Senado - Hacienda - 12 de marzo de 2025

En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Le damos la bienvenida al Ministro de Educación, el señor Nicolás Cataldo; a la Subsecretaria de Educación Parvularia, la señora Claudia Lagos; al Coordinador Legislativo, Leonardo Vilches; al señor Leonardo Jofré; a la señora Melissa Vargas y Daniela Poblete; y, obviamente, también a los colegas senadores. Hemos sido convocados el día de hoy para tratar un proyecto de suma importancia y que, además, tiene urgencia, que es el proyecto de educación parvularia, que es de cursura inmediata. Por lo mismo, he acordado con la Ministra Lobos tener una reunión con ella posterior a esta sesión. Nos vamos a reunir justo después de la sesión para priorizar y para pedirle, efectivamente, a través del oficio del Ministro, que hable con el senador de su partido político, Daniel Núñez, para que trate de tener un poquito más de respeto por el calendario de esta comisión, que no es que queramos postergar nada en materia de pesca, sino que tenemos, obviamente, varias urgencias, todas importantes, y me parece que descalificar públicamente a través de los medios el trabajo de una comisión que ha sido muy colaboradora con el Gobierno y con distintas urgencias, y que además hoy día pone a los niños como prioridad, no corresponde. Así que, bienvenido, Ministro Cataldo, y le damos la palabra para que nos dé una presentación de este proyecto, un proyecto muy necesario, que conversamos hace dos semanas atrás para poder darle efectivamente la prioridad a esta comisión, y nos parece del todo importante. Tal como se ha señalado, esto no deriva de la puesta en discusión inmediata de proyectos que se hicieron recientemente, sino que es justamente una conversación previa que tuvimos con el senador Kast a propósito de varios proyectos de educación que han ido cumpliendo su etapa de discusión en la Comisión de Educación, donde se han tratado largamente, ya que, en general, en educación no es bueno ni prudente acelerar demasiado las discusiones; hay que madurarlas bien, porque las decisiones que se toman son de altas consecuencias a mediano o largo plazo. En ese sentido, Presidente, el proyecto que presentamos hoy tiene como propósito buscar una modernización a la oferta de la educación popular. Esto es importante porque despeja inmediatamente lo que no hace este proyecto, en lo que ya discutimos en la Comisión. Buenos días, Presidente, por su intermedio. Este proyecto busca modernizar los mecanismos de acceso y el reconocimiento oficial de los establecimientos de educación parvularia. No se va a meter a resolver los problemas de financiamiento del sector BTF, ni a mejorar la renta a las trabajadoras, esa es materia de otras discusiones que estamos llevando adelante en paralelo. Dicho eso, los contenidos son la extensión del plazo de adecuación del requisito de reconocimiento oficial.

del Estado y el plan de cumplimiento, vamos a entrar después en materia en particular, reconocimiento legal de los programas alternativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y adecúa la regulación para el procedimiento de reconocimiento oficial. Este es un sector que cubre territorialmente lugares muy alejados, donde no hay oferta parvularia, que no sean los jardines alternativos, y donde es muy importante buscar una regularización de aquello. También se crea un registro público de establecimientos de educación parvularia, porque, aunque ustedes no lo crean, el sistema solo tiene información de los jardines públicos y no contamos con un registro de los jardines del país. Y hay otras discusiones que se están desarrollando en paralelo, por ejemplo, en el caso de Sanacuna, en el contexto de la Comisión de Trabajo, donde evidentemente se requiere una mirada más completa para saber dónde el país precisa mayores esfuerzos. También se establece la incompatibilidad de doble matrícula que hoy día tienen las instituciones del Estado, ya que, aunque ustedes no lo crean, no existe un sistema que interopere entre JUNJI, Integra y el sector BTF; por lo tanto, podemos tener un niño matriculado cinco veces en distintos jardines infantiles de diferentes dependencias públicas, sin poder saberlo y, en segundo lugar, sin poder hacer nada mientras las familias no lo den de baja. El año pasado identificamos 10.000 cupos duplicados, triplicados o cuadruplicados, es decir, 10.000 cupos en los que, en un jardín promedio que no tiene más de 100 niños, se registra la matrícula duplicada del mismo niño en distintos establecimientos. También se faculta a la Superintendencia para identificar los establecimientos de educación parvularia, es decir, se le otorgan atribuciones para fiscalizar, y se establece la norma para determinar el calendario parvulario, compromiso que derivó de la discusión de la ley de presupuesto de este año. Entonces, ¿qué es el reconocimiento oficial? Porque esto es un tema técnico importante. El reconocimiento oficial se define como el acto administrativo que otorga a un establecimiento educacional la facultad de certificar, de manera válida y autónoma, la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular. Esto opera tanto en la educación escolar como