Cámara de Diputados - Derechos Humanos - 5 de marzo de 2025

El acta de la sesión número 88 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 89 queda a disposición de la comisión. Y el señor secretario, después de su receso parlamentario y sus vacaciones con un nuevo brío, dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Son 13 puntos en esta cuenta. Número 1, oficio reservado del Ministerio de Defensa, quien informa acerca de la existencia o no de otros casos similares al del conscripto Franco Vargas. Oficio del Ministerio de Defensa, quien en respuesta a uno de esta comisión, sobre denuncia de la Coordinadora Nacional de Jilgueros y Delegados, Calama Sur, acerca de la presencia de embarcaciones chinas en el mar territorial chileno, específicamente en los territorios de Arica e Iquique, entregan un informe sobre la embarcación Calamar Rojo y su actividad pesquera, así como las autorizaciones y supervisiones que han realizado por parte del Servicio Nacional de Pesca. Oficio de la Subsecretaría de Educación, quien informa sobre las medidas que fueron adoptadas por la Superintendencia de Educación Superior en respuesta a los requerimientos de información sobre criterios sobre ciertos temas, incluyendo el manejo de situaciones de intentos de suicidio de un estudiante de medicina. También aborda las acciones preventivas y de supervisión en contextos similares, detallando un total de 67 casos admitidos relacionados con denuncias y reclamos. Finalmente, se menciona la creación de una norma general para regular la convivencia en campos clínicos que está en proceso de ser implementada. Esto a solicitud de un oficio de la comisión, emanado también del diputado Palma. Oficio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública en atención a una solicitud para intensificar la búsqueda de la señora Julia Chunin, presidente de la comunidad integrada de los derechos humanos. Oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, quien en atención a uno de esta comisión informa sobre el fallecimiento de personas electrodependientes durante un sistema frontal que causó fallas en el servicio eléctrico. Detalla los incumplimientos de la empresa en cuanto al suministro necesario para estos pacientes y menciona una situación similar con el grupo CSAESA. Se informa.

de los descargos presentados por ANEL y la elaboración de una resolución al respecto. Nota del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente de la Ministra de la Cartera, quien se excusa de asistir a esta sesión por motivos de agenda. Señala con todo que en su representación asiste la Subsecretaria de Servicios Sociales, aquí presente, la señora Jessica Gallez-Coscara, acompañada de sus asesoras Valentina López, Alena Gutiérrez y Belén Tonqui. Documento que consiste en un informe sobre derechos y garantías de seguridad social y trabajo decente en Chile. Este informe ofrece un contexto histórico, político y filosófico de las regulaciones actuales sobre derechos económicos, sociales y culturales, destacando los cambios significativos desde la dictadura militar y cómo estas transformaciones han influido en las políticas actuales. El informe aborda el cumplimiento de los convenios internacionales de la OIT y recomienda medidas para mejorar la protección de los trabajadores en Chile, enfocándose en el sector de la salud pública y las brechas de género existentes. Oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la que se informa acerca de glosa relacionada con la Ley de Presupuestos para el año 2024, específicamente de la Ley 21.640. Un oficio reservado de Gendarmería de Chile, con el cual se informa también el cumplimiento de glosa presupuestaria número 21 relacionado al programa presupuestario 01 y 02 para el cuarto trimestre del año 2024. Hay una nota de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, quien solicita audiencia para discutir cuestiones claves relacionadas con la seguridad social y las condiciones laborales en Chile, particularmente en el sector de la salud pública. Se acompaña con un informe elaborado conjuntamente con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presentado a la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Hay una nota de la Fundación de la Doctora Avicena, solicitando intervención y apoyo por una estudiante de tercer año de