Bueno, parto saludando a todos los presentes, disculpándome por unos segundos; estaba en el policlínico de la Cámara, pero no, nada, solo en la vacunación, ¿se vacunaron o no? Muy bien.
Estimados colegas, el acta de la sesión 85 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 86 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados.
A continuación, el señor Secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta.
Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, en oficio del...
El Senado, mediante el cual se comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley de origen en mensaje sobre armonización de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica las normas legales que se indican, y la Ley 20.032, que regula el régimen de aporte financiero del Estado a los colaboradores acreditados con la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. En relación con dicho proyecto de ley, se ha recibido un oficio de excelencia del Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia que se califica de suma para su despacho. En tercer lugar, se comunica el reemplazo para la presente sesión: doña Ana María Bravo, en lugar del diputado don Daniel Mery. Esa es toda la cuenta. Gracias, secretario. ¿Alguien pide la palabra en la cuenta? ¿Sobre la cuenta? No. ¿Llegó una justificación directa? No, se recibió de manera oficial, pero no...
Queremos saludar, primero que todo, al Defensor de la Niñez, el señor Anuar Quesille, quien viene acompañado por la encargada de comunicación, la señorita Andrea Borges, y su jefe de gabinete, Grace Smith. También queremos saludar al director de… no, no lo saldaremos, pues no se encuentra presente el director que habíamos invitado para hoy. Lamentablemente, no está el señor Claudio Castillo, pero sí se encuentra presente el gerente de Desarrollo e Incidencia de la Fundación San Carlos de Maipo, el señor Rafael Rodríguez, quien nos acompañó la semana pasada, y también el gerente general, el señor Marcelo Sánchez, y la coordinadora de Infants de Incidencia, la señora María José Pérez. Asimismo, la directora de la Unidad de Estudios de la Defensoría de la Niñez, la señora Pamela Meléndez, se encuentra presente.
Antes de dar la palabra, quiero señalar que continuamos con un tema que habíamos postergado por bastante tiempo. Como iniciamos con el proyecto de cuidado, dejamos pendiente algo que, de verdad, es de suma urgencia y tiene que ver con nuestra infancia, con la niñez. La sesión de la semana pasada fue muy interesante, en donde estuvo presente la subsecretaria, el director y también Rafael, quien nos acompaña el día de hoy. Es, sin duda, un tema de suma importancia, por lo que doy la palabra al Defensor de la Niñez, ya que creo que tiene mucho que decir respecto a lo que ocurre con nuestra infancia.
Antes de concluir, saludo a los honorables diputados y diputadas de la Comisión de Desarrollo Social, así como a los colegas de la Fundación San Carlos de Maipo, quienes desarrollan un trabajo muy importante y cuentan con una trayectoria indubitable en estas materias. Reafirmo, asimismo, lo señalado por usted respecto de la importancia de abordar las temáticas vinculadas a la situación de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, y tomando como referencia la cuenta dada al inicio de la sesión, quiero manifestar que la llegada del proyecto de ley de armonización – aquel proyecto de ley que busca generar las condiciones para que la aplicación de la Ley 21.430 sea consistente con la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada y la denominada ley de subvenciones – representa una oportunidad útil. El hecho de que esta comisión, que desde hace un buen tiempo ha abordado y conoce los problemas que actualmente afectan a niños, niñas y adolescentes – no solamente a aquellos que están bajo protección del Estado, sino también a aquellos que, no estando bajo protección, tienen el derecho legítimo a ejercer las prerrogativas que esta normativa consagra – constituye un aspecto fundamental. Asimismo, la invitación realizada a la Defensoría de la Niñez tenía como objetivo abordar dos temas específicos. El primero tiene que ver precisamente con las listas de espera que afectan al Servicio Nacional de Protección Especializada y que, por tanto, afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes, pero también hacer un análisis respecto de un problema…
Actualmente está afectando a la sociedad y, particularmente, existe afección a niños, niñas y adolescentes que tiene que ver con el crimen organizado y su impacto en los derechos de los mismos. Pero, además, al final de la sesión antepasada, uno de los temas que fuimos conversando y acordando fue precisamente hacernos cargo de las falencias y deudas pendientes por parte del Estado de Chile y sus tres poderes, respecto de las distintas recomendaciones que la Defensoría de la Niñez ha realizado; muchas de las cuales se encuentran incumplidas, otras en etapa de seguimiento y un número menor abordadas.