en la educación parvularia. En la educación escolar, tener reconocimiento oficial, por ejemplo, da derecho a impetrar subvención, a que los estudiantes sean calificados, evaluados y promovidos de nivel en el propio establecimiento. Cuando un estudiante asiste a un colegio sin reconocimiento oficial, el Estado no paga subvención por ello y, además, los exámenes rendidos en dicho establecimiento carecen de valor legal, obligándose a certificar mediante exámenes libres, método que emplean muchos establecimientos, sobre todo aquellos que, por su proyecto educativo alternativo, no se insertan en los esquemas del reconocimiento oficial. En el caso de los jardines infantiles se produce algo similar, lo que se conoce como validación, realizándose la evaluación mediante profesores de los colegios fiscales. Es importante destacar que, si se analizan los datos, hace algunos años atrás, en particular en 2011, se aprobó la ley que crea el reconocimiento oficial en el sector parvulario, lo que significó que, a partir de ese momento, se estableció el requisito para que los jardines infantiles, tanto públicos como privados, operen con el reconocimiento oficial como condición de existencia. Este requisito, establecido en 2011, en 2016 presentaba 0% de avance, es decir, ningún jardín en Chile contaba con reconocimiento oficial luego de cinco años de iniciada su implementación. Ante los bajos niveles de avance, en 2019 se otorgó una primera prórroga, cuyo plazo concluía en 2022; posteriormente, se realizó una segunda prórroga del plazo, que inicialmente era de ocho años, y en 2024 se volvió a prorrogar en la ley de presupuestos un año más, a la espera de la aprobación de este proyecto de ley que hoy estamos discutiendo. Luego vamos a entrar en cómo lo resolvemos. Entonces, cabe destacar, según los datos que mostramos, que el sector mayoritario es el sector VTF, que precisamente es el de jardines infantiles que tiene menos avance en reconocimiento oficial. Esto no es casual, pues JUNJI e Integra son instituciones que se administran centralizadamente; JUNJI cuenta con su ley de presupuestos a través de la Subsecretaría, mientras que los jardines BTF de Integra dependen en su gran mayoría de los municipios, quienes en muchas ocasiones no disponen de los recursos necesarios para realizar inversiones y mejoras en infraestructura. Sin embargo, estamos hablando de la mayor cantidad de jardines infantiles del sistema, es decir, de 1.694 establecimientos, de los cuales 409 tienen reconocimiento oficial y 1.277 no lo tienen, alcanzándose solo un 24% de cumplimiento de reconocimiento oficial en aquel sector que más

Mayoritariamente atiende la matrícula parvularia. Eso nos deja hoy con una cifra de 43% de cumplimiento del reconocimiento oficial desde 2011 a la fecha. Es decir, estamos muy lejos del propósito inicial de la ley que se crea en el año 2010, que comienza su implementación en 2011. Por región está la distribución, siendo las regiones Metropolitana y Antofagasta las que tienen el nivel de cumplimiento más bajo, y Magallanes, Tarapacá, Los Ríos y Yarica las que tienen los niveles de cumplimiento más altos. Es importante señalar acá que también incide un tema de escala de por medio. Obviamente, en la Región Metropolitana es más difícil cubrir debido a la cantidad de jardines infantiles y las dificultades asociadas al uso de terreno, suelo, etcétera, pero esa es la realidad con la que se distribuye hoy día el cumplimiento del reconocimiento oficial a nivel nacional. Si uno considera los jardines infantiles, entonces, solo en la modalidad regular, tradicional, los jardines que uno conoce habitualmente tienen un 48% de reconocimiento oficial; pero si se incorporan en el análisis los jardines alternativos y otro tipo de modalidades que también existen, con ello se llega al 43%, siendo relevante el salto de un 6% que se presentó entre el año 2023 y 2024. ¿Cuáles son los nudos críticos para obtener el reconocimiento oficial? Bueno, lo primero es el incumplimiento en los antecedentes administrativos básicos que se requieren en materia de infraestructura. Estamos hablando de la declaración de con qué se cuenta versus la realidad material de los establecimientos educacionales. Incluso se han encontrado situaciones en las que jardines infantiles muy modernos, muy nuevos, están en zonas que, por la ley, no pueden tener reconocimiento oficial. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de los que están en la zona céntrica de Viña del Mar, ubicada en zona de inundación? Esos jardines nunca van a poder ser reconocidos oficialmente si las cosas siguen tal como están, porque están en una zona de inundación. No se podrían mover esos jardines, ya que básicamente habría que retirar todos los jardines de la zona céntrica de Viña del Mar y trasladarlos a los cerros, lo que, obviamente, es altamente inviable de materializar. Por otro lado, está el incumplimiento de la normativa de estabilidad y seguridad que implica la subsanación, la cual, en lo general, no se encuentra disponible de manera inmediata. Se trata, por ejemplo, también, de casos como los mencionados anteriormente y otros asociados a problemáticas medioambientales, subdivisiones, y uso o legalidad de las tenencias de los terrenos. Muchos jardines infantiles, así como también escuelas, se construyeron en sitios donde hubo donaciones de filántropos que entregaron esos lugares para que se instalaran las instituciones, pero no están regularizados, no se encuentran inscritos en los conservadores de bienes raíces, los títulos de dominio y las subdivisiones no están claras. En fin, son dificultades con las que se encuentran diariamente a nivel del sistema educativo en general. Asimismo, se observa el incumplimiento de los coeficientes técnicos, es decir, que no se cuenta con el personal suficiente en función, además de la calidad idónea del mismo para cubrir las necesidades de los establecimientos. Se registra también el incumplimiento en el proyecto educativo institucional, que no establece el perfil de niño o niña ni resguarda los principios de no discriminación, el incumplimiento de requisitos mínimos de reglamento interno y el incumplimiento del material didáctico que establece el Decreto 53, es decir, los estándares pedagógicos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento del reconocimiento oficial? Prohíbe, en definitiva, el funcionamiento de los establecimientos que no cuenten con dicha autorización o reconocimiento oficial. El artículo 15º transitorio de la Ley 20.529 establece, además, un plazo para que los establecimientos que imparten educación parvularia y que reciben aporte del Estado, y que no cuentan con reconocimiento oficial, regularicen su situación, so pena de dejar de recibir dichos aportes. En esa situación se halla la mayor parte del sistema, es decir, como se ha mencionado, el 57% de los jardines infantiles que hoy día son parte de Integra, Junji y BTF. Entonces, el proyecto de ley plantea una primera aproximación normativa diferente, y esto es una innovación que estuvo en discusión y generó intensos debates internos en el Ministerio y también hacia el exterior, porque se establece un artículo nuevo que fija que la fecha de cumplimiento para el reconocimiento oficial se modifica al 2034, es decir, 10 años más. Hubo muchas reacciones en las que se decía “¡pero es mucho tiempo, esto no puede ser!”, y lo cierto, como se relataba, es que si la ley se crea en 2011, al 2016 había 0% de avance.

A la fecha sólo tenemos un 43%, es porque efectivamente esto no es algo tan sencillo por las dificultades que encuentra en la práctica del sistema y por la necesidad de ejecución presupuestaria que ha demostrado históricamente también la Junta Nacional de Jardines Infantiles y las instituciones que imparten educación parvularia, sobre todo el sector municipal, que es el que tiene la mayor cantidad de jardines no reconocidos, porque también hay que decir que los que han tenido mayores avances son JUNJI e Integra, y particularmente JUNJI. Por lo tanto, hay una primera mirada de decir: ¿podemos resolver esto postergándolo dos años más y que lo vuelva a discutir el próximo gobierno, como ya se ha hecho en dos ocasiones anteriores, o podemos establecer una planificación de mediano a largo plazo que nos permita realmente subsanar este gran problema? Allí es que planteamos la fecha del 31 de diciembre del 2034 como el horizonte temporal para terminar con este proceso de obtención de los reconocimientos oficiales. Pero esto no basta con definirlo por fecha, sino que además hay que establecer la forma en que vamos a conseguir que eso se cumpla. Por ello, planteamos que la Subsecretaría de Educación Parvularia desarrollará, en el plazo de un año –es decir, una vez aprobada la ley, se dispondrá de un año para establecer un plan de cumplimiento–, para que los establecimientos de educación parvularia que reciben aportes del Estado accedan al reconocimiento oficial, estableciendo además estrategias de apoyo a dichos establecimientos con etapas de diagnóstico, etapas de elaboración, evaluación intermedia y modificaciones que estarán temporalizadas mediante una evaluación cada tres años, es decir, tres evaluaciones en el proceso de implementación del plan. Esto es una innovación, porque lo que se había hecho hasta ahora era simplemente decir “posterguemos dos años más, posterguemos dos años más, posterguemos dos años más la fecha”, y lo que estamos diciendo hoy es: “hagámoslo en serio, establezcamos un plazo razonable y un procedimiento mediante el cual, institucionalmente, el Estado se haga cargo de subsanar esta brecha que acompaña al sistema desde 2011”. En el plano de incidencia presupuestaria, el informe financiero establece que esto no implica un mayor gasto fiscal; se reconoce, sin embargo, una proyección de gasto en infraestructura de 48.573 millones anuales, lo que está sujeto obviamente al plan de cumplimiento. Estos recursos son presupuestarios y obedecen a los recursos de infraestructura que la Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene actualmente, los cuales, por supuesto, siempre podrán ser aumentados de la misma manera en que se incrementa el presupuesto, es decir, en la discusión presupuestaria. En la lámina siguiente ustedes podrán ver, además, cuál es la ejecución histórica que tiene la JUNJI. Se recuerda que entre 2016 y 2018 se ejecutó todo el plan de