anestesiología de la Universidad de Chile, cuyos datos personales han sido reservados. Solicita el apoyo de esta comisión e incluye un llamado a proteger la identidad e integridad de la estudiante mientras continúe con sus estudios. Número 12, un oficio reservado del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien en respuesta a esta comisión da informes sobre los casos de chilenos que hayan sido víctimas de violencia en Venezuela. Esto ha solicitado el diputado Kaiser. Y por último, la nota de la Bancada de Renovación Nacional, quien informa que el diputado Andrés Lónton, en la sesión de hoy, reemplazará al diputado Cristóbal Urruti Coetzee. Eso es, Presidenta. Gracias, Secretario. Bueno, la mayoría de los oficios que hemos recibido tienen que ver con peticiones de oficio que han hecho los distintos colegas en esta comisión. Algunos de ellos podemos, además, derivarlos a la Comisión de Trabajo, porque tiene que ver con situaciones concretas de infracción a las normas laborales y, por lo tanto, no hay mucho, y los otros van a ser enviados a sus teléfonos, salvo los reservados, que ustedes saben que tienen que acudir a la oficina del secretario para efecto de leerlos. Abro la palabra sobre la cuenta. ¿Algún comentario u opinión sobre la cuenta? Vamos a pasar por el tiempo que hemos establecido como reglamentario para varios, para no dejarlos al final, porque igual al final se diluyen y, de repente, la gente quiere hacer uso, digamos, y que todos presten atención. Abro entonces tiempo para varios. ¿Alguien solicita la palabra? Diputado Kaiser. Muchas gracias, Presidenta. Lo que sucede es que, de la mano de lo que ha sido la falta de reconstrucción, o la lenta reconstrucción después de los incendios, se produce también una afectación de una serie de derechos fundamentales, exactamente después de los incendios. Y sería, creo yo, importante ver si el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos puede hacer un comentario respecto de esta situación en Grecia. Muchas gracias, diputado. ¿Hay acuerdo en enviar un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos para ver cómo se han hecho cargo de la dimensión de derechos humanos de los incendios, particularmente en la quinta región? Por supuesto, por supuesto. ¿Hay acuerdo? Perfecto. ¿Alguien más?

Diputado Palma. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, saludar a las autoridades que nos acompañan y a la Comisión. Presidenta, dos temas significativos y que van en la misma línea, que son los derechos de los activistas ambientales. Bueno, desde luego, el caso de Julia Chuñil: estamos a la espera de una Comisión Especial Investigadora para poder discernir qué es finalmente lo que ha sucedido con Julia y cuáles han sido las líneas investigativas. Pero a esto se suma otra activista ambiental, que es Alejandra Parra, de la Alianza Basura Cero. Ella ha sido una activista empedernida por el tema, fundamentalmente, del microplástico, que es una brutalidad lo que está pasando en el planeta. Yo creo que nosotros podemos estar todos transversalmente de acuerdo, y hoy día ha sido brutalmente amenazada por una planta de incineración de residuos que se va a colocar, para variar, en la zona de la Araucanía, con todas las implicancias que va a tener esto para el ambiente. Entonces, en tal sentido, quería proponer, si es que la Comisión lo tiene bien, que se oficie al Ministerio del Interior, por una parte, y al Ministerio del Medio Ambiente, para saber cuáles son las líneas estratégicas respecto de aquello. La planta es esto que se denomina WTE, son plantas de incineración de residuos y que tienen un doble discurso, que a mí, la verdad, no me convence bien. Eso quería pedir concretamente para que se oficie al Ministerio del Interior por el acoso que está siendo víctima, en este caso, la señora Alejandra Parra, y al Ministerio del Medio Ambiente para saber cuál es la política pública respecto a estas plantas de incineración. Gracias, Presidenta, muy amable. ¿Habría acuerdo en enviar ese oficio? Sí, Diputado. Señora Presidenta, por su intermedio, ¿esta persona sería acosada en el sentido de llamadas o de…? Porque, de otra manera, existe una denuncia; ha interpuesto denuncia por ese acoso. Entiendo que sí lo ha hecho, colega, pero la preocupación es porque es la misma línea de lo que pasó con