El acta de la sesión número 150 se da por aprobada y la sesión número 151 queda a disposición de las señoras y señores diputados.
El señor Secretario dará lectura a la cuenta. Señor Secretario. Señor Presidente, se han recibido los siguientes documentos: una carta de la bancada Frente Amplio e Independientes, a través de la cual comunican que el diputado señor Diego Ibáñez…
Será reemplazado por la diputada señora Emilia Schneider en la sesión del día de hoy. Y también una carta por parte de la Asociación de Funcionarios del CENSE, a través de la cual solicitan audiencia con la Comisión para referirse al impacto que está teniendo en el CENSE las rebajas presupuestarias que están ocurriendo producto del ajuste fiscal, tanto en los trabajadores como en los distintos programas sociales y en los programas de empleo que CENSE desarrolla. Dicha carta, señor Presidente, fue remitida por parte del diputado señor Alberto Undurraga. Esa es toda la cuenta, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario.
Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, diputado Undurraga.
Gracias, Presidente. Quiero referirme a esta carta que da cuenta de la solicitud de la Asociación de Funcionarios del CENSE para ser recibida acá. El tema tiene que ver con lo siguiente: como sabemos, el Ministerio de Hacienda está haciendo los recortes del presupuesto, los cuales este Congreso, por lo demás, está de acuerdo en que se efectúen en términos generales y forman parte del acuerdo macro establecido al aprobar la ley de presupuesto. Sin embargo, no es indiferente en qué se recorta y en qué no. Creo que nosotros, como Comisión de Trabajo, tenemos que recibir a aquellos representantes de reparticiones públicas que nos comunican que puede haber un impacto en la empleabilidad o en temas de trabajo propiamente tal, para hacerle presente al Ministro de Hacienda que revise otras reparticiones. Me imagino que las otras comisiones harán algo similar respecto a sus áreas, pero es un rol que debemos cumplir como Comisión.
Por ello, recibí esta mañana a dichos representantes y sugerí que lo más conveniente era que la Comisión los reciba, ya que, como en todo gremio, les interesa atender asuntos que atañen a su ámbito. Buena parte de los argumentos versa sobre la empleabilidad y aspectos que son importantes y se encuentran entre las prioridades nacionales, como es fomentar más empleo y de mejor calidad. Entonces, Presidente, quisiera reforzar esta solicitud de audiencia para que, si usted lo puede poner en tabla más adelante, se atienda esta situación.
Gracias, Diputado Undurraga.
Honduraga: Me parece pertinente la petición, aunque hago la salvedad de que no todos estamos muy de acuerdo con esta política de ajustes y recortes. ¿Se ofrece la palabra para hacer la cuenta?
Diputado Frank Sauerbaum: Presidente, ayer llegó una carta de la FEMPRUS, de la cual comentábamos la necesidad de ser atendida. Asimismo, hoy entiendo que la Comisión recibió otra solicitud, esta vez de los dirigentes gremiales de la Dirección del Servicio de Salud de Concepción. Además, quisiera sumar a la exposición la situación que se está presentando en todo el país, respecto a lo que ocurre con los trabajadores del CEFAM Violeta Parra de Chillán, que es el único CEFAM que hoy depende directamente del Estado, es decir, del Servicio de Salud, y no depende del municipio. En todo el país hay 25 establecimientos en esa situación; el resto depende de los municipios. Hoy, los trabajadores presentan diversas diferencias laborales, entre ellas, el tema salarial, que es el más evidente. Me sorprendió ver papeletas con los mismos cargos y tareas, pero con diferencias salariales considerables. Por ello, junto a los dirigentes de la FEMPRUS que solicitaron audiencia ayer, pido que, dado que se han presentado varias solicitudes, se convoque un día especial en el cual se escuche a dos o tres organizaciones, incluyendo a representantes del CENSE, que se han acercado para ser recibidos. Ojalá, Presidente, se fije una fecha para que pueda acudir el Gobierno a esa ocasión y se logre un impacto significativo en la conversación que se desarrolle.
Gracias, Presidente.
Diputado Tomás Kirchner: Gracias, Presidente. Saludo a usted y a todos los miembros de la Comisión. Lo que quisiera solicitar es la posibilidad de poner en tabla un proyecto de ley que presentamos hace algunos días o semanas, a iniciativa de varios parlamentarios de distintas bancadas, incluyendo algunos que son parte de esta Comisión. Se trata de un proyecto de ley que modifica...
