En materia de Código Tributario, respecto a lo que son las entidades que van a ser emisoras de tarjetas de prepago, bancarias o no bancarias, y que tendrán, justamente en relación con esta iniciativa, lo que hace –reiteramos en términos más concretos y simples– es simplificar, hacer más fácil, más accesible y más rápida la promoción de la actividad económica en el territorio nacional, obviamente con los resguardos y las medidas concretas en materia de fiscalización oportuna. Ese es el primer proyecto.
El segundo, que está en la tabla y que revisamos ya también en mayor detalle, es una iniciativa que consagra una serie de funciones en materia de prevención social situacional y comunitaria del delito en el marco del apoyo y asistencia a víctimas que hayan padecido las consecuencias de actividades o de hechos delictuales. En el marco de la prevención, el proyecto señala, por ejemplo, que cuando se trate de financiar proyectos con la finalidad de dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores, estos proyectos deberán ser siempre coherentes con el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y con los planes anuales de gestión operativa y administrativa que estén vigentes y que hayan sido dictados por el Ministerio a cargo de la seguridad pública, así como con las políticas nacionales correspondientes. Además, se establece que habrá una manera orgánica y distinta de trabajar en materia de diseño, aprobación, ejecución y aplicación de políticas, planes, programas y proyectos regionales en prevención social situacional y comunitaria del delito, así como en materias relacionadas con la asistencia a víctimas en las distintas regiones del país, en coordinación con los organismos públicos competentes, sin perjuicio de las funciones del Ministerio encargado de la seguridad pública, que recordemos, hasta hoy, es el Ministerio del Interior, pero que próximamente será el Ministerio de Seguridad Pública (ya despachado por este Congreso Nacional y que está pronto a hacer ley de la República en el ejercicio de esa función). Según el proyecto, las políticas, planes y programas deberán ser consistentes y debidamente coordinados con la política nacional de seguridad pública interior, el Plan Nacional de Seguridad Pública y prevención de la violencia y el delito, y con los instrumentos de gestión y directrices del Ministerio encargado de la seguridad en ese ámbito.
Comienza entonces la sesión de sala. Nos quedamos con la transmisión en directo del trabajo de las y los diputados aquí en Cámara de Diputadas y Diputados de la edición. El acta de la sesión número 127 se declara aprobada; el acta de la sesión número 128 está a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. A continuación, el señor prosecretario dará lectura de la cuenta.
Gracias, señor Presidente. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 137. Para hoy, 5 de marzo, se ha recibido un oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de suma, para el despacho del proyecto que establece una nueva Ley General de Pesca y de Drogas, según indica oficio del Senado, mediante el cual se comunica que tomó conocimiento del rechazo, por parte de la Cámara de Diputados, a una de las enmiendas propuestas al proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Se presenta, además, el segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, recaído en el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 18.290 de Tránsito para tipificar el delito de no detención o fuga del conductor intimado por la policía con fines de control o fiscalización. Asimismo, se ha recibido un oficio de la Comisión de Seguridad Ciudadana por el cual se solicita recabar el acuerdo de la sala, de conformidad con el artículo 17a de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los proyectos originados en moción, contenidos en los boletines 17 111 y 17 125, relativos a la obligación de acreditar el origen lícito de dineros destinados al pago de cauciones y honorarios de abogados en los casos que se indican.
Finalmente, se presenta el proyecto iniciado en moción de los diputados Vinter Barrera, Bernales, Bianchi, Jordano, Manu Oyarzo y Pino, y de las diputadas Javiera Morales y Carla Morales, que prohíbe contratar servicios de teleoperadores que funcionen fuera del territorio nacional.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Acevedo, Castillo, Nullado, Pizarro y Enriquelme, y de los diputados señores Mulet y Ramírez, don Matías, que modifica la ley general de servicios sanitarios para eximir a las comunidades de desagüe del pago de la tarifa del servicio de alcantarillado.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Castillo, Acevedo, Jerez y Pizarro, y de los diputados señores Ramírez, don Matías, que modifica la carta fundamental para suspender el pago de la dieta parlamentaria en caso de desafuero.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cordero, Flores, Morales, doña Carla, Osandón y Rafael, y de los diputados señores Beltrán, Castro, Durándon, Eduardo y Rey, que modifica el código sanitario para prohibir el uso de eritrosina en productos alimenticios destinados al consumo humano.
Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Teao, que modifica la Ley 19.300 para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental a aquellos proyectos o actividades emplazados en zonas que presenten riesgo de colapso de la superficie.
Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Navellán, y de los diputados señores Araya, don Jaime, de la Carrera, Kaiser, London y Chalper, que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción única en caso de pérdida total.
Finalmente, señor presidente, una copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional, recaída en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputadas y diputados respecto al artículo uno, numeral uno, letra B, del proyecto de ley, que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que la ley indica.
Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente. Muchas gracias, los secretarios, sobre la cuenta, diputado.
Gracias, presidente.
El punto nueve, que se traslade de la Comisión de Medio Ambiente a Economía. Por favor.
Es una moción del diputado Teao, ¿habría acuerdo ante la solicitud del diputado Andorraga? No hay acuerdo. En votación, la solicitud del diputado Andorraga.
Secretario, ¿puede comentar qué es lo que vamos a votar? Brevemente, honorable Cámara, mientras colocamos en la… la… el llamado a la votación.
Lo que ha pedido el diputado señor Francisco Andorraga es que el proyecto de ley que está en el punto número nueve de la cuenta, que es una moción iniciada por el diputado señor Teao, y que modifica la Ley 19.300 para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental a aquellos proyectos o actividades emplazados en zonas que presenten riesgos de colapso de la superficie, sea remitido a la Comisión de Economía en lugar de a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es lo que el presidente va a poner. Por eso, como no hay acuerdo, lo sometemos a votación. Como no hay acuerdo, lo sometemos a votación.
Vamos a estar, eh, diputados Santibáñez. Es que, es que no había punto sobre la cuenta. No, no, está bien. Presidente, muchas gracias.
¿Existe alguna explicación del por qué la petición, teniendo en cuenta que se trata de un tema directamente comprometido con medio ambiente? Es un poco lo que pasa con el deporte cuando quieren discutir un tema de deporte. Por si no, por aquí tenemos las comisiones con nombre y apellido. Muchas gracias.
Mire, vamos, vamos a hacer una excepción porque esto se vota sin discusión, pero diputado Andorraga, si usted puede explicitar por qué. Indudablemente, este es un tema de medio ambiente, pero este propio gobierno, que apoya a la diputada Santibáñez por su intermedio, está en un esfuerzo para encuadrar la permisología en un solo tema. Entonces, por eso es que yo pido que se remita a la Comisión de Economía.
En votación.
¿Han votado todas las diputadas y diputados? Resultado de la votación: por la afirmativa, treinta votos; en contra, veinte; y seis abstenciones. Aprobada la petición.
Sobre la cuenta, diputado. Muchas gracias, presidente.
El punto 4. Hay un oficio de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde... ¿Diputado? Perdón, viene ahora el asunto de la cuenta, así que, vamos. Entonces, cerrar la cuenta… cerrar las peticiones de la cuenta. Diputada Santibáñez, ¿sobre la cuenta? Sí, presidente. Mire, básicamente, si se pudiera considerar que así ha sido, de la Mesa y de la Secretaría, que este tipo de votaciones, de peticiones, de cambios de discusión en comisiones, pudiera realizarse al final de la cuenta, una, porque tenemos la posibilidad de estudiar qué se está cambiando, ya que, de lo contrario, se desvirtúa. Yo les voy a poner, simplemente, el ejemplo del deporte nacional, como la rayuela, que efectivamente es el deporte nacional, y se pidió que se discutiera el tema de la posibilidad de que el rodeo fuera deporte nacional en agricultura, solo porque se tenían los votos. Eso desvirtúa la discusión legislativa. Yo quisiera que consideraran, si se pudiera discutir en reunión de comités, la posibilidad de que los cambios de discusión de las comisiones se hicieran al final de la cuenta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.
Hemos aplicado, créame, el reglamento a cabalidad en las votaciones, y, obviamente, es una situación que siempre se puede revisar. En asuntos de la cuenta, si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por la cual se solicita el acuerdo de la Sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos originados en moción, contenidos en los boletines 17111-07 y 17125-25, relativos a la obligación de acreditar el origen lícito de dinero destinado al pago de cauciones y honorarios de abogados en los casos que se indican.
¿Habría acuerdo? Ha acordado. Ha acordado.
Entrando en el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que modifica cuerpos legales que indica en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, correspondiente al boletín 17322-03. Para la discusión de este proyecto, se otorgarán tres minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.
Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Jaime Naranjo.
Gracias, señor presidente. En nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar a esta Honorable Sala el proyecto de ley que modifica los cuerpos legales que indica en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica.
Honorable Sala, la Comisión de Hacienda, en su condición de comisión técnica, pasa a informar a esta Sala el proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica los cuerpos legales que indica en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica. Concurrió, en representación del Ejecutivo, a presentar el proyecto la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner, quien estuvo acompañada de representantes de los diversos servicios públicos comprendidos en las disposiciones del presente proyecto de ley.
