Se abre la sesión. Señor Secretario, por favor, dé lectura a la cuenta. Ya es 17:07. Hemos recibido un oficio de Su Excelencia, Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Decreto Supremo 900.1996, Ley de Concesiones de Obras Públicas, para obligar a las concesionarias viales a adoptar medidas de seguridad. Oficio de Su Excelencia, Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Oficio de Su Excelencia, Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que propicie la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública, mediante las modificaciones de las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal. Oficio del Ministro del Interior y Seguridad Pública, excusando su asistencia a la sesión de hoy debido al cumplimiento de compromisos previamente agendados, informa que es un reemplazo debido a la relevancia de la iniciativa que se tramita en el seno de la Comisión. Respalda el señor Tomás Humud, junto al señor Claudio Rodríguez Romo y el director de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, don Juan Manuel Sánchez. Reemplazo del diputado, es decir, viene don Rubén Oyarzo en reemplazo de don Andrés Joanet, y en definitiva y finalmente, señora Presidenta, el pareo acordado entre don Diego Charper y la diputada doña Lorena Frías. Muchas gracias, señor Secretario. ¿Alguna palabra sobre la cuenta?
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta.
Entonces, le voy a pedir, por favor, a los señores del Ministerio del Interior, que se sienten a la mesa. Nosotros tenemos en esta sesión por objeto, en el punto 1, iniciar la votación en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros, que está con urgencia calificada de suma. Por lo tanto, no podemos no votar.
¿Usted dijo que no íbamos a tramitar el proyecto cuando no viniera el Ejecutivo? Pero el Ejecutivo está presente. No está el Ministro, pero está el Ejecutivo presente, y además está el director de concesiones presente. Por lo tanto, no se trata de que yo diga o no diga, se trata de que efectivamente están presentes. El ministro no ha venido, pero... No, no, no, no, eso no... No me interprete, mi querida colega. Exactamente, ha cambiado su cargo últimamente.
Entonces, vamos a partir con el punto 1. Y, por lo tanto, tendríamos que tener comparado. Yo lo tengo muy lejos, mi querido secretario. Todos ustedes tienen, pongamos un poquito de atención, en sus manos el comparado del proyecto de ley que estamos hablando, que es el Boletín 16703-25, que es el de exhibir la cédula de identidad. Entonces, señor Secretario, le voy a pedir, por favor, que vaya dando lectura para que vayamos votando; es un proyecto muy corto, así que deberíamos sacarlo bastante rápido. No sé si el Ejecutivo tiene alguna opinión que dar antes de, o partimos directamente viendo las indicaciones y votando. Yo creo que, de hecho, sí, porque en el artículo número 1 hay una indicación del Ejecutivo que es sustitutiva de los incisos primero, segundo y tercero del artículo.
Primero, señor secretario, déme un segundo que estoy poniéndolo en reemplazo. Me parece. Ya, ahí lo tengo. Démosle nomás, entonces.
Señora Presidenta, entiendo yo de las conversaciones previas que he sostenido con representantes del Ejecutivo que, respecto a este proyecto, efectivamente existe interés de avanzar y, al menos respecto al segundo, me desmiente don Tomás, al menos de presentar las indicaciones o las tendencias que debería tener ese proyecto.
Dicho eso, señora Presidenta, hay una indicación del Ejecutivo en la página 1, en la columna de mano derecha, para reemplazar los incisos primero, segundo y tercero del artículo primero por los siguientes.
Artículo primero. En la venta de pasaje o boleto, las empresas de servicio interurbano de transporte público pasajero deberán confeccionar una nómina con la identidad de todas las personas que transportan, la que deberá incluir su nombre completo, número o rol de identificación.
Señor secretario, esperemos un poquitito. Yo le voy a pedir, por favor, que tratemos de escuchar al señor secretario, porque él está dando lectura y me parece mínimo de respeto poner la atención. Gracias.
Y otro requerimiento que disponga el Decreto de Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.290 de Tránsito. Para la confección de la nómina de pasajeros dispuesta en el inciso precedente, las empresas deberán exigir la exhibición de un documento de identidad de la persona antes de abordar el bus. La identidad de todo pasajero que se incorpore a bordo en algún punto intermedio entre la ciudad de inicio y la de destino del servicio deberá ser verificada de conformidad con el inciso anterior e incluida en la nómina.
Terminada la lectura de la primera indicación. Perfecto, señor secretario. Entonces, esta es la indicación, en el artículo 1, para reemplazar los incisos 1, 2 y 3. ¿No es verdad? Así es. Ok. ¿Alguna opinión del Ejecutivo respecto a esto, por favor?
Ahí sí. Señora Presidenta, el Ejecutivo, así como la señora Subsecretaria de Prevención del Delito, dio a conocer estas indicaciones. La primera indicación modifica los tres primeros incisos. La primera indicación busca reemplazar la obligación de crear, implementar, mantener y administrar un registro por la obligación de confeccionar una nómina con la identidad de las personas que transportan. Esta indicación guarda relación con el proyecto de ley que el año pasado el Congreso aprobó y que establecía la obligación de crear un registro de pasajeros en el transporte aéreo. Así que está en esa misma línea y, con esto, se evita que nosotros le estemos obligando a la industria a crear un solo registro, ya que aquí se van a crear nóminas. Así, es una obligación de menor intensidad y eso haría practicable, naturalmente, este proyecto con mayor prostitución.
Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Longton y, después, al diputado Alessandri.
Gracias, Presidenta. Algunas dudas. Primero, ¿cuál es el método de comprobación de la identidad? Es decir, ¿basta con entregar un carnet, mostrarlo, exhibirlo? ¿Cómo comprueban que esa persona efectivamente es la que dice ser? ¿O es solamente una formalidad? Porque, si se reduce a una formalidad, no se está cumpliendo con el fin último, que es precisamente mejorar la persecución, eventualmente penal, de una persona que quizás está transportando algún elemento ilegal.
Y, lo otro que recién lo señaló el diputado Schalper: ¿esto es para todos los transportes interurbanos? ¿Para todos? Es decir, ¿todos tienen esta obligación? ¿Qué capacidad hay de poder implementarlo para todos los transportes de empresas de servicios interurbanos? Claro, quisiera saber el detalle para ver a quién van a ser los sujetos obligados por esta norma.
Diputado Alessandri me había pedido la palabra. Presidenta, preguntarle al asesor del Ejecutivo cuál es la diferencia entre nómina y listado. Él decía que hacer una nómina es más simple. Después, respecto a los transportes interurbanos, especialmente en provincias, donde el bus va tomando pasajeros en el camino, ¿eso va a significar que el bus va a tener que tener elementos? Porque me imagino que no los van a anotar a mano, ¿no?
A propósito del lamentable asesinato en Granero, como esta es la Comisión de Seguridad, aprovecho de comentar el relato de los Carabineros es que…
A la persona y se demora una hora el carro en encontrar el lugar porque eran parcelas y las calles no estaban señalizadas. ¿Cómo es posible que el 133 no tenga georreferenciación de la llamada y que la patrulla que se despacha… exacto, esa grabación es muy impactante de Luxinger Macay, donde le van explicando que la patrulla que se despacha no tiene una ubicación que sigue por una aplicación? Debería llegar… en fin, pero ese es otro tema.
En este proyecto me interesa saber, ¿se va a exigir elementos tecnológicos en el bus para cuando el bus interurbano va recogiendo pasajeros? ¿Va a ser por biometría? ¿Va a ser por huella? ¿Va a ser con el QR del carné de identidad? ¿Qué pasa con los extranjeros que muchas veces no pueden estar dos años sin carné de identidad? ¿O, de frente, con los ilegales? ¿Cómo se van a identificar los ilegales? Y ojalá esto sirviera para que personas indocumentadas o extranjeros ilegales se pudieran ir traspasando a esta base de datos de personas que usan el transporte urbano. Yo creo que es una muy buena idea, solo tenemos que redactarlo bien para que sea útil, para que nos sirva para encontrar delincuentes y para que desincentive que el delincuente, ya sea chileno o extranjero, se suba a un bus interurbano.
Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Chalper.
Muy buenos días, Presidenta. Saludo, por supuesto, a las autoridades de gobierno que nos acompañan. Yo, bueno, la verdad es que se ha dicho casi todo. Solo quisiera saber si la definición de la expresión Empresa de Servicio Interurbano de Transporte Público consta en algún texto legal o está más bien en una normativa secundaria, lo cual podría ser importante. La verdad que lo desconozco, así que lo pregunto de buena fe, y me sumo mucho a lo que ha dicho el diputado Alessandri. No sé cómo redactarlo, ni tampoco si tiene que estar en la ley o en la regulación secundaria, pero nosotros, de ahora en adelante, debemos exigírnos como estándar que todo tipo de identificación de este tipo sea, más o menos, interoperable en el sentido de que haya nóminas oficiales a nivel nacional. Porque, si no, va a empezar a ocurrir una vez más que cada compañía tenga su propio listado computacional, y nosotros tenemos que exigir la estandarización de esos datos. Permítame una frase muy breve: si usted mira hoy en día en el mundo, esta cuestión debiese tender a funcionar con una aplicación en los servicios de telefonía móvil y, además, se debiera contar con una especie de registro, ya no manejado por las compañías, sino por la Subsecretaría de Transporte. O sea, que en el fondo haya algo así como centralizado. Porque, en el fondo, si esa compañía no tiene al día en su software el registro de prófugos, por más que haga eso, la verdad es que no van a detener a nadie. Entonces, no podemos depender de que cada compañía tenga que estar actualizando el registro de prófugos. ¿Cómo lograr que esto quede redactado de manera tal que efectivamente tengamos algo centralizado en el buen sentido de la palabra? Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chal.
¿Algún otro diputado tiene…? ¿Diputado Alessandri? Se mencionó el tema de las líneas aéreas también. Hoy en día existe la capacidad de las líneas aéreas ante un secuestro, ante una persona que se está arrancando por estar siendo imputada en un juicio. Existe la posibilidad de que alerten al fiscal, a la PDI, y eso lo hemos visto en los diarios con distintas personas. Entonces, si este sistema logra digitalizar los nombres, tiene que ser antes de que se suban al bus. No sirve si es 48 horas después, porque la persona va a haber arrancado o el violador se va a haber escondido. Entonces, esto debe ir acompañado de una aplicación de tecnología, de inteligencia artificial, y nuestra labor desde el Congreso es fijar un estándar, un estándar que pueda cumplir la gran empresa TurBus y también la pequeña interurbana, con una aplicación, con un QR, pero siempre a disposición de los policías y a la Fiscalía cuando lo requiera, en tiempo real. No nos sirve saber dos semanas después que el asesino viajó en un bus. Gracias, muchas gracias, diputado Alexander.