El Código del Trabajo, eliminando el tope establecido por años de servicio. Nosotros sabemos que es un tema que puede generar un interesante debate, discusión, sobre el cual hay distintas opiniones y miradas, pero ese es justamente el sentido de debatir un proyecto en esta comisión, para que por vía democrática se pueda efectivamente dar una respuesta a esta demanda, muy sentida desde hace muchos años. No hay que olvidar, Presidente, que en Chile existía la indemnización por años de servicio sin límite, sin tope. Durante la dictadura se puso un tope de cinco años, incorporado por el recordado señor José Piñera, y luego esto se modificó y quedó en once años. Sin embargo, claramente hubo ahí un retroceso importante para las y los trabajadores de nuestro país.
Es por eso que hemos presentado este proyecto, que está con el boletín 17.394-13 y que fue derivado desde la sala a esta comisión, y por lo tanto le pido la posibilidad de que se ponga en tabla para que podamos proceder a su discusión.
Eso, Presidente, gracias.
Perfecto, gracias.
Gracias, Diputado Tomás Hirsch.
Tendremos entonces, vamos a anotar el boletín para considerarlo. Está el Diputado Giordano, luego el Diputado Leal.
Muchas gracias, Presidente.
Yo, a propósito del punto y del proyecto que presentó el Diputado Hirsch, con el que además concurro plenamente, me imagino que nadie se extraña de eso, pero de todas maneras lo refuerzo. Quisiera solicitarle que, si en algún momento se decide ponerlo en tabla, quizás pueda fusionarse con otro proyecto que aborda normas relativas, que presentamos junto a la Diputada Gael Yeomans, a propósito de los despidos por necesidades de la empresa, que son aquellos que gatillan las indemnizaciones por años de servicio. Entonces, creo que sería una oportunidad de revisar ambos, ya que básicamente se refieren a esa categoría o causal de despido, la cual ha sido extremadamente abusiva durante los últimos años, y es una oportunidad para que esta comisión responda a un hecho coyuntural; no solo es una demanda de largo aliento, sino que es algo que está provocando muchos problemas en el mundo del trabajo.
Gracias, Presidente.
Gracias, Diputado Giordano.
Primero le doy la palabra al Diputado Leal, y luego al señor Secretario para que nos cuente cómo opera la petición de fusión de los proyectos.
Diputado Leal:
Ese proyecto, saber si ya está acá en la comisión, si está o no, requiere el patrocinio del Ejecutivo, porque imagino que hay funcionarios del Estado que están sujetos al Código del Trabajo; me gustaría ver el mismo entusiasmo con que el Estado exige a los privados que también se haga cargo de sus funcionarios, ya que los funcionarios contratados se van sin ningún peso, se van a sus casas, se les saca y se van. Entonces, es bueno que el Estado apunte al sector privado, exigiéndoles indemnización por el servicio, mientras que sus propios funcionarios se van sin nada. Además, debemos considerar que, en los últimos tiempos, se le ha cargado en exceso a los emprendedores, a las pymes y a los pequeños, exigiéndoles un montón de beneficios, pero alguien paga eso, y lo están pagando las personas que están sin trabajo, casi un millón de cesantes. De ello hablamos poco. Proponemos proyectos de ley sin pensar siempre en las consecuencias que muchas veces conllevan. Yo creo que está bien, es debatible, pero me gustaría ver el mismo entusiasmo en el tratamiento de los funcionarios del Estado.
Gracias, Diputado Leal.
Diputado Giordano:
Señor Secretario, por favor, ¿nos puede informar respecto a cómo opera la petición de fusión de proyectos, que planteé, dado que hay varios proyectos de similar naturaleza? ¿Puede pasar el micrófono para que se registre y pueda hablar?
Señor Secretario:
El procedimiento es el siguiente: se debe verificar si la idea matriz de los proyectos coincide. Si es coincidente, la comisión debe acordar la fusión y solicitar el acuerdo de la sala. Concedido por la sala, se tramitan conjuntamente todos los proyectos que tengan la misma idea matriz.
Muchas gracias, señor Secretario.
Diputado Mauro González:
Gracias, Presidente. Un gusto saludar a todos los presentes. Presidente, mire, junto...
A dirigentes de la Salmonicultura, trabajadores y trabajadoras: presentamos un proyecto acá en el Congreso, el cual fue presentado mediante moción, que busca que el día 26 de mayo de cada año se le haga un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la Salmonicultura. Pero, como ustedes saben, los comités acordaron que en el Congreso no se van a tramitar proyectos que estén vinculados al “día D” o a reconocer un día, sino que ello queda sujeto netamente a la voluntad del Ejecutivo, a través de un decreto, es decir, una acción administrativa. Por consiguiente, es el Ejecutivo el que debe evaluar esta solicitud, que estamos levantando junto a los trabajadores y trabajadoras de la Salmonicultura, especialmente si se observa desde el punto de vista territorial, abarcando desde la región del Bío-Bío hasta Magallanes.
