Senado - Transportes y Telecomunicaciones - 12 de marzo de 2025

Presidente, tenemos dos documentos en la cuenta. El primero es una solicitud de audiencia de la presidenta de la Fundación Emilia, señora Carolina Figueroa, mediante la cual solicita exponer ante la comisión respecto del proyecto de ley que modifica la Ley 18.290 y otros cuerpos legales que indica para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas. Y en segundo lugar, una excusa del presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), señor Jaime Escudero, mediante la cual señala que no podrá asistir a esta sesión por compromisos adquiridos con anterioridad. Muy bien, muchísimas gracias. Entrando en la orden del día, en la oportunidad de hoy, me ha solicitado la presidenta titular, senadora Ejipena Orden, que pueda presidir como integrante. Vamos a abordar, en primer término, la exposición del presidente de la Asociación de Unión de Condominios Sociales de Viña del Mar, que está presente, don Iván Mardones, sobre el problema relacionado con los cables y antenas adosadas a la fachada de los edificios y espacios comunes. Y en segundo lugar, vamos a proseguir el estudio de la ley, en su segundo trámite constitucional, que modifica la Ley 18.290 para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas, las cuales tienen urgencia simple. Por lo cual, contamos con la presencia del subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, y otros invitados que nos van a acompañar, como la Unión de Asociación de Chile de Municipalidades y el Automóvil Club de Chile. Si le parece a don Iván Mardones, entonces le otorgamos unos diez minutos para la síntesis, poner el punto y responder algunas preguntas. Por favor, señor Mardones. Buenos días, señor presidente. Primero que nada, reciban un cordial saludo de nuestros asociados, que son los condominios sociales de Yelman. Me acompañan en esta oportunidad dos dirigentes, la señora Yarna Castillo, quien es nuestra secretaria, y la señora Catalina Labraña, quien es nuestra directora. Quiero agradecer la oportunidad, ya que para nosotros es muy importante esta presentación. Con su permiso, señor presidente, voy a hacer la presentación de rigor. Bienvenidos, senadores Cusanoich y Bianchi. Por favor, cuidado. Estamos con quórum para proseguir la sesión formalmente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Tiene la palabra el señor Mardones. Muchas gracias, señor presidente. Comenzamos nuestra exposición indicándole que, durante los años 2016 y 2018, diversos condominios sociales presentaron proyectos de mejoramiento a través del programa de mejoramiento de condominios sociales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estos proyectos estaban destinados al mejoramiento de techumbres, cierres perimetrales, instalaciones de iluminación, y en esta ocasión venimos a exponer el tema y las dificultades que encontramos en relación con las fachadas de los edificios. Tuvimos grandes problemas, ya que muchos condominios postularon a acondicionamiento térmico, uso de estuco y otra pintura. La verdad es que encontramos las siguientes situaciones, que voy a mostrar en base a imágenes: en el proyecto de mejoramiento se observa una cantidad importante de cables en la fachada, cables que se tuvieron que retirar en su gran mayoría y que impidieron que los trabajos se ejecutaran normalmente. Llevamos esta problemática a la empresa de telecomunicaciones; en su oportunidad acudieron de forma esporádica y, lamentablemente, la empresa encargada de ejecutar los trabajos dejó cables dentro del acondicionamiento térmico, produciendo puentes térmicos que no son ideales para el desarrollo del mejoramiento del condominio.