Bueno, efectivamente concuerdo con lo planteado por los diputados que me antecedieron y me preocupa lo siguiente. Efectivamente, acá el pasaporte va a servir en vez de la cédula de identidad en el caso de que alguna persona ande con su pasaporte y no con la cédula; primera pregunta, porque eso no dice nada. Segundo, en el caso de los transportes interurbanos, normalmente paran en el camino. No es como que salieron de un terminal como los aviones y llegaron; no, van parando en el camino. ¿Cómo se va a hacer con las personas que se van subiendo o pretendiendo subir al bus entre medio, en términos de que efectivamente esto sirva, si hay una persona que pretende subir sin…
Seguridad y cédula de identidad: se ve que es falsa, o la persona es un extranjero que no tiene cédula de identidad, bueno, ¿a quién se le va a avisar? ¿Qué continuidad va a tener? Porque, de alguna manera, estamos tratando de hacer legislación en todo sentido que también sirva para controlar el crimen organizado. No sacamos nada haciendo legislación suelta; todo tiene que propender a un mismo fin, que es bajar la delincuencia y controlar el crimen organizado. Por algo esta es la Comisión de Seguridad Ciudadana y no la Comisión de Transporte.
Entonces, si estamos legislando y tenemos elementos de seguridad, como el control de los pasajeros en los buses, tal como fue, en su minuto, en los aviones, es para tener mayor seguridad. ¿De qué manera esto puede ayudar? ¿Con qué redacción se logre una mayor seguridad? Y también me gustaría escuchar al señor Juan Manuel Sánchez, que es el director de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, porque yo creo que, tal como dijo el diputado Longton, a mí me encanta la palabra interoperatividad, inter, etcétera, y, por lo tanto, creo que sería importante saber de qué manera esto interopera. Pero primero le voy a dar la palabra al diputado Leal, que me la ha solicitado, y después al señor Sánchez, por favor.
Presidenta, yo leo la indicación y me da la impresión de que acá está pensado un registro manual. Porque si leo el inciso final de la primera página, dice: “la identidad de todo pasajero que se incorpore a bordo en algún punto intermedio, cuando el bus paró, deberá ser verificada de conformidad con el inciso anterior e incluida en la nómina”. Y el inciso anterior dice que, para la confección de la nómina de pasajeros dispuestos en el inciso presente, la empresa deberá exigir la exhibición de un documento de identidad. O sea, aquí se dice que será manual y que, cuando alguien se suba, lo van a agregar a la nómina. Eso es lo que entiendo. Si se quiere preguntar si eso es así o no, señor Sánchez, por favor, y después le vamos a dar la palabra al Ministerio del Interior nuevamente.
Bueno, saludo cordialmente, Presidenta, a usted y a los parlamentarios presentes en esta comisión, y reconozco la importancia que tiene para el país. La verdad es que entendíamos estar citados a propósito del Boletín 15.073, que es el que viene a continuación, respecto al tema de la seguridad de la autopista; sin embargo, respondiendo a su pregunta y también haciéndome partícipe del concepto de interoperabilidad, solo adelanto que, en lo que compete a las autopistas y carreteras del país, el proyecto plantea una coordinación entre distintas bases de datos en forma online y permanente. Hay mucha información que se está recabando en las autopistas y, hoy día, ya existe un piloto con el CITIA, este sitio que se conformó para poder integrar toda esta información, y que ya está operando en una de las autopistas urbanas de Santiago. Y esperamos, en el corto plazo, incorporar toda la red vial concesionada que cuenta con dispositivos de detección de patentes y, por lo tanto, asociadas al cobro del TAC. Si quiere, profundizo eso en cuanto termine esta discusión y volvemos, porque tengo una presentación al respecto. Muchas gracias.
Señor Sánchez, le damos la palabra a Claudio Rodríguez del Ministerio del Interior entonces, porque, a la vista del proyecto original, el artículo 1, con los tres incisos originales, comparado con la indicación, al menos en el proyecto original, efectivamente, en el primer inciso se hablaba de administrar un recurso interoperable en tiempo real de los pasajeros que trasladan, y eso me parece un poquito más acucioso que simplemente un listado manual.
Diputado Orsini: Sí, Presidenta, respecto a lo que usted acaba de señalar, mi sensación es que la indicación del Ejecutivo nos hace cargo justamente de lo que era el corazón del proyecto original, que era tener en tiempo real la ubicación de personas que se están buscando o persiguiendo por algún delito, y lo reemplaza por una nómina que yo entiendo que, hoy día, cuando uno va a comprar un pasaje, debe exhibir la cédula de identidad. En la práctica, esto servirá para que fiscales puedan oficiar a las compañías; corríjame si me equivoco, por favor, Ejecutivo.
va a tener que oficiar al bus respectivo, a la empresa respectiva, para saber si determinada persona ha ocupado el servicio de transporte público porque se está buscando. Entonces, va a ser la policía o la fiscalía las que activamente tendrán que ir a buscar y no al revés, como yo esperaría que fuera, que si hay una alerta en algún medio de transporte público, que eso pueda llegar de inmediato a fiscalía y a policía, porque de nada sirve dos semanas después cuando la persona ya está en Arica. Entonces, eso quisiera preguntarle al Ejecutivo cómo lo ve.
Gracias, diputada Orsini. Y agregar algo: hoy día yo puedo ir y comprar, incluso por internet, yo puedo comprar un pasaje, por ejemplo, para uno de mis hijos en Turbú, pero el que se sube al bus, el que usa el pasaje, va a ser mi hijo y yo lo compré con mi RUT. ¿Me entiende o no? Claro, pero yo puedo comprar un pasaje, pero hoy día no. Claro, pero la idea es que esto sirva y no solamente que de alguna manera sea una listita a mano. Imagínate tú, si la caligrafía del auxiliar del bus es ininteligible, comprenderás que no va a ser muy práctico.
Claudio, tiene la palabra, por favor.
Señora Presidenta, Honorable Comisión, haciéndome cargo de las consultas, yo quisiera hacer presente que el objetivo del proyecto es bien acotado. El objetivo del proyecto no es traspasar a privados controles de identidad o similares. Este proyecto en ningún caso autoriza a un tripulante de un bus interurbano a hacer un control de identidad a una persona. Eso no es posible; la ley lo proscribe. Lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente: el proyecto busca que, al momento de comprar un pasaje, este tenga que ser nominativo; es decir, al momento de abordar el bus, el tripulante comparará el carnet de identidad con el pasaje. Una vez hecha esa comparación, el dato se ingresa a una nómina que estará a disposición del Ministerio Público y de las policías para fines investigativos. Y por eso, expone, ¿por qué? Porque el desafío es que establezcamos un sistema interoperable con las policías, otorgando eventualmente acceso a privados a esta base de datos. Por lo tanto, lo que buscamos es solamente acreditar que la persona que se suba al bus es la persona que compró el pasaje. Con ello, el Ministerio Público y eventualmente las policías podrán tener acceso. Ese es el objetivo del proyecto, en ningún momento ha sido que el tripulante acredite la identidad del pasajero.
Y respecto a la pregunta del diputado Longton, se aplicará a todos los viajes interurbanos o servicios de transporte interurbano que superen los 200 kilómetros de distancia, además de aquellos itinerarios que el Ministerio de Transporte, en virtud de sus facultades, pueda declarar como servicio de transporte interurbano aquel que no cumpla con esa distancia. De hecho, la misma indicación, ubicada un poquito más abajo, establece que esta obligación del registro también pesa sobre todos los pasajeros que se suban al bus en lugares distintos al terminal o al origen del servicio. Pero yo quisiera ser claro: el desafío de establecer un sistema interoperable en el cual cualquiera pueda ingresar y, en tiempo real, se produzca un match –por ejemplo, con una persona que está siendo buscada o es prófuga, etcétera–, no es, al menos, el objetivo del proyecto.
Muchas gracias, Claudio; me aparecen más dudas todavía. Diputado Chalpert, tiene la palabra.
Lo que pasa es que, al leer, observo que esta es una indicación sustitutiva, por lo tanto, la que fija el sentido y el alcance del proyecto es la versión original. Y, si usted se fija y lee el inciso primero, el artículo original que el Ejecutivo pretende modificar habla de un registro interoperable. Me da a mí la impresión de que se pretenda decir que esto no está dentro del espíritu del proyecto; es un error, distinto a que se pueda o no se pueda. Ahora, yo quiero decirle a usted, Presidenta, que esta excusa de que las empresas privadas no pueden tener manejo de datos sensibles es una excusa de flojera tecnológica, porque lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de la interceptación de los celulares, que hoy día –digamos las cosas como son– se hace a través de las compañías telefónicas privadas. Salvo que alguien crea... Pero, ojo, en el mundo hay tecnología disponible para no hacerlo así.
Sí, hacerlo en un formato solamente sobre la base de los rubros, en fin, bueno, no va a ser este lugar donde lo digamos, ¿no? Ya. Entonces, dicho eso, aquí podría pasar algo bastante similar. Entonces, yo, la pregunta que nos hacemos es: ¿seguimos con parches menores donde va a haber una nómina escrita? ¿El fiscal efectivamente después la va a poder pedir? ¿El señor ya va a estar, no sé, si en Lima, en Cusco o en Caracas? Pero en el fondo no lo vamos a poder pillar para ningún efecto. Y, claro, nos quedamos todos súper contentos de haber hecho una mínima contribución, o, efectivamente, a propósito de este proyecto vamos a hacer algo que en toda estrategia de seguridad es clave: que los delincuentes no se puedan mover en el transporte público del país de manera impune. Eso es parte de cualquier estrategia de persecución del crimen organizado, Presidenta.
Y, por lo tanto, ya que este proyecto, que a mí me parecía, a serle franco, menos… más inocuo de lo que parece, puede ser una muy buena oportunidad para hacer algo que realmente mueva la brújula. Y si hay que adaptar la implementación en el tiempo y nos tiene que tomar algún espacio, hagámoslo bien, porque si no, en la práctica no estamos haciendo nada muy sustantivo. Gracias, Presidenta. Y gracias, diputado Chalper. Diputado Leyva. Muchas gracias, Presidenta.