Entonces, queremos que el tiempo destinado para la exposición nos permita hacer un tratamiento adecuado. Yo sé que son temas que voy a cortar, los temas de cuajo, pero están todos relacionados; son tres temas que queremos abordar en su dimensión. La idea es que usted exponga, que luego presenten nuestros invitados y, después, podamos tener una ronda de preguntas para avanzar. Así, como usted bien dice, se acorta la presentación, de modo que podamos tener un diálogo entre los distintos colegas y también con nuestros invitados. ¿Le parece? Sí, presidenta.
De hecho, realizamos el esfuerzo de condensar toda esta presentación en una exposición bien sucinta que nos permita dar cuenta del contexto de la problemática de las listas de espera. El análisis que hacemos no se enfoca en los problemas del sistema de protección especializada, cuyo diagnóstico publicaremos prontamente en un estudio que analiza y evalúa el modelo de provisión del servicio. Lo que queremos ver es mostrar que, pese a que la apuesta del Estado de Chile fue generar un servicio capaz de ofrecer atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos, persisten problemas preocupantes, tal como ha manifestado la Defensoría de la Niñez; y este diagnóstico coincide con el de otros organismos, ¿no? Uno de los principales desafíos del servicio, y una de las razones por las que se creó, fue precisamente para acabar con uno de los principales problemas que afectaban a los niños y niñas bajo protección del Estado o víctimas de vulneración de sus derechos: reducir la lista de espera.
El servicio se creó y, a la fecha, estas listas de espera han aumentado. Evidentemente, hay que analizar las cifras y, si pasamos a otra dimensión, probablemente se pueda decir que este aumento se debe tanto al incremento de casos y del número de medidas de protección, como a la incapacidad del servicio para entregar una respuesta adecuada frente a un derecho de los niños, niñas y adolescentes ingresados al sistema de protección especializada.
Esto no es una crítica reciente de la Defensoría de la Niñez, sino una que ha sido conversada con la Dirección del Servicio para definir la estrategia a seguir. ¿Por qué es importante para la Defensoría? Primero, porque constituye una vulneración adicional a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quienes, al llegar a la atención del servicio, ya han sido víctimas de una vulneración o están en riesgo de sufrirla. Si existen listas de espera para acceder a cualquier programa, la vulneración se acrecienta y se suma una nueva: violencia institucional, es decir, violencia por parte del Estado de Chile.
Estas listas de espera, además, revelan fallas estructurales en la planificación del sistema, como se expone en una minuta más extensa. Este es un problema diagnosticado por distintos organismos, incluida la Defensoría, que se relaciona con la sobreocupación en algunos centros. El propio director del servicio mostró datos de falta de cupos en otros, de carencia de oferta para la atención en salud mental que requieren niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos, y de mecanismos que entorpecen la atención de estos niños, lo cual representa un incumplimiento indubitado al rol del Estado como garante.
El Estado de Chile, cuando promulga la ley 21.430, en sus primeros artículos declara que el Estado tiene una obligación de garante. Por lo tanto, si el Estado
No genera un mecanismo para la atención inmediata respecto a estas vulneraciones, el rol de garante falla. Y así lo hemos dicho en distintas instancias, y después lo veremos a propósito de las recomendaciones concretas que la Defensoría de la Niñez ha realizado.
Si pasamos a la siguiente, podemos ver que nosotros, evidentemente, hemos hecho una serie de acciones que nos han permitido arribar a esta conclusión. Primero, hemos atendido una serie de requerimientos. En promedio, la Defensoría de la Niñez, al año, recibe cerca de 6.000 requerimientos, de los cuales cerca de 3.000 tienen que ver con vulneraciones de derechos.
Justamente, en el año 2022, a raíz de la dramática situación de las listas de espera que afectaban a cerca de 30.000 niños, niñas y adolescentes, la Defensoría de la Niñez interpuso un recurso de protección contra el Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de exigir medidas concretas que garantizaran el acceso a los programas. La Corte de Apelaciones acogió el recurso y declaró que, efectivamente, cuando no se garantiza un acceso oportuno de niños, niñas y adolescentes a la atención en materia de protección especializada se produce una vulneración de derechos. Además, le ordenó al Estado, particularmente al Ministerio de Desarrollo Social, entregar información detallada sobre las listas de espera y adoptar medidas que sean inmediatas.