Julia Chuñil. O sea, yo no quiero esperar que ella desaparezca o que aparezca muerta o torturada o, no sé, qué cosa, porque algún inescrupuloso está detrás de esta situación. Por eso es importante para mí oficiar al Ministerio del Interior para saber si ha tomado partido en esta situación concretamente y qué acciones va a realizar. Señor Presidente, le podría solicitar al Diputado Palma que divida entonces en dos oficios, porque yo sería partidario de hacer la consulta al Ministerio del Interior, pero respecto de la parte técnica de lo que es una planta de incineración, creo que no necesariamente nos corresponde a nosotros, como Comisión, hacernos cargo de esa parte. Efectivamente, puesto, como lo pone el Diputado Palma, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, Diputado, pero me imagino que el segundo oficio lo que uno podría tener es cuáles son las consideraciones y las mitigaciones que se tienen en cuenta respecto de las comunidades y personas aledañas, para ver si existe una política de mitigación frente a este tipo de cosas, y me parece que eso sí entra dentro de lo nuestro. ¿Me parece? Sí, sí, sí. ¿Hay acuerdo entonces? ¿Algún otro comentario o petición hacia la autoridad? Pasamos entonces a… Sí, estamos en varios. Muchas gracias, señora Presidenta. Solamente, una: aprovechar que estamos en varios, porque vamos a ver un proyecto de ley que tiene que ver con esto, que habla del proyecto de ley que reconoce, protege, garantiza y promueve derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Yo, al mismo tiempo, tengo entendido que el ministerio ya ha avanzado sin ley respecto de este tema, y la pregunta es la siguiente: si no se requiere de ley para avanzar con este tema, ¿por qué estamos tramitando una ley? Y, si se requería de ley para avanzar este tema, ¿por qué lo hizo el gobierno? Si el gobierno requiere de una ley para impulsar este tipo de iniciativas, yo quiero una explicación de por qué lo hicieron sin ley. Muchas gracias. Diputado, antes de ir al receso, esto fue de larga discusión, ¿no es cierto? Y lo que se nos dijo en ese momento, quiero recapitular para que podamos proceder a lo que toca ahora, que es que hagan presentación de las indicaciones, es que efectivamente primero habían consultas…

Ya realizadas respecto de los temas o de gran parte de los temas que aborda este proyecto. Segundo, que darle un marco legal a esto significaba, efectivamente, establecer el rango o el marco —valga la redundancia— dentro del cual se desarrollan las políticas públicas, y en ese sentido reconoce y establece ciertas obligaciones respecto de esto. Siempre, una política pública que carece de marco legal puede desaparecer. Cuando tiene un marco legal, la verdad es que pueden cambiar algunas cosas, pero se mantiene esa política en el tiempo. Esa es la gracia, digamos, de establecerlo por ley. Y eso fue ampliamente debatido por diputados. Diputado Kaiser, y le paso la palabra. De acuerdo con usted, señora presidenta, en derecho público normalmente uno está autorizado a hacer aquello que le permita la ley, ¿no es cierto? Ahora, comprendiendo su argumentación, esto significa que a través de esta ley una próxima administración no podría cambiar aquello que se está haciendo hoy día ya como política de Estado, o sea, no como política de Estado, disculpe, como política de esta administración. En ese sentido, lo que hace es amarrar a la próxima administración para que no pueda revertir una decisión que puede considerar correcta o incorrecta. ¿Eso es correcto? Siempre se pueden derogar las leyes, usted lo sabe, y para eso hay que tener mayoría, y por cierto es lo que podría pretender una mayoría dentro del Congreso. Lo que sí da es certidumbre y proyección a los planes, programas y políticas que se están realizando. Entonces, bien, diputada Pizarro. Muy breve, presidenta. Yo tengo una profunda preocupación. No sé cómo oficiar lo que tenga sentido, porque yo, hace rato, siento que oficiamos con hechos que no tienen resultados ni sentido. Por eso lo quiero consultar. La situación de Julia Chuñil es muy delicada y yo creo que nosotros debiésemos oficiar, pero no tengo la certeza si es el Ministerio del Interior. ¿Ya oficiamos? Sí, hay una compromiso reserva de respuesta. Ya, gracias. Efectivamente, y eso también, al diputado Palma, que no llegó