Senado - Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales - 18 de marzo de 2025

Gracias, senadora, por su presentación. Ahora vamos a darle la palabra al senador Boric. Por favor. (pausa de dos segundos) Es un honor para mí poder estar aquí presente en este evento. La sesión en comité, a la espera de la llegada de los demás senadores, pero para poder ganar tiempo, vamos a proceder a conversar de todas maneras los temas. Así que, primero que todo, no puedo iniciar la sesión formalmente porque tengo que tener quórum para aquello, pero espero que los demás senadores de la Comisión lleguen en el minuto adecuado. Mientras tanto...

Demos curso nomás a esta reunión para poder conocer la opinión respecto del proyecto de ley de segundo trámite constitucional sobre administración del borde costero y concesiones marítimas. El boletín es el 8467-12. Quisiera dar la bienvenida al señor Luis Felipe Sepúlveda, asesor legislativo del Ministerio de Bienes Nacionales; también, de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Ex Subsecretaría de Guerra, al señor presidente de esta asociación, don Ricardo Valdés. Bienvenido, don Ricardo. A la secretaria de la misma organización, la señora Rosa Méndez. Bienvenida, señora Rosa. De la Asociación Nacional de Funcionarios de la Ex Subsecretaría de Marina, a su presidente, la señora Erika Cordero. Bienvenida, señora Erika. Muchas gracias por venir a esta sesión. Al señor secretario de la misma organización, don Vicente Ocaranza. Bienvenido, don Vicente. Y de la Asociación Nacional de Empleados Civiles de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a su presidente, la señora Viviana Ambler. Bienvenida, señora Viviana. Asimismo, al vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF, el señor Helmut Kriot. Bienvenido, don Helmut. Bien, vamos entonces a proceder con las presentaciones para ganar tiempo mientras se incorporan los demás senadores. Iniciaremos esto con la Asociación Nacional de Funcionarios de la Ex Subsecretaría de Guerra, con el señor Ricardo Valdés, para que nos cuente su opinión respecto de las indicaciones sustitutivas que ha presentado el Supremo Gobierno en relación con la administración del borde costero y concesiones marítimas. Don Ricardo, tiene usted la palabra. Señor presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, honorable senador, señor Sergio Gómez Salazar, y demás autoridades que integran la presente comisión, en primer lugar quiero agradecer la instancia que se nos ha brindado a las instituciones gremiales para abordar este tema tan complejo, que tiene que ver directamente con los derechos y beneficios de los funcionarios y funcionarias, y para quienes las instituciones gremiales conocen la realidad del ministerio y las problemáticas que nos aquejan. En segundo lugar, señor presidente, tengo cuatro puntos principales, de los cuales me centraré exclusivamente en las disposiciones transitorias, que versan netamente sobre las condiciones mínimas respecto a los funcionarios del Ministerio, en este caso de la Subsidiaria de Fuerzas Armadas del Departamento de Concesiones Marítimas. Voy a citar, primero que todo, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Cito el párrafo que dice: “A contar de la fecha de traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido en pleno derecho en la planta y la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima del personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados y se incrementará en la dotación de la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Conjuntamente con el traspaso del personal, se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.” Ese es el primer punto que cito en el sentido de la disminución de los grados. Nosotros, en el año 2010-2011, trabajamos en el encasillamiento de nuestra planta en el Ministerio de Defensa, en este caso, de la Subsidiaria de Fuerzas Armadas, lo que nos costó mucho como instituciones gremiales lograr esta cantidad de vacantes y grados, que representaban un beneficio para los funcionarios y funcionarias. Este proyecto de ley, primero, nos quita los grados que tiene actualmente la Subsidiaria de Fuerzas Armadas y, no solo eso, sino que también se refiere al presupuesto. Esto me parece paupérrimo, ya que nos quita y coarta la carrera funcional de los funcionarios que permanecemos en el Ministerio. Como segundo punto, en la letra C se expone lo siguiente: se reconoce cualquier diferencia o futuro mejoramiento regulacional que correspondan a los funcionarios, excepto aquellos derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Con respecto a este asunto, es preciso distinguir: se pretende trasladar funcionarios de las dependencias del Departamento de Concesiones a Bienes Nacionales, sin considerar que en esta situación se encuentran tanto funcionarios de planta como contratados. Dentro de estos últimos, hay quienes han sido contratados exclusivamente para desarrollar funciones en el Departamento de Concesiones Marítimas, mientras que otros, aunque llegados como contrata, podrían haber desempeñado su función en cualquier departamento. Por ello, resulta fundamental tener en cuenta esta diferenciación en el análisis de las disposiciones transitorias.