Entonces, Presidente, solicito el acuerdo de esta Comisión de Trabajo, que está vinculada al mundo laboral, para respaldar esta solicitud y para que el Ejecutivo evalúe seriamente esta inquietud y el anhelo de que se reconozca en nuestro país, sin que ello implique un día feriado, el aporte de los trabajadores y trabajadoras de la Salmonicultura al desarrollo de nuestra Nación. Este reconocimiento se efectuaría el 26 de mayo, y solicito que el oficio correspondiente sea respaldado por la Comisión, dirigiéndose al Ejecutivo, especialmente al Ministro de Economía y a la SECPES, y, adicionalmente, al Ministro del Trabajo, según estime la Comisión. ¿Habría acuerdo la Comisión para ese oficio?
Perfecto. En relación con la orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: primero, iniciar el estudio del proyecto de ley originado en la moción de las diputadas Gael Yeomans y Karol Cariola, del diputado Raúl Soto y de los exdiputados Juan Luis Castro y Tucapel Jiménez, que modifica el Decreto Ley N° 3.500, el cual establece el nuevo sistema de pensiones en materia de integración de la Comisión Médica Central. A esta discusión nos han invitado la diputada Gael Yeomans, autora de esta moción, y la señora Pamela Gana Cornejo, Superintendenta de Seguridad Laboral, a quienes damos la bienvenida. También damos la bienvenida al subsecretario de Trabajo, don Claudio Reyes Barrientos, y a la señora Carmen Bueno.
Para estos efectos, se ofrece la palabra a la diputada Gael Yeomans para que exponga respecto de esta moción.
—Gracias, Presidente. Saludo al Ejecutivo y a todos los presentes. Presidente, al revisar el proyecto de ley, que a través de mi intermedio y de otros parlamentarios se ha impulsado, me quedó la sensación de que se trata básicamente de una reforma de pensiones, la cual voté en contra, pues resuelve este tema. Por ello, me gustaría que el secretario de la Comisión se pronunciara sobre la posible redundancia entre este proyecto y la reforma de pensiones. Eso es todo, muchas gracias.
—Gracias, diputado. No anticipemos; escuchemos en seguida a la diputada Gael Yeomans para que exponga el proyecto. Luego, usted podrá opinar en la dirección que estime conveniente.
—Muchas gracias, Presidente. Comenzaré exponiendo mi proyecto de ley, que versa sobre las pensiones de invalidez y se diferencia del funcionamiento de las pensiones de vejez, ya reguladas con la reciente reforma aprobada en este Congreso Nacional. En el sistema actual, el seguro de invalidez y sobrevivencia cubre a los afiliados no pensionados menores de 65 años, en casos de fallecimiento e invalidez. La invalidez se define como el menoscabo permanente de la capacidad de trabajo a causa de una enfermedad o del debilitamiento de las fuerzas físicas o intelectuales, siendo su calificación realizada por las comisiones médicas.
Queda así expuesta la moción y el proyecto de ley.
Están distribuidas en el territorio nacional. También quiero aprovechar de hacer una distinción. Estas son comisiones médicas que son parte de la Superintendencia de Pensiones, ¿cierto? De ese organismo. No estamos hablando de las comisiones médicas que son parte del CONPIN, ¿ya? Todo esto para que se entienda cuáles son los organismos a cargo.
Luego, el monto de la pensión va a ser, en el caso de fallecimiento o invalidez total, el 70% del ingreso base y, en el caso de invalidez parcial, el 50% del ingreso base. El ingreso base, además, es el promedio de las remuneraciones imponibles percibidas durante los últimos 10 años por el afiliado.
El seguro, ¿cómo funciona? Es pagado por el empleador, ¿cierto? Algo de eso lo vimos en la reforma de pensiones, porque cuando se conforma este seguro social, que en una parte va a ser contribuido por el seguro de invalidez y, por otra parte, por esta compensación, en el fondo, de las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por expectativas de vida, quizás en eso se confundió el diputado y pensó que se estaba regulando en esta materia las pensiones de invalidez. Pero no fue así; solamente se hizo alusión a que esta cotización del empleador se mezcla en este fondo, sin que ello implique algún cambio al respecto. Entonces, el seguro sigue siendo pagado por el empleador, es administrado por las AFP; en este caso también hay una fundación al respecto que tiene un funcionamiento, y, obviamente, es la AFP a la que pertenece el trabajador o trabajadora.
Para proceder al pago de la prestación establecida por el seguro, se obliga a licitar la administración del seguro por parte de la administradora de fondos de pensiones a las compañías de seguros de vida, quienes son las que terminan pagando las pensiones de invalidez.
