Cámara de Diputados - Comisión de Bomberos - 18 de marzo de 2025

En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos y a todas. El acta de la sesión 82 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 83 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 362 del superintendente del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, señor Raúl Montesinos, de fecha 14 de marzo, en respuesta al oficio 554, mediante el cual se remite junto al oficio número 81 del Consejo Regional de Bomberos de O'Higgins, el que está relacionado con el financiamiento del nuevo vehículo destinado a la cuarta compañía de esa institución. Asimismo, se recibe la indicación sustitutiva presentada por la diputada señora Marcela Riquelme a los proyectos de ley refundidos en tabla hoy, correspondientes a los boletines 14.526-14, 16.919-14 y 17.290-14, en primer trámite constitucional y reglamentario; y una nota del jefe de comité de S.E. Independiente, de fecha 18 de marzo, por el cual se comunica que el diputado Héctor Barría reemplazará al diputado Ricardo Cifuentes en la sesión de hoy. Toda la cuenta. Muchas gracias a la señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Específicamente, solicito el contenido de la carta del superintendente, la cual ha sido enviada por WhatsApp, para que se pueda remitir a don Fernando Recio, quien está presente, en caso de que surja alguna consulta al respecto. También aprovechamos para dar la bienvenida, como es habitual, al abogado asesor jurídico de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos, y de manera anticipada, a la directora nacional de Senapred, la señora Alicia Cebrián López. Bienvenida como siempre. ¿Alguien tiene la palabra sobre la cuenta? ¿No? Muy bien. Pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, pronunciarse sobre la propuesta de archivo de los proyectos de ley radicados en la comisión, que corresponde a los boletines 8.741-22, 9.016-22, 10.910-22 y 16.274-07, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del reglamento de la corporación. A este respecto, la semana pasada hicimos una breve reseña de dichos proyectos, específicamente el 8.741. Habíamos propuesto su archivo y estaba para la revisión de ustedes, puesto que se trataba de la regularización de la propiedad inmueble de bomberos. Tenía fecha de ingreso 20 de diciembre del año 2012, fue gestionado por el diputado Jorge Ulloa y se había enviado un oficio en el año 2016 a la Corte Suprema; tema que, según se entiende, ya ha sido tratado en otros proyectos de ley. Por lo tanto, al quedar pendiente en la comisión, se propuso su archivo. Entonces, pregunto ahora si estamos de acuerdo. A continuación, se procede a votar por el archivo. El siguiente, correspondiente al boletín 9.016, fue propuesto para archivo, puesto que se trataba del maltrato a bomberos en un proyecto del 4 de julio del 2013, iniciativa del diputado Marco Espinosa, que ha permanecido sin movimiento desde esa fecha, y para el cual existen otros proyectos de ley mucho más recientes que abordan esta misma materia, por ejemplo, uno del diputado Gustavo Bazbón del año 2017.

Por eso propusimos su archivo. De igual forma, propusimos el archivo del proyecto del Boletín 10.910-22, que también se refiere a la adquisición de inmuebles y que es una modificación al Decreto Ley 1.939 del año 77. Es un proyecto que ingresó el 28 de septiembre del 2016 al diputado Jorge Ulloa, y que ha permanecido sin movimiento desde esa fecha; además, posteriormente se modificó, valga la redundancia, el artículo respectivo a través de la Ley 19.833 del 26 de octubre del 2002. Finalmente, también propusimos el archivo del Boletín 16.274-07, que propone la disposición del personal de las Fuerzas Armadas en desastre. Este proyecto fue ingresado el 7 de septiembre del año 2023 por el diputado Jorge Guzmán. El estado es que el 12 de septiembre se remitió a esta Comisión, pero existe ya la Ley de Infraestructura Crítica 21.542, artículo primero, que fue publicada en el Diario Oficial del 3 de febrero del 2023 y que aborda precisamente aquella materia. Por lo tanto, estos cuatro boletines proponemos su archivo y los sometemos a su votación, a su consideración. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Sí, diputada? Muy bien. Recordemos que es la sala la que decide, precisamente, la votación del archivo. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Antes de entrar al segundo punto de la tabla, quisiera saber si confirmó su presencia el subsecretario de Telecomunicaciones para efectos del tercer punto de la tabla. —Sí, está a la vuelta de la puerta. Estaba afuera porque iba a trabajar y, al saber que era el punto tercero, me pidió autorización para esperar y entrar en ese momento. Perfecto, le agradezco mucho. Muchas gracias a usted. Ahora sí, pasamos al segundo punto: votar en general los siguientes proyectos de ley refundidos. El primero es el que establece la obligación de contar con detectores de humo y alarmas de incendio en el diseño de obras de urbanización y edificación de viviendas nuevas, correspondiente al Boletín 14.526-14; el segundo, el que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras edificaciones, correspondiente al Boletín 16.919-14; y el tercero, el que modifica la misma ley para exigir la instalación de detectores de gas y sistemas de alarma en viviendas habitadas por personas mayores, correspondiente al Boletín 17.290-14, en primer trámite constitucional y reglamentario. Entonces ya tienen a su disposición la indicación sustitutiva. Se ha solicitado la firma de quienes deseen suscribirlo. Vamos a pasar por la diputada y el diputado Badilla, estimado colega, por si desean suscribir la indicación sustitutiva relativa a los detectores de humo. La indicación contiene algunas de las recomendaciones que recibimos en la sesión pasada, incluidas las propuestas del informe de Juan Iquiema, y se planteó que aquellas sugerencias observadas la semana pasada se formularan como indicaciones particulares en la votación, dentro del plazo que nos vamos a dar para dichos efectos. Porque, de acuerdo a lo que habíamos conversado, nos iban a hacer llegar algunas propuestas y eso no ha ocurrido. Por ello mismo, nos daremos un plazo para la presentación de indicaciones, de manera que podamos formularlas individual o colectivamente. Si usted quiere, yo suscribo la suya. Sí, votamos entonces. Ya lo ha firmado. Procederemos a la votación en general de las mociones refundidas, en el entendido de que el texto con el cual trabajaremos es la indicación sustitutiva. Diputada Araya no está. Diputado Badilla. Gracias. Diputado Cifuentes, quien se encuentra en reemplazo del diputado Araya, también interviene. Por favor.

Gracias, diputada Medina. A favor. Gracias, diputado Ramírez. Gracias, presidenta. A favor. No hay más diputados. Se aprueba por unanimidad: cinco votos a favor. Muy bien, aprobado en general. Entonces, la indicación sustitutiva que refunde los proyectos: ¿alcanzamos la votación? Está cerrada. ¿Y el plazo para indicaciones? Vamos a proponer plazo para indicaciones. Estamos en plazo de indicaciones hasta… Estimado diputado Barrián, disculpe: ¿se podrá incorporar a la diputada que llegó un par de segundos atrasada a esta votación? Sí, se puede, aunque el reglamento no lo autoriza, dado que ya está cerrada la votación. Lo siento. Se hará a la vuelta de la distrital, es decir, hasta el lunes 7. Para dejarlo para la vuelta de la semana distrital, se fija plazo para las indicaciones en particular hasta el lunes 7 de abril a las 12 del mediodía. Entre otras, se recuerda a los amigos que vinieron la semana pasada que deben enviar las observaciones que iban a remitir por escrito, para introducirlas en este boletín o en esta indicación sustitutiva. ¿Están de acuerdo con ese plazo? Sí. Vamos al tercer punto. Ahora sí, le pedimos al subsecretario que haga ingreso. ¿Puede alguien avisarle, por favor? Muy bien, entonces vamos a recibir al Subsecretario de Telecomunicaciones a fin de que se refiera a las causas de la afectación de las operaciones del sistema de telecomunicaciones durante el masivo corte de energía eléctrica que afectó al país el pasado 25 de febrero. Se ha invitado, para estos efectos, al Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya San Martín. Muy bienvenido, subsecretario. ¿Es esta su primera vez en esta Comisión? Parece que sí. Muy bienvenido; es la Comisión más agradable de toda la Cámara de Diputados y Diputadas. Se lo ha perdido, sí. Entonces, subsecretario, le doy la palabra para referirnos a lo que conocemos popularmente como el blackout, el 25F, para que nos dé sus impresiones. Gracias, presidenta. Saludo a los diputados y diputadas presentes. Creo que hay una primera introducción que hacer, porque puede sonar un tanto disonante. Yo voy a decir que las redes funcionaron, lo cual contrasta con la opinión de la ciudadanía y con la experiencia vivida. Esto tiene que ver con que existe un Decreto 60 del año 2012 que establece las condiciones de autonomía energética que deben tener las redes de telecomunicaciones, como consecuencia del terremoto del 2010, y la obligación que establece para lo que denominamos infraestructura crítica. La infraestructura crítica se clasifica en dos niveles de criticidad. Cabe señalar que esta norma, del 2012, establece dos niveles. Hay elementos de la red en que, si falla un componente, se cae la red completa, tanto fija como móvil. A esos elementos se les designa como nivel 1, para los cuales se establece una autonomía energética de 48 horas. Existen otros elementos que permiten concentrar el tráfico de muchas antenas o de distintas localidades; en el caso de la banda ancha fija, estos se denominan de infraestructura crítica de nivel 2, y se les exige una autonomía de 4 horas. Para las antenas normales que atienden a la banda ancha móvil de una localidad o comuna y que no se ubican en un sitio de infraestructura crítica, no existe exigencia de autonomía energética. Y eso, para esta discusión, se torna bastante crítico, porque en el fondo, cuando se definió…

