Senado - Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura - 19 de marzo de 2025

En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión de este miércoles 19 de marzo del 2025 de la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos. Le damos las gracias a la presencia de los parlamentarios presentes: Kuchel, Sandoval, Castro, quien les habla para, de inmediato, ofrecer la palabra a la señora secretaria para que dé a conocer la cuenta del día de hoy. Presidente, tenemos solo un documento en la cuenta, que es el oficio 340 del subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas, con el cual se informa acerca de la visita técnica de esa subsecretaría a la República Popular de China. Eso está en las carpetas de cada uno de ustedes. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta o puntos varios, dejo abierta la palabra. No habiendo observaciones al respecto, vamos a iniciar de inmediato. Hoy tenemos dos puntos en la tabla. En primer lugar, queremos escuchar a representantes de la salmonicultura en materia de relocalizaciones, tema que he venido expresando al subsecretario con bastante fuerza en el último tiempo, en relación a las problemáticas que se expondrán. Tenemos invitados de Salmon Chile: el director de Asuntos Corporativos, señor Tomás Monge, y el director de Comunidades, señor Felipe Díaz. Asimismo, se encuentran presentes abogados representantes de Acuicultura Chile, señora Marisa Baldassi y señor Emilio Vázquez, además del representante de Empresas Cultivadoras de Recursos Hidrobiológicos de la Décima Región, señor José Manuel Jordán. Contamos con 10 minutos para la exposición de cada interviniente, como máximo, y posteriormente pasaremos a la discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca para sancionar a quien extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados. Senador Kuchel tiene la palabra. —Gracias, presidente. Ayer yo reclamaba que las relocalizaciones pendientes eran 283 y estoy equivocado. Son 205, de las cuales se han autorizado solamente dos; en 14 años, 138 pendientes en Aysén, 62 en Los Lagos y 5 en Magallanes. Muchas gracias, presidente, por la información, ya que resume la reunión y facilita el diálogo. Justamente, esa es la temática que hoy hemos querido tratar. Damos de inmediato la palabra al representante de Salmon Chile, director de Asuntos Corporativos, señor Tomás Monge, junto con el señor Felipe Díaz, para que distribuyan su tiempo, que en este caso es de 10 minutos para la exposición. Van a tener que ir turnándose un poquito, por favor, porque no disponemos de una sala más grande acá.

Señor Monge, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los senadores presentes. Tenemos una presentación y le pido, por favor, que podamos proyectarla y ampliarla. Muchas gracias. La idea es poder presentarles a todos los senadores un proyecto que realizamos como industria, que fueron los Diálogos para la Salmonicultura del Futuro, un proceso para avanzar y trazar lo que va a ser la salmonicultura estos próximos 50 años. Le pido, por favor, avanzar. Siguiente lámina. ¿Cuál fue el propósito de los diálogos? Primero, proyectar la salmonicultura al 2050, incorporando la mirada de quienes formamos parte del sur de Chile. No solamente las empresas, sino incorporar la mirada de la pesca artesanal, de los trabajadores, de los sindicatos, de los municipios y de las autoridades locales. Nosotros somos una industria que está presente desde la región del Bío Bío hacia Magallanes, continuando con un proceso histórico de vinculación y diálogo con diversos grupos de interés en la macrozona sur. Estamos convencidos de que nadie mejor que los habitantes del sur, nuestros vecinos, conoce lo que ha significado la salmonicultura con sus brechas, aciertos y desafíos. Además, se buscó presentar los resultados a las autoridades nacionales y locales, participantes de los diálogos, y establecer una agenda de compromisos y acciones concretas, además de identificar las oportunidades, desafíos y brechas de la salmonicultura para continuar desarrollando y reactivando el sur de Chile. Siguiente, por favor. Bueno, los resultados, como