La Comisión escuchó también la posición de diversos gremios del transporte de carga, quienes se refirieron, particularmente, a la disposición relativa a la jornada de trabajo de los conductores de vehículos de carga terrestre interurbana. La idea matriz de la iniciativa apunta a remover diversos obstáculos que afectan a distintos sectores de la economía en un momento en que su reactivación resulta de primera importancia. Además, busca fortalecer la competitividad del país mediante ajustes normativos puntuales que otorguen mayor certeza jurídica y faciliten la toma de decisiones en los ámbitos público y privado.
En sus fundamentos, el proyecto de ley subraya que, en el actual escenario de globalización económica, disponer de un marco regulatorio claro, predecible y armonizado es un requisito indispensable.
para atraer inversiones, fomentar la innovación tecnológica y promover el desarrollo sostenible de sectores estratégicos. Se declara, en el mismo sentido, que este proyecto refleja el compromiso del Estado con la mejora continua de su sistema regulatorio respondiendo a las necesidades de adaptarse a los requerimientos de un entorno económico en constante evolución. En particular, la iniciativa de ley modifica la ordenanza de aduana para dar mayor certeza jurídica en materia de plazos de impugnaciones de ciertas disposiciones administrativas y en la forma correcta de realizar las notificaciones. En el Código Tributario, por su parte, se modifica el procedimiento de la norma general antilusiva estableciendo que la aplicación de la multa se pida junto con la declaración de abusos o simulación ante el mismo tribunal y se haga exigible solo tras asistencia firme. Se autoriza al Banco Central a suscribir y pagar el aumento de la cuota de nuestro país en el FMI, precisando la fuente de financiamiento para ese mayor gasto. La norma en trámite establece también dos disposiciones interpretativas a la legislación que redujo la jornada laboral a 40 horas en lo referido a la jornada de conductores de transporte de carga. En el marco de la Ley Marco de cambio climático, se prorrogan los plazos para elaborar planes de acción comunal de cambio climático y para actualizar los planes de acción regional de cambio climático, ya que se encontraban en elaboración el 13 de junio del año 2022. En la ley de presupuesto vigente, se reemplaza la Glosa 06 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para comprometer el ingreso a más tardar el 30 de junio al trámite de toma de razón y no a la tramitación total del Reglamento de ley que regula el subsidio a la demanda, el mismo plazo en que se presentará un programa para el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones con el fin de incluir recursos de la ley de presupuesto del 2026 para financiar el acceso a ese servicio. En materia de transportes y con el objetivo de disminuir las barreras de entrada e incentivar la competencia en los procesos de licitación de sistemas de transporte público, se autoriza al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a transferir recursos al Fondo de Infraestructura para la adquisición y posterior arrendamiento de terminales de buses en el Gran Valparaíso. En el ámbito de la Administración Municipal, el texto propone una prórroga diferenciada para las patentes otorgadas desde el término de la alerta sanitaria por el COVID-19 y dispone un nuevo plazo máximo para las patentes provisorias de hasta tres años. Por otra parte, se elimina en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, particularmente en las medidas de agilización de permisos de construcción, la participación de la Comisión para el Mercado Financiero, devolviendo al Senado la competencia exclusiva en materia de protección al consumidor. También se busca eliminar la opción de negar el alzamiento de hipotecas y grabámenes cuando no existan obligaciones pendientes, garantizando claridad y certidumbre para consumidores y autoridades. Además, la norma permite, entre el primero de enero del año 2025 y la publicación de la modificación al Decreto Supremo número 82 del 2010, la presentación y aprobación de planes de trabajo para el descepado en terrenos con pendiente entre 10 y 30% con erosión moderada a muy severa, así como en terrenos con pendiente superior al 30%. En la Ley sobre Universidades Estatales se incorporan normas en materia de compras públicas y venta de productos resultantes de su actividad para fomentar la flexibilidad y la eficiencia con que estas entidades pueden destinar recursos a la generación de conocimiento y soluciones innovadoras. En materia educacional, se autoriza extraordinariamente a los sostenedores a aumentar sus cupos de modo de atender la demanda insatisfecha de matriculación.
