para la próxima reunión, se le pudiese citar el Director Nacional de la Protección, reiterando la invitación, porque el informe que nos hace llegar el juzgado Coquimbo es demasiado grave como para dejarlo pasar y no quiero pensar que, dado este informe, el encargado no vino a esta reunión. Gracias, diputado/diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a todos, a todas, por supuesto, a nuestras invitadas. Bueno, yo represento la región de Coquimbo. Obviamente, me parece muy importante la información que nos llega. Quiero sumarme a la solicitud del diputado Undurraga para que puedan nuevamente ser invitadas las autoridades y podamos analizar esta situación, que es sumamente preocupante, para poder salir de dudas y también ver cómo podemos seguir trabajando en lo sucesivo en relación a lo que está pasando allá en los tribunales. Muchas gracias, Presidenta. Sí, gracias, diputada. Ofrezco la palabra sobre la cuenta; efectivamente, tomo el punto. Vamos a reiterar nuevamente la solicitud para que se invite al director, y, evidentemente, aquí estamos teniendo más antecedentes. En el fondo ya sabemos que, lamentablemente, hay una larga lista de situaciones donde se repite. Así que efectivamente tomo el acuerdo. Ofrezco nuevamente la palabra sobre la cuenta. Bueno, pasamos entonces a puntos varios. ¿Alguien se quiere referir a algún punto varios? No. Bueno, también se tomaron contenidos dentro de la cuenta. Lo que sí quiero aprovechar en este punto varios, en primer lugar, es de agradecer por haber estado como Presidenta en la Comisión de Familia, pero también quiero anunciar mi renuncia a la presidencia que ya corresponde. Muy agradecida a ustedes, colegas, al equipo de la secretaría y a las autoridades, y justo delante de la subsecretaria de la Niñez, a quien he visto asistir cada vez que la hemos invitado; destaco su disposición y compromiso para llevar adelante esa subsecretaría tan importante. En ese contexto, ya oficializo mi renuncia a esta comisión, como a la presidencia, agradeciendo todo el trabajo desarrollado. Mi compromiso sigue, ya que este año cumplo ocho años en esta comisión y estoy contenta de estar en esto, porque sé que el compromiso está tanto de mi parte con la infancia como de ustedes, colegas, y de todos los que estamos aquí. Queda oficializado; el secretario recibirá la carta correspondiente. Ahora pasamos a la orden del día. El día de hoy está invitada la subsecretaria, quien debe referirse a dos puntos. Justamente, el primer punto de la sesión es que se explique unos boletines que nosotros ya fusionamos, en cuanto a que queremos saber la postura, por parte del Ejecutivo, respecto al patrocinio del proyecto. Hubo otra observación, pero en otras oportunidades ustedes habían venido por parte de la Subsecretaría a referirse a este proyecto, y ahora exclusivamente se le pregunta si existe o no patrocinio. Posteriormente, se abordará el proyecto en sí, que está fusionado y modifica diversos cuerpos legales para prohibir a los deudores de pensión de alimentos ingresar a los casinos de juego, y el otro boletín refiere a recintos donde se efectúan apuestas, al fusionarse ambos aspectos. En ese contexto, además, se le preguntará sobre la situación de Mejor Niñez, pues hemos recibido la solicitud de que usted pueda ser invitada para referirse a los lamentables episodios de vulneración de derechos de los niños, una crisis que se ha venido viviendo de forma permanente, lo cual es muy lamentable. Así que, subsecretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a los demás parlamentarios y parlamentarias que están en la…

