Por Dios y la patria se abre la sesión, pueden tomar asiento. Las actas de la sesión número 6 y número 7 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observación. El señor secretario dará lectura a la cuenta.
Gracias, señor presidente. Hemos recibido un email de la Presidencia del Consejo de Defensa del Estado confirmando la asistencia de la señora Paulina Retamales a la sesión de hoy, acompañada del abogado Juan Pablo Pinto. Ambos están en el Zoom en este momento, señor presidente. Bienvenido.
En los mismos términos, un email del Gabinete del Fiscal Nacional confirmando la asistencia del director de la Unidad Especializada Anticorrupción, don Eugenio Campos Lucero. Muy bienvenido.
En la mesa, un email del jefe de Gabinete del Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena confirmando la participación vía remota del señor Gobernador, que también nos acompaña, don Jorge Flies Añon, que está ahí en el Zoom. Señor Gobernador, bienvenido.
Un email de la abogada de la Dirección Regional de Serviu, Región de Valparaíso, informando que la señora Nerina Paz López, que nos acompaña también en la mesa en su calidad de directora subrogante de Serviu, asiste a la sesión de hoy.
Asimismo, señor presidente, hemos recibido un reemplazo, por el cual nos acompaña don Harry Jürgensen, en reemplazo de don Cristian Araya, y finalmente, el justificativo de la diputada Diana Delgado en misión oficial con aviso de salir al país en virtud del artículo 37 del reglamento.
Ok, muchas gracias. Damos palabras con respecto a la cuenta y dejamos ahora al principal presidente de esta comisión, el presidente electo, don Andrés Longton.
¿No hay palabras sobre la cuenta? No hay palabras sobre la cuenta.
Damos la bienvenida entonces a todos los invitados. Don Andrés, tome asiento.
Bueno, dando las bienvenidas a todos los invitados y agradeciéndoles la presencia, no habiendo puntos sobre la cuenta, vamos a proceder con…
Los invitados, en primer lugar, aquí está el orden, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a iniciar con el fiscal, don Eugenio Campos Lucero, director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, señor Eugenio Campos Lucero. Tiene el uso de la palabra, señor Eugenio Campos, y agradecerle su presencia en esta comisión.
Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Agradecemos desde ya la invitación que nos fue extendida por parte de este Honorable Congreso y, particularmente, respecto a la Comisión Investigadora que nos ocupa el día de hoy. Desde ya hago presente que se trata de la agenda de la exposición de hoy, la cual tiene relación con una introducción, tema convenios a nivel nacional, y da cuenta, de forma precisa, de las devenidas de las transferencias, un catastro actualizado de las investigaciones a nivel nacional y, en lo particular, de lo que podamos indicar respecto de la Fundación ProCultura.
Señor Presidente, si me permite, tengo una exposición. Bueno, primero que nada, cabe señalar que, en virtud de las diversas coordinaciones, el Ministerio Público ha sostenido desde junio del año 2023 lo siguiente: se explotó la primera noticia criminal que tenemos respecto de corporaciones y fundaciones, como ustedes bien saben, en lo que concierne a Antofagasta, con Democracia Brivia, y los primeros preinformes emanados y evacuados por parte de la Contraloría General de la República. Es por ello que agradecemos desde ya el trabajo inconmensurable que ha realizado dicha Contraloría desde el punto de vista administrativo, levantando las primeras sospechas y observaciones respecto de la causa en cuestión y lo que origina el devenir de la apertura de causas, como ustedes podrán observar más adelante en el desarrollo de la exposición.
Conjuntamente con ello, considerando el tema de las presentaciones, el Ministerio Público solicitó la colaboración y ayuda de la Policía de Investigaciones de Chile. Logramos, por parte de esa institución, contar con una fuerza de tarea a nivel nacional compuesta de más de 80 oficiales aproximadamente, así como peritos, que se dedican casi, por no decir el 100%, de manera exclusiva a la investigación de corporaciones, fundaciones o convenios, según la denominación que utilizamos.
También, dentro de esta coordinación interinstitucional estratégica, se encuentra por cierto el Consejo de Defensa del Estado, donde eventualmente pueda existir perjuicio fiscal o donde y cuando pueda estar comprometida la conducta o la responsabilidad de funcionarios públicos. El Consejo de Defensa del Estado, de acuerdo a su ley orgánica, tiene el conocimiento y la representación del Fisco de Chile. Asimismo, contamos con los enlaces con la Unidad de Análisis Financiero, en razón de los delitos base que puedan darse en cada una de las investigaciones que dirige el Ministerio Público.