Acá son algunas imágenes de cómo estaban los edificios en esa época. Ustedes podrán comprender y darse cuenta de la cantidad de antenas y cables que había, y que era necesario despejar la fachada para poder realizar el trabajo. Y eso en todo el sector de Miraflores, en Viña del Mar, en Valparaíso y en todo Chile. Nosotros hicimos una exposición en el año 2018 en esta misma Comisión exponiendo las mismas situaciones. En ese tiempo teníamos la incertidumbre de cómo solucionar el problema y fuimos avanzando en ese tema para lograr una solución. Aquí les acompaño otras imágenes de otros condominios para que la Comisión comprenda la gravedad de este asunto. Acá tienen otras imágenes de respaldo. Como pueden ver, el problema era bastante grande. A continuación, vamos a hacer una cronología de las gestiones que hemos realizado desde esa época. Estas fotografías corresponden a la primera vez que acudimos a esta Comisión, justamente para tratar este tema, que fue el 19 de diciembre de 2018. Pusimos largamente sobre la mesa esta situación y, con el tiempo, no se dieron las condiciones para avanzar; en realidad, no recibimos la respuesta necesaria para desarrollar una solución. El siguiente año fuimos invitados a Santiago y expusimos ante la Comisión de Vivienda la misma situación. En esa audiencia nos enteramos de que la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones estaba elaborando un proyecto de retiro de cables en desuso, Ley 21.172. Leímos el proyecto de ley y, a pesar de haber indicado y manifestado que los condominios sociales también debían estar integrados en esta ley –no pues estaban incorporados– gestionamos a través de los parlamentarios de la zona para lograr, antes de que se promulgara la ley, alguna indicación que nos permitiera incorporar a los condominios sociales y realizar el retiro de los cables en las fachadas de los edificios. Fue así que, el 18 de junio de 2019, en sesión de sala y prácticamente casi en el último momento, por la gran exposición que realizó el parlamentario, se nos permitió incorporar a todos los condominios a nivel nacional en ese proyecto de ley. Para nosotros fue muy satisfactorio, pero surge la inquietud respecto al reglamento. El reglamento lleva seis años y aún no lo tenemos; no sabemos cómo será elaborado y tampoco hemos tenido participación alguna para saber si nuestras propuestas serán consideradas. A continuación, les mostramos algunas gestiones que hemos realizado a lo largo del tiempo para ir solucionando el problema que exponemos en este momento. La verdad es que no hemos tenido muchas respuestas. Las imágenes demuestran claramente que hemos acudido a todas las instancias para tratar de solucionar el tema, incluso durante la pandemia, a través de Zoom. Quisiera explicar que, dentro de toda la iniciativa para solucionar este problema, surgió fruto el 4 de mayo, previa solicitud de audiencia con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, para tener una reunión con él. Afortunadamente, se logró un progreso importante, ya que se desarrolló un proyecto para el retiro de todos los cables en desuso, en el cual participaron, en parte, 28 condominios sociales de nuestra asociación. Se realizó el retiro en 28 condominios.

La imagen a la derecha corresponde a la reunión que tuvimos con la empresa Telecomunicaciones, Subtel, la delegación presidencial y la asociación a quien yo represento. A su izquierda están las mismas autoridades en terreno. Se elaboró un plan muy importante que duró prácticamente dos meses, en el que se coordinó con Subtel y la empresa Telecomunicaciones, condominio por condominio, para hacer el retiro de cable en desuso. A continuación, les voy a mostrar algunas de las imágenes que tenemos; tratamos de exponer de la manera más simple posible la magnitud de la ejecución de las obras y de los trabajos. Ahí, como ustedes pueden ver, se muestra una muestra de lo que se estaba retirando en ese momento en un condominio y del trabajo que estaban realizando las diferentes empresas de telecomunicaciones. Se observa el despliegue de funcionarios y la forma en que estaban retirando los cables, para que puedan darse cuenta de que no es poco el cable acumulado en la fachada de los edificios; es muchísimo. Acá se muestran imágenes de otros condominios. La resultante fue que Subtel nos envió un informe final para indicarnos la magnitud de lo retirado: 17.215 metros de cable, 1.620 kilos de acometidas (es decir, los cables que van de los postes hacia los edificios) y 951 kilos de cable domiciliario, sin contar tres condominios a los que se realizó el retiro de forma posterior. Sin embargo, creo que queremos demostrar con esto que, quizá, el camino del retiro de cable en desuso es el adecuado. Más adelante, les voy a explicar otro problema que nos aborda en esta ocasión y por el cual hemos venido a esta comisión. Nosotros oficiamos a Subtel con respecto a la ley de ductos, la ley 20.808; la leímos y la analizamos dentro del texto que les indicamos. El tema que nos molesta es que se nos indica que debemos solucionar esta situación porque estamos bajo la ley de copropiedad. La consecuencia es que, cuando las empresas llegaron a las fachadas de los edificios, estos eran poblaciones y no condominios. Ahora, como somos condominios, estamos bajo la ley de copropiedad, es decir, somos privados y, por lo tanto, la responsabilidad de resolver recae sobre nosotros. Sin embargo, a quien se debía pedir que resolviera esta situación eran las empresas de telecomunicaciones. En el retiro, hablamos con dichas empresas y, de forma puntual, les preguntamos por qué la ley resulta ser diferente para unos y para otros. Es cierto que los condominios que se están construyendo hoy vienen con una normativa distinta, que incluye la canalización de los cableríos y redes húmedas, las cuales tampoco tenemos en los condominios que representamos. Nos molesta, además, que, dado que las instalaciones ya están realizadas, las empresas de telecomunicaciones no quieran responder en relación al ducto único. Se supone que, al tratarse de un negocio, ellas deben responder a sus clientes, ya que utilizan la fachada de los edificios como una central de telecomunicaciones de donde después reparten el servicio a los departamentos. Entonces, lo que estamos buscando es que la empresa se haga cargo, como proveedor de la tecnología, y genere una instalación eléctrica suficiente sin ocupar la fachada de la manera más decente posible. Así se presenta un problema si la ley es en realidad equitativa para todos, ya que en nuestro caso la empresa se muestra completamente indiferente. Nosotros ya solicitamos su intervención, pero se negaron, argumentando que para ellos significaría una inversión de millones y millones de pesos a nivel nacional, pues esto afecta a todos los condominios sociales.

En esta misma situación. Aquí está el oficio que se adjunta a lo que mandamos a la Comisión en respuesta a la Subtel y el oficio que le mandamos nosotros a través de la plataforma OIR. Hasta hace poco, nos encontramos con otra sorpresa, que es el tema de las instalaciones de fibra óptica. Un día, llegó un funcionario de Movistar al condominio, uno de nuestros asociados, a hacer un levantamiento, y ese levantamiento consistía en la instalación de la fibra óptica en ese condominio. Bien, nosotros nos sorprendimos un poco porque no teníamos idea de ello. Nos pusimos en contacto con los encargados de la empresa y, claro, nos explicaron qué era la fibra óptica y tantas cosas que mencionan para beneficio de ellos. Entonces, yo conversé con el encargado y dijo: “A ver, si ustedes quieren instalar la fibra óptica acá, lo que vamos a pedir es que nos generen el ducto único”, porque, de lo contrario, ellos van a llegar ahora con el cablerío de la fibra óptica a la fachada, y no tienen ningún respeto sobre la misma, pues incluso en los programas de mejoramiento de condominios sociales rompen la fachada, entran por donde quieran y van dejando los cables sobre ella. Y acá iba a suceder exactamente lo mismo, como ya está sucediendo en muchos condominios, donde generalmente la persona o los comités de administración dejan que pasen y ocupan el espacio como si fuera de ellos. Lo que ellos todavía no comprenden, y esto hablo en general para todas las empresas privadas, es que nosotros estamos bajo la ley de copropiedad y, por lo tanto, somos nosotros los que mandamos ahí y decidimos qué hacer. Entonces, desde la última vez que conversamos con la empresa de fibra, ya nunca más aparecieron ni se colocaron en contacto con nosotros, porque, obviamente, ellos entienden que están entrando, como lo hicieron en un principio, en la empresa de telecomunicaciones sin permiso, sin autorización y por donde ellos quieren. Nosotros vamos sumando cosas con el tiempo y, la verdad, esto siempre ha sido desfavorable para nosotros, en el sentido de que la empresa, y quiero insistir, no quiere invertir. Y aquí es una constante pelea que tenemos con las empresas de telecomunicaciones. Este edificio que está ahí, le pedimos que pueda ir redondeándose ya, lo más rápido posible. Es un oficio que entrega la Fibra. Es un documento donde se pide autorización al condominio y que viene avalado por la SUTEL. Bueno, aquí hay una imagen de algunas incursiones que hemos hecho en los medios de comunicación durante el tiempo, justamente para tratar el mismo tema. Señor presidente, como le digo, yo agradezco montones la oportunidad. Lo que queremos, obviamente, es que se respete la ley y que las empresas de telecomunicaciones generen el ducto único a cero costo para nosotros, porque ellos tienen el negocio. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo a la Comisión es que haga los cambios posibles dentro de la ley de ducto, en la medida en que se obligue prácticamente a la empresa a generar esta acción, y que, mientras tanto, se realice un oficio en el que se le comunique a la empresa de telecomunicaciones que, mientras no se genere el ducto único, no podrán ingresar. Por lo menos, nosotros no nos estamos dejando ingresar a realizar ningún trámite, porque la verdad es que uno se cansa de tanta injusticia en esto. Es lamentable que las empresas de telecomunicaciones no tengan la decencia de solucionar este problema. Yo vuelvo a repetir, es un tema de recursos: ellos los tienen y nosotros no. Señor presidente, traté de hacer lo más breve posible; le agradezco nuevamente a la Comisión por habernos escuchado. Bueno, sería eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. El día 7 de enero, esta Comisión trató el reglamento de la Ley 21.172. Acá se han pedido los ejemplares de todas maneras, porque hay un tema reglamentario, que usted ha aludido, que es muy significativo, pero trasciende la ley, en un reglamento donde se contemplan las cosas que usted ha planteado. Hay una sola pregunta del senador Kuzanovich, si le parece, para dejar. Ah, ya. Bueno, le agradecemos, don Iván. Le vamos a remitir el reglamento a través de la Secretaría y le vamos a contestar formalmente, en una nota, los aspectos que usted ha planteado en lo que a nosotros concierne.

porque mucho de esto tiene que ver con otras entidades que están viendo las materias del reglamento, en particular que son las cosas que usted aludió. Muy amable. Muchísimas gracias y nos deja la presentación, por favor. Adelante. Sí, queda liberado. Muchísimas gracias. A continuación vamos al punto 2, en que vamos a escuchar a distintas entidades partiendo por el municipio. Asociación Chilena de Municipalidades, ¿verdad? En primer lugar, don Miguel Moreno, don Nicolás Gatica, ¿correcto? Gracias a don Iván de la dirigente, muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Entonces, Asociación Chilena de Municipalidades, sobre el proyecto Ley Jacinta, la Unidad de Seguimiento Legislativo, señor Miguel Moreno y don Nicolás Gatica, asesor. Por favor, les rogamos que sean precisos y, como dicen los dermatólogos, al grano. Los dermatólogos dicen al grano, perdonen mi deformación profesional. Claro, señor. No, no, no, no, no, solo en esa especialidad. Bueno, don Miguel Moreno, gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los senadores e integrantes de esta comisión, dando la excusa de nuestra presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcaldesa Karina Delfino, quien, por agenda, por cierto, no ha podido estar presente, pero nos ha encomendado dar a conocer un poco la opinión de este proyecto de ley que venimos siguiendo desde la Cámara de Diputados, donde colocamos nuestras misiones, nuestras ponencias respecto a lo que desde la mirada municipal nos parecía atingente y, en ese ámbito, fueron recogidas, felizmente, gran parte de nuestras inquietudes, logrando salvar algunas situaciones que nos parecían preocupantes desde la mirada municipal. No obstante aquello, presidente, ustedes conocen este proyecto de ley que está en segundo trámite, que nace de una moción parlamentaria y que busca mejorar y optimizar las capacidades conductivas de quienes el día de mañana tomen algún vehículo motorizado, a través de la exigencia de un certificado de aptitud física y psíquica que tiene que, digamos, exigírsele para la renovación o al titular, o al que postule a una licencia de conducir. No es menos cierto que, en este contexto, en este proyecto queremos expresar nuestra más absoluta adhesión a la idea legislativa, entendiendo que mejorar las condiciones conductivas para lograr una mayor seguridad, por cierto, le hace bien a la población y a quien conduce. Para ello, consideramos que hay algunas dudas que aún emergen y están latentes, como por ejemplo cuando se habla de la declaración jurada que tendría que sacar quien opte a renovar o ser titular de una licencia de conducir. La consulta es: ¿hay un costo asociado? Y ese costo, asociado a la declaración jurada, va a tener que pagar quien pretenda renovar una licencia de conducir. El objetivo de esa declaración jurada lo compartimos, pero no el costo de la implicancia que tendrá que pagar el ciudadano, entendiendo que, a lo mejor, a través de una declaración simple, notarial, que se pueda despachar en el Gabinete de Tránsito Municipal, pudiera ser una medida que coayudara a los objetivos de este proyecto de ley. Eso, en primer lugar. Y, en segundo lugar, tenemos el tema relacionado con lo que es el certificado de aptitud física y psíquica, que, por cierto, va a tener radicado su procedimiento en un reglamento que va a emitir el Ministerio de Transporte con la visación de salud. No es menos cierto que nada dice si eso va a tener un costo asignado, lo que emita, digamos, el Gabinete de Tránsito Municipal, relacionado con esta materia. Dos hechos puntuales, digamos, que creemos necesario que deberían...

Para clarificarse, vía indicación se amerita por algún parlamentario que hiciera factible que el mundo municipal sepa cuál va a ser el derrotero futuro en este contexto y, por último, presidente, porque ya gran parte de nuestras ponencias fueron recogidas en la Comisión de Obras Públicas de Transporte de la Cámara de Diputados, en la elaboración de la evaluación del certificado de aptitud física y psíquica que quedará radicado en un reglamento que emitirá el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Estamos, por cierto, asociados con el Ministerio en trabajar en conjunto y sacar, digamos, ese reglamento que no implique costos adicionales al municipio, a los gabinetes de tránsito, ya que al día de hoy agradecemos al Ejecutivo que se hiciera parte de este proyecto, habiendo sido una moción parlamentaria; pero no es menos cierto que, al no venir acompañado del informe financiero, y si las implicaciones de este reglamento implican alguna modificación en el gabinete municipal de tránsito –naturalmente, siempre se han asignado costos en alguna medida para la aplicabilidad de la futura ley– nos interesaría que también quedara definido. No obstante, estamos conscientes que, en el trabajo armónico con el Ministerio de Transporte en el reglamento a elaborar, podemos salvar esta situación. Dejamos el punto hecho para los efectos de que esta comisión lo analice y se estime conveniente. Y, por último, presidente, y por su intermedio a los senadores presentes, señalarles que estamos absolutamente, como Asociación Chilena de Municipalidades, en la postura de los buenos proyectos de ley como es este. Queremos impulsarlo. Hemos trabajado con el Ministerio de Transporte mancomunadamente en aquello, y las veces que sea necesario, y que ustedes estimen conveniente venir a colocar nuestra mirada y nuestra visión, estamos dispuestos a realizarlo. Muchas gracias, don Miguel. Le rogamos que hagan por escrito llegar las enmiendas y observaciones que ustedes estimen como Asociación Chilena de Municipalidades para efectos de la consideración en el debate en particular. Perfecto, presidente. Muy amable. A continuación, vamos a escuchar a la AMUCH, Asociación de Municipalidades de Chile, en boca de su coordinadora legislativa. Perdón, ¿subsecretario está pidiendo la palabra? Subsecretario primero, después, senador Gustavo. Gracias, presidente, por su intermedio. También saludo a todos los señores parlamentarios y a las visitas que le acompañan. Solo quería aclarar un punto en específico que se señaló en la presentación de la Asociación Chilena de Municipalidades: la declaración jurada es una declaración jurada simple, no notarial. Eso hay que dejarlo claro, para que no quede en la historia de la ley consignado como una declaración de otro tenor. Está dicho así: es una declaración jurada simple. Si fuera notarial, diría declaración notarial. Una declaración jurada que no tiene costo asociado es, simplemente, –y en el espíritu de la ley– para señalar que las personas que tienen un problema o alguna dificultad previa deben declararlo, porque si no, posteriormente, lo que ocurrirá es que, si se registra un siniestro vial con resultado de muerte o con resultado de lesión grave, en esa investigación se descubrirá que la persona cometió un delito en estricto rigor a partir de que se haya aprobado la ley, al estar mintiendo respecto de la declaración jurada que hizo cuando obtuvo la licencia de conducir. Entonces, el espíritu es que las personas, al obtener una licencia de conducir, declaren que tienen una enfermedad previa o alguna sospecha de enfermedad, para que el médico, en ese sentido, tome la decisión que corresponda. Eso quería aclarar, presidente. Tal vez se puede ser más taxativo para que haya nitidez en la reacción final. Yo le sugiero a los miembros de la comisión: hay dos ponencias muy breves y, si gustan, ahí abrimos el debate con el conjunto.