les adelantaba, esto fue un trabajo que se realizó en seis regiones del país: fueron ocho diálogos, más de 800 participantes, 287 organizaciones muy diversas, 32 horas de diálogo y conversación y 3.716 unidades de contenido. Siguiente, por favor. Esto se hizo desde la región del Bío Bío, que es una zona que para nosotros es muy importante. El Bío Bío es la zona donde se exporta el salmón congelado; alrededor de 3.000 millones de dólares salen por esa región, y es una zona de alto potencial portuario y marítimo-portuario. La Araucanía, por su parte, es la zona de la maternidad histórica de la industria del salmón, donde se ubican las primeras fases y donde además se mantiene un vínculo muy estrecho con la agricultura nacional. Luego, en Chiloé y la región de Los Lagos, se concentra la mayor capacidad de procesamiento del salmón, donde si bien también existe cultivo, es en estas zonas donde se procesa mayoritariamente. Sin perjuicio, en el Bío Bío contamos con dos plantas de proceso importantes y plantas de alimentación. Finalmente, la región de Aysén se ha situado como una de las zonas de mayor nivel de producción, donde se encuentran los centros de cultivo, y Magallanes destaca por su importante potencial de crecimiento en la industria salmonera, con presencia tanto de cultivo como de plantas de proceso. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso resume, en parte, lo que fueron las jornadas de conversación. Ahora doy paso a Felipe Díaz para que comente la metodología y cuáles son los resultados de estos diálogos. Muchas gracias, Tomás. Por su intermedio, señor presidente, presento los resultados obtenidos en estos diálogos. Por ello, hoy estamos aquí con el compromiso con esas 800 personas que participaron, para traer y dar los resultados a las distintas autoridades del país. Nosotros hablamos en tres ejes de conversación: uno, sobre desarrollo económico y bienestar social; otro, sobre salmonicultura y sustentabilidad; y, finalmente, convivencia en mar, agua dulce y territorio. Tres temas fundamentales para la región de la macrozona sur. En estos ejes llegamos a los siguientes resultados: en sustentabilidad y salmonicultura, la comunidad y los distintos actores nos indicaron lo importante de posicionar a Chile, especialmente al sur austral, como un polo de desarrollo tecnológico, valorando el aporte actual de la industria en esta materia. Es decir, lo primero fue constatar que, para la macrozona sur, la industria del salmón es una buena noticia y un polo de desarrollo. Luego, también se nos llamó a mejorar en minimizar nuestro impacto y optimizar el uso de recursos naturales. Y, por último, algo que volvemos a creer, que tenemos este equilibrio entre el crecimiento económico…

Económico y con el cuidado y la protección del medio natural y también con las comunidades. Y, por último, fomentar la conciencia ambiental, no sólo de la industria, sino también de las comunidades donde estamos presentes. Esos fueron los grandes resultados cuando conversamos sobre sostenibilidad y salmonicultura. En desarrollo económico y bienestar social, las comunidades de todas las regiones, como ya señaló Tomás, nos hicieron saber que debíamos seguir siendo un aporte en los territorios desde el compromiso del aporte local y la contratación local. Se valoró, además, la contratación de proveedores en distintas regiones y la capacidad de generar fuentes laborales. También nos pidieron a nosotros y al Estado, ya que se trataba de una proyección de la salmonicultura, pero no en el vacío, sino conjuntamente con el Estado, diciendo: «¿Sabes qué? Es importante en nuestra zona sur, donde aún existen muchas brechas de desigualdad, ser parte de la mejora de la infraestructura pública y privada». Para ello, solicitaron contar con el apoyo del Estado y de la empresa privada, a fin de mejorar la calidad de vida y potenciar la actividad productiva. Se relevó, asimismo, la importante alianza que tenemos con la educación técnico profesional, en casi todos los liceos de esta zona, y se hizo un llamado a lograr que el salmón sea un producto de mayor accesibilidad y motivo de orgullo para todos los