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En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Le ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente.
Tenemos los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para suspender el pago de la dieta parlamentaria en caso de desafuero. También tenemos comunicación por la cual se informa que el diputado José Miguel Castro reemplazará a la diputada doña Camila Flores en la sesión de hoy. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmando la asistencia del señor Ernesto Muñoz, secretario de Justicia, que fue invitado especialmente a esta sesión. El señor ministro se excusa por tope de agenda, acompañado de la señora Gabriela Peña, asesora; de don Francisco Maldonado, asesor; de don Pedro Pacheco, jefe del Departamento de Reinserción Social Juvenil; y doña Flora Benazul, abogada de la División Jurídica. También tenemos comunicación electrónica al diputado señor Oyarzo, solicitando que se ponga en tabla el proyecto que modifica el Código Penal para autorizar la realización de procedimientos farmacológicos o médicos destinados al control e inhibición de impulsos sexuales a personas condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Boletín Técnico número 17.139-07.
Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre el punto número 4, al diputado Oyarzo, sobre un oficio enviado a la comisión. Muchas gracias, señor presidente.
Vengo para poder solicitar que se ponga en tabla el Boletín Técnico número 17.139-07, que está desde el 24 de septiembre del 2024 en esta comisión, y que modifica el Código Penal para autorizar la realización de procedimientos farmacológicos o médicos destinados al control e inhibición de impulsos sexuales a personas condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Este es un proyecto de ley que tiene mucho sentido en la población, en la ciudadanía, un proyecto de ley que está apoyado de manera transversal y que, de hecho, antes del receso legislativo se dio a conocer en la prensa y salió por varios medios, contando con amplio apoyo de la ciudadanía. Así que me gustaría, si es posible, señor presidente, poder poner en tabla este proyecto de ley para que lo discutamos. Creo que es algo necesario, algo que la gente y la ciudadanía están solicitando y amerita que lo veamos en esta comisión.
¿Inhibir impulsos sexuales a condenados? Sí. Ah, ya, eso es, por delitos sexuales. Efectivamente, es como una castración química. Perfecto. Lo vamos a poner dentro de las prioridades que tenemos en la comisión, que son bastantes. Muchas gracias, diputado Oyarzo.
Diputado Hilabaca, le ofrezco la palabra. Señor presidente, en los puntos de la cuenta se acaba de dar cuenta, valga la redundancia, de un proyecto de ley que hemos suscrito varios parlamentarios que dice relación con la dieta de todos aquellos parlamentarios que han sido desaforados. Creo que es un tema interesante, no se había contemplado al fijar el fuero parlamentario una situación de estas características, y considero que sería interesante, sobre todo en esta comisión, proceder a la discusión de un tema que resulta relevante para la ciudadanía. En Chile, cuando una persona deja de trabajar, no se le paga su sueldo. Y, curiosamente, se da que en Chile aquel parlamentario que es desaforado…
no pueden ir, se les sigue pagando el sueldo permanentemente. Recordemos que, además, en la historia, no solamente reciente, sino antiguamente, existe un parlamentario que se ausentó los cuatro años y recibió remuneración los cuatro años. Por lo tanto, sería también, al igual que la solicitud que hace el diputado Oyarzo, que se pueda, viendo la urgencia legislativa que tiene la comisión —que son hartas—, poder colocar en tabla ese proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hilabaca. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles, sobre la cuenta.
Gracias, presidente. Presidente, tengo que volver a preguntar, ¿qué hace el subsecretario sentado a esta mesa? En mi interpretación y en la que hemos tenido en esta comisión durante siete años y medio, hasta ayer, el hecho de la invitación al subsecretario no es suficiente para que se siente a la mesa sin la autorización de la comisión. Como todos ustedes saben, yo soy una diputada muy preocupada por las prerrogativas parlamentarias y, a mi juicio, es una prerrogativa parlamentaria que cualquier invitado, salvo el ministro, deba pedir autorización a la mesa. A pesar de la extraña, a mi juicio, interpretación que se hizo ayer, lo que sí quedó claro en esa interpretación es que nuestro reglamento es un símil de lo que sucede en la sala y, en la sala, no puede estar presente el subsecretario en la mesa si no está el ministro. Por lo tanto, presidente, vuelvo a hacer la pregunta y voy más allá: le pido que el señor subsecretario se retire de la mesa, como corresponde reglamentariamente, y se pida la autorización unánime de la comisión para poder sentarlo en esa ubicación. Quiero recordarle, además, que esta es una prerrogativa parlamentaria, no de la secretaría.