Esta normativa de infraestructura crítica se definió pensando en que los servicios de emergencia pudieran operar, en que hubiera gestión de la emergencia. No se definió pensando en que la ciudadanía tuviera servicio, y esa situación es la que prevalece hoy en día. Por lo tanto, cuando digo que la red funcionó, me refiero a que la infraestructura crítica tuvo, mayoritariamente, la autonomía que tenía que tener. Para poner los números, la infraestructura crítica a nivel 1 más nivel 2 sumaba 11.800 sitios. De esos 11.800, 106 (menos del 1%) no tuvieron la autonomía exigida, es decir, no cumplieron con las 4 horas o no cumplieron con las 48 horas; los 11.700 restantes sí la tuvieron. ¿Dónde está el problema? Aquí hay que diferenciar dos tipos de problemas distintos. Uno de ellos es que, en Chile, existen 52.000 sitios de telecomunicaciones, de los cuales 11.800 tienen autonomía energética forzada por ley. Por lo tanto, otros 40.000 no están obligados a tener respaldo energético, y en muchos sectores, cuando se cortó la luz, se cayeron las antenas que no contaban con dicho respaldo sin incurrir en incumplimiento de norma. El segundo fenómeno tiene que ver con que la red se sobrecargó. Se sobrecargó por dos razones. Por una parte, antenas que no tenían respaldo energético fallaron y, si estaban dentro de la cobertura de otra antena, los usuarios se trasladaron a esta, aumentando la carga normal de las que siguieron operando. Por otra parte, se generó un fenómeno de carga desde la internet fija hacia la móvil: en los hogares, al cortarse la luz en el domicilio, se caía el router, dejando a la gente sin conexión. Ante ello, muchos usuarios recurrieron a la internet móvil para tratar de averiguar qué pasaba, informarse o resolver sus problemas. Así, la red móvil –operando en sus niveles 1 y 2– enfrentó una carga de tráfico distinta a la habitual, para la cual no fue diseñada. Esta congestión significó que se podían realizar determinadas acciones a través de la red móvil, mientras que otras no eran posibles. Por ejemplo, se viralizaron algunos vídeos de personas que estaban viendo partidos de fútbol en sus teléfonos, lo que consumía el ancho de banda compartido entre las antenas restantes y dificultaba el acceso a información sobre la crisis. Se presentan, en suma, dos situaciones: por un lado, de las 40.000 antenas sin respaldo energético, una proporción importante se cayó; por otro, la red que continuó operando se saturó al tener que absorber el tráfico de la parte de la red que no funcionaba. Para abordar estos problemas se han trabajado dos cuestiones en paralelo. Primero, se realizó una redefinición, durante el año pasado, de cuáles eran los sitios catalogados como infraestructura crítica. Esta revisión, que debería efectuarse cada cuatro años, no se había hecho desde 2012; sin embargo, en 2024 se llevó a cabo y se incrementó la cantidad de sitios en 125, es decir, 125 más de los que había antes de ese año. La segunda revisión fue la de la norma, concretamente el Decreto 60 del 2012, dado que cuando se emanó la norma la dependencia de la población respecto de las telecomunicaciones no era la misma que es hoy. Se abordaron conceptos algo distintos. El Decreto 60 habla de autonomía energética y se limita, en algunos casos, a la situación en que para una infraestructura crítica exista un único cable de fibra óptica cuya interrupción no obliga a contar con rutas alternativas, exigiéndose únicamente respaldo energético. Con el nuevo decreto se plantea, sin que el número 60 se mantenga, avanzar hacia la resiliencia en las redes, es decir, que estas continúen operando ante situaciones de catástrofe –ya sea una inundación, un incendio, un terremoto o un apagón generalizado–, manteniendo siempre como prioridad la continuidad de los servicios de emergencia. Ayer tuve una reunión con el general de Carabineros encargado de las telecomunicaciones, quien me comentó que, en sus 32 CEMCOS, no se produjo interrupción del servicio, pues contaban con respaldo energético y la internet funcionó. Esto indica que lo que había que cautelar se protegió. Otro ejemplo ocurrió en Senapred, donde si bien se mantuvo el servicio, se evidenció congestión debido a la alta demanda.