Comisión, respecto del Proyecto de Ley, nosotros ya vinimos a plantear los comentarios desde la Subsecretaría de la Niñez respecto de este proyecto. Nosotros hemos seguido, hemos hecho seguimiento también a las invitaciones que ustedes han hecho a esta Comisión y a otros actores. Aprovechemos de agradecer que se hayan tomado en consideración nuestras sugerencias de a quién invitar y con quién conversar; por lo que aprovecho de darles las gracias por esa gestión. Nosotros hemos estado en función de ello y también de los datos que se manejan respecto de las pensiones, de los pagos de pensiones de alimentos, etcétera. Hemos estado discutiendo con alguna profundidad y generando, digamos, más información respecto de la viabilidad de la implementación del proyecto. En ese sentido, yo me permito plantear lo siguiente a propósito del tema del potencial patrocinio, etcétera. Nosotros seguimos en la misma posición que ya yo planteé la vez que vine, respecto del sentido que tiene este proyecto. Comparado con los proyectos que están vigentes –digamos, con la legislación que está vigente en la práctica– este proyecto, esta idea de restringir el acceso en el fondo a casinos, hipódromos, juegos de azar, etcétera, por parte de los y las deudoras de pensiones de alimentos, es algo que está en línea con los derechos de los niños y con el interés superior del niño. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nos parece que esto sigue teniendo importancia respecto de completar lo que significan las medidas de apoyo al cumplimiento de los deberes de las pensiones de alimentos. Eso, tal cual está planteado, en realidad no encaja exactamente con el tipo de acciones que las otras dos leyes que apoyan el tema del pago de las pensiones impulsan, como la retención de recursos o la retención de impuestos. O sea, que en el fondo se trata de configurar y asegurar el pago de la pensión, no solamente un cierto apercibimiento o impulso, sino que hay medidas que implican que a la persona que es deudora de alimentos, por la conexión de la información disponible, se le pueden retener esos pagos. La expresión máxima y los números indican que, en términos numéricos, la medida de retener los retiros –es decir, una parte de los retiros de las personas– produjo el mayor efecto en términos de pago de las pensiones. Esa es una línea. La otra línea es la que busca generar algunos desincentivos al no pago, que tiene que ver con los permisos, digamos, la licencia de conducir o la posibilidad de tener pasaporte. Son las dos líneas en las cuales la legislación en la actualidad genera incentivos, por una parte, y retenciones efectivas de recursos para el pago de las pensiones. En el caso del proyecto que aquí se discute respecto de los casinos, los hipódromos y, en el fondo, los juegos de azar, no está exactamente en ninguna de las dos líneas, porque no implica –no hay forma, ni en el corto plazo ni parece posible– que se retengan recursos que hayan sido producto de la apuesta o de un juego de azar. No están los mecanismos, ni la notificación, ni los elementos que permitan decir: "Si yo fui al casino y gané X, entonces alguien notifica que yo gané X y me pueden retener recursos de esa ganancia para el pago de las pensiones de alimentos". No existe ese mecanismo. El único mecanismo, en términos de aviso, es que hay un aviso cuando uno ha jugado una cantidad de plata que puede ser sospechosa de lavado de dinero, ¿cierto? No hay ningún aviso ni ningún registro especial de cuánto yo gano a propósito de un juego en el casino o cuánto gano en el hipódromo, etcétera. Por lo tanto, hace muy difícil que esta causal pueda utilizarse para retener ganancias. Entonces, iría más en la línea –aunque no completamente– de generar un desincentivo al juego, en ese sentido, de que los recursos que están involucrados en ese juego se vean afectados.