Mire, en el mismo sentido que plantea el diputado Chalper, aquí a lo mejor se ve un proyecto de ley muy simple, muy básico, pero puede ser de verdad un elemento e instrumento de prevención súper importante. A veces se obvia lo que dice la ley sobre actos administrativos, la 19.880, que establece que todo tiene que ser interoperable. Se obvia la 21.659 de seguridad privada, que entiende que la seguridad privada tiene que colaborar también en la protección y la persecución criminal. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces, ya que esto es un proyecto de transporte, de integrar en todas las áreas de la sociedad el concepto de seguridad. Entonces, sin perjuicio de los óbices que pueden haber en función de la Ley de Protección de Datos Personales, me parece muy bien que este instrumento, esta norma, habilite justamente para tener en tiempo real esa nómina. Aquí, obviamente, nadie puede detener a nadie, pero si efectivamente existe una orden de detención pendiente, hay un prófago de la justicia que está en una base de datos; es de toda lógica que las policías y el Ministerio Público tengan acceso a esa base de datos, de forma restringida, si bien la administran privados, y el acceso tiene que estar en función de un sujeto de interés, de una persona que está citada o que tiene una orden de detención pendiente. Eso es lo que se tiene que hacer.
Lo conversábamos la otra vez también con el diputado Alexander, si me permite, por su intermedio, Presidenta, con las nóminas de quienes se registran en hoteles y moteles en nuestro país. También deberán estar en línea. Las nóminas de la CMF también deberán estar en línea, porque eso permite no solo realizar una persecución, sino también generar elementos de prueba.
Con esto termino, Presidenta. Lo que se obvia algunas veces es que, en gran parte de los delitos más complejos que ha investigado la justicia penal en Chile, se ha podido condenar a través de las tarjetas BIP. El uso del transporte público ha sido fundamental. Pues bien, como el sistema interurbano no está debidamente integrado, aquí tenemos una herramienta que permite la interoperabilidad y, en tiempo real, tener el historial de traslados, porque puede ser que efectivamente alguien se haya trasladado a la Región de Los Ríos, por ejemplo, y no tengamos ningún registro en bus, y al año siguiente lo estemos persiguiendo; en ese caso, ese sujeto de interés puede estar en Los Ríos y se puede activar la persecución criminal. Vuelvo a insistir: nosotros tenemos que ser capaces de integrar el factor de seguridad, o principios de seguridad, en todas las áreas del Estado, y particularmente el transporte me parece muy importante para poder localizar a aquellas personas que son objeto de una investigación, sin conculcar ningún tipo de garantía individual, y por eso señalo que esta norma puede ser habilitante incluso para el registro biométrico o la Ley de Protección de Datos Personales.
¿Eso, Presidenta? Muchas gracias, Diputado Leyva. Diputado Longton, Presidenta, primero planteo una moción de orden en la comisión para postergar la votación presentada. Concuerdo 100% con usted, Diputado Longton, porque la verdad es que, como está el proyecto, entendiendo las buenas intenciones del Ejecutivo y también la indicación que plantearon, no cumple ni en lo más mínimo el efecto requerido o que se pretende con este proyecto de ley. Sin ninguna duda, lo que establecía el Senado iba más allá de lo que hace la indicación del Ejecutivo. Hablaba de la interoperabilidad, lo dijo el diputado Sharper. Esto parece una nómina, y lo dijo Manuel, sin ningún tipo de tecnología; por lo tanto, también hay que ver los costos, porque si lo hacemos interoperable, esto tiene costos para las empresas. ¿Están dispuestas a asumirlos? ¿Pueden asumir esos costos? Y, por otro lado, la fiscalización…
Bueno, Presidenta, yo estoy de acuerdo con todo lo que han planteado, pero la fiscalización también es un tema. Los diputados de regiones han ido a los servicios de transporte a preguntar cuántos fiscalizadores hay: pocos fiscalizadores; y muchas veces, cuando fiscalizan, son excesivamente rigurosos, terminando sancionando a los transportistas por hechos tremendamente injustos. He encontrado en varias ocasiones que conductores son sancionados por no saber de memoria sus pasajes, y eso ocurre. Entonces, Presidenta, lo más probable es que esto termine no solo fallando, ya que la nómina no funcionará el día o en el momento que lo requiera la fiscalía, sino que además tendremos transportistas sancionados injustamente por no tener actualizado el registro. Por ello, me parece necesario reformularlo para que el proyecto realmente cumpla con el objetivo deseado. Muchas gracias, Diputado Longton.
Diputado Alessandri: Gracias, Presidenta.
Yo creo que este proyecto es muy importante, más allá de que lo votemos hoy, es un proyecto útil e importante. Hay partes que vienen mejor del Senado y otras en que servirá la indicación del Ejecutivo. La primera indicación del Ejecutivo, a mí, por lo menos, no me gusta; prefiero mil veces la del Senado, ya que en su primer párrafo se expresan ideas muy importantes: “interoperable en tiempo real”, mientras que la del Ejecutivo elimina esas palabras clave. Por lo tanto, en el artículo 1 me quedo con la redacción del Senado.
En el artículo 2, considero un aporte la indicación del Ejecutivo, puesto que establece que la Fuerza Armada, Seguridad y Autoridad podrán acceder a la nómina de pasajeros referida en el artículo 1; la redacción me parece adecuada.
