Cámara de Diputados - Comisión de Bomberos - 11 de marzo de 2025

Gracias. Siendo las 15.35. En nombre entonces, el acta de la sesión 81 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 82 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta, estima Cristina. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos: Un correo de la Secretaría de Gabinete del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, de fecha 5 de marzo, mediante el cual expuse la asistencia del ministro, señor Juan Carlos Muñoz Abogabir, a la sesión de hoy, debido a que se encontrará en comisión de servicios fuera del país. Un estudio enviado por ANAPCI, con fecha 7 de marzo, sobre el estado de la regulación en protección contra incendios en América Latina, elaborado por la TAMPSI. Una solicitud de audiencia del jefe jurídico de incidencia y desarrollo de la Fundación Ronda Chile, señor Basilio del Mar, de fecha 7 de marzo, para exponer, junto a abogados del estudio Colombara, sobre prevención, manejo y gestión de emergencias o desastres a raíz de su experiencia de trabajo con las comunidades afectadas por la pandemia, el incendio del 2022 en Viña del Mar y el mega incendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso. Además, hacen presente que han detectado que sería necesario hacer una revisión de la normativa vigente, su aplicación o la falta de ejecución de la misma, con la idea de plantear mejoras y evitar que tragedias tan grandes como la ocurrida vuelvan a suceder, pues sus consecuencias siguen afectando a las personas damnificadas hasta el día de hoy. Un correo del asistente de gabinete del subsecretario de telecomunicaciones, de fecha 10 de marzo, por el cual se excusa la asistencia del subsecretario de telecomunicaciones, señor Claudio Araya, a la sesión de hoy, debido a que a la misma hora tiene comprometida su asistencia a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de esta Comisión.

Para exponer sobre el mismo tema y votar un proyecto de ley. Sin embargo, comunica su disponibilidad para asistir en una próxima sesión. Toda la cuenta. Perfecto. Muy buenas tardes a todos los que se nos han integrado. Tuvimos la excusa del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, creo que el mismo lunes, ¿no? El mismo día lunes, por lo tanto, en ese mismo instante tomé la decisión de citar al subsecretario, pensando que él podía asistir, pero tampoco pudo hacerlo. Así que, si les parece bien, lo dejamos citado para la próxima sesión. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? El tema es el blackout del 25F, al subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Tomamos la campanita. Perfecto. Y dentro de la cuenta, si se fijaron, hay una solicitud de audiencia. Si me puedes repetir, Cristina, la organización, por favor. —Sí, Presidenta. Es del Jefe Jurídico de Incidencia y Desarrollo de la Fundación Ronda Chile, el señor Basilio Belmar, para exponer junto a abogados del estudio Colombara. No sé si están de acuerdo con recibirlos respecto de alguna materia o prefieren revisar la carta con más detalle para tomar la decisión en la próxima sesión. Muchas gracias, Presidenta. Sí, sobre la solicitud de la Fundación Ronda, que entiendo que finalmente el objetivo es venir a contar, desde una mirada más global y macro, todas las consecuencias a propósito de las catástrofes, en particular de la experiencia que han tenido en el Olivar, con asistencia a las 137 familias, desde un punto de vista no solamente del daño material y las pérdidas humanas, sino también del cuidado de la salud mental. Y, bueno, este estudio al que hacen referencia en el correo que enviaron, que es Colombara, ha realizado un levantamiento sobre la legislación internacional en temas ambientales y cómo hay desafíos pendientes en nuestra institucionalidad y responsabilidades que todavía no terminan de coordinarse bien, a propósito del aprendizaje que tenemos que extraer cuando ocurren desastres, no solo en nuestro país, sino también en toda nuestra región, como hemos visto en el último tiempo, ahora en Argentina, al otro lado de la cordillera. Hay un tema de efectos de crisis climática que debemos saber abordar de mejor manera y, en ese sentido, ojalá podamos recibir a la Fundación Ronda. Presidenta, ¿estamos de acuerdo con recibirlos? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Entonces, la próxima oportunidad que tenemos para ellos será el 25 de marzo, en la sesión del 25 de marzo. ¿Por qué? Porque para el 18 de marzo tendríamos al subsecretario y, además, la directora de Senapred también quiere hablar sobre el tema del blackout del 25F, por lo que también la citamos para el 18. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados colegas? Totalmente. Muchas gracias. Tomamos ahí todos los acuerdos. ¿Sobre la cuenta, alguien más? ¿Ningún punto sobre la cuenta? Nosotros tenemos varios para el final, ¿o no? Ya. Entonces, ¿pasamos a la orden del día? En esta sesión se tiene por objeto tratar, primero, de recibir al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Ya lo habíamos mencionado y se recibió la excusa del ministro, así que no lo leeremos nuevamente. Y, segundo, continuar la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos: • El que establece la obligación de contar con detectores de humo y alarmas de incendio en el diseño de urbanización y edificación de viviendas nuevas, correspondiente al Boletín N° 14.526-14; • El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras edificaciones que indica, correspondiente al Boletín N° 16.919-14; • El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la instalación de detectores de gas y sistema de alarma en viviendas habitadas por personas mayores, correspondiente al Boletín N° 17.290-14, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos, se nos pidió que fuesen citados y escuchados. Y así es: el Presidente del Directorio de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Chile (ANAPCI), señor Cristóbal Mir Gacitúa, asiste junto al vicepresidente, el señor Rodrigo López. Aprovechamos también para dar la bienvenida a nuestro amigo, el representante de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile para estos efectos, el asesor jurídico, el señor Fernando Recio. Entonces, le vamos a dar la palabra a don Cristóbal Mir, por favor.

Muy buenas tardes, señora Presidenta, y por su intermedio saludo a todos los presentes, diputados y diputadas. Primero que todo, agradecer la favorable acogida a nuestra solicitud. Esta fue una segunda instancia, pero se agradece que podamos tener la posibilidad de participar antes de que tengan su sesión de votación de la sustitutiva que refunde los distintos proyectos, por lo que nos alegra poder dar nuestro punto de vista antes de ello, ya que este tema está clavado en nuestro ADN: la protección contra incendios. Vamos a presentar; traemos una presentación que ustedes ya deben disponer, si me dan un segundo. Efectivamente, está en nuestro WhatsApp. Estas ventanitas las vamos a esconder y pondremos la presentación en pantalla completa. Mi nombre es Cristóbal Mir Gacitúa, presidente del directorio, en representación de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. ANAPSI es una asociación sin fines de lucro, una asociación gremial que se fundó en 2019 y que agrupa a un centenar de profesionales y empresas dedicadas exclusivamente al mundo de la protección contra incendios. Quiero hacer hincapié en que, cuando hablamos de incendios, no nos referimos únicamente a los incendios forestales —que también sabemos les preocupan—, sino que nuestro alcance abarca hasta la interfaz urbana-forestal, así como incendios estructurales e industriales; ese es nuestro foco principal. Tenemos la misión de ser un grupo de profesionales y empresas que actuemos como agente de cambio, mejorando el marco regulatorio normativo chileno, el cual reconocemos presenta diversas brechas en distintos sectores. Creemos que podemos contribuir a su mejoramiento y a difundir conocimientos y buenas prácticas en materia de protección contra incendios. Contamos con nexos con asociaciones afines y entidades internacionales de gran relevancia, todo ello con el objetivo principal de aminorar las pérdidas de vidas, la pérdida de propiedades, la continuidad operacional y los costos en general. Nuestra visión es ser un referente técnico en la sociedad en lo que respecta a la protección contra incendios. Hay que entender que, para el concepto de seguridad contra incendios, existen muchos actores; es un ecosistema en donde intervienen numerosos participantes. Ustedes son uno de ellos, y de alguna u otra forma tienen la gran posibilidad de salvar vidas. Nosotros podemos contribuir desde lo técnico, pero también contamos con entes normalizadores, aseguradores, inmobiliarias, ingenieros, arquitectos, entre otros, para lograr ese gran objetivo. Ahora bien, a lo que nos compete: eso es ANAPSI. Vamos a hacer un poquito de memoria; creo que este párrafo de la U lo conocen muy bien, pero queremos hacer una pequeña reflexión sobre el problema que suscita. Se refiere al párrafo que establece que en edificaciones de cinco pisos o más, o que alojen a más de 200 personas, se debe contar con un sistema automático que permita detectar oportunamente cualquier principio de incendio y un sistema de alarma que, en caso de emergencia, alerte progresivamente. Nuestra reflexión se basa en que, si bien este párrafo plantea una estrategia para lograr la protección contra incendios —alertar a la gente para evacuarla a tiempo, antes de que el incendio avance a una etapa avanzada, implementando estrategias como la instalación de detectores automáticos muy eficientes—, también tiene un gran problema: limita o deja fuera una cantidad importante de viviendas, quedando así desprotegidas. Muchos edificios que tienen menos de 5 pisos o alojan a menos de 200 personas se ven afectados, y en otros lugares lamentablemente se pierden vidas humanas por una detección inadecuada.

