En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 148 se da por aprobada y la sesión 149 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos: un oficio de su excelencia, el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley número 148.
...de 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modificar las leyes que indica. Un proyecto de ley inicia la moción de las diputadas señoras Acevedo, Castillo, Gertz y Pizarro y de los diputados señores Cuello, Ramírez, Don Matías, que modifica el Código del Trabajo para exigir que el despido por necesidades de la empresa se funda en criterios objetivos y garantizar la reserva de derechos en el finiquito. Otro proyecto de ley, señor presidente, inicia la moción de las diputadas señoras Acevedo, Castillo y Pizarro y de los diputados señores Cuello, Gertz y Ramírez, Don Matías, que modifica el Código del Trabajo para eliminar el límite de la indemnización por años de servicio.
Un oficio del director del Trabajo, por medio del cual hacía respuesta a oficio de la Comisión, informa respecto de la decisión de la ANFP de permitir únicamente la participación de jugadores sub-23 en la segunda división profesional del fútbol chileno.
Un oficio del Secretario General subrogante de la Corporación Municipal de Conchalí, Coresam, a través del cual da respuesta a oficio de la Comisión, se refiere al término de contratos a plazo fijo de los centros de salud de la Corporación Municipal de Conchalí.
Un correo de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales y de su Presidenta, la señora Nuyado Aguirre, a través del cual solicitan audiencia con la Comisión a fin de exponer sobre la propuesta de ley de plantas para los gobiernos regionales y los numerosos despidos registrados entre enero y marzo del presente año en diversos gobiernos regionales, bajo el argumento de ausencia de confianza legítima.
Un correo del señor Luis Núñez Cartagena, vocero nacional de la Coordinadora de Conductores, mediante el cual adjunta copia de carta dirigida al senador, señor Coloma, solicitando que se continúe la discusión del proyecto de ley, boletín número 12.253-13, el cual se encuentra en su segundo trámite constitucional.
Una solicitud para exponer sobre el proyecto de ley que modifica la ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica, presentada por la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, también por la presidenta de la Fundación Fuera de Acosadores y por la Cámara Marítima y Portuaria de Chile.
Y, por último, señor presidente, una carta de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, por medio de la cual se comunica que el diputado señor Henry Leal será reemplazado por el diputado señor Daniel Lillayú en la presente sesión.
Eso es todo en la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario.
Diputado Giordano: Sí, a propósito de que en la cuenta se señalaba una misiva que hacía referencia a los despidos por necesidades de la empresa, recuerdo que nosotros hemos presentado un proyecto de ley, con varios parlamentarios y parlamentarias, que precisamente se hace cargo de regular esta materia. No es el primer correo que recibimos al respecto y, efectivamente, durante los años 2024, 23 y 22 hemos visto una alza sostenida de este tipo de despidos y, además, en términos de sus controversias judiciales, la mayoría han sido declarados injustificados. Que esta comisión tenga bien, y que usted, señor presidente, en algún momento –o quien lo suceda– lo ponga en tabla, porque es un proyecto relevante para el mundo del trabajo. Gracias, señor presidente.
Diputado Hernán Palma: Gracias, señor presidente. Por intermedio, saludo a la Comisión y a las autoridades presentes. He venido a esta comisión a reiterar mi intención de que se coloque en tabla, en el más breve plazo, el proyecto sobre cáncer gástrico que usted recordará que comenté hace un par de meses atrás. Este proyecto es muy importante, dada la relevancia que tiene esta patología. En Chile mueren más de 3.400 personas al año y esto se podría minimizar significativamente por el solo hecho de que los trabajadores cuenten con un permiso, una autorización periódica que puede ser incluso cada tres años, en la misma línea que ocurre con el cáncer uterino, para someterse a una endoscopía, examen que permitiría la detección precoz de esta condición y del Helicobacter, que se encuentra en un 80% de los casos asociados a ella. Está el doctor Lilayu también por aquí, quien me podría haber reforzado, pero se fue. Entonces, señor presidente, le pido por favor que tenga bien considerar colocar en tabla este boletín que lleva pendiente varios meses. Creo que es de suma importancia, puesto que evitaríamos muchas muertes e, incluso, tendría un impacto muy positivo y favorable en la economía del país. Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente: Tomamos nota de su petición. Tenemos una amplia... hay muchos ingresos de proyectos y emociones, pero sin duda vamos a ver qué espacio podemos hacer para tramitar este proyecto que usted plantea.