Debo, la pensión de alimento de mis hijos debieran ir a favor de los niños. Entonces, en ese sentido, la licencia de conducir, el pasaporte, etcétera, terminan siendo la línea de consecuencias de estar en el registro de deudores, ¿cierto? Es decir, si estoy en el registro de deudores, sale una alarma que indica que no puedo renovar mi licencia de conducir. Resulta que esto también plantea dificultades respecto al acceso a casinos y al hipódromo. Lo segundo, en cuanto al análisis realizado, es que el proyecto plantea dos niveles: un nivel de prohibición de acceso a estos lugares y, por otro lado, una prohibición de juego. En otras palabras, se prohíbe el acceso a las salas de juego y, posteriormente, se prohíbe apostar. Son dos líneas distintas. Si se imponen restricciones, resulta muy difícil limitar el acceso a las salas de juego, ya que una persona puede ingresar sin jugar, lo que afecta el derecho de circular. Por ello, la restricción debería aplicarse al acto de apostar, que es precisamente lo que se busca prever. En esa lógica, si se reconstituye la escena de ingresar a un casino o de ir al hipódromo, ¿en qué momento se solicita o verifica una certificación de si soy o no deudor de pensión de alimento? Si la prohibición se centra en apostar, esa consulta acerca de la deuda debe efectuarse en el mismo lugar donde se apuesta, no en la puerta ni en el acceso. Insisto en que estoy de acuerdo con que se debe restringir el acto de apostar, ya que existen argumentos suficientes de protección basados en el interés superior del niño y en el derecho a una vida digna. Además, al analizar las fórmulas posibles para definir qué debe exhibir la persona que va a apostar o cómo controlar que no figure en el registro, se evidencia que no es factible tener una interconexión tan completa como la que existe actualmente con los tribunales. Esto se debe a la regulación que establece quiénes pueden acceder a la información de que una persona está en el registro. Según la legislación, dado que el registro es reservado, solo pueden consultarlo quienes tengan un interés legítimo: el deudor de alimento, la parte demandante o su representante legal, los tribunales de familia y las entidades obligadas a consultarlo en la práctica, como los empleadores, las municipalidades (en temas de permisos y licencias de conducir) y el registro civil en el caso de los pasaportes. Esto implicaría que, si se deseara implementar la medida, se debería otorgar acceso a la consulta a establecimientos como casinos o hipódromos, lo que podría generar problemas relacionados con la reserva de la información, ya que se podría acceder a datos que deben mantenerse reservados. En ese caso, habría que incorporar en el proyecto de ley los resguardos y precauciones de confidencialidad correspondientes, dada la relevancia de la actividad económica. Finalmente, seguimos considerando que el mejor mecanismo sería el que propusimos inicialmente: generar un certificado de no deuda en lugar de un certificado de deuda. El certificado de no deuda, que actualmente no se encuentra previsto en el registro, permitiría establecer un nuevo instrumento que acredite que la persona no figura como deudora de pensión de alimento.

Simplemente, como se hacía –perdón el ejemplo–, pero como se hacía con los salvoconductos en la pandemia: en el fondo, yo voy a hacer un trámite y saco un certificado del Registro Civil que indica que quiero ir a jugar o a apostar. Entonces, saco un certificado en línea y ese certificado me dice que yo no soy deudor; por lo tanto, si me preguntan en la puerta, presento mi certificado, lo cual sería lo más efectivo y eficiente de hacer. Ese certificado hoy día no existe; actualmente simplemente existe un registro de consulta y no se emiten certificaciones. Ese certificado y el mecanismo asociado habría que implementarlos, siendo algo que debe hacer el Registro Civil. De ser así, implicaría el cálculo de los costos inherentes al proceso, por lo que el proyecto cuenta con algunos recursos asociados que, en este momento, no puedo precisar en términos específicos. Por último, Presidenta, esto es algo que se puede gestionar. Nosotros podemos, en el fondo, efectuar las consultas en el Registro Civil para evidenciar que este mecanismo no existe y que implica armar un proceso especial, lo cual requeriría recursos. Además, es necesario prever que este registro –o certificado de no deuda– debe extenderse también a otras instituciones o elementos vinculados, por ejemplo, a los juegos en línea. Cuando se plantea que el propósito es que la gente no apueste ni gaste su dinero en ciertas actividades, surgen complicaciones, ya que las modalidades de apuestas por internet quedaron excluidas. Si, por ejemplo, alguien apuesta por internet y debe validarse un certificado, etcétera, se complica aún más la situación. También están presentes las casas de apuestas y las apuestas deportivas, y cabe señalar que el alcance de los casinos y la hípica contempla otras vías, como la apuesta telefónica. Gracias, subsecretaria. Recordar que este proyecto, colegas, lo empezamos a abordar hace varios meses; luego vivió su proceso de fusión y votamos en general a favor de la idea de legislar. Posteriormente, ocurrieron otros eventos, ya que el Ejecutivo –¿se acuerdan que puso urgencia a algunos proyectos?