chilenos. Por último, en el tema de convivencia en mar, agua dulce y territorio, el diálogo con las comunidades y el resultado de los proyectos de ley y acciones normativas evidenció varios puntos. En primer lugar, se destacó la necesidad de seguir fortaleciendo la relación sólida con las comunidades, junto a los gobiernos locales y los trabajadores. Se resaltó la importancia de integrar a las comunidades en el diseño de los proyectos de ley y en todos los temas normativos, así como revisar necesariamente la ley Lafkenche para adaptarla mejor a la realidad actual, ya que sus efectos han generado conflictos sociales en los territorios, un problema que debemos abordar como país. También se enfatizó la necesidad de contar con marcos regulatorios claros y comprensibles que brinden certeza a los habitantes del sur de Chile. Con eso, me gustaría pasar a la última exposición para seguir ahondando. María Elisa, pásale. Bueno, después del enunciado en relación a los resultados de los diálogos, surge la pregunta: ¿qué pasa con la industria del salmón? ¿Dónde estamos parados en relación a esto y cuáles son algunos de los problemas que observamos para lograr un avance o consolidación de esta industria en el sur de Chile? Ustedes saben que, regulatoriamente, tenemos establecido dónde, cuándo y cuánto producir. Eso está normado y limitado; si bien se puede perfeccionar, es parte del corazón de la regulación salmonera o acuícola. La industria enfrenta, además, la preocupación de contar con menos concesiones, que estén mejor ubicadas y más distanciadas. Este es el tema que, seguramente, abordará el subsecretario en lo relativo al proceso de fusión y relocalizaciones, un proceso que lleva 14 años y que ha resultado en gran medida frustrante, ya que no se han logrado avances, salvo dos relocalizaciones que se mencionaron como otorgadas; el resto no ha sido posible realizarlo. Creo que este asunto podría despejar muchas de las incertidumbres que hoy afectan a la industria y reducir la conflictividad en el territorio, como veremos posteriormente con algunos mapas. Además, existen otros factores que han generado incertidumbre. Uno de ellos es el tema de la permisología. Nosotros, como Salmón Chile, contamos con un estudio propio en el cual se evidencia que todos los procesos –no solo de fusión y relocalizaciones, sino cualquier proceso de la salmonicultura– demoran entre seis y siete años. Un simple trámite, muchas veces relacionado con el arriendo o la transferencia de una concesión, puede durar dos o tres años y verse entrampado administrativamente. Se trata, en definitiva, de procesos extremadamente complejos. Para ilustrar, consideren el mensaje que recibe una empresa salmonera o un salmonero cuando se menciona un área protegida, como Huaytecas, y el desplazamiento que ello implica. Basta con recordar que el último proceso de establecimiento de áreas aptas para la acuicultura en la región de Magallanes se demoró siete años, con las normas actuales. A esto se suma que la aprobación de un espacio de pueblo originario (EMCO) demora, en promedio, 6,6 años.

Por lo tanto, tenemos que sumar a esos siete años los seis años que se demora una EMCO, que lo más probable es que en un área nueva nos vamos a encontrar con una, y a eso hay que sumarle el tiempo que se demora el otorgamiento de una concesión de acuicultura, que, cuando no estaba cerrado el proceso —ustedes todos saben que está congelado el otorgamiento de nuevas— se demora alrededor de cinco a diez años, en promedio. Por lo tanto, lo que nosotros vemos cuando se dice que ustedes debieran moverse a una determinada área es que el mensaje que recibimos equivale a 24 años, pues es la sumatoria de todos esos plazos. Ninguno de estos plazos puede correr por sí solo, sino que tiene que esperar a que se cumpla uno para que empiece a computarse el siguiente. Por lo tanto, ese es un sistema de permisología que yo no me atrevería a decir que quizás seamos lo peor, pero sí creo que debemos estar dentro de la línea roja de los sectores con el mayor conflicto de permisología de las actividades económicas que se desarrollan. Luego, el tema de la ley Lafkenche, ya