Y, por último, en esta primera parte, se encuentra la coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, en lo referente a delitos tributarios; como ustedes bien saben, dicho servicio es el titular de la acción en estos delitos, que son de preintención particular. En la medida en que no sean denunciados o detectados por estos servicios, el Ministerio Público no puede ejercer la persecución penal. Por favor, gracias.
Hasta la fecha, las estadísticas generales respecto al tema de convenios sitúan la existencia en 134 RUC, que constituyen un rol único de causa derivado del devenir de las investigaciones. Se trata de 134 investigaciones a nivel nacional, de las cuales 32 se encuentran, al discernir en qué regiones hay más investigaciones aperturadas, vinculadas a corporaciones y fundaciones, en la Fiscalía Regional de Antofagasta. En cuanto al número de corporaciones y fundaciones investigadas a nivel nacional, son, evidentemente, más de 8, según se dará cuenta. Y son 3 las investigaciones que, conforme a la facultad que tiene el Fiscal Nacional en su ley orgánica constitucional, la Ley 19.640, dispone del artículo 19, lo que permite, en definitiva, la investigación de determinados fenómenos o casos asignados a fiscales regionales, atendiendo a la complejidad de, entre otras, las materias invocadas. Gracias.
En la lámina que estamos observando se evidencia que son 11, eventualmente, las personas jurídicas sin fines de lucro que también son objeto de investigación. No olviden que la ley permite, de acuerdo a algunos delitos base que se están investigando, que eventualmente se genere responsabilidad penal de personas jurídicas, como son aquellas corporaciones y fundaciones sin fines de lucro que persiguen, precisamente, el bien común y el bienestar.
Social, entre otros, ¿no? Pero que, para la ley, siguen también siendo, o eventualmente, focos de responsabilidad penal desde el punto de vista de la persona jurídica. Al día de hoy tenemos 41 personas formalizadas a nivel nacional por temas de corporaciones y fundaciones o, en el caso de convenio, 21 de ellas, particularmente, se dan en la Fiscalía Regional de Bío Bío, en el contexto de investigaciones que dirige dicha Fiscalía. Veintidós personas son las que, en su momento, pueden seguir al día de hoy también sometidas a la medida cautelar personal de mayor intensidad, como es la prisión preventiva, dado la gravedad de los hechos, el carácter y la modalidad de su ejecución, la gravedad de la pena asignada al delito, entre otros factores que han podido determinar tribunales de justicia, tanto de primera como de segunda instancia, al revisar las Cortes de Apelaciones e incluso algunos pronunciamientos de la Excelentísima Corte Suprema, dando cuenta de algunos amparos interpuestos por las defensas.
El día de hoy nos tiene con dos acusaciones, es decir, con dos investigaciones que se encuentran ya en estado cerrado, y por tanto, con acusaciones fiscales presentadas ante los juzgados de garantía. Un esbozo, más o menos, del estado del arte. Teníamos, en su primera etapa, transferencias que provenían de MIMBO o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por más de 10.000 millones de pesos, que son las primeras noticias que tuvimos; insisto, son materia de investigación, lo que no quiere decir que todo esto tenga relación con ilícitos. Hago presente nuevamente eso, aunque lo refiera varias veces en mi exposición, tratándose de objetos de investigación y que no quiere necesariamente decir que sean ilícitos.
Sin embargo, en el devenir del desarrollo de las primeras diligencias administrativas o facultades de la Contraloría General de la República, en septiembre y octubre de 2023, comenzaron a llegar los primeros preinformes, pero ya no de transferencias provenientes de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo o del MIMBO, sino que provenían de gobiernos regionales. Y en eso, efectivamente, damos cuenta del cúmulo. Si uno hace un ranking solo por montos de transferencias, tenemos Los Lagos, con alrededor de 15.000 millones de pesos, que se transfieren a aproximadamente once fundaciones o corporaciones; y, en el caso de la Araucanía, con 44.000 millones de pesos, en trece fundaciones o corporaciones. El GORE de la Araucanía es el que, de manera notable, presenta la mayor cantidad de transferencias a corporaciones o fundaciones a nivel nacional.
Luego de ello, damos cuenta, precisamente, de solicitudes que dejan ver el estado del arte respecto de lo que eran las investigaciones. Como ustedes saben, honorables diputados y diputadas, en esta causa se han judicializado muchas investigaciones, de las cuales, el día de hoy se han presentado solicitudes de desafuero, en su oportunidad, del CIO de Ojea, que da cuenta, en mayo del año 2024, de la que fue confirmada –en este caso, aprobada– por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco y, posteriormente, en septiembre de 2024, aprobada también por la Excelentísima Corte Suprema. Hoy, dicha causa se encuentra en una vía cautelar personal de prisión preventiva.
En cuanto a solicitudes de otros desafueros, por razón de la investigación por Democracia Viva, que se inició en junio de 2023, se da cuenta de que, conforme al mérito de los antecedentes, tanto el Ministerio Público como, posteriormente, el Consejo de Defensa del Estado, presentaron su querella, de modo que se produjo una solicitud de desafuero por parte del Ministerio Público respecto de la Honorable Diputada Catalina Pérez, la cual fue aprobada por unanimidad por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero de 2025 y que, actualmente, se encuentra no firme y ejecutoriada, dado que debe ser revisada por la Excelentísima Corte Suprema, toda vez que existe un recurso de apelación deducido por la defensa de la diputada.
En resumen de causas, al día de hoy –a marzo del año 2025– se cuenta con 41 formalizaciones a nivel nacional, de las cuales seis tienen investigaciones; en total, se han formalizado más de 50 causas, con solicitudes pendientes o con acusaciones presentadas y formalizaciones en la Araucanía, según consta en la presentación. Solo, a grosso modo, un resumen de causas formalizadas; el listado quedará a disposición de las honorables diputadas y diputados, señor Presidente, para que puedan avanzar rápidamente en la exposición en cuanto a la singularización y, en lo propio, a la segunda de las propuestas.
Y ahora, después de haber hecho esta introducción, honorables diputadas y diputados, se pasará al análisis desde el punto de vista de la Fundación Pro Cultura. Fundación Pro Cultura fue…
Aquellas determinaciones que el Fiscal Nacional en diciembre del año 2023 tomó la decisión de disponer de un artículo 19, esto es, que esa investigación que impacta en varias regiones del país, por tanto uno pudiese decir “tengo varios fiscales investigando, quizás sobre los mismos hechos”, y que para una eficiencia y eficacia en el desarrollo de la investigación, el Fiscal Nacional adopta esta decisión. Efectivamente, actualmente está a cargo de la Fiscalía Regional de Coquimbo la investigación de Procultura. Procultura impacta en siete regiones; ustedes pueden apreciar en Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biodía y Magallanes. Se relaciona más bien con el origen de las transferencias. Los montos investigados bordean alrededor de 6.000 millones de pesos, que es el monto total de transferencias. Insisto, no quiere decir que todos sean objeto de investigación, pero están ahí; efectivamente, si se me pregunta el monto total de transferencias, alrededor de 6.000 millones de pesos, ¿de dónde provienen? Provienen, en alguna medida y en gran medida, de los gobiernos regionales y, particularmente, por los subtítulos 24 y 33 de la Ley de Presupuestos. El día de hoy es una investigación que se encuentra en plena etapa de investigación, con un cronograma de diligencias que se ejecuta día a día. La semana pasada se realizaron muchísimas diligencias y, por cierto, también esta semana. Con todo respeto, no les voy a poder señalar detalles, en virtud de que se encuentra bajo un secreto dispuesto por la ley, pero era importante evidenciar que la Fiscalía está llevando a cabo todas y cada una de las diligencias necesarias, e incluso más de las que se pueden imaginar, respecto del desarrollo de la investigación. Puedo anticipar que se trata de antecedentes serios y graves, que están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Fiscal. Dejo abierto el uso de la palabra para que puedan continuar los demás invitados. No sé, podemos tomar una definición que expongan y luego realizar preguntas, ¿les parece? Bueno, continuamos, dando preferencia a quienes están presentes. Así que, Directora Subrogante del Serviu de la Región de Valparaíso, por favor, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidente, y saludo a todos los integrantes de la mesa. Voy a hacer una breve presentación, ya que llevo un mes en este cargo subrogando la dirección del Serviu. Soy Nerina Paz López, arquitecta de profesión, y tengo una trayectoria de alrededor de 30 años como funcionaria pública, desempeñándome en distintos cargos y, principalmente, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ese sentido, mi presentación se circunscribe al proceso de trazabilidad en que se desarrolló este convenio en particular con la Región de Valparaíso, asumiendo que el ministro hizo su presentación en enero, donde se detalló toda la gestión realizada posteriormente a la firma del convenio en las distintas regiones. Voy a compartir pantalla. A ver, perdón, creo que eliminé el compartir. Sí, ya. Parece que había eliminado el compartir. Ahí está.
En ese tenor, mi presentación tiene tres puntos a desarrollar, que tienen que ver específicamente con el proceso que llevamos a cabo regionalmente en el marco del convenio con la Fundación ProCultura. Lo primero tiene que ver con el inicio de este proceso, mediante la delegación de facultades que se otorga a través de la Resolución 083 del 20 de enero, en la cual, en el punto 2, se delega en las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo la facultad de aprobar, mediante el correspondiente acto administrativo, los convenios de transferencia de recursos. Se establece que no deben exceder el monto de 5.000 UTM y, a su vez, también se celebran en el marco del programa de asentamientos precarios, conforme a las partidas establecidas en el presupuesto del año 2020.
En función de esta delegación de funciones a las secretarías ministeriales y el manual de procedimiento que está sancionado por la Resolución 8829, donde se aprueba el manual de procedimiento de asignación y transferencias de recursos al programa de campamentos de nuestro ministerio, con fecha 19 de noviembre, se gatilla el proceso de desarrollo de los convenios. Quise señalar acá, en la aplicación del manual, los cinco puntos donde efectivamente se desarrolla el proceso de elaboración de los convenios. Tenemos cinco etapas y los actos administrativos que van vinculantes con esas etapas.
Tenemos una primera etapa, en la cual la verificación de los recursos disponibles en el presupuesto está a cargo del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del MIMBU, del nivel central. Una vez que esa verificación se realiza, la segunda etapa es la solicitud de la propuesta de inversión regional. Esa solicitud se realiza del director de Serviu al Departamento de Asentamientos Precarios, a su encargado, y, perdón, hay una cosa previa. El punto 2 tiene que ver con la solicitud que se hace desde el Departamento de Asentamientos Precarios al director de Serviu para que elabore una propuesta que identifique los proyectos que estarán en la inversión a través de la transferencia al subtítulo 33.
Luego, la región, a través de su dirección de Serviu, hace una propuesta de inversión regional dando respuesta a este memo que elabora el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios. En el ordinario, el 8:17 del 21 de febrero del 2022, el director de Serviu da respuesta a este memo, señalando un listado de necesidades de transferencia de capital, donde ese listado establece estos tres convenios con Fundación ProCultura, de un listado en el cual retengo en la cabeza la cantidad que iban de transferencias a los municipios y a fundaciones. En ese ordinario se establece en detalle –y luego entraré a diferenciar cada uno de los puntos–: se establece el campamento al cual se va a atender, el monto que se va a transferir, la fundación a la cual se va a aplicar, las cuotas de transferencias que se van a realizar y el monto total.
Esta región, en particular, desde que aparece el tema de trabajo con fundaciones –que fue, más o menos, en el 2019–, establece dentro de sus requerimientos que las cuotas deben ser más que una, y por eso tenemos dos cuotas como región para transferir en cada uno de los convenios. Luego, una vez que el director de Serviu envía todo el detalle del requerimiento de esta identificación de necesidades de transferencia de capital, se hace una evaluación con una comisión interdisciplinaria en la que está presente el nivel central, es decir, el MIMBU, y, a requerimiento, se incorpora o no la región.
Finalmente, en su etapa 5 se da respuesta a esta solicitud que hizo el director de Serviu en su oportunidad, el año 2022, y se ratifica a través de un memo por la jefa del Departamento de Asentamientos Precarios del MIMBU, donde autoriza la transferencia de estos recursos a esas iniciativas que estaban estipuladas en el ordinario enviado el 21 de febrero. Acá entro en detalle, perdiendo el hilo en tres puntos que son incidentes en la elaboración de los convenios: uno, que tiene que ver con esta propuesta de inversión regional, que fue enviada el 21 de febrero por el director de esa época; y, por otro lado, el MEMO 152, que ratifica esa inversión solicitada por el Serviu regional. En lo que se expone en el medio se establece el detalle de lo que va en esa solicitud, es decir, el campamento con su nombre, el tipo de entidad que va a recibir los recursos, el nombre de la entidad, el tipo de inversión que responde a una estrategia de campamento –si se erradican o no–; en este caso, como es una erradicación, la intervención tiene que ver con la urbanización del terreno donde está asentado el campamento y el destino de la inversión, que en este caso fueron diseños de urbanización. Y ahí se hace…