Aspecto tal que es el incendio conocido que facilitó que estemos hablando mucho de este tema. Entonces, esa reflexión nos lleva a pensar que este párrafo, bueno, que tiene ese error, ese problema de dejar fuera; ¿por qué llegó a ser un problema en el tiempo? Es porque, de alguna u otra forma, la interpretación que tiene una detección oportuna se dejó a libre albedrío, y de ahí incentivos de distinto índole terminaron con unos sistemas que realmente no cumplen ese objetivo. Y, de alguna otra manera, podría ser mejorado, o esto es consecuencia de que, después de este requisito normativo –llamémoslo así– existe la cadena de valor para llegar a la meta. Este es el objetivo, pero hay distintos procesos largos para llegar a la meta; interactúan distintos temas. Llamémoslo así: definimos el objetivo, que es evacuar a la gente, y la estrategia es el requerimiento de tener detectores y alarmas, pero carecemos de una norma técnica que diga cómo se deben instalar para que logren el objetivo de ser una detección oportuna. Entonces, eso dio pie a que cada proyecto se diseñara de una manera distinta que no cumpliera con nada de lo que esperamos. Lamentablemente, profesionales calificados –que es el término normativo que mejor define a quienes tienen las competencias requeridas para hacer estos diseños, estas instalaciones– no existen, ni hay requerimientos por parte de la autoridad para definir cuándo es una persona calificada para realizar esa tarea. No existe un registro ni una autoridad competente que revise estos diseños y los someta a evaluación; solamente la autoridad los recibe, los junta y, de alguna otra manera, si llega a haber un gran incendio con fatalidad, vamos a sacar esa carpeta y vamos a evaluar si ese diseño era bueno o no. Pero ya habremos perdido vidas humanas, ya habremos perdido materiales, etcétera; se buscará una responsabilidad civil, quizás. Y los sistemas carecen de un proceso de recepción para verificar que lo que se hizo realmente era lo que se diseñó, lo que se construyó, y así se completa el ciclo de decir que este proyecto está adecuadamente protegido para el objetivo que se diseñó. Y, bueno, después está la vida útil, el problema de la inspección, la prueba y la mantención. Entonces, si tuviésemos cubiertos esos otros puntos dentro del proceso de la cadena de valor, posiblemente ese párrafo –que dice “un sistema de detección que permita oportunamente la detección” como requisito– sería suficiente porque define una estrategia. Entonces, esa es la primera reflexión del párrafo y que, de alguna otra manera, nos llevará a presentar un inconveniente que vemos en el proyecto de ley que se está planteando y también en el inconveniente que vemos en la redacción del documento de Guadalquivir. Aquí hay unos puntos muy particulares respecto a los tres proyectos; ahí están con sus códigos, y los pongo sobre la mesa para que se analicen posteriormente con tiempo. Nuestra posición es que un dispositivo por planta, pensando en una detección, no logrará una detección oportuna; no es suficiente, porque estamos suponiendo que todas las plantas pueden ser pequeñas o tener la misma distribución, y eso no es así. Podemos tener plantas que, por su distribución, requieran más de un detector. Por su dimensión, los detectores tienen una cobertura: este detector que tenemos acá arriba va a detectar un incendio en una cierta área –que es de 80 metros cuadrados aproximadamente– y lo que ocurra en una casa de mayor dimensión quizás no se detecte. Entonces, estamos dando una solución que espera una respuesta de un detector más allá de lo que está certificado ese equipo, pensando en que un detector por planta será capaz de detectar oportunamente un incendio. Entendemos que puede haber resquemores respecto a pedir más por los costos –lo cual ya ha sido tema en conversaciones en la Cámara Chilena de la Construcción, que también lo ha planteado–, pero nosotros venimos a dar una opinión técnica; ese es nuestro rol, esa es nuestra función, y queremos ser un referente. Para eso, estamos disponibles cuando nos requieran. Consideramos muy adecuado el requerimiento de que sean sistemas de detección en edificios o condominios que estén acogidos a la Ley de Copropiedad, entendiendo que el objetivo es comunicar el incendio a la persona que está en conserjería, la cual atiende 24/7 y puede tomar medidas de acción.