En el artículo 3, nuevamente prefiero la versión del Senado, pues el Ejecutivo dispone que las compañías guarden la información por 180 días, mientras que el Senado proponía un año. Si guardar la memoria es económicamente viable, sería mejor conservarla por un año.
En el artículo 4, el Ejecutivo quiere eliminar la disposición que obliga a las compañías a contar con un equipo que registre audiovisualmente a quienes acceden y descienden. Si se piensa en un ser humano contando, es retroceder a los años 80, con los costos que mencionó el Diputado Longton. Si se utiliza una cámara con reconocimiento facial e inteligencia artificial –por ejemplo, una cámara que cuesta $25.000 pesos en cualquier tienda del retail, como en Cencosud, en homenaje a Don Horst Polman– y se requiere que la cámara reconozca a los pasajeros y haga match entre sus carnets de identidad y sus rostros, ese sería un costo único de software y una cámara. El Ejecutivo borra el artículo 4 y señala que “no le exijamos elemento audiovisual”. Estamos en 2025, Presidenta, donde la tecnología ha bajado de precio y es muy útil.
En el artículo 5, la indicación del Ejecutivo tampoco me convence, porque también quiere eliminar la obligación de rotular el equipaje. ¿Cómo no será importante? Si se identifica a un delincuente, narco o secuestrador, y la policía detiene a un sospechoso, es fundamental saber a quién pertenece el bolso. El Senado establece la obligación de rotular, mientras que el Ejecutivo elimina ese artículo.
En el artículo 6, nuevamente se podría adoptar la indicación del Ejecutivo respecto a las multas, lo cual puede ser útil.
En definitiva, el proyecto es bueno, es importante. Yo me quedo en un 70% con el proyecto del Senado y en un 30% con el del Ejecutivo, y le pediría al Ejecutivo hacer todos los esfuerzos por entender que estamos legislando para los próximos 30 años y que los elementos tecnológicos, los estándares que fijemos en la ley, nos acompañarán por mucho tiempo. Gracias, Presidenta.
Diputado Cristian Araya: Gracias, Presidenta.
Presidenta, tengo algunas dudas. La primera es que, en el fondo, esto se traducirá en un control de identidad, porque ¿qué pasa si alguien se niega? ¿No se va a producir un forcejeo? Si no viaja, no podrá abordar. Perfecto. En segundo lugar, considero necesario excluir ciertos elementos. Dado que el objetivo es perseguir delincuentes –en el fondo, materia de seguridad–, creo que se debe excluir, en primer lugar, a la autoridad sanitaria. Todos fuimos testigos de los excesos ocurridos durante la pandemia, cuando básicamente hubo un “gran hermano” de inspectores que, saliendo del último departamento, se escondían en la municipalidad, terminaban fiscalizando y actuando casi como una Gestapo, buscando identificar a quienes infringían. Si vamos a perseguir criminales, orientémoslo en esa dirección y limitemos el acceso a la información; que la autoridad sanitaria o el inspector de tránsito tengan acceso indiscriminado es, a mi parecer, contraproducente. Y si bien soy de los partidarios que siempre mantienen el mayor rigor…
y mayor control, pero que todo el mundo pueda acceder a esta información me parece un sinsentido en particular, por la autoridad sanitaria, si la finalidad de esto es perseguir delincuentes y no ciudadanos comunes y corrientes. Así que creo que, si se hace alguna modificación a la indicación, debe ser excluido; al menos, esa es mi sugerencia. Luego, a diferencia de lo que sostenía el diputado Alessandro, yo creo que, en lo que respecta al artículo cuarto sobre las grabaciones y los registros, la distinta cosa es almacenar imágenes durante un año. Eso ya no es tan barato, no cuesta los 25 mil pesos en la cámara de CENCOSUD; eso ya es almacenaje de bastante información. Las cámaras de seguridad, en cualquier parte –incluso en los municipios– suelen almacenar por 7 días, 28 días como máximo, y un año es bastante tiempo, considerando los costos que implica la grabación continua, ya que no se trata solo de la grabación en el momento de su transmisión, sino de grabar durante todo el tiempo, porque en cualquier parte se extrae la información, etc. Entonces, creo que ahí hay una cuestión de costo real que cuestiona un poco la premisa del diputado.
Y, finalmente, en la indicación, en la página 4, cuando nuevamente se señala: ¿podrán acceder a esta información la Policía de Investigaciones? ¿Carabineros? Sí, por supuesto; y también la Fiscalía, aunque habría que ver si es solo con orden judicial o puede acceder de oficio, pero asimismo inspectores fiscales del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones o la autoridad sanitaria, si lo requiere. A ver, estamos persiguiendo criminales y no al ciudadano común y corriente por cualquier otra razón. Yo creo que a ellos se les excluiría. Creo que las policías solo estarían llamadas a este tema, pero no cualquier ciudadano pueda tener acceso. Yo creo que eso es un exceso.
Gracias, diputado Araya. Se sacaría en la mugre, imagínate.