–, por lo que suspendimos este tema para avanzar con otros proyectos de gobierno y ahora estamos retomándolo. Para contextualizar, la subsecretaria ya había tratado este punto en su intervención, y en la sesión de hoy nos está refrescando los elementos que nos mencionó en aquel momento. Sin embargo, aún no hemos abierto la puerta para presentar indicaciones ni enriquecido todo el proceso del proyecto, puesto que recién lo estamos retomando. Por ello, es necesario iniciar un nuevo proceso de indicaciones para evaluar el proyecto. Asimismo, se le preguntó a la subsecretaria el día de hoy sobre el patrocinio, tema que quedó pendiente, ya que en aquel momento el Gobierno estaba dispuesto a patrocinarlo. Por ello, en la orden del día se incluyeron algunas observaciones para refrescar el trabajo que habíamos venido realizando con este proyecto y para definir la postura del Ejecutivo en relación al patrocinio. Entonces, ahí es donde se nos comunica que aún no hay nada definido. No quiero ser poco clara, Presidenta: nosotros no podemos comprometer el patrocinio mientras no se formalice; ustedes pueden oficiar, para acompañar el proceso, una consulta explícita al Registro Civil que incluya los costos de viabilidad. Si a ustedes les parece que ese es el mecanismo adecuado –mediante el certificado de no deudor–, nosotros podríamos gestionar lo respectivo. Cabe también recordar que algunos de los invitados que estuvieron en esa oportunidad señalaron que no habría involucramiento de recursos, mientras que otros opinaban lo contrario. Por tanto, existe una duda al respecto, ya que algunas opiniones indican que no es necesario, pues el mecanismo ya estaba creado conjuntamente con el Registro Civil.

Muchas gracias, Presidenta. A ver, varias cosas. Yo concuerdo con el análisis que usted hace inicialmente en relación al impedimento que existe hoy día o a la habilitación que habría que realizar en el registro de deudores. Porque, por cierto, a lo mejor más que hacer este proyecto de ley, es trabajar sobre dicho registro y otorgar la categoría de legítimos interesados a quienes, en realidad, estamos más allá de hacer esta ley; pues, finalmente, si se agregan más legítimos autorizados, se habilita para el tema. Mi diferencia, Presidenta, en lo conversado con la subsecretaria, es que de existir la alternativa del certificado de no deudor, ello requiere una indicación sustitutiva, ya que indudablemente tiene costo y debe avalarse por el Gobierno, de lo contrario sería inconstitucional. Basta que sea, por ejemplo, un peso para que se configure como atribución del Ejecutivo, puesto que nosotros no tenemos tal atribución. Con esto, no me estoy oponiendo al concepto de ver cómo podemos fiscalizar de mejor manera, ni estoy adelantando mi votación. Lo que estoy indicando es que, si la vía de esta comisión—mediante la indicación de un parlamentario—es crear el certificado de no deudor, tendré que votar en contra, porque es inconstitucional. Quien emite el certificado del Estado es el Registro Civil, y quien tendría que mover las teclas para entregar dicho certificado o crear la aplicación que permita que nosotros, como chilenos, accedamos a ello, es precisamente el Registro Civil. Adicionalmente, tengo una pregunta a la mesa, que a lo mejor me pueda contestar usted, Presidenta. Dado que el registro es de carácter reservado, en el cual solo se habilita a ciertas instituciones—desde empleadores hasta Tesorería—a actuar con esa información y a deducir o descontar los fondos que corresponden a los adeudados (lo cual me parece, por cierto, correcto), ¿no estaremos vulnerando el principio de privacidad? Lo pregunto porque, al final, se estaría abriendo la discusión y exponiéndome ante un tercero—que podría ser un guardia, un crupier o un cajero de una casa de apuestas—sometiéndome al escrutinio en la fila, en la cola o en la mesa. Creo que aquí también se cruzan derechos fundamentales de las personas, pues, si se llega a restringir de manera tan excesiva, se estaría impidiendo incluso que los deudores puedan disponer de documentos básicos, afectando aspectos como el descuento del sueldo o la recepción de devoluciones de impuestos. Y, si bien este es un caso en particular, hay otros proyectos que, como he señalado, pretenden restringir la entrada al estadio, para luego incluso prohibir el acceso al supermercado, argumentando que van a gastar más de la cuenta y que el resto del dinero no debería destinarse a pagar algo que es de justicia: las pensiones de alimentos. Bueno, hay que recordar que estamos retomando la discusión de este proyecto, en el cual reitero lo sucedido cuando la subsecretaria fue invitada en su momento; es importante recordar que, pese a que la ministra también estaba invitada el día de hoy, me informaron que tenía complejidades en su agenda y que acudió su reemplazo. Asimismo, hemos invitado en otras ocasiones a la ministra de la Mujer. Por ello, colega, estamos preguntando por el patrocinio, ya que ese punto se encuentra en la tabla, y entendemos la importancia de que se involucre el Ejecutivo.