meta JUNJI, razón por la cual se realizaron inversiones mayores; aun así, no se llegó a un 100% de ejecución, alcanzándose como máximo un 80%, y a partir de 2019 la inversión bajó a menos del 50%, llegando incluso a un 42–39% de ejecución en infraestructura. Este año pasado subimos a un 58%, se recuperó, y se espera que este año vuelva a aumentar; por eso se estableció este piso de 48.573 millones de inversión anual para ir cumpliendo con el plan de ejecución. Además, se proyectó en el tiempo que con esos recursos se lograría la meta de llegar al 100% de R.O., siempre y cuando se cumplieran los planes. Al mismo tiempo, al contar con la facultad de la superintendencia de identificar establecimientos de educación parvularia a través del registro parvulario, administrarlo y fiscalizar el sistema, se aumentará su capacidad contratando 17 nuevos profesionales, que se distribuirán esencialmente en las regiones –uno para cada región y dos en la Región Metropolitana– para fiscalizar el sistema, ya que hoy esa tarea no se cumple: en primer lugar no existe la facultad y no está implementado el registro, y en segundo lugar, en el sector privado no se tiene a la vista cuántos jardines existen ni cuántos niños asisten. Por ello, toda la discusión en torno a coberturas se realiza con información limitada y con proyecciones estadísticas que no son necesariamente precisas. Esto implicará un gasto en régimen de 479 millones de pesos para poder cubrir dicho aumento de personal en la superintendencia, particularmente en la Intendencia de Educación Parvularia. También se contempla un paquete de nueve indicaciones –las cuales, de hecho, ya deberían estar en poder de ustedes– que establecen tres elementos. Estos fueron todos acuerdos tomados en la Comisión de Educación del Senado: el primero es la incorporación, en el artículo 2 del proyecto de ley y en el numeral 7 del artículo 3, tercero ter, nuevo, de la garantía de seguridad para las personas que están en los jardines infantiles.

Antes la ley decía que se debía garantizar la integridad física y psíquica, los locales deben garantizar la integridad física y psíquica. Por su generador, Sangüesa, se incorpora también la seguridad como un concepto más amplio que solo la integridad física y psíquica, sino que la seguridad en su amplio sentido. La segunda indicación es una adecuación formal que tiene relación con el deber de protección contra accesos no autorizados o indebidos a los registros parvularios. Esta fue una indicación incorporada por la senadora Ayanna Provoste, que hubo acuerdo unánime en la comisión de incorporarla, pero estaba mal remitida. Por lo tanto, se hace una modificación formal en el sentido de hacer una correcta remisión a la ley que corresponde, porque se refería a la ley del Sistema de Aseguramiento de Legalidad y, en realidad, tenía que ser a la ley del Junji. Y por último, está la adecuación formal de la referencia al artículo segundo transitorio, relativo a los reglamentos que deben dictarse para aplicar las nuevas disposiciones contenidas en este proyecto de ley. Eso, no es de fondo. El proyecto de ley contó con el acuerdo transversal de la comisión, constituida en educación, con los senadores Quintana, García Ruminot, Sangüesa, el senador Espinoza y el senador Velázquez. Eso es, presidente, lo que podemos informar. Muchas gracias, ministro, por su exposición. Me ha pedido la palabra el senador Coloma. Gracias, presidente. Le agradezco la presentación, ministro. Yo tengo dos líneas de consulta que quiero plantear. Una: leyendo el proyecto, hay una cosa que no tengo clara, porque dice que, en el fondo, la regla general es que los establecimientos que imparten educación parvularia, que reciban aporte del Estado, tienen que tener reconocimiento oficial. Esa es un poquito la filosofía, por así decirlo, y describen lo que está ocurriendo, que no es así, y proponen una fórmula. El artículo nuevo, tercero, ter, plantea la entrega de certificación de reconocimiento oficial en forma especial. Y en el número uno, se plantea tener a la Junta Nacional de Jardines Infantiles como sostenedora. Yo no sé si, por ejemplo, Integra, ¿qué pasa con eso? Yo entiendo que ellos no tienen la Junta Nacional de Jardines Infantiles como sostenedora. Entonces, si se establece esta norma con ese tenor exacto, podrían quedar los jardines de Integra afuera. Ese es un tema súper, a mi juicio, relevante, o que se explique o se enmiende. No sé cuál es la respuesta, presidente, pero para mí es un primer tema importante para tratar. El segundo es un poquito más complejo, porque esta comisión plantearía fundamentalmente revisar los informes financieros, y hay cuatro. No es tan fácil, cuando uno... y el último hace referencia a otro. Entonces, lo que no me queda claro es si, al final, esto erroga gasto financiero o no erroga gasto financiero, porque fíjese la forma de redactarse. El último dice que no erroga un mayor gasto fiscal que el indicado en el informe financiero 264. Yo me voy al 264 y tiene dos frases que yo no había visto antes; esto es, más suyo, no lo había visto antes redactado, no lo entiendo, porque dice la disposición del proyecto de ley asociada al reconocimiento oficial, que