Senado - Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía - 12 de marzo de 2025

En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas al senador Juan Castro, integrante de la Comisión de Recursos Hídricos. Agradecemos la presencia del senador Gustavo Sangüesa, que siempre es muy bienvenido a la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía, y también saludamos la presencia de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, APR Chile; de la Asociación Provincial de Agua Potable Rural de Limarí; y del APR de la región de Valparaíso. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Antes de iniciar esta sesión, le voy a ofrecer la palabra al señor secretario de esta comisión, don Jorge Genque. Saludamos también a Eduardo Baeza de la Biblioteca del Congreso. Gracias, Presidenta. ¿No hay cuenta solamente que habría adoptado el acuerdo al que hacíamos alusión respecto de la sesión de la próxima semana en la ciudad de Cúpiapú? Así es, bueno, como para esta comisión ha sido muy importante avanzar en los temas de eficiencia hídrica y, aprovechando que además en el mes de marzo tenemos el Día Mundial del Agua, esta comisión propone sesionar en la región de Atacama para abordar el tema de un modelo de eficiencia hídrica sostenible en la región, si les parece. Esta sesión sería el jueves 20 de marzo y agradecemos ya de antemano al rector de la Universidad de Atacama, Forlín Aguilera, en donde se va a desarrollar la comisión. ¿Se acuerda? Sí, entonces. Muchas gracias. ¿No hay cuenta, señor secretario? Bueno, esta sesión ha sido convocada para poder conocer de parte del Ejecutivo el estado de avance del futuro proyecto de ley sobre modificación integral a los servicios sanitarios rurales, una iniciativa que hemos estado hace ya largo tiempo escuchando a las y los dirigentes de las dificultades que ha tenido la implementación de la ley de servicios sanitarios rurales. Entendemos que ya también se constituyó una mesa en donde hubo un trabajo de parte de las organizaciones y de parte del Ejecutivo. Este último había comprometido que tal iniciativa iba a llegar prontamente. Nosotros tenemos ya en nuestro dispositivo la presentación que va a realizar el Ministerio de Obras Públicas en esta comisión, pero para nosotros sería muy importante, si a ustedes les parece, que escuchemos la presentación del Ejecutivo y que después ustedes puedan reaccionar a ello. Porque, de no hacerse así, sería escucharlos nuevamente y conocemos bien las dificultades que han evidenciado. Y también, por otra parte, lo que no queremos es que se siga parchando de a poquitito esta ley de servicios sanitarios rurales, porque nosotros tenemos, de cuando en cuando, iniciativas y mociones que muchas veces surgen de los diputados que buscan parchar una partecita o ampliar el plazo para una cosita, mientras que, al menos desde el Senado, tenemos una visión más integral. Creemos que aquí hay que hacer un abordaje de una modificación mucho más amplia a los servicios sanitarios rurales, que además converse con la diversidad de sistemas que existen en nuestro país. Por lo tanto, también resulta muy importante que sea el Ministerio quien exponga lo fundamental que contendrá el nuevo proyecto de modificación a la ley de servicios sanitarios rurales, tal como fue el compromiso que adoptamos en la sesión pasada con el Ejecutivo. Por ello, en ese sentido, propongo que suspendamos la sesión hasta que llegue el Ejecutivo, ya que nos han informado que venían un poco retrasados. De ese modo, podremos escuchar su presentación y ustedes podrán reaccionar a aquello, diciéndonos con claridad: “mire, estos temas los habíamos conversado en la mesa, teníamos un compromiso de que se incorporarían y aún no se han incorporado”. Y si les parece, suspendemos entonces hasta que llegue el Ejecutivo, ¿así se acuerda?

Queremos saludar al coordinador del área hídrica del Ministerio de Obras Públicas, don Carlos Esteves, que se encuentra con nosotros; al coordinador legislativo, Tomás Mendoza; y también al asesor legislativo, Estéfano Salgado. Ya habíamos saludado a APR Chile; se encuentra con nosotros el coordinador nacional, don Rufino Hevia; el vicepresidente, don Raúl Vera; y la vicepresidenta de la cooperativa La Tetera Pueblo Indio, la señora Grisel Aróstica. Por la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, está su presidente, don Juan Rivera, y don José Rivera, perdón, José; y el vicepresidente de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural de la región de O'Higgins, don Edmundo Joffre. Entendemos que el presidente de la Asociación Provincial de Agua Potable Rural de Limarí se va a conectar, don Luis Alfaro y, probablemente, también don Humberto González. Ah, ya está conectado. Ahí le damos la bienvenida también a don Humberto. Ya está don Humberto y don Luis, muy bienvenidos también a esta comisión. Como lo decía don Carlos, esta comisión tiene por objeto conocer de parte del Ejecutivo el estado de avance del futuro proyecto de ley sobre modificación integral de los servicios sanitarios rurales.

Sanitarios Rurales y hemos acordado con las y los dirigentes, la y los dirigentes, que vamos a escuchar la presentación del Ejecutivo y, después, vamos a escuchar la reacción de los representantes de APER. Así es que le ofrezco la palabra. Muy buenos días, Presidenta, Senador y a la dirigente y dirigente representante de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural. Nosotros hicimos una presentación, pero no sé si puedo aprovechar tu propio… ahí lo estaba pasando. Quisiera señalar, básicamente, que en general los dirigentes, con paciencia, hace rato están a la espera de que el Ejecutivo pueda ingresar el proyecto de ley y, en una última sesión en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, el entonces ministro CECPRES, Álvaro Lizalde, habría comprometido que se ingresaría durante el mes de marzo. Nosotros enviamos una última versión formal a la CECPRES el 16 de febrero y estamos en un proceso de interacción con ellos; tienen claro que tenemos ese mandato, lo cual no está en cuestión. En relación con el estado de esa discusión en particular, y para los integrantes de la Comisión, dado que los dirigentes lo conocen –aunque siempre es bueno recordarlo– presento brevemente de qué trata lo que hemos discutido. Lo primero es que, en el año 2023, hubo distintas aproximaciones al Ejecutivo, así como manifestaciones de dirigentes del Comité y Cooperativas que estaban inquietos y que, básicamente, planteaban una mirada del conjunto del marco regulatorio. No solamente porque se habían hecho algunas adecuaciones particulares, sino que, sobre esa base, la Ministra determinó que el subsecretario se hiciera cargo directamente de esta discusión en el Ministerio de Obras Públicas. Se concordó y se fue acordando con los dirigentes un mecanismo de integración para esta discusión, y esa fue la Mesa Única Nacional como primera respuesta a estas inquietudes. Naturalmente, la segunda respuesta fue el ingreso del proyecto de ley y, posteriormente, el proceso que le sigue. Por parte del Ministerio de Obras Públicas se definió y se fue estableciendo, junto a los propios dirigentes, un procedimiento para que se pudieran elegir, en todo el territorio del país, representantes para la Mesa Única Nacional. Así se realizó un proceso eleccionario y se concluyó con una delegación de los distintos territorios, y el 30 de septiembre de 2023 se inició formalmente el trabajo de la Mesa Única Nacional, con representantes de todos los dirigentes, el subsecretario y el equipo ministerial, entre los cuales me encontraba. Si bien hubo algunas sesiones virtuales, presencialmente se realizaron seis reuniones de asambleas largas, de dos días, lo que constituyó jornadas de trabajo muy intensas. La última de ellas fue en mayo de 2024. Desde esa última sesión han transcurrido, aproximadamente, casi diez meses, y a raíz de ello se elaboraron actas con propuestas y recomendaciones para la reforma.

Ahora, en general, salvo alguna excepción, lo que se expresó fueron ideas de fuerza, no todo articulado. En consecuencia, después de eso vino un trabajo no menor que ha tenido distintas instancias. En una primera instancia, se desarrolló un trabajo al interior de la Dirección de Obras Hidráulicas con la Subdirección de Agua Potable Rural. Después, en una segunda instancia, se realizó un trabajo con nosotros, con el equipo legislativo del ministerio, articulando posiciones con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el equipo de la DOH y de la subdirección, etc. En una tercera instancia hubo un primer envío, como un draft, a la CECPRES. En general, lo primero es que se establece —no entraré en detalle todavía— que, próximamente, se abrirá una discusión cuando ingrese el proyecto. Es importante señalar cuál es el esquema: en un principio, una demanda muy importante era que los comités y cooperativas de APR recuperaran su nombre, ya que incluso algunos habían estado cambiándolo a Servicios Sanitarios Rurales. Quedó muy claro que el servicio es el Servicio Sanitario Rural, pero el prestador del servicio es el Comité de Cooperativas de Agua Potable Rural, lo que debía ir acompañado de un elemento de identidad. Asimismo, sólo pueden prestar el Servicio Sanitario Rural los comités y cooperativas de APR, acuerdo muy claro en la Asamblea, y dichos comités y cooperativas funcionan sin fines de lucro. Luego, en la ley vigente existían ciertos principios, pero estos eran para el desarrollo de una política. Lo que se hace es adecuar esos principios, no solo para la política, sino también para la implementación de programas, planes y acciones, incorporando nuevos elementos, siendo el más relevante de ellos el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, como principio rector. También, en estas disposiciones se refuerzan las capacidades de los dirigentes y se impulsa una lógica más inclusiva y participativa en el desarrollo de la política nacional. En el artículo primero se establece el objeto de la ley, en el artículo segundo se enuncian los principios y en el artículo tercero se definen las terminologías, eliminándose o modificándose varias disposiciones que generaban conflicto en los dirigentes. Se elimina el concepto de operador, que en la práctica se entendía de forma distinta a como se concebía en la ley —en la ley se asociaba al licenciatario, mientras que en la práctica hacía referencia a quien asumía funciones operativas—; se suprime también el concepto de concesión sanitaria y el de licencia de servicios sanitarios rurales, ya que implicaba que todos los comités y cooperativas de APR debían tramitar una licencia. En su lugar, se reconoce a dichos sujetos como licenciatarios de pleno derecho, por el solo mérito de la ley. En materia de servicios sanitarios rurales, se establece que, siendo exclusivos para los comités y cooperativas de APR, se priorizan los servicios primarios, aunque también pueden prestar servicios secundarios, por ejemplo, para una hostería o un conjunto de establecimientos que no sean de primera necesidad, ya que éstos se consideran primarios. Finalmente, se fija el reconocimiento automático de las licencias por ley con carácter indefinido y no caducable, lo que no impide que sean objeto de fiscalización o que se censuren a los dirigentes por una eventual mala gestión, pero la sanción no puede consistir en la caducidad del Servicio Sanitario Rural, puesto que ello dejaría a la población sin la prestación correspondiente.

De un servicio que está protegido por el derecho humano al agua y al saneamiento, se establece un conjunto de medidas en materia de evaluación, gestión de riesgos y de emergencias; se mejora el mecanismo de los servicios en riesgo y el concepto del fondo de reserva de garantía para atender emergencias. Y luego hay dos artículos bastante relevantes, el 21 y el 22 del anteproyecto, en que, por un lado, el 21 se refiere a que debe prestarse un diagnóstico continuo de los servicios sanitarios rurales, un diagnóstico en general del estado del servicio, su infraestructura, la tecnología y todos los riesgos que puedan afectar la calidad y continuar el suministro. En general, lo que tiene que ver con este diagnóstico se relacionará, por regla general, con inversiones o prestaciones que debe desarrollar la subdirección. Paralelamente, hay una evaluación periódica de los licenciatarios y de los titulares, por tanto, de la gestión, que es distinto estrictamente al diagnóstico de las redes, de la tecnología y de los riesgos, para ver si hay eventualmente algunos problemas de administración, gobernanza y operación, y si existen comités cooperativos que se encuentren en una posición de mayor fragilidad; en consecuencia, este trabajo debe ir acompañado de recomendaciones de planes de acción en esta materia. Se establecen también ciertos indicadores claves para la evaluación, y en eso la ley es clara: hay criterios específicos para medir el desempeño en general. Luego, ya en el reglamento se establecía una categorización por tamaño; hay cambios menores al respecto, pero el principal es que el segmento mediano, esta vez establecido en la ley y ya no en el reglamento, define el umbral de la siguiente manera: categoría menor hasta 300 arranques, categoría mediana de 301 a 800, y categoría mayor en casos de sobre 800 arranques. El segmento hasta ahora siempre ha sido más bien 600 y sobre 600 mayores; por tanto, se aumenta el volumen de aquellos que son de categoría mediana. Y respecto a los de categoría mediana, todo el trabajo de diagnóstico y de evaluación, entre otras cosas, para determinar eventuales fragilidades, hace que, para efecto de algunos elementos, como puede ser la determinación de tarifa, puedan ser tratados excepcionalmente, en virtud de eventuales fragilidades, como si fuesen de categoría menor. En general, se simplifican varias normativas respecto de la obligación del licenciatario, considerándose muchas de ellas, a juicio de la mesa única nacional, como innecesarias. Luego, si bien la norma establece ciertas incompatibilidades entre los directivos y aquellos que operan o prestan ciertos servicios, se observó que en la zona extrema o más aislada existen cuatro o cinco familias cuyas coincidencias de apellidos impiden que alguno de sus integrantes trabaje en este contexto, situación que termina encareciendo, o que, en algunos lugares, deja sin prestación de servicio; de ahí que se establezca una excepción para esos territorios. También se dispone que, en las tarifas, se incorpore el recurso para que los dirigentes puedan contar con un seguro. Asimismo, existen normas que otorgan un respaldo para que, frente a agresiones eventuales –que han ocurrido desafortunadamente– se simplifique el cálculo tarifario, particularmente para aquellos de categoría mediana y menor. Los consejos consultivos, básicamente, amplían la representación territorial de manera que en todas las regiones existan representantes de los servicios sanitarios rurales, situación que no se observa en la actual regulación, y, a la vez, se asignan distintas funciones para la subdirección.

Para la gestión de inversiones, por ello que se ha enviado a SESPRE y a DIPRE una importante minuta con los antecedentes para un informe financiero. Porque se conviene un organismo más proactivo en la colaboración y que debe elaborar un plan quinquenal de inversiones basado en los diagnósticos que habíamos señalado. Y, en general, las facultades de la Superintendencia en materia de fiscalización se ordenan, se simplifican, se adecuan más a la realidad o a la cultura rural, se establecen medidas preventivas, es decir, que no se dejan necesariamente sancionar, sino que se pueden establecer medidas preventivas. Y también la posibilidad de plantear planes de cumplimiento, es decir, en vez de ir y sancionar, más bien lo que se dice, mire, comprometámonos a llegar a este resultado; y, obviamente, si el plan de cumplimiento no se cumple y hay abandono o dejadez en esto, podrá haber una sanción, pero se dan oportunidades con un respaldo y acompañamiento. Eso sería, como en términos muy simples, la estructura principal del proyecto de ley y, como ya comencé señalando, el estado procesal en que se encuentra actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos ofrecer la palabra a los dirigentes para que puedan reaccionar si es que, efectivamente, todo lo que estaba comprometido en la Mesa Única Nacional está también contenido en los elementos del proyecto de acuerdo. Por favor. Por favor, para efectos de la transmisión, les ruego decir su nombre y su cargo. Muchas gracias. Rufino Edia, Coordinador Nacional de APR Chile. Bueno, gracias, Presidenta, por la invitación, por la posibilidad de venir a escuchar la ponencia o la presentación que hace el Ministerio de Obras Públicas con respecto a los resultados de la Mesa Única Nacional. Saludar también, por su intermedio, al Senador y, obviamente, a los representantes del Ministerio de Obras Públicas y también a la dirigente de la FENAPRO. Para nosotros, en realidad, la opinión, un poco lo que he escuchado de la ponencia de Carlos Esteve, ya concordamos con esa línea. Teníamos esos elementos y es lo que corresponde al trabajo realizado en la Mesa Única Nacional. Nuestra preocupación tiene que ver más justamente con los plazos para que esta ley realmente se pueda modificar. Difícil opinar, porque las ideas suenan bien buenas, digamos, en el contenido y están consensuadas con respecto a la discusión de la Mesa Única Nacional. Hubo ya una minuta que se nos entregó, la cual revisamos en la Asamblea Nacional de APR Chile y la fuimos discutiendo; la hemos trabajado tantas veces y dijimos, sí, esto tiene, ahora hay que esperar el articulado. Y ese es el punto para nosotros, saber el proyecto en concreto, las modificaciones concretas, artículo por artículo, para poder entrar en una mirada más amplia de lo que le falta a esta ley, que es lo que tiene que contener. Si bien la ley 20.098 es un piso, nosotros creemos que en este proceso de discusión de la Mesa Única Nacional se abrió una mirada más amplia y dijimos que la ley es muy débil, para la función que tienen los comités del portal rural, faltan muchos elementos que incorporar. Y esto se ha ido demostrando en la cantidad de proyectos que se han ido sumando en estos dos años de implementación de la ley —horario punta, tarifa, IVA, en fin, relación con los bancos, protección de los pozos—. Hay muchos proyectos, creo que son unos ocho proyectos que están por iniciativa de distintos diputados, ya lo señalaba anteriormente la Presidenta. Entonces, a nosotros nos interesa un poco saber hablar de plazo, digamos, y hablar del documento en general, concreto, para poder ir detalle a detalle, revisando y proponiendo ideas, planteando alternativas a ese articulado, tal como lo hicimos, por lo menos, como Federación APR Chile. Nosotros, si bien no hubo una reacción de ley, pero sí entregamos un comparado, artículo por artículo, de nuestra visión con respecto a la ley 20.098. La entregamos a la Mesa Única Nacional, la hemos entregado también al Senado, a distintas comisiones. Es nuestra visión que tiene que contrastarse un poco con la que tiene el Ministerio y con la que tienen los otros dirigentes de otras organizaciones. Entonces, en resumen, para nosotros son los plazos y saber el contenido concreto de todo el articulado, todas las modificaciones, junto con eso, tiene que ver también con un tema de implementación actual de la ley, porque se sigue implementando sin tener esa mirada de que viene una modificación que está cambiando.

Acordada por todo, está consensual. Yo creo en la mirada tanto en el mundo político como en el legislativo, como en los dirigentes. Entonces, tenemos una ley que se aplica como si nada fuese a modificar, y eso, desde la mirada que tenemos, significa recursos que se van a desperdiciar, incluso en papelería, digamos, en la difusión de lo que hoy día es esta ley, cuando sabemos que ya las modificaciones están consensuadas y en miras. Ahí falta una transición. Y tiene que ver también con que el foco de la implementación actual de la ley no está en el punto central, digamos, que son las materialidades de la OAPR, la infraestructura y las condiciones para recibir una ley, sino que el enfoque se ha aplicado en cumplir, nosotros decimos, las partes administrativas, las legalidades por defecto y los elementos de capacitación, que son muy básicos y no son los realmente profundos que requiere la OAPR. Entonces, teniendo el articulado, nosotros podemos armar cosas, digamos, modificaciones articuladas para que, por ejemplo, se hable de las garantías de agua, de cómo se constituyen realmente los derechos de agua para el mundo APR, porque en el fondo hoy día tenemos que cumplir la misma legalidad, la misma forma que cualquier particular que pide derechos de agua. Son temas profundos que, en el ejercicio de la aplicación de la ley, se nos van apareciendo, y decimos que la ley 20.998 no los contiene, no los contenía, por lo tanto hay que incorporarlos. La hemos conversado ampliamente con Carlos y, creo, con la gente de la DGA, entre otros, para abordar el tema de los derechos de agua con otra visión, de forma que realmente tanto los APR como los dirigentes tengan una garantía de agua para funcionar. Hay proyectos, como decía, por todos lados tratando de parchar esta ley, y nosotros, como mencionó la senadora inicialmente, necesitamos el contenido estructural para mirar de forma definitiva cómo, en esta oportunidad en que nos sentamos a una mesa en la que se han reunido dirigentes de todo el país a discutir una ley para aplicársela a sí mismos, seamos capaces de resolver de una vez el tema del agua potable rural con una mirada amplia, considerando el desafío hacia el 2030 que tiene el país, enmarcado en los objetivos de los ODS. Entonces, que esta ley incorpore ese elemento, porque es un objetivo que el país tiene que cumplir y que nos concierne. Por otro lado, tampoco queremos que hoy día, ojalá, se puedan establecer los plazos en los que, como dirigentes, vamos a contar con un documento para trabajar desde nuestras bases. Eso es fundamental para nosotros, y es apenas ingresar ese proyecto acá y tenerlo, poder iniciar de inmediato la discusión del reglamento, que es otro proceso. Entonces, ahí tenemos dos puntos que queremos dejar establecidos: los plazos para discutir y avanzar. No voy a agregar más las ideas generales que planteó Carlos, que creo que compartimos, pero para nosotros es fundamental lo que plantea en cuanto a plazos y tiempo. Nos hemos planteado, al menos desde APR Chile, un desafío para que en el 2025, ojalá, la ley salga del Parlamento y, en ese mismo plazo, se aborde el reglamento y, mientras tanto, la subdirección cambie el foco y atienda realmente las necesidades materiales de los APR para poder recibir e implementar la ley. Creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias, Senadora. Muchas gracias, Cuspino. Le ofrecemos la palabra al presidente de FENAPRUS, José Rivera Navarro. Bueno, mi nombre es José Rivera Navarro. Estamos ubicados en la región de O'Higgins, comuna de Rengo. Vengo con mi colega, vicepresidente de la Asociación Gremial de Agresap, y yo soy presidente de FENAPRUS Chile. Nosotros, antes que todo, queremos agradecerles siempre a ustedes, porque en el tema del agua lo han acogido muy bien. Como FENAPRUS Chile tenemos una historia maravillosa con este congreso. Por allá, en los años ochenta, empezamos a ver que no teníamos un marco regulatorio después de los terremotos del ’85 y nos dimos cuenta de que necesitábamos dicho marco, y ustedes nos ayudaron tanto que se promulgó esta ley de la que hoy se habla. Esta ley nace en ese contexto. Por aquellos años empezamos a formar, por primera vez en Chile, las asociaciones comunales, provinciales y regionales. En el año 2005 fuimos a Osorno, en la comuna de Puyehue, y formamos la primera federación nacional FENAPRUS Chile. Y en el año 2008, la presidenta Bachelet firmó la parte de crear esta ley y de darle el paso al Poder Ejecutivo para que empezáramos a trabajar ya directamente en algo concreto. Se hizo en la región de O'Higgins, con 500...

Y ahí lo firmó. Por ahí, por el año 2015, se hizo un encuentro latinoamericano donde trajimos 25 países y la presidenta ya firmó el decreto. Va, disculpen la ley, cuando salió. ¿Por qué doy toda esta historia? Porque acá se trabajó con miles de comisiones, en la parte de Hacienda, en las comisiones hídricas, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Poder Ejecutivo, en la Universidad y todo. Esta ley costó mucho. Ustedes deben de entender que de lo que se está tratando hoy día es una ley de gente rural: en nuestros inicios no había nada, no había computador, no había pendrive, pocos asesores, no había recursos, y muchos de esos dirigentes hoy día están descansando, digamos, fallecieron. Entonces, antes de todo, les estoy dando un agradecimiento a ustedes y también a los dirigentes que ya no están. Y hoy día, resumiendo, nosotros estamos bastante preocupados por la experiencia que tiene FENAPUS Chile en cuanto a cómo se hace una ley. Nosotros nunca hemos tenido el articulado, digamos, no podemos recibir esto. Lo que necesitamos directamente es el articulado para poder trabajar con lo que está redactado. Entonces, todas las palabras suenan bonitas, pero ¿saben cuál es la diferencia que hay entre la práctica y lo teórico? Son miles de kilómetros. Nosotros hoy día estamos tan afligidos —los APR, el Comité y la Cooperativa— porque tenemos muchos ministerios y autoridades que están presionando para cumplir normas. Por ejemplo, tenemos que ver todo lo que nos beneficia; otra cosa por la que hay que agradecer es, como FENAPUS Chile, la reforma al Código de Agua. Esa reforma fue gracias a ustedes. Estuvieron la señora Llanabrobos, la señora Isabel y la Adriana Muñoz. Habían tantos que, por primera vez, APR Chile estaba una pura BNC Código y hoy día se dan muchos beneficios al consumo humano. Pero tenemos varias dificultades que les voy a poner al último. Tenemos al servicio puesto interno, tenemos a la subdirección, tenemos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, tenemos a las municipalidades, tenemos al Registro Civil, tenemos al Ministerio de Economía, tenemos acción sanitaria. ¿Saben qué es lo que nos aflige? Que la copa se los puso acá con una tonelada de peso. Eso es lo que está pasando. Y la mesa no está completa porque existe algo aún más complejo que esta ley no contempla. Ustedes han aprobado cosas maravillosas para la APR. Por ejemplo, hoy día, un proyecto de mejoramiento —voy a poner un caso puntual—: el Comité Agua Potable Urbana Alianza, ubicado en la comuna de Rengo, fue beneficiado con más de 3 millones de dólares para hacer un mejoramiento, más de 3 mil millones. Pero, ¿dónde está el problema? Es que la forma que tiene el Ministerio de Obras Públicas para licitar es tal que se está contratando a una empresa que está haciendo la pega mal y, en consecuencia, dejando mucho perjuicio. ¿Y saben lo otro que es terrible? Pues que son aspectos muy complementarios. Años anteriores se nos permitía estar en las recesiones provisionales, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que cuando la empresa está entregando el trabajo, nosotros, quienes vamos a encargarnos de mantenerlo en el tiempo, estábamos para verificar si la mesa estaba bien, el micrófono, la taza y todo. Hoy día nos niegan esa participación; y, por favor, hay que tener mucha atención a ello. Además, estas empresas que han cometido muchas faltas vuelven a participar y se adjudican obras. Entonces, esta ley que estamos viendo hoy día no habla nada de toda esa responsabilidad que se nos asigna. Estamos maravillados con todo lo que se está haciendo, pero el problema es que estos trabajos se tienen que ejecutar bien, en el bien de la inversión que nos están dando ustedes y el Estado, y las comunidades están muy, muy agradecidas. Por otra parte, tenemos que, como con esta ley, no se cumplieron los plazos. Sabemos, como dijo don Carlos, que había compromisos de entregar la copia a nosotros en el mes de octubre y, después, ingresarla ya sea por la Cámara de Diputados o acá en el Senado, pero no se cumplió. Estamos en el 2025, a marzo. Y, como lo dijo también, la Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene como un copy-paste de las grandes sanitarias del 382. Mientras no se modifique la ley, la ley está vigente, por lo tanto, ellos la están aplicando.

En que tengan, no sé si coloquial o algo así como que no es tan fuerte, palabras de buena crianza de decir “no lo vamos a multar”, pero la ley lo obliga a hacerlo, porque es ley. Entonces, nosotros, como se atrasó esta, pedimos a la Cámara de Diputados que lo apoyara para hacer una prórroga de dos años para que la superintendencia no lo fiscalice hasta que esta ley se apruebe. En lo particular se aprobó completamente, en lo general también, y la sala en pleno votó a favor de esto y ahora está acá. Es necesario quitarle un poco de peso a los pobres dirigentes que no quieren postularse, porque este es un programa maravilloso, un programa que nosotros lo sacamos el sombrero en toda Latinoamérica y en parte del mundo, porque ustedes lo han dado apoyo, pero los dirigentes están asustados. Este proyecto de ley está ingresado a esta comisión y, lamentablemente, nosotros queremos que lo apoyen, porque esta ley que estamos viendo —que la modificación de la 20.998, no sé cuándo va a ingresar y cuándo vamos a tener la copia del articulado para ver si es realmente lo que nosotros necesitamos— nos ha enseñado, como dirigentes nacionales, que hemos recorrido todo Chile, de Arica a Punta Arenas. La segmentación, que se va a cambiar, es la que dice de 0 a 300, que son los menores, y de 301 a 800, los medianos. La ley, el articulado, habla siempre de mediano y mayor; mediano y mayor no marca la diferencia, y nosotros nos hemos dado cuenta de que el mediano tiene que estar hasta mil. Son mil familias rurales humildes, no mil familias de grandes sanitarias. Así se tiene que marcar en lo que estamos hablando: cositas en varios artículos que hay que ir mejorando en beneficio de nuestro APR, y eso lo sacamos como experiencia de la práctica, no de lo teórico. También tenemos, como acabo de decir, que estamos tan agradecidos y, en el nombre de todas nuestras bases y socios, les damos a ustedes la reforma al Código de Agua, pero ahora nos pasó algo que también está en él y que nos tiene tan afligidos. El Código de Agua lo obliga a formar las comunidades de aguas subterráneas para tener un buen control. ¿Qué nos pasó? Se hizo un chat en el que se iba a formar una comunidad de aguas, y voy a poner un ejemplo de mi región, que está compuesta por la comuna de Requinoa, Rengo y Quinta de Hidilcoco. Son 400 los que cumplen, de estos usuarios de agua, con las reglas de estar inscritos en el catastro: 400 comuneros, y de los 400 vimos 18 APR. Entonces, cuando todo esto se hace vía judicial y extrajudicial, no se hace como en lo particular; lo pusimos de acuerdo: el 72% de los que participaron en el inicio de esta comunidad de agua dijo: “¿saben qué es lo importante? Que en el directorio, que son cinco integrantes, tenga un cupo reservado, un dirigente de APR”. Entonces, si hay 15 o 20 comités, el que saca la mayor votación entra al directorio de la comunidad de agua y los otros cuatro los designan los 300 y tantos comuneros. Cuando fuimos a la última comparencia judicial, llegó un abogado representando a Eurosuper y se negó, argumentando que lo que dice el Código de Agua es que tiene que ser el 100%, y como teníamos el 72%, no pudimos hacerlo. Entonces, hoy día estamos en la Comisión Hídrica de la Cámara de Diputados viendo que traten de poner como obligación que un servicio de APR esté en el directorio, por el bien. ¿Cuál es el bien? Nosotros consumimos poca agua y podemos ser neutrales para cuidar cuando se hacen muchos pozos y no cumplen con la norma; nada más, nosotros no vamos a ocupar más agua de la que ocupamos. Ocupamos muy poquita agua; contra todo lo demás, es solamente para ordenar, y eso es bastante necesario. Y la otra parte es que, en las comunidades de agua, se establece que un comunero, si tiene 2 litros por segundo, tiene 2 acciones, y por cada acción tiene un voto de representación. Nos dimos cuenta de que hay comuneros que tienen 10.000 litros por segundo, 1.000 litros por segundo, 100 litros por segundo, y los APR tienen 10, 15 o 20.