Es por eso. Entonces, estamos retomando la discusión en ese contexto. Y la ministra de la Mujer no ha podido venir, pues aquel es otro ministerio, porque también íbamos a preguntarle lo mismo: si iban a patrocinar ellos o el Desarrollo Social y Familia, pero ya tenemos claro el punto. Lo que sí vamos a oficiar –ya no sé si ustedes o nosotros, pues podemos hacerlo como Comisión de Familia– es oficiar al Registro Civil para que nos aclare ese nudo crítico, ya que usted dice que para que tomen una decisión necesitan ese informe, y nosotros, para poder avanzar y contar con una opinión de ustedes más detallada y transparente, requerimos esa información. Entonces, voy a redactar ahora el oficio para que también se vote y se aborde el nudo crítico que la subsecretaria está planteando. En eso vamos a avanzar. Ahora, en cuanto a… pasamos a la subsecretaria en el punto 2, a menos que alguien quiera retomar sobre lo planteado. Diputado Hernández: Gracias, presidenta. Sí, porque una cosa es si este certificado de no deuda tiene costos, pero otra es la facultad de emitirlo, lo cual también es algo que hay que considerar. Quizás hoy el Registro Civil ya tiene la facultad de emitirlo por el solo hecho de llevar el registro, pero quizá no esté tan claro. Entonces, creo que es algo que debería incorporarse en el oficio, porque de tratarse únicamente de una facultad, también podrían surgir problemas de admisibilidad, dependiendo de quién lo presente. Efectivamente, vamos a redactar ahora cómo quedará solicitado este oficio al Registro Civil para que nos aclare el punto; lo estaremos redactando en este momento. Ahora, subsecretaria, pasando al siguiente punto, en cuanto a que ha sido invitada para conocer las acciones que se han implementado o que se van a implementar, y considerando todo lo ocurrido con la crisis en el funcionamiento del servicio Mejor Niñez, tiene usted la palabra en general, para exponer lo que está ocurriendo, así como para que los colegas planteen sus intervenciones. Subsecretaria: Gracias, presidenta. No me referiré al caso particular que se trató en el punto varios respecto de Coquimbo, pues habría que revisar con detalle todos esos antecedentes, pero estoy segura de que el director está en perfectas condiciones de informar con detalle, ya que ha estado muy encima de los procesos. Efectivamente, el director tenía una agenda completa en Antofagasta –solo lo menciono como explicación– en la que se reunió con importantes actores del sector público y privado para llevar a cabo procesos de reinserción laboral de niños. En cuanto a la situación del servicio, éste ha realizado bastantes avances en el último tiempo. Ustedes saben que se cambió la dirección ejecutiva por Servicio Civil y se han implementado varias medidas que nos parecen importantes. En primer lugar, se decidió adelantar el diseño de los programas nuevos. La ley que crea el servicio determinó que existe un plazo legal hasta el año 27 para poder desplegar la nueva oferta, y además hay una norma que indica que, al habilitar una nueva oferta, debe cesarse la operación de la antigua. Esto generaba problemas, ya que la oferta nueva no se habilitaba en todas las regiones, ocasionando dificultades en la prestación del servicio. Por ello, se tomó la decisión de adelantar los plazos para que la nueva oferta esté completa y coexista con la antigua en los territorios, evitando así tener regiones sin oferta y otras con ella. En segundo lugar, respecto de las residencias, ha habido –y el director se los podrá explicar con detalle en la citación de la próxima semana, si se decide reiterar la invitación– un incremento muy sustantivo. Hoy, precisamente, tuvimos una reunión con el Poder Judicial y los tribunales de familia, y se observa un notable aumento en las derivaciones a cuidado alternativo por parte del Poder Judicial, incrementándose en tres o cuatro veces el número de niños que antes no eran remitidos a esta oferta. Esto ha generado una gran presión sobre la oferta residencial, especialmente en el grupo de niños menores de un año, ya que ahora se están incluyendo muchos niños que anteriormente no alcanzaban esa derivación.