Entonces, en ese sentido, en ese punto, creemos que es de mucho aporte que se hable de sistemas de detección en las viviendas acogidas al régimen de copropiedad. Respecto al proyecto segundo, que yo puse los numeritos porque el nombre es muy extenso, habla de que deben ser dispositivos autónomos, y hay que reconocer que existen dispositivos autónomos y existen dispositivos energizados, cableados, que de alguna u otra forma estaríamos dejándolos afuera. Hay un concepto erróneo que pide que tengan una autonomía de 10 años los dispositivos. Un dispositivo es un dispositivo de batería que no necesariamente va a durar 10 años la batería. La normativa, las buenas prácticas, dice que tú, cada cierto tiempo, tienes que apretar un botoncito y ver si el detector te da una señal de que está funcionando o te tira un pitido continuo que indica un problema de batería, y ahí uno lo reemplaza. Pero si decimos que tenga una autonomía de 10 años, la persona puede pensar que se lo puso en un año y no tiene que hacer nada porque va a seguir funcionando autónomamente en el tiempo. En general, los dispositivos y las prácticas internacionales indican que, después de 10 años, se deben reemplazar por obsolescencia tecnológica. Entonces, aquí hay un concepto un poco erróneo o bastante erróneo respecto al requerimiento o a la recomendación: deberían ser probados cada cierto tiempo y los dispositivos reemplazados cada 10 años. Después vemos con dificultad que hay un requerimiento de que, si una vivienda es arrendada, se exija —o sea, es un derecho del arrendatario— que tenga un dispositivo de detección, y se le dé la potestad al arrendador de cobrarlo dentro del canon de arriendo. Hay que entender que, si yo estoy en un edificio que tiene una cierta instalación, disponer, cuando yo quiero arrendar esa unidad, de un dispositivo suena sencillo, porque puedo comprar el dispositivo de alarma y ponerlo; pero entramos en contrasentido con respecto al hecho de que estamos exigiendo, en los edificios acogidos a la Ley de Copropiedad, que ese dispositivo esté interconectado al sistema central, es decir, a una alarma centralizada. ¿Cómo resuelvo aquello? Es una dificultad no menor, porque canalizar, llevar un circuito a ese panel de incendio y conectarlo al lazo no siempre es factible. Tendría que tener la capacidad del dispositivo para recibir más unidades conectadas a ese sistema, y eso no siempre va a ser posible. Siempre los edificios van a poner el panel de incendio —que, lamentablemente, en ocasiones es de instrucción, otro tipo de tecnología—, pero dicho panel será el necesario y suficiente para el diseño original, sin prever que luego se puedan incorporar otros dispositivos en el caso de querer arrendar esa unidad. Entonces, se vislumbra un juego que puede traer una complicación futura. Bueno, hay otro requerimiento en ese proyecto de ley que se refiere a detectores o alarmas de humo solamente en las habitaciones de los hoteles. La práctica internacional es que hay habitaciones de hoteles que, efectivamente, al abrirse son tu habitación, pero también hay suites u otro tipo de habitaciones que tienen áreas comunes —por ejemplo, dos o más dormitorios, etcétera— y, en ese caso, la práctica es instalar un detector en cada habitación y uno en el área común de la suite, lo que dejaría fuera algunos espacios. Respecto al proyecto de detectores de gas, se exige un detector de gas en cada planta. Nosotros hacemos la observación de que el detector de gas debe estar ubicado en el lugar posible de fuga y debe cubrir la zona correspondiente. No se justifica pedir un detector de gas en una planta en la que no necesariamente existe una fuente de gas; sería algo poco racional. Y sucede lo mismo con la dificultad de instalar un detector de gas cuando en esa unidad que se vendió se va a incorporar —o posteriormente habitará— una persona mayor. Si compro una unidad, con el tiempo, puedo envejecer, y quizá después tenga que requerir un departamento; un edificio no va a construir unidades que sean solo para personas mayores, por disponer de ese dispositivo de gas, y otras para el resto de la población sin ese requerimiento. Entonces, ahí se evidencia una dificultad. Y esas son las observaciones que tenemos de los tres proyectos. Y respecto a las recomendaciones de Cohan y Kemp, nosotros participamos en la mesa técnica.