Diputado Leiva:
Sí, Presidenta, independiente de lo planteado, que yo también estoy de acuerdo; me gustaría precisar la definición de servicio interurbano, porque, si bien el Decreto Supremo 2.12 lo define, lo hace de manera amplia. Entonces, las variables son muchas. El 2.12, en su numeral 6, letra C, lo define como más de 200 kilómetros recorridos, pero que llegan al litoral central también. Para los efectos del 2.12, como se señala aquí, el Ministerio de Transporte podrá determinar otro tipo de transporte interurbano, por ejemplo, los servicios de transporte de pasajeros de 35 kilómetros entre Talagante y Santiago, que hoy el Ministerio de Transporte denomina como transporte interurbano. Entonces, es muy agotado. Yo diría que, más que todo, se debería considerar como transporte interregional o, al menos, delimitarlo de una mejor manera para que el sector pueda definir qué se entiende por interurbano, y no solo para los efectos del 2.12, que es mucho más amplio que el objeto que queremos perseguir a través de la norma.
Gracias, Presidenta.
Gracias, Diputado Leiva.
Diputada Plasencia:
Gracias, Presidenta. Saludo que puedan venir a exponernos las indicaciones y, sobre todo, el poder enriquecer el debate. Me parece que hay cosas que se pueden recoger, pero lo mío, Presidenta, tiene que ver más con el tema de cómo vamos a ir nutriendo, en concreto, el trabajo para poder llegar con alguna propuesta, a lo mejor consensuada con el Ejecutivo. Hay varias ideas que han salido acá, supongo que han tomado nota, pero tenemos otras ideas también que quisiéramos plantear de manera más ordenada. Entonces, a lo mejor solicito un tiempo para no solo presentar indicaciones, sino para tratar de consensuar o mejorar algunos de estos aspectos.
Gracias, Diputada Plasencia.
Hay dos cosas. La primera, tenemos la posibilidad de una mesa de trabajo con los asesores, como se ha hecho en otros proyectos de ley, pero tendría que funcionar así: no como “este jueves tengo una reunión, no me puedo juntar”, sino estableciendo un plazo fijo para que este asunto avance, dado que está, además, con urgencia calificada de suma. Primero. Segundo, me gustaría preguntarle al señor Sánchez: usted me dijo que tenía una presentación, ¿se refiere a esto específicamente?
[pausa]
No. Espéreme un segundito. Y, Claudio, ¿usted tiene alguna opinión respecto a esto?
Honorable Presidenta, Comisión:
El Ejecutivo naturalmente acoge el desafío de darle a este proyecto una mayor intensidad de la que nosotros esperábamos. También nosotros recogemos las apreciaciones de los diputados, del diputado Araya, de la diputada Orsini, de la diputada Plasencia, del diputado Alessandro, del diputado Leiva; y, por lo tanto, proponemos sentarnos a redefinir este proyecto en términos quizás más parecidos a los del Senado. Incluso, podríamos recoger las opiniones del informe de la Corte Suprema respecto a esto y lo hablamos en algún momento con el señor Secretario. Así que nos quedamos con eso.
Si quisiéramos hacer presente, diputada, nosotros no estamos por no regular el enrolar el equipaje. Lo que pasa es que el proyecto de equipajes se está viendo en segundo trámite constitucional en el Senado, en la Comisión de Transporte. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como Ministerio del Interior es tramitar paralelamente ambos proyectos con la garantía de que estos van a ser coherentes entre sí. Por lo tanto, no estamos viendo acá equipaje, sino que lo estamos viendo en el otro proyecto.
Sí, yo estoy de acuerdo, Claudio, y yo coincido con usted, pero en este proyecto tiene que salir que, efectivamente, el equipaje que está rotulado a nombre de Juan Pérez Ruttanto, que va en el bus Tour Bus de Santiago con destino a Victoria, tiene que estar rotulado y aparecer en este proyecto también. O sea, si no, es como que no tiene ningún sentido. Sí, pero para que haya armonización, tiene que aparecer en ese proyecto y en este proyecto, ¿no?
Ahora, lo que a mí me gustaría entonces es plantear la posibilidad de que entre los asesores se haga una mesa de trabajo. Nosotros vamos a poner en tabla este proyecto nuevamente para el día miércoles 17. Por lo tanto, miércoles 20, miércoles 19. En consecuencia, van a tener que ponerse de acuerdo, por favor, pongan atención, para que de aquí al miércoles 19, que es el próximo miércoles, tengamos algo más o menos en orden.
A mí me gusta mucho el planteamiento del diputado Alessandri. Creo que él fue bastante acucioso, artículo por artículo, así que le rogaría que tomen esa opinión en consideración. Diputado Leiva, ¿usted tenía alguna opinión? Solo un tema de fondo. No sé si una semana sea el tiempo suficiente o necesario, pero va a tener que ser, porque queremos sacar esto rápido. Gracias, diputado Leiva. Pero todavía no hago uso de la palabra, Presidenta. Discúlpeme, dele, por favor.
Mire, no importa que las cosas sean rápidas, sino que se hagan bien. Yo creo que aquí hay varios factores a ponderar. Eventualmente, puede tener costos asociados, como los softwares que debe tener el Estado. Hay que ver otras materias, por ejemplo, respecto de la mantención de los datos. Recuerden, por ejemplo, que solo el tráfico de celulares, las compañías se hacen cargo por tres años de mantener, ¿por qué no podemos mantener también un historial?