justo para la lectura de la cuenta, hay un oficio que respondió el Ministerio del Interior respecto de las medidas investigativas que se han adoptado en torno a la situación o el caso de Julia Chuñil, que fue un oficio solicitado, si se acuerdan, por la diputada Ñanco en la última sesión que tuvimos. Entonces, para esta sesión, y antes de leer, digamos, la tabla acá, lo que quiero dejar claro es que habíamos quedado en la última sesión, se había abierto el periodo de indicaciones. Hoy día, el representante del Gobierno y del Ministerio de Desarrollo Social han hecho su trabajo y les voy a pedir que presenten las indicaciones al proyecto. Hoy día no vamos a tener votación y vamos a empezar a votar en particular la próxima semana. Y eso permite, digamos, que también los diputados —si quieren, porque hasta ahora no han llegado, si no me equivoco, indicaciones de parte de los diputados—, entreguemos este plazo hasta el próximo miércoles para que los diputados y diputadas puedan también presentar sus indicaciones y así trabajarlas todas, digamos, en el análisis norma a norma, en particular. Le doy la bienvenida para iniciar este estudio en particular del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas Ericka Ñanco y Emilia Nuyado y de los diputados Jorge Brito, Andrés Giordano y Jaime Sáez, que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, Boletín Nº 17.241-17. Para este propósito se ha invitado a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; a la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; y a la Subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, para que se refieran a las indicaciones que en este año...

Presenta el Ejecutivo al Proyecto de Ley. Le doy la bienvenida, no todas están presentes, digamos, en la subsecretaría, pero supongo, y usted nos confirmará, subsecretaria, que este ha sido un trabajo, espero, de todas las subsecretarías y que a través suyo estas se ven representadas. Bienvenida. Bueno, por su intermedio, Presidenta, primero que todo saludarla, saludarles y, por cierto, desearles un excelente inicio de año legislativo que sea muy provechoso para todos y todas. También agradecer que hayamos sido convocados a esta sesión y, para efectos de esto, justamente trajimos un análisis de cada una de las indicaciones que, como Ejecutivo, hemos ido desarrollando, varias de estas también colegiadas con el resto de las carteras que usted señaló. Y aprovecho también de transmitirles el saludo de la ministra Javiera Toro, que en este momento está justamente por problemas de agenda y me pidió que venga en su reemplazo. Primero, para señalar, y en el marco más general, quizás un paréntesis brevísimo, advertir que el computador que está proyectando está sin batería, porque al parecer no está recibiendo corriente del interruptor, por si acaso. No lo sé, no lo sé, pero me está alertando varias cosas y se está apagando. Bueno, algunos puntos generales que nos gustaría establecer antes de partir, porque parte de esta presentación tiene el propósito también de establecer un marco general sobre el cual nosotros avanzamos en la discusión durante la tramitación de este proyecto de ley. Es que, para nosotros como gobierno, este proyecto de ley forma parte de la viabilización también del compromiso que tenemos con los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. La presentación del apoyo por parte del Ejecutivo y su perfeccionamiento al ingreso a través de indicaciones señala el compromiso que tiene el presidente Gabriel Boric Font con la revitalización, la conservación y la promoción de las lenguas indígenas, no solo –y aquí somos bien enfáticas–, no solo como derecho cultural, sino también como un elemento central de la identidad y la autonomía de los pueblos indígenas. Y entendemos que de esta manera su reconocimiento fortalece a los pueblos indígenas, a sus comunidades integrantes; tuvimos varias audiencias que dieron cuenta de eso y actúa como medida de reparación ante la pérdida de vitalidad lingüística que estamos enfrentando en nuestro país, la cual también se deriva de los procesos históricos que han sufrido los pueblos indígenas. Como sabemos, el fondo de este proyecto de ley es el ordenamiento del marco normativo, dándole coherencia y estando muy alineado con el plan decenal de las lenguas indígenas impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y aquí, quizá, establecer justamente la importancia de este propósito: este proyecto de ley nos va a permitir tener un marco de ordenamiento normativo para que, a través del desarrollo de políticas públicas y acciones específicas, podamos ir dotando de contenido de cómo vamos cerrando las brechas que tengamos en materia de lenguas. Y es por eso que el plan decenal de lenguas, que suscribió el Estado de Chile, se vuelve tan relevante porque establece compromisos concretos de política pública que se pueden revisar y que deben tener lugar en su implementación desde el año 2022, que es cuando se suscribió este decenio, hasta el año 2032. Y, por último, también establecer que es la materialización de los compromisos del Estado de Chile en materia de derechos lingüísticos, como vamos a ver dentro del desarrollo del marco normativo establecido. Entonces, muy brevemente, me gustaría referirme a la situación de las lenguas indígenas en Chile. Sé que el administrador hoy hizo una presentación bien abultada respecto de esto y detallada, pero quizá es oportuno enfatizar también el porqué de la relevancia de este tema, hacer un breve recorrido por el marco normativo de los derechos lingüísticos, tanto a nivel nacional como internacional, visibilizar también las iniciativas que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia está desarrollando en materia de derechos lingüísticos y, por último, abocarnos a las indicaciones del Ejecutivo. En los primeros puntos voy a ser muy breve, como hemos visto en las últimas encuestas y también en el último censo que tenemos: si bien existen 2.185.792 personas que pertenecen a algún pueblo indígena, lo que corresponde a un 12% de la población total del país, sabemos que en su mayoría pertenecen al pueblo mapuche, seguidos del pueblo aymara y del pueblo diaguita. No necesariamente está extendido en toda la población el reconocimiento, uso y práctica de las lenguas indígenas. Particularmente, nosotros sabemos que, en el territorio nacional, las lenguas con mayor vitalidad son el Mambo-Dungún, la Aymara y el Rapa Nui, pero que enfrentan un periodo muy crítico de desaparición. Hay datos muy sustantivos en esta materia y, permítanme referirme a los datos de la encuesta CACER, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica del año 2022, que es la última vigente y señala que los hablantes de esta lengua muestran un retroceso sostenido a lo largo de la pandemia.

A lo largo de los años. Sabemos que desde el año 2009 había un 12% de personas que entendían su lengua materna y que para el año 2022 esta cifra cayó a un 8,5%. Y lo más preocupante es que las personas indígenas que no hablaban ni entienden su lengua también han ido aumentando de manera preocupante. Había un 77,3% en el año 2009 que no entendían su lengua indígena y en el año 2022 esta cifra llegó al 81,4%. Y, por otro lado, también podemos ver que en términos de la distribución de la edad de las personas que son hablantes actualmente, hay una concentración principalmente en personas mayores, que son quienes son los hablantes. Hay datos que son tremendamente contundentes, donde podemos observar que, particularmente, como se observa en la última gráfica —se ve chiquitito, disculpen—, en las últimas dos pilas se observa que el 72% en el año 2022 y el 67% en el año 2017 no hablan ni entienden las lenguas, mientras que en esas mismas edades fluctúa en torno al 15% y al 20% la existencia de hablantes de las lenguas maternas. En este contexto, y si pasamos a una revisión muy breve del marco normativo de los derechos lingüísticos, lo primero que tenemos que destacar, cierto, es el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 4, 5 y 28, que establece los siguientes deberes: el deber de adopción de medidas especiales para salvaguardar las culturas; el deber de reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los pueblos indígenas y respetar su integridad; el deber de enseñar a niñas y adolescentes a leer y escribir en su propia lengua indígena o en la lengua más comúnmente hablada en el grupo al que pertenezcan; y el deber de adoptar disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover su desarrollo y prácticas. A este marco también se suma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del año 