no erroga un mayor gasto fiscal, en tanto es una obligación legal ya existente. Hasta ahí estamos bien. Pero la segunda frase es, sin embargo, que en proyectos de infraestructura relativa a mantención, conservación, normalización o reposición, podría haber un gasto fiscal en régimen de 48.000, dice aquí, pero 48.000; además, dice 48 millones y que después señala miles. Entonces, ahí me perdí, quedé más sorprendido, porque no sé si se trata de 48.000 millones o de 48 millones. Entonces, ¿por qué referencia en este...? Para nosotros, tenemos que votar este proyecto. Yo, cuando voto este proyecto, estoy votando un proyecto que, fiscalmente, parece que cada proyecto tiene su particular. Yo puedo decir que este proyecto no incurre en gasto fiscal, así es. Lo que se está haciendo, entiendo, es como colocar un asterisco, es decir, reconocer, pero eso está por otra vía, por presupuesto, o sea, que no tiene nada que ver con esto. ¿Eso entendió o no? La Secretaría entiende lo mismo, ¿cierto? Ahí va, también. Claro que el informe, insisto…

No tiene que ver con usted, es raro. Yo no había visto un informe así, porque lo que hay en mente es cómo son los informes; usted no tiene por qué saber públicamente. El informe dice que tiene gasto fiscal o no tiene, y cuando tiene, explica. Pero esto es muy raro, porque dice “no tiene”, cuando siempre se usa “tiene”. Además, en otra parte se indica que existen 17 funcionarios adicionales –digamos, que no sé bien en qué contexto–, si no tienen gasto fiscal, lo cual sería lo óptimo. Esto plantea que, siendo una obligación legal que hoy día existe, tiene que haber funcionarios que la desarrollen, pues resulta muy extraño que si hay una obligación no se contemple que exista el personal necesario. Entonces, si se me dice, “Ministro, mire, son funcionarios que hoy día están y a quienes se les asignará esta función”, se eliminan todos los problemas; pero, de lo contrario, no se entiende cómo se refleja en el presupuesto. La primera inquietud tiene que ver con el tercero TER; la segunda, con esta curiosa forma de elaborar informes financieros, en la que, por un lado, quedé tranquilo porque, en medio de la situación crítica de este país, aparentemente no hay gasto fiscal, y luego, al seguir leyendo, se menciona la cifra de 48.000 millones, lo que me puso más nervioso, y además se señala la existencia de 17 funcionarios, aumento que, ojalá, no se materialice, pues debería estar reflejado en alguna parte. Y siendo una obligación preexistente, no se entiende por qué este cambio conllevaría la incorporación de más funcionarios. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidente. La primera parte me suma lo que dice el Senador Coloma, ya que era una de las cuestiones que tenía anotadas para preguntar –perdón por haber llegado tarde, Presidente–, y me preocupa, en efecto, lo que se plantea, pues existen un informe original, un informe sustitutivo y dos complementarios en materia de informes financieros, y sería bueno tener claridad respecto de ello. En cuanto a estos 17 funcionarios, mi pregunta es: si se trata de funcionarios nuevos, ¿cuál es la evaluación de los que ya están desempeñando el trabajo en este ámbito? No voy a entrar en el tema del exceso de gasto en remuneraciones, personal y contrataciones nuevas, que lleva a cuestionar: ¿para qué hacemos crecer tanto el Estado si quienes deben ejecutar la función, además, no lo hacen o lo hacen mal? Aquí, en la presentación del Ministro –no sé en qué página, ya que no estaba numerada– se expone la propuesta normativa y se señala que ésta se ampliará hasta el 2034, es decir, nueve años más. Con el Ministro hemos conversado estos temas en otras ocasiones –no exclusivamente sobre este asunto–, pero, al final, nos encontramos siempre con que los plazos llegan y la realidad en las regiones y comunas supera lo que los legisladores estimamos inicialmente, quedándonos muchas veces cortos por falta de tiempo o de una adecuada planificación. Por ello, mi pregunta es: ¿cómo sabemos, Presidente, que son nueve años adicionales los necesarios? Porque, en la propia presentación del Ministro, se indica que habrá una elaboración de un plan, que comprende una etapa de diagnóstico y una de elaboración; o sea, aún no tenemos realizado el diagnóstico, pues la presentación señala que esa etapa tiene como objetivo el levantamiento de información sobre la situación actual. ¿Cómo se concluye que se requieren nueve años más si aún no se ha completado esa etapa? Me preocupa, pues podría ser que, al realizarse el diagnóstico, se constate que se necesitan más de nueve años y nos quedemos cortos. Es más, en la etapa de elaboración se comenta que se podrá incorporar una instancia de participación o consulta pública. ¿Con qué sorpresa nos vamos a encontrar en ese sentido? Y, finalmente, se menciona que habrá una evaluación cada tres años. ¿Qué ocurre si, en esa evaluación, concluimos que no se ha alcanzado el objetivo? ¿Cuál es el gatillo en esta ley para no tener que volver al Parlamento a legislar una prórroga? El Ministro ha tenido que asumir una cartera en la que se ha encontrado con innumerables situaciones en que alcaldes y sostenedores solicitan prórrogas.