Luego de esto, el Ministerio de Desarrollo Social presentó un plan y, bajo ese plan, la Corte determinó que el recurso y las medidas estaban por cumplirse; sin embargo, los problemas persisten hasta el día de hoy. La Defensoría ha mantenido un seguimiento constante, exigiendo el cumplimiento de lo ordenado por la Corte, lo que se refleja en las recomendaciones elaboradas en materia presupuestaria para el año 2025, en las que se evidencia, en términos concretos, un gran incumplimiento.
Les mencionaba que la Defensoría está a puertas de publicar un documento que evalúa el modelo de provisión del Servicio de Protección Especializada. ¿Qué nos dice este documento? En primer lugar, que todos los datos ya fueron nombrados por las instituciones públicas que tuvieron la posibilidad de participar en esta sesión. Se constata que el sistema presenta mala planificación y una deficiente gestión territorial, en circunstancias en las que una de las principales declaraciones de intenciones al momento de crear el servicio era que la intervención territorial sería el foco prioritario de acción. Esto ha generado sobreocupación en algunas regiones y falta de cobertura en otras.
Además, se han evidenciado problemas de financiamiento en las licitaciones, lo que ha generado que, según manifestó el propio director del servicio, se enfrenten concursos desiertos y montos insuficientes que impiden entregar una atención integral a estos niños, niñas y adolescentes. También existen mecanismos de control ineficaces, lo que perpetúa la crisis y dificulta identificar cuáles son las mejores medidas para mejorar la respuesta del servicio.
Si pasamos a lo que consideramos urgente, en primer lugar, es necesario ajustar la distribución de cupos para evitar la sobreocupación en algunas regiones y la falta de cobertura en otras, asegurando que todos los niños accedan oportunamente a las medidas de protección. Esto requiere replantear el modelo de protección de manera radical, fortaleciendo la planificación y mejorando la asignación de recursos. Actualmente, el grave problema de asignación de recursos hace imposible optimizar la gestión de las vacantes y, cuando se actúa correctamente, se evita que la protección dependa de la disponibilidad de oferentes privados en concursos licitatorios desiertos.
Finalmente, es fundamental contar con un compromiso estatal efectivo. El Estado debe asumir su rol de garante; no basta con declarar la importancia de la niñez y la adolescencia, sino que se deben implementar medidas concretas que permitan superar el diagnóstico actual. Por eso, las cifras las mostró el propio Estado.
Las vamos a analizar en el modelo que les vamos a entregar en el documento de la revisión del modelo de provisión. Pero acá lo que se requiere es finalmente establecer medidas concretas. Nosotros, como Defensoría de la Niñez, hemos propuesto algunas que vamos a mostrar a propósito de las recomendaciones y, obviamente, generar una respuesta oportuna. Hemos tenido la posibilidad de recibir requerimientos y casos concretos que dan cuenta de todas las fallas que el servicio y el sistema tienen, ya que este tema no lo va a resolver solamente el Servicio de Protección Especializada. En la medida en que no existe un compromiso transversal de todas las instituciones, y no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, va a ser imposible, sin el compromiso de salud, sin el compromiso de educación –solo por nombrar algunas áreas– generar una respuesta oportuna que releve el carácter de garante por parte del Estado.
Bien, después voy a ir a las recomendaciones en específico.
Me quiero dedicar al segundo tema, que tiene que ver con el crimen organizado, que era la segunda solicitud que se hizo desde la Comisión por su intermedio de la Presidenta. Si pasamos a la siguiente, lo primero que hay que decir es que estamos frente a un problema muy complejo, un problema grave, una crisis de seguridad que no solamente afecta a la comunidad en general, sino que particularmente afecta a niños, niñas y adolescentes de distintas formas, ya sea como víctimas del crimen organizado o también como sujetos que cometen delitos en el contexto de dicho crimen. Teniendo en cuenta la política nacional contra el crimen organizado, y considerando que la definición implica un conjunto de actividades llevadas a cabo por estructuras organizacionales con el propósito de cometer delitos y lucrar, hemos identificado una serie de cuestiones en las que, por ejemplo, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado, en el año 2023, que el crimen organizado afecta desproporcionadamente a niños, niñas y adolescentes, tanto por incurrir en delitos asociados al fenómeno como por ser víctimas. Además, la complejidad del fenómeno requiere una respuesta que sea articulada.
Si pasamos a la siguiente, queremos ver específicamente, en honor al tiempo, que esto se relaciona con uno de los grandes problemas que afectan a niños, niñas y adolescentes: la violencia. Estamos en una sociedad más violenta y las personas que más sufren la violencia son la niñez y la adolescencia. Estos son algunos datos, en general, en materia de polivictimización: los propios datos del Estado, a través de la encuesta de polivictimización de niños, niñas y adolescentes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, revelan un aumento en la cantidad de víctimas, es decir, cada vez hay más niños expuestos a formas diversas de violencia.