Pero no de forma permanente, sino que nos citaron a dar nuestra opinión inicialmente en el proceso. No participamos en la redacción específica del documento. Entonces tenemos algunas observaciones que están planteadas ahí dentro de los tres puntos que plantea el informe de Cuaniquén. El primero habla de una alarma oportuna. Nosotros estamos en desacuerdo de que un dispositivo de alarma sea suficiente. Hay que analizar caso a caso el riesgo para definir si realmente ese dispositivo va a ser suficiente para esa unidad. No podemos decir que todas las unidades con un detector van a lograr una oportuna notificación del incendio. Y eso es parte del documento técnico de diseño. No necesariamente tiene que ir en una regulación como la UGUC. Tiene que haber un documento técnico que me enseñe, me diga el proceso que yo tengo que hacer, una evaluación. Creemos que una redacción similar a la que tiene la UGUC, que establece que se debe diseñar de acuerdo a una normativa nacional técnica existente y, en ausencia de una normativa técnica internacional, se debe poner de referencia normativas ampliamente utilizadas por la industria, resulta adecuada. En el caso de los dispositivos de detección, se puede tomar como referencia la norma de diseño y construcción de instalaciones de detección, que es la NFPA 72, y, además, la norma NFPA 101, que habla de la seguridad humana y que indica dónde deben colocarse los dispositivos. Creemos que es más estratégicamente correcto. La recomendación de Coaniquem habla de que se deben disponer de detectores audibles y visibles. Ustedes, que estaban preocupados por los costos de los dispositivos, saben que un dispositivo audible y visible no es lo mismo: lo audible es la señal sonora, mientras que lo visible incluye una luz estroboscópica, es decir, una mezcla de dos tecnologías. Los dispositivos audibles y visibles son necesarios cuando una persona tiene una discapacidad auditiva; en ese caso, es requisito que se instale ese dispositivo en la unidad. Pensemos en un hogar de ancianos: pueden presentarse distintos casos. En la casa de una persona que tenga esa dificultad es una buena práctica instalar un dispositivo audible y visible; pero si lo exigimos en todas las casas, será más costoso. Hay otro requerimiento que nosotros establecemos: para los pisos de 5 o más ocupantes, o de más de 200 ocupantes, se requiere audio evacuación. Creemos que es muy bueno. Es distinto un dispositivo que simplemente notifica con una alarma; si hubiese un incendio, va a sonar un “pi, pi, pi, pi”, quizás de forma interconectada en todo el sistema. Tecnologías más modernas —aunque ya llevan varios años—, como las de audio evacuación, permiten establecer mensajería. Además de las alarmas, permiten generar una notificación de audio en la que se dan instrucciones, lo que logra una evacuación mucho más efectiva de las personas, ya que el mensaje es más claro. Así, puedo indicar que las personas del nivel 1 al 3 bajen o, alternativamente, las del nivel 3 al 5, estableciéndose estrategias de evacuación. Es muy bueno aquello, aunque es más costoso. Pero claro, en edificios donde la altura es importante, la evacuación sonificada es una muy buena estrategia. Entonces lo ponemos al análisis: quizás en edificios más bajos, donde evacuar los pisos no sea tan complejo, no sea necesaria la audio evacuación, tal como lo plantean ellos, pero queremos tener clara la diferencia y hacérsela saber. El documento de Coaniquem establece ciertas entidades reconocidas respecto a la certificación de dispositivos. Principalmente en Chile hay dos, UL y FM; UL está incluido en el documento, mientras que FM quedó afuera, pero al menos en la industria son los dispositivos que nos dan confianza. Mientras no exista otro organismo que pueda someter estos dispositivos al mismo nivel de pruebas que realizan estos laboratorios, serán los que toda la industria adquiera. Y hay una indicación que establece la responsabilidad del administrador, quien es encargado de la inspección, de la prueba y de la mantención, lo cual nos parece muy positivo, ya que le otorga la potestad de reparar los dispositivos.

