Senado - Educación - 12 de marzo de 2025

Estamos por iniciar la sesión del día de hoy. Yo podría sentarme unos minutos, ¿me podría apreciar un minutito? Porque tengo que ir a la economía a dar... Presidente, en cuenta, voy con la cuenta, ¿no es cierto? En cuenta, presidente, dos temas. Uno, la urgencia suma para el proyecto de ley que está hoy día en tabla, como en la sesión anterior, y tiene por objeto, o se refiere, a la convivencia, al buen trato y al bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. También comentar, presidente, que en esta sesión, como se observa en los invitados, había sido invitada dentro del Estado la subsecretaria de la prevención del delito, Carolina Leitau. Ella, por razones de agenda, expresa sus excusas de no poder asistir a esta sesión y queda atenta a una próxima invitación; debe encontrarse hoy día en la Región del Maule. Y luego, presidente, se presenta un documento de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados, que reitera una solicitud incluida en la cuenta en la sesión del día 24 de julio de 2024 para agilizar la tramitación del proyecto de ley sobre estudiantes cuidadores. Recordar, presidente, que este proyecto lo dimos nosotros en la comisión el año pasado y ocurrió lo siguiente: este proyecto se puso en tabla en discusión en particular en la sala del Senado el 30 de octubre de 2024 y, en esa oportunidad, como ya estaban sesionando algunas subcomisiones de presupuesto, se pidió segunda discusión; intervinieron cinco o seis senadores y se alcanzó un principio de acuerdo, el que no se materializó, de acuerdo con lo solicitado por el Senado Morera, con la esperanza de que se pudiera poner en la próxima sesión en tabla. En consecuencia, este proyecto del 30 de octubre de 2024 está pendiente en su segunda discusión y, en consecuencia, su posterior votación. Eso es, presidente. ¿Esta es discusión en general? En particular. Ah, en particular, eso es así; pero también hay que decir que, cuando escuchamos a los rectores, todos señalaron que estaban de acuerdo, aunque piensan que debía venir acompañado de recursos. En este caso, tiene que verlo la sala y, en ese sentido, se convocó a la Cámara para que la viera, dado que este viene de la Cámara. Quizá sea uno de los temas que podría ser considerado en la tabla del Senado. Pregunta: ¿Cuándo vence la urgencia del proyecto sobre convivencia, que es el que se va a discutir ahora? Es el 11 de marzo, a 15 días, prácticamente en un último día de la sesión de la semana regional. Muy bien. Recordar, presidente, que en la sesión pasada el presidente dio cuenta del listado de invitados en este proyecto de convivencia. Además de las aproximadamente 15 solicitudes de invitación para exponer este proyecto, en esta sesión ha sido convocado el director Marcelo Carr, quien había pedido ser invitado y no pudo asistir en su momento. Ahora, el tema es que, en cuanto a excusas, se ha avanzado poco con el listado; numéricamente son 19 invitados y se han recibido 4. Muy bien, presidente, sobre el punto. Sobre el punto.

Sobre la cuenta también, por si quisiera intervenir alguno de los senadores. Muchas gracias. Bienvenida, senadora Yasna. Muchas gracias, presidente. Mire, sobre el punto que se estaba abordando, el tema de los invitados a la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, quisiera solicitar que la comisión pudiese invitar a la directora de la Fundación Conexiones Inclusivas para el Mundo, la doctora Erika Castro Plaza. Voy a dejar su correo y su contacto. Ha realizado un análisis muy exhaustivo del proyecto de ley que se ha presentado; ha analizado las propuestas de los gestores colaborativos en los conflictos de la dependencia y, además, hay una serie de sugerencias que, por cierto, comparto en este proyecto de ley, particularmente respecto a la falta de un enfoque de innovación, de cambio real. Además, este proyecto no tiene un concepto preventivo, sino que actúa después de que han ocurrido las situaciones de violencia. Creo que sería un aporte muy importante para la comisión y para todos nosotros poder escuchar a la Fundación Conexiones Inclusivas para el Mundo. Así que dejo acá mi solicitud. Muy bien, muchas gracias, senadora. Por supuesto, lo vamos a conversar con el presidente titular, pero dejamos registrada su solicitud. Senador Alejandro Kuzanovic. Gracias, presidente. Yo quería, si me permiten, plantear un problema que estamos viviendo en Magallanes, si no hay problema. Mire, quiero exponer una lamentable situación que se está viviendo en Magallanes, donde llevamos más de una semana y media sin clases debido al paro indefinido que mantienen los profesores en busca de mejoras laborales, y con mucha razón, porque esto se origina en acuerdos que firmaron alcaldes y otros actores antes del traspaso del ELEP, beneficiando desmedidamente a los asistentes