Se ven coartados en su carrera porque, en algunos casos, estaban prestando servicio en el departamento jurídico, que pertenece al departamento de concesiones al departamento y división jurídica, lo cual les trunca la carrera, ya que fueron designados en comisión, por un periodo corto, al departamento de concesiones marítimas y también veían expectativas en su carrera; con ello, el traspaso los coarta. Como tercer punto –y vinculado al anterior–, respecto a las planillas suplementarias: hemos vivido algunos traspasos de otros funcionarios en el pasado y, según se indica, en el proyecto de ley se contemplarán planillas suplementarias, pero sin posibilidad de ascenso. Hemos observado que han quedado estancados, lo que nuevamente trunca su carrera y perpetúa la situación en aquellos que fueron designados o, en este caso, traspasados por este proyecto de ley. Como cuarto punto, nosotros, como funcionarios en el Ministerio de Defensa, subsidiario de la Fuerza Armada, contamos con beneficios adquiridos (como estacionamiento y la flexibilidad horaria, entre otros), de los cuales debemos estar agradecidos. No obstante, sabemos que el Ministerio de Bienes Nacionales no posee esos beneficios y tampoco tenemos la certeza de que los mantendrá, lo que representaría un retroceso para estos funcionarios traspasados. Y, por último, tocaré un punto que tiene que ver con el factor humano. Hemos hablado de números y, en la mesa con la autoridad, el subsecretario y sus asesores, se destacó que no estamos traspasando bienes muebles, sino funcionarios, quienes enfrentan problemáticas significativas y padecen enfermedades. A modo de ejemplo, tengo una funcionaria cuyos hijos tienen TEA y en otro caso se trata de un funcionario con problemas de morbilidad y complicaciones tras una operación de brazo; a ella se le programó un horario que le permitía contar con, por ejemplo, el beneficio de transporte para trasladar a su hijo y llegar a su trabajo. Por lo tanto, el cambio sería nefasto para esta funcionaria. Apelamos al lado humano de ustedes para que apoyen la problemática que presenta el proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Muchas gracias a don Ricardo. Bueno, ya con la llegada del senador Provence completamos quórum, así que, por favor, en nombre de Dios y la patria, abrimos la sesión. Bien, señores senadores, bienvenidos. Don Rafael y don Francisco, como dijimos al principio, estábamos convocados hoy para escuchar a las asociaciones gremiales y de funcionarios de las distintas ramas que componen la Subsecretaría de la Fuerza Armada. Habíamos conformado un comité a la espera de estar todos juntos; así, ya ha iniciado la intervención de la primera asociación, que es la Asociación de Funcionarios de la Ex-Subsecretaría de Guerra, y don Ricardo Valdés expuso los temas que ustedes han escuchado. Procederemos ahora con la exposición de la metodología: en primer lugar intervendrán las asociaciones; luego, se dará la palabra al Ejecutivo para que pueda explicar lo planteado por las asociaciones; y posteriormente, los senadores realizarán las preguntas respectivas tanto al representante del Ejecutivo como a las asociaciones de funcionarios, según se estime pertinente. Le damos la palabra a la señora Erika Cordero, de la Asociación de Funcionarios de la Ex-Subsecretaría de Marina. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a los honorables senadores que integran la comisión, así como a los invitados. Señor presidente, primero que todo quiero hacer un reconocimiento y, a la vez, una reflexión sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras que se desempeñan en el Departamento de Asuntos Marítimos. Actualmente, contamos con una dotación de 56 personas, de las cuales 22 se encuentran en calidad de honorarios, 24 como contratados, 4 son de apoyo de la Armada, 4 funcionarios de planta, y además se unen 2 alumnos en práctica. Estas personas se encuentran distribuidas en las diferentes funciones del área marítima, acuicultura y la secretaría, y participan en estudios, análisis costeros, y en la planificación territorial.