Pero sí quisiera hacerme cargo de un tema de fondo que compete a nuestra corporación y, particularmente, a nuestra comisión, que es que muchas veces hay proyectos de ley que nacen en esta corporación y, lamentablemente, el Senado no los tramita con celeridad. Y como el Senado presenta iniciativa, le damos cuenta en el Senado y le damos agilidad en el Senado. Hay proyectos como el narco equipaje, que están en el fast track legislativo y que nunca han tenido urgencia por parte del Ejecutivo, porque también hay una iniciativa de la misma naturaleza en el Senado y siempre se prioriza el Senado. Yo creo que, por economía procesal, el tema de la regulación del narco equipaje o rotulado de equipaje debiera quedar aquí, de una manera más integral, tratada que en leyes o en proyectos paralelos, en mi opinión.
Y yo voy a tratar de que el Ejecutivo —y eso lo plantea el diputado Araya, autor de ese proyecto— se coordine en el seno de esta comisión para ver dos temas, porque el rotulado es súper simple. Gracias, diputado Leiva. ¿Usted estaría de acuerdo en que oficiemos a la senadora Ordenes del PPD para que este proyecto le ponga urgencia? No. Ok, entonces yo le voy a pedir al Ejecutivo que, por favor, hable con la senadora Ordenes para que vea este tema con la rapidez necesaria, porque la verdad es que ya lleva mucho tiempo durmiendo en algún cajón en el Senado. Claro, lo que pasa es que el Ejecutivo mete primero los proyectos en el Senado y, allá, duermen, duermen, duermen, no; o sea, si vamos a hacer la pega, hagámosla bien.
Diputada Plasencia tiene la palabra.
¡Ve! Diputada Orsini, perdón, la estaba mirando, usted está… Este registro interoperable en tiempo real que mandata el proyecto original no es, como decía el diputado Leiva, una obligación del Estado; es una obligación de los privados. Es la empresa la que tiene que crear este sistema, este software, que en ese sentido me parece que, para tomar nota de los puntos, las sanciones —la multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales a las empresas que no tengan este registro— es demasiado más barato que tener el software interoperable en tiempo real.
Mucho más pagar la multa todos los meses que generar este sistema en tiempo real interoperable, que es un software que va a costar bastante más que la sanción. Entonces, creo que la sanción está muy baja. Si es que vamos a dejar el sistema de software, lo vamos a encargar y vamos a mandatar a cada empresa interurbana para tener este software; tiene que ser sanciones más altas. Tiene toda la razón la diputada Orcine, la felicito. Veo que el Ejecutivo tomó cuenta, los asesores también han tomado nota, así que vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla, que es iniciar el debate del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto supremo número 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley para obligar a las concesionarias de obras públicas viales a adoptar medidas de seguridad.
Para estos efectos, nos acompaña el director de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, don Juan Manuel Sánchez, quien tiene una presentación. Yo le pediría que él nos haga ver esta presentación, nos dé su relato y, después, procedamos a las opiniones de los diputados. Señor Sánchez tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Reitero saludos a todos los parlamentarios y parlamentarias que componen esta comisión. Quizás voy a partir por el final. Nosotros no tenemos, digamos, observaciones al proyecto de ley, porque entendemos que, después de la discusión en el Senado y algunas de las adecuaciones que se hicieron allí, se recogen en la totalidad aquellos elementos que este tipo de infraestructura puede desarrollar para contribuir a la seguridad del país.
Básicamente, existe un sistema vial en Chile que tiene esta particularidad, que es concesionado y, por lo tanto, se comparticiona la responsabilidad de su financiamiento a través del peaje, y con mayor celeridad hemos ido avanzando hacia un sistema de cobro electrónico o TAC, o telepeaje —o free flow, como le queramos llamar— que trae aparejada una serie de elementos que contribuyen a poder obtener información relevante de los flujos y de quienes circulan por las rutas del país. Esto se hace a través de pórticos de lectura mediante la tecnología de una antena que se comunica directamente con el dispositivo TAC que está en el automóvil, lo que permite, en efecto, determinar las pasadas que hace un automóvil en determinado lugar de la ruta y lograr efectuar el cobro.
Sin embargo, esta información también es muy relevante en el caso de que se quiera llevar a cabo la persecución penal de algún delito, pues la información de la patente y los datos recabados pueden ser de utilidad para las policía y el Ministerio Público. Adicionalmente, quienes circulan sin el TAC o con el TAC deshabilitado, disponen de un lector de patente que toma una fotografía en tecnología OCR, lo que permite, en aquellos casos en que la antena no puede efectuar la lectura, disponer de un registro y que posteriormente la concesionaria verifique nuevamente mediante un sistema más manual para realizar el cobro, constituyendo asimismo información relevante para las policías.
Hoy día estamos instalando esta tecnología en aquellas rutas del país que aún no la contaban. Vamos por parte: en aquellas rutas que actualmente tienen contratos vigentes se están haciendo modificaciones de contrato. Este proyecto de ley nos exige que, en cinco años, todas las rutas cuenten con esta tecnología y, por lo tanto, dado que se trata de una exigencia escrita —no recuerdo bien cuál es el verbo exacto, pero se menciona en el texto, y, a pesar de que implica gasto fiscal—, ya contamos con un plan para dotar todas las rutas de esta tecnología.