2007, en los artículos 3 y 14, donde se destaca el derecho de los pueblos a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, así como a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, y a mantenerlos. Se establece, además, el deber del Estado de adoptar medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho, el derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, y el deber de adoptar medidas para que las personas indígenas, en particular los niños y niñas —incluidos aquellos que viven fuera de sus comunidades— tengan acceso, cuando sea posible, a una educación en su propia cultura. Y, por último, en el marco normativo internacional, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas establece los sistemas de conocimientos, lenguaje y educación, y reconoce el derecho de los pueblos a establecer y controlar sus propios sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus idiomas, con contenidos que reflejen la naturaleza pluricultural y multilingüística de sus sociedades, impulsando el respeto y el conocimiento de las diversas culturas indígenas. A nivel nacional, tenemos la ley indígena, la Ley 19.253, que establece el deber de la sociedad en general y del Estado, a través de sus instituciones, de respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, así como la función de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de promover las culturas, idiomas indígenas y los sistemas de educación intercultural bilingüe en coordinación con el Ministerio de Educación. Asimismo, como se ha visibilizado a lo largo de todas las sesiones previas a avanzar en la tramitación de este proyecto de ley, hay elementos en el marco normativo nacional referidos en la Ley General de Educación, en la que, sin detenernos en detalles, es importante destacar el principio de interculturalidad y la educación intercultural bilingüe; y la Ley 21.045, que crea el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, en la cual se establece el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, debiendo reconocer, respetar y promover sus culturas, prácticas ancestrales, creencias, historia y cosmovisión, con especial consideración en el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio. Ahora bien, y entendiendo también que es de interés para la Comisión conocer cuál es el Estado en términos de materias de política pública que se han desarrollado, resulta fundamental destacar que este proyecto de ley, como ya se había mencionado al inicio, se engarza de manera muy adecuada con el diseño internacional de las lenguas indígenas del mundo —estipulado para el periodo entre el 22 y el 23—. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este diseño internacional de las lenguas indígenas con el fin de alertar sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas, y su principal objetivo es establecer líneas de acción concretas que apunten a la revitalización, conservación y creación de nuevos hablantes. Este diseño, que ha sido impulsado por la UNESCO, forma parte de las materias que el Ministerio aborda a través de la Unidad Especial de Asuntos Indígenas y del Plan Decenal de Lenguas. ¿Y qué es lo que estamos trabajando? Entendiendo como horizonte que el objetivo general es habilitar las condiciones para la generación de nuevos hablantes.

antes, además de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, conservar y promover a través de un instrumento de política pública, estamos avanzando en las líneas de revitalización a través de las propias organizaciones y conocimientos para la generación de nuevos hablantes, la conservación que implica la preservación de las lenguas en su estado actual, la medición del registro permanente, la documentación y la investigación académica, y la promoción, aumentando la visibilización y el uso de las lenguas en diversos contextos y promoviendo su reconocimiento. Entonces, con este plan decenal se han ido estableciendo un conjunto de acciones que permiten establecer cuáles son los esfuerzos de política pública que estamos desarrollando en materia de revitalización en el marco del plan decenal, pero sin necesariamente contar con un instrumento normativo que ordene la institucionalidad y el proceso de ejercicio que se establezca. Y acá, también, solamente para ahondar, el dato más crítico que nosotros