Ya, y ahí voy al contenido del proyecto de ley. Por una parte, quiero transmitirles que el proyecto de ley viene a ser parte de las conclusiones de una comisión investigadora que se realizó durante el periodo pasado, en la que, por unanimidad en la Cámara de Diputados y Diputadas, se votó a favor del informe de dicha Comisión Investigadora, en el que se daba cuenta de ciertas fallas existentes en el sistema que terminaban perjudicando a aquellas personas que, a pesar de tener derecho a pensiones de invalidez, no podían acceder a ellas.
También hubo cambios que fueron reconocidos durante el periodo en que revisamos la investigación por parte de la Comisión y que fueron ratificados por la Superintendencia, indicando que en el año 2008 se realizaron ciertas modificaciones. Sin embargo, hay algunas de ellas que, a nuestro juicio, todavía hacen falta para que realmente podamos decir que el sistema es del todo imparcial y que a una persona que tiene derecho a una pensión de invalidez se le haga efectivo y garantizado su derecho.
Entonces, uno de los temas complejos que vemos de la actual legislación tiene que ver –y que, en el fondo, es donde tenemos atribución los parlamentarios y para lo que presentamos los proyectos de ley– con la conformación de la Comisión Técnica de Invalidez. Dicha comisión es la que fija las normas del sistema y, por lo tanto, determina que a determinada enfermedad le corresponde o no cierto grado de pensión de invalidez. Ahí es un poco más complejo, pero eso, en resumidas cuentas.
La Comisión Técnica de Invalidez, a su vez, está conformada por miembros que, por una parte, son definidos: un miembro con voz y voto designado por la asociación de AFP, un miembro con derecho a voz y voto designado por las compañías aseguradoras y, por otro lado, también desde la Superintendencia se puede nominar a quien tenga derecho a voz y voto. En realidad, esta comisión está conformada por médicos; eso es también cierto. El tema es que, al momento en que la designan tanto la AFP como la compañía aseguradora, es evidente que puede haber un conflicto de interés, toda vez que quien administra es la AFP y quien paga es la compañía aseguradora.
Y lo que vimos durante el trámite de la Comisión Investigadora es que determinados procedimientos se ejercieron, tanto por parte de la compañía aseguradora como por errores y fallas de la asociación de AFP, que terminaban mermando el derecho de las personas. Recibimos, por ejemplo, testimonios en la misma Comisión Investigadora; recuerdo el caso de la señora Alejandra Vargas.
En donde nos señaló que ella era funcionaria con anterioridad en la AFP. Siendo funcionaria de la AFP, recibió instrucciones que luego ella verificó con correos electrónicos, instrucciones por parte de la misma AFP en donde ella trabajaba, en donde la AFP señalaba un procedimiento que era de control de siniestralidad, es decir, que los funcionarios no podían entregar más de cierta tasa promedio mes a mes de pensiones de invalidez a las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que si en el mes de marzo, por ejemplo, la tasa era de no pasar de un 5 % de las personas que podían acceder a pensión de invalidez, si llegaba la persona que hacía el 6 % no se le podía entregar la pensión de invalidez, y por lo tanto se hacía el trámite más lento, se le pedían más papeles, se le pedían incluso que tenía que pedir hora para poder acceder a hacerse los exámenes.
Todo eso en un procedimiento que fue llamado control de siniestralidad, porque lo que controla es el riesgo, pero ¿el riesgo de quién? De quien paga, que es la compañía aseguradora. Entonces, esa situación, a nuestro parecer, tiene que ser remediada, independiente de que hoy por hoy...
Esta es la otra parte, el otro proyecto de ley que yo sé que no está en tabla, pero que quisiera también comentar: es otro proyecto de ley relacionado que presentamos y que tiene que ver con la integración vertical. ¿Qué quiere decir la integración vertical? Que las compañías aseguradoras y las AFP, hasta antes del 2008, tenían miembros que eran los mismos entre la composición de los directivos de la AFP y de las compañías aseguradoras. En este sistema, en materia de pensiones de invalidez, si es la AFP la que administra y la compañía aseguradora la que paga la pensión de invalidez, al haber integración vertical no se asegura la imparcialidad. Eso, efectivamente, en licitación tras licitación, las superintendencias han tratado de revisar que quien gane la licitación, en este caso la compañía aseguradora que logre ser sorteada y que finalmente cumpla con los requisitos, no tenga esa integración vertical. Efectivamente se ha realizado ese procedimiento, pero la ley no lo prohíbe. La ley no prohíbe que exista integración vertical, y ahí otro problema que nos parece que son dos normas sencillas que se pueden modificar, que permiten tener ciertos grados de confianza en el sistema y, sobre todo, para las personas de invalidez, que quiero que también se comprenda.