Gracias, Presidente, saludo a los miembros de la comisión y a nuestros invitados e invitadas presentes. Presidente, durante los últimos días estuve conversando con los distintos representantes de los sindicatos de París, Falabella y Ripley. Hoy día, de hecho, sostuvimos una reunión con nuestro equipo, con ellos, porque, a diferencia de lo que han hecho siempre en años anteriores –que es mantener las tiendas cerradas durante el Viernes Santo– estas empresas han señalado que quieren abrir en aquella oportunidad, a diferencia de lo que viene siendo la tónica de varios años atrás.
Los más afectados y afectadas, por cierto, son los trabajadores y trabajadoras cristianos, que son la gran mayoría, pero yo diría que, más allá del carácter religioso que tiene este problema, lo que nosotros vemos y el análisis jurídico que hacemos es que esta es una decisión empresarial que estaría infringiendo a lo menos dos criterios de la normativa legal: por un lado, los derechos adquiridos y, por otro, un criterio administrativo que es parte de la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, que es la regla de conducta.
Entonces, quisiera solicitar, Presidente, la unanimidad de la Comisión para que oficiemos al Departamento Inspectivo de la Dirección del Trabajo, a fin de que se pronuncie sobre este cambio unilateral por parte de las empresas, que ha partido por Ripley, pero que se está expandiéndose a las demás, e informe a todas ellas sobre lo que procede para no tener que estar pagando multas después y, de esa manera, resolver un problema que estamos a tiempo de solucionar.
Y segundo, quisiera solicitar también a la Dirección del Trabajo que fiscalice el cumplimiento de la Ley 21.692, en particular el artículo número 14 sobre el pago de subsidio a los conductores y conductoras del transporte público, porque nos han llegado –y yo he observado en varias sesiones anteriores– diversas denuncias de trabajadores y trabajadoras, no solo por los distintos hechos de violencia a los que se ven enfrentados cotidianamente, sino por el no pago. La ley la tenemos publicada desde septiembre del 2024. Entonces, estos mismos trabajadores que han notificado este incumplimiento al Ministerio de Transporte han recibido la respuesta de que es necesaria la fiscalización de la Dirección del Trabajo, que en algún momento durante los años 2022 y 2023 realizó fiscalizaciones masivas a este sector, pero particularmente en Santiago, y ahora creo que es necesario que presten especial atención a esta ley, la 21.692, y en particular al artículo 14, que se está infringiendo de manera permanente.
Gracias, Presidente. ¿Habrá acuerdo en la Comisión para oficiar a la Dirección del Trabajo? Sí. Muy bien, se acuerda.
Se ofrece la palabra al Diputado Olavé, Diputado de la VE.
Gracias, Presidente. Muchas gracias. Saludo al Ministro, al Subsecretario y, siempre se me olvida, a la señorita Claudia Reyes. ¡Pame la gana! ¡Pame la gana! Perdón.
Bueno, Presidente, hemos venido tanto yo como otros parlamentarios de derecha, y el Diputado Durán, que ya no está en esta mesa; hemos solicitado que se invite al Bafona para que puedan expresar y exponer el problema que tienen hoy día con el Gobierno, a una institución tan importante que genera cultura y que es parte de ella. Entonces, me gustaría saber si, de aquí a que termine el Gobierno, ¿vamos o nos vamos a invitar? Y, por último, que sea sincero y me diga que no, pero quiero saber si el Bafona, algún día, va a estar invitado a la Comisión para exponer lo que ellos han sufrido, que yo imagino, en tanto que hemos escuchado distintos casos, tanto privados como públicos, la cultura también es un tema laboral y deberíamos, sobre todo, escuchar su sector.
Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Olavé. Tenemos una larga lista de invitados, pero se toma nota de su propuesta para poder invitar al Bafona. No habiendo más votos varios, muy bien, entonces pasamos a la orden del día.
Primero, vamos a dar la bienvenida al Ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell; al Subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes Barrientos; y a la Superintendenta de Seguridad Social, doña Pamela Gana Cornejo. Le damos la bienvenida.
Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Cuello, Barrera, Giordano, Melo, Santana y Soto, don Leonardo; y de las diputadas señoras González, doña Marta, Nuyado y Serrano, que interpreta el artículo...
del Estatuto Administrativo y artículo 2 del Estatuto Administrativo para Funciones Municipales, en el sentido de que el principio de confianza legítima es aplicable a los empleos a contrato que indica, y a esta discusión ha sido invitado el señor Mario Marcel Cullell, Ministro de Hacienda, y el señor Alvaro Domínguez Montoya, abogado académico especialista en Derecho al Trabajo.
Ah, perfecto. Entonces me dice el secretario que, respecto del profesor Alvaro Domínguez Montoya, pido el acuerdo para que pueda comparecer de forma telemática como se acostumbra en esta comisión. ¿Habría acuerdo?
El profesor Alvaro Domínguez Montoya, académico y especialista en Derecho al Trabajo: “Muy bien, acordado.”
Entonces, para iniciar esta sesión, le ofrecemos la palabra al señor Ministro de Hacienda, don Mario Marcel Cullell.
Bienvenido, Ministro.
Muchas gracias, Presidente, y muy buenas tardes a los diputados e integrantes de esta comisión. La invitación que se me hizo tenía el propósito de responder las preguntas y comentarios que se hicieron en la sesión anterior, de la cual ya han pasado varias semanas, pero pese a ello nosotros tomamos nota y me voy a referir a las preguntas y tratar de responder a ellas. En esa sesión intervinieron los diputados Lave, Soto, Serrano, Nuyado, Gaulloa y Giordano, y hubo preguntas; yo diría, básicamente, en cinco temas: uno se refería a la admisibilidad de la moción, otro tenía que ver con la distribución de personal en el sector público, luego uno refería en qué medida el tema de la confianza legítima resolvía problemas de empleo público, y hubo también una pregunta sobre las circulares que se emitieron con motivo de la renovación de contratos del 2024 al 2025.
Se van a referir a esos cuatro temas. Primero, respecto al tema de la admisibilidad, hay que tener claro que la admisibilidad de mociones parlamentarias es presentada por el Ejecutivo en función de su comprensión del cuerpo constitucional, pero la admisibilidad la declara la institucionalidad de la Cámara de Diputados. La pregunta, cuando me la hizo el diputado Melo, fue qué habría pensado yo si hubiera sido diputado. Prefiero no colocarme en esa situación, ya que para ser diputado hay que ganar una elección, cosa que yo no he hecho, entre otras cosas. Sin embargo, la norma constitucional que más relación tiene con esta materia es la contenida en el artículo 65, número 2 de la Constitución, que señala que es de iniciativa del Presidente de la República crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.
También hubo una pregunta complementaria de los diputados Antoni Giordano en relación a si ello implicaría gasto y si, por esa vía, estaría regido por las normas constitucionales correspondientes. A nuestro entender, la aplicación de la confianza legítima y, por lo tanto, la renovación automática de contratos después de dos renovaciones, introduce fundamentalmente, por definición, una rigidez en el gasto en personal, que es materia opinable respecto de hasta qué punto esto tiene que ver con las funciones o atribuciones de quienes ejercen esos cargos, y si tiene que ver con la supresión, desde el punto de vista negativo, de no suprimirlo.
En cuanto al componente de gasto, si bien es un tema que no implica un desembolso directo por parte del Estado, al introducir mayor rigidez en el gasto en personal, como ocurre con cualquier rigidez en materia presupuestaria, genera una presión para resolver las necesidades de los servicios públicos por la vía de mayores contrataciones, en lugar del reemplazo o recomposición del empleo público.
En esta primera pregunta, nos parece que el tema de la admisibilidad es debatible en función de esta norma constitucional que cité y, en el caso del gasto, los efectos pueden ser más bien indirectos, pero no por eso dejan de ser relevantes. En segundo lugar, se planteó si sería partidario pasar a los trabajadores del Estado a contrata o a la planta; entiendo que esta pregunta tiene que ver con los casos que no son planta o contrata, que corresponden fundamentalmente al personal a honorarios. Sobre esta materia hay un dictamen de la Contraloría del año 2022 que estableció para qué tipo de funciones se podía recurrir a contrataciones a honorarios y dispuso que todos los casos que no estuvieran cubiertos por esa definición debían pasar a la dotación a través de planta o de contrata. En aquel entonces se acordó con la Contraloría y se compartió con el Congreso un plan para efectuar ese traspaso en un plazo de cuatro años; ese proceso se ha estado cumpliendo año a año y el último año de aplicación es el año 2025.