hemos visibilizado —que también fue presentado directamente por la Universidad de la Frontera— es que, en el estudio que hicimos de diagnóstico sociolingüístico, las cifras sobre la situación actual de las lenguas de los pueblos Mapuche y Aymara son dramáticas. O sea, estamos con una ventana de oportunidad súper estrecha para hacernos cargo de esta situación. La lengua Aymara, casi un tercio de la muestra, corresponde a personas Aymara cuya competencia en la lengua les permite comprender y producir textos orales, lo que implica que pueden comunicarse fácilmente en la lengua Aymara. De este grupo, solo un 12% corresponde a personas que hablan de manera fluida; es decir, casi 9 de cada 10 participantes de este estudio no hablan de manera fluida la lengua. Y en el caso de la lengua mapuche, un tercio de la muestra corresponde a mapuches cuya competencia lingüística en el mapuzungún les permite comprender y producir textos orales, evidenciando la capacidad de comunicarse en dicha lengua. Sin embargo, solo un 14%, pese a lo extendido que entendemos, corresponde a quienes hablan de forma fluida. Esto, sumado al marco que nosotros estamos desarrollando, vuelve aún más relevante poder avanzar en esto. Dentro del marco de trabajo regular que tiene la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, nosotros tenemos cuatro líneas de trabajo orientadas a la revitalización: el programa de recuperación y revitalización de las lenguas; el programa de difusión y fomento de las culturas indígenas; el programa de educación intercultural e indígena; y el programa de subsidio a la formación de personas indígenas. Así como vimos a lo largo de las sesiones en que se presentaron las diversas carteras, existen otras iniciativas, y este ejercicio nos va a permitir cumplir con el ordenamiento normativo de esto. Ahora bien, de cara a cada uno de los capítulos, las indicaciones que nosotros hemos establecido —y voy a ir de manera general para abordar cada capítulo— son las siguientes. Referido al capítulo 1 de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y en particular del artículo 1, lo que hicimos fue proponer una perfección de la redacción del artículo; por ejemplo, reemplazamos “pueblos indígenas de Chile” por “pueblos indígenas en Chile”, reforzando la autonomía de los pueblos indígenas e incluyendo también la referencia a la Ley 19.253 para una mayor consistencia normativa. Además, prescindimos de la distinción entre derechos individuales y colectivos, subsumiéndolos bajo la noción de derechos lingüísticos, entendiendo que se establecen ambas dimensiones. Asimismo, reemplazamos “lenguas vernáculas” por “lenguas indígenas”, con base en los instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas ya mencionados y en el decenio internacional de las lenguas establecido por la UNESCO. Respecto al artículo 2, se perfecciona la redacción, haciendo énfasis en que el Estado reconoce las lenguas indígenas como parte constitutiva del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incorporando el deber del Estado de su salvaguarda, recuperación, revitalización, conservación, fortalecimiento, investigación y promoción, y se enfatiza el deber de actuar coordinadamente para el desarrollo e implementación de iniciativas, programas e instrumentos de política pública de las lenguas indígenas. Referido al artículo 3, ampliamos y proponemos ampliar el concepto de lengua indígena, no solo incorporando las lenguas habladas, sino también aquellas que se encuentran en uso y en desuso, y que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas; asimismo, se prescinde de la referencia al carácter bilingüe de los pueblos indígenas, ya que en la actualidad no siempre ello ocurre. En el caso del artículo 4, se perfecciona la redacción, prescindiendo de la distinción entre derechos individuales y colectivos, en el mismo sentido antes mencionado, y, en términos generales, respecto al derecho de comunicarse en la lengua de la que se es hablante, se incorpora el deber de los órganos del Estado de propender a la adopción de las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de servicios de interpretación u otras herramientas que faciliten la comunicación. Se suprime la referencia al derecho a consulta previa, en tanto que debe aplicarse la normativa vigente en la materia.