Me ha tocado acompañar a mi delegación y el ministro tiene que ponerle la cara por una ley en la que, no sé si tuvo alguna participación como asesor en su minuto, pero él hoy día, como ministro, tiene que ponerle la cara. Entonces me preocupa que la ley considere situaciones que debieran estar hoy día resueltas para llegar a la conclusión de que necesitamos nueve años. Si recién vamos a hacer el diagnóstico ahora, ¿cómo concluimos que son nueve? Y el resto ya lo dijo mi colega Coloma respecto al tema del informe financiero y los 17. Me gustaría que me aclarara qué están haciendo los actuales, por qué son 17 nuevos, dónde están, de dónde vienen, cuáles son los perfiles. Fue un tema, presidente, que discutimos en la ley de presupuestos recién pasada. Todas las nuevas contrataciones tienen que justificarse y fundarse. El senador Coloma fue uno de los que acompañó esa discusión en la primera subcomisión mixta que nos toca integrar. Eso, presidente. ¿De los qué? Está perfecto. No sé cómo lo podemos hacer eso. Yo me sumo contigo. Presidente, se me olvidó preguntar una cosa. En la presentación se habla de evaluación ex-ante, ex-jury y ex-post. ¿Qué evaluación es? Si la pudiera explicar. Ministro, yo tengo dos reflexiones en la línea de lo que han planteado los colegas: una más de fondo sobre el proyecto de ley y una sobre el informe financiero. Sobre el tema de fondo, siento que este proyecto de ley viene a hacerse cargo de una realidad compleja frente a una legislación que tenía un propósito muy noble, ¿no es cierto? Ese propósito muy noble, y que, además, me acuerdo cuando se hizo probablemente esa ley, generó una discusión muy fuerte sobre que la ampliación de la educación parvularia, de la educación inicial, si no era de buena calidad, incluso podía generar un perjuicio a los niños. Se instaló y se documentó un debate de política pública, porque todos damos por sentado que la educación inicial es de las más importantes, pero la evidencia empírica demuestra que tiene que ser de buena calidad, ¿no es cierto? Entonces se hizo esta legislación y después la realidad chocó contra ella, y por lo tanto lo que estamos haciendo de alguna manera es evitar generar un perjuicio mayor, ya que hay niños que están atendiendo. Se están generando este tipo de parches para que los niños no sufran, para que las familias no sufran y para que no se cierren jardines infantiles que, tal vez, están haciendo su mejor esfuerzo o dando la mejor opción en un territorio donde no hay alternativas superiores. Entonces, lo que me preocupa de esta discusión —y que probablemente vamos a aprobar este proyecto de ley— es que nadie quiere generar un colapso en el sistema parvulario por una legislación que tal vez no desarrolló la modernización suficiente, sino que, ¿cuál estrategia de largo plazo va a hacerse cargo de ese sueño inicial, de alguna forma? Y tal vez pase por flexibilizar algunos elementos que usted bien decía: "Mire, tenemos unos jardines infantiles que están en zona de inundación y, por lo tanto, jamás podrían tener reconocimiento oficial". Bueno, tal vez no es lo mismo que estén en zona de inundación, pero sí, que no importe que tengan buena calidad de la educación. Entonces, uno quisiera que la normativa sea lo suficientemente sofisticada para decir: "Mire, sabe que en este lugar, a pesar de que no cumple con lo formal, sí le vamos a dar reconocimiento oficial, porque lo que ocurre en esa aula es de buena calidad". Que haya elementos que no nos gusten porque no son perfectos —lo perfecto es enemigo de lo bueno— y, en lugar de caer en una lógica de cerrar locales buenos, queremos asegurarnos de que la calidad de la educación en esos lugares sea suficientemente buena y que no hagan daño a los niños, ¿ya? Esa es, pues, mi pregunta más de fondo, si después le doy la palabra a Senado, de cuál es, en el fondo, la estrategia de largo plazo para hacerse cargo de esa inquietud genuina y positiva de que la educación inicial tenga buena calidad. Y la segunda preocupación que tengo son los informes financieros. Yo he visto varios informes financieros en toda mi vida parlamentaria y les prometo que esto es de un nivel de improvisación increíble. El primero que yo tengo acá, tal vez se me quede uno, son cinco, son cinco, son cinco, y el último...

El último es el del 10 de marzo, ¿no es cierto? Es de ayer. Por las indicaciones que ingresaron, voy a ignorar ese porque es el último de ayer y no le roga mayor gasto. Esa es la referencia a otro, entonces no se puede ignorar. Sí, sí, sí, no hay problema. Pero voy a partir por el primero. El primero es del 6 de mayo del año pasado. Y el del 6 de mayo dice algo que parecía muy positivo, en la lógica de lo que uno quiere, que dice, mire, ¿sabe qué? Esto, la Superintendencia va a ejecutar con su presupuesto y personal vigente este tema; por lo tanto, no hay mayor gasto. Y después dice que una serie de gastos posibles a futuro para lograr mejorar la infraestructura puede gastar 48 millones en el 2024, ¿verdad? O sea, en el fondo dice que hay un gasto adicional que, de alguna manera, no es de esta ley, como que van a haber gastos adicionales en leyes de presupuesto, y por lo tanto es raro que lo mencione, porque un informe financiero normalmente se hace cargo de lo que hace la ley, no de gastos periféricos, y aquí hace una mención de que, en virtud de futuras inversiones en infraestructura, van a haber gastos muy grandes, ¿cierto? Y eso me parece bien, porque cualquier gasto que vaya a favor de los niños, yo, ustedes saben, lo voy a aplaudir siempre. Después nos vamos al informe: pasamos del 6 de mayo al 6 de septiembre, y dice, mire, la disposición de esta ley no registra mayor gasto; sin embargo, es posible señalar que los proyectos de infraestructura, mantención y conservación, y vuelve a tocar de nuevo esto de los 48 millones, miles de millones anuales. Exactamente, y lo pone como tal cosa. Y aquí, el 6 de septiembre, se indica que la Superintendencia va a tener 17 nuevos funcionarios, lo que es completamente contradictorio con el informe financiero anterior, y honestamente yo soy partidario de que tratemos de ser más eficientes con los recursos públicos. Luego, el 2 de octubre no entiendo por qué hay un nuevo informe financiero; pasamos del 6 de septiembre al 2 de octubre, y se vuelve a mencionar lo de los 17 funcionarios. No hay nada nuevo por lo que veo, veo la misma tabla y básicamente lo mismo. Después viene el 9 de diciembre y, de nuevo, se dice que no hay mayor gasto; y finalmente, viene el último que es del día de ayer, sin mayor gasto. Entonces, yo sinceramente creo que nosotros somos la Comisión de Hacienda y nuestro gran rol es cuidar los recursos en un momento en el que, además, tenemos un problema grave por la cantidad de proyectos que han significado mayor gasto público, con una realidad donde el año pasado no pudimos cumplir con la meta de gasto público, con la meta fiscal. Por ello, creo que esta comisión tiene el mandato de ser extremadamente celosa, producto de la situación de las arcas fiscales, frente a cualquier aumento de gasto público. Le planteo esas dos cuestiones: la señora Rincón me ha pedido nuevamente la palabra brevemente, y después el señor Sousa; y luego se le da la palabra al ministro para que nos comente. Solo para complementar lo que usted señalaba, presidente, respecto a qué pasa con aquellos que no cumplen con la normativa para poder darles el reconocimiento, ¿cómo lo podemos hacer? Porque a lo mejor se podría haber considerado en esta discusión, con situaciones que el ministro conoce, que, por ejemplo, un jardín no puede tener el reconocimiento porque resulta que donde está instalado no tiene los deslindes correctamente otorgados, debido a que la dirección de obra municipal, o sea, el mismo Estado, está fallando en resolver problemas prácticos, y parecería injusto que a esos niños se les cancele su matrícula y el lugar donde están estudiando por una falla del Estado. Entonces, ¿no sería esta la oportunidad para que podamos incorporar una norma en que, cuando se presenten este tipo de problemas —que en este caso ni siquiera es lo de una zona de inundación, sino que es un problema interno—, como lo vivimos en el Maule con la comuna de Bichuquena, y que el senador Coloma conoce también, en que ese jardín no va a tener reconocimiento porque hay un problema de deslindes en donde el jardín está al lado del liceo y presenta, digamos, un problema de límites? Es absurdo, o sea, está todo dentro de la mano del Estado, y el Estado tendrá que caducarlo, porque algo que no está funcionando administrativamente no se hace. Entonces, si pudiéramos en esta oportunidad incorporar también una norma para resolver este tipo de casos, creo que sería una buena oportunidad, en la línea de lo que usted dice. Senador Sousa. Un poco mis comentarios: creo que es un proyecto ciertamente necesario.

Que no podemos seguir cada dos años postergando el plazo. Es claro que hay que fijarse una meta y contar con los recursos necesarios para ello. Ahora, mis dudas son precisamente esas: ya se ha empezado a hablar aquí de si es necesario aumentar el número de supervisores en la Superintendencia, y yo pregunto ¿cuántos son? Creo que, hasta el momento, son cinco. En este momento hay cinco miembros; ¿tiene cinco personas la subsecretaría? ¿Qué personal tiene hoy? Es lo que quiero saber. Me informan que son casi mil, casi mil y se aumentan en 17. Esa es mi primera pregunta: ¿qué porcentaje estamos aumentando? Presidente, en materia de superintendencias de educación en general, la verdad es que las experiencias no son buenas; hay universidades que todavía esperan que se aprueben las decisiones adoptadas respecto de ellas para poder seguir funcionando y la Superintendencia de Educación no ha entregado esos informes. No sé si la Superintendencia Parvularia es distinta, pero tengo serias dudas respecto del sistema general de superintendencia y su eficiencia, porque la realidad es esa, y es lo que usted quiere saber. Segundo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es muy claro: la normativa no se está modificando en absoluto. La normativa establece que la educación parvularia no es obligatoria. Son pocas las familias, probablemente, que deciden educar a sus hijos por su cuenta, pero ese derecho se debe mantener sin ningún tipo de variación. Y tercero, me pareció raro que no se garantice de forma específica la seguridad física y psíquica, sino que se hable de seguridad de forma general. Este tipo de expresiones, sinceramente, no nos permiten tener obligaciones precisas; y cuando las obligaciones de las instituciones son tan vagas, como en el caso de la seguridad —la cual incluye lo físico, lo psíquico y otros aspectos—, al final termina no pasando nada. Yo creo que uno de los grandes problemas de las familias en Chile hoy en día, en muchos lugares del país, es la seguridad de sus hijos cuando los mandan a la escuela. Por lo tanto, recomendaría que se revise ese concepto, entendiendo que nosotros no lo votamos aquí en la sala, en la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Isurza. Le damos la palabra al ministro. Bueno, muchas gracias, presidente. Sí, creo que vienen preguntas interesantes y eso revela que es difícil separar la discusión exclusivamente financiera del debate más profundo y de los sentidos generales de los proyectos de ley. Buena parte de las cuestiones que han planteado surgieron durante la tramitación y logramos aclararlas, con mayor o menor éxito, a lo largo del proceso. Quizás, por la rapidez con la que se llega a estas instancias, quedan algunas dudas, lo cual es normal. Respecto a la primera pregunta del senador Coloma, presidente, el artículo 3º se refiere específicamente a la JUNJI, ya que los jardines alternativos están legalmente limitados para esa institución, no así para el resto del sistema. Es decir, un jardín infantil alternativo lo puede tener y lo tiene un municipio, pues no existe impedimento legal para crearlo. La JUNJI, no obstante, sí presenta esa limitación, porque hay un grupo de jardines alternativos de la JUNJI que cada año debe ratificarse mediante la ley de presupuesto. En el año en que la ley de presupuesto no contemple esos jardines infantiles, éstos se quedan sin financiamiento, al no tener validez legal en un marco distinto al de la ley de presupuesto vigente. ¿Está bien eso? Entiendo la explicación, pero mi pregunta es si es correcto o si se debería modificar. Es una cuestión válida. Este es un proceso que se plantea cada año en el ámbito presupuestario y, por ello, solo se contempla a la JUNJI. No se trata de una discriminación arbitraria ni pretendo alterar este proyecto. ¿Está bien conceptualmente? Sí, está bien conceptualmente, porque en territorios aislados, zonas rurales, sectores cordilleranos y en lugares donde es muy difícil que llegue un jardín regular, incluso en términos de cobertura, difícilmente se aprobará un proyecto de ley de cinco mil millones de pesos.