En materia de violencia sexual se producen aumentos en los casos policiales, se incrementan las denuncias y, en más del 80%, los ingresos de denuncias al Ministerio Público por delitos sexuales corresponden a delitos contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, en materia de explotación sexual, desde la Defensoría de la Niñez, a propósito de una publicación que dimos a conocer el año pasado, se observó un aumento importante, progresivo y sostenido de las denuncias ingresadas al Ministerio Público, junto con un incremento relacionado con la explotación sexual a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, un fenómeno creciente. Aprovechando que están acá los colegas de la Fundación San Carlos de Maipo y la reciente publicación del boletín –a la cual hacen referencia– queremos coincidir con dicha Fundación respecto a la situación compleja y a la falta de herramientas que muchas instituciones, entre ellas la Defensoría de la Niñez, tienen para poder generar un impacto en el abordaje de la problemática de la explotación sexual.
En materia de delito de alta connotación sexual se observa un aumento de casi el 6% en los casos policiales contra niños víctimas de violencia de alta connotación social. En el caso de niños, niñas y adolescentes fallecidos por el uso de armas de fuego, el año 2024 se llegó a la cifra más alta de los últimos 10 o 20 años, con 51 niños fallecidos solamente por este motivo. En lo que va del año, han sido tres casos; entre la semana antepasada y esta sesión, falleció uno, producto de un adolescente de 17 años. Y ahí vemos que es un tema en el que hemos sido enfáticos en señalar que ha habido una demora por parte de las autoridades del gobierno en un abordaje integral para estos efectos. Existe una política nacional de seguridad pública que actualmente no está aprobada y que entrará en vigencia.
Y en ejercicio del Ministerio de Seguridad Pública, no se conoce el contenido de la Política Nacional de Seguridad, por tanto, no sabemos cuáles son las medidas específicas que en el contexto de la Política Nacional de Seguridad Pública se van a ejecutar para hacer frente a esta realidad, que, conforme al estudio de los casos, no sería raro que vaya justamente acrecentándose.
Hay que señalar que, desde la Subsecretaría de la Niñez, se ha generado una instancia de trabajo a propósito del abordaje de los casos de, como lo denominan en la Subsecretaría, de violencia letal, que permite precisamente identificar riesgos asociados a eventuales fallecimientos de niños, niñas y adolescentes por homicidio. Esto implica trabajar en los territorios, generar mecanismos para identificar los riesgos, lo cual nos parece correcto y es el camino adecuado; pero además, hay que tener en cuenta que esto será efectivo en la medida en que vaya acompañado por recursos. Y, hasta donde tenemos entendido desde la Defensoría de la Niñez, no existe una asignación presupuestaria específica para poder avanzar en una instancia tan importante como esta.
Finalmente, niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidios también presentan aumentos, y se observa una tendencia al alza en el tercer trimestre del 2024. Es decir, tenemos un problema generalizado de violencia en todas las esferas en materia de respeto y resguardo de la integridad personal de los menores.
Si pasamos a la siguiente intervención, ¿qué sucede en materia específica de crimen organizado? Esto proviene precisamente del informe de crimen organizado en Chile, elaborado por el Ministerio Público, en el cual se puede apreciar que, desde el año 2019 al año 2022, se produce una alza sostenida de niños, niñas y adolescentes relacionados con mercados de crimen organizado, y en el último año se produce una caída. Es una situación que estamos estudiando para determinar cuál es el tema, ya que esta caída, si bien es cualitativamente notoria, no resulta consistente con lo que observamos actualmente en materia de seguridad pública. Lo cierto es que, en términos de datos, se produce una caída.
La cifra pública del Ministerio Público, correspondiente a su informe de crimen organizado, es oficial. Lo que se trata de explicar, por intermedio de esta instancia, es que efectivamente se produjo una caída en las victimizaciones de niños, niñas y adolescentes identificados en dicho informe, fenómeno que estamos analizando para comprender por qué ha ocurrido, ya que ello no se condice plenamente con lo que sucede en la realidad. El dato es indubitable, por ser oficial del Ministerio Público; sin embargo, es necesario contrastarlo y estudiarlo al margen del fenómeno propiamente tal, dado que los índices de percepción de seguridad han subido significativamente, al igual que la preocupación de la población y los datos de violencia contra la niñez en otros contextos.
