El acta de la sesión número 89 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 90 queda a disposición de la Comisión y el señor Secretario dará lectura a la cuenta.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Muy buenas tardes, estimadas diputadas y diputados.
Se han recibido los siguientes documentos por la Comisión: una nota del jefe del Departamento de Gestión Ciudadana de la Presidencia de la República; y un acusa recibo o el informe emitido por esta Comisión sobre la elección de comisionados hacia la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
También se recibió, señora Presidenta, un oficio de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, Mónica Naranjo López, quien envía información requerida a la Comisión en cumplimiento de la cláusula presupuestaria que obliga al Ministerio Público a informar trimestralmente sobre el estado de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, involucrando a agentes del Estado en delitos como homicidio y apremios ilegítimos.
También se recibió, señora Presidenta, una nota de la Defensoría de la Niñez, quien remite una guía para promover los derechos de la niñez y adolescencia en la función pública. Este es un documento elaborado por dicha Defensoría y diseñado para informar y orientar a funcionarios públicos sobre cómo garantizar —los derechos, digo— de niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, se recibió una nota de la Subsecretaría de Educación, quien da su excusa de asistir a esta sesión por problemas de agenda. No obstante, se solicitó que se pueda recibir, en representación de esta cartera ministerial, a Viviana Castillo Contreras, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación.
Esa es toda la cuenta, señora Presidenta.
Gracias, secretario.
Palabras sobre la cuenta, palabras sobre la cuenta.
Pasamos entonces a varios.
Diputado Palma: Gracias, Presidenta. Hoy tuvimos el honor de recibir a un grupo; ustedes saben que el Grupo de Amistad Chileno-Palestina es el más nutrido del Congreso Nacional, con 65 integrantes y muy transversal, por lo demás. Y hoy tuvimos el honor de recibir a una secretaria de Estado de Palestina, Barsen Agabekian, quien nos ilustró sobre lo que está sucediendo en territorio palestino, incluido lo que acontece en Cisjordania. Sabemos que, geopolíticamente, es un tema que ha ido escalando en complejidad y cómo se han mantenido una serie de situaciones que son del todo preocupantes y de público conocimiento.
Quería informar a la Comisión, señora Presidenta, sobre esta ilustre visita que tuvimos hoy, que después estuvo en la tribuna, la encargada de Asuntos Exteriores, como una especie de canciller. Y en el seno de esta reunión, que fue muy coloquial y que la presidió Marco de la Vaca, diputado que preside el Grupo de Amistad, lamentamos lo ocurrido ayer en la sala, en que una resolución solicitada por la diputada Veloso finalmente fue rechazada, y reiteramos nuestra preocupación en el seno de esta comisión, porque Chile sigue comprando armas a Israel, con las implicancias que ello tiene. Yo sé que no están en nuestras atribuciones incidir en ello, pero sí uno puede ser portavoz de esta preocupación, la cual es muy importante.
Eso, señora Presidenta, muchas gracias.
Gracias, diputado.
¿Alguien más quiere la palabra sobre varios? ¿Alguien más? ¿Varios?
Entonces, vamos a pasar al objeto de esta sesión. Bueno, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, continuar con el estudio en particular del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas Ericka Ñanco y Emilia Nuyado, y de los diputados Jorge Brito, Andrés Giordano y Jaime Sáez, que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, boletín N° 17.241-17. Más que leer los cambios, digamos, que hay, quiero darle la bienvenida a los representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Bienvenida al Subsecretario de Derechos Humanos. Bienvenidos también los representantes del Ministerio de Educación. Y les voy a pedir: ¿ya están todos en la mesa los que tienen que estar? ¿Nadie más se suma a la mesa? No, no, córrese para allá, diputado. Eso, por si quiere alguien más, póngase aquí el Subsecretario de Derechos Humanos. Ahí. Deje el Subsecretario de Derechos Humanos acá, por favor, para que tengamos ahí a los subsecretarios y bienvenidos también asesores y asesoras.
Vamos a empezar entonces la discusión particular del proyecto. Como ustedes saben, en esta semana se presentaban las indicaciones. Han llegado indicaciones en particular de la diputada Ñanco y que están también incluidas en el comparado junto con las indicaciones del Ejecutivo. Ah, y de la diputada Osandón también, perdón.
Entonces, sin dar más vueltas, vamos a empezar con el artículo 1. Si quiere, por favor, Secretario, ¿nos puede leer el artículo 1 y las indicaciones? Muy bien, señora Presidenta, vamos a someter a votación el artículo 1. Antes vamos a leerlo y leer sus indicaciones. Parte iniciando el proyecto de ley con Capítulo 1, Derecho Lingüístico de los Pueblos Indígenas, ese es su epígrafe. Luego, el artículo 1 dice lo siguiente:
«La presente ley tiene por objeto reconocer, proteger, garantizar y promover los derechos individuales y colectivos que poseen los pueblos indígenas de Chile para estudiar, conservar, hablar y enseñar sus lenguas vernáculas, en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.»
A esa disposición, señora Presidenta, el Ejecutivo hizo una indicación para reemplazarlo íntegramente por el siguiente:
Artículo 1. «La presente ley tiene por objeto reconocer, proteger y promover los derechos lingüísticos que poseen los pueblos indígenas en Chile, reconocido por la ley número 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.»
Y, a la misma disposición, señora Presidenta, la diputada Ñanco también solicita reemplazarlo por el siguiente:
Artículo 1. «La presente ley tiene por objeto garantizar, reconocer, proteger y promover los derechos lingüísticos que poseen los pueblos indígenas en Chile, reconocidos por la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.»
Esa es la presentación. Le voy a dar primero la palabra.
La indicación del Ejecutivo viene también a armonizar el artículo 1 que habíamos ingresado nosotros en este proyecto de ley; sin embargo, se le quita una palabra importantísima, pues la presente ley tiene por objeto reconocer, proteger, garantizar y promover los derechos individuales y colectivos. En la indicación del Ejecutivo se quita la palabra "garantizar", lo que a nuestro parecer es uno de los principales nexos para poder avanzar en un Estado que garantice los derechos de los pueblos originarios, y quitando este conector se pierde parte importante de lo que trata este proyecto de ley, en tanto establece que el Estado de Chile debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en materia de derechos lingüísticos, como lo expone el proyecto.
Gracias, diputada. Le entrego la palabra al Ejecutivo. No sé quién se quiera… Subse, adelante.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Presidenta, por su intermedio al referirnos a las indicaciones al artículo 1. En general, lo que hemos ido convergiendo los diferentes sectores es proponer para este artículo un perfeccionamiento de su redacción con base en la normativa vigente, y me voy a permitir explayarme en cada uno de los puntos.
Respecto a la supresión del verbo "garantizar", esta medida responde principalmente a que el Estado actualmente reconoce estar en condiciones de poder reconocer, proteger y promover los derechos lingüísticos que poseen los pueblos indígenas, enmarcados en las obligaciones asumibles en el contexto actual.
Nuestro segundo elemento de la indicación, que ya había mencionado en la sesión pasada, fue el reemplazo de "derechos individuales y colectivos" por "derechos de los pueblos indígenas", suprimiéndose así la referencia al carácter individual y colectivo, al considerar que la fórmula "derechos de los pueblos indígenas" resulta autosuficiente para incluir ambas dimensiones. Asimismo, incorporamos en las indicaciones la modificación de "pueblos indígenas de Chile" por "pueblos indígenas en Chile", entendiendo que es importante reforzar la autonomía y la diferenciación cultural de los pueblos indígenas del país, previniendo una interpretación asimilacionista o que implique aspectos de apropiación cultural.
Además, se señala que los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas regulados por esta nueva legislación son, tal como se abordó en nuestras dudas anteriores, de aquellos pueblos indígenas reconocidos por la Ley 19.253, conocida tradicionalmente como ley indígena, para efectos de mantener una consistencia normativa con el ordenamiento jurídico vigente. Dentro de las indicaciones establecidas, se propone reemplazar "lenguas vernáculas" por "lenguas indígenas", principalmente a partir de la idea de que la noción de lengua indígena encuentra sustento en los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Eso, Presidenta. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Presidenta, por su intermedio, a título más general, señalo que las propuestas contenidas en el artículo 1 del Ejecutivo también se enmarcan en los estándares internacionales de derechos humanos. Si uno mira, por ejemplo, las normas vinculadas a la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se emplean esos verbos porque se entiende que la obligación estatal se circunscribe, sobre todo, a reconocer, promover y revitalizar, y no a garantizar, en tanto casi implica una obligación de resultado. Por lo mismo, la propuesta procura mantener coherencia con ese estándar internacional.
Lo mismo se aplica respecto a los derechos de los pueblos indígenas en sustitución de lo que se refería a los derechos individuales y colectivos. Diputado Olavé, Diputada Ñanco y Diputado Sandón también. ¡Calla! Diputado Olavé.
Presidenta, saludo a todos los presentes y al Ejecutivo. Presidenta, tengo una consulta. A ver, lo que pasa es que al decir que garantiza…
garantizar, ¿cierto?, obliga a generar o a construir o a crear una corporación, por ende estaría incurriendo gasto, entonces me gustaría saber si esa palabra la podemos sacar.
Exacto, por eso, me gustaría saber si la diputada está de acuerdo con sacar esa palabra para poder hacer una fusión.
Diputada Ñanco: Sí, Presidenta, quiero ser clara. Acá, la única palabra que no aparece dentro de la indicación del Ejecutivo es garantizar; el resto de la indicación que al menos nosotros presentamos mantiene todo lo demás que dice la indicación presentada por el Ejecutivo, pero agregando la palabra garantizar, que es necesaria y, básicamente, es parte primordial de este proyecto de ley. Para mí y para las personas con quienes trabajamos este proyecto, si no se garantizan los derechos por parte del Estado, entonces no sé qué derechos vamos a poder defender. ¿Alguien más?
Diputado Sandón: Bueno, yo creo que es interesante el debate, yo creo que eso es lo que tenemos que definir, quiero que opinen: ¿cuál es la implicancia que tiene justamente la palabra garantizar? Ahí la cosa cambia; entonces, a pesar de que igual el proyecto garantiza, o sea, en su totalidad está garantizando, me parece que la palabra garantizar es diferente. Así me gustaría que, por su intermedio, el Ejecutivo nos explicara de alguna forma, yo sé que lo acaba de hacer, pero un poquito más claro sobre el tema, la diferencia entre garantizar y no garantizar.
Yo también quiero dar mi opinión: a mí me parece que los dos grandes verbos en materia de derechos humanos son respetar y garantizar, además de proteger y promover; en esencia, respetar y garantizar son clave, y la verdad es que la ausencia de garantizar relativiza y diluye las obligaciones del Estado.
Entiendo y hemos discutido harto rato que este es un proyecto que no irroga gasto, porque los gastos ya están asignados; por lo tanto, no veo el peligro de poner garantizar si efectivamente hay presupuesto. Hemos estado discutiendo eso, se aclaró en las sesiones pasadas y, por ende, no veo cuál es el riesgo de poner garantizar. Por otro lado, si empezamos a evadir el concepto de garantizar en materia de derechos humanos, la verdad es que estamos diluyendo cada vez más la obligación del Estado en la materia. Les entrego la palabra.
Contestando a la consulta, efectivamente, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, los verbos claves son respetar y garantizar; sin embargo, a propósito de la propuesta del Ejecutivo, se debe señalar —y esa es nuestra preocupación, Presidenta, y la de los diputados y diputadas que han preguntado— que la forma en que está puesto el artículo se entienda como una obligación de ejecución inmediata, lo cual eventualmente no conversaría bien con el sentido del carácter progresivo de la implementación de los derechos. En ese sentido, entendemos que los verbos utilizados, sobre todo los que tienen que ver con la protección, promoción y revitalización —como se puede observar en la propuesta de indicación que presentamos— cumplen con ese estándar y con esa obligación, y además asumen y suponen un respeto al derecho de garantía.
Entrego la palabra, ¿alguien más quiere opinar?
Diputado Guzmán: Presidenta, el verbo garantizar es establecer una obligación; una obligación en este caso al Estado respecto de lo que está regulando esta normativa. Por tanto, si alguien tiene que establecer la obligación como una garantía, es el propio Ejecutivo; de lo contrario, estaríamos incurriendo en una norma de iniciativa inconstitucional en la práctica, ya que el artículo 65 establece que sólo el Ejecutivo puede establecer funciones públicas. Por tanto, creo que lo que corresponde, Presidenta, es votar la indicación del Ejecutivo, aprobar dicha indicación, que la práctica reconoce, promueve y protege, y que ellos mismos han planteado al proponer eliminar la palabra garantizar por las razones que ya expuso la Subsecretaria. Entonces, yo creo que lo que corresponde, sin perder el espíritu del proyecto, es aprobar la propuesta del Ejecutivo, Presidenta.
Diputada Ñanco: ¿Algo más?
Si no, procedemos a la votación.
Sí, al retirar el verbo garantizar de este proyecto de ley se extingue, por supuesto, el carácter obligatorio de la ley; por lo cual, si se mantienen los verbos reconocer, promover y proteger, la presente ley se transforma más que nada en una recomendación, y no en una directiva a seguir.
Obligatoriamente. Creo que no es para tanto, diputada, pero sí, subsecretaria. Sí, Presidenta, por su intermedio, solamente como señalar que efectivamente las acciones de reconocimiento, protección y promoción sí llevan también acciones positivas, tanto para poder asegurar, por ejemplo, las acciones de protección o de promoción, que pueden irrogar gasto también, y que además ya forman parte del repertorio de acción de políticas públicas que se están desarrollando para velar por la protección de los derechos lingüísticos.
Diputada Pizarro. Muy breve, Presidenta, muchas gracias. En todo lo que ha sido el constructo internacional respecto a los derechos humanos, nos ha costado décadas incorporar ciertas palabras que en sí significan mucho, y una de esas es garantizar. Yo creo que pueden haber otras, incluso que podrían no estar, pero no garantizar. Por lo tanto, yo quiero señalar que, entendiendo lo que dice el Ejecutivo, yo no lo comparto; no tiene que ver con que sea de resolución inmediata. Las primeras frases que yo leí acá hablan de todo lo que ha significado la indicación de la diputada Ñanco, que tiene que ver con garantizar, reconocer, proteger y promover los derechos humanos, los derechos a la vida, el derecho lingüístico, lo que sea. Pero tiene que ver con un constructo, insisto, que nos ha costado décadas y que hoy día, en algo que a mi juicio es muy importante, no incorporarlo –relativizarlo. Nos ha costado harto.
Vamos a pasar entonces a – sí, perdón, diputado – sin ánimo de entorpecer el debate, Presidenta: quisiera preguntarle al Ejecutivo, en virtud de lo que señalaba también el diputado Guzmán, y para efectos de que el proyecto pueda transitar lo más rápido posible, ¿no estarán abiertos a que se pueda modificar la indicación y poner la palabra que la diputada Ñanco ha solicitado, para efectos de darle el sentido que de alguna manera es originario de su moción parlamentaria? Gracias, Presidenta.
A propósito de lo recientemente dicho – y por supuesto, Presidenta – el Ejecutivo entiende, y a propósito también de las otras observaciones, que los verbos utilizados en el artículo 1 son imperativos y, por tanto, son también de exigibilidad perentoria. La preocupación del Ejecutivo es que el verbo garantizar es la norma que exija una implementación inmediata, cuestión que eventualmente incluso podría generar responsabilidad del Estado. Por tanto, ese es el matiz que hacemos nosotros. Y les damos unos minutitos al Ejecutivo para ver si se abren.
Está bien, me parece bien interesante el debate, entendiendo ambas posiciones, pero tal vez el secretario nos podría decir la admisibilidad, si efectivamente se le está haciendo al Ejecutivo una exigencia parlamentaria, ya que, efectivamente, el Ejecutivo tendría que haber puesto la palabra garantizar, por lo que puede implicar.
Sobre el punto, Presidenta, mire, no es la primera vez que pasa en alguna comisión en donde el Ejecutivo y los parlamentarios del oficialismo –digamos– no están de acuerdo o tienen una cierta diferencia en cuanto a indicaciones de proyectos de ley. En trabajo, el día de ayer también pasó lo mismo, y hace un minuto quedó claro que el proyecto del Ejecutivo de confianza estaba mal formulado y que estaba dispuesto a cambiarlo. Entonces, Presidenta, a lo mejor, en honor de contribuir al debate, suspenda dos minutos para que el Ejecutivo y la diputada Ñanco, que es oficialista y que lo podrían haber hecho prelegislativamente, hoy podamos darle unos minutos para que se pongan de acuerdo en el artículo 1 de este proyecto. Muchas gracias.
Acojo su propuesta, diputado Olavé, dos minutitos a ver si hay acuerdo en el punto. Suspendo.
Vamos a seguir entonces, ya hay una propuesta, considerando que la única diferencia entre la indicación 1 y 2 es la palabra "garantizar" y conversando con el Ejecutivo, y si bien ellos no tienen ahora la posibilidad de proceder con eso, se lo podemos poner, creo que todos quedaríamos tranquilos si ponemos garantizar progresivamente, lo cual no obliga a una acción inmediata, sino que al desarrollo en el tiempo.
No, o sea que... Presidenta. En el acta de esta comisión, que es la respuesta del Ejecutivo, que dice la palabra "garantizar", implica una responsabilidad patrimonial para el Estado. Esa fue la respuesta del Ejecutivo hace menos de 10 minutos. Por tanto, que diga garantizar progresivamente sigue siendo una responsabilidad para el Estado.
Entonces, yo no estoy de acuerdo que venga de esa forma. Que se vote, Presidenta, en primer lugar la posición del Ejecutivo, que es lo que corresponde, y además voy a desde ya a solicitar la admisibilidad, que se vote la admisibilidad de la indicación presentada por la diputada Ericka Ñanco. Yo, Presidenta, y solo para cerrar, estoy acostumbrado a que en esta comisión le echemos para adelante y después lleguemos a la sala y se rechace todo, como pasó con la ley anti-discriminación, a pesar de las advertencias que nosotros hicimos en esta comisión. Yo no quiero que pase lo mismo con esta ley, que siento que es un aporte en la medida que lo hacemos bien. Eso, Presidenta. Sí, al tiro.
Solo recordarle que creo que el Ejecutivo dijo que en todos los casos había responsabilidad del Estado, también en promover, en reconocer, en revitalizar. En todo lo asume el Estado. En todas: de promover, de reconocer, de revitalizar, de garantizar, de respetar. Está bien, le estoy precisando que no dijo solo eso, sino que dijo que todas.
Diputado Lave.
Gracias, Presidenta. Presidenta, no estando más de acuerdo con el diputado que me antecedió, Guzmán, es que creo que también deberíamos votar la admisibilidad porque, además, usted misma lo dijo. Acá hay una palabra que dice promover, que también estaría dentro de la misma característica de garantizar, porque, finalmente, sí, promover es una acción en donde alguien o algo van a tener que…
Hay que invertir para publicidad, para promover, es un verbo que obliga al Ejecutivo —o a quien sea— a generar ciertos gastos probables en este artículo. Entonces, Presidenta, votemos la admisibilidad de la indicación para que quede registrado en la historia de la ley. Creo que es lo que corresponde.
A propósito de la discusión que se estaba desarrollando, queríamos dejar en claro que todos los verbos utilizados son de responsabilidad del Estado y su implementación siempre tiene que ser progresiva. El problema del Ejecutivo no es con la palabra garantizar, sino con la exigibilidad inmediata de la misma, porque todos requieren una actividad del Estado para su implementación: el promover, proteger, revitalizar y garantizar. La diferencia —y es por eso que el Ejecutivo optó por eliminarla— es que eventualmente se podría entender que garantizar es de exigibilidad inmediata.
Por tanto, a propósito de lo que se está discutiendo, y mientras seguimos intentando convencer para generar alguna norma de consenso, es que efectivamente la palabra progresividad implica entender que no es de exigibilidad inmediata, lo que podría generar responsabilidad del Estado. Nosotros no hablamos de responsabilidad patrimonial, eso también lo quería dejar en claro.
Gracias, diputada Pizarro y diputado Guzmán.
Muy breve, Presidenta. Yo voy a insistir en algo: estamos hablando de derechos, y el primero en garantizar derechos a la población es el Estado. No solo son económicos, sino que son de muchos ámbitos; por lo tanto, ya se discutió en esta Comisión que los recursos para la implementación de este proyecto de ley están asignados. No se necesita otra asignación extra, porque eso está hoy día. Y lo que estamos buscando, quienes tenemos reparos, es que si al Ejecutivo le parece incorporar progresivamente esa palabra, ello tiene que ver con que no se fragilice la responsabilidad del Estado de garantizar. Y todos los verbos —que ya no los voy a leer de nuevo— tienen que ver con una construcción que se ha hecho por décadas, para después —y lo quiero decir después de las dictaduras civiles y militares de Latinoamérica— de asumir que existen derechos garantizados, por lo que esta palabra no puede estar ausente. No se trata de otras excusas para no avanzar en este proyecto; lo único que se está diciendo es si se incorpora o no la palabra garantizar para dotar de fuerza a la obligación del Estado, quien es el primero que tiene que garantizar los derechos. ¿Alguno tiene dudas? Eso ya fue parte de una discusión, perdón, bien pasada.
Diputado Guzmán: A ver, Presidenta, no es decorativo si se garantiza o no, y todo derecho garantizado tiene una consecuencia patrimonial para el Estado. Es una responsabilidad del Estado cumplir el derecho que está garantizado, y los derechos garantizados no se cumplen con buenas intenciones, sino con acciones; esas acciones significan asignarle una función a un servicio público, garantizar lo que se está señalando. El asesor del Ejecutivo es muy explícito y claro al decir que, si uno establece garantizar, no se entiende que sea de exigibilidad inmediata; si dice garantizar, es una exigibilidad inmediata. Por tanto, el Ejecutivo dice en conversación con sus parlamentarios: agreguemos “garantizará progresivamente”. Pero si lo garantiza mañana o lo garantiza progresivamente, es una responsabilidad del Estado que alguien tiene que financiar y, de alguna forma, se tiene que aplicar y cumplir.
Cuando dicen que no tiene gasto o que no tiene que pasar por Hacienda, empezamos a dudar de todo eso; y al mismo tiempo, las indicaciones del Ejecutivo son del Ejecutivo. No es que nosotros podamos atribuirnos la función del Ejecutivo y hacer una redacción de “garantizar progresivamente” para creer que estamos dentro del ámbito del artículo 65; estamos fuera. Entonces, Presidenta, lo que corresponde —y, si lo desea, lo podemos consultar—, vuelvo a hacer la petición: votemos la indicación que corresponde votar, si es una indicación sustitutiva. Yo le recuerdo a esta Comisión el proyecto presentado por la diputada Lorena García.
Una pizarra, proyecto que tenía también algunos aspectos de inconstitucionalidad, que hizo el Ejecutivo, indicó sobre el proyecto de la diputada, y esta comisión aprobó, creo, unánimemente ese proyecto, o puede que hayan existido algunas excepciones, pero con la corrección que hizo el Ejecutivo a través de una indicación sustitutiva, estuvimos dentro del marco legal para poder votar el proyecto; es lo mismo que estamos haciendo ahora. Si quieren, Presidenta, y si hay un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición —bueno, suspendamos la sesión, presenten nuevamente la indicación, con el "garantizará progresivamente", y votemos lo que tengamos que votar— pero hoy, lo que estamos citados y convocados a votar es esto.
Entonces, yo creo que la indicación de la diputada Ñanco, con todas sus buenas intenciones —porque a mí me encantaría presentar proyectos que garantizaran muchos derechos, como todos los parlamentarios que estamos acá, por ejemplo, que en atención de salud la lista espera garantice una atención oportuna—, pero no podemos porque está fuera del ámbito de nuestras atribuciones. Entonces, lo que hizo el Ejecutivo fue presentar lo que estaba dentro de sus atribuciones. Si no nos gusta, bueno, es lamentable, pero la verdad es que lo que dijo el asesor es cierto: garantizar es exigibilidad inmediata, y nosotros no podemos hacerlo. Presidenta, votemos lo que corresponde votar. No afectemos más este proyecto.
Gracias por su sugerencia. Yo solo quiero decir que hay otras leyes que sí dicen garantizar, ejemplo, la ley de violencia integral. Entonces, lo que digo es que no es nada nuevo en la legislación incorporar garantizar. Es un exceso de cautela, desde mi punto de vista, del Ejecutivo, pero bien, ellos están en su derecho en hacerlo.
Diputado Lavez. Presidenta, creo que ya el debate ha llegado a su máxima expresión, pero quisiera hacer una pregunta al Ejecutivo. ¿El Ejecutivo tiene esto o lo que vaya a costar esto, en estas palabras, digamos? Ya lo vimos. No, no, pero la pregunta es si está en el presupuesto. Sí, pues, lo vimos. ¿Y está en el presupuesto? Sí. ¿La garantía progresiva también? Sí, por algo le sacaron el 20% para dejar el espacio.
No, ya, en votación, Presidenta. No me diga lo que tengo que hacer, diputado. Garantizar progresivamente es una propuesta mayoritaria que puede complacer a todos. No voy a modificar, obviamente, la indicación del Ejecutivo; eso no lo voy a hacer, no corresponde. Por cierto, lo que voy a hacer es que vamos a votar la indicación de la diputada Ñanco primero. Eso es parte de mis atribuciones. ¿Votamos la admisibilidad primero, Presidenta? No, o sea, yo creo que es admisible, y esa es la definición de la mesa.
Primero que todo, yo quisiera señalar que, y así lo vimos la semana pasada, nosotros agradecemos el ánimo que se ha tenido en la Comisión de poder abordar esta materia y, particularmente, el fondo. Y creo que la discusión que se está planteando respecto a la forma de realizar los derechos, en este caso los derechos lingüísticos, es muy interesante y forma parte también de cuál es la capacidad y los desafíos que, como Estado, estamos dispuestos a asumir, y particularmente, en este caso, desde el rol del Ejecutivo. ¿Qué es lo que señalamos? Y creo que es importante también recordar en materia de la relación del proyecto de ley con el informe financiero. Nosotros vimos, y así fue ampliamente discutido la semana pasada, que ya existían esfuerzos programáticos que implicaban en el fondo gastos y que, por tanto, lo que se reconocía era que el ordenamiento y el fondo de este proyecto no requeriría un gasto fiscal adicional a lo que ya está establecido, en coherencia también con lo informado en el informe financiero. Y en este contexto, permítanme solamente identificar algunos esfuerzos programáticos que ya se están realizando, sobre todo para que eso quede completamente despejado: desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena está el Fondo de Cultura...
y educación, que en total implican, tanto de manera directa como de manera indirecta, un total de cerca de 3.278 millones de pesos. En la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social hay diversas iniciativas, como el análisis sociolingüístico de Rapa Nui, el Plan de Acción de Colaboración para abordar el diseño de las lenguas, la contribución de la recuperación de los cuadernos de Karol Iwi, el Programa Social de Fomento y Difusión de las Artes y Culturas de los Pueblos Indígenas; también, de la Subdirección Nacional de los Pueblos Originarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y en el caso de educación, el programa de educación intercultural bilingüe que tienen partidas presupuestarias establecidas. Esto lo establezco porque me gustaría que quede a todas luces despejado que, efectivamente, ya no hay una inversión pública en cada una de las reparticiones que estamos acá hoy presentes y que, por tanto, el análisis que se hace, sobre todo en términos de poder avanzar en la coordinación institucional del objeto de fondo de este proyecto de ley, no se requeriría un gasto adicional.
No obstante, lo que estamos discutiendo ahora es cuáles son el estado de las obligaciones que el Estado pudiese establecer, porque, así como hemos conversado, también acciones de reconocimiento, de promoción, tienen marcos de exigibilidad y también de marcos de acciones que implican, ¿no es cierto? Y, en este contexto, nosotros entendemos lo planteado por la diputada Ericka Ñanco y también por usted, Presidenta, y podríamos estar disponibles a agregar el verbo garantizar, siempre y cuando vaya acompañado de garantizar de manera gradual y progresiva. ¿Por qué? En el siguiente sentido: porque justamente en el análisis actual va a ser necesario poder asegurar la gradualidad y la progresividad, en este caso, de la exigibilidad de la garantía. Y, por tanto, en el escenario actual, nosotros podríamos hacernos cargo de ese marco de obligatoriedad que asumiera el Estado.
Gracias, Subse.
Entonces, vamos a proceder a votar para no intervenir la indicación del Ejecutivo, la indicación de la diputada Ericka Ñanco, y la idea sería, entonces, aprobarla y tomar el acuerdo de que vamos a incorporar garantizar de manera gradual y progresiva, y seguimos con el texto. ¿La presentan ustedes?
—Sí, Presidenta, si quisiera señalar eso. Justamente, nosotros coincidimos: esta es iniciativa exclusiva y, por tanto, estamos afinando con SecPres cuál sería la forma en el ingreso de esa indicación, porque la tenemos que presentar nosotros. Efectivamente, ese es el análisis que nosotros estamos desarrollando.
Entonces, seguimos; pasamos al artículo siguiente. Este queda pendiente, entonces, el artículo 1 para la indicación la próxima semana.
Artículo 2, secretario.
Bien, el artículo 2 señala lo siguiente. Chile reconoce que su sociedad es pluricultural, siendo las prácticas, costumbres y lenguas de los pueblos indígenas parte del patrimonio inmaterial de la nación, siendo deber del Estado garantizar su conservación. A esta disposición, Presidenta, se le incorporaron tres indicaciones. Una del Ejecutivo, que señala así:
El Estado reconoce las lenguas indígenas como parte constitutiva del patrimonio cultural indígena en el marco de la diversidad lingüística del país, siendo deber del Estado su salvaguarda, recuperación, revitalización, conservación, fortalecimiento, investigación, promoción y difusión según corresponda en el territorio nacional. Los órganos del Estado se coordinarán para desarrollar e implementar las iniciativas, programas e instrumentos de política pública en materia de lenguas indígenas.
A su vez, la diputada Ñanco propone la siguiente indicación:
El Estado reconoce que la sociedad chilena es pluricultural y las lenguas indígenas como parte constitutiva del patrimonio cultural de la nación, en el marco de la diversidad lingüística del país, siendo deber del Estado su salvaguarda, recuperación, revitalización, conservación, fortalecimiento, investigación, promoción y difusión, según corresponda, en el territorio nacional. Los órganos del Estado se coordinarán para desarrollar e implementar las iniciativas, programas e instrumentos de política pública en materia de lenguas indígenas.
Y, finalmente, la diputada Osandón propone lo siguiente, para incorporar un inciso final nuevo del siguiente tenor:
La pluriculturalidad de la sociedad chilena no obsta al carácter republicano y democrático del Estado, así como tampoco a la unidad de su territorio y jurisdicción.
Por ser sustitutiva, la primera y segunda indicación, Presidenta, con ellas deberíamos iniciar en el orden que usted determine.
Ofrezco la palabra respecto del punto, si no pasamos a votación. Voy a votar primero la indicación 4. La indicación 5 se construye sobre la del 4, ¿no, diputado Sandón? A propósito, del concepto de pluricultural. Sí, déjeme hacer mi trabajo, diputado. Claramente, como dice usted, Presidenta, en el fondo, nosotros, o sea, claramente, el texto dice que es una sociedad pluricultural y eso es efectivo porque alberga distintas culturas, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, en efecto, proteger lo que dispone nuestra Constitución, que en el fondo establece un Estado democrático y unitario. Solo para proteger, porque acuérdese de toda la disputa y de lo acontecido en el proceso constituyente por este tema, entonces, de alguna forma se protege eso y queda más claro.
Lo que quiero señalar con esto es que, si se aprobara la indicación del Ejecutivo, la indicación 4 y la 5 se caerían. Y voy a empezar, sí, diputada Ñanco. Sí, agregando un poco a lo que dice la diputada Sandón, ambas coincidimos en reconocer el carácter pluricultural de la sociedad chilena, la cual, indiscutiblemente, se articula en torno al Estado republicano y unitario. Es por eso que, si bien la indicación del Ejecutivo quita un poco de matiz, ya creo que existe un acuerdo en ese sentido.
¿Podríamos empezar votando por mi indicación? Voy a iniciar votando por la indicación del Ejecutivo. Por su intermedio, Presidenta, quisiera referirme al carácter de las indicaciones que presentamos como Ejecutivo. Respecto a la supresión del concepto de que Chile es una sociedad pluricultural, nuestra observación es principalmente que se estima que dicho reconocimiento excedería al objeto de esta ley, la cual está centrada en el reconocimiento, protección y promoción de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile. Asimismo, proponemos la modificación y el reemplazo de la consideración de las lenguas indígenas como parte del patrimonio inmaterial de la nación, no porque no lo seamos, sino porque entendemos que las lenguas indígenas son parte constitutiva del patrimonio cultural indígena y, por tanto, con esta indicación se busca evitar efectos de apropiación o asimilación cultural. Además, en la propuesta del Ejecutivo se incorporan una serie de deberes en materia de derechos lingüísticos para el Estado de Chile, que se traducen en establecer acciones de coordinación, desarrollo e implementación de iniciativas, programas e instrumentos de política pública en esta materia, y en términos de ser coherente con la diversidad de oferta programática ya señalada.
Gracias, Presidenta.
Diputados, pasamos a votación. Preguntarle al Ejecutivo, porque básicamente el Ejecutivo saca la brújula cultural y la diputada Ináscola la vuelve a meter. Entonces, la pregunta es: ¿por qué sacó la brújula cultural el Ejecutivo? Ah, perdón, que no escuché. Pasamos a votación. Ahí, después, le cuentan, diputado. Pasamos a votación.
Voy a votar la indicación del Ejecutivo primero. Partimos, Secretario.
Don Andrés Jordano, estamos votando la indicación del Ejecutivo al artículo 2 de la iniciativa.
Don Andrés Jordano: Andrés, votar.
Don Andrés Jordano: A favor.
Don Jorge Guzmán: Presidenta, efectivamente el Ejecutivo se hace cargo del proyecto, lo toma, lo reconoce y establece los deberes del Estado, porque es una potestad exclusiva del Ejecutivo. En razón de ello, yo voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo. Todo lo otro era inconstitucional.
Don Cristian Lavéz. Don Tomás Lago Marcino. Don Daniel Ilayú. Doña Erika Ñanco: A favor de la indicación del Ejecutivo. A favor.
Doña Jimena Osandón: A favor. A favor.
Doña Lorena Pizarro: A favor, Secretario. A favor.
Doña Mila Schneider: A favor, señor Secretario.