Así que, como producto de esto, va a haber un número significativo de trabajadores que están a honorarios y que pasarán a la planta o a la contrata. Una consecuencia es que, cuando se informan las dotaciones de personal, estas se incluyen con el personal que está en la dotación (es decir, los que son planta o contrata y no los honorarios). Entonces, cuando se citan cifras de aumento del empleo público, en realidad hay una parte que simplemente corresponde a personas que estaban a honorarios y que, al integrarse a la dotación, se agregan a esa cifra de personal.
Cada vez que nos han preguntado por el empleo público, esta ha sido parte de la explicación. Ahora, nos preguntaron los diputados Soto, Serrano y Ulloa si esta moción solucionaría eficazmente el empleo público, y luego el diputado Undurraga hizo una pregunta más de fondo, cuestionando si se creía en el principio de la confianza legítima y si la técnica que se estaba siguiendo en este caso era la correcta; en el fondo, hay un tema respecto del significado de la confianza legítima.
Quiero, respecto de esto, recordar las cifras que dimos en esa oportunidad. Señalamos en la reunión anterior que la dotación de personal del gobierno central, excluyendo a personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, es del orden de las 450.000 personas (esto, por supuesto, no incluye a personal de las municipalidades, salud primaria, etc.). De esas 450.000 personas, 260.000 están a contrata, es decir, es el régimen laboral más significativo dentro de la administración pública. Y eso ha ocurrido porque buena parte de los incrementos de dotación que se han registrado desde hace bastante tiempo se han dado por la vía de la contrata, ya que modificar las plantas de personal —como sabemos— siempre toma mucho tiempo y requiere legislación; la legislación, por lo menos las que me han tocado en mi vida profesional, nunca toma menos de un par de años para resolver un tema de planta, concentrándose este fenómeno especialmente en los servicios de salud. De hecho, los servicios de salud pasaron de tener alrededor de 60.000 funcionarios a contrata a más del doble, comparando 2014 con 2023. Entonces, ¿por qué cito esta cifra? Porque la aplicación estricta del principio de confianza legítima, para todos los efectos prácticos, crea un nuevo régimen laboral en el sector público, un nuevo régimen contractual, ya que no es ni planta —porque no está regido por una planta de personal— ni es contrata, tal como está concebido en el Estatuto Administrativo; son personas que ingresaron por la vía de la contrata y que, a través de la confianza legítima, ganan estabilidad en el cargo por la renovación de su contrato.
Es un tema relevante porque resulta que para acceder a un cargo de planta, como todos sabemos, se accede por concurso y los ascensos se producen por concurso. En la contrata no existe concurso ni para ingresar ni para ascender. Por lo tanto, lo que tendríamos sería un régimen laboral que, después de dos renovaciones, confiere la estabilidad propia de un cargo de planta, pero al cual no se accedió por concurso ni se modificó por concurso. A la luz de lo que establece la ley de base, el Estatuto Administrativo, se genera implícitamente un régimen laboral distinto de los regímenes laborales que contempla actualmente la legislación. Este es el tema que nosotros identificamos en relación a la confianza legítima. Ahora, entendemos por qué el tema de la confianza legítima se transforma en un asunto relevante, porque, con el volumen de trabajadores y trabajadoras en contrata, la renovación anual de las contratas se convierte en un factor fundamental de inseguridad para ese conjunto de trabajadores.
Pero el problema, Presidente, es que actualmente no existe, en la normativa del sector público, nada que se sitúe entre la planta y la contrata; tampoco contamos con un mecanismo expedito para ajustar las plantas de personal ni con mecanismos que generen flexibilidad para adecuar los servicios públicos a las demandas, necesidades o mandatos cambiantes de los organismos públicos. Entendiendo que esto representa un problema, nos parece que las soluciones deberían ir más allá de lo planteado en la moción, que se limita a hacer una interpretación del Estatuto Administrativo en relación a la renovación de las contratas. Se trata de un tema relevante y urgente, dada la dinámica que ha venido tomando la composición del empleo público, como acabo de describir.