Respecto al capítulo 2 de la promoción y enseñanza de las lenguas indígenas, hacemos una indicación en el artículo 5, que se perfecciona la redacción del artículo, haciendo énfasis en el reconocimiento de los procesos propios de revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas, y se incorpora la referencia a la Ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En los artículos 6 y 7 se ajusta la redacción con base normativa de educación vigente. Asimismo, en el artículo 6 se incorpora el deber del Estado de generar acciones de promoción para iniciativas autogestionadas por las propias organizaciones indígenas, y en los artículos 8 y 9 se propone la supresión de dichos artículos con base en la aplicación de la normativa educacional vigente. Como ustedes pueden ver, también hicimos un ejercicio integrado con el resto de los sectores para que esta sea la propuesta del Ejecutivo en su conjunto. Presidenta, lo dejo hasta acá. Muy disponibles para ir revisando cada una de las indicaciones y para reforzar, en conjunto, la relevancia de poder establecer este marco normativo, que sin duda se encarsa con los esfuerzos de política pública, pero sobre todo constituye un ordenamiento que, a la luz de la eficiencia, permite reducir las brechas que tenemos en términos de vitalización de las lenguas indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Todavía no tenemos el comparado porque las indicaciones ingresaron hoy; por lo mismo, vamos a empezar la votación la próxima semana cuando dispongamos de dicho comparado y eventualmente de las observaciones que nos puedan hacer llegar los diputados y diputadas. Por lo tanto, abro la palabra, digamos, a consultas que se quieran hacer a propósito de las indicaciones. Diputado Sandón y, después, diputado Kaiser. Gracias, Presidenta. Bueno, leímos de forma rápida las indicaciones. Efectivamente, nos hace falta, de todas maneras, el texto, pero quería saber cuál sería el real cambio que tenemos entre el proyecto que se presentó, que hemos estado discutiendo, versus esto, o sea, en la práctica. Porque entendíamos el diagnóstico de que, efectivamente, hoy muy poca gente habla su lengua y hay que hacer el esfuerzo justamente por la cultura, por lo que corresponde y por lo sano que es para un país, de respetar y—ojalá—que todo el mundo no se comunique únicamente en castellano, ya que lamentablemente ni siquiera hoy tenemos niños que comprendan lo que leen, adultos también, y entonces esto implica un esfuerzo adicional. Pero me gustaría saber, a juicio de usted, por ciento medio, Presidenta, cuál es lo sustancial entre lo que nos entregó en ese minuto la diputada Ñanco y lo que hoy el Ejecutivo está tratando de expresar a través de esta indicación. Si le parece, diputado Kaiser. Ah, muy bien. Bueno, créanme que pueden responder dos preguntas, pero, por favor, por su intermedio, Presidenta. Bueno, agradecer la pregunta; quizás fui sumamente rápido, entonces no quise abusar del tiempo para la exposición. Y agradezco también que tengamos un diagnóstico compartido. Específicamente, lo que nosotros establecimos como mejoras al proyecto de ley, por un lado, fue justamente hacer la revisión de la coherencia con los marcos normativos vigentes, lo cual representó un primer ejercicio importante, colegiando esta mirada con los diferentes sectores que integran a quienes demandaría obligaciones o vinculación este proyecto de ley. Lo segundo, hicimos en varias medidas —que posteriormente podemos revisar en detalle— y, resaltando las más relevantes, establecimos un perfeccionamiento de la redacción que fuera coherente, además, con los instrumentos internacionales que estamos desarrollando, pero también con la mayor comprensión debida para abordar cuáles son las obligaciones que se derivan para el Estado en cada uno de estos aspectos, pues creemos que había espacios de mejora en cada uno de los artículos. Además, incorporamos algunos deberes concretos del Estado, y aquí se podrían establecer, por ejemplo, ciertos ejemplos que luego podemos detallar aún más. En el artículo 2 se establece que se reconocen las lenguas indígenas como parte constitutiva del patrimonio cultural indígena, en el marco de la diversidad lingüística del país; pero, en particular, se fija el deber del Estado de su salvaguarda, recuperación, revitalización, conservación, fortalecimiento, investigación, promoción y difusión, según corresponda a lo largo del territorio nacional. Este deber que se incorpora para nosotros es muy gravitante, porque justamente establece el mandato que deberá ser respondido a través de las políticas públicas que se desarrollen, pero también mediante el proceso de coordinación entre los distintos sectores responsables de dichas obligaciones. Por eso...

Una vez establecido, en el caso de prosperar este proyecto de ley, podríamos contar con este marco normativo y habilitar espacios de coordinación y seguimiento para cada uno de estos deberes que debiesen ser asumidos por el Estado. Y esto forma parte de nuestro juicio, este ejemplo probablemente de los aspectos más de fondo que se están estableciendo y que van en la línea del plan decenal que ya había mencionado, pero que hoy tiene un carácter solamente de apoyo de política pública. Cuando hay deberes, tenemos un informe financiero que dice que no hay riesgo de gasto, pero cuando hay deberes y es necesario realizar gestiones, yo me imagino que algo de gