Cámara de Diputados - Familia - 5 de marzo de 2025

De la Patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes, subsecretario, también al equipo que la acompaña, saludos a los colegas y al equipo de secretaría. Bueno, ya de vuelta de nuestro receso, así que vamos a dar inicio, entonces. El acta de la sesión 83 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 84 queda a disposición de la Comisión. Señor secretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, los invitados. Se han recibido los siguientes documentos de la Comisión. Un oficio de la Secretaría General de la Presidencia, quien comunica que la Cámara tomó conocimiento de una nota enviada por la diputada María Francisca Bellos, mediante la cual informa que ha decidido retirar su firma del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la maternidad subrogada, correspondiente al boletín 17.337-07. Se recibió un proyecto e inició la moción parlamentaria de las diputadas Bravo, doña Ana María, Gasmuri, Medina, Morales, doña Carla, Nullado, Olivera, Romero, doña Natalia y Tello, y de los diputados señores Gilabá y Quimelo, que modifica la Ley 14.908 para perfeccionar los procedimientos de cobro de deudas de pensiones de alimentos. También se presenta la señora Ana María Bravo, quien informa que retira su patrocinio al proyecto que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la maternidad subrogada, en el mismo sentido que el primer punto. Otro oficio de la Secretaría General comunica que la Cámara tomó conocimiento de la nota enviada en el mismo sentido. Un oficio de su excelencia, Presidenta de la República, quien hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que actualmente está en tabla, sobre la imposibilidad de adjudicar programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la NID. Se recibe un oficio mediante el cual se invita a la señora diputada Francesca Muñoz, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Familia, a participar como panelista en la primera Cumbre Internacional por la Infancia. Esta cumbre se enfocará en retos legislativos y perspectivas para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en América Latina. Se llevará a cabo el 10 de abril de este año en el Congreso de la República del Perú. La cumbre tiene como objeto discutir y proponer mejoras en los marcos legislativos y políticas públicas para proteger eficazmente los derechos de este grupo en América Latina, además de fomentar la cooperación entre legisladores y expertos de la región. Un oficio de la Subsecretaría de Educación, quien informa sobre el caso de establecimientos educacionales en Valdivia, donde...

Habría ingresado una bala al recinto, producto de una balacera en el sector. Esto a consecuencia, señora Presidenta, de un oficio que nosotros despachamos por esta comisión. Un oficio también de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que informa sobre los gastos destinados a financiar la implementación de la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deuda de pensiones de alimentos y que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Lo anterior en el marco de lo dispuesto en la Ley 21.640, refería a la Ley de Presupuestos para el Sector Público. También una nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes se excusan de asistir a esta sesión por tener impedimentos de agenda. Sin perjuicio de ello, señala que en representación del Ministerio asistirán el señor Subsecretario de Justicia, su asesora Gabriela Peña y el Jefe del Departamento de Asesoría y Estudio, don Felipe Rayo, te imagino que ya están presentes. Sí, bien. Una nota de la Ministra de Mujer y Equidad y Género, quien junto a la subsecretaria se han excusado de asistir a esta sesión, puesto que tiene compromisos previos en la ciudad de Santiago y hacen imposibles sus traslados en el contexto de la conmemoración del 8 de marzo. También se recibió, presidente, un oficio mediante el cual se informan las glosas presupuestarias al articulado, artículo 14, correspondiente al segundo semestre de 2024 según lo establece la misma ley. También se recibió un oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos que da informe a las clases presupuestarias respecto al segundo semestre y cuarto trimestre del 2024. También un oficio de la Asesoría de los Derechos de la Niñez, quien informa en respuesta a uno de esta comisión una solicitud respecto a un caso de violencia y abuso sexual contra una lactante en alto oficio en la región de Taravacá. También se presentó un oficio del SENAME, quien en respuesta a uno de esta comisión informa sobre un caso en el CIP-CRC-Colonel, donde un grupo de jóvenes no pudo rendir la prueba de acceso a la educación superior. También se recibió, Presidenta, una nota, y es el último punto de la bancada frente a amplio independiente, mediante el cual informa que en la Comisión de Familia la diputada Lorena Fríes será reemplazada por la diputada María Francisca Villo Campos durante la sesión de hoy. Lorena Fríes, de ahí. Eso está en la cuenta, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Bueno, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Y aprovecho también de saludar a los colegas que han llegado también y sus equipos. Ofrezco la palabra entonces ahora sobre puntos varios. Si alguien quiere plantear un punto varios, diputada, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar a todos mis colegas en este reinicio de nuestras actividades y, por cierto, en medio, Presidenta, también saludo a nuestros invitados. En primer lugar, yo quisiera indicar que a propósito de un caso que hemos acompañado desde años, desde nuestra diputación, surgen dudas sobre cómo están funcionando hoy día las derivaciones a Mejor Niñez por parte de los tribunales. Se trata de un niño con autismo severo, con un desgarrador relato de lucha de su madre frente a la injusticia y la negligencia institucional, desde la persecución estatal que llevó al suicidio de su padre, hasta el maltrato y la desatención en hospitales y residencias. León y su madre han sido víctimas de un sistema que parece ignorar sus derechos y necesidades básicas. En este momento, el joven se encuentra en el hospital Ezequiel González Cortés a la espera de un traslado a una residencia de larga estadía, ya casi dos meses hospitalizado sin razón para ello, ¿no? Aun cuando el Tribunal de Familia de San Miguel dio un plazo perentorio a Mejor Niñez para ubicarlo con carácter de urgente, esto no ha ocurrido hasta el día de hoy. Situación similar vive un adolescente de la comuna de Punta Arenas, quien espera traslado a una residencia fuera de la región de Macallanes por falta de oferta programática en dicha región. El Tribunal de Punta Arenas ordenó también a Mejor Niñez que pudiera gestionar la derivación y fue tantas veces que el Tribunal percibió a Mejor Niñez que se decretó orden de arresto al director regional, la que finalmente fue alzada por un recurso que presentó por parte del servicio, sin que hasta la fecha haya solución clara al respecto de este caso. Me parece que al menos en estos casos la situación es insostenible. Por todo lo dicho anteriormente, Presidenta, solicitamos a esta comisión pueda oficiar a Mejor Niñez para que dé cuenta de las gestiones que han hecho en las causas mencionadas, cuyos enviaremos directamente a Secretaría por su carácter reservado. Pero además, quisiera que nos pudieran informar cuántas causas están en esta misma situación a lo largo del país, con derivación a residencias pendientes, cómo se coordinan con el sector de salud, de senda, en educación. Y en caso de estas atenciones de salud mental que requieren internación en centro o clínicas privadas, ocurre que Mejor Niñez mantiene deudas con estas clínicas, y esto pasó con este caso de Punta Arenas.

…que los padres se contactaron con la clínica apropiada que los podía recibir, pero no podían hacerlo porque las deudas que tiene Mejor Niñez con ese centro privado. Entonces, esto me parece que es gravísimo. Y en segundo término, y muy relacionado con lo anterior, yo quiero volver a insistir en la necesidad de la regulación de la figura del abogado, abogada, de niños, niñas y adolescentes, o como hoy se les llama curaduría, ¿cierto? Puesto que precisamente en estos casos, donde se requiere un pronunciamiento expreso y que se vele por los derechos de niñas, niños y adolescentes, muchas veces en estas causas se les da traslado a la curaduría sin que haya respuesta, lo que retarda la gestión en tribunales y afecta sin duda alguna los derechos de sus representados, que son las niñas y los niños. Por lo anterior, Presidenta, le pido, por favor, si podría poner en tabla el Proyecto de Ley Boletín 16.194-18, que presentamos hace muchísimo tiempo en esta comisión, sobre la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, que es un tema esencial para poder regular. Presidenta, no quisiera pensar que es una decisión antijuadiza suya, pero de verdad, llevamos pidiendo más de un año que se ponga en tabla este proyecto. Hemos tramitado proyectos que son de su autoría, los hemos apoyado, pero hoy día necesitamos, de verdad, yo creo que esto es una necesidad que se comprende de manera transversal, y vuelvo a insistir en solicitar que pueda ser puesto en tabla, porque justamente estas situaciones que estamos viendo, de descoordinación y de falta de atención oportuna, tienen que ver con que no se cuenta con un abogado que represente realmente los intereses de esas niñas, niños o adolescentes. Muchas gracias, Presidenta. —Sí, diputado, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludo a todos quienes hoy día comparten con nosotros esta sesión. Sumándome a las palabras de la diputada Gazzmurri por su intermedio, Presidenta, me atrevería a hacer un comentario en relación con la poca seriedad con que se toman los oficios, lamentablemente, sobre todo la demora en contestarlos; ¿por qué no citamos al jefe, a la persona encargada de Mejor Niñez y al defensor de la niñez a una sesión especial para abordar este tema? Porque eso nos va a demorar a lo más un mes, pero la contestación del oficio puede llegar a demorar hasta cuando ni siquiera estemos en el Parlamento el próximo año. Gracias, diputado. Bueno, para referirme al punto, son dos elementos. Primero, solicito el acuerdo a la comisión por los oficios solicitados por la colega parlamentaria. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Se toma el acuerdo. Y con respecto al segundo punto, recuerde usted, diputada, que aquí mismo tuvimos al ministro o al subsecretario que se refirió a que la moción que usted presentó ya estaba incorporada en un mensaje. Entonces, aquí tenemos al subsecretario, quien también se podría referir al punto, porque yo recuerdo que lo que estaba planteando con una moción estaba absorbido en un mensaje o en un proyecto que se estaba tramitando ya en el Senado, que mejoraba los mecanismos, ¿cierto?, para el curador, en el fondo, que robustecía la figura. En ese tiempo se tocó el punto, se nos entregó esa información del segundo punto que usted plantea. Entonces, si usted, subsecretario, tuviese información más fresca al respecto, también nos podría entregar esa retroalimentación, ¿cierto?, en relación con el punto dos que plantea la diputada. Más adelante no se preocupe, puede recabar la información durante la sesión sin problema. Así que tomo el segundo punto también, diputada. Y con respecto al tercer punto que plantea el colega acá, en relación con los otros elementos que tienen el trasfondo de Mejor Niñez, yo coincido plenamente, porque en otras oportunidades sí hemos tenido aquí constantemente a la subsecretaria, a la directora —y al defensor también— pero, lamentablemente, los problemas continúan. O sea, estamos viendo, una y otra vez, estos casos. Entonces, valoro los esfuerzos, porque yo creo que, por sobre la política, está la infancia, un elemento sensible e importante, pero nosotros también debemos avanzar dentro de nuestro rol fiscalizador. Por ello, coincido, colega, en que lo vamos a colocar en tabla para invitarles y que se puedan referir a estos nuevos casos que estamos viviendo, junto con otras situaciones que se están presentando con la infancia. Así que también tomo el acuerdo sobre ese punto. ¿Algún otro punto? ¿Ofrezco la palabra, colegas? ¿No? Ya. Entonces, pasamos, subsecretario, al punto 1, ¿cierto?, que es continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, estableciendo la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en el caso que indica el Boletín 16.762-1.

Bueno, tenemos acá al Subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz Lamartine. Quería consultarle que este es el proyecto que tiene alguna urgencia, el primero. Solamente quería aclarar ese punto: usted leyó de una urgencia. ¿Es el primero? Sí, está con urgencia 5. Ya, eso quería corroborar. Gracias, Secretario. Tiene la palabra, Subsecretario. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Antes de comenzar la presentación, me refiero a lo que indicaba, por su intermedio, señora Presidenta, la Diputada Gasmuri. Efectivamente, nosotros estamos tramitando en el Senado, en su segundo trámite constitucional, la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. El segundo trámite está actualmente generándose el informe, por su intermedio, en la Comisión de Constitución. Esto es una reforma histórica, porque en los últimos 40 años se han intentado, en seis oportunidades, refundir en un solo servicio a las corporaciones de asistencia judicial, que ustedes, como bien saben, cada una en su ámbito es autónoma, si bien están financiadas, digamos, a través del presupuesto de la Nación y de la Subsecretaría de Justicia, pero no existe la posibilidad de gestionar con protocolos únicos el acceso a la justicia a nivel nacional. Por eso, el Ejecutivo ha impulsado esta modificación y esperamos que este mes o el próximo pueda ya ser ley de la República. Eso es importante para responder, por su intermedio, a la consulta de la Diputada, porque estos programas, como por ejemplo el programa Mi Abogado, que son parte, digamos, de la oferta programática de las corporaciones de asistencia judicial, pasarán a formar parte de un servicio nacional que tendrá presencia en todo el territorio de la República y que podrá solucionar ciertos aspectos que hoy día no es posible estandarizar, justamente por la dispersión territorial y también jurídica, al ser corporaciones autónomas. Entonces, desde ese punto de vista, ese es el contexto en el que está actualmente radicada la discusión. Sin perjuicio de lo cual, voy a tomar conocimiento de la moción, por su intermedio, para verificar que se hayan incorporado todos los elementos que contenía y poder también darle una respuesta en el sentido a la Diputada específica, porque lo que ella, me imagino, está esperando es, a través de su moción, una mejora concreta, específica y particular respecto a la representación judicial de los niños, niñas y adolescentes, que entendemos se incluirá en la oferta, pero habría que ver cómo se recogió. Me comprometo a hacerlo, por su intermedio, señora Presidenta. Gracias. Sobre el punto, la Diputada Gasmuri tiene la palabra. Muchas gracias. Estamos refiriéndonos al Boletín 16.286.07, señor secretario, que es el que modifica la Ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia y otros cuerpos legales. Es el proyecto que está en el Senado al que se refiere la Presidenta, para tener claridad. Entonces, ahí, efectivamente, tenemos un problema, porque este proyecto fue ingresado mucho antes y el Ejecutivo, de manera poco diligente, tuvo una desprolijidad. Hay que decirlo y veremos cómo lo vamos a subsanar. No sé si se van a refundir, pero para ello sería importante ponerlo acá, porque, de lo contrario, no podríamos discutirlo adecuadamente, ya que no es a lo que se refería el señor secretario, sino que tiene que ver con la representación jurídica de niños y adolescentes, que es distinto a lo planteado. Este es el Boletín que señalo, para que luego lo podamos conversar. Gracias, Presidenta. Para aclarar el punto, entiendo también sus palabras, señor secretario, que a través de emociones o mensajes se absorbe, evidentemente, la idea que procura, mediante una indicación, mejorar sustancialmente un contenido a través de un proyecto, pero que ingresa por medio de una indicación sustitutiva u otra fórmula. Entonces, en ese contexto, pregunto justamente sobre lo que se nos indicó hace meses, cuando se dijo que ya estaba absorbido, ¿cierto?, por este mecanismo o mensaje. Ese es el contexto que planteo nuevamente acá. Por lo tanto, eso es algo que ustedes tienen que conversar; efectivamente, el gobierno y la parlamentaria deben dialogar para saber si está plenamente absorbido o cuáles son los elementos que pueden incorporarse mediante una indicación u otro mecanismo. Aclarado el punto, señor secretario, continúe usted con la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Si solamente, efectivamente, el Servicio Nacional contempla representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, me gustaría conocer más acerca del DAIE, ya que el que conozco, por su intervención, tiene que ver más con una parte orgánica de los Tribunales de Familia que con el tema de la representación jurídica. Por cierto, vamos a verlo en detalle, tal como lo hemos observado.

Entonces, de este proyecto de ley que modifica la ley número 19.908, yo tengo una breve presentación fundamentada en el funcionamiento del servicio de este registro de deudores, que, como ustedes bien saben, el Servicio de Registro Civil de Identificación se vincula a través del Ejecutivo, a través de esta Subsecretaría; y es por ello que, con datos específicos, me acompañan dos asesores del Registro Civil para resolver cualquier duda respecto al funcionamiento. Este proyecto de ley apunta a algo muy particular, que tiene que ver con la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en el caso de que dichos adjudicatarios o beneficiarios sean parte o estén reportados en ese registro. Partiendo de lo general hacia lo particular, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones, que está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, tiene la función de dar cuenta de actuaciones registrales; es decir, el insumo, la inyección de datos, proviene de las órdenes de inscripción que generan los juzgados de familia, y dicha inscripción se asocia a personas que cumplen las siguientes condiciones: que, por un lado, estén obligadas al pago de una pensión de alimentos provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial que causa ejecutoria, y además que adeuden, total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos o cinco discontinuas. Esto es importante, señora Presidenta, por su intermedio, ya que se han planteado en la discusión de este proyecto eventuales tácticas o formas en que un deudor pudiera obtener algún tipo de beneficio utilizando, digamos, el propio registro o la manera de alimentar el registro para sustraerse de estas prohibiciones. ¿A qué me refiero? Efectivamente, un deudor puede tener las tres cuotas consecutivas o cinco discontinuas y, eventualmente, generarse un procedimiento estratégico en el que alguien se ponga al día para luego, de nuevo, incurrir en mora. No dispongo de estadísticas precisas que confirmen que ese comportamiento estratégico exista, pero es posible dada la forma en que el registro está constituido. Pasando a los datos estadísticos del registro que se encuentran acá, en general tenemos inscripción total de registros vigentes de 442.780, de los cuales 141.750 son cancelaciones. Estas cancelaciones están relacionadas con pagos, soluciones de deuda, acuerdos judiciales o, eventualmente, alguna otra causal, pero fundamentalmente hacen referencia a la información de que se ha solucionado la obligación pendiente. En cuanto a la descripción por sexo, los deudores de pensión de alimentos masculinos suman 259.000, representando el 95,7% de los deudores, y las deudoras, el 4,3%, con 11.668. Respecto a los alimentarios, es decir, los beneficiarios involucrados en esta información, existe una distinción casi equitativa, con un 48% masculino y un 51% femenino. ¿De cuánto estamos hablando? Se trata de montos deudados que ascienden a 8,4 billones de pesos, o lo que es lo mismo, 88.047.000 UTMs. Si analizamos la cantidad de causas por deudor, observamos que el 88,37% tiene una causa y, en el 11,63%, más de una causa. Además, considerando las reincidencias, es decir, aquellos que vuelven al registro, contamos con aproximadamente 1.180 casos, y hay muy pocos que presentan tres o cuatro reincidencias. Asimismo, la cantidad de cancelaciones por registro por año está expresada; en lo que va del año ya se han registrado 18.316, mientras que el año pasado fueron 97.119. Yendo entonces, en específico, a la situación actual de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.