Personas del Sector. Por lo tanto, desplazamos un carro móvil para reforzar la red. Estas medidas que se adoptaron sobre la marcha, hoy día las estamos protocolizando para que sean más fáciles de adoptar. Queremos que, cuando haya una antena, no importe de qué chip sea la persona, le dé servicio, es decir, que se active el roaming de emergencia. Esto se hizo, se instruyó desde Senapred a las pocas horas del corte. La implementación fue más lenta de lo que nos hubiera gustado. Entonces, vamos a reforzar con la industria un protocolo que nos permita que el roaming de emergencia se active temprano. Un segundo trabajo es que en el nuevo decreto 60 estamos aumentando la autonomía desde 4 a 6 horas para la infraestructura crítica nivel 2, en el cual además estamos definiendo cuáles son los nuevos sitios de infraestructura crítica nivel 2. Una tercera línea de trabajo que hemos implementado es definir, en conjunto con la industria de telecomunicaciones, un protocolo de gestión de red y gestión de tráfico. Gestión de red me refiero a cuando tenemos una torre —ustedes ven una torre llena de antenas— y cada antena consume una parte de la energía que posee dicha torre. Eso significa que, en una situación de corte del suministro eléctrico, las baterías duran menos. Por ello, estamos evaluando apagar algunas de las antenas y dejar únicamente aquellas que sean críticas para el funcionamiento de la ciudadanía, es decir, que permitan tener SMS, que permitan recibir SAI, que permitan hacer llamadas telefónicas y mandar WhatsApp. En ese mismo trabajo conjunto definimos cuáles son las redes que deberían quedar activas a todo evento y cuáles deberíamos apagar en una situación de catástrofe como la que tuvimos. Y, además, otro tema que aplica exclusivamente en situaciones de excepción es la gestión de tráfico, es decir, bloquear aquellos tráficos que consumen muchos datos y que, en realidad, no contribuyen a la gestión de la emergencia; por ejemplo, el video streaming a propósito de los partidos de fútbol. Esto debe manejarse con suma cautela, porque existe una ley de neutralidad de la red que indica que no se puede intervenir el tráfico según su naturaleza, aunque se permite hacerlo en situaciones de excepción. Así, decretado un estado de excepción, podemos instruir a la industria para que obstruya ciertos tipos de tráfico que –por no contribuir a la gestión de emergencia–, de lo contrario, impedirían que otros accedieran a los servicios, como medida complementaria. Por último, perseveraremos en algo que ya se está implementando. Realizamos pruebas de servicio en Atacama con la conexión directa de satélite a teléfono. Los satélites tienen la virtud de que no se ven afectados por un terremoto, un incendio o un temporal; continúan funcionando. Ya está disponible un servicio que permite que los teléfonos manden SMS cuando no existe otra cobertura. Así, ante un apagón de la red, el satélite puede suplir la necesidad para enviar SMS hoy día. ¿Cuál es nuestro foco? Es lograr que haya más de una empresa de satélites y, asimismo, un acuerdo con más de una empresa de telefonía móvil, para que esto esté disponible para toda la ciudadanía y no solo para los clientes de una determinada empresa. Esa es una medida que aún está incipiente; todavía no existen constelaciones de satélites suficientes para atender a todo el mundo, pero por lo menos vislumbramos un camino que efectivamente da la resiliencia que buscamos, ya que los satélites seguirán funcionando independientemente de lo que nos suceda. Eso es lo que puede informar el Presidente. Muchas gracias, Subsecretario. Más de lo que yo al menos esperaba. Así que le agradezco la información. Vamos a pasar a las preguntas, estimados colegas. Diputado Araya: Gracias, Presidenta. Presente. Agradezco la exposición del Subsecretario, muy completa, y surgen algunas dudas en cuanto, por ejemplo, a la normativa entre 4 y 48 horas, dependiendo de lo crítico en el fondo de la infraestructura. Lo primero es: si nos ceñimos a alguna norma internacional, en el fondo ¿cuál es el criterio? También entiendo que esto es en la medida de las posibilidades, porque implica un costo. Al final, cualquiera de estas medidas de aumentar la autonomía significa un mayor costo que se traslada al precio que pagan los usuarios, y eso, obviamente, es algo que siempre se tiene que considerar. Se señala que hay sitios o lugares que tienen mayor prioridad. Me tocó estar a las 5 de la tarde en Napoquindo con Vespus, es decir, en un lugar crítico como la Ciudad de Santiago; no había forma de conectarse a internet, ni de hacer llamadas telefónicas. No sé cuál es, en el fondo, ese criterio. Lo otro es en relación a muchos respondedores: con la caída de internet, muchos respondedores, ya sean servicios municipales, bomberos, etcétera, se les caen un montón de plataformas. Yo no sé si eso...