lo mencionó Felipe. Efectivamente, hay una conflictividad. Solamente quisiera hacer una referencia a lo ocurrido en Aysén, con las dos últimas EMCO que se solicitaron, en las cuales los espacios pedían una magnitud impresionante respecto a casi toda la región de Aysén en su litoral. Además, existe un conflicto aún mayor, pues entre los integrantes de las comunidades indígenas solicitantes de esas EMCO, en una se integraban 14 personas y en la otra, creo, 17, si mal no recuerdo, y muchas estaban reiteradas en ambas. Entonces, ahí también se formula una pregunta que hacemos a ustedes, al Congreso y a esta comisión, que está tramitando este proyecto de ley: determinar el equilibrio que debe existir entre el número de personas solicitantes de una EMCO, el nivel de hectáreas solicitado y, en particular, el uso que se dará a ese espacio. Hay una conversación que debe darse de forma absoluta respecto a esto, porque el conflicto es muy grande, no solamente con la salmonicultura, sino también con toda la acuicultura, con la pesca artesanal y con todos los otros sectores regulados en el borde costero. Luego, también el plan de manejo de la Reserva de las Huaytecas. Este tema es muy complejo para el sector salmonicultor y lo expreso porque nosotros hemos tenido que navegar, desde que estamos en la salmonicultura, con el área de la Reserva de las Huaytecas, que originalmente era una reserva de carácter forestal —es decir, que incluía también el tema de la tierra—, tal como siempre fue dibujado en los mapas en los cuales pedíamos nuestras concesiones de acuicultura. Sin embargo, ahora se integra, mediante un mapa original, el área marítima. Además, en la formulación del plan de manejo, lo que quisiera mostrar —si se puede adelantar, por favor— es que, si ustedes ven la parte en amarillo, identifican el área de la Reserva de las Huaytecas. Nosotros fuimos a una segunda reunión de la formulación del plan de manejo y nos indicaron cuál será el área de influencia de la Reserva, dibujándose todo el resto del área achurada. Con nosotros queda claro que una cosa es la Reserva y otra es el área de influencia; pero también entendemos que estar en el área de influencia implicaría que, si bien no se está dentro del área, se está próximo a ella. En definitiva, las consecuencias jurídicas de ello son prácticamente equivalentes para nosotros, tanto desde el punto de vista ambiental como para el otorgamiento de concesiones en esas áreas. De alguna manera, esto explica —me encantaría poder mostrarlo en su totalidad, pero más abajo se evidencia— que el área de la región de Aysén equivale, prácticamente, a más de dos tercios o a la totalidad del litoral de la región. Entonces, esas son las consecuencias que nosotros observamos, generando una incertidumbre muy grande hoy día para el sector. Claramente, hay un tema con el ordenamiento territorial y, además, quisiera unirlo a lo que mencionaba Felipe inicialmente, que en materia de acuicultura, a diferencia de la pesca, el proceso de toma de decisiones no contempla ni existe un comité científico ni un comité de manejo. Por lo tanto, tanto nosotros como los salmoneros, pero también el sector miticultor o incluso la pesca artesanal, y en definitiva todos los sectores interesados y la comunidad, quedamos fuera del proceso de toma de decisiones. En consecuencia, tenemos una distancia muy grande respecto a esas decisiones y tenemos que pedir...

Ser parte interesada en forma sistemática para poder ser integrado en procesos tan relevantes como éste. No está integrado dentro de la administración. Tanto es así que los procesos no se reglamentan con la participación de los particulares, y lo tenemos que pedir en forma especial de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que lo hace aún más complejo. Eso es lo que nosotros quisiéramos presentar. Para complementar, haciendo un resumen de los resultados de los diálogos, un tema común fue la necesidad de contar con certezas de toda índole —jurídica, económica y laboral— desde el Bío-Bío hasta Magallanes. Le pido, por favor, si podemos retroceder las láminas. Entonces, aparte de los temas de la permisología, de