de la educación, pues elevaron sus remuneraciones en mayor proporción al valor que se les paga a los profesores. Incluso, hay asistentes de educación que ganan más que un parlamentario. Lamentablemente, siempre he dicho que, en vez de arreglar los problemas, a veces los empeoramos. Quizás debimos haber corregido los errores que teníamos en las corporaciones municipales, ya que esto era un proceso de regionalización, y en vez de arreglarlo hicimos el ELEP, transfiriendo todos los problemas para allá, lo que los amplificó y generó mayores inconvenientes; en vez de arreglar algo, lo empeoramos. Además, el director regional del ELEP se comprometió a solucionar esta injusticia; sin embargo, no han arribado mayores recursos y, aun cuando en Magallanes —por su condición de zona extrema— todo es mucho más caro y complejo de obtener, estas razones han llevado a los profesores a realizar este paro, que está afectando a miles de familias. Creo, sin embargo, que no existe mayor compromiso de las autoridades nacionales para buscar una solución en la región. Los profesores necesitan la presencia del ministro de Educación y del director nacional de Educación Pública para abordar este problema, que, aunque no es fácil, se ha agravado porque, al final, todos fuimos partícipes en aumentarlo. Lamentablemente, en este contexto, algunos alcaldes abusaron del traspaso, subieron los sueldos y generaron un problema que se amplificó. Por lo tanto, solicito, por intermedio, señor presidente, el apoyo de los miembros de la Comisión y que se envíe un oficio al ministro de Educación y al director nacional de Educación Pública, requiriendo su presencia para destrabar este conflicto y permitir, de una vez, dar inicio al año escolar en Magallanes. Gracias. Muy bien, gracias, senador. ¿Habría acuerdo en enviar el oficio como lo ha señalado el senador? Tiene razón, tiene razón, esperemos. Aquí viene el presidente Quintana. El origen de este problema es el hecho del aumento de remuneraciones que se produjo a los profesores y también a los asistentes de educación antes del traspaso. Solicito, en consecuencia, al senador Kuzanovic que se envíe un oficio al ministro de Educación y al director nacional de Educación Pública, con el objeto de que tomen carta de este asunto y velen para que se continúe con la prestación de servicios educacionales. Muy bien. Si hay acuerdo en la comisión, se despacharía el oficio. Perdón, lo que pasa, presidente, es que…

Hay una injusticia muy grande que se originó en el traspaso, producto de alcaldes inescrupulosos que subieron los sueldos antes del traspaso y generaron, pues ya se habían presentado problemas, lo que aumentó la situación. Hoy en día hay asistentes de educación que ganan más que un parlamentario, ganan siete millones. Entonces, los profesores están indignados por toda esta injusticia y hay que buscar una solución, porque no se puede. Yo lo tengo totalmente claro y, si fuera profesor, estaría igualmente indignado con este tema. De hecho, lo había conversado con el Ministerio de Educación; es el mismo Magallanes, de la Corporación. Bueno, ¿se acuerdan de enviar el oficio? De hecho, están los invitados ya fuera. ¿Podríamos partir con el Colegio de Profesores, si les parece? Precisamente. Presidente, por efecto de información, dos cosas: que también acá está ya el quórum de la comisión, y que la senadora Proboste solicitó invitar a la señora Erika Castro, quien es la directora de la Fundación Confecciones Exclusivas para el Mundo Nos Vemos. La senadora Proboste indicó que sería muy importante contar con la concurrencia de esta persona, ya que cuenta con amplia experiencia en relación con las materias que son objeto del proyecto de ley sobre convivencia escolar. Había un acuerdo de cerrar la vista, pero yo creo que sería bueno escucharla. ¿Se ha escuchado algo? Claro. Fue incluida también, en consecuencia, en la vista para ir definiendo en las próximas audiencias lo que vamos a ir haciendo. Además, presidente, conviene anotar que, en materia de invitados, originalmente eran tres para este proyecto: Colegio de Profesores, Acción Educar y la Subsecretaria de Prevención del Delito, quien se excusó de asistir a esta sesión y podrá ser invitada a la próxima. De los invitados, uno está por Zoom, que es Acción Educar, y de manera presencial están acá el Colegio de Profesores, Mario Aguilar y sus acompañantes. Por favor, hagamos pasar entonces a los invitados del Colegio de Profesores. Bien, reanudamos para dar la palabra al presidente del Colegio de Profesores y su directiva, a quienes saludamos y que nos acompañan el día de hoy. Ya decía, está don Mario Aguilar, y lo acompaña la primera vicepresidenta, la señora Patricia Muñoz; el segundo vicepresidente, don Guido Reyes; la directora, señora Ligia Gallegos; la profesorera, señora Graciela Álvarez; y el