Está contemplado, hay posibilidades de priorización o de que estas posibilidades que están viendo con compañías, en el fondo, para poder dar soporte satelital, etcétera, estén incorporadas. Tal vez esto pueda pasar un poquito a la consulta de Senapred en cuanto a la respuesta de emergencia, pero a nivel de logística. Luego, ¿es necesaria alguna modificación legal para poder hacer ese control de tráfico? Con lo que actualmente está vigente, esa modificación iría dentro del marco de infraestructura crítica de telecomunicaciones, para poder orientarnos, eventualmente al día de mañana, en la discusión legislativa. Gracias, Presidenta. ¿Alguien más tiene preguntas? Diputado Ayarzo. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, aquí prácticamente todo Chile quedó sin servicio de internet, y esto afectó a emprendedores, afectó comunidades, por ejemplo, turísticas, ya que ocurrió durante las vacaciones de febrero. Mi pregunta es la siguiente: había una compañía que sí funcionaba, y otras que no. ¿A qué se debe eso y por qué ocurrió? No quiero dar nombres, pues creo que no corresponde, pero en el lugar en el que me encontraba funcionaba de manera perfecta una compañía, mientras que las otras estaban caídas. Entonces, ¿se puede saber qué pasó con eso? ¿Por qué en algunos lugares no había servicio, en otros sí, y en ciertos casos solo funcionaba una compañía? ¿Será que tiene mejor tecnología, o mejor inversión, o cumple con los requisitos que fiscaliza la Superintendencia de Telecomunicaciones? Esa es mi única duda. Gracias, Presidenta. Muy bien. ¿Algún otro parlamentario quiere hacer alguna pregunta respecto a esto? Pasamos a la respuesta, antes de continuar con otras intervenciones. Subsecretario, por favor. Gracias, Presidenta. El criterio para el cambio que estamos haciendo a la norma de autonomía energética—consistiendo en pasar de 4 a 6 horas—se basa en armonizar esta norma con la normativa eléctrica. Las empresas eléctricas, después de las 6 horas, enfrentan multas considerablemente mayores; por lo tanto, entendemos que tienen todos los incentivos para reponer el servicio antes de ese plazo. Desde ese punto de vista, era algo extraño que nosotros exigieramos solamente 4 horas para estos sitios de nivel crítico 2. Por ello, lo estamos armonizando con la norma eléctrica, siendo ésta la principal causa de falla, ya que, todos los días del año y no solo a raíz de este apagón, alrededor del 93 % de las interrupciones de servicio se deben a problemas en el suministro eléctrico. Esto no siempre es responsabilidad directa de una empresa eléctrica, pues puede suceder por cortes en la cometida u otros tipos de fallas, pero el 93 % de los problemas están vinculados a este factor; por ello, entendemos que es en ese aspecto donde debemos reforzar y, precisamente, es por ello que nos alineamos con la norma eléctrica para la norma de telecomunicaciones. Después, ¿cómo definimos que un sitio es de criticidad 1 o criticidad 2? Se determina en función del impacto, y este impacto depende de la extensión geográfica afectada, no solo del lugar atendido. Por ejemplo, una infraestructura crítica de nivel 2 puede ser una torre de comunicaciones, como la que se encuentra en el Cerro Cayumán, la cual atiende enlaces de casi todas las localidades de la región que se concentran en esa zona. Si esa antena falla, todas las localidades quedan sin servicio. Por ello se define como infraestructura crítica. Si se atiende un enlace proveniente de Coihueco, la falla en ese sitio afecta únicamente a Coihueco; en cambio, el fallo en el Cerro Cayumán impacta en Coihueco, en Pinto y en muchas otras localidades. Eso es lo que determina que una infraestructura sea considerada crítica o no, ya que no se trata simplemente de las antenas que están en la misma torre, sino de la concentración de servicios en ese lugar. Y en relación con lo que comentaba el diputado, el fenómeno al que se refiere es que había una empresa que funcionaba y otra no. En una localidad, pudo haber funcionado correctamente, por ejemplo, Entel, mientras que en la localidad de al lado operaba Movistar o, en otros casos, Claro. Esto se debe a que esas empresas cuentan con centrales telefónicas antiguas que disponen de unidades de respaldo con baterías y grupos electrógenos, lo que les permitió mantener operando el servicio.