Todo el tribunal a la oferta residencial y, por otro lado, es el grupo de los adolescentes, los dos extremos de las edades de los niños, que están haciendo una presión muy importante en Casa Nacional, que es el lugar clásico donde las guaguas, digamos, van para procesos de adopción, etcétera. Hoy día está completamente copado, o sea, no queda ni una sola cama, precisamente por estas derivaciones desde los tribunales. Por lo tanto, se realizó una licitación rápida para poder disponer de más plazas de residencias en todo el país. Esa licitación, además, se efectuó con la metodología nueva de pago, que incrementa de forma muy sustantiva los valores que se le transfieren a los organismos colaboradores para prestar esos servicios; y, sin embargo, quedó ese incremento que permite atender las listas de espera. A pesar de contar con más recursos y mayor amplitud, en la primera etapa de licitación se logró únicamente el 50% de las plazas que se pudieron adjudicar, ya que no hubo interesados; por ello, se debe desplegar recursos para, en el fondo, realizar más administraciones directas, lo cual no es lo que más se prefiere, dado que implica incrementar el personal del servicio. Estamos, pues, ante un problema grande de demanda. Quiero decir esto, Presidenta, y por su intermedio a los demás miembros de la Comisión: esta tendencia va totalmente en contra de las premisas con las cuales se creó la Ley del Servicio. Dichas premisas asumían que los casos iban disminuyendo, pero lo que sucede es que aumentan, y no lo hacen únicamente entre adolescentes, sino también entre niños más pequeños. Recuerden que la Ley del Servicio establece que todos los niños pequeños deben ser colocados en familias de acogida y que se cerrarán los centros de menores de tres años. Hoy día resulta totalmente inviable cerrar dichos centros, ya que no existen suficientes familias de acogida y, además, el incremento de la demanda es muy alto. En cuanto al otro problema, el que se ha planteado en esta Comisión y en otras, incluso en la discusión en la Comisión de Familia del Senado, se refiere al tramo de edad de los niños inimputables, es decir, niños menores de 14 años que cometen un delito o una falta y, por ser inimputables, no ingresan al sistema de reinserción social juvenil, sino que permanecen en el servicio, sin que exista un programa especial para ellos. No se puede atender de la misma manera a un niño que ha cometido un delito inimputable que a uno que está bajo protección o que presenta otro tipo de problema y no ha sido infractor. Esto se ha discutido ampliamente en distintas comisiones, dado que los niños terminan conviviendo. La decisión tomada es no esperar al momento estipulado en la ley en el año X para implementar el programa para niños inimputables, sino conformar una comisión de expertos que comenzó a trabajar en enero de este año. A finales de marzo deberán entregar la propuesta del programa, cuantificado con los valores, etcétera, para adelantar, en el fondo, la intervención necesaria con los inimputables. Si ello requiere, de verdad, que los niños estén separados, en fin, eso determinarán los expertos. Por lo tanto, ese programa se adelantará y el director les podrá comentar los detalles la próxima semana. En la lógica del servicio, no se puede seguir esperando a tener una intervención. Asimismo, se ha previsto redirigir algunos recursos necesarios para implementar este programa. La otra línea en la que se está trabajando, y que resulta muy importante –contando también con contribuciones de otra comisión de expertos y de organizaciones de la sociedad civil– es la situación de los niños que cumplen 18 años y deben salir de las residencias, ya que no cumplen con los requisitos, salvo que estudien.