la implementación del SBAP y de las áreas de manejo, este mapa a nosotros nos gusta mucho mostrarlo. Nosotros, como industria, tenemos 15.000 hectáreas otorgadas, de las cuales ocupamos alrededor de 4.000 hectáreas. Las solicitudes de las Islas Kenche, del 2008 a la fecha, ascienden a alrededor de 4 millones de hectáreas. Para hacer un paralelo, la pesca artesanal, en toda su historia y en áreas de manejo, tiene otorgadas entre 120.000 y 130.000 hectáreas, y del 2008 a la fecha ya se han entregado 150.000 hectáreas para pueblos originarios. Si hablamos de la miticultura, son 12.000 hectáreas. Entonces, al final, como decía María Alicia, acá se observa una desproporción. Nosotros creemos que, si bien la norma —que la ley Lafkenche tuvo un fin noble— fue creada con buenas intenciones, su aplicación práctica ha sido deficiente por ser muy laxa en su interpretación. CONADI tiene criterios muy amplios. Es un tema que lo hemos comentado. Si al final miramos, por ejemplo, el mar interior de Chiloé, son 10 millones de hectáreas; el mar territorial, 12 millones de hectáreas; el área marina protegida, 146 millones de hectáreas; y las zonas económicas exclusivas, 368 millones de hectáreas. Entonces, si en un mapa observamos el área que ocupa la industria del salmón, equivale aproximadamente a dos pequeñas islas en Chiloé o al 2% de Puerto Montt, para hacer un paralelo. Siguiente, por favor. También es importante ver cómo estamos posicionados a nivel mundial. Nosotros somos el décimo país en el mundo con mayor cantidad de áreas de baja conservación: tenemos un 41 % frente a Noruega, que, nuestro principal competidor, tiene solamente un 10 %. Siguiente, por favor. Y eso muestra el traslape de las áreas aptas para la acuicultura. Como decía María Alicia, la industria solo opera en sectores donde el Estado permite operar, que son las áreas aptas para la acuicultura. Sin embargo, en la práctica, esas mismas áreas se han ido transformando en espacios costeros del pueblo originario, en áreas marinas protegidas, reservas y parques que abarcan también zonas marinas. Entonces, al final, cuando se dice “nos queremos relocalizar”, la cuestión es: ¿de dónde? Porque ya prácticamente están afectados por otros intereses, y por eso hemos insistido en que la madre de todas las batallas es el ordenamiento territorial, un tema que nos brinde certeza a nosotros como industria del salmón, a la acuicultura, a la pesca artesanal y a la gente que quiere conservar. Pero para ello se requiere un trabajo muy profundo, que lo podemos conversar en otra oportunidad. Y ahí, siguiente lámina; eso muestra el tema del mapa de la EMCO. No están todas las regiones: en EMCO se registran solicitudes que se extienden hasta la tercera o cuarta región. Hay algunas solicitudes aisladas, pero principalmente, desde el Bío-Bío hasta Magallanes, todos los sectores productivos ya han sido solicitados, como se puede apreciar en el mapa, con las áreas achuradas en verde. La región de Los Lagos, el mar exterior y el mar interior, prácticamente todo está solicitado; en la región de Aysén, con tres EMCO, se pidió casi la región completa; y en Magallanes, la zona de Natales y Punta Arenas está prácticamente completamente solicitada. Así que esa sería nuestra intervención. Estamos en la hora; les pedimos que no se retiren, porque después vamos a hacer la ronda de preguntas al final. Muchas gracias. Le damos la palabra de inmediato. Senador Puchel, ¿le parece si hacemos las preguntas al final? Pero, no es pregunta. Quiero informar que, a partir de ayer, la Comisión de Hacienda del Senado comenzó a analizar un proyecto sobre simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, con 25 artículos permanentes y 2 transitorios, entre otras disposiciones, que contempla entre 25 y 27 situaciones. Sin embargo, no hay ninguna que se refiera a esto, que es lo que tiene paralizada la actividad, la inversión y el crecimiento de nuestra región. Entonces, quería informar a nuestros invitados y a todas las personas que nos siguen lo que está sucediendo en la Comisión de Hacienda y también en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Que se acerque y aproveche esta oportunidad porque es prácticamente un proyecto misceláneo para simplificar las regulaciones que nos tienen agobiados, Presidente. Gracias. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra a nuestros siguientes invitados, que son abogados, representantes de una organización vinculada a la salmonicultura, CUC Aguacultura Chile, señora o señorita Maritza Valdasi y don Emilio Vázquez. Les rogamos restringirse a los diez minutos, por favor, para que podamos ver el proyecto de ley. Buenos días, Señor Presidente. Por su intermedio me dirijo a los senadores presentes. Nosotros representamos a la empresa Cook. La empresa Cook es una empresa canadiense; se trata de una empresa familiar que inició sus operaciones en el año 1985 en Canadá y que hoy en día tiene presencia a nivel mundial. En Chile tiene una participación muy pequeña, apenas un 2% en el mercado de los salmones, y se trata de una empresa interesante porque, probablemente, a nivel mundial es una de las mayores salmoneras. No solamente produce salmones, sino que también desarrolla actividad pesquera y tiene presencia en Australia, en España, en el Reino Unido y en Canadá, principal país productor de salmón. Esta empresa, además, ha desarrollado un proceso innovador consistente en la certificación de la producción del salmón orgánico, siendo la única empresa en Latinoamérica que produce salmón orgánico en Chile. El salmón orgánico ofrece múltiples beneficios tanto para la salud humana como para el medioambiente. La empresa inició sus operaciones en Chile en el año 2008 y opera, aproximadamente, 10 concesiones, las cuales fueron otorgadas en los años 1999 y 2000, bajo un régimen antiguo que consistía en el otorgamiento de una concesión que contenía un proyecto técnico. Dicho proyecto tenía por objeto establecer una producción mínima para las salmoneras, con el fin de evitar el acaparamiento. En aquella época, Chile buscaba desarrollar la industria salmonera asegurando que el acaparamiento no restringiera el desarrollo de la actividad; por ello se establecía una producción mínima, y quienes no la alcanzaban tenían caducada la concesión, evitando así dicho acaparamiento. La producción efectiva se autoriza a través de la Subsecretaría de Pesca, que regula el proceso y va autorizando las operaciones de acuerdo a los criterios medioambientales establecidos por la Ley de Pesca y la propia Subsecretaría, de manera ordenada. En el caso particular que nos ocupa, y agradeciendo a la empresa por recibirnos en esta comisión y permitirnos exponer lo sucedido, la empresa ha operado en Chile desde el año 2008 con una producción que siempre fue autorizada por la Subsecretaría de Pesca. No obstante, en el año 2022 comenzaron a surgir problemas derivados del hecho de que la Superintendencia del Medio Ambiente paralizó la operación de dos de sus centros de cultivo. Normalmente, la Subsecretaría –incluyendo al subsecretario presente– otorgó autorizaciones para la siembra de aproximadamente 600.000 ejemplares, siendo la última de diciembre. Sin embargo, en el año 2022 la empresa sembró entre 170.000 y 400.000 ejemplares, y la Superintendencia del Medio Ambiente decidió paralizar la operación, impidiendo continuar con la siembra. En el año 2023 se cosechó el centro después del ciclo y, por instrucción de la misma Superintendencia, se contrató a la Universidad Austral, la cual certificó que, desde el punto de vista medioambiental, los centros cumplían satisfactoriamente. Dicha certificación se actualizó en octubre del año pasado, poco antes de reabrir el área, momento en el que se solicitó nuevamente autorización a la Subsecretaría de Pesca para sembrar los salmones, autorización que fue otorgada en diciembre pasado. Sin embargo, nuevamente la Superintendencia paralizó la siembra. Nosotros, como abogados, tenemos que explicarle a este inversionista extranjero que no percibe la distinción existente a nivel interno, sino que observa al Estado de Chile en su conjunto, sin entender por qué, habiendo una autoridad que autoriza el desarrollo de la actividad desde el año 2008, repentinamente otra paraliza la operación.