Los dispositivos son cajitas cerradas, que están certificadas, y al momento de repararlos yo tendría que llevarlos a un organismo que esté certificado para someter el proceso de reparación, lo cual no va a existir en Chile; no es la práctica internacional. Si un dispositivo falla, se reemplaza; no fallan habitualmente. Un dispositivo listado o aprobado para la protección contra incendios es un dispositivo de alta confiabilidad, que no va a fallar mensualmente ni semanalmente, salvo que se encuentre en condiciones muy deplorables, pero repararlo no es una alternativa a considerar. Respecto al documento o a la Recomendación 2 del sistema de información, es algo que nosotros hemos, como banderita de lucha desde que nos constituimos en 2019, mantenido: la estadística es un problema, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, lo conocemos bien. Encontramos muy buenos los puntos que se plantean a levantar y solicitamos incorporar algunos otros, principalmente esos tres puntos: la tasa de fallecidos posincendio, porque esa es una información que ustedes mismos han observado que no es posible cruzar, ya que solamente se registra a la gente que falleció en el momento del incendio; después se traslada a la atención médica, pero no se sabe si esa persona falleció a causa del incendio, y muchas personas fallecen posteriormente producto del incendio. Quedaría ahí una cifra negra que sería buena tener presente para evaluar realmente la efectividad de las medidas. Respecto a los dispositivos de protección, toda la estadística internacional evalúa la consecuencia del incendio en función de si esa casa o vivienda contaba o no con dispositivos de protección. Entonces, sería bueno que la estadística evaluara o registrara si ese incendio ocurrió en una vivienda con dispositivos de detección, si estos se activaron o si estaban operativos, lo que nos permitiría luego hacer un análisis sobre la efectividad de aplicar los detectores; de lo contrario, no estaríamos obteniendo datos completos si solo consideramos los puntos actualmente indicados en el sistema de información. Y hay otra cosa: nosotros queremos evaluar si el nivel de daño se reduce gracias a la detección oportuna de un incendio. Ocurre un incendio, pero sería bueno contar con un indicador del nivel de pérdida que tuvo la vivienda para ver si contar con este dispositivo fue realmente efectivo. Además, si existe un costo asociado a la cantidad de personas afectadas en una pérdida total —cuántas personas se ven albergadas, desplazadas, etc.—, puesto que son costos que generan múltiples consecuencias derivadas de los incendios. Internacionalmente, UL, que es una institución reconocida en este tema, incluso evalúa el daño sufrido en un incendio: qué pérdida económica se generó en el tiempo, cuánto se perdió de la vida laboral, de la vida útil, etc., para evaluar el costo de manera global. UL, Underwriter Laboratories. Respecto al tercer punto, que es educación y prevención, nosotros estamos muy satisfechos de que, en sesiones anteriores, hayan coincidido en que Chile sea parte del Día Mundial de la Protección contra Incendios declarado por la ONU el año pasado, dado que este es un proyecto impulsado desde Latinoamérica. Este Día Internacional de la Protección contra Incendios fue presentado por la TAM-PCI, que es la federación, llamémosla así, de Asociaciones Nacionales de Protección contra Incendios, de las cuales ANAPSI es parte. De alguna u otra manera, estamos muy orgullosos de que, como asociación, hayamos logrado que en Ginebra este año, el 8 de octubre, se celebre el Día Mundial de la Prevención contra Incendios, día que también celebraremos en Chile y en el que nos visitarán representantes de distintos países de Latinoamérica que forman parte de la TAM-PCI, ya que en esa fecha también se realiza en Chile un evento llamado Expo Fuego, que reúne a toda la industria. Así, el primer Día de la Protección contra Incendios se celebrará tanto en Chile como en Ginebra; de alguna u otra manera, agradecemos que sean parte y que hayan querido adherirse a esa moción.