arquitecto, señor Gonzalo García Huidobro. Del área audiovisual, acompañan la delegación del Colegio de Profesores, don Patricio Quintana y la jefa de gabinete, señora Marcela Campolo. A todos ellos, la más cordial bienvenida. Se les ofrece la palabra, considerando que disponemos de unos 10 a 15 minutos, estimado presidente, el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Le saludo y, por intermedio suyo, saludo a los senadores presentes en la sala, a los funcionarios del Ministerio de Educación y al secretario de la Comisión. Ya somos clientes frecuentes, así que, en efecto, nos conocemos. Usted ya presentó a parte de la directiva que está acá, y esta delegación está compuesta por varios dirigentes que creemos firmemente que este proyecto es muy importante. Se trata de un proyecto que, efectivamente, surgió en los últimos años ante una necesidad fuerte y en el que, en el trabajo prelegislativo, colaboramos con el Ministerio de Educación. Muchas de nuestras inquietudes fueron incorporadas en el proyecto original, el cual luego tuvo algunas modificaciones en su trámite en la Cámara de Diputados.

Que algunas de ellas las quiero mencionar, pero esencialmente es un proyecto que, si bien es cierto no lo consideramos perfecto, creemos que es una herramienta que va a servir y va a ayudar, por lo tanto nosotros abogamos por su aprobación, eso es lo primero que queremos decir. Abogamos por su aprobación porque creo que es público y conocido como el tema de convivencia, violencia, agresiones, acoso ha llevado a las comunidades escolares, en algunos casos, a situaciones límites. Son distintos temas, pero que se pueden englobar en el concepto convivencia escolar. Nosotros, el año pasado, el 7 de agosto, tuvimos una manifestación nacional que incluyó paralización de actividades y que, inusualmente—normalmente las paralizaciones y movilizaciones son en el contexto de negociaciones, por mejorías salariales, por contextos de ese tipo o cuestiones sistémicas—en este caso, la movilización que realizamos en el país, que fue además con altísima convocatoria, se denominaba, en su frase de fuerza, que la convocatoria fue no más agresiones, violencia ni acoso. O sea, fue esta temática la que movilizó y sigue muy fuertemente presente en la demanda del profesorado, particularmente el colega que está en las escuelas, docentes de aula, directivos, que sufren diariamente situaciones, algunas extremas. Hemos tenido situaciones de agresiones directas, algunas muy graves. Puedo citar el caso del profesor en San Ramón, que lleva ya seis cirugías, producto de las secuelas que le dejó una agresión de golpe de puño, puntapiés en el suelo, que le dio un alumno junto con su apoderada. Tenemos casos que han generado cierta conmoción pública, ya que han circulado videos que se han viralizado de graves agresiones a docentes. Tenemos el caso de suicidios, particularmente de dos colegas que, por situaciones originadas en su desempeño profesional—básicamente acoso, maltrato laboral y amenazas—en algún caso también el de la colega Katherine Yoman, Antofagasta, con amenazas directas de estudiantes y de apoderados, y agresiones físicas, y según las expresiones de la profesora en los últimos días, un verdadero abandono del sistema. Ella recurrió a todas las instancias, a su jefatura directa, a la Corporación de Educación, a la Superintendencia de Educación, a Dirección del Trabajo, a todas las instancias de la institucionalidad, y no tuvo respuesta, no tuvo solución a su situación, llegando a tomar finalmente la dramática decisión de quitarse la vida. El profesor Albano Muñoz, en la comuna de Molina, también en el año 2024, llegó a una decisión de este tipo terrible, producto de situaciones de maltrato laboral y de acoso de sus jefaturas, que gatillaron finalmente en este hecho. Y así, siguiendo muchísimas situaciones, yo quiero decir que para nosotros este proyecto tiene primera prioridad. Cuando nos preocupa y aparece en el debate público el tema de los aprendizajes, los resultados, las pruebas estandarizadas, en fin, esas cosas que de repente están muy presentes—hace poco se entregaron los resultados y siempre se genera debate en torno a si estos mejoran o no los aprendizajes, si están bien o no—yo quiero decir que cuando no hay buena convivencia escolar es prácticamente imposible que hayan buenos aprendizajes y, por lo tanto, este tema debe ser abordado y debe ser priorizado. Es, tal vez, hoy día el conflicto y el problema número uno que viven las comunidades escolares. Nosotros, como dirigentes, visitamos escuelas, entramos a la sala de profesores, a una reunión, al consejo de profesores, y nos dan un espacio para poder conversar con los colegas. En el 100% de los colegios va a salir este problema: el problema de convivencia, el problema de violencia, el problema de las agresiones y el problema del acoso. Por lo tanto, solicitamos que este proyecto pueda avanzar y pueda ser aprobado. Ya, entrando en lo más específico, nosotros tenemos un informe que hicimos entrega y ahí ustedes tienen, obviamente, no lo voy a leer completo, pero lo hemos incorporado para que ustedes lo puedan, digamos, revisar e incorporar en la tramitación de la ley. Nos llama la atención algunas situaciones que ocurrieron en la tramitación en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en algunas modificaciones a nuestro entender se le quitó fuerza. Por ejemplo, el cambiar una...