Y si dentro de ese sitio había una torre con antena, esa antena no se cayó. Fue circunstancial cuál fue la empresa. Por eso es que para nosotros era relevante activar el roaming de emergencia, independientemente de cuál fuera la empresa con la cual usted tenía su chip, habiendo una antena encendida, lo pudieran entender. Ese era el fenómeno que andábamos buscando, y esto es porque entendemos que las redes tienen una historia y, en función de esa historia, van a tener o no respaldos de energía. De hecho, de las 40.000 antenas que no tienen la obligación de tener respaldo, no cayeron las 40.000; cayeron muchas menos. ¿Y por qué? Porque había algunas que estaban instaladas en estos sitios de telecomunicaciones antiguos que cuentan con respaldo energético o estaban ubicadas en la azotea de un edificio que tiene grupo electrógeno y se alimentaban del mismo. Entonces, hay harta casuística entre medio que justifica por qué algunas antenas anduvieron y otras no. Y la verdad es que en esto está, más o menos, distribuido: no es que haya habido una en particular que respondió muy bien y otra en particular que respondió muy mal, sino que se presenta como un fenómeno de fallas distribuido. Después, nosotros, cuando se definen estos niveles de infraestructura crítica, lo hacemos pensando en quiénes deben atender la emergencia. Por eso les traía a colación el caso de Carabineros, en que los 32 CEMCO tuvieron energía y telecomunicaciones, puesto que sus enlaces de internet fijos estuvieron operativos. Con Bomberos, en general, pasó lo mismo, aunque puede haber habido casos en que el cuartel estaba alimentado con un router de banda ancha fija y ese router no tenía respaldo energético, y en ese caso se perdió el servicio, no porque se hubiera caído la red, sino porque en el cuartel no había energía para el router que lo comunicaba. En términos generales, al definir la criticidad, también nos preocupamos de que aquellos sitios que atienden los servicios de emergencia y que tenemos mapeados, cuenten con respaldo energético. Y eso sucede normalmente en el centro de las ciudades. Un retén que está en las afueras de Cañete, por ejemplo, es posible que esté fuera de este radar y, por lo tanto, sí podría haber tenido problemas. Y, a propósito, esto es un problema que únicamente expongo contando la historia. Respecto al control de tráfico, lo que se hace es bajar el tráfico de datos que no resulta necesario para la gestión de la emergencia. Nosotros entendemos que tenemos habilitación legal para hacerlo, sin que sea necesaria una modificación a la ley, y se baja todo el tráfico, no solamente el de la infraestructura crítica. O sea, lo que se hace para dejarlo en términos más claros es que, si tengo un servicio de streaming conectado a una central y está distribuyendo contenido a todas las redes, se corta ese servicio mientras dure la emergencia. Ese es el objetivo, con lo cual se alivia la red completa, no solamente la infraestructura crítica. Ahí abordé, creo, que todo, presidente. ¿Alguien tiene más preguntas al respecto? Bueno, yo tengo una pregunta, en realidad tengo varias preguntas. Primero, ¿esto da, este tema de las antenas, de la autonomía, puede dar alguna explicación respecto de lo que ocurrió con Transelec? En Transelec se cayó el software, ¿cierto? SCADA, y ¿este no es acaso considerado infraestructura crítica? La segunda pregunta, si nos puede explicar a prueba de diputados, ¿qué es el roaming de emergencia? Fíjense que es la primera vez que lo escuchaba, me sorprendió mucho. ¿Por qué no lo hemos aplicado en otras ocasiones? ¿Qué es el roaming de emergencia? Realmente, le he preguntado a muchas personas, ciudadanos comunes, y no tienen idea de cómo funciona. De hecho, había aplicaciones que enseñaban a cómo activarlo y hay otras que decían que se activaba automáticamente. Entonces, para que en ese sentido podamos instruir, por ejemplo, a las empresas de telefonía —que tal como el SAE queda activado de forma automática en los teléfonos— también pueda ser activado de manera automática al momento de la venta de los dispositivos. Y lo último, quiero transmitirle que la preocupación de nosotros fue absolutamente grande. Yo sé que, desde el punto de vista de la ciudadanía, lo que significó quedar sin energía eléctrica, pero además quedarse sin comunicaciones, fue dramático para muchas personas. Entonces, estas medidas que se están adoptando me parecen absolutamente necesarias, y deben implementarse a la brevedad posible. No sabemos qué problema vamos a tener este invierno, nos tenemos que preparar y ya no podemos esperar eventualidades, pues somos un país de emergencia. Por lo tanto, necesitamos que estas medidas se adopten con prontitud, sobre todo en lo que respecta a la autonomía o a la conexión satelital, tal vez para que los teléfonos cuenten con ese respaldo. A mí me ocurrió en lo personal que...