en su respectiva comunidad, en su respectiva comuna, y para que puedan impulsar la subvención por los nuevos estudiantes que se matriculen desde una fecha anterior. En este mismo ámbito se autoriza durante el año 2025 el funcionamiento de la modalidad de educación de jóvenes y adultos en lugares distintos de los centros educacionales, de modo de enfrentar la situación de aquellos establecimientos que fueron autorizados de hacerlo entre el año 2019 y 2022, particularmente en la región de Valparaíso. Se adiciona a lo anterior la regulación expresa de compensaciones a usuarios por interrupciones o suspensiones en el suministro de agua potable o servicios sanitarios, el reajuste de los derechos a pagar por los trámites ante la Comisión para el Mercado Financiero, la aplicación del Estatuto Administrativo a los jueces del Tribunal de Contratación Pública en materia de feriados cometidos, comisiones de servicio y permiso, la liberación del límite de los premios que puede pagar la Apoya Chilena de Beneficencia, la modificación a las reglas de incompatibilidad de los consejeros del Consejo para la Transparencia, disponiendo que el cargo se considera compatible con el desempeño de actividades académicas en universidades estatales, la clarificación de las multas aplicables en el marco del sistema CATI y la designación de la Tesoría General de la República como la entidad a cargo de su recaudación, la excepción transitoria a los proyectos de construcción de viviendas sin tener público, de contar con autorizaciones de la Dirección General de Agua cuando sólo se afecten causas artificiales y se cumplan los demás requisitos que se establezcan, y el resto es ruego estucemiento de la implementación del Servicio de Vía, Diversidad y Áreas Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aumentando plazos originales de instalación institucional. En lo referido a su incidencia fiscal Honorable Sala, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que por tratarse mayoritariamente de normas aclaratorias, la implementación del presente proyecto de ley no irregulará desembolsos fiscales; por el contrario, el incremento de los derechos por trámites cobrados por la Comisión para el Mercado Financiero significará mayores ingresos que se estiman en 800 millones adicionales a los proyectados en la Ley de Presupuestos del año 2025. Los integrantes de la Comisión plantearon diversas preguntas a las autoridades presentes y manifestaron sus inquietudes ante las misceláneas materias tratadas en el proyecto de ley. Finalmente, puesta en votación la idea de legislar, resultó aprobada por la unanimidad de los 13 parlamentarios presentes. Posteriormente, en la votación particular, la Comisión aprobó la totalidad de los artículos del proyecto, con la excepción del numeral 12, que flexibiliza las compras realizadas por los centros de investigación, desarrollo o innovación en que participan universidades estatales y amplía sus facultades para vender los bienes muebles y productos que generen su actividad, lo que resultó rechazado. Se aprobaron en cambio dos indicaciones parlamentarias, una para sustituir la disposición interpretativa sobre la jornada laboral de los conductores de transporte de carga y la otra para disminuir el periodo de interrupción del servicio de agua y la recuperación del servicio por parte de las empresas proveedoras de servicios sanitarios. Acogiendo las inquietudes de los integrantes de la Comisión, el Ejecutivo también presentó indicaciones para añadir, entre las entidades financieras que deben reportar al Servicio de Impuesto Interno, los saldos bancarios sobre 1.500 unidades de fomento a las entidades emisoras de tarjetas de prepago bancario o no bancario, así como para incorporarlas entre los productos e instrumentos cuyas transferencias deben ser reportadas. Se adicionó también la prórroga por un año, hasta el 31 de diciembre del año 2026, del reingreso parcial del impuesto específico al petróleo diésel que beneficia a las empresas de transporte de carga, medida que genera un gasto tributario adicional.
Estimado en 45.651 millones el primer año y de 60.868 millones el segundo año. Y finalmente, Honorable Sala, se agregó un artículo nuevo para rebajar la tasa del impuesto de primera categoría a las empresas del régimen ProPyme, desde el 25 al 12,5% para los años 2025 al 2027, mientras que en el año 2028 será del 15%, siempre que la cotización contenida en la reforma previsional en trámite sea hasta un 5% al cierre de sus ejercicios. Este beneficio genera un impacto fiscal por menores ingresos de 523 millones en el año 2026, 532 millones en el año 2027, 541 millones en el año 2028 y 441 millones en el año 2029.
Como consecuencia de lo señalado, la Comisión de Hacienda recomienda a este Honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos expuestos. He dicho, señor Presidente, Honorable Sala. Muchas gracias. Muchas gracias al Diputado Jaime Naranjo. Para iniciar el debate ofrezco la palabra al Diputado Miguel Mellao.
Gracias, Presidente. Bueno, Presidente, estas leyes misceláneas las veíamos junto con el reajuste al sector público todos los años y es lo que prometió el Ministro de Hacienda; se colocaron estas leyes misceláneas para modificar algunas cosas y, lo más importante, se acogieron algunas indicaciones de diputados, entre ellos los diputados de Renovación Nacional, Frank Zawerman y Miguel Mellao, sobre cerrar esa brecha que quedó mal escrita en el proyecto de ley de cumplimiento tributario respecto de las 50 transferencias, en el que aquellas tarjetas no bancarias quedan afuera explícitamente. Se colocó esa indicación y se mejoró el proyecto para cerrar la brecha de evasión y que, efectivamente, pudieran llegar los ingresos que por ahí se evaden.
También hay normas tributarias que clarifican el plazo de la Ley de Aduana, y otras relacionadas con el Banco Central, que se faculta a suscribir cuotas en el Fondo Monetario Internacional. También la interpretación de la ley de 40 horas, en la que existía una diferencia entre lo que estaban haciendo los empresarios y lo que establecía la Dirección del Trabajo, requiere dejar con claridad lo que indica dicha ley. Asimismo, la ley del marco del cambio climático fija un plazo de un año para que los alcaldes cuenten con un plan, ya que la gran mayoría solicitó ampliar el plazo por no disponer de uno hasta el momento.