Por ello, en la presentación se señala que esta situación debe estudiarse en detalle para poder analizar las causas de dicha caída.
Otro hallazgo, en el informe específico sobre el crimen organizado, es que existen diferencias relevantes por región en cuanto a niños víctimas de este fenómeno. La región más crítica es Ariquepatín, Acota, seguida por la región de Tarapacá, que presenta una alta tasa de víctimas entre niños, niñas y adolescentes. Los principales tipos de delitos en los que se registran a menores víctimas de situaciones asociadas al crimen organizado son el tráfico, la trata, los robos, los secuestros y las sustracciones. Esa información consta en la minuta detallada que se hará llegar, así como en el informe del Ministerio Público.
A diferencia de otras situaciones, se observa de manera positiva que la mayor cantidad de delitos analizados tuvieron una salida judicial con sentencia definitiva condenatoria. Este es un tema importante, ya que cerca del 80 % de los casos asociados a violencia en el contexto del crimen organizado finalizaron con sentencia condenatoria en situaciones en que se pudo realizar un juicio que determinó la responsabilidad de los autores. Asimismo, se observa que, en materia de crimen organizado, este fenómeno impacta de forma significativa.
Principalmente a niños, niñas y adolescentes y a mujeres de todas las edades, se observa con preocupación el gran número de víctimas extranjeras pertenecientes a la primera infancia. Niños, niñas y adolescentes que están en sus primeros nueve años de vida.
Siguiente. ¿Qué pasa ahora con otro punto que está vinculado al crimen organizado y que tiene que ver precisamente con los adolescentes que cometen delitos en ese contexto?
Podemos ver que durante los años 2015 y 2021 se venía produciendo una baja en los delitos cometidos por adolescentes, con excepción del año 2019. Sin embargo, en los últimos dos años la tasa de adolescentes imputados ha subido fuertemente, alcanzando los niveles más altos de los últimos años. Entonces tenemos un problema, ¿no? Este problema está relacionado con la forma en que el sistema penal adolescente responde, considerando que el fin de la sanción penal es la reinserción social y la prevención del delito.
Siguiente. Otros hallazgos respecto a este tema, en lo que se refiere a adolescentes con comportamiento delictivo: los tipos de delitos más graves por los que son imputados los adolescentes en relación al crimen organizado son robos y receptación, delitos relacionados con drogas y con armas. Existen diferencias a nivel regional; la Región Metropolitana y las regiones extremas presentan las tasas promedio de ingresos más altos de adolescentes vinculados a dichos delitos. Además, la mayor cantidad de casos analizados culminaron en una sentencia definitiva condenatoria cercana al 75%, y se evidencia un sesgo de género, ya que la mayoría de los adolescentes imputados por estos delitos son hombres, entre 16 y 17 años.
Siguiente. Parte de lo que hemos ido diciendo —no lo leeré en su totalidad—, ¿cuáles son las estrategias y propuestas que ha generado la Defensoría de la Niñez a propósito de esta problemática? La política nacional de seguridad pública es vital. Nosotros participamos en la Comisión de Seguridad Pública, encargada de la implementación de estas medidas, y hemos reforzado la necesidad de incorporar un enfoque de seguridad humana dirigido a la niñez y adolescencia, enfoque que aún está pendiente de profundización. Es necesario contar con información de calidad, ya que muy pocas instituciones públicas producen datos en esta materia. Aunque los diagnósticos pueden resultar redundantes, se requieren más antecedentes para estudiar la fenomenología. Asimismo, se hace indispensable la prevención del delito, el fortalecimiento de los ingresos y recursos económicos para los servicios comprometidos, y el establecimiento de sistemas de atención y apoyo para aquellos niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia a propósito del crimen organizado, así como para atender a los adolescentes en conflicto con la ley.