Bien, yo quiero pedirle, señor secretario, para resolver este tema, porque ayer, en la interpretación y en el acuerdo que tuvo la comisión, se estableció, efectivamente, a propósito de lo que señala la diputada Giles, que cuando hay invitados a participar del debate —ministros, subsecretarios, conforme a la orden del día, proyectos que están citados formalmente en tabla y están invitados, y así se establecen en la tabla las respectivas autoridades—, no es necesario pedir la anuencia de la comisión; sí para los asesores o para otras autoridades que puedan acompañar a quienes van a exponer. Pero, para atender el requerimiento de la diputada Giles, le pido, señor secretario, si nos puede señalar dentro del reglamento dónde se indica explícitamente, porque si la diputada Giles tiene razón, procedería a solicitar la anuencia, para ser estricto, conforme al reglamento.
Mientras usted busca eso, a propósito de las prioridades legislativas, nosotros tenemos para la próxima semana, en nuestras sesiones del martes, inicialmente el proyecto “registro de llamados”, que viene con urgencia por parte del Ministerio del Interior, y vamos a invitar al señor ministro del Interior, Elisalde, el nuevo ministro del Interior. Tenemos pendiente también abordar el tema de droga, que en algún minuto de los exámenes de droga para las autoridades, ¿no es cierto? Hay unos proyectos que eran de la diputada Giles y del diputado Coloma, que abordaban la misma temática; hay un proyecto que, me parece, ya fue despachado por el Gobierno Interior sobre el tema. Ah, perfecto, que va en la misma línea. Bueno, vamos a revisar bien el tema de la solicitud de examen de droga —o test de droga— para las autoridades públicas.
Y, si no, también a mí me parece que es bastante atingente este proyecto respecto de suspender el pago de la dieta parlamentaria en caso de esa fuera —a propósito de lo que decía el diputado Hilabaca—. Así que, para que lo consideremos dentro de la sesión, ahí vamos a abrir el debate.
Bien, conforme al reglamento, entonces, señor secretario... Sí, diputado Benavente. Perdón, presidente, y ¿tiene contemplado tratar la próxima semana el proyecto del sistema de nombramientos judiciales? Sí, creo que ese es prioritario. No, ese proyecto tiene su urgencia. Yo me refiero... O sea, yo respeto mucho el tema de la dieta, de estudiarla, ya que no es tan así que un trabajador que suspende la relación laboral deba seguir recibiendo remuneración. No es tan así, pero podemos tratar el tema de la dieta.
Me parece que el tema de los nombramientos judiciales es bastante prioritario. Yo les soy muy claro, nosotros tenemos un acuerdo desde más de un año, en donde tenemos los días martes mociones parlamentarias y los miércoles mensajes del Ejecutivo. Entonces, la idea es poder ir avanzando en las iniciativas parlamentarias, paralelamente, por supuesto, respetando las urgencias que nos pone el Ejecutivo y la prioridad después de este proyecto que estamos discutiendo ahora respecto a la presión de cárceles, justamente viene el proyecto de nombramientos judiciales que lo estamos tramitando, pero que detuvimos a propósito del receso.
Totalmente de acuerdo. Bien, señor Secretario, para resolver la solicitud hecha por la diputada Pamela Giles sobre la presencia del señor subsecretario. Su micrófono, su micrófono, señor Secretario.
Tenemos, señor Presidente, primero en cuanto a la presencia del señor subsecretario: contamos con un acuerdo de la Comisión, en virtud del cual se acordó invitar para la implementación de los diversos proyectos sometidos al conocimiento de esta, tanto al señor Ministro respectivo de Justicia como también al subsecretario correspondiente, en caso de que cualquiera de los dos no pueda asistir y desee habilitar a otra persona para su representación en el proceso legislativo, se solicita precisar los motivos que funden su inasistencia. Eso.