Durante el trámite de la Comisión Investigadora, para todos los miembros fue bien impactante escuchar a personas con enfermedades terminales, cáncer terminal, y que a pesar de ello no tuviera acceso a una pensión de invalidez. Eso lo pueden revisar, yo se los puedo mandar; es una comisión investigadora bastante seria que llevamos a cabo y, por lo mismo, el informe fue unánime. Fue unánime. Así que, con todo ello, yo lo que quisiera solicitar, presidente, es que en esa oportunidad también se expusiera una fundación, la Fundación Valídame, que revisó y ha asesorado en distintos casos. Creo que sería bien oportuno poder escucharlos, pero también al superintendente de pensiones, que ha sido parte de la institucionalidad, y que durante el desarrollo de la Comisión Investigadora expuso que está al tanto de estos casos y de las normas y los cambios que son necesarios hacer. Esto lo quiero plantear porque me parece que son criterios de imparcialidad. No nos estamos metiendo en nada más, pero nos parece necesario para la confiabilidad del sistema. Gracias, presidente. Gracias, diputada Gael Yeomans, por su exposición.
Entonces le ofrezco la palabra ahora a la señora Pamela Gana Cornejo. Mire, les propongo que hagamos lo siguiente: escuchemos a la superintendenta y luego hacemos la ronda de preguntas, ¿les parece? ¿Perdón? Ah, no sé… correcto. Ah, ok. Bien, entonces le ofrecemos la palabra a la señora Pamela Gana Cornejo, superintendente de Seguridad Social.
Adelante, señora Pamela Gana.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, la diputada Gael Yeomans ya explicó el contenido. Solo resaltar que, efectivamente, la Comisión Técnica Médica del Sistema de Pensiones está encargada de definir las normas técnicas por las cuales se realiza la evaluación de incapacidad permanente del sistema de pensiones. Por no confundir esto, no estamos hablando de salud laboral, que yo siempre vengo a hablar de salud laboral, pero esto es del sistema de pensiones y no tiene que ver con salud laboral.
Y ellos son los que hacen la aprobación de dichas normas técnicas, que después son usadas en todo el proceso de evaluación de incapacidad permanente del sistema de pensiones por las comisiones médicas regionales y, en caso de apelación, por las comisiones médicas centrales.
Lo que propone el proyecto de ley es que, de la composición actual de esta comisión técnica –formada por la superintendente de Pensiones, el presidente de la Comisión Médica Central, el representante de la AFP, el representante de las compañías de seguro y el decano de la Facultad de Medicina, quien es nombrado por el Consejo de Rectores de las Universidades– sean reemplazados aquellos representantes de las AFP y de las compañías de seguro. La propuesta es sustituirlos por un representante del Ministerio de Salud, con conocimiento respecto a la red pública, la red asistencial; y, en segundo lugar, que también se reemplace el otro integrante por un nombramiento hecho por la Superintendencia de Seguridad Social, con conocimiento de salud común y salud laboral.
Por eso que me invitan.
En cuanto a los comentarios al respecto, se destaca primero poner sobre la mesa que todo lo relativo a la competencia sobre el sistema del seguro de invalidez y sobrevivencia –incluyendo la normativa, regulación y fiscalización de las comisiones médicas regionales y centrales, así como esta comisión técnica– es de competencia de la Superintendencia de Pensiones y no de la Superintendencia de Seguridad Social. Sin embargo, dado que en la propuesta se incluye reemplazar uno de los integrantes actuales por un representante de la Superintendencia de Seguridad Social, asumo que por ello fui invitada.
En segundo lugar, cabe señalar que, con la legislación actual, la Superintendencia de Seguridad Social tiene un rol definido. Cuando la Comisión Médica Regional evalúa a un trabajador o trabajadora en su invalidez permanente y determina que tiene más de un 50% de invalidez, y existe un reclamo sobre esa calificación, corresponde que el caso pase a análisis de la Comisión Médica Central. Sin embargo, cuando dicho reclamo –que puede provenir de un trabajador o de una compañía de seguro, entre otros– alega que la afección por la cual se lo califica de invalidez podría ser de origen laboral, se convoca a una nueva institucionalidad: la Comisión Médica Central Ampliada, presidida por un médico de la Superintendencia de Seguridad Social. En el diseño actual ya participa personal médico de la SUCESO, que preside esta comisión, la cual también está integrada por un abogado de la Superintendencia de Seguridad Social, un abogado de la Superintendencia de Pensiones y un médico de la Comisión Médica Central. Ellos definen si, efectivamente, el origen de la invalidez es laboral o no, para proceder con el financiamiento.
En tercer lugar, se comenta que la reforma previsional, recientemente discutida y aprobada, ya realizó un cambio en la composición de la Comisión Técnica. Esto implica que, en el proyecto –la ley de reforma de pensiones, ya casi ley– se reemplaza al representante de las AFP por otro decano de Medicina, nombrado por el Consejo de Rectores. Como consecuencia, esta modificación entrará en vigencia seis meses después de la publicación de dicha ley, quedando conformada la comisión por la superintendente de Pensiones, el presidente de la Comisión Médica Central, el representante de las compañías de seguro y dos decanos de facultades de Medicina.
Por lo tanto, se evidencia que existió una modificación que motivó una discusión al respecto y, por ende, se esperaría una evaluación posterior de cómo funcionó esta nueva constitución.
Un rol dentro del sistema, que es el que expliqué en los casos particulares. Muchas gracias.
Gracias, Superintendenta. Sí, está el diputado Lave y la diputada Sandón. Gracias, Presidente.
Ahora sí, saludo al Ejecutivo, a la Superintendenta. Primero, le pido, Presidente, que, si me permite, el Secretario de la Secretaría haga una evaluación respecto a los topes que pudiera tener este proyecto. Este proyecto, si bien es de hace ya algún tiempo y ya se aprobó la reforma de pensiones, contiene aspectos que han sido modificados; por ende, viene a destiempo en relación con el proyecto que usted presenta por su intermedio, diputada Gael Yeomans, ya que hay partes que se encuentran definidas en una reforma que todavía no se promulga y que, además, deberá entrar en vigencia más adelante.
Quiero que la Secretaría se pronuncie en cuanto a si procede o no continuar con la discusión de este proyecto y, en su defecto, que la diputada Gael Yeomans pueda retirarlo para introducir las modificaciones necesarias y así evitar enredos en la conversación. Si bien la diputada tiene todo el derecho a presentar su moción, considero prudente eliminar aquellos elementos que puedan generar confusión, especialmente a la luz de que, recientemente, he recibido la invitación del Gobierno para la promulgación el día jueves.
Insisto en que no resulta oportuno, diputada Gael Yeomans, mantener este proyecto, que viene de tiempo y en el cual se pudieron haber resuelto gran parte de estos aspectos durante la discusión de la reforma de pensiones, cuestión que lamentablemente no se logró. Uno de los puntos que señaló la Superintendencia es que, efectivamente, se sustituyó al representante de la AFP por otra persona; si bien esto tiene cierta coherencia, no encaja completamente con el proyecto actual, lo que podría complicar y representar un problema para la tramitación de la reforma de pensiones.
Gracias.
Gracias, diputado Lave.
–––
Diputada Jiménez Sondón:
Gracias, gracias, Presidente. Saludo a las autoridades.
A ver, lo que ocurre es que aquí tenemos un texto que, al parecer, está medio desarticulado, pues se suprimió la “C” en un punto y en otro se vuelve a incorporar, generando confusión. Según lo que entiendo, el proyecto aprobado contempla al Superintendente de Pensiones, a un Presidente de la Comisión Médica, a un representante de la compañía de seguros y a dos decanos, y se propone eliminar al representante de la compañía de seguros y a los dos decanos. Surge, entonces, la pregunta: ¿a quién se elimina, si se están proponiendo dos opciones y uno de ellos ya estaba descartado?
Por ello, sostengo que existe un desfase entre lo establecido. En el fondo, se elimina al representante de la Administradora de Fondos y al de la compañía de seguros, pese a que estos temas se han discutido a lo largo de mucho tiempo. Mi pregunta principal es: ¿está esto patrocinado por el Ejecutivo o se apoyará, dado que aún no se ha promulgado la Ley de Pensiones luego de toda la discusión, y ya se pretende cambiar el proyecto antes de su entrada en vigencia? Me gustaría saber, además, con claridad, por qué se están realizando estos cambios y asegurar que no responden a convicciones ideológicas, ya que resulta curioso que se reemplacen tanto al representante de la Administradora de Fondos como al de la compañía de seguros, cuando, por otro lado, intervienen el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social. En esencia, aquí está involucrado el Estado en su totalidad, salvo los dos decanos, quienes quedarían representados como una forma de independencia.
Quisiera, entonces, saber: ¿a qué se debe exactamente este cambio? ¿Qué es lo que incomoda? Tenemos entendido que ya se efectuó un cambio en la reforma de pensiones, por lo que me resulta extraño que estemos viendo una modificación en un proyecto que, como indicó el diputado Presidente por su intermedio, el diputado Lave, se promulgará el jueves, y sin embargo ya se están realizando cambios. Solicito que el Ejecutivo nos aclare si le parece pertinente, en este punto, “ponerle pelo a la sopa” después de todo lo extenso de la reforma de pensiones, y que se programe un cambio que, a mi entender, es claramente ideológico al eliminar justamente a las dos personas que representan a la Administradora de Fondos y a la compañía de seguros.