La frase que decía el derecho de alumnos y alumnas a estudiar en un ambiente tolerante, seguro, saludable, de respeto mutuo y libre de violencia, finalmente se modificó y quedó más genérico. Nosotros creemos que eso no es lo mejor. Voy a mencionar rápido, por el tema del tiempo, distintas situaciones. La modificación que se hizo al artículo 16A, que regula la buena convivencia educativa, una definición de nueva convivencia educativa y que tiene una reacción en un acto donde se decía aquella en que se promueven relaciones, interacciones inclusivas y democráticas que fomentan la cohesión entre todos los integrantes de la comunidad, consistió en eliminar la palabra “democrática” y cambiarla por “participativa”. Nos llama la atención, ¿por qué puede molestar la palabra democrática? No entendemos qué tiene de malo la palabra democrática como para que se la haya cambiado por una palabra que, si bien tiene una connotación positiva, no posee la misma fuerza. Entonces quedó “interacciones inclusivas y participativas” en vez de “interacciones inclusivas y democráticas”. No entendemos cuál es el fundamento para cambiar una palabra que a todos nos debiera motivar. Nos preocupa la eliminación que ocurrió en la Cámara de Diputados del artículo 16E. Entiendo que se eliminó dicho artículo, de acuerdo a lo que escuchamos en el debate, por algunas frases; entiendo que la palabra género molestó y por eso se eliminó el artículo completo. Pero ese artículo nos parece importante y nosotros quisiéramos solicitar que fuera repuesto, porque, si la palabra género es tan molesta para algunos sectores, tal vez se puedan revisar las indicaciones. Sin embargo, el artículo 16 nos parece fundamental porque establecía una serie de regulaciones sobre procedimientos, y esos son los procedimientos que fallaron con Katherine Yoma y fallaron con el profesor Albano Muñoz, siendo justamente esos aspectos los que hacen operativa la ley. Porque cuando las leyes son solo declarativas y generan conceptos que a veces son muy bonitos, pero no tienen redacciones operacionales, finalmente quedan en letra muerta. Quiero citar el ejemplo del actual artículo octavo bis, que en este proyecto de ley se propone modificar y nosotros estamos de acuerdo con esa modificación. El actual artículo octavo bis contiene toda una redacción del derecho de los profesores, de contar con un ambiente seguro, y así; una larga redacción que uno lo lee y, por supuesto, está de acuerdo. Pero, como esa norma no tiene ninguna redacción operacional posterior, finalmente queda en letra muerta. Este artículo 16C, a nuestro parecer, era de interés importante porque le daba operatividad a todos los conceptos que se incorporan como derechos y como aspectos deseables para desarrollar una buena convivencia escolar. Por lo tanto, nosotros creemos que se debe reponer el artículo 16E en un sentido similar al que tenía en su redacción original. Lo que hace también la modificación al artículo 8º bis nos parece acertado, porque, insisto, le entrega operatividad. Me refiero al artículo 8º bis del Estatuto Docente; las otras normas tienen que ver con la Ley General de Educación, por lo que, en este caso, las modificaciones que se hacen al artículo 8º bis nos parecen correctas, es algo en lo que hemos trabajado con el Ministerio de Educación. Sin embargo, nos preocupa que había una norma que para nosotros era importante, ya que establecía la obligación de los sostenedores de proporcionar asistencia jurídica a los docentes agredidos. Y eso nos parece fundamental, porque en muchos casos los docentes sufren la situación –incluso llega a trascender en televisión, causando gran conmoción– pero, posteriormente, muchas veces quedan abandonados y deben seguir por sí mismos tratando de obtener algo de justicia. Se modificó esto en la Cámara de Diputados, dejándolo únicamente hasta la presentación de la denuncia: “al menos hasta la presentación de su denuncia, la asistencia jurídica que tiene que tener el sostenedor”. Nosotros creemos que la asistencia jurídica del sostenedor deberá ser, para un trabajador de su dependencia que fue agredido, permanente, hasta la resolución de la situación, y no solamente hasta la presentación de la denuncia. Creemos que ahí se debilitó una cuestión importante.

El proyecto de ley tenía y, de aprobarse en esos términos, va a debilitar justamente algo para nosotros muy importante como es el apoyo jurídico permanente. Nosotros, a algunos de los casos, le hemos dado apoyo jurídico y hemos seguido con abogados nuestros la presentación de los casos en sus gestiones judiciales, pero nuestro alcance no permite abarcar todos los casos y, además, en nuestro caso nos remitimos solo a docentes colegiados. Los no colegiados quedarían totalmente sin esa posibilidad adicional de que el gremio asuma su defensa. En cuanto a las disposiciones transitorias, nos parece muy bien la modificación que hubo en la Cámara de Diputadas y Diputados: en la propuesta original, esta ley entraría en vigencia a los 12 meses de su publicación; eso se acortó a tres meses, y con esto quiero destacar y recalcar la importancia de que esta ley se apruebe pronto. Les aseguro que en estos momentos, en algún colegio de Chile, está habiendo alguna situación de tipo serio en materia de convivencia y, hoy día, no se tienen herramientas, ni suficientes herramientas, para enfrentar estas situaciones. Y, aunque esta ley no es perfecta ni va a resolver el problema de fondo –la violencia–, estamos muy conscientes de que la violencia que existe en los colegios es la misma que se manifiesta en la sociedad y que llega a los establecimientos, por lo que se deben entregar herramientas para contener esa violencia, y esta ley lo hace. Por lo tanto, nosotros queremos que esta ley se apruebe con prontitud. En síntesis, y como propuestas finales más específicas, queremos destacar, además, que se haga mención a la ley Karim en la modificación que se hace al artículo 8º bis y, en general, a todas las medidas de protección que mejoran ese artículo. Como el artículo 16-e se cayó completo y, asimismo, se cayeron partes del artículo 16-f, queremos señalar que nos parece importante el establecimiento de sanciones para los sostenedores que no cumplan con las medidas que la propia ley establecerá para asegurar una buena convivencia escolar, prevenir los hechos de violencia y establecer las sanciones correspondientes. Las faltas graves en la actual regulación de subvención implican solo multas y, nosotros, creemos que cuando hay reiteradas situaciones de incumplimiento respecto al tema de convivencia escolar, las sanciones debieran ser más gravosas o más duras que únicamente multas. Proponemos, por ejemplo, que cuando un sostenedor de un establecimiento o el personal de su dependencia, habiendo tomado conocimiento –debido conocer– de situaciones de acoso sexual o escolar, violencia o discriminación contra cualquier integrante de la comunidad educativa, no disponga de las medidas contempladas en el reglamento interno de acuerdo a lo establecido en el artículo 16-e –que quisiéramos que se reponga de la ley de convivencia escolar–, dicha responsabilidad también sea aplicable al representante legal de la entidad sostenedora. Esta infracción, en caso de reiteración, solo podrá ser sancionada con la revocación del reconocimiento oficial del Estado. Se entenderá por reiteración que el evento ocurra más de una vez o, en su defecto, tal como defina la legislación, pero, finalmente, tiene que haber una sanción mayor para el incumplimiento de esta materia, si es que le queremos dar la importancia de vida que merece. También hacemos una propuesta respecto a la participación de las organizaciones representativas de trabajadores en la elaboración e implementación de la normativa local a través de los consejos locales, en el sentido de agregar un inciso tercero en el artículo 16-c –pasando el tercero a cuarto y sucesivamente– que señale que en la elaboración de los planes nacionales de convivencia escolar deberá considerarse la opinión de las organizaciones más representativas de los trabajadores de la educación a nivel nacional. Además, se propone agregar una nueva letra X a las atribuciones del consejo local, en el artículo 52 del proyecto de ley contenido en este boletín, que diga: emitir opinión respecto de la política nacional de convivencia educativa, haciendo referencia al artículo 16-c del decreto con fuerza de ley, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley. Finalmente, también creemos que, respecto a las obligaciones de los organismos administradores de la ley 16.744, FONAS y las instituciones de salud profesional, uno de los problemas que nosotros vemos es que...

Muchas veces las licencias médicas derivadas, las situaciones de salud derivadas de hechos de violencia o de agresiones o de situaciones de este tipo, muchas veces las licencias médicas no son lo suficientemente defendidas o protegidas y nosotros creemos que eso debe hacerse, porque son agresiones que, más allá de su efecto físico, muchas de estas situaciones tienen efectos a veces psicológicos, emocionales, mucho más severos que lo que la evidencia física demuestra. Por ejemplo, fractura de nariz podría parecer una lesión no de la mayor gravedad, aunque obviamente cualquier persona que sufre una fractura de nariz tiene un problema serio. Pero las secuelas emocionales que deja en un docente una situación de ese tipo son mucho mayores que solamente las consecuencias físicas. Esa persona tiene que volver, enfrentarse muchas veces al agresor. Por lo tanto, eso debe ser considerado. Y proponemos una reacción que diga, una vez iniciada la aplicación de los protocolos contenidos en los reglamentos internos que hace referencia a la presente ley, las licencias médicas asociadas a estos contextos, o bien a casos de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, no podrán ser rechazadas por los organismos correspondientes. Creemos que eso le dará fuerza a la necesaria protección que requieren los profesionales o funcionarios agredidos. Finalmente, creemos, y lo proponemos, ahí va a quedar en el texto que hemos entregado, que el equipo de convivencia, nosotros creemos que debe ser un profesional de la educación. La ley abre la posibilidad de que sea un profesional de otra área psicosocial. Nosotros creemos que el coordinador de convivencia educativa, para no perder el necesario enfoque pedagógico y educativo también del tema de convivencia, que no es solo sancionatorio, debe ser un profesional de la educación. Pero además creemos que este equipo de convivencia, y ahí va una reacción en específico que proponemos, deberá actuar en coordinación constante con los profesores jefes de cada curso. Las tareas que deben asumir estos docentes asociadas con la convivencia escolar serán consideradas dentro de las actividades curriculares no lectivas. ¿Por qué esto? Y aquí termino, presidente, que parece preocupado por el tiempo. ¿Por qué esto? Porque en nuestro sistema educacional el rol del profesor jefe —y aprovecho de comentar que está también incorporado en un petitorio de agenda corta que estamos presentando al Ministerio de Educación estos días— creemos que se ha ido desvalorizando. Y creemos que eso ha tenido un impacto negativo. Los profesores jefes, históricamente, han cumplido, los que hemos ejercido esa función alguna vez, un rol muy importante. Y dentro de la convivencia también está probado que donde hay profesores jefes más empoderados, donde hay profesores jefes más compenetrados en su función, con más facilidades para hacer su trabajo, con más tiempo para atender a los estudiantes del curso del cual ejercen jefatura, hay mejor convivencia. El rol de los profesores jefes tiene un impacto importante en la reducción de la violencia escolar; por lo mismo, este rol debería ser acompañado de mejores condiciones laborales y remuneracionales, dada la responsabilidad que implica. En ese sentido, se debe invertir en la formación y apoyo continuo para los profesores que asumen jefatura y protegerlos de forma específica, tomando medidas para evitar la sobrecarga de trabajo a la que habitualmente se ven expuestos. Quiero señalar respecto de esto que, si bien es cierto, esto va un poco más allá del proyecto de convivencia, sí tiene impacto sobre el tema de la convivencia, en tanto que hoy día está costando cada vez más encontrar profesores que estén dispuestos a asumir la jefatura de curso porque no tienen mucho incentivo, no cuentan con una mayor cantidad de horas ni un incentivo económico mayor, lo que implica una sobrecarga enorme de trabajo. Muchos de los docentes agredidos son profesores jefes porque son los que tienen que enfrentar a apoderados cuando hay que anunciarles una repitencia o una sanción escolar, y ahí se evidencian las reacciones, como en el caso emblemático y bien conocido públicamente del profesor de San Ramón, quien tuvo que anunciarle al apoderado que el alumno había repetido el curso. Entonces, nosotros creemos que el rol de los profesores jefes tiene que ser mucho más relevado y, por lo tanto, estamos pidiendo que la convivencia escolar tenga, por norma, una coordinación mayor con los profesores jefes; pero además, llamamos la atención respecto a que los profesores jefes deben ser una función dentro del desempeño docente mucho más relevada, mucho más apoyada y que se les generen mejores condiciones de trabajo para que haya mayor motivación por ejercer esa función y puedan desempeñarla en las mejores condiciones.

Muchas gracias, señor presidente del Colegio de Profesores por la exposición. Vamos a ofrecer la palabra a continuación al representante de Acción Educar, don Daniel Rodríguez, que ya está conectado para que también tenga tiempo suficiente, 15 minutos, y luego una ronda con los señores senadores de la comisión. Yo me voy a inscribir desde ya, en primer lugar, porque, como le he dicho al senador García, me tengo que retirar a las 13:15 y me gustaría hacer una breve intervención antes, por supuesto. Le damos la bienvenida al señor ministro Nicolás Cataldo, como siempre, en esta trascendente discusión. Don Daniel Rodríguez, entiendo que ya está conectado. Pudiéramos ofrecer la palabra. Gustavo Sangüesa: Bienvenidos. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludo a todos los presentes y agradezco la flexibilidad de la comisión para modificar la fecha de presentación; para nosotros era muy importante poder estar y se agradece la flexibilidad. Hago la pregunta a rigor, si es que se ve la presentación. Sí, gracias, gracias, ministro. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque la verdad es que, a diferencia de quizás algunos otros proyectos o iniciativas, tenemos un diagnóstico bastante compartido de que tenemos un problema urgente y grave en materia de convivencia escolar; que, efectivamente, como decía el presidente del Colegio de Profesores por su intermedio, es un problema que se agrupa bajo el título de convivencia escolar, pero esconde una serie de dificultades muy diversas, muy distintas. Es difícil pensar en una herramienta para solucionar cosas tan diversas que van creciendo y que, evidentemente, afectan los aprendizajes; afecta la convivencia. No es algo distinto; es lo mismo. Por lo tanto, es razonable y es positivo que, como dijo don Mario Aguilar, esto se priorice y se ponga en primera línea de importancia, creo que es lo que busca hacer este proyecto. Nosotros también hemos seguido la tramitación desde la Cámara de Diputados y lo que vemos acá, si quisiéramos resumirlo en una frase, es que, si uno ve diferencias o alcances respecto a qué es lo que hay que hacer más precisamente, creo que lo que más nos complica es la falta de recursos específicos a las escuelas, no a los organismos públicos, sino a las propias escuelas, para poder dotar de personas y de capacidades, me refiero fundamentalmente a personas que puedan llevar a cabo la agenda que está en este proyecto de ley. Y efectivamente, el proyecto ha variado respecto a cómo estaba en la Cámara: algunas cosas no las tiene, pero me parece que es justo decir que mantiene la idea de “subir el estándar” —creo que es una frase que usó el ministro en su momento, presidente, por su intermedio— de que subamos el estándar en convivencia. Yo creo que mantiene eso y, al mantenerlo, subir el estándar implica necesariamente más recursos. Todos sabemos que los establecimientos educacionales son instituciones basadas en personas y que cualquier cambio, cualquier exigencia, cualquier elemento externo termina golpeando y afectando a las personas. Entonces, la manera en que las políticas vengan vinculadas a cómo las personas reciben estas instrucciones, o los recursos que tienen para hacerlo, o el número de personas, es determinante para que se cumpla. Y lo que nosotros vemos acá, en resumen, es que hacen falta cosas en este proyecto. Para poder llegar a ese estándar que se estaba conversando, lo primero es algo que el mismo Ministerio ha nombrado —o ha sugerido un nombre—: la autoridad pedagógica, que tiene que ver con reconocer a quienes tienen roles de liderazgo en los colegios. Hablábamos recién de los profesores jefes, pero, sobre todo, del equipo directivo: un rol de autoridad, un rol en el cual pueda efectivamente no solo constar en un papel que otorga el derecho a sancionar, sino también ser reconocido como tal. Sin esto, es muy difícil que podamos aplicar la norma y, sobre todo, que resulten preventivas. Hay un punto que dijo la senadora Proboste por su intermedio, presidente, sobre el rol preventivo...

En gran parte también depende de la manera en que se validan y se reconocen las distintas fuentes de autoridad dentro de una organización como es un colegio. Y aquí nosotros creemos que la oportunidad de entregar más atribuciones y cuestionar menos —aunque quizás puede sonar medio antiguo—, pero dar menos espacio a cuestionar permanentemente a las autoridades y reforzar sus atribuciones puede ayudar efectivamente a aumentar la autoridad. Lo que tiene que ver, con el segundo punto, es también tener equipos que tengan las competencias necesarias y las atribuciones necesarias para tomar estas decisiones. Perdón, la presentación se ha ido moviendo, ¿no? Estoy... ya, gracias, dicho, disculpe. Sí, bien. Y bueno, llegamos al tercer punto que es clave, que es apoyo y recursos. Efectivamente, el Estado puede —y lo hace a través de sus distintas instituciones asociadas— llegar a los establecimientos apoyando mediante la asesoría, mediante la orientación, pero también entregando recursos para reforzar el personal dentro de los colegios. Una cosa que deriva de, me parece, una conclusión que surge de los resultados del CIMSE que recién conocimos, es que necesitamos un foco en educación media y yo creo que ese foco en educación media, mi manera de verlo, tiene que ver con la instalación de capital humano avanzado en educación media, que es algo que se ha hecho en educación básica también. Necesitamos personas muy buenas, equipos muy buenos, equipos reforzados que aborden temas pedagógicos y académicos, si se quiere usar la palabra, pero también, obviamente, relacionados a la convivencia. Se necesita una mejor y más eficiente coordinación con el sector salud. Sabemos que hay una relación entre la convivencia y la salud mental que es necesario reforzar. No quiero alargar mucho más, pero concuerdo con algo que se mencionó antes respecto a la prevención. Va a haber una discusión sobre qué es lo que consideramos prevención, pero efectivamente el proyecto tiene, más bien, un enfoque reactivo —no quiero decir reactivo porque sería un poco injusto—, pero no tiene un foco suficientemente fuerte puesto en la prevención y eso hace falta. Respecto al monitoreo, eso creo que es un avance bien interesante, difícil de ejecutar, que es el trabajo que se le da a la Agencia de Calidad para monitorear la convivencia. Creo que es un avance interesante; está en la línea del rol de esa institución y tiene que ser apoyado, de todas maneras. Dicho eso, ¿qué es lo que el proyecto creo que entrega en exceso o aborda en exceso y que se puede corregir? Lo primero es que mucho de lo que está explícito ahora en el proyecto es más texto, es más regulación, que termina finalmente rigidizando la administración de los colegios, rigidizando la gestión, y no necesariamente va a abordar el problema. Dicho de una manera más cuñera, si se quiere, no es por falta de papeles o de reglamentos que tenemos los problemas que tenemos, es evidente. Si a esta sesión está citada la Subsecretaria de Prevención del Delito, creo que es evidencia clarísima de que el problema no es de papel; el problema es mucho más profundo y, creo, hay veces que —y esto creo que es patrimonio de todo el país—, hay un exceso de confianza legalista, un exceso de confianza en el reglamento, el protocolo, el papel para solucionar el problema. Y si bien uno puede decir: “oye, qué bueno que esté detallado exactamente cuál es la sanción y ojalá la sanción sea la más dura posible”, si eso no viene acompañado de los recursos que permitan implementar eso, y si no tenemos la certeza de que el regulador, en este caso la superintendencia, va a permitir que eso ocurra y no obstaculice permanentemente, nos hacemos trampa en el solitario sobre regular. Y ahí paso a algunas partes del proyecto en específico. Creo que, por ejemplo, la idea de tener institucionalizada la política nacional de convivencia me parece mala; sería raro que un país no tuviera un lineamiento formal, de hecho lo tenemos, pero si se quiere poner a nivel de ley, creo que no es un problema, pero sí lo es forzar a los establecimientos —aunque no se usa directamente esa palabra—, ya que se busca forzar a los establecimientos a alinearse a este marco nacional. No porque no se crea que ese marco nacional sea razonable o porque yo crea que vayan a poner ahí elementos que no correspondan, sino porque el esfuerzo burocrático y administrativo de hacer...