Y en cuanto a la calidad de invitado, la Comisión ha seguido ese acuerdo. Pero también está el tema de la naturaleza de una invitación, que implica que es una persona que ha sido invitada como oyente, es decir, está destinada a participar en el debate. Y el Presidente, de acuerdo con el artículo 244 del Reglamento, establece el detalle de todas las funciones del Presidente: presidir las sesiones, dirigir los debates, cuidar la observancia del Reglamento, llamar al orden, abrir, suspender y levantar las sesiones, fijar las propuestas que hayan de discutirse por la Comisión, conceder la palabra, llamar al orden al diputado que se desvíe de la cuestión en examen, cerrar el debate, ordenar que se reciba la votación, fijar el orden y proclamar, calificar los asuntos —debida cuenta si es en sesión secreta— y otras funciones que no tienen tanta relación con lo que estamos hablando en este momento, para efectos de poder, digamos, permitir que un invitado participe de la sesión y pueda intervenir en los debates, en realidad.
Lo que pasa es que está todo relacionado con si participa o no en el debate. Vamos a pedir, voy a pedir, que podamos tener un cierto criterio en esta oportunidad, pero sí les voy a transmitir mi opinión respecto de las próximas sesiones. Efectivamente, vamos a invitar, vamos a pedirle al señor Ministro, cuando los Ministros estén presentes e invitados, que puedan, obviamente, participar inmediatamente en esta sesión y sentarse en esta reunión, pero en el caso de subsecretarios y otras autoridades, vamos a pedir la anuencia para que también se pueda informar a las autoridades.
Ahora, dicho eso, yo le pido también, por favor, en esta oportunidad, tomando en cuenta que esto va a aplicar desde la próxima sesión, la anuencia para que pueda estar con nosotros el señor subsecretario en esta Comisión, entendiendo que no está en calidad de Ministro, ¿no es cierto? Está en calidad de subsecretario de Justicia. Les pido la anuencia a la Comisión para que nos pueda acompañar el señor subsecretario. ¿Les pido el acuerdo? Perfecto.
Bien. Sí, pero lo que pasa es que el Reglamento no es estricto ni es preciso respecto de la participación de subsecretarios y otros invitados. Le he pedido yo a la Secretaría que, desde la próxima sesión, efectivamente, todos los invitados a esta Comisión estén en la sala y voy a pedir la anuencia de la Comisión para que puedan participar del debate, con la excepción del señor Ministro.
No, no, no. Por eso es que hemos resuelto de manera bastante salomónica esta oportunidad, porque además se ha dado la anuencia para que nos acompañe el subsecretario en la discusión de este proyecto.
Bien, bien. Continuamos con el orden del día. Después, le puedo dar la palabra porque estoy en puntos sobre la cuenta, ofreciendo la palabra sobre la cuenta. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Diputada Javiera Morales me había pedido la palabra. ¿No? ¿Ya no? Perfecto. Bien, iniciamos entonces.
Es el orden del día. Saludamos al señor subsecretario, don Ernesto Muñoz, también a sus asesores que lo acompañan para la discusión de este proyecto que exime de trámite y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, Boletín 17.312-07, para lo cual se ha invitado al Ministerio de Justicia, al señor ministro y también al señor subsecretario.
Hago la consulta al señor subsecretario si necesita que lo acompañen asesores. ¿Quién particularmente? ¿Don Francisco Maldonado? Perdón, ¿su nombre? Bien, le pido la anuencia, por favor, estimados colegas. Le pido la anuencia, colegas. Diputado Longton, por favor, le pido la anuencia para que puedan acompañarnos los asesores del señor subsecretario en esta discusión.
Bien, ayer quedó pendiente que este proyecto está prácticamente terminado y quedaron algunos puntos pendientes, y entiendo que la subsecretaría se había comunicado también con el equipo del diputado Longton o conversaron ayer para poder resolver algunas dudas de lo que se había discutido.
Señor secretario, déjeme ver si es la versión nueva… No, ah, no, sí, porque la tienen en la versión nueva. El artículo 1, una versión nueva comparado, porque fruto de lo acordado ayer por la comisión, va a haber algunos cambios y algunos retiros. Su micrófono, señor secretario.