Siguiente. Y, evidentemente, esto requiere una respuesta integral. Es fundamental proteger a niños, niñas y adolescentes contra la violencia, generar condiciones óptimas para el ejercicio de sus derechos y contar con su participación en el diseño de políticas públicas. Aún faltan datos que revelen la percepción de ellos respecto a esta fenomenología: ¿cómo se ven afectados en sus barrios y territorios? ¿Qué circunstancias desean? En el contexto de nuestra intervención judicial excepcional en casos de muertes de niños por armas de fuego, hemos recopilado información sobre el miedo que sienten al ir al colegio, al salir a comprar en sus barrios y al salir a jugar, lo cual señala hacia dónde deben orientarse las políticas públicas, en las que el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol fundamental. Desde el punto de vista de los adolescentes que cometen delitos, las respuestas no deben ser estrictamente punitivas, puesto que esas medidas no tienen un efecto disuasivo. Es necesario un compromiso integral en materia de prevención del delito, que asegure que un adolescente que comete un delito reciba una atención adecuada a través de un programa destinado a su reinserción en la sociedad. Este es el gran desafío para acabar con la delincuencia juvenil, ya que hemos observado que, en general, los mismos adolescentes reinciden en el sistema penal cometiendo delitos cada vez más violentos. El problema no radica en la cantidad de adolescentes delincuentes, sino en la creciente gravedad de los delitos cometidos.
Delitos más violentos, si uno analiza su trayectoria, ya habían cometido delitos y, probablemente, incluso si va más atrás, habían pasado por el Sistema de Protección Especializada. Siguiente.
Bien, dicho esto y con esto termino los últimos cinco minutos, Presidenta. Uno de los grandes desafíos y brechas que hemos identificado desde la Defensoría de la Niñez tiene que ver, precisamente, con el ejercicio de nuestra autonomía. Nosotros, por ley, tenemos la posibilidad de emitir opiniones técnicas respecto a un tema y generar recomendaciones para efectos de mejorar la política pública. Sin embargo, contamos con una serie de recomendaciones que hemos elaborado en distintas materias y que tienen un nivel de cumplimiento que no es el óptimo, por no decir que es bajo, puesto que muchas veces carecemos de facultades que permitan que las instituciones públicas a quienes recomendamos respondan en tiempo y forma. Es decir, existen servicios respecto de los cuales tenemos más de 30, más de 40 oficios sin responder o, para poder acceder a una información, debemos reiterar las solicitudes en reiteradas oportunidades, lo que dificulta efectivamente la labor de la Defensoría.
Para efectos de esta sesión, hemos realizado una pequeña muestra, una minuta que quedará a disposición de la Comisión, en la cual se señala que, en un año —entre junio del 2023 y junio del 2024— la Defensoría efectuó un total de 132 recomendaciones de distinta naturaleza, de las cuales fueron seguidas 58 por criterios de plazo y prioridad. El 96% de las recomendaciones están dirigidas al organismo de la Administración del Estado, principalmente a ministerios y a servicios públicos; y, obviamente, el nivel de cumplimiento de estas recomendaciones alcanza un 51%. Sin embargo, esta cifra es relativa, considerando que algunas se cumplen de manera baja, insuficiente, parcial o completa (estas últimas, evidentemente, son las excepcionales).
Hemos preparado este muestreo para graficar los efectos en esta sesión y podemos entregar el detalle de todas las recomendaciones a la Comisión por su intermedio, Presidenta, respecto de algunas temáticas en las que hemos recomendado. Diez en total, a saber: garantías y protección integral, movilidad humana, explotación sexual, violencia institucional, desalojos, protección especializada del Estado, niñez en situación de calle, seguridad pública, medio ambiente y presupuesto.
Quiero tomar algunos ejemplos para ilustrar cómo se reciben y se cumplen estas obligaciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, respecto de la garantía y la protección integral —el primer tema al que me hacía referencia, a propósito de la implementación, en el tercer año de implementación de la Ley 21.430? Por ejemplo, una de las recomendaciones elaboradas fue dirigida a la Subsecretaría de la Niñez, teniendo en cuenta generar la conformación de una instancia de seguimiento dedicada al seguimiento y evaluación de la implementación del sistema de garantía. Es decir, para verificar cómo se están haciendo las cosas, determinar si la ley está funcionando, identificar los vacíos y, en definitiva, evaluar si esto tiene un impacto positivo en los niños, niñas y adolescentes. Esta recomendación se cumple en un 33%, lo que implica un nivel de cumplimiento insuficiente. ¿Por qué? Porque la Subsecretaría de la Niñez ha informado de un estudio que se está realizando a través de la Fundación Focus, y, a juicio de la Defensoría, este criterio resulta insuficiente, puesto que la recomendación especifica la necesidad de generar una instancia de seguimiento continua, temporal y externa.
En temas de armonización, a propósito del proyecto de ley que llega a esta Comisión, la recomendación implica —en comillas— que "la armonización legal general de la normativa se debe realizar y debe adquirir el marco legal recientemente promulgado, a partir de la tramitación total de leyes de armonización y de tribunales de familia, así como de los reglamentos dispuestos, en función de los cambios futuros necesarios en virtud de los procesos de monitoreo y evaluación de implementación del sistema". Esta recomendación también presenta un nivel de cumplimiento insuficiente, dado que actualmente se encuentran en tramitación dos proyectos de ley; sin embargo, solo uno, el de armonización, ha presentado avances legislativos recientemente, y no tenemos noticias de una reforma tan importante como la reforma a los tribunales de familia, que es la que definiría, en definitiva, los marcos de uno de los principales desafíos.
Las medidas del sistema, que es la protección administrativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en materia de violencia de explotación sexual? Voy a nombrar tres, cuatro temas solamente, y después está la minuta de discusión de la comisión. Nosotros hemos realizado recomendaciones a la Subsecretaría de la Niñez en lo relativo al marco para la acción contra la explotación sexual, que es una obligación que tiene el Estado. ¿Para qué? Para que efectivamente se diseñe un circuito obligatorio de casos para poder caracterizar aquellas situaciones de niños y niñas víctimas de explotación sexual.
Sin embargo, esa recomendación ha sido cumplida de manera insuficiente, ya que se detectan anuncios de avance, pero sin continuidad en la ejecución, con falta de convocatoria y poca adherencia de los actores relevantes. En materia de desalojos forzosos, para ir identificando la situación de niños, niñas y adolescentes en contextos como la toma de San Antonio, de Cerro El Chuño y de otros asentamientos precarios e irregulares, hemos formulado una serie de recomendaciones al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Estas recomendaciones consisten, básicamente, en incorporar en las materias relacionadas con la coordinación intersectorial regional la situación de niños, niñas y adolescentes, en establecer coordinaciones interinstitucionales permanentes y en elaborar estrategias adecuadas que permitan que todos los procedimientos que se utilizan para los desalojos forzosos se ajusten a estándares internacionales. Nivel de cumplimiento: cero. Esta recomendación, dirigida al Ministerio, ha sido oficiada, pero no se ha obtenido respuesta ni cumplimiento.
Como segunda medida, se recomendó, también al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, crear un protocolo que indique de qué manera se deben coordinar las instituciones involucradas en un desalojo, determinando procedimientos, plazos, flujos de actuación y estableciendo cuáles son las mejores formas de coordinación durante y después de los desalojos, haciendo alusión a las responsabilidades de cada órgano, desde la Delegación Presidencial, los Delegados Presidenciales, los municipios y las Oficinas Locales de la Niñez (OPD), hasta cualquier otra institución con grado de mandato. Nivel de cumplimiento: cero. El último oficio que enviamos, el 27 de enero del 2025 (oficio 1812), informa a la Defensoría que el Ministerio no creará el protocolo nacional para abordar la materia y que cada mesa de coordinación regional debe crear sus propios protocolos de funcionamiento.
Lo que queremos graficar es que, como organismo independiente, hemos enviado recomendaciones a todas las instituciones del Estado y, en algunos casos, se ha cumplido lo propuesto. Por ejemplo, recomendamos a la Delegación Presidencial de la región del Bío Bío elaborar un protocolo que establezca con claridad un plan de trabajo intersectorial en materia de desalojos, acorde a los estándares internacionales, y el 29 de febrero del 2024 el Seremi de Desarrollo Social y Familia informó, como resultado, la formulación de un protocolo para el resguardo de niños, niñas y adolescentes ante desalojos.
En materia de niñez y adolescencia bajo cuidado del Estado, hemos recomendado a la Subsecretaría de la Niñez observar y hacer seguimiento del Plan Nacional de Desinstitucionalización de la Primera Infancia en cuidado alternativo residencial, que abarca el cierre de las residencias de lactantes y preescolares, la reconversión de los CREAs de lactantes y preescolares dentro de la administración directa y la apertura de programas de acogida. Nivel de cumplimiento: 66 %, dado que se han realizado reuniones periódicas con la Subsecretaría y el servicio, se está implementando un plan para cerrar los CREAs, se están evitando nuevos ingresos a estos centros y se han mejorado las intervenciones.
Por último, en lo que respecta al Servicio de Protección Especializada, hemos recomendado, además de conversar con el director del servicio, que se indique con urgencia cuándo se diseñará la oferta residencial especializada para niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de discapacidad moderada o trastorno conductual y se proyecte su implementación, especificando si se solicitará presupuesto específico para ello dentro del año 2024. Nivel de cumplimiento: cero.
Servicio, nos menciona que han adoptado el enfoque de inclusión en el proceso de transformación de la oferta relacionada con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, pero menciona además que en ninguna instancia colaborativa se ha abordado la posibilidad de generar una oferta especializada. Ahí tenemos efectivamente una serie de brechas, lo mismo en la niñez en situación de calle, en materia presupuestaria.
Por ejemplo, en materia de niñez en situación de calle hemos formulado una recomendación dirigida a la Subsecretaría de la Niñez, en la que solicitamos garantizar por parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la continuidad de los servicios actualmente vigentes del programa Red Niño Calles, no permitiendo que ningún niño o adolescente quede sin esta atención, priorizando su interés superior y asegurando su cobertura especialmente en lo relativo al ejercicio de sus derechos. El nivel de cumplimiento es insuficiente, pues el programa ha tenido respuestas de prolongación mediante la extensión de los convenios vigentes, pero no con una asignación presupuestaria específica.
Respecto a eso, no quiero dejarlo pasar. Nosotros –y lo expreso de forma personal– manifesté en la discusión del presupuesto y nos aseguraron que se estaba cumpliendo a cabalidad, incluyendo una discusión y una pelea que sostuve de forma personal, apoyada por varios parlamentarios de forma transversal; y qué increíble es lo que usted me está mencionando. Ahora, director, sé que aún me queda mucho por decir. No, solamente una última recomendación que tiene que ver con materia presupuestaria, a propósito de lo que usted señala, Presidenta.
Realizamos una serie de recomendaciones en materia presupuestaria: aumentar los recursos para los programas de representación jurídica, “Mi Abogado”. La entidad que defiende este programa señala que cumple un rol importante, pero insuficiente, dado que la promesa inicial era que los abogados y abogadas y su equipo multidisciplinario tendrían cargas no superiores a 60 causas por profesional; sin embargo, actualmente manejan 600 o 700 causas por profesional, imposibilitando así una representación judicial especializada bajo esas circunstancias. Recomendamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aumentar los recursos para garantizar cobertura especializada, reforzar el personal y generar un estándar de defensa, ya que los recursos para el proyecto de ley 2025 se mantuvieron intactos y hoy el programa “Mi Abogado” enfrenta problemas de capacidad para cumplir estándares de calidad.
En cuanto a la recomendación vinculada al aumento de los recursos destinados para la atención de servicios y tratamientos asociados a salud mental, se propone consolidar la instalación del programa Modelo de Salud Integral con énfasis en salud mental para niños, niñas y adolescentes, así como del sistema de protección de derechos y responsabilidad para la adolescente. Hemos tenido una respuesta, yo diría, del 66 %, la cual obedece a que el presupuesto de los servicios de salud en los ítems relacionados ha aumentado un 56 % en los últimos cinco años; pero, evidentemente, el servicio mantiene una asignación especial importante que alcanza, en términos de los grandes problemas, cerca de 3.861 millones de pesos para las clínicas privadas, lo que resulta en una paradoja del sistema, ya que es el Estado de Chile el que debe generar la oferta para la atención de niños, niñas y adolescentes.
Y así, Presidente, con este término, 132 recomendaciones quedarán a disposición de la Comisión para efectos de revisar los distintos temas en los cuales hemos tratado de influir, aunque nuestras facultades de persuasión han sido en ocasiones bien recibidas –por ejemplo, en el caso de la niñez se ha atendido sin necesidad de peticiones, como en la situación de los niños y niñas viviendo en las zonas de sacrificio en Quintero, Puchuncaví y Concón–, pero hay otros temas en los que no hemos tenido respuesta y creemos que su abordaje implicaría un compromiso importante por parte del Estado de Chile.
Gracias, Presidenta. Gracias, Defensor.
Quiero, antes de dar la palabra a nuestros otros invitados, mencionar varias cuestiones. Respecto a lo último, lo del presupuesto: nosotros rechazamos, de forma bastante categórica, la partida, pues se relaciona con todos estos temas que usted acaba de confirmar, en los que los recursos eran insuficientes en el ministerio para atender tanto el tema de la niñez en situación de calle como el del programa “Mi Abogado”. Entonces, hoy, después de bastante tiempo y tras ser cuestionadas sobre el rechazo de la partida, la verdad es que nuestra decisión fue rechazarla, tratando de causar un impacto y de que se comprendiera que los recursos eran insuficientes.