Una proyección, ¿no es cierto?, de transferencia en dos cuotas, año 2022-2023, que son las sumas que aparecen en detalle ahí señaladas en la tabla. Cabe señalar que, en el caso particular de esta región, lo transferido al momento de que estalla esta situación fue la primera cuota, que corresponde a los 124,186,689 millones. Luego de esta primera etapa, entra una segunda etapa de aplicación del manual, que tiene que ver con el proceso de transferencia de recursos. En esa etapa, no es cierto, perdón, en ese acápice, vienen cinco etapas a desarrollar, que tiene que ver, una, con la suscripción del convenio entre Serviu, Seremi y la entidad receptora, donde se establece por parte de Serviu un mail que se envía a las contrapartes jurídicas de la Seremi de Vivienda, en el que se adjunta un archivo borrador del convenio, donde vienen todos estos insumos preestablecidos, que son los que mostré en la tabla anterior: nombre de campamento, nombre de fundación, montos asociados y productos. Ese detalle viene establecido en este mail borrador, que de acuerdo al manual debe enviarlo Serviu, en este caso de la Región de Valparaíso. Posterior a esa etapa, viene la aprobación mediante un acto administrativo del convenio de transferencia, que acá se ratifica a través de una resolución, ¿no es cierto?, el 14 de diciembre del 2022. Previo a ese acto administrativo, existe una etapa en la que el borrador del convenio tiene revisiones técnica, legal y financiera, en la que se hace un feedback en función de un protocolo interno de la Seremi, que va pasando por las distintas instancias para poder finalmente ratificar el convenio, que se firma por las autoridades de la Seremi, director o directora, y el representante de la fundación, y eso es sancionado a través de un acto administrativo que es la resolución que se indica, la 2977 del 14 de diciembre. Posterior a eso, en virtud de que esta resolución de aprobación del convenio se firma el 14 de diciembre, no dando espacio para poder transferir los recursos en el año presupuestario, se hace una resolución que establece una modificación, que es la número 1, para poder cambiar el año presupuestario del 22 al 23, del 23 al 24, en un oficio que se envía desde Serviu, en el que se ratifica que todos los convenios que estaban sancionados, en este caso el de ProCultura con la resolución 2977, deben hacerse esta modificación presupuestaria, porque no se hizo en el año que correspondía, que estaba establecido en el convenio original. Por lo tanto, esa modificación se ratifica a través de esa resolución, en la que su única modificación es el cambio del año presupuestario. Y luego viene todo el proceso de transferencia de recursos, en el que cada uno de los pasos siguientes se dejan comprometidos, autorizados y registrados en el SICFE, que, no tengo en la memoria el detalle, lo había copiado, pero que es el sistema de los fondos públicos que van en una plataforma del Ministerio de Hacienda de la DIPRES. Entonces, esa es la figura que tiene el proceso de elaboración y ratificación del convenio en virtud de este manual que fue aprobado en 2015. Posteriormente, viene la rendición de los recursos, ¿no es cierto?, a donde hay un manual de procedimiento que es difundido, que también es parte del año 2015, que se siguió en el proceso llevando a cabo las últimas tres etapas que mostré en la lámina anterior. Posterior a esto, es importante señalar algunas acciones que se han realizado en parte en relación a lo posterior a la firma del convenio y a las transferencias, que marcan su punto de inflexión con el problema y el estallido que se produce en junio del caso del convenio. En función de eso, la región ha adoptado medidas que tienen que ver con, por un lado, solicitudes de información al interior del ministerio, es decir, desde el ministerio hacia la región y luego
La Contraloría Regional emite dos informes finales, donde el primer informe establece las necesidades, obviamente, de un mayor control y aplicación de un nuevo manual, que fue planteado en detalle por el ministro en la sesión que se realizó en enero de este año. Luego, emite un segundo informe, con fecha 28 de mayo del año pasado, en el cual se desprenden dos grandes conclusiones: una, poner término anticipado al convenio; y la segunda, solicitar la restitución, tomando todas las medidas posibles para la restitución de los 109 millones a PP. En virtud de esa situación, la Seremi Mimbú, a través de su resolución exenta 1478, el 24 de noviembre, pone término anticipado al convenio, es decir, antes del pronunciamiento de la Contraloría. Posterior a eso, en virtud de que se realizó una solicitud, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Seremi Mimbú, interpone una demanda de cobro, cuya causa se tramita en el Tercer Juzgado Civil de Santiago, en contra de la Fundación, por la suma señalada de los 109 millones, aproximadamente. Con fecha 15 de enero del 2025, es decir, recientemente, se solicitó además una medida precautoria para celebrar actos y contratos, específicamente, para grabar y enajenar propiedad de una casa y un sitio de propiedad de la Fundación ProCultura, ubicada en la comuna de Los Andes.
Finalmente, pongo un detalle de las acciones regionales llevadas a cabo para adoptar las medidas que, en síntesis, señalé en la lámina anterior. El Serviu, en octubre del 2023, pidió a la Seremi que se evaluara la conveniencia de dar término al convenio. La Seremi inició un procedimiento de término anticipado de convenio en noviembre del 2023. El 24 de noviembre, la Seremi puso término anticipado al convenio, y el 27 de noviembre el Serviu envió información a la Seremi para efectuar el proceso de liquidación de dicho término anticipado. Así, se puso término anticipado al convenio el 14 de diciembre del 2023. Además, el 29 de noviembre del 2023, en el curso ordinario 2909, la Seremi solicitó al Consejo de Defensa del Estado que se adoptaran las medidas necesarias y pertinentes para poner término anticipado, solicitud que se realizó; y, a su vez, la Seremi Mimbú solicitó al Consejo de Defensa del Estado, en virtud de la liquidación del convenio, que se adoptaran todas las medidas necesarias para la restitución de los recursos.
Muchas gracias, esa sería mi presentación. Muchas gracias, directora.
Ahora vamos a continuar con el Consejo de Defensa del Estado, que en la sesión anterior no pudieron exponer, así que hago uso de la palabra. Señora Paulina Retamales, por favor.
No sé si me permiten compartir; no sé si tengo habilitada la opción para poder hacer una presentación.
Sí, está habilitada.
Están compartiendo, me parece. Un minuto, por favor.
No sé si ya se está viendo la presentación.
Así es, perfecto, se ve.
Bueno, agradezco esta instancia, porque creo que es importante poder exponer el trabajo que realizamos, en especial en causas penales, ya que muchas veces resulta incomprendido y se cuestiona, en ocasiones, la oportunidad en que el Consejo presenta su informe mediante la querella. Entonces, considero que este es un momento importante para poder ir compartiendo dichos detalles.
El contexto del trabajo del Consejo a través de sus atribuciones. Luego hablaremos de las actuaciones en concreto que hemos realizado con las investigaciones de la Fundación Pro Cultura, montos involucrados, que ya también lo han ido mencionando los distintos intervinientes en esta comisión, y las acciones civiles que también hemos ido presentando en el caso de Fundación Pro Cultura. Bueno, todos saben que dentro de las atribuciones del Consejo, en especial, está la defensa de los intereses patrimoniales del fisco y del Estado. Digo del Estado porque no solamente vamos a intervenir cuando sean órganos centralizados los involucrados, sino también cuando haya una afectación a servicios centralizados o descentralizados que puedan tener algún patrimonio fiscal.
Dentro de las intervenciones que tiene el Consejo, no solamente tenemos intervención civil, asumiendo la representación como demandado, sino también el ejercicio de acciones civiles para obtener el recupero de dinero que pueda haber sido desviado u obtenido de manera irregular por particulares. Pero también tenemos la defensa penal, y la defensa penal acotada a la legitimación que nos establece nuestra ley orgánica, que está en los artículos 3, numeral 4 y 5, y que señala de forma especial la relación cuando existe una afectación al patrimonio fiscal del Estado o cuando existen hechos cometidos por funcionarios públicos en el marco de sus funciones.
Bueno, dicho eso, el ejercicio de la acción penal del Consejo no nace al momento de presentar la querella; nace mucho antes y eso creo que es especialmente importante tenerlo a la vista. Nosotros primero tomamos conocimiento de una investigación, ya sea a través de una comunicación que hace directamente el Ministerio Público, por informes de Contraloría o por fuentes abiertas, denuncias de particulares, comunicaciones en los diarios; y luego de eso abrimos un asunto. ¿Qué significa eso? Se le asigna un abogado, tanto en el caso de Fundación Pro Cultura como en el de fundaciones en particular, y se adoptan decisiones más estratégicas, como en este caso fue analizarlo de una manera coordinada.
Una vez que tenemos estos asuntos, hacemos el estudio de los antecedentes, porque no olvidemos que la investigación está a cargo del Ministerio Público y nosotros actuaremos como querellantes; y para ello analizamos los antecedentes y, a partir de ello, adoptamos decisiones. ¿Qué decisiones? Es ver si, con los antecedentes, contamos con elementos suficientes como para sostener algún tipo de imputación y a quién corresponde asignar esa imputación y en qué calidad, para posteriormente presentar la querella.
En el caso particular de Fundación Pro Cultura, se nos fue remitiendo los antecedentes de las distintas investigaciones a lo largo del país por parte del Ministerio Público y también recibimos informes de Contraloría, los cuales, los primeros, fueron llegando en el mes de noviembre del 2023. Nosotros, ¿qué hemos hecho con esos antecedentes? Hemos ido analizando cada uno de ellos de manera coordinada y también hemos ido haciendo un seguimiento a los informes de Contraloría. ¿Por qué? Porque ustedes lo han visto en las distintas presentaciones, en que el informe que hace la Contraloría posteriormente gatilla observaciones que, en algunos casos, pueden ser constatadas, por lo que para nosotros es relevante ese seguimiento, ya que es lo que está haciendo la Contraloría dentro del marco de sus atribuciones al detectar si existen o no incumplimientos administrativos. Pero, para ello, es importante poder identificar si se trata solamente de una infracción administrativa o si hay algo adicional que pueda significar una imputación en sede penal.
Además, hemos solicitado oficios a los gobiernos regionales y a los organismos centralizados, y, por cierto, desde el mes de julio del año pasado hemos tenido constantes reuniones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, precisamente para poder ir identificando los estados de avance de los distintos convenios suscritos en el marco de esta investigación penal. Como les decía, luego de hacer este estudio, esta información es sometida a conocimiento del comité penal, comité que, luego de realizar un análisis en profundidad y en comunidad, con distintos consejeros y abogados, puede adoptar distintas decisiones. Una de ellas es mantener vigilancia, porque considera que los antecedentes que se tienen a la vista no son suficientes y que se requieren ciertas diligencias, que por lo demás el Ministerio Público ya puede estar desarrollando; pero para nosotros es relevante poder contar con esa diligencia concluida y analizada junto con los informes que haya presentado el Ministerio Público.
Vigilancia, quedamos a la espera de eso y sostenemos reuniones de coordinación con los órganos competentes, o puede también decidir presentar una querella. Esa querella, como les decía, tiene un análisis exhaustivo para efecto de determinar la calificación jurídica que se va a imputar y a quiénes son los implicados en ese presunto delito. Nosotros somos querellantes institucionales que debemos velar también por el resguardo de la información que estamos presentando y, por lo mismo, hacer una imputación, lo que para nosotros reviste la mayor responsabilidad, por lo que requerimos que toda la información y antecedentes consten en la carpeta investigativa para efectos de poder presentar finalmente la demanda.
Y bueno, la tercera decisión que podría tomar el comité es dar de bajo el asunto cuando considera que los antecedentes que están a la vista no permiten sostener una imputación penal, cosa que, en el caso de fundaciones, no ha ocurrido en ningún caso. Nosotros no hemos tomado la decisión de dar de baja ninguno de estos asuntos, sino que mantenemos esta vigilancia activa que requiere un análisis de los informes y reuniones de coordinación con el Ministerio Público, a quien agradezco por su intermedio, don Eugenio Campos Lucero, quien ha sido constante desde que esto estuvo en sus inicios en investigación.
En relación a los convenios, tanto en general como en esta investigación penal, el análisis que hace el Consejo parte de un análisis anterior a la suscripción del convenio. Hacemos un análisis de quiénes intervinieron, cómo se solicitó, qué es lo que estaba relatando ahora la representante de Vivienda y Urbanismo y cuáles fueron sus fundamentos, para ver si de ahí se extraen algunos elementos para poder hacer alguna imputación penal.
Analizamos también qué ocurre durante la vigencia del convenio. Una vez que se dictó la resolución y se aprobó, hacemos el seguimiento de si hubo o no un control del cumplimiento de los distintos hitos, si las rendiciones de cuentas fueron adecuadas a la legislación y, en caso de incumplimientos, el porqué se generó ese incumplimiento, ya sea por una falta administrativa o por una imputación que pudiese ser penal. Y el posconvenio también es parte del análisis que, en términos generales, hacemos respecto de este tipo de causas.
Una vez que presentamos nuestras acciones, a través de ellas solicitamos formalmente diligencias; digo formalmente, porque antes de la presentación de la querella el Ministerio Público también nos ha ido relatando las diligencias que han ido solicitando, y nosotros también podemos transmitir qué diligencias consideramos importantes disponer a la vista para efectos de tomar decisiones. Por lo tanto, esa coordinación constante también es relevante. Participamos en las audiencias relacionadas con las formalizaciones, medidas cautelares personales, entre otras medidas cautelares reales, que nos permiten, además, resguardar el eventual perjuicio fiscal que se esté realizando, y no solamente a través de acciones civiles, sino que en el ámbito penal también podemos lograr resguardar y recuperar parte del perjuicio que se ha generado en este tipo de delitos.
Como decíamos, en el caso Procultura a la fecha no existe ninguna acción formalizada; no obstante, el Consejo ya presentó una querella y, también como ustedes bien saben, esta causa fue asignada a un fiscal preferente y, luego de lo cual, se decretó una reserva amparada en la Ley 19.913, reserva que nosotros también consideramos y respetamos, atendiendo a los tiempos que se toma el Ministerio Público, dada la complejidad de las diligencias que se desarrollan en este tipo de reservas.
