El acta de la sesión 84 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 85 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados.
El secretario a continuación dará lectura de la cuenta.
Buenas tardes, gracias Presidenta.
Se ha recibido solamente un correo electrónico de la Fundación San Carlos, mediante el cual excusa la inasistencia de don Marcelo Sánchez, su presidente, quien por un compromiso previamente extendado no podrá asistir a esta sesión. Pero, en su representación, lo hará don Rafael Rodríguez, quien también había sido invitado para esta sesión, siendo el gerente de Desarrollo e Incidencia de dicha fundación, y será acompañado por la señora María José Pérez, coordinadora de incidencia de la fundación.
Eso es todo. Gracias, secretario.
Una consulta, habíamos invitado al señor Marcelo Sánchez. Él no puede venir, pero mandó a... más que enviar a alguien sobre la fundación, viene la otra persona invitada de la fundación, que es Rafael Rodríguez. Aquí quedaron las dos personas. Ah, porque él es de... ya, perfecto. Muchas gracias.
Antes de saludar, puntos varios, colegas.
Bueno, yo sí tengo un punto varios y se lo quiero plantear a la comisión, a los diputados presentes. Me gustaría que me colocaran mucha atención porque he logrado algo que a mí me parece que ojalá podamos llegar a un acuerdo, en vista y considerando que son muy pocos los parlamentarios que vienen a la comisión, y he solicitado a la Secretaría; me han dado la autorización de poder hablarlo con ustedes, para que el día miércoles podamos sesionar a las 8:15 de la mañana y así no quedarnos hasta tan tarde. Yo creo que es una muy buena noticia y espero que todos estén de acuerdo. Creo que me costó mucho esfuerzo lograrlo y quiero tener la unanimidad de la sala para poder aceptarlo y proponerlo formalmente. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí. Yo ya estoy todos los días en pie, de una a las dos de la mañana, de una a las tres de la mañana, y yo me la estoy. Es una cuestión material, y tiene que ser así. Yo quiero estar en la región. Yo quiero estar en la región cuando pueda. Pero no podemos.
¿Le parece que, diputada Mix, hemos estado durante todo el periodo intentando cambiar la comisión?
Sí, pero es que el lunes no podía usted porque tenía sesión. El lunes tenía sesión a las tres de la tarde cuando lo intentamos.
Bueno, pero dicho eso, si no hay unanimidad, entonces, dígame, diputado Omey, ¿lo tiene la palabra?
Presidenta, en las reuniones de comité, al menos que me tocó participar, ¿sí?
¿Se escucha, no? Sí, Presidenta, en las reuniones de comité en las que me tocó participar, al menos como jefe de la bancada del Comité Socialista, hicimos este planteamiento. De hecho, reglamentariamente, la Secretaría quedó en hacer una propuesta integral para un conjunto de comisiones que funcionan en el segundo bloque, tanto para el día miércoles como para el día martes. Entonces, no sé si lo que usted está planteando es parte de ese acuerdo o si se trata de una propuesta nuevamente dirigida a la propia comisión para que funcione los días miércoles tan temprano. Lo que yo estoy, de acuerdo con lo demás, no tengo duda.
Diputado Melo, la verdad es que esta es una propuesta que nosotros, desde que estamos en comisión, desde el inicio, hemos intentado, para que, en realidad, el día miércoles sea más complejo que el día martes, porque el día martes, generalmente, muchos parlamentarios no tienen complicación, pero el día miércoles hemos intentado en varias ocasiones. De hecho, estuvimos en algún momento haciendo sesiones los días lunes, pero finalmente la única opción que me dio, en lo personal, la mesa, fue que fuera el día lunes a las 8:30. No, miércoles. Miércoles en horas de la mañana.
Diputada… ¿Se escucha? Sí, ahí está. Gracias, Presidenta.
Bueno, con respecto al horario, yo sé que es un tema complejo. Hay otras comisiones que están en este horario y que, de alguna manera, se van turnando para hacer sesión especial y, en ocasiones, suspenden esta porque realizan una sesión especial, pero no de manera permanente. Entiendo lo que dice la diputada Mix, porque, claro, a ella le afecta personalmente por tema de desplazamiento, y se entiende. Entonces, la idea, claro, es buscar un espacio que nos acomode a todos. Sé que el día lunes debería haber un espacio para una sesión especial, porque nosotros, con las comisiones especiales investigadoras, también hemos estado buscando espacios y sé que hay para el día lunes. Podríamos consultar, si es que se puede, a la una de la tarde, que hoy está funcionando una comisión especial investigadora que se acaba. Entonces, quizás en esos espacios se haga una solicitud especial. Sí, el lunes comienza una nueva comisión investigadora a la una de la tarde, que es la comisión respecto al caso Allende.
Pero, colega, como se rechazó la opción que me dio la mesa, yo voy a plantearlo nuevamente e intentar optar por otro horario en el que realmente la mesa tenga espacio de sala. Bueno, el secretario puede ser testigo de que, cuando estábamos sesionando, lunes por medio, finalmente se nos prohibió y no tuvimos más que volver al miércoles en la tarde, como lo estábamos haciendo. Pero vamos a intentar nuevamente buscar un espacio, porque ¿cuál es el objetivo de esto? No es tan solo acomodarnos unos con otros, sino que me parece inaceptable que cuando estamos abordando temas tan importantes, el Sistema Nacional de Cuidado se apruebe con muy pocos parlamentarios presentes en esta comisión. Y me parece inaceptable, porque, si viene ahora, acá hablaremos de temas muy importantes y relevantes que tienen que ver con lo social, y cuando parta la campaña política van a estar todos hablando de los hurtos mayores, del cuidado y de todos los temas que son relevantes. Por lo tanto, me parece que, por el buen funcionamiento de esta comisión, deberían estar todos presentes, y es por eso que estoy intentando buscar el mejor horario. Entiendo que, si no se acepta el horario que traigo como propuesta, lo dejaremos para buscar una nueva alternativa, que lo haré por el bien de la comisión.
Así que, dicho eso, podemos dar inicio a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar analizando las medidas que se han implementado para resolver el problema de las listas de espera en la residencia de niñas, niños y adolescentes bajo la administración del Estado y del Sistema Mejor Niñez; y, por otra parte, abordar la grave situación de casos de menores que han sido asesinados por agentes del crimen organizado. Para tal efecto, se ha invitado a la subsecretaria de la Niñez, la señora Verónica Silva, a quien le agradezco que esté nuevamente presente; al director del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, el señor Claudio Castillo, que lo veo también está acá, así que gracias, director, por estar presente; y a los representantes de la Fundación San Carlos de Maipo, señores Marcelo Sánchez, Gerente General, y Rafael Rodríguez, Gerente de Desarrollo.
el señor Rafael Rodríguez, gerente de Desarrollo, que nos acompaña, así que también le damos la bienvenida. Vamos a partir saludando al subsecretario, dándole la palabra, por supuesto, antes de comenzar con las exposiciones del director que quedó pendiente la semana pasada.
Sí, muchas gracias, Presidenta, gracias a todos los integrantes de la Comisión. La idea, entendemos, es que en esta sesión continuemos con la discusión de la temática que no fue posible abordar completamente la semana anterior. Así que, dado que hay información y datos que se han preparado para esta sesión de modo de ir avanzando con el tema, yo quisiera darle la palabra al director nacional del Servicio de Mejor Niñez para poder continuar en el punto en que dejamos la sesión pasada y luego proceder con el tema. Gracias.
Tiene la palabra entonces el director del Servicio de Mejor Niñez, con la exposición que quedó pendiente la semana pasada y que creo que es interesante que la podamos ver todos.
Muchas gracias, Presidenta. A propósito de lo que quedó pendiente la semana anterior respecto de algunos datos, quisiera ilustrar con algunos antecedentes la situación del servicio, continuando con lo que habíamos planteado en la sesión anterior. Entonces, quisiera primero plantear, y esto solo para que quede un poquito claro, cómo funciona el servicio. Nosotros compartimos un rol en términos de la Ley de Garantía y Protección Integral con la Subsecretaría de la Niñez y con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en el marco del funcionamiento de un sistema integral, y en ese sistema la ley nos manda implementar cinco líneas de acción.
La puerta de entrada al servicio es el diagnóstico clínico especializado, que ya se encuentra en funcionamiento en todo el país y que permite a los jueces y juezas tener una mejor definición. Luego están las intervenciones ambulatorias de reparación, que ya se encuentran en funcionamiento en todo el país, y el programa de acompañamiento familiar territorial, que es el primero, con su complementario de prevención focalizada, que ustedes ven abajo. Se encuentra en rediseño una serie de otros programas ambulatorios que contemplan la reparación de maltrato grave, abuso sexual, explotación sexual y consumo de drogas, y todo eso se transforma en los programas de intervención reparatoria y el programa terapéutico especializado, dependiendo del tipo de vulneración.
Una vez que se tramite por el Congreso Nacional la reforma a adopción, también vendrá un ajuste en el programa de intervención y preparación de niños, niñas y adolescentes con familia alternativa, dado que será un importante cambio normativo en el contexto de la reforma de adopción y de tribunales de familia que se encuentra hoy en el Senado de la República.
Luego, la otra línea de acción es la de cuidado alternativo. Es decir, cuando el tribunal, y solo el tribunal, decide que las condiciones para ese niño, niña o adolescente no son las adecuadas en su familia de origen, procede a la separación y lo deriva a cuidado alternativo. Las opciones son: cuidado alternativo familiar, que comprende familias de acogida, las cuales pueden ser de acogida extensa, es decir, que tienen un vínculo familiar; y familias de acogida externa, en cuyo caso el servicio inicia un proceso de difusión, captación y formación de familias de acogida, que luego se analizan respecto de las necesidades de cuidado de niños, niñas y adolescentes.
Estamos en el proceso de transformación de residencias masivas a residencias familiares por curso de vida y estamos creando, por primera vez, el modelo de residencias de vida independiente, que se puso en consulta pública para que la sociedad civil, los egresados y otros interesados pudieran opinar respecto de este nuevo modelo para mayores de 18 hasta 24 años, y esto va a ser relevante cuando les comente las coberturas actuales que tenemos, además de estar en proceso la reformulación de familias de acogida, con miras a lograr una ampliación importante en capacidad de respuesta y avanzar en la especialización.
Estos programas tienen un complemento, que es el fortalecimiento y revinculación, o sea, tratar de que ese niño pueda volver con su familia de origen, mediante un proceso de acercamiento a la familia, acompañamiento y evaluación para determinar si se requieren derivaciones a servicios sociales, etcétera. Y en el caso de 14 años en adelante hay un complementario de vida independiente, es decir, prepararlo a ese adolescente, sobre todo cuidando la trayectoria educativa, preparándolo en oficio, preparándolo de manera que cuando cumpla 18 años pueda egresar, si es que no está estudiando y si está estudiando se mantenga en…
El sistema. Y la última línea, la quinta, es de adopción que, como les comentaba, estamos esperando lo que salga del Congreso de la República. Sin embargo, hemos estado trabajando, dado que la tramitación lleva 11 años, ya adelantando un poco ese proceso. Y lo que quería plantear es que, a veces, hay confusión respecto a cómo funciona el modelo de derivación. Un tribunal de familia o una oficina local de niñez pueden requerir al servicio una atención porque existe la sospecha de vulneración de derecho; se realiza una derivación al servicio y nosotros asignamos un diagnóstico clínico, es decir, se levanta información complementaria para que, en caso de desprotección, junto con el informe se emita y se haga una propuesta de un plan de intervención individual. Junto con ello, se le sugiere al juez o a la jueza una derivación a un programa, que era lo que ustedes veían en la lámina anterior. Luego, la autoridad competente, esto es, el juez o la jueza de familia (o, en su defecto, la oficina local de niñez, en aquellos casos en que no se requiere cuidado alternativo), debe definir exactamente la derivación a alguno de los programas del servicio y ahí se activa este circuito de servicios y prestaciones.
Ese es el momento en el que se produce la lista de espera, cuando está la asignación de cupo en términos de que se requiere el ingreso a un programa y debe existir disponibilidad en el territorio. Nosotros tenemos lista de espera porque, como comentaba en la sesión anterior, ha habido un aumento considerable de derivaciones al sistema sin que éste aumente su capacidad de manera notable, puesto que la proyección era que fueran a disminuir dada la baja de natalidad en el país. Actualmente, tenemos alrededor de 188 niños en general en la lista de espera de ingreso a cuidado alternativo residencial; esto significa que el menor permanece con la familia y tiene una orden de ingreso a una residencia. Las residencias están con sobrecupo y, en algunas situaciones, los colaboradores generan cierto reparo respecto de algunos ingresos, sobre todo cuando se trata de adolescentes que presentan alguna trayectoria o tienen consumo problemático. En esos casos, también se deben gestionar derivaciones adicionales. Esto se presenta a nivel nacional, exactamente.
La situación se concentra en la Región Metropolitana y los datos son muy elocuentes: a pesar de tener la menor tasa por niño, el problema en términos de cobertura se da en esa región. Lo que quería mostrar es la evolución de niños atendidos en relación con la población de menores de 18 años. Ustedes se fijan: entre 2020 y 2024, la atención de niños ha aumentado de manera considerable, pero además, al disminuir la población en ese tramo etario, el porcentaje de cobertura ha aumentado. Pasamos de atender menos del 4% a atender más del 5% de niños, niñas y adolescentes. Y, si lo vemos desde la perspectiva de nuevos ingresos, esto significa que se duplica el número de niños que ingresan al sistema entre 2020 y 2024, es decir, en cinco años. Esto es una muy mala noticia en términos de protección especializada y de la demanda de servicios, pues en cinco años se duplicó el ingreso a la protección especializada.
Y, claro, lo que se tenía a la base, al diseñarse en paralelo el servicio y la ley de garantía, era que el ingreso se estabilizaría o disminuiría debido a la menor natalidad y a la implementación de mecanismos preventivos; se pensaba que se mantendría estable o se reduciría, pero no, se produjo un aumento tan considerable.
El siguiente gráfico es solo un resumen, pero para que ustedes vean cómo ha variado por línea de acción: en el diagnóstico, desde el inicio del servicio en octubre de 2021 hasta febrero de 2025, se observa un aumento en el número de diagnósticos, pasando de 72.000 a 91.000 niños atendidos mensualmente en los programas ambulatorios. Luego, se registra un aumento importante en familias de acogida, de 6.800 a más de 10.000, y en residencias también se produce, lamentablemente, un incremento de 4.400 a más de 5.000 niños en el modelo residencial. Por edades, aquí se evidencia una mala noticia respecto al incremento.
de niños de 0 a 3 años en modelo residencial. Habían 508 niños de 0 a 3 años en residencia en octubre del 2021 y en febrero del 2025 habían 705. Por lo tanto, este es un aumento. Ustedes vieron además la noticia del aumento de recién nacidos, también por abandono, que ingresan a la red de protección. Se mantienen estables los ingresos en segunda infancia y preadolescentes, y se produce un aumento importante en ingresos de adolescentes, que pasa de 1.649 a 1.983. Y el otro grupo que aumenta, que uno puede interpretar que es una buena noticia, pero dentro del marco no es fácil explicarlo de esa manera, es que los mayores de 18 años en residencias pasan de 338 a 512. Esto se debe a que aumenta la adherencia a programas educativos, ya que la única manera para que un adolescente joven se mantenga en una residencia del servicio es que esté estudiando y pueda mantenerse hasta el 31 de diciembre del año en que cumple 24 años. Esto significa entonces que tenemos un aumento importante en mayores de 18 años y, por ello, la urgencia de contar con programas para ese grupo etario, de manera que salgan de las residencias de adolescentes en las que están hoy día y puedan vivir en residencias compartidas, en pensiones, o sea, habilitar una flexibilidad, porque además se producen situaciones como que, por ejemplo, un adolescente vive en una región pero se va a estudiar a otra; en ese caso, hay que habilitar en rigor dos lugares de cuidado. Y ese, por así decirlo, es un buen problema que tenemos, pero es algo que estamos viendo con mayor medida.
Yo les contaba que el año pasado 144 adolescentes ingresaron a la educación superior; tenemos ahora más de 105 ya matriculados con ingreso a la educación superior y, obviamente, el desafío es acompañarlos para que se mantengan en la educación superior y, ojalá, puedan terminar su formación. Esto también era importante indicarles que el servicio ha hecho un esfuerzo en materia de la administración directa de las residencias. Nosotros pasamos de tener 446 niños en residencias de administración directa a 753. Es un aumento de alrededor del 70% en la cobertura propia del servicio, con foco en adolescentes, y tenemos en carpeta la apertura de 7 nuevas residencias, si es que logramos conseguir residencias y que los vecinos estén disponibles, porque esa es la gran dificultad que tenemos hoy día. Y los colaboradores han aumentado su cobertura en alrededor de un 8% en todo este periodo del servicio.
El siguiente es un resumen comparativo entre cuando parte el servicio y febrero de este año. Ustedes pueden ver de manera importante cómo aumenta la cantidad de atendidos por línea de acción, los cambios en tramo etario —ahí, lamentablemente, el aumento de 0 a 3 años— y la mayor participación del servicio en la administración directa de las residencias. Y aquí les quería mostrar este detalle por región. Estos son los datos anuales entre los años 2021 y 2024 de ingresos a residencias y ustedes pueden ver que, en 10 de las 16 regiones del país, el año 2024 fue el año con mayor ingreso a residencia y tiene un foco importante en la Región Metropolitana. Los perfiles de ingresos son distintos: en el norte tenemos claramente un perfil mayor de ingreso de niños migrantes, pero en el caso de la Región Metropolitana tenemos un mayor ingreso de lactantes y de adolescentes.
¿Qué estamos haciendo para poder enfrentar esta situación? Reformular el modelo de residencias familiares, organizarlas por curso de vida, con un nuevo enfoque de intervención y con más personal terapéutico; vamos a pasar de un estándar de un adulto por cada 8 niños a un adulto por cada 3 niños. Aumentar las coberturas de manera que se disminuyan los sobrecupos y se pueda abordar la lista de espera; incrementamos de manera sustancial el aporte financiero en un tercio en promedio y aumentamos el período de convenios, de forma que también se le dé certeza a los colaboradores y al sector privado, para que puedan realizar contratos y establecer un proyecto de mediano plazo. Hasta ahora se hacían licitaciones por un año, lo que obviamente precarizaba el trabajo de los colaboradores. Nosotros tenemos más de 20.000 trabajadores de la protección especializada en todo el país; en cuanto a colaboradores, estamos, en las últimas cifras, alrededor de 1.400 del servicio propiamente, y en familias de acogida, que creemos que es la respuesta que tenemos que dar en materia del aumento del cuidado alternativo.
Estamos haciendo ajustes a las orientaciones técnicas, estamos en un proceso de diseño con escucha de los tribunales, también de los propios colaboradores y de los equipos del servicio que se dedican a familias de acogida. El servicio hasta ahora no tiene una unidad dedicada a familias de acogida, por lo tanto creemos que es natural que, así como existe el área de adopción, pueda existir un área de familias de acogida, porque de esa manera también le estamos dando una relevancia para que tengan contrapartes técnicas y para que haya un desarrollo técnico en la materia.
Estamos aumentando las coberturas a nivel nacional para evitar sobrecupos también en este programa. Se está revisando el modelo de financiamiento para, sobre todo, poder incorporar la idea de familias especializadas y que esas familias puedan optar a un financiamiento más parecido a una residencia que al aporte que hacemos hoy día. Y, por supuesto, se está promoviendo una mayor colaboración con la sociedad civil, la academia y el sector privado. Tenemos varias alianzas; quisiera destacar la alianza que tenemos con Colunga, con la Fundación Ilumina y con la Fundación San Carlos de Maipo, que acá nos acompaña, en el marco del trabajo en una caja de herramientas para apoyar a los colaboradores y a los privados que implementan FAE en el país, de modo que cuenten con mejores herramientas para la adherencia y para la transición amistosa y amorosa entre el acogimiento temporal y el acogimiento definitivo o la revinculación familiar.
Y lo bueno es que esta ha sido una política de Estado y, si ustedes ven en la barra azul, están los números de niños en residencias. El año 2007 había más de 20.000 niños en residencias y sólo 1.849 en familias de acogida. Hoy lo que tenemos es que dos tercios de los niños en cuidado alternativo se encuentran en familias de acogida, de los cuales más del 10% son familias de acogida externas, y el otro tercio continúa en residencias, pero con una tendencia positiva. Y si ustedes comparan las cifras de niños en cuidado alternativo, las cifras actuales se parecen mucho a las del año 2013; es decir, tenemos un retroceso, si se quisiera plantear esa perspectiva, con respecto a lo que ocurría en 2013, cuando teníamos más de 20.000 niños en cuidado alternativo.
Y yo quisiera plantear que dentro de las prioridades de gestión que hemos señalado para el servicio, que ustedes probablemente en la sesión anterior también habían levantado, está cómo abordamos la urgencia y, dentro de la urgencia, las listas de espera. Es prioridad poder aumentar la capacidad de respuesta. Tenemos un aumento en las licitaciones en curso; estamos diseñando estrategias diferentes para poder implementar la nueva oferta de programa y, adicionalmente, estamos trabajando de manera muy colaborativa para enfrentar los nuevos desafíos de la protección especializada. Y ahí están los temas asociados a la nueva criminalidad y a la explotación sexual.
Por supuesto, existen dificultades importantes en materia de cobertura de salud mental; no hay capacidad de respuesta en el país, ni pública ni privada, porque acá no se trata de un problema de recursos, sino que nosotros tenemos una glosa habilitada para comprar servicios al sector privado, de modo que todos tenemos listas de espera en ese sector. Además, las clínicas hacen selección de casos, por lo que hoy no existe capacidad para enfrentar la problemática de salud mental, menos aún la patología dual. Cuando un niño tiene un problema de salud mental y, además, un consumo problemático de alcohol y drogas, casi no hay lugar a dónde derivar.
Tenemos un problema de exclusión del sistema escolar. Lo que estamos viendo es que, a pesar de que se mantiene de manera estandarizada, en general, un 5% de la cobertura de niños en residencias está desescolarizada, sin matrícula o con inasistencia grave, parte de esa matrícula corresponde a niños que asisten por poco tiempo, ya que son los propios establecimientos los que los dejan presentes para que asistan un ratito, pero no durante todo el día. Entonces, es una forma mucho más compleja de hacer seguimiento a la problemática; por eso, los indicadores y el modelo de seguimiento que estamos definiendo con el Ministerio de Educación se complejizan un poco más, porque ya no pueden limitarse únicamente a la matrícula o la asistencia, ya que esos datos objetivos no necesariamente reflejan la escolarización real.
En el ingreso del último trimestre del año pasado de niños en edad escolar, de nuevos ingresos, el 15% estaba desescolarizado. Entonces también tenemos una dificultad en términos de desprotección avanzada. Lo mismo sucede con el consumo perjudicial de alcohol y drogas, las trayectorias transgresoras de ley y la simultaneidad con el sistema de responsabilidad penal adolescente, que afecta a alrededor de 682 niños y adolescentes que tienen una medida en responsabilidad penal adolescente y, además, una medida de protección. Y para eso, ¿qué estamos haciendo?
Un grupo asesor en que, acá, el colega Rafael Rodríguez que nos acompaña es parte de ese grupo de 12 expertos que están trabajando y, como comentábamos recién, que hoy día en la mañana tuvieron una larga sesión de trabajo. Se trata de un grupo asesor para la interrupción temprana de trayectorias transgresoras de ley. Este grupo asesor, transversal en términos técnicos de formación y de mirada de país, está preparando la propuesta de un programa —o las bases de un programa especializado— para niños de 14 años o menos que hayan cometido algún delito, pero que, en razón de su edad, son inimputables. Así lo define el 18-TER de la ley que crea el Servicio. Nosotros no contamos hoy día con una oferta especializada y, por lo tanto, he convocado y agradezco, en nombre de Rafael, a estos 12 expertos y expertas que, de manera ad honorem, dijeron que sí de forma inmediata para trabajar durante tres meses en el diseño de las bases de un programa especializado que dé respuesta a esta necesidad.
Y lo otro que quería agregar es que, para nosotros, este es un tema grave y que creemos que no podemos minimizar, sino que debemos priorizar el combate, la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y si ustedes observan, los datos empeoran; empeoran porque también ha habido una mayor sensibilización respecto de la denuncia, de la sospecha y de los riesgos que asumen los trabajadores y funcionarios. Ahí pueden ver el número de posibles víctimas. La mayoría son mujeres, 87%. Hay un aumento del 167% entre el 2021 y el 2024 de posibles víctimas identificadas. Abajo se encuentran los datos preliminares de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público, que también muestran un incremento en el número de víctimas conocidas y un aumento en el número de formalizaciones por imputado entre el 2022 y el 2024. Esto último es muy positivo, ya que al sensibilizar a los equipos es fundamental que ellos puedan ver resultados; de lo contrario, al demorarse las investigaciones se genera una cierta desesperanza, puesto que los trabajadores de protección especializada, al denunciar, arriesgan su integridad física, pues lo más seguro es que después vayan a buscarlo en su trabajo o a revelar dónde viven y quiénes son sus hijos por haber realizado dicha denuncia. Por lo tanto, el trabajo de fomentar una mayor denuncia, de llevar a cabo una mejor persecución penal y de contar con una cadena de pruebas es clave para lograr condenas. Hemos obtenido varias condenas que son muy significativas para nosotros, surgidas a partir de las denuncias de los trabajadores.
Con esto cierro. Nosotros fortalecimos la institucionalidad interna. Se creó un equipo dedicado al trabajo de ESNA en el Servicio, el cual es matricial, es decir, no es un equipo dedicado únicamente a este tema, sino que agrupa a distintas áreas, coordinado personalmente por mí, y nos reunimos una vez al mes para revisar todos los avances y analizar los casos complejos. Parte de dichos casos se presenta cuando se devela cerca de los 18 años y no tenemos a quién derivar el caso una vez que se cumple esa edad. Esto representa una preocupación importante, pues existe un corte en el seguimiento del sistema al no contar con una oferta especializada en esos casos. Además, desarrollamos un trabajo muy detallado, del cual no puedo dar tanto detalle, pero que se realiza junto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las delegaciones presidenciales, las policías y el Ministerio Público, mediante un análisis de riesgo de cada una de las residencias del país, sumado a otros factores de riesgo que estamos evaluando. Quisiera señalar que hemos contado con un apoyo muy importante de las delegaciones y de los gobiernos regionales. Por ejemplo, en el caso de Los Ríos, llegamos a un acuerdo con Seguridad Pública, y los drones de dicha entidad monitorean las residencias para levantar pruebas mediante la grabación de las patentes de los vehículos que se encuentran en sus inmediaciones. Sabemos que a tres minutos alrededor de las residencias es donde se produce el riesgo; no es que vayan a la puerta de la residencia, sino que ocurre en sus alrededores. Por ello, el uso de drones es fundamental para identificar información que luego puede ser utilizada por el Ministerio Público.
Referente a lo que usted acaba de mencionar, ¿no existe la posibilidad de, como ocurre en los lagos, replicarlo en las otras regiones, ya sea mediante algún tipo de monetización o apoyo a los gobiernos regionales? Porque creo que es un tema súper relevante. Sí, gracias.
Gracias, Presidenta. Lo hicimos, tomamos el convenio de los ríos, lo compartimos con las otras 15 direcciones regionales. Todas las direcciones regionales ya se juntaron con los respectivos generales de zona de Carabineros, con los equipos de la PDI, con el Ministerio Público y también con los gobiernos regionales. Y yo debo agradecer que, transversalmente, independiente del color político, los gobiernos regionales han tenido una actitud muy apoyadora en esta materia, porque además saben que este es un tema crítico en materia de seguridad y vulneración de derechos.
Y quisiera destacar que también hay un desafío en materia de formación especializada. El año pasado tuvimos un alcance de 3.250 personas que participaron en cursos de formación con la Fiscalía Nacional para poder identificar riesgos, señalar cómo hacer la denuncia y conocer las características de la denuncia. Hay un tema que genera mucho interés, tanto de funcionarios como de colaboradores, de poder ser parte del combate a la explotación sexual. Yo diría que hay un logro importante en la visibilización del problema.
Además, tenemos un trabajo liderado por la Subsecretaría de la Niñez en materia de coordinación intersectorial para prevenir y erradicar este fenómeno, porque sabemos que es clave sumar a sectores como turismo y transporte, por ejemplo. Y San Carlos de Maipo, con Viento Sur, organizó hace poco una actividad en la que trajeron a expertos internacionales del DECODE, que es un sistema de código de buenas prácticas para ciertas industrias. Nosotros en Chile tenemos nuestro propio sistema voluntario de las empresas de turismo y creemos que es clave avanzar para que esto sea una acción comunitaria.
Parte del desafío es que no es que una adolescente se suba porque quiere un auto, no es que, porque quiere, está siendo explotada. Lo que tenemos que cambiar es la mirada respecto de que siempre va a ser una vulneración, siempre es una víctima. Y, obviamente, el uso de la tecnología no nos ayuda, pues más bien facilita el proceso de explotación sexual, pero también hay que entender que es un fenómeno cambiante. La explotación sexual ya no es sólo un intercambio de dinero, también implica intercambio de droga, de protección y la integración de un grupo de adolescentes que se sienten fuera del sistema y pasan a formar parte de una red de protección. Y, por supuesto, también hay crimen organizado detrás de la explotación sexual, sobre todo cuando hay trata de personas con fines comerciales.
Entonces, yo diría que, con la subsecretaria, este tema ha sido muy relevante y creo que acá no hay medias tintas, acá la lucha es frontal. Tenemos un trabajo con el sector privado que también estamos desarrollando y creemos que todos los poderes del Estado debemos trabajar en conjunto, porque lo que dice la evidencia internacional es que la residencia es un lugar de especial vulnerabilidad para la explotación sexual y, por lo tanto, nuestro desafío es transformar esos lugares en espacios seguros. Para ello es necesaria la coordinación con las policías, activar las investigaciones y las denuncias, y poder frenar este incremento de casos que tenemos en el país.
Es cuanto puedo informar, Presidenta. Quería poner en antecedente la situación del servicio y lo que estamos haciendo en materia de explotación sexual.
Sí, bueno, le quiero agradecer, Director. Creo que, como lo dijimos en la embajada, las conclusiones están claras, el diagnóstico. Ahora lo importante es el plan de acción y qué bueno que hoy tengamos a un grupo de expertos que puedan realmente colaborar y ver cómo lo hacemos, porque definitivamente, con todos los antecedentes, hoy es alarmante el diagnóstico que tenemos, y lo tenemos desde hace mucho tiempo.
Diputada Mix tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Yo no sé si la asistencia de los parlamentarios cambiará mucho si cambiamos el día. Creo que eso pasa por otras razones; me da mucha lata que termine quedándose la autoridad sola, pero estamos quedando menos afectados por el virus. Digo, la palabra para opinar: Quiero hacer una pregunta a la Subsecretaria y al Director, porque parte de las preocupaciones que, evidentemente, me han tenido – en algún momento se lo comenté al Ministro de Justicia y lo dijo el Director – respecto a la salud mental, hoy día ustedes tienen que recurrir a los servicios de salud como una forma de construir una red que actualmente no tienen.
el alero del servicio. En algún momento se estuvo debatiendo respecto al funcionamiento de este centro metropolitano norte que está en Tiltil, de Estename, que es un centro que todavía no cuenta con el agua necesaria, es decir, tiene un problema grave de agua. Esa es una zona que atraviesa una crisis hídrica compleja; entonces, el funcionamiento de este centro metropolitano de Estename resultaba muy difícil, pues no siempre contaban con agua para atender a una población diaria.
Y en algún momento se pensó: salió por ahí alguna iniciativa de poder llevar a mujeres que estuvieran privadas de libertad y que tuvieran bajo su cuidado a niños. Evidentemente, eso es contrario a lo que estamos buscando con la ley Sayem, por lo tanto, no había ninguna posibilidad de compartir esa iniciativa. Pero sí, se lo sugerí en su momento al ministro: ¿por qué no transformar ese centro, que no permite un funcionamiento al 100% cotidiano para albergar en residencia a estas personas, en el centro de salud mental del servicio? Teniendo allí a los profesionales que pudieran ser trasladados desde los distintos centros y contando con profesionales de ustedes bajo el seguimiento del servicio, e incluso que pudiera también ocuparlo el futuro servicio de Estename.
Entonces, se los quiero decir porque me parece que es un centro grande, habilitado, pero que no puede cumplir al 100% con la capacidad requerida; no sé cuánta gente tienen allí, yo desconozco la capacidad. Está al lado de Punta Peuca; bueno, ahí está la diferencia, en el otro le llega agua. Pero, en definitiva, podría ser un lugar donde se le diera atención en salud mental, un sitio que se pudiera habilitar y quizás trasladar a quienes hoy día están allí. No sé, por eso les pregunto, ¿cuánta gente es? Pero me parece que podría ser una solución y no saldría del ámbito del Estado.
Gracias, perdón, perdón. Subsecretaria, tiene la palabra.
Es muy breve, Presidenta. Simplemente, nosotros podemos averiguar eso; esto es materia de dependencia del Ministerio de Justicia porque se corresponde con el Sename, no con protección especializada, sino que, a mí me parece –me comentaba el director– se ha planteado algo de esa naturaleza con el Horvitz y con otros lugares donde pudieran transformarse de alguna manera en sitios de atención especializada en salud mental. Yo tomo nota para ponernos en contacto con María Eugenia, quien es la directora del Sename; de hecho, todo lo que está en la Región Metropolitana recién entrará al servicio de reinserción el próximo año, mientras que este año estamos en el sur y el año pasado en el norte. Creo que es una muy buena alternativa para estudiar y contar con un lugar donde se pueda especializar en esa materia, porque, como decía el director, la verdad es que no hay capacidad —ni pública ni privada— en términos de camas ni del tipo de intervención necesario para las patologías más difíciles.
Entonces, en realidad, es un problema que tenemos como país en cuanto a la salud mental en general, ya que se hace dramático para los niños, pero también afecta a los adultos. Hay mucha necesidad de atención especializada en salud mental para adultos y, lamentablemente, no hay camas, no hay plazas suficientes para la complejidad que tienen los problemas de salud mental hoy en día. Estamos, digamos, totalmente atrasados, no solo en términos físicos de infraestructura, sino en el tipo de intervención que se requiere para una salud mental cada vez más compleja y mezclada con otros elementos que trascienden el clásico concepto de esta materia.
Entonces, tomamos nota y lo vamos a plantear. Gracias.
Gracias, subsecretaria.
Bueno, veo, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? No hay más diputado; el diputado Meza, ¿no? Ya. Yo tengo: director, solicité a través de oficio, o sea, quiero pedirle primero que la presentación que nos acaba de hacer la pueda enviar.
guiar a la Secretaría para que la haga llegar… Sí, la está en los correos, perfecto. Porque yo también solicité a través de oficio las cifras respecto al tema de explotación sexual, al tema de cuidados alternativos también el FAE, y me gustaría poder también tener esta presentación para comparar las cifras que pedí a través de Transparencia, para que efectivamente podamos tener los números reales, que es lo más importante, ¿cierto? Dígame.
Sí, solo señalar que uno de los cambios que hemos hecho a partir de la creación de este equipo interno de trabajo es que dejamos de hablar de activaciones de resoluciones, porque la estadística que llevaba el servicio era cuántas veces se activaba una resolución, una resolución por sospecha u otra, y empezamos a hablar de víctimas o de posibles víctimas. Entonces, tenemos que ver la temporalidad, pero a partir de este año estamos llevando todas las estadísticas a posibles víctimas, porque una posible víctima se puede activar hasta 19 veces, de lo que hemos visto en una resolución de sospecha de explotación. Más que llevar el dato de las resoluciones, queremos llevar el dato de víctimas para poder hacer intervención.
Solo quería aclarar que, hasta meses atrás, todos los reportes que hacíamos como servicio y la glosa que vamos a reportar este año, vamos a empezar a presentarla con víctimas, que creemos además es un dato comparable con los de la Fiscalía, para que ustedes puedan verlo. Nosotros activamos a través de una resolución, se manda la información a la Fiscalía, la Fiscalía hace una evaluación, nos responde y luego se activa el procedimiento de investigación. En algunos casos, la Fiscalía responde que no hay antecedentes respecto de la explotación, porque, por ejemplo, cuando hay una menor de edad y existe una relación que hay que verificar si es una relación sentimental o fraternal con un mayor de edad, se activa también una resolución por sospecha de explotación. Con los tribunales, igual tenemos que ver, porque no es tan fácil decir "ya hay tres años de diferencia y explotación", sino que depende caso a caso. Por ello, lo que hemos coordinado con la Fiscalía es un procedimiento en que nosotros enviamos todos los antecedentes, la Fiscalía hace una primera revisión y nos devuelve la información para poder mejorar también el proceso de pesquisa, ya que los supuestos sobre los cuales se genera la denuncia son muy variados; por ejemplo, la diferencia de edad entre un menor y un mayor de edad.
La información, diputada, por supuesto que estará a su disposición con detalle, diferenciando además si se trata de familia de acogida o de modalidad ambulatoria, como veíamos en la presentación, porque nos interesa poder entregar todo el detalle y porque, además, la evidencia nos muestra que la familia de acogida tiene muchísima menor probabilidad de que caiga en explotación sexual.
Director, antes de pasar a la presentación del señor Rafael Rodríguez, respecto a la gestión de oferta del Ministerio, me interesa mucho saber, porque la verdad es que el diagnóstico está, pero ¿qué se ha hecho, digamos, para poder abrir un poco la oferta y cumplir con el objetivo de llegar a las personas?
Presidenta, nosotros tenemos hoy lo que hemos hecho junto con la transformación de la oferta, que es el desafío legal que tiene el servicio. Como comenté en la sesión anterior, no podemos esperar la transformación de la oferta si existe lista de espera. Por ello, hemos decidido tener dos ofertas en proceso: la transformación a la nueva oferta y la licitación de la oferta llamada antigua, por así decirlo, que es la oferta que históricamente hemos entregado para evitar que se genere una lista de espera en la transición. Eso significa que, hoy día, tenemos en proceso de licitación 24.500 plazas, sobre todo con foco en el programa especializado de maltrato, el programa PRM, donde existe una lista de espera de hasta seis meses, que forma parte de los programas que derivan los tribunales. Este programa se transforma, pero no vamos a esperar la transformación manteniendo lista de espera. Por ello, hemos aumentado de manera importante; hoy día estamos en la evaluación de todos los proyectos presentados, porque hemos decidido aumentar las plazas licitadas en todo el país.
Adicionalmente, se licitó 2.025 plazas del programa de intervención especializada PIE y 865 plazas del programa de explotación sexual. Esta licitación cubrirá todas las regiones que no tenían programa y atenderá toda la lista de espera. Teníamos alrededor de 700 niños en lista de espera, que habían evidenciado casos de explotación sexual y estaban esperando atención, por lo tanto, vamos a cubrir el 100% y son 97 casos del programa PRI. Además, estamos en proceso hoy día de ampliar de manera importante en 25.000 plazas. Esto está en un proceso de evaluación.