Se incluye el reglamento de internet como servicio público, la autorización del Ministerio de Transporte para usar fondo de infraestructura en el Gran Valparaíso y la extensión de la vigencia de las patentes municipales provisorias. Considero que es un gran anhelo que esto venga también a solucionar un tema que, por sí mismo, modifica la ley Fuenzalida, al eliminar la norma que permitía no alzar hipotecas pese al pago completo de la deuda hipotecaria. Esto era una mala práctica, por lo que, si pagas tu deuda hipotecaria, deben alzarte de forma inmediata la propiedad; y eso ya quedó claro.
En cuanto a excluir a las universidades estatales de la Ley de Compras Públicas, esta norma fue rechazada en la Comisión, ya que no corresponde otorgar este privilegio a las universidades estatales de quedar excluidas de las licitaciones. También se trataron normas en materia de educación, sanciones por la interrupción del servicio de agua potable, aumento de los precios aplicables a la Comisión de Mercado Financiero, ajustes en el apoyo chileno de beneficencia para destinar una mayor cantidad a premios —debido a que, en cuanto a competencia, estaban mal—; asimismo, se abordaron las viviendas de interés público, que requieren permiso de la DGA, entre varias otras normas.
Por lo tanto, acá llamamos a aprobar. Muchas gracias, diputado Mellao.
A continuación, ofrezco la palabra al diputado Felipe Donoso.
Gracias, Presidente, Honorable Sala. Efectivamente, esta es una ley miscelánea y muy miscelánea, que aborda 22 temas.
Distinto. Pero quiero llamar la atención especialmente sobre dos. Uno de ellos es entender la necesidad de las pymes y mantener el impuesto en un 12,5% durante varios años más, para que así puedan sobrevivir y apalear un poco incluso los costos de la reforma previsional, y podamos dar a las pymes una posibilidad de sobrevivencia en tiempos difíciles, que lamentablemente este gobierno no ha sido capaz de abordar de otra manera mejor.
Pero también existe otro artículo que cambia algo, creo yo, importante. La ley de 40 horas buscaba un mejor descanso para los trabajadores, pero, lamentablemente, por la especial condición de los choferes de camiones, quienes no llegan a sus casas y no tienen un lugar donde descansar adecuadamente, no era la mejor solución. Por eso, esta solicitud de cambio que hicimos a través de una indicación parlamentaria contempla la necesidad que expresan, desde los choferes hasta los dueños de camiones y, por supuesto, las familias de dichos trabajadores, de poder tener más días de descanso en sus vacaciones, compensándolos de una manera correcta, para que efectivamente puedan descansar en un lugar adecuado y no en un paradero de carretera.
Por eso creo que es importante incorporar estos cambios que se están introduciendo en esta ley miscelánea. Hay una serie de otros cambios que, por cierto, muchos de ellos son necesarios; algunos son producto de improvisaciones que hubo que corregir a través de esta ley miscelánea. Creo que, en general, esta ley aporta a mejorar la condición de vida de los chilenos y, por tanto, debemos aprobarla.
Muchas gracias, Presidente, he dicho. Muchas gracias, diputado Felipe Donoso.
A continuación, ofrezco la palabra al diputado Agustín Romero.
Gracias, Presidente.
Este proyecto, que busca simplificar regulaciones y promover la actividad económica, es muy importante. Chile enfrenta una crisis económica preocupante y cualquier esfuerzo que apunte a destrabar el aparato productivo merece nuestro respaldo. Es por ello que votaremos a favor de esta iniciativa, Presidente. Sin embargo, quiero ser claro: no todo en este proyecto es positivo. Hay artículos que merecen una votación separada porque representan riesgos, malas prácticas o intentos de manipulación política por parte de este Gobierno.
En primer lugar, votaremos en contra del artículo 4. Esta norma busca elevar a rango legal un dictamen de la Dirección del Trabajo sobre la reducción de la jornada laboral de 40 horas. Lo que se pretende es consolidar una interpretación administrativa, a nuestro juicio cuestionable, que afecta la certeza jurídica de empleadores y trabajadores.
También votaremos en contra del artículo 7, porque implica una transferencia de recursos para la adquisición de terminales de buses en Valparaíso, profundizando, a nuestro juicio, el uso del Fondo Espejo Transantiago para iniciativas que no solucionan los problemas del transporte público. No es aceptable que se sigan gastando recursos de manera ineficiente.