Existe mucha incertidumbre y preocupación por el avance y el destino final del Proyecto de Administración del Borde Costero, que continúa hoy en discusión. A pesar de esta incertidumbre, los y las trabajadoras han cumplido cabalmente con cada una de las estrategias de las metas impuestas por el servicio e institucionalmente, además. Siendo que no existen derechos igualitarios para todos, pues la mayoría que completa la tramitación de las concesiones lo hace en calidad de honorarios, existe una precariedad en este sentido. Sabemos que la ley contempla 80 funcionarios para ser traspasados, cantidad que en la actualidad no se alcanza a reunir. Tampoco existe claridad en la continuidad de las planillas complementarias; ¿cómo será esto abordado en la nueva ley del proyecto? Dicho esto, como gremio consideramos que el Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, que contempla el traslado de los y las trabajadoras que hoy se desempeñan, no ha considerado la cantidad de trabajadores y trabajadoras que serán trasladados, al mencionarse una cantidad de 80 personas. No obstante, hoy en día solo el Departamento de Asuntos Marítimos cuenta con una dotación de 56, considerando que la mayoría está por convenio a honorarios y desconociendo la continuidad si el Ministerio de Bienes Nacionales acoge dichos convenios o qué pasará con estos empleados. También, en esta calidad de honorario se pierde la especialización, la experiencia y la práctica, al no existir valoración y reconocimiento, aspectos que el proyecto de ley no contempla. Si los trabajadores y las trabajadoras no son mejorados, incentivados y se les asignan recursos remuneratorios y estructurales, no se vislumbra un futuro en el que dicho proyecto de ley, de concretarse y aprobarse, logre las expectativas señaladas. Por el contrario, será un retroceso aún mayor en las tramitaciones, impactando notablemente en la inversión, el trabajo y el retorno al Estado. Señor Presidente, como gremio nos oponemos a dicho proyecto por las siguientes consideraciones: falta de certeza en la estabilidad laboral de los y las trabajadoras; ausencia de claridad en cuanto a infraestructura, espacio, beneficios, reconocimiento laboral, remuneratorio y profesional; incertidumbre respecto a la carrera funcionaria; y la afectación a los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, situación que repercutirá en los compañeros que, regidos por planta y carrera, laboran en ese ministerio. Durante la tramitación del proyecto nos reunimos en algunas ocasiones con los jefes y asesores de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, quienes expusieron párrafos de los proyectos de ley que salvaguardaban los derechos y la continuidad de los trabajadores al ser traspasados al Ministerio de Bienes Nacionales, así como las condiciones laborales que tendrían al aprobarse y promulgarse el proyecto de ley de administración del borde costero. Sin embargo, para avanzar en la tramitación, este asunto fue trasladado al Ministerio de Hacienda, y se excluyeron, en este sentido, las competencias y la continuidad que corresponden a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, lo que impidió continuar con nuevas reuniones al respecto. En lo que respecta a los plazos de tramitación de las concesiones marítimas, resulta una falacia sostener que con el solo cambio de dependencia de este Ministerio de Defensa a Bienes Nacionales se agilizarán las tramitaciones. En los últimos dos años, sin cambiar de dependencia, las tramitaciones de concesiones y acuícolas se han agilizado sustancialmente, gracias en conjunto a los y las trabajadoras y a las mejoras de procesos implementadas por la Subsecretaría, que incluyeron la optimización del flujo de trabajo, la coordinación con otros servicios, la reasignación de tareas en el ministerio y la consolidación del trabajo a través de convenios con los Ministerios de Hacienda, Economía y Energía, así como con la FAO de las Naciones Unidas, sumado a la modernización de los equipos de análisis y la disminución del stock de solicitudes acumuladas.

Si se mantiene la tendencia, durante este año se alcanzará un nivel de producción histórica en cuanto a las tramitaciones de las concesiones marítimas. La decisión del Ejecutivo de trasladar las competencias de la Administración de la Zona Costera y el Mar al Ministerio de Bienes Nacionales resulta, además, señor Presidente, incoherente por sus propias decisiones anteriores. En efecto, en el año 2022 el Ejecutivo dispuso la actualización de la Política Nacional del Uso del Borde Costero y la formulación de una Política Nacional de Gestión de la Zona Costera, proceso actualmente en curso y que ha sido patrocinado por FAO de las Naciones Unidas. Asimismo, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante Decreto Supremo 342 del 23 de diciembre del año 2024, aprobó el Plan Sectorial de Adaptación en Zona Costera, en el que se han comprometido medidas de gestión ante riesgos derivados del cambio climático y ante el riesgo de desastres. A modo de ejemplo, basta señalar que solo una de las medidas propuestas es la elaboración de mapas de amenaza de inundación por marejadas a cargo del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile. En caso de traspaso de las atribuciones de la gestión marino-costera al Ministerio de Bienes Nacionales, dicho ministerio carece de las competencias técnicas y de los recursos necesarios, lo que redundará en el abandono del mar y de sus costas. Finalmente, y no por ser menos importante, hoy se encuentra en proceso el concurso de la Jefatura de Asuntos Marítimos. Este proceso marcará notablemente un cambio en las tramitaciones de las concesiones marítimas y es una decisión que tomará la señora Ministra de Defensa, quien esperamos que designe a un personal idóneo con estrategias para reducir los tiempos de tramitación de las concesiones marítimas, ya que este ha sido el argumento principal para el traslado de las concesiones: el tiempo y la demora de su tramitación. Señor Presidente, por su intermedio, quiero pedir también autorización para que el abogado Vicente Ocaranza, de la Asociación, pueda complementar brevemente la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Erika. Don Vicente, por favor, adelante. Buenas tardes. Me llamo Vicente Ocaranza, soy secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Ex Subsecretaría de Marina, soy abogado y magíster en regulación. Para complementar lo que está exponiendo recientemente Erika, resulta importante también exponer ciertos aspectos que son críticos, a nuestro parecer, respecto al contenido del proyecto de ley. En ese sentido, es necesario contextualizar cuál es el contexto o qué es lo que está ocurriendo con las concesiones a nivel nacional. La prensa escrita ha publicado varios titulares en este último tiempo que dicen relación con las distintas problemáticas que tiene la Administración del Borde Costero. En ese sentido, resulta importante hacernos una pregunta que es básica y que dice relación con si el proyecto de ley o sus indicaciones dan respuesta o solución a los problemas existentes, o si se trata de un proyecto que mejora el funcionamiento y la tramitación de las concesiones en general. En ese sentido, resulta importante, primero que todo, hacer referencia a la constitucionalidad de las indicaciones. Lo que acaba de presentar el Ejecutivo es un proyecto que es distinto al original y que, más allá del nombre, dice relación con el traslado del sistema de concesiones y no una administración global del Borde Costero o de la zona costera. Entonces, en ese sentido,

Como tal, hay que abordarlo. En ese sentido, cabe recalcar que el proyecto de ley solo pretende trasladar las concesiones, pero hay otras materias que van a quedar de igual forma en el Ministerio de Defensa, a cargo de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y, en particular, el Departamento de Asuntos Marítimos, que dice en relación con la Política Nacional de Uso Bordecostero, la Comisión Nacional de Uso Bordecostero, las CRUP, la zonificación, los procesos de zonificación y los otros instrumentos de planificación territorial, como también el plan de adaptación al cambio climático. Y lo más importante, la posibilidad de fiscalización de toda esta zona costera. En ese sentido, este proyecto traslada las concesiones, pero, lamentablemente, Bienes Nacionales no tiene la capacidad técnica para poder llevar a cabo una fiscalización adecuada, por lo que se adopta una fórmula, a mi entender, que estaría habilitando la fiscalización por intermedio del Ministerio de Defensa, permitiendo utilizar todos los recursos humanos y técnicos que dispone la Armada de Chile para fiscalizar la zona costera. Así, el Departamento de Asuntos Marítimos del Ministerio de Defensa Nacional deberá coordinar y contar con una dotación mínima básica para cumplir con esta labor. A ello se suma que el proyecto dispone el traslado de 80 funcionarios. Como decía Erika, está compuesto entre honorarios, plantas y, principalmente, contratados, lo que implica la seria posibilidad de que no solo sean trasladados funcionarios de ese departamento, sino también del Ministerio de Defensa y de todas las reparticiones que están ligadas a este ministerio; es plenamente posible que funcionarios de las Capitanías de Puerto, por ejemplo, sean trasladados para cumplir con este rol. En cuanto al contenido del proyecto, se establece un procedimiento prácticamente idéntico al reglamento actual de concesiones marítimas, pero el problema es que lo están elevando a rango legal. ¿Eso qué significa? Que ya no se podrá modificar mediante la facultad o potestad reglamentaria