El día de ayer, señor presidente, quedaron pendientes algunas normas para su debate y votación. Tendríamos que ir al artículo 5º, que en este comparado está a partir de la página 3. Tenemos en la página 4, continúa el artículo 5º, y tenemos el literal B2. A ver, ¿dónde ubicamos? Les pido, por favor, a los colegas parlamentarios: página 4. La indicación B, número 2. La B número 1 fue aprobada; la número 2 aparece retirada. Sí, el diputado Longton va a anunciar eso. Diputado Longton, la B2, página 4, una indicación al artículo 5. Retirada.
Después, señor presidente, correspondería proceder a la votación del inciso 3 del artículo, que nos fue objeto de indicaciones. El que está en la misma página 4, en la columna de la derecha, dice: además, en los proyectos a que se refiere el inciso precedente, el plazo máximo que podrá fijarse para la suspensión será de 90 días sin la posibilidad de solicitar su renovación. Y habría que votar ese inciso, señor presidente. En la página 4, el inciso tercero: además, en los proyectos a que se refiere el inciso precedente, el plazo máximo que podrá fijarse para la suspensión será de 90 días sin posibilidad de solicitar su renovación.
Con la palabra, la diputada Javiera Morales. Gracias, presidente. Antes de continuar con la votación, en particular por artículo de lo que nos queda, les recuerdo que en la sesión pasada se le hicieron dos preguntas al subsecretario y acordamos que iban a ser respondidas iniciando la sesión. Así que no sé si es posible que nos demos ese espacio antes de empezar con la votación. Perfecto, ¿le parece? Luego continuamos con la discusión y votación.
Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. En su momento, señor presidente, había dos preguntas. Una programática política respecto de la estrategia del Ejecutivo en cuanto a la persecución de este proyecto de ley en sus etapas subsiguientes, tomando en consideración que el artículo primero…
Había sido modificada y, por tanto, el ámbito de su aplicación había surtido una diferencia importante. Esa es una pregunta. La otra pregunta decía relación con las definiciones y la distinción entre conceptos que se han utilizado en esta norma especialísima, respecto, por ejemplo, específicamente, a la diferencia entre construcción y ampliación. En este último caso, nosotros quedamos de revisar la legislación vigente para encontrar si existe o existía, digamos, una definición específica para poder resolver si era requerido aclararlo en la historia fidedigna de la ley. Estas son dos preguntas, señor presidente, por su intermedio.
Respecto a lo primero, el Ejecutivo, por cierto, porque es un hecho evidente, tenía un propósito distinto en cuanto a la aplicación de esta normativa. Se definían en la propuesta del Ejecutivo establecimientos específicos respecto de la aplicación, las restricciones y, por lo tanto, la aceleración que se va a dar a estos procesos. Ahí hay que distinguir dos cosas. Uno, el cambio que se hace mediante la aprobación de la moción parlamentaria, en este caso efectivamente amplía, por su intermedio, señor presidente, este ámbito de aplicación, pero, a mi juicio, y esto lo representa el Ejecutivo, no de una manera tan radical. ¿Por qué digo esto? Primero porque la fijación por decreto supremo fundado del presidente de la República tiene que estar sobre la base de una planificación. Esa planificación, hoy día, es una planificación que contempla presupuesto, contempla una proyección hasta el año 2030, hay un plan 2030, y por lo tanto las autorizaciones para acelerar ese proceso, al menos respecto del marco que se encuentra actualmente vigente, van a darse específicamente respecto de esos proyectos que están en curso, que eran justamente los proyectos que estaban contemplados en el artículo primero. Dicho esto, por cierto, el marco hacia el futuro, y podemos hablar de más allá del año 2030, podría eventualmente ampliarse, pero siempre va a tener que tomar en consideración la disponibilidad presupuestaria, los procedimientos de planificación y también todas las otras aristas que tienen este tipo de complejos proyectos de construcción y de ampliación.
Eso por un lado. Por otro lado, respecto del tema de las definiciones, conversamos con nuestras contrapartes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quienes nos hicieron presente que hay normas que definen, pero que no tienen una entidad legal, sino que hay una ordenanza, que de hecho podemos leer en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que define estos conceptos respecto de alteración, ampliación, construcción o reparación. La principal diferencia acá es que, en el decreto número 47, que fija el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 112, se señala que ampliación, a diferencia de construcción, son aumentos de superficie edificada que se construyen con posterioridad a la recepción definitiva de las obras. En cambio, las construcciones son obras de edificación o de urbanización que se construyen desde el comienzo y que tienen un diseño y un proceso de implementación. Eso es lo que hoy día tenemos en la legislación vigente. Entonces, una forma de resolver las dudas que podrían surgir es replicar esa normativa, que a mi juicio es bastante clara respecto de un hecho concreto —la recepción definitiva de las obras, que es un acto administrativo a partir del cual se puede hacer una distinción— y eso, por su intermedio, señor presidente, debería decidirlo la Comisión en cuanto a si puede dejarse eso establecido claramente en la historia fidedigna o, por otra parte, replicar con el fin de no alterar, digamos, lo que ya existe en la legislación. Esas dos serían las respuestas, por su intermedio, señor presidente.
Bien. Diputada Javiera Morales. Muchas gracias y agradezco la respuesta del subsecretario por su intermedio, presidente. Entonces, si entiendo, el objetivo del Ejecutivo es mantener el artículo primero, como fue aprobado en esta Comisión, o sea, no se van a reponer indicaciones para mantener o insistir en la redacción original. Y en ese escenario a mí me gustaría saber cuál es la opinión, entonces, del Ejecutivo hacia adelante en la tramitación de la excepción en general que ayer aprobamos en materia de evaluación de impacto ambiental. Creo que es importante tener claro esto antes de seguir votando en particular.
Lo que nosotros vemos ahora es la opinión del Ejecutivo respecto a la tramitación de este texto en esta comisión. Por lo tanto, no me puedo comprometer ni tampoco aventurar qué es lo que puede hacer el Ejecutivo más adelante, porque ciertamente no estoy representando en este caso una opinión futura, sino que simplemente nuestra apreciación respecto de cómo está quedando este proyecto acá.
En segundo lugar, respecto a lo que usted dice, efectivamente el foco original del proyecto del Ejecutivo era justamente reducir los plazos a la mitad de lo que se refiere a la evaluación del impacto ambiental. En ese sentido, el ministro, cuando estuvo ayer en la comisión, señaló que, con matices, cumplían justamente con la idea matriz del proyecto.
Entonces, yo creo que donde más se desvía, y usted lo dice bien, por su intervención, Presidente Diputada, es en el ámbito de aplicación respecto de tener un número cerrado de establecimientos versus una apertura a un decreto supremo fundado al Presidente. En mi opinión, respecto de lo que hemos planificado hoy día y de las restricciones presupuestarias que todos reconocemos, esto no debería significar un cambio significativo. Pero, respecto a su segunda pregunta, no tengo otra información que transmitir por ahora.
Gracias, señor Presidente. Señor Subsecretario, perfecto. Diputada Javiera Morales, bien. Yo creo que es importante la propuesta de debate que se abre respecto de las definiciones, porque el señor Subsecretario hace referencia al MIMBU, al reglamento del MIMBU, a la ordenanza. A la ordenanza de las construcciones, que debiera ser entonces el referente, y usted plantea que pueda incorporarse a la historia de la ley, respecto de esta tramitación. Ahora, ¿cómo se logra? Porque esta propuesta de definición la planteó el diputado Longton en su indicación.
Los organismos de financiamiento, ¿quiénes son los que operan aquí? ¿El Ministerio de Justicia? Estoy pensando en el futuro, en las futuras construcciones de las cárceles, ya que también hay muchos que seguramente vendrán con financiamiento de los gobiernos regionales, donde se usan otras definiciones también. Por ejemplo, en los gobiernos regionales, para decir alteración, ampliación o reparación, se dice reposición. Todo es reposición en los gobiernos regionales: cuando haces modificaciones de un proyecto o modificas un proyecto ya existente para mejorarlo, se entiende como alterar, como reposición.
Pero si vamos a hacer referencia a la ley de ordenanza, me parece que está bien, aunque podría generarse algún problema después respecto de los entes de financiamiento. Yo leí, por si usted quiere ser Presidente, si me permite, que este decreto número 97 establece también otras definiciones que podríamos compartir con la Comisión. De hecho, los conceptos que utiliza son alteración, ampliación, construcción y reparación; ese es el universo de conceptos que se maneja. Representando en esto la opinión técnica que nos transmitieron nuestras contrapartes de vivienda, para ellos sería importante que no se alterasen esos conceptos que ya están definidos. Si, con eso y con una referencia a lo ya establecido, pudiéramos resolver la duda que se había planteado en la sesión anterior, sería lo más limpio y fácil de efectuar: remitir a la ley de ordenanza.
Exacto, remitir en el fondo a esas definiciones ya existentes, que se aplican para todo tipo de edificación. Eso debería quedar acordado, ¿no? ¿La utilización del lenguaje está bien? Sí, a propósito de hacer referencia a la historia de la ley, para que quede la historia de la ley registrada en el acta y se resuelvan las dudas que se han planteado.
Ahora, si uno pudiera... Su micrófono. Es justamente esa la idea, señor Presidente, por su intermedio: que quede clara la historia de la ley, de que esas definiciones están establecidas en este marco legal y que nosotros simplemente estamos actuando al respecto.
Continuamos, entonces, con el tercer inciso del artículo quinto, página cuatro. Exactamente. Además, en los proyectos a los que se refiere el inciso precedente, el plazo máximo que podrá fijarse para la suspensión será de 90 días sin posibilidad de solicitar su renovación. Este tema ya lo discutimos en la comisión pasada. Sí, y no hay indicaciones. Vamos a someter a votación.
Perfecto, Presidente. Don Raúl Soto. Inciso tercero. Artículo quinto.
A favor también, don Marcos y la vaca, don Andrés Longton; a favor también, inciso tercero, círculo quinto, doña Javiera Morales; al final, perfecto; don Luis Sánchez, a favor; don Leonardo Soto, a favor también; don Gustavo Benavente, a favor; a favor, don Gustavo. Está entrando la diputada Pamela Giles. Tenemos, diputada, estamos votando el inciso tercero del artículo quinto, página cuatro, columna de la derecha. Gracias, voto de manera idéntica el diputado y la vaca, por favor. A favor entonces, a favor, don Pamela Giles; doña Javiera Morales, a favor; y señor Presidente, a favor, a favor también, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0, 0.
Bien, aprobado entonces, vamos a la indicación, letra C. Ahí tenemos: artículo quinto, letra C, del diputado Longton, de lectura. Tenemos una indicación que ha presentado el diputado don Andrés Longton, siendo presente que había una propuesta anterior sobre la misma letra C, que tiene que ver con la invalidación administrativa, que él procede entonces a retirar esa indicación y a reemplazarla por esta nueva indicación que vamos a leer a continuación. También incorpora, cualquier indicación anterior que se entiende reemplazada por esta o retirada, un inciso cuarto nuevo del siguiente tenor:
“El acto que tuviere por aprobado el proyecto de construcción de un nuevo establecimiento penitenciario, en su aspecto ambiental, sólo podrá ser invalidado de oficio por la autoridad administrativa, reduciéndose en un año el plazo máximo previsto en el inciso primero del artículo 53 de la Ley número 19.880.”
Y esta, esta no se… está reemplazada por esta. Ah, ya, perfecto, es la letra C nueva, la C nueva, que es la última. La anterior, la primera, fue retirada.
Bien, diputado Longton, le ofrezco la palabra.
Gracias, Presidente. Sí, llegamos a un acuerdo que es razonable en la reacción, porque lo dejamos reducido de dos, lo bajamos a un año, pero solamente cuando proceda de oficio, es decir, cuando la misma autoridad tenga que corregir eventualmente determinados vicios del mismo procedimiento, lo que, en otras palabras, cerraría la puerta a que la autoridad pudiera corregir algunas situaciones que se pudieran producir en el transcurso de la tramitación de los distintos procedimientos a propósito del tema de las cárceles. Eso, gracias, Presidente.
Bien, el Ejecutivo, sólo su secretario.
Sí, efectivamente, nosotros conversamos con los asesores del diputado Longton por su intervención, Presidente. Nos parece que esta nueva indicación mejora sustantivamente la que existía, porque en ese caso se restringía la facultad de la propia Administración al haber, por ejemplo, detectado algún tipo de equivocación o error al invalidar su acto administrativo, sin perjuicio de lo cual se atiende al objetivo de celeridad, al restringirse específicamente a una invalidación de oficio.