Entonces, creo que sería importante establecer, de manera taxativa, que estamos de acuerdo. Gracias, presidente. Quisiera aprovechar para preguntarle, porque existe un anuncio del gobierno sobre la toma de medidas para agilizar el proceso. Considero que es buena hora abordar el tema de la licencia de conducir y la posibilidad de que se pueda obtener en cualquier parte. Quisiera conocer brevemente el planteamiento del sistema. Gracias, presidente. Senador Costanovic: Estamos trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Transporte en la búsqueda de una solución a los diques de contención que presentan los gabinetes de tránsito. Por cierto, se han liberado una serie de decretos municipales respecto a las licencias de conducir que viabilicen y agilicen, digamos, la renovación de licencias. En primer lugar, el cambio: antes, estaba riguroso que, donde uno vivía –es decir, en la comuna de residencia o domicilio– tenía que obtener la licencia de conducir; pero hoy quedará abierto, permitiéndose obtener la licencia en cualquier municipalidad de Chile, independientemente de la comuna en que se radique. Esto es muy importante, ya que hay municipios que, en función de su infraestructura, tienen mayor capacidad para emitir dicha licencia. Por otro lado, respecto a las horas solicitadas vía internet para la renovación, enfrentamos un grave problema, ya que se están perdiendo alrededor del 30-35% de las horas programadas, al descansar ocupados impidiendo que otros usuarios puedan acceder a esos espacios. Estamos viendo cómo agilizar y articular este proceso para darle mayor viabilidad a la renovación de licencias. Muy bien, si lo considera oportuno, podemos ahondar un poco más en el debate sobre el tema de la licencia, ya que está en el tapete. Escuchemos a continuación a AMUCH y luego al Automóvil Club de Chile. Damos la palabra por Zoom a Graciela Correa, asesora legislativa de AMUCH. Graciela Correa: Sí, presidente, muy buenos días y muchas gracias por autorizar nuestra intervención vía telemática, disculpando, por cierto, la ausencia de nuestro presidente, Gustavo Alessandri, quien, lamentablemente por motivos de agenda en la comuna de Zapallar, no ha podido estar presente en esta sesión. No obstante, nos ha encomendado representarlo con algunas consideraciones bastante relevantes y, sobre todo, a la luz de los anuncios que ha manifestado el Ejecutivo en torno a las licencias de conducir, siempre en el marco del proyecto de ley. Un saludo especial para los miembros de la comisión, para los invitados y, en especial, para los subsecretarios de Transporte. En relación al proyecto de ley, es indudable el apoyo transversal de quienes contribuyen a su avance, lo cual resulta muy necesario atendidos los lamentables resultados en términos de muerte en niños, niñas y adolescentes, siguiendo el espíritu de este proyecto. Sin embargo, no podemos quedarse atrás en aquellos aspectos surgidos de la contingencia y, puntualmente, en lo que respecto a la obtención y renovación de licencias de conducir, que hoy día generan una alta carga de trabajo para las municipalidades. Hace dos días se anunció, por parte de autoridades gubernamentales encabezadas por el subsecretario de Transporte, la implementación de medidas. Nos hubiese encantado contar con su presencia, y queremos expresar que tenemos algunas consideraciones adicionales para avanzar en conjunto hacia la mejor implementación de dichas medidas. Algunas de ellas ya cuentan con pronunciamiento de la Contraloría, mediante el dictamen 6.1.513 del año 2014, que se refiere precisamente a la comprobación de la residencia en las municipalidades al momento de solicitar la obtención o renovación de la licencia; dicho dictamen será remitido a esta comisión a través de una minuta. Por otra parte, la autorización a personal municipal calificado, que cuenta con una facultad vigente, podría también estar siendo utilizada para estos efectos, en línea con lo indicado por el Ministerio de Transporte mediante el DS-97 de esa cartera. En la minuta se indican, además, algunas precisiones al respecto. No obstante, tampoco podemos desconocer que existen otras consideraciones planteadas por los directores de tránsito, quienes en muchas ocasiones se ven impedidos de impulsar con mayor premura este tipo de medidas, principalmente porque en primer lugar requieren la autorización correspondiente.