Dicho eso, Presidente, la pregunta siguiente es si el Gobierno está dispuesto a avanzar en esta materia a través de algún mecanismo alternativo. En nuestra agenda tenemos dos materias en preparación, una más avanzada que la otra. Una se relaciona con la resolución de conflictos laborales a nivel individual en el sector público, vinculada en buena medida con el tema en discusión entre la Contraloría General de la República, el dictamen de la actual Contralora y los pronunciamientos de los tribunales respecto a trasladar las causas laborales del sector público a los tribunales del trabajo; y la otra tiene que ver con el régimen estatutario. Respecto a lo primero, acordamos, dentro del protocolo del acuerdo de la Ley de Reajuste del Sector Público, establecer y crear una jurisdicción especializada para conocer y resolver los conflictos laborales de los funcionarios públicos, compromiso que quedó previsto para comienzos de este año. Consideramos que esta medida es fundamental, ya que ni la Contraloría cuenta con los recursos de personal necesarios ni el mandato suficiente para resolver todos los asuntos vinculados a disputas laborales en el sector público, y trasladar dichos casos a los tribunales laborales solo sobrecargaría un sistema que ya se encuentra saturado. Por ello, nos parece idóneo crear una jurisdicción especializada, en línea con lo que habitualmente se ha denominado tribunales contencioso-administrativos, para atender los temas laborales.
Y la segunda iniciativa es una que hemos concordado particularmente con la ANEF en cuanto a modificar y proponer una reforma administrativa relacionada con los mecanismos de ingreso a la administración, los respectivos regímenes laborales, la carrera funcionaria, el tratamiento del personal de confianza política y otras materias. Tiene un horizonte un poco más largo, pero también es un tema que pretendemos tratar en el curso de este año.
Dado que el tema de la renovación de contratas no va a volver a plantearse hasta fines del próximo año, nos parece que el esfuerzo debería estar, por lo tanto, en el interin concentrado en estas dos materias.
Ahora, ligado a eso, se nos preguntó respecto del instructivo o la circular que envió el Ministerio de Hacienda a los servicios públicos relacionados con el proceso de renovación de las contratas del 2024 al 2025; circular que se entregó a los ministerios de servicios públicos y luego se remitió, en materia de sugerencia y recomendación, a las municipalidades y a las universidades. Y respecto de eso, lo que puedo informar a la Comisión Presidente es que de los 260.000 contratos que correspondía renovar o no a fines del 2024, solo en 982 casos no se produjeron esas renovaciones, es decir, equivalente al 0,3% del total de personas en la contrata.
De esos 982, solo 188 corresponden a funcionarios y funcionarias con más de cuatro años de antigüedad. No teníamos el corte en cinco años, que fue el criterio que en algún momento surgió en la Corte Suprema. Recordemos que la Contraloría, durante dos años, se basó en un fallo de la Corte Suprema que hablaba de cinco; pero si tomamos lo más cercano a esa cifra, estamos hablando de 188 casos, equivalentes al 0,07% de los contratos que correspondía renovar o no en el paso del 2024 al 2025.
Por lo tanto, al menos cuantitativamente, lo que podemos decir es que el problema que se levantó con motivo del dictamen de la señora Contralora fue de una escala bastante reducida en relación al volumen de las renovaciones de contratas que correspondía hacer al final del año.
Esto, déjeme estar seguro... es de un anuncio de 243.000 autorreportados, así que debería ser del gobierno central.
Eso sería, presidente. Muchas gracias, ministro Mario Marcel Cullell. Diputado Lávez, muchas gracias. Diputado Undurraga, gracias, presidente. Saludos al ministro, al subsecretario y a la superintendente.
Yo creo que hay una cosa bien relevante que dice el ministro en su exposición, y es que existe una cantidad importante y muy significativa –no recuerdo los números exactos– de personal a contrata, y la razón de ello es que ha sido imposible, y es físicamente imposible, según la experiencia, ir mejorando o adecuando las plantas de cada uno de los servicios.