Bien, vamos a someter entonces a votación. Entonces, como usted lo ha dispuesto, Presidente. Si no hay más palabras, consultas, dudas… Como usted lo ha dispuesto, señor Presidente, en votación, la indicación del diputado don Andrés Longton, que incorpora al artículo quinto un nuevo inciso cuarto nuevo que se ha leído anteriormente.
Don Gustavo Benavente. A favor, don Gustavo Benavente; don Raúl Soto, a favor; don Raúl, a favor; don Marcos y la vaca.
A favor también, diputada doña Pamela Giles. Sí, el arreglín no estoy de acuerdo, pero el puro acortamiento de plazo vale la pena, así que a favor. A favor también, don Andrés Lónton. A favor, doña Javiera Morales. A favor, don Luis Sánchez.
Señor Secretario, señor Presidente, si pudiera darme una pequeña licencia, no me alcanza para hacer una pregunta: ¿esto excluye la posibilidad de la invalidación a petición de parte? O sea, ¿no se va a poder invalidar nunca a petición de parte? Como estamos en votación, lo dejo como reflexión suya antes de su votación.
A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto, al final. Diputado Leonardo Soto, le toca a votar. A favor, don Leonardo Soto. Y señor Presidente. A favor. A favor. 9-0-0. Se aprueba.
Vamos a la indicación al artículo quinto, letra D, también propuesta por el señor diputado Lónton. De lectura, señor Secretario.
Señor Presidente, para incorporar un inciso final nuevo a este artículo quinto, el siguiente tenor: En la evaluación ambiental de proyectos de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, los mecanismos de participación de la comunidad solo podrán realizarse con asociaciones de la sociedad civil que tengan domicilio en la comuna donde se emplazará el establecimiento o en cualquiera de sus comunas colindantes, fijado con al menos un año de anterioridad al ingreso de la respectiva declaración o evaluación de impacto ambiental, y que hubieran obtenido su personalidad jurídica con igual anticipación y representen intereses vinculados directamente con el posible impacto ambiental que ocasionará el proyecto. Respecto a las personas naturales, se exigirá igualmente tener un interés vinculado directamente con el impacto ambiental del proyecto.
Diputado Sánchez, le ofrezco la palabra.
Me tengo dos dudas respecto de esto, a ver si me lo puede resolver por su intermedio el diputado Lónton. En primer lugar, cuando se habla acá de que solo podrá realizarse con asociaciones de la sociedad civil que tengan domicilio en la comuna donde se emplazará el establecimiento o se desarrollará el proyecto, ¿domicilio fijado dónde? Porque sabemos que en este país, en realidad, cuando se habla de fijar domicilio puede ser para múltiples efectos y ante diversas instituciones, como el Servicio de Impuestos Internos o, por ejemplo, en el trámite de constitución de una organización de la sociedad civil que se realiza ante un municipio, es decir, el municipio en el cual se constituyó. Entonces, ¿de qué domicilio estamos hablando? Porque aquí, con la elefantiasis del Estado en Chile, existen múltiples instituciones en las cuales se puede fijar domicilio y puede ser cualquiera de ellas.
Creo que eso tiene que ser aclarado en el texto, ya que podría terminar habiendo un problema que, en el fondo, no se resuelva en el sentido que, a estas alturas, es casi transversal en esta comisión.
Y me parece que la parte final, en cuanto a la redacción respecto de las personas naturales, es un poco más laxa. Si estamos estableciendo que, en el caso de corporaciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, deben tener un domicilio fijado, ¿por qué se requiere que las personas naturales tengan simplemente un interés vinculado directamente al impacto ambiental del proyecto? Un interés puede ser, por ejemplo, que me duele el alma o que me afecta la sensibilidad; en este sentido, cualquiera podría alegar, o sea, yo podría alegar que me afecta un proyecto en Magallanes porque veo a los pingüinos en la tele y me da pena.
Por ello, creo que es importante afinar la redacción de esta norma, si el objetivo es que solo puedan participar en esta instancia o presentar reclamaciones quienes se vean verdaderamente y de manera real y física afectados por la ejecución de un determinado proyecto.
Muchas gracias.