Ministerio de Transporte, y en segundo término, por los recursos que aludía precisamente la Asociación Chilena en la intervención anterior y que suponen también un arrendo de gabinete psicotécnico de un alto costo, por ejemplo, la contratación de personal, que es un tema que realmente nos preocupa bastante en torno a todo tipo de proyectos de ley que requieren una mayor intervención de personal municipal para poder atender a los ciudadanos. Por otra parte, a través de los representantes del directorio se han expresado estas consideraciones en los medios de comunicación, porque lamentamos y reiteramos en ese sentido que podríamos haber sido parte de esta mesa, de los anuncios y haber colaborado con todas estas medidas que se están impulsando. Parte también de algunas consideraciones en torno a las prórrogas de licencia de conducir se dieron a conocer a la luz del proyecto de ley que dio luego fruto a la ley 21.579 en el año 2023, en las cuales aludíamos a ciertas solicitudes que nos hicieron presentes los directores de tránsito en cuanto a la capacidad municipal, la institucionalidad, la propia licencia médica y el examen médico. Todo eso va a ir en la minuta, por cierto. Yendo al grano, en cuanto al proyecto de ley en discusión, reiteramos nuestra adhesión al espíritu de este. Consideramos que es fundamental siempre reforzar las medidas que vayan de la mano con la seguridad vial, que es prácticamente el espíritu que tiene la licencia de conducir al momento de obtenerla o renovarla mediante controles periódicos. No obstante, en ese sentido, si bien reconocemos que hay una intención y hay un claro avance en torno a introducir la declaración jurada sobre el diagnóstico o conocimiento de padecer alguna de las enfermedades que podrían inhabilitar o eventualmente restringir, en este caso, la aptitud para poder conducir, consideramos que estas medidas requieren indudablemente ser reforzadas a través de la fiscalización. Y eso, básicamente, porque mediante una declaración no logramos hacer permanecer de manera invariable en el tiempo la condición de un conductor; es decir, al momento de que lo presta un postulante o quien controla para la renovación de la licencia de conducir, se manifiesta la condición de salud desde el instante que se presta, si es que está diagnosticado o padece una enfermedad. Pero, como se insiste en este caso, no podríamos asegurar en el tiempo que esta situación permanezca invariable y, sobre todo, en materia de salud, con las consecuencias que ello podría tener, incluso al determinarse un delito de falsedad, como se hace mención también en las infracciones que aluden al articulado de este proyecto de ley. Eso creemos que sin duda podría mejorarse en el tiempo. Por otra parte, en cuanto al reglamento, nos parece positivo poder incluir mediante aquel instrumento una descripción respecto al procedimiento y protocolos. Sin embargo, hemos notado, en términos generales, por intermedio del presidente y dirigiéndonos a todos los senadores presentes, que en algunos casos – no en todos, en algunos casos – se produce una dilación excesiva, por decirlo así, en torno a la dictación de reglamentos y, sobre todo, cuando requieren la autorización de más de una cartera ministerial. En este caso, consideramos que es fundamental trabajar con la mayor celeridad posible para sacar este reglamento lo antes posible, una vez que se determine por vuestro Congreso Nacional ese despacho a ley y, en ese sentido, se ajusten a los plazos para que entren en vigencia en tiempo y en forma, sobre todo porque aquí hay disposiciones altamente sensibles para quienes lamentablemente pierden la vida y para los beneficiarios, que son principalmente las familias, como se hace alusión también en el espíritu de esta ley. En consideraciones particulares tenemos algunas menciones que podrían complementarse en este proyecto de ley, en torno a que exista cierta armonía en las disposiciones, en la redacción, sin dejar fuera el diagnóstico en cada una de las disposiciones que hacen alusión a la declaración, y hago presente en este caso el artículo 13, en el número 6 nuevo, en el artículo 200, número 47 nuevo y en el artículo 209 bis nuevo. También, en la minuta se van a entregar algunos detalles respecto al complemento. En cuanto a la modificación de la ley de tránsito en el artículo 209 bis en particular, creemos que podría complementarse en este caso y no limitar la aplicación de una medida de cancelación al atenderse también en el artículo 208 la medida de la imposibilidad de obtener la licencia. Ambas medidas realmente son complementarias y no sería menester dejar una...