Anomalías. Y el ministro señala que existe, además, una dificultad práctica por cuanto a hacer los servicios – la llamada ley de planta –; cada uno de los servicios es lento, es complejo, requiere estudio y finalmente se avanza lento. Entonces, dentro de las dos medidas que propone, una de ellas es una reforma al Estatuto Administrativo para generar una categoría especial. Básicamente, eso es lo que entendí del ministro. ¿Por qué? Porque lo que se genera con la confianza legítima otorga los mismos derechos que a alguien de planta sin haber participado en un concurso de planta.
Está bien, yo entiendo el análisis del ministro; sin embargo, este es un proyecto que ya existe. Entonces, mi recomendación al gobierno es que, sobre la base de este proyecto, se trabajen indicaciones para poder avanzar en la creación de este estatuto. Porque los puntos que plantea el ministro son razonables y los números son pequeños, pero si miramos a los municipios, el problema se genera cuando hay cambio de línea política, y es ahí donde quizá esa cifra habría que revisar a nivel gubernamental para ver si es un mito o es de verdad que existe un problema, ya que en distintos municipios se produce el cambio. Uno podría esperar entonces que, si hay cambio de línea política en el gobierno central, también hubiese cambio mayoritario y, ante eso, se proteja al trabajador con la confianza legítima.
Por ello, mi recomendación al gobierno es que usemos este vehículo legislativo que ya está aprobado –declared admisible por la Cámara– y, a partir de ello, se incorporen las indicaciones pertinentes en este proyecto para apuntar hacia una reforma más sustantiva, ya que, como comparto con el ministro, si se hace servicio por servicio, no se resolverá nunca; y a lo mejor, este es el camino a seguir. De la misma forma, no hacerlo tampoco resulta la solución: el camino no es solamente crear un tribunal especial ad hoc que revise estos casos, porque eso resuelve el reclamo pero no el problema en sí. La pregunta es si podemos resolver el problema generándole nuevas condiciones, algo que podría estar analizando una comisión especial. Este es un proyecto vivo que seguirá avanzando en el Congreso; si el gobierno quiere hacerle algunas indicaciones, sería bueno que lo hiciera. De lo contrario, se generará una expectativa que, al crecer, obligará al gobierno a intervenir, lo que podría hacerla descender.
Mi sugerencia es tomar este proyecto que ya existe. Gracias, diputado Honduraga.
Diputada Jiménez Sandoval: Gracias, presidente. Saludo a las autoridades. Por su intermedio, deseo preguntarle al ministro Mario Marcel que, efectivamente, este tema de la confianza legítima complica, congoja y genera mucha angustia en todas aquellas personas que trabajan en el municipio, ya sea en períodos como noviembre o en cualquier otro, pues se vive mucho nerviosismo. Se entendió perfectamente la explicación del ministro, quien señala que se está creando otra categoría. Sin embargo, en el mundo privado, para que una persona sea despedida después de cierto tiempo, debe existir un despido justificado, con su respectivo proceso. Este proyecto podría transformarse en eso, ¿no? Es decir, que aquellas personas que trabajan bajo esta condición – sin crear otra categoría – en el instante en que sean despedidas, también exista una justificación, dándoles así un poco de tranquilidad a quienes han desempeñado su labor en un municipio o en el Estado, viviendo año tras año esta angustia. De alguna forma, la institución les manifiesta su conformidad con el trabajo realizado, pero sin resolver el problema de la falta de planta. Por ello, se podría hacer una homologación con el mundo privado, de modo que, al menos, cuando a uno le vayan a despedir, la decisión deba estar debidamente justificada.
Creo, entonces, que esa medida podría conferir cierta estabilidad a estas personas. Es solo una propuesta, y me parece que este proyecto se asemeja más a esa línea de pensamiento que a la totalidad de la propuesta que está presentando el ministro Mario Marcel con la mesa de trabajo, ya que el tema de la confianza legítima es casi un área aparte. Además, si bien cada nueva autoridad cuenta con el derecho a contar con un staff de apoyo, hay miles de personas que trabajan y viven esta angustia anualmente.
Eso, presidente. Gracias.
Diputado Jordán: Sí, muchas gracias, presidente.