Cambia una autoridad del Estado de Chile el criterio y se le paraliza su operación. En ese sentido, nosotros hemos tenido todas las reuniones con todas las autoridades. Yo he estado personalmente junto con el gerente de la empresa, con la ministra del Medio Ambiente, con el ministro de Economía, con el subsecretario de Pesca y con la subsecretaria del Medio Ambiente. Hemos hecho todas las gestiones posibles porque entendemos que hay un criterio de parte de las autoridades en donde existen ciertas áreas que quieren eliminar el desarrollo de la salmonicultura, y lo único que dijimos es que nosotros estamos dispuestos a reubicarnos, relocalizarnos, en la medida en que se nos permita continuar desarrollando las actividades como se han desempeñado durante los últimos 15 años, tanto por parte de esta empresa como lo viene haciendo el 30% de la industria salmonera en Chile desde hace más de 15 años. En ese sentido, firmamos un acuerdo en el año 2023, acuerdo en el que estuvieron presentes el ministro de Economía, la ministra del Medio Ambiente, el subsecretario de las Fuerzas Armadas, el subsecretario de Pesca y dos empresas: Agua Chile y CUC. El único compromiso que dijimos fue que nosotros nos relocalizamos, que se nos otorguen todas las autorizaciones, y ya iniciamos los trámites. Se estima que realizar los estudios necesarios para una relocalización, incluyendo los estudios ambientales para dos concesiones, cuesta 2.000 millones de pesos. Lo único que pedimos es que se respeten los derechos adquiridos, que se respete la confianza legítima y que se garantice la posibilidad de continuar desarrollando la actividad mientras se ejecuta la relocalización de nuestra concesión, la cual, como se mencionaba, fue la primera en relocalizarse y tomó 14 años. Lo que hemos solicitado a la autoridad es coordinación, tema en el cual dejo la palabra a Marisa para que explique lo que ha sucedido para poder seguir desarrollando la actividad normalmente, mientras cumplimos los requerimientos del Estado de Chile. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por ese intermedio, presidente, y saludos también a los senadores presentes y a las autoridades de esta comisión. Al final, lo que venimos a exponer es un caso concreto de lo que ya expuso SalmónChile, ya que este es un caso en desarrollo en el que llevamos más de cinco años prestando asesoría legal a la empresa, para encontrar la mejor manera de que pueda efectuar su actividad económica lícita, conforme a los permisos y derechos adquiridos desde los años 99 y 2000, cuando se otorgaron estas concesiones. Aquí es donde me toca abordar un tema muy sensible: la coordinación al interior de la Administración del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque estamos ante un caso que se replica en el 30% de la industria, motivo por el cual se indicó “30%” en la lámina para que quede presente. Es un caso que, magnificado, puede servir de precedente y afectar a muchas otras empresas, no solo a CUC. Dentro de la Administración del Estado existen dos criterios: uno es el de la Subsecretaría de Pesca, Sernapesca y el Ministerio de Economía, y el otro es el de la Superintendencia del Medio Ambiente, en lo que respecta a la operación de los centros. ¿Por qué lo menciono? Porque tanto Sernapesca como el Ministerio de Economía han manifestado en numerosos pronunciamientos que los proyectos técnicos –en el caso de estas concesiones de acuicultura, que son previas a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental– contemplan un mínimo de producción, y que los máximos están determinados por las resoluciones de densidad, como lo ejemplificó hace un rato Emilio con algunos ejemplos de resoluciones de densidad de cultivo. Lo que ocurre en este caso es que la Superintendencia, sin respetar la opinión y los actos administrativos válidamente emitidos por los órganos sectoriales competentes (Sernapesca), emite su propio pronunciamiento e inicia un procedimiento sancionatorio, basándose en que los proyectos técnicos contendrían un máximo. ¿Y qué significa esto? Para que lo entiendan en orden de magnitud: nosotros tendríamos aprobado como máximo 125 toneladas, frente a las 660.000 toneladas que se aprueban, dado que se verifican las condiciones ambientales para sembrar esa cantidad. Es decir, si se mantiene esta interpretación, el proyecto se vuelve inviable y la actividad económica no se podrá desarrollar. Por lo mismo, se incluye en la lámina una mención a lo que sería una expropiación de facto, ya que, si el máximo productivo es el que fija el proyecto técnico, el valor de la concesión se vuelve insostenible. A modo ilustrativo, se han extraído pronunciamientos de los años 2011, 2015 y 2021. Posteriormente, el Ministerio de Economía hace un llamado de atención a la Superintendencia del Medio Ambiente, tras el tema de CUC, advirtiendo: “Oiga, si usted quiere cambiar el criterio y el criterio interpretativo, sabe que existen reglas para hacerlo”. Contraloría ha emitido dictámenes sobre la materia, confirmando que hay reglas para modificar un criterio sin afectar los derechos adquiridos de los particulares, como en el caso de CUC. Luego, en el año 2024…