Y ahí también se está buscando un programa que permita acompañar a los niños hasta que se puedan reinsertar adecuadamente en el sistema. Por lo tanto, se está avanzando en eso. Por el otro lado, desde el punto de vista de la legislación, ustedes saben que la ley del servicio, las dos leyes que involucran el servicio de protección especializada, se aprobaron y se publicaron con antelación a la ley de garantía. Habitualmente el proceso va al revés, ¿cierto? Aquí lo que pasó es que la ley del servicio resultó aprobada antes que la ley de garantía. De ahí la importancia del proyecto de ley de armonización entre la ley de garantía y la ley del servicio. Este proyecto lo estamos llevando nosotros, se encuentra en segundo trámite, salió de la comisión de familia del Senado, pasó a la sala la semana pasada, fue aprobado por unanimidad y debería entrar a la Cámara para la siguiente fase. En ese proyecto —porque lo menciono— se discutió con mucha profundidad. La comisión de familia del Senado hizo, en nuestra opinión, un excelente trabajo al entrar en los detalles y escuchar a todos los que tenían que ser escuchados. Eso debería habilitar al servicio y a la subsecretaría de la Niñez para hacer supervisiones y fiscalizaciones que hoy día no tenemos atribuciones para realizar. El proyecto de armonización implica un mejoramiento importante de todos los procesos de protección administrativa, mejorando los procesos de supervisión y fiscalización de los servicios. Una vez aprobado el proyecto, podríamos ir a una residencia directamente, sin pedir permiso a nadie, y poder supervisar in situ. Hoy día, como subsecretaría, debemos seguir varios pasos antes de llegar a la residencia, porque solo tenemos tuición para supervisar residencias de administración directa. Nosotros no tenemos tuición legal para supervisar o fiscalizar residencias que no sean de administración directa —es decir, los servicios provistos por un colaborador— ni para supervisar programas ambulatorios, ya que todos son realizados por colaboradores. Entonces, esta ley de armonización permite hacer eso y otorga, en el fondo, mayor poder para fiscalizar. Asimismo, se realizan otros cambios, digamos, de armonizaciones, como dice la palabra de la ley. Para nosotros, esa ley es muy importante porque permitiría avanzar más rápido en los cambios que hay que implementar en la provisión de los servicios. En nuestra opinión, quedó bastante bien estructurada; prácticamente se sustituyó la primera presentación que se hizo en el 22, incorporando cambios muy sustantivos. Además, dichos cambios fueron fundamentados sobre la base del análisis de la experiencia de estos años, más que de un enfoque genérico. Cada modificación se basó en casos y en la experiencia práctica, lo que permitió llegar a mejores resultados: no se trató de imaginar qué podía pasar, sino de analizar en la comisión casos específicos y cómo el cambio podía influir en el tratamiento de esos casos. La lista de espera es otro mecanismo, especialmente en lo que respecta a las residencias. El problema, como mencioné al principio, es que la lista de espera es un flujo, no un stock. Es decir, uno puede tener una lista de espera de 120 niños para residencia en un momento y la misma cifra el mes siguiente, pero no se trata de los mismos 120 niños, ya que se trata de un flujo: unos se resuelven y otros entran a la lista. Actualmente, la lista se mantiene en ese volumen como flujo, pero tenemos una presión enorme de los tribunales de familia, cuyos casos estamos revisando de manera individual para detectar si existe alguna concentración en algún tribunal en particular, ya que algunas de las decisiones no nos resultan coherentes. Es muy raro que este incremento se produzca de manera tan impresionante de un momento a otro, sin que estén ocurriendo hechos en el país que lo justifiquen. Entonces, en ese sentido, mi opinión, y eso lo digo responsablemente desde mi cargo, se están tomando, digamos.