Pido disculpas por mi franqueza, pero es una inquietud que me surge.
Diputada Gael Yeomans:
Gracias, diputada. Bueno, como hay varias preguntas, entonces le regalo la palabra a la diputada Gael Yeomans. Gracias, presidenta. No, está bien. Si yo no… A ver, no quiero cuestionar tampoco las dudas de los diputados; creo que están bien intencionadas, así que las voy a responder solamente.
En primer lugar, efectivamente, lo que pasa es que el proyecto… son dos proyectos de ley. Entonces, ya lo resolvimos con la Secretaría y mandé el otro boletín para que se pueda resolver eso, ¿ya? Un proyecto de ley efectivamente iba a la composición de la Comisión Técnica de Invalidez, que es la que fija normas. Esa, tal como lo señaló la superintendenta, incluye un cambio que se realiza en la reforma anterior, en donde se reemplaza a uno de los integrantes, cambiando al que era nombrado por la Asociación de AFP. Ese cambio ya está, ¿cierto? Fuera, que era uno de los cambios que se proponía con este proyecto de ley.
El otro cambio corresponde a las compañías aseguradoras, ya que la idea no es llenarlo de personas del Estado, sino que el criterio sea imparcial, puesto que estamos hablando de quién define las normas y, por lo tanto, a qué enfermedad se le entrega cierto grado de pensión. Ese es un proyecto de ley.
El otro proyecto de ley tiene que ver con la integración vertical, un tema que no figura en la reforma ni fue discutido en esa oportunidad. Y, respecto a la integración vertical, que de hecho lo discutimos en la reforma anterior, en el período pasado –que, lamentablemente, de hecho sí se aplicó–, se había recogido alguno de esos aspectos para prohibir la integración vertical. Es decir, que en el caso de que una compañía aseguradora gane la licitación, los miembros de su directorio, obviamente, no podrían tener vínculos con quienes integran la AFP que administran, y ya se ha conversado al respecto, considerando su rol en la definición de las pensiones de invalidez.
Esos son los dos proyectos de ley; al menos son proyectos breves. Bueno, si la Comisión decide, ahí tendrá que verse cómo se tramita, pero esos son los dos proyectos que sacamos en la Comisión Investigadora: dos proyectos que remiten a dos artículos, o sea, no se están haciendo más cambios. Lo expongo solamente para que exista tranquilidad respecto al procedimiento.
En cuanto a la forma, me gustaría también que la secretaria se pronunciara sobre el punto anterior y, además, sobre este otro nuevo punto, porque entiendo, presidente, que hoy estamos citados para discutir el boletín N° 13.851-13, pero no el 13.834. Por ende, me da la impresión de que lo que se busca es fusionar estos dos proyectos o, de alguna manera, combinarlos. Probablemente para ello se requiera una votación, la unanimidad o la participación de los parlamentarios, ya que son dos proyectos y hoy estamos citados para uno. La verdad, creo que el tema se ha enredado. Yo sugiero, y me gustaría saber si el Ejecutivo va a patrocinar este proyecto –como lo expresaba la diputada Osandón– o que la Secretaría se pronuncie sobre cómo procedemos, porque entiendo el querer presentar el proyecto, pero este se encuentra confuso, ya que se mezcla con otro; es algo que se quiere cambiar, pero que ya está medio modificado en una reforma que aún no se promulga. Por lo tanto, considero que, antes de seguir discutiendo el fondo del asunto, sería muy pertinente que, a través de la Secretaría y del Ejecutivo, se esclarezca cómo procedemos, porque estamos entre parlamentarios que hemos seguido la reforma de pensiones que recién se votó y se va a promulgar, y se nos está confundiendo –llegando incluso a que la ministra Jara se confunda el jueves, al tener que promulgar, y luego, ¿qué ocurrirá seis meses después?–. Sugiero, presidente, que ordenemos un poco la discusión.