No había cajero, no había Uber, no había teléfono, no había WhatsApp, no había absolutamente nada. Estábamos en el Hospital Regional de Rancagua, donde sí funcionaron los generadores y no tuvimos ningún problema; pero, sin embargo, todos los demás servicios no funcionaron. Esa es mi preocupación. Lo primero, lo de TransELEC, como le digo. Lo segundo, el roaming de emergencia, que nos pueda explicar bien. Y tercero, con qué prontitud se van a adoptar estas medidas. También, el diputado Badilla va a agregar una pregunta. Diputado: Sí, Presidenta, quizás nos salimos un poco del tema, pero son comunicaciones. Porque lo que estamos planteando es frente a una emergencia en la que se caiga el sistema. La pregunta es la siguiente: en tiempos normales, sin emergencias, hay sistemas que no funcionan y, particularmente en los sectores rurales, las compañías han instalado sus antenas y los vecinos se quedan tranquilos pensando que, al tener antena, cuentan con comunicación; pero lo que sucede es que no la tienen. Entonces, me gustaría que se nos compartiera cómo es el proceso de fiscalización para asegurar que, efectivamente, las compañías que tienen la responsabilidad de entregar cobertura comunicacional en algunas zonas cumplan con esa obligación. Puedo dar ejemplos: en la comuna de Santa Juana (Provincia de Concepción), en la comuna de Florida y en la comuna de Hualki, que son zonas rurales en las que, a pesar de contar con antenas, no se brinda la comunicación, que es lo que realmente importa. ¿Cómo procede la fiscalización y qué sanciones se aplican? Me gustaría que se compartiera alguna opinión al respecto. Subsecretario, por favor. Aprovechemos el empujón y partamos con el tema TransELEC. Efectivamente, TransELEC reportó una falla y resulta confuso, porque la falla se refiere al sistema de comunicaciones del sistema SCADA, pero se trata de una red privada que no transita por las redes de las operadoras de telecomunicaciones. Es una red propia de TransELEC en la que, al menos hasta fines de la semana pasada, todavía no estaba claro cuál había sido el motivo de la falla. Espero que lo que deba entregar hoy el coordinador eléctrico nos brinde más luces al respecto, pero hoy es 18 precisamente. Sin embargo, la falla se presentó en la red propia de TransELEC, sin involucrar a las redes de los operadores de telecomunicaciones. ¿Qué es el roaming de emergencia? En términos generales, es lo que sucede cuando un teléfono móvil de una compañía se registra en la red de otra y recibe servicio mediante esa red. Esto acontece, por ejemplo, cuando alguien viaja al extranjero, ya que en la red de una empresa del país de destino puede tener acceso a servicios. Existe también el roaming automático nacional, que ha estado operativo desde hace tres años. En ciertas localidades donde hay una única antena o solo dos, las empresas presentes están obligadas a prestar servicio a los teléfonos de todas las compañías, no solamente a los de la empresa propietaria de la antena. Al aprobarse el roaming automático nacional se definió también el roaming de emergencia, que opera bajo la misma lógica: si hay una única antena, ésta debe atender a todos los chips del sector, pero solamente en condiciones de emergencia. Esto se debe a que las empresas, para cuidar sus redes, evitan activar líneas que no están obligadas a subir. Se habilita el roaming de emergencia ante la situación de emergencia. Es cierto que debemos mejorar el protocolo con las empresas, ya que esta vez se tardaron, según la directora, al menos tres horas, quizá un poco más, desde que se dio la instrucción hasta que se habilitó el servicio. Debemos optimizar ese protocolo para que la activación sea mucho más rápida. Pero, efectivamente, ante una situación de emergencia se instruye desde Senapred y las empresas activan el servicio, de modo que, en una zona donde están todas las antenas apagadas excepto una, ésta tiene la obligación de atender a los chips de todas las compañías. Además, se evidenció otro aspecto que no operó con facilidad: los teléfonos muchas veces tienen bloqueado el servicio de roaming, por lo que es necesario informar a la población la forma de habilitarlo. El tema es que, si no hay comunicaciones, no se puede actuar.