que tiene el Ministerio de Defensa, sino que además tendría que tramitarse por intermedio del Congreso Nacional, lo que obstaculizará cualquier modificación futura. En ese sentido, existe un problema de técnica legislativa y sería importante promover que el procedimiento propiamente tal sea regulado a través de un reglamento que permita ahondar en estas cuestiones. Además, se están incorporando nuevas categorías de concesiones, destinaciones y permisos. Hay una figura que no se entiende muy bien, relacionada con las reservas de espacios costeros para fines científicos, ya que no queda establecido el plazo ni la duración de dicha reserva, por lo que requiere ser revisada en profundidad. Otro aspecto importante es que, según lo propuesto en las indicaciones, las concesiones tendrían una duración máxima de 50 años sin posibilidad de renovación. Esto afecta no solo la inversión o proyección de las concesiones marítimas mayores, sino también una figura muy importante: los espacios marinos costeros para los pueblos originarios, cuyas destinaciones para uso consuetudinario durarían únicamente 50 años. Por otro lado, es necesario revisar el sistema de tarifas, rentas y pagos por concepto de las concesiones, ya que no existe una solución ni tratamiento para las zonas costeras que podrían estar destinadas a puertos o industrias, —los mal llamados NIMBYs, es decir, las zonas de sacrificio—. ¿De qué forma se llevará a cabo una inversión en el país si no se puede contar con este tipo de espacios? Tampoco se aborda el problema de las ocupaciones ilegales, más conocidas como las tomas VIP, que se extienden a lo largo del país. En ese sentido, creo que es necesario que se formule una propuesta en la cual el procedimiento o las indicaciones sean revisadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

Sería bueno que esa entidad pueda revisar si efectivamente este proyecto, estas indicaciones, mejorarían o no, o agilizarían la tramitación de las concesiones. En cuanto a las conclusiones, creo que he mencionado que, en lo referente a las materias, no se está trasladando el 100% de las materias de administración del Borde Costero. Es importante recalcar que no se trata de una ley de administración de zonas costeras, sino de la administración de un sistema de concesiones, y hay que abordarlo de esa forma. Por otro lado, se está dejando sin efecto la actual ley de concesiones; por lo tanto, esta viene a reemplazar el decreto ley 340 y, en ese sentido, es una nueva ley que debe ser estudiada en profundidad. En suma, creemos que, al igual que la opinión de la SOFOFA que expuso la semana pasada, este proyecto de ley, lo original, tanto como las indicaciones, no vienen a resolver los problemas del Borde Costero. Se están incorporando nuevos elementos que harán la tramitación más burocrática, por lo que se hace necesaria una revisión exhaustiva de cada uno de los contenidos del proyecto de ley, los cuales deben ser complementados en ese sentido. Así que, en ese sentido, muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, don Vicente. Procedemos entonces, a continuación, a escuchar a la Asociación Nacional de Empleados Civiles de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en voz de su presidenta, la señora Viviana Ambler. Señora Viviana, por favor, tiene la palabra. Disculpe, honorable presidente, honorable senadora, si me lo permite, quiero darle la palabra al vicepresidente. Nuestro presidente, José Pérez de Vélez, se encuentra en Valdivia, así que él va a dar el inicio y continúo yo. Muchas gracias, presidente. Perfecto, alteramos entonces el orden de las presentaciones. Señor vicepresidente, don Helmut, proceda nomás con la palabra. Sí, muy sucintamente: De lo que han expuesto las demás asociaciones, podemos colegir desde ya el primer problema: la desprolijidad de este proyecto de ley, pues posee un pecado original que no es posible borrar. Cuando concebimos la administración del Borde Costero, su ecosistema, la imbricación con el cambio climático y una serie de problemas muy complejos, y separamos, como si se tratase de un rompecabezas, la facultad de las concesiones marítimas —que están tan imbricadas con el resto del sistema—, estamos cometiendo un error, y ese error es comprensible. Esta es la reedición de un proyecto de ley anterior, de 1912, según entiendo, que tampoco contó con la participación de los funcionarios y funcionarias que, técnicamente, han trabajado durante tanto tiempo y de manera imbricada con lo que es la administración del Borde Costero. Ese problema es insalvable, pues una visión integral del fenómeno no permite que, simplemente por un pacto fiscal o por lo que sea, intervengamos en un proceso complejo. Creo que esto, evidentemente, debe ser mejor estudiado, porque la administración del Borde Costero es un sistema complejo que no admite estas parcelaciones, especialmente cuando se trata del traspaso de plantas de funcionarios, en el que coexisten, desgraciadamente —tal como lo establece nuestro Estatuto Administrativo— distintos tipos de contrataciones, y el 50% incluso de los funcionarios y funcionarias que están trabajando en este sistema son honorarios. Por lo tanto, el primer problema insalvable, el original, es la desprolijidad de tratar de extraer de un sistema complejo una sola facultad, que es la de la administración de las concesiones marítimas. Y aquí, en el desarrollo de su trabajo, vamos a poder visualizar esto con mayor claridad. Muchas gracias, don Helmut. Entonces, ahora sí, señora Viviana, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.

Honorables senadores. Bueno, ya nosotros habíamos estado en los pasillos repartiendo nuestra minuta; no me quiero extender mucho. Efectivamente, complemento lo que ha dicho el presidente Ricardo y la presidenta Erika. No es casualidad que los tres gremios de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas estemos hoy sentados aquí negándonos a este proyecto en concreto. Por tanto, solamente voy a complementar lo ya expuesto. Ricardo lo ha expresado de manera muy vehemente. Efectivamente, nuestro primer mandato como representantes de esos hombres y mujeres que cumplen su función diaria con amor al Estado es fundamental; no estamos aquí únicamente por la precariedad del empleo y, por supuesto, los derechos laborales, sino también por el interés en nuestros deberes. Este proyecto, que nace o se reactiva en este gobierno como parte del pacto fiscal, es débil, tiene poca sinergia con otros proyectos adyacentes al borde costero y adopta una mirada muy precaria e individualista sobre una cuestión de orden sistémico. Coincidimos con los otros dos gremios en que va a precarizar el empleo y, además, generará un mayor nudo crítico al integrar otro actor relevante: el Ministerio de Bienes Nacionales, que hoy no tiene capacidades para absorber esta gestión, toda vez que hay muchas gestiones adyacentes a la concesión marítima, actualmente a cargo de la Armada de Chile, sin que exista una modificación legal que permita algo distinto. Así, lo que hoy se ejecuta –como ya lo indicó el abogado de una de las asociaciones–, de lo realizado en Defensa, solo una parte pequeña se traspasaría a Bienes Nacionales, por lo que Defensa seguirá siendo un actor relevante. Asimismo, debemos destacar que estas personas, que ya enfrentan precariedad tecnológica –pues las personas honorarias y contratadas están haciendo lo que pueden con lo que tienen–, trabajan con sistemas deficiente. No se ha mencionado que, en el año 2022, se tramitaron 335 expedientes, mientras que para el año 2024 esa cifra se elevaría a 1.557. De igual forma, en el tema de acuicultura, se pasó de 437 expedientes en el periodo 2020–2022 a 721. Por tanto, tomar la decisión hoy no resulta prudente y, como ya lo manifestaron los presidentes, nosotros no somos bienes muebles, somos personas. No solo abogamos por nuestros derechos, sino que exigimos que el Estado de Chile cumpla su mandato, especialmente en lo referente a la seguridad nacional y a la administración integral de su guardia costera, función que hoy recae en el ministerio correspondiente y que los tres gremios esperamos se mantenga. Solo para complementar y comenzar, pasaré algunas láminas para no repetir lo ya expuesto por el presidente y la presidenta. Me parece sorpresivo, siendo una dirigente sindical con 26 años de experiencia en el sindicalismo y 32 años de carrera en el Ministerio de Defensa, que se entienda que estamos recién vinculados al mundo de la defensa nacional; yo, que soy jefa de departamento y en mi área se tratan temas de cambio climático, me enorgullece además que la ANEF haya alcanzado el tercer nivel jerárquico en la carrera. Me llama poderosamente la atención que ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Bienes Nacionales hayan convocado a los trabajadores y a sus representantes que han cumplido esa función en específico. He constatado con sorpresa las intervenciones de la Ministra de Bienes Nacionales, las cuales contenían bastantes imprecisiones; de haber podido participar, habríamos colaborado constructivamente para evitar tales errores. Estamos plenamente disponibles, señores y señoras asesoras. Dicho esto, complementando lo ya expuesto por los colegas, les presento esta exposición. Sé que los honorables senadores lo compartirán con sus asesores jurídicos. En la presentación, lo marcado en rojo –como indicó una de las asociaciones– corresponde a las labores que se asignarían a Defensa. Me cuesta entender que se asignen 52 trabajadores cuando, por ejemplo, faltan los de FL1, el alumno en práctica, y se pretenda que 80 personas cumplan esa función en Bienes Nacionales, cuando ni siquiera nosotros contamos con 80 colaboradores. ¿Por qué, entonces, el Estado no puede, a partir de los 56 que tenemos, llegar a 80 y cumplir la función en el lugar previsto? Además, tenemos carencias tecnológicas: las planillas utilizadas para estas tramitaciones son de autoría de los propios trabajadores y, todavía, se operan con planillas dinámicas de Excel, ya que no existen sistemas automatizados. Es, por tanto, importante relevar esta deficiencia tecnológica en la que laboran esos hombres y mujeres. El origen del proyecto, como se señaló más desde la perspectiva comunicacional, también merece ser destacado.