Gracias también, Ministro Mario Marcel, por su exposición. Creo que los argumentos, como se ha señalado recientemente y que usted ha expuesto en su alocución, son razonables, pero quiero retrotraernos al tema central de la discusión, que tiene que ver con las expectativas de los funcionarios y funcionarias de tener estabilidad en el empleo, que es parte central de los principios que Chile suscribe y que, particularmente, este gobierno adopta en relación al trabajo decente. La estabilidad en el empleo refleja esas expectativas razonables de poder contar con cierta seguridad y permanencia, consolidándose también en una serie de convenios suscritos por nuestro país que configuran compromisos: el 100, el 111, el 155, el 156, el 190, los cuales hicieron su paso por esta comisión.
Entonces, primero quiero reforzar la pregunta que hace, por su intermedio, el Diputado Andurraga, respecto a si el Ejecutivo tiene la voluntad de avanzar en medidas legislativas en el marco de esta tramitación, dentro de las propuestas que se establecen como parte de la solución del problema. Creo que eso es fundamental porque, como señala también la Diputada Sandón, en un año electoral la angustia que este debate provoca sorprende, pues cambia recientemente las expectativas y las reglas del juego en torno al concepto de confianza legítima, que intenta homologar ciertos derechos establecidos en el Código del Trabajo para el mundo privado, relacionados con las dos renovaciones y que implicarían un contrato indefinido que efectivamente da una certeza distinta. Esa pregunta es central para ver cómo avanzamos con este debate y con este proyecto, que evidentemente genera mucha expectación entre los funcionarios y funcionarias.
Además, quiero aprovechar para formular otras preguntas al Ministro. La primera es sobre las proporciones en el Gobierno Central respecto de los funcionarios a contrata: según usted, son superiores al 50%, señalándose cifras de 250.000 o incluso 450.000, si uno incluye a los funcionarios municipales y de los servicios descentralizados; y quizá, aunque las Fuerzas Armadas y de Orden constituyan una categoría distinta, si se amplía el espectro, ¿cuál es la fotografía completa y la proporción? Lo pregunto porque, en realidad, esto también forma parte de la cuestión de si es normal que más del 50% de la dotación del empleo público se encuentre en esta modalidad, la cual, al menos, todos concordamos es inestable y más precaria que otras formas de trabajo o de función pública.
En segundo lugar, quisiera preguntar acerca del desarrollo de la actividad de la función pública. ¿No le genera al Estado de Chile una problemática en términos de planificación a largo plazo para el funcionamiento de servicios tan esenciales como la salud, la educación y otros servicios sociales, debido a la alta rotación y a la elevada contratación en el empleo público? Porque, efectivamente, esto no solo tiene una mirada laboral, sino también una perspectiva de Estado, en cuanto al impacto final que tiene en la gestión y en la planificación.
Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Giordano. Voy a hacer una consulta y luego le doy la palabra al Diputado Mauro González. En primer lugar, considero que las cifras que entrega el Ministro ilustran y aclaran mucho respecto de la dimensión de las no renovaciones en el Estado centralizado. Sin embargo, sería conveniente también conocer las cifras del Estado descentralizado. Yo también he recibido información sobre algunos gobiernos regionales o municipios y, para ser franco, el riesgo mayor se produce cuando existe un cambio de gobierno, sobre todo un cambio de signo, lo cual genera mayor temor en los trabajadores y provoca alteraciones en la composición del empleo público. Por ello, en el fondo, resulta importante avanzar hacia una solución en este año. Y, como ha señalado el Ministro, lo que plantea la moción no abarca todo el fenómeno, ya que es muy complejo y desborda el alcance de la misma; pero, sin duda, el objetivo es hacerse cargo de un elemento de incertidumbre. Respecto de lo que plantea la Diputada Serrano en cuanto a la incorporación de causales, creo que ello se vincula incluso con lo que ha hecho el gobierno con esta estructura.
Yo digo que emitió el Ministerio de Hacienda a los servicios públicos, que yo valoro, porque en definitiva eso incorporó, introdujo ciertos elementos objetivos para evaluar o para justificar si se renovaba o no la contrata. Entonces, creo que va más o menos en esa línea. Ahora, lo que plantea la diputada es sumar eso en la ley, y al mismo tiempo me sumo a la propuesta del Diputado Hondurraca en el sentido de consultar la voluntad del gobierno para poder indicar este proyecto, siguiendo los criterios que usted ha planteado, ministro, para en definitiva avanzar.
Y el caso contrario, cuando se estima cuál es la fecha de ingreso de los proyectos, bueno, el de tribunales es uno, pero el otro tiene que ver, entiendo, con la reforma al régimen laboral en el sector público, que naturalmente hoy día está fragmentado. Entonces, si eso tiene alguna fecha de ingreso, porque en el fondo lo que hay que valorar acá es si hay un proyecto en elaboración, si ese proyecto va a tener o va a estar vigente antes de noviembre de este año, porque ahí se va a provocar una situación en que nuevamente se repetirá la incertidumbre y la angustia para los miles de funcionarios públicos que hoy día están sirviendo al Estado bajo el régimen de contrata. Esa es la consulta, Ministro.
Ahora, le doy la palabra al Diputado Mauro González.
Gracias, Presidente. Agradezco la presentación del Ministro. La verdad, Presidente, es solamente un tema de reflexión. Mire, yo fui funcionario municipal, fui parte de una asociación de funcionarios y conozco la incertidumbre que vive un funcionario o una funcionaria al momento que va terminando el año. Y frente a este proyecto, de acuerdo a lo que ha mencionado el Ministro y tomando un poco las palabras de los colegas que hicieron uso de la palabra, creo que no sería bueno, Presidente, jugar con la expectativa de los funcionarios y de las funcionarias, de acuerdo a la viabilidad política de este proyecto. Y este proyecto, queramos o no, tiene un cuestionamiento de admisibilidad. Eso es un hecho de la causa y tenemos que decirlo de manera honesta en esta comisión. Entonces, ¿podemos avanzar este proyecto, votarlo en particular? Pero tarde o temprano este proyecto podría caer en la tramitación, y eso es importante igual decirlo.
En ese contexto, en lo personal, estoy disponible a tratar el tema, a discutirlo, pero quizás sería bueno esperar que el Ejecutivo presente un proyecto que nazca apegado a la normativa de la Constitución, como corresponde, y con una viabilidad política que pueda realmente ser seria en el tiempo. Entonces, esa es mi preocupación, Presidente: jugar con la expectativa de los funcionarios en relación a esta moción que, a todas luces, a nuestro entender no es admisible y que podría tener un mal final desde el punto de vista de la tramitación legislativa.
Gracias, Presidente.
Gracias, Diputado González. Diputado Frank, ¿se acuerda aún? Gracias, Presidente. Mire, nosotros estamos conscientes de que este es un problema que hay que tratar de solucionar tarde o temprano, pero yo creo que la reforma que hay que hacer es mucho más profunda que un simple cambio de régimen contractual a los trabajadores, porque yo no me imagino que los parlamentarios puedan legitimar la entrada de cientos de personas al Estado, con una carga importante al Estado, como hemos visto en los últimos 10 años. Yo lo comentaba hace un tiempo atrás; a ustedes mismos, acá en la Comisión, salían unas cifras de que en el período 2015–2025 se había aumentado en un 50% la cantidad de empleados fiscales, con todo el costo que eso requiere. Entonces, ya hay mucha inquietud respecto del régimen que tienen los trabajadores del Estado, pero también de la cantidad de personas que están dentro del régimen del Estado. Si ustedes me dicen que quieren regularizar a todas estas personas que hoy día han ingresado, uno lo ve con mucha lejanía, porque yo siento que, efectivamente, aquí hay que regularizar esta situación, pero no avalando la gran cantidad de personas que hoy día tiene el Estado, siendo un Estado poco eficiente, cada día más lleno de personal, sin tener la misma eficiencia en el servicio que prestan. Ese es el tema.
Si ustedes perciben que en los últimos 10 años ha aumentado la eficiencia en la calidad del servicio, como si hubiera aumentado en un 50% la cantidad de personas, fíjese, Presidente, que el otro día salió una nota bien interesante respecto de los ahorros fiscales que se están proponiendo y había una que hacía especial atención en la cantidad de trabajadores. Decía que si cada servicio público …