Presidente:
Gracias, diputado. Dos observaciones sobre su comentario, diputado Lavez. Lo primero es que, sí, yo puedo darle la palabra al secretario, pero creo que en esto no hay un problema reglamentario. Estamos iniciando la discusión en general, por lo tanto, en el momento en que esto pasara, se aprobará en general; luego se discutirán en particular qué artículos son pertinentes de aprobar o no. Es, en esencia, una discusión legislativa, entonces no existe un problema reglamentario; pero, si usted así lo desea, le daremos la palabra al secretario. Y la segunda observación es que, sin perjuicio de consultar la opinión del Ejecutivo,
Ejecutivo, no es un requisito para poder tramitar proyectos en esta comisión ni en ninguna otra, contar con el patrocinio del Ejecutivo. Solamente, para que quienes nos están escuchando, sepan que eso no es una condición para poder discutir proyectos de ley. Entonces, el secretario, si gusta, puede precisar el punto.
Dos cosas. Primero, respecto de la pertinencia de discutir este proyecto, la verdad es que la sala se declaró –la sala, no la Presidencia–; la Presidencia lo declaró inadmisible, pero la sala revocó esa inadmisibilidad y lo declaró admisible. En consecuencia, la Comisión no está en situación de contradecir lo que ya resolvió la sala. Este proyecto es pertinente.
Lo que sí me provoca cierto grado de inquietud, presidente, es que estamos legislando sobre una norma que no tiene existencia legal, ya que recién se promulgará el jueves y se publicará, no sabemos cuándo, mientras que el Ejecutivo tiene un plazo para la publicación. La verdad, si usted me pregunta, es la primera vez que lo veo; pero si la Comisión quiere adelantar esa discusión, lo puede hacer. Sin embargo, a mí, como Secretaría, considero que no se trata de una discusión de carácter reglamentario, puesto que ustedes interpretan el reglamento y definen lo que se hace o no se hace. No es común estar legislando sobre materias de ley que aún no han sido promulgadas ni publicadas.
Y, segundo y tercero, es que la diputada Gael Yeomans se ha referido a dos proyectos, cuando en realidad lo que está en tabla es uno solo. Probablemente hubo una descoordinación entre la diputada y la mesa al poner ambos proyectos, ya que uno de ellos no figura en la tabla. Eso sí es reglamentario, pero, en definitiva, quien tiene la última palabra es usted, presidente.
Gracias, secretario. También, para precisar, la diputada Gael Yeomans ha mencionado otro proyecto vinculado a este. No se está sometiendo a discusión ambos proyectos, porque en tabla hay uno que tiene que ver con la integración de esta comisión. Según lo que entendí de la exposición, existe un aspecto que estaría comprendido dentro de lo ya modificado y otro respecto al cual no se ha hecho modificación y, en consecuencia, se mantiene como ley vigente. Más allá de que, claro, puede no ser algo común, no creo que esa observación abarque o comprenda toda la moción parlamentaria.
Diputado Jordán: Gracias. Brevemente, dos o tres cosas. La primera es que, efectivamente, no veo ningún problema en que podamos iniciar la discusión de este proyecto y, si el presidente lo tiene a bien, establecer una lista de invitados. Quisiera aprovechar para comentar que me reuní, durante la tramitación de la reforma de pensiones, con la Federación de Sindicatos de AFP, quienes realizaron varias observaciones sobre esta materia que no fueron resueltas en la reforma, dado que ésta se abocó principalmente a las pensiones de vejez. Si bien se introdujeron algunas modificaciones al sistema en su conjunto, el grueso del debate no se centró en este tema. Además, durante la tramitación de la reforma se presentó una crisis por falta de pago en las remuneraciones por parte de la fundación que, en última instancia, administra el financiamiento de estas comisiones médicas.
Considero que es pertinente que conversemos estos puntos; no hay prisa. Quizás, eventualmente, el Ejecutivo pueda preparar una observación más detallada respecto de la promulgación de la reforma y señalar qué medidas son realmente oportunas de discutir. A mí me parece que este debate se relaciona en gran medida con el proyecto que sí es del Ejecutivo y que versa sobre la calificación de enfermedades profesionales, puesto que parte del centro de esa discusión es evitar que existan instituciones privadas que, actuando también como jueces y partes, puedan generar conflictos de interés. Finalmente, otro argumento –más allá de lo formal, de que esté o no el proyecto en tabla, como expuso la diputada Gael Yeomans– tiene que ver con prevenir que en circunstancias en que el juez sea parte se genere un interés particular en el resultado final.
Mi última reflexión es que, sin enmarcarlo en términos de ideología, efectivamente tenemos un sistema de pensiones que es 100% privado, por lo que debemos buscar mecanismos para resguardar la integridad y la fiscalización del sistema. Sobre todo en temas tan sensibles, pues diversas organizaciones han denunciado problemas relacionados con casos de enfermos terminales y personas que han perdido la capacidad de trabajar, quienes, a causa de fallas en el sistema, no han recibido la cobertura de seguridad social que les corresponde.
Entonces, presidente, creo que podemos establecer un calendario de audiencias para…