En cuanto al artículo 19, nuestro voto será en contra; se pretende permitir que los consejeros del Consejo para la Transparencia ejerzan la docencia en universidades estatales, generando un evidente conflicto de interés. Aquí, por ejemplo, podría ser consejera del Consejo para la Transparencia, Elisa Loncón, y nadie podría pedirle, por ejemplo, en qué se gastó el dinero en su año sabático. No podemos permitir que quienes regulan estas instituciones tengan, al mismo tiempo, dependencia económica de ellas.
Asimismo, votaremos en contra del artículo 20, el cual pretende modificar el sistema de multas del sistema Cati, limitando la intervención judicial en su aplicación. Esto atenta contra el debido proceso y podría derivar en abusos administrativos inaceptables.
El artículo 21 también merece nuestro rechazo. Se establece una excepción transitoria para la construcción de viviendas de interés público en causa artificial; esta solución es, a nuestro juicio, insuficiente y no garantiza que estas obras sean seguras y eficientes.
Finalmente, el artículo 22 es inaceptable y votaremos en contra, porque se busca adelantar el traspaso del personal desde CONAF al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, permitiendo que este Gobierno defina la totalidad de la nueva planta de funcionarios antes del cambio de administración. Este es un intento descarado, a nuestro juicio, de asegurar posiciones políticas en el aparato estatal.
Presidente, el país necesita crecimiento, pero con reglas claras y sin manipulaciones. Votaremos a favor de este proyecto en su conjunto, pero rechazaremos los artículos que he indicado porque, a nuestro juicio, vulneran principios fundamentales de buena administración, transparencia y justicia.
He dicho, Presidente. Muchas gracias, diputado Romero.
Ofrezco la palabra al diputado Frank Zawarba.
Gracias, Presidente.
Presidente, esta nueva ley, más que miscelánea, consta de más de 20 artículos distintos que abordan materias diversas, pero, sin duda, corrige algunos defectos menores que presentaban varias leyes durante el año 2024.
Como por ejemplo la ley de cumplimiento tributario. Asimismo, esta ley va a promover la simplificación del marco regulatorio asociado a inversiones, dotándolo de claridad, certeza y armonía, permitiendo así atraer recursos productivos, fomentar la innovación tecnológica y favorecer el crecimiento sostenible y sólido de distintos sectores estratégicos del país.
Presidente, hay dos normas a las cuales yo me quiero referir, que son básicamente una que tiene que ver con la construcción de vivienda social. Nosotros, en este proyecto, lo que hacemos es exceptuar durante el año 2025 a los proyectos de construcción de vivienda de interés público de la necesidad de contar con autorizaciones previas de la Dirección General de Agua, cuando se modifiquen algunos cauces artificiales, dado que hemos tenido, en reiteradas ocasiones, problemas para incluso construir vivienda social.
La Dirección General de Agua cuenta con una tarea que es tremendamente noble y que va en beneficio de muchísima gente, pero creemos que, dado a la burocracia que ellos hoy día presentan, finalmente terminan entrampando proyectos de vivienda social que son tremendamente relevantes para nuestras comunidades. Por lo tanto, en este proyecto lo que hacemos es exceptuar durante este año 2025 justamente para acelerar la inversión social, pero también para llevar un beneficio a nuestra gente.
Hay otro aspecto, Presidente, que nosotros queremos resaltar, que es la sanción que hoy día no existe, a diferencia de lo que pasa con los cortes de la electricidad que hemos visto, por ejemplo, hace unos días. Hoy día en la ley existe una sanción para quienes hacen interrupción del servicio eléctrico; esa misma sanción no existe para la interrupción de servicios de agua potable o alcantarillado. Esta norma fija mecanismos de compensación directa para usuarios afectados por interrupciones o suspensiones en el suministro de agua potable, aclarando el régimen de compensaciones aplicable y la base sobre la cual se van a calcular.
Por lo tanto, Presidente, aparte hay 20 normas más, como la modificación a la ley fue en salida, también los ajustes a la apoya chilena de beneficencia, aumenta los precios aplicables a la Comisión para el Mercado Financiero, ajusta también el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, y una serie de otras normas que nos parecen relevantes, pero yo quise resaltar estas dos, que nos parecen ser las que más impacto tienen en nuestras comunidades, sobre todo en los sectores rurales, que se ven afectados por la construcción de vivienda social en donde la Dirección General de Agua tiene que pronunciarse, y también la compensación por cortes de agua y alcantarillado que hoy día no existe, como parte de una sanción por corte de servicio que hoy día nosotros integramos en esta nueva norma y llamamos a votar a favor, Presidente.
Muchas gracias, Diputado Zagorba.
Ofrezco la palabra al Diputado Johannes Keizer.
Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar me sorprende que entre un proyecto de ley que es tan evidentemente una ley miscelánea como este, y que no haya sido representado en las instancias en que debió haber sido representado. Es tan misceláneo que entra a modificar la ley de presupuesto. La Constitución establece claramente cuál es el marco de discusión de la ley de presupuesto, señor Presidente.