No es muy fácil informar a la gente cómo habilitarlo, por lo tanto, podríamos explorar la alternativa de que vengan con el roaming habilitado. Esto se debe a que, normalmente, las personas lo deshabilitan por temor a que signifique un costo. En particular, tengo el relato de personas en sitios fronterizos, en Ollagua y en Colchane, en que se recibe señal desde Bolivia y les aparece un cobro de roaming internacional, lo cual no es poco. Entonces, optan por tener deshabilitado el roaming en sus teléfonos. Ahora bien, eso ocurre en sitios fronterizos; no sucede acá en la zona central, pero es una práctica que adoptan las personas para evitar sorpresas. Respecto a los plazos, las distintas medidas tienen temporalidades diversas. En particular, el aumento de los sitios afectos a la definición de infraestructura crítica es algo que ya está en curso y, dentro de este año, debería quedar concluido. La modificación al decreto 60, que aumenta las horas de autonomía para la infraestructura crítica nivel 2 de 4 a 6 horas, se encuentra a la espera de validación final. Estimo que deberíamos estar ingresando a la primera quincena de abril a Contraloría para la toma de razón y espero que esta no tarde mucho en revisar, lo que corresponderá a un decreto supremo. Respecto al servicio por satélite, es un tema más complejo, pues dependemos de los operadores de satélites. Hoy día, la única empresa que dispone de este servicio es Starlink. Existen dos empresas más que ofrecen el servicio, pero no en Chile: una es AST y la segunda es OneWeb, que lo tiene en su roadmap, aunque aún está en etapa inicial de lanzamiento de satélites para este servicio, por lo que probablemente se consolide durante el 2026. Se trata de una medida estratégica, ya que permitirá cobertura en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en una emergencia, si una persona se extravía en la cordillera y tiene vista al cielo, podrá acceder al servicio de mensajería satelital. Esto es una muy buena noticia que esperamos se vaya concretando. Nosotros hicimos pruebas en Atacama y vamos a realizar pruebas en Aysén, en condiciones climáticas más adversas; luego de ello, se normalizará el servicio, aunque por el momento se cuenta con una sola compañía satélite y una sola compañía móvil. Queremos que esto se amplíe. Con respecto al caso de las antenas, existen zonas del país en las que no hay cobertura, ya sea porque aún no hemos llegado a esos sectores o porque, a pesar de que debería haber cobertura, esta presenta fallas. Hemos observado un fenómeno que se repite en el tiempo: cuando se instala una antena en un cerro, no siempre se dispone de suministro eléctrico público, por lo que muchas veces se implementan sistemas de energía propios, típicamente un grupo electrógeno con petróleo y bancos de batería. Sin embargo, se produce el robo de estas baterías, y aunque las empresas están obligadas a reponerlas, dilatan este proceso. El procedimiento que hemos implementado, por ejemplo, con Santa Juana, Contulmo y en coordinación con el alcalde Leal, consiste en que, frente a la denuncia de pérdida de señal, nuestro equipo de fiscalización constata que el sitio está fuera de servicio, se oficializa la situación y se notifica a la empresa para que le resulte más costoso no reponer. Básicamente, se imponen sanciones en forma de multas, y en función de estas, las empresas realizan la reposición. Sin embargo, es un proceso lento, ya que no siempre es posible despachar un fiscalizador de inmediato, pues contamos con 39 fiscalizadores para atender todo el país, y estos deben focalizarse en recepcionar las obras de 5G, las obras de fibra internacional o atender denuncias, lo que dificulta recorrer todos los sitios rurales de manera proactiva.