Línea de tiempo en relación a la actuación de Procultura. Esto se inicia con denuncias en junio del 2023, pero ya en julio del 2023 el Consejo crea una coordinación a cargo de Defensa Estatal, división que es la que dirijo y por eso también estoy aquí haciendo esta presentación. En el mes de diciembre se hace la agrupación por parte del Ministerio Público en este fiscal preferente, que en su minuto fue el fiscal regional de Aysén, y hoy sabemos que es el fiscal Cooper. En febrero del 2024 el Consejo ya presenta una querella. Precisar acá: presentamos esta querella a raíz de requerimientos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nos informó en el mes de diciembre que se había puesto término anticipado a cuatro convenios, de los cuales la totalidad de los dineros transferidos no habían sido restituidos ni rendidos. Por lo tanto, contábamos ya…
Con antecedentes serios de alrededor de 500 millones de pesos, de los cuales no teníamos conocimiento ni certeza de qué había ocurrido. Por lo tanto, el Consejo presenta esta querella en contra de la representante legal de Procultura. El 9 de abril se decreta esta reserva por la ley 19.913, pese a que las investigaciones, cuando estaban con los fiscales anteriores, algunas también tenían reserva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los antecedentes mayoritarios que hemos podido analizar son los que constan en los informes de Contraloría o los oficios que hemos recabado de los distintos gobiernos regionales. Muchas de las dirigencias que ha decretado el Ministerio Público están reservadas por razones que competen al Ministerio, pero que también comprendemos porque requieren hacer análisis mucho más complejos. Y esta reserva se alza ahora en abril del 2025, oportunidad en la cual, tomando conocimiento de esto, ya podremos adoptar decisiones de manera más concreta.
Como ya se ha ido conociendo por esta comisión, los convenios relacionados con Procultura: tenemos siete convenios del GORE y nueve convenios del MIMBU que se encuentran en estas siete regiones: Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío y Magallanes. Acá, como se mencionaba, el análisis realizado a la fecha ha consistido en un seguimiento de los convenios, considerando el monto de cada uno, lo efectivamente transferido, lo rendido y aprobado, y, por lo tanto, cuánto es lo que está pendiente de reintegrar. Esta presentación será remitida a la comisión para su conocimiento; pero, de los antecedentes que tenemos, el monto por reintegrar en los convenios del GORE asciende a 2.424 millones de pesos, monto que, según se ha informado en muchos de los gobiernos regionales, también está siendo discutido en sede civil.
En relación al MIMBU, la diferencia entre el monto del convenio y el monto pendiente por rendir implica que lo pendiente asciende a 789.000 millones de pesos, por lo que, como Consejo, ya estamos ejerciendo acciones civiles para resguardar dicho perjuicio. En sede penal hemos estado realizando análisis de antecedentes, pero también estamos protegiendo este perjuicio a través de acciones civiles, llevadas a cabo mediante restitución de dinero y la defensa de una acción en beneficio del GORE de Santiago. Respecto a la restitución de dineros, además de ejercer las acciones civiles, se han presentado medidas prejudiciales precautorias para contar con un resguardo de dinero y poder hacer efectiva la eventual condena favorable al fisco. Si bien las medidas prejudiciales respecto de las cuentas bancarias no fueron fructuosas—no se logró obtener un resguardo—sí se consiguió la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de dos inmuebles a nombre de Procultura, estableciendo así cierto resguardo en sede civil.
En sede civil se mantienen cinco acciones de restitución, cuyo monto demandado asciende a 661.000 millones de pesos, junto con dos medidas precautorias relativas a inmuebles identificados a nombre de Procultura. Éste es el detalle de las acciones ejercidas. Existen dos acciones civiles en Santiago que se refieren a convenios celebrados con la Seremi de la Cultura y las Artes, y en Antofagasta se presenta la acción más cuantiosa, la cual además motivó que el Consejo de Defensa presentara la querella en febrero del año 2024.
La última acción en la que participamos es asumir la defensa del gobierno regional de Santiago. En diciembre del 2023, el gobierno regional nos requirió para defenderlo en una acción, consistente en una medida prejudicial precautoria interpuesta por la aseguradora Porvenir, compañía que otorgó las pólizas de garantía que resguardaban el 100% del convenio suscrito por dicho gobierno. Nosotros asumimos la defensa y, actualmente, estamos discutiendo la posibilidad de revocar la medida prejudicial que paralizó la entrega de los fondos resguardados por dichas pólizas, pendiente de ser legada a la Corte de Apelaciones de Santiago, con la expectativa de lograr su revocación.