Lo que están haciendo aquí es abiertamente inconstitucional, una modificación de la closa. En este momento se salta lo que son las normas que establece la propia Constitución para la discusión de nuestro presupuesto nacional. No corresponde.
Por otro lado, amplía, según lo que veo, también nuestro compromiso financiero con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Me gustaría entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo con esta normativa, que la verdad es que es un Frankenstein legislativo donde se suman cosas que sencillamente son de todas las posibles comisiones que tenemos en este Congreso. ¿Cómo se puede legislar algo así en una sola comisión?
Señor Presidente, no es responsable la forma en que está legislando este Gobierno. Primero, con las urgencias, con las sumas urgencias, impidiendo que pueda funcionar la tramitación normal de una legislación; y después, poniendo este mamarracho legislativo que tiene muchas cosas buenas, sin duda, pero que impide trabajar legislativamente de manera ordenada en los distintos temas. No corresponde. Esto, no sé, pero no es una forma de trabajar seria, señor Presidente. Y Chile adolece de falta de seriedad hace ya demasiado tiempo. No tenemos seriedad en las finanzas, no tenemos seriedad en las cifras que nos entregan, no tenemos seriedad en nuestra proclamación.
de seguridad. ¿No somos ya un país serio? ¿Que tramitamos este tipo de normas de esta manera? Bueno, votaremos en consecuencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. Ofrezco la palabra al diputado Boris Farrera.
Gracias, presidente. Bueno, nuestra economía presenta múltiples desafíos que le permiten dar un salto cualitativo y avanzar a una economía más sofisticada para mejorar la vida de todas y todos los chilenos. Entre los desafíos encontramos la necesidad de una mayor productividad, fortalecer la industria, mayor inversión en ciencia y tecnología, diversificar nuestra matriz productiva. Pero también enfrentamos desafíos de índole regulatoria. El crecimiento económico de Chile exige un marco regulatorio que sea claro, eficiente y acorde con los desafíos contemporáneos, obviamente sin dañar el medio ambiente ni perjudicar los derechos de las personas. En ese sentido, la modernización y simplificación de las normas vigentes constituyen tareas esenciales y continuas.
Este proyecto de ley tiene como objetivo principal eliminar obstáculos que afectan a los diversos sectores de la economía nacional en un contexto donde su reactivación resulta prioritaria. En este contexto, el proyecto de ley hace referencia a diferentes sectores y áreas de la economía. Uno de esos puntos más rescatables es la modificación que beneficia a las pymes, disminuyendo transitoriamente la tasa de impuesto a la renta para las empresas de régimen pro-pymes, desde un 25% a un 12,5% para las rentas que se devengan durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027, para luego volver en 2028 al 15% y así sucesivamente hasta alcanzar el 25%. Cabe recordar que, en la reforma tributaria, se proponía un retorno progresivo al régimen del 25% para estas empresas, pero el rechazo de dicha reforma implicó una transición abrupta y más onerosa que perjudicó a las pymes.
En el mismo sentido, la extensión de las patentes provisorias en materia municipal representa una buena noticia, pues aumenta la vigencia de las patentes provisorias municipales de un año a dos años, ampliable por hasta un año adicional, lo que permitirá que muchos empleos locales puedan hacer los ajustes y modificaciones necesarios en sus establecimientos. Otros puntos a destacar son el ajuste que se hace para mejorar la implementación de la ley de Internet como servicio público —un servicio tan esencial debe ser implementado de mejor manera— y las modificaciones en la ley de 40 horas, un avance que despeja la incertidumbre para su aplicación en la jornada del transporte público.
Por último, quisiera manifestar mi preocupación por la autorización transitoria para los planes de trabajo que incluyen el descepado de árboles, arbustos y suculentas de formación serofíticas, ya que, como lo mencioné en la discusión en la Comisión, son medidas complejas que afectan a los bosques alternativos y a los recursos naturales, por lo que es necesario discutirlas con mayor profundidad y con la participación de expertos o expertas que puedan alertar sobre los efectos de estas medidas. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barrera.
A continuación, ofrezco la palabra a la diputada Carolina Tello.
Muchas gracias, presidente. Hoy abordamos un proyecto de ley esencial para impulsar el crecimiento y desarrollo de nuestro país. La simplificación regulatoria no es solo un ajuste técnico, sino una herramienta clave para destrabar inversiones, fomentar la innovación y dinamizar la actividad económica. Un marco normativo, claro, eficiente y moderno es esencial para atraer inversiones, generar empleo y brindar certeza jurídica a quienes impulsan el desarrollo productivo. Este proyecto de ley responde a una necesidad urgente: eliminar barreras burocráticas que retrasan proyectos y generan incertidumbre en sectores estratégicos como el transporte, la construcción, el comercio, el turismo, entre otros. Con estas modificaciones facilitamos el acceso a permisos, reducimos los tiempos de tramitación y promovemos una regulación más ágil sin comprometer la fiscalización ni los derechos de nuestros vecinos y vecinas. Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto de ley, presidente, es la extensión del beneficio tributario para las pymes, lo que representa un alivio concreto para miles de pequeños emprendedores y empresarios que han debido enfrentar aumentos en costos laborales y operativos.
Hasta el año 2028 incentiva su crecimiento y sostenibilidad. Esto es especialmente relevante, presidente, para nuestra región de Coquimbo, a la cual represento, donde muchas MIPIMES dependen del comercio, el turismo y la agricultura, sectores que han enfrentado dificultades económicas en los últimos años. Además, la iniciativa incorpora mejoras en materia tributaria, laboral y ambiental, asegurando que el Estado sea un facilitador del crecimiento y no un obstáculo.
No estamos hablando de regulación, presidente, sino de hacer más eficientes los procedimientos, optimizando el uso de los recursos públicos y privados. Aprobar este proyecto, presidente, es una señal clara de compromiso con el desarrollo sostenible, la inversión y el bienestar de todas y todos los chilenos, en especial de regiones como Coquimbo, que requieren mayor dinamismo para seguir creciendo. He dicho muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Carolina Tello. Ofrezco la palabra al diputado Jorge Guzmán.
Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a la ministra subrogante y desearle todo el éxito. Presidente, Chile enfrenta un desafío urgente. La excesiva burocracia está asfixiando el desarrollo económico de nuestro país; está retrasando la inversión, frenando la creación de empleo y dificultando la competitividad. En definitiva, la burocracia impide mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Este proyecto de ley, que busca la simplificación regulatoria entre las distintas materias que trata, constituye un avance necesario para corregir la maraña de permisos, trámites y regulaciones que hoy afectan el crecimiento sostenible y la innovación. La permisología se ha convertido en un verdadero obstáculo que desalienta la inversión, generando incertidumbre y desincentivando la toma de decisiones. Y no estamos hablando exclusivamente de grandes inversiones; hablamos de pequeños emprendedores que tienen una farmacia, que tienen una fuente de soda o una clínica odontológica. Todos pagan por igual la ineficiencia del sistema público que los hace esperar meses e incluso años para poder otorgar un permiso.
Diversos sectores productivos han manifestado que el sistema actual de permisos no solo es engorroso, sino también que muchas veces es contradictorio, con procedimientos que se superponen, demoras injustificadas y exigencias que terminan por desincentivar la formalización de los proyectos. Uno de los ejemplos más claros es la necesidad de agilizar la autorización de proyectos de viviendas de interés público, como lo propone este proyecto. No es posible que familias que necesitan acceso a la vivienda tengan que esperar años debido a trámites innecesarios y duplicados.
Asimismo, en materia de infraestructura, transporte y energía, debemos avanzar hacia un modelo de regulación que otorgue certezas, garantizando siempre el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales, pero sin que esto implique una traba para el desarrollo. La simplificación de procedimientos no es sinónimo de desregulación; no estamos hablando de eliminar controles necesarios, sino de hacerlos más eficientes, más predecibles y menos arbitrarios.
Sin duda, creo que este proyecto va en la línea correcta. Debemos avanzar con decisión en la modernización del Estado, reduciendo la engorrosa burocracia que hoy enfrenta nuestro crecimiento. Este proyecto de ley es un paso en la dirección correcta, pero debemos seguir trabajando para consolidar un marco normativo que realmente permita un desarrollo económico ágil y sostenible. Es hora de que nuestro país, es hora de que Chile deje de ser el país de los trámites interminables y de la burocracia, y se convierta en el país de las oportunidades y el crecimiento. Votaremos a favor, he dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán.
A continuación, ofrezco la palabra al diputado Roberto Arroyo.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que me quedan muchas dudas después de haber leído el proyecto, especialmente en materia internacional, por este aumento de capital que va a aumentar de 1.744,3 millones de dólares a 1.616, y eso representa un costo también para el Estado. El tema no es de dónde van a sacar este dinero, sino aumentar la participación del Fondo Monetario Internacional para poder, después, volver a pedir préstamos, porque Chile, hoy día, todos sabemos que no tiene dinero, que no puede participar ni solicitar préstamos en el exterior. ¿Qué problemas tenemos en Chile que no se resuelven? Hoy día enfrentamos las urgencias del país, como lo son el tema de la seguridad, el combate a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, la lista de espera, los problemas de vivienda y los temas de conectividad en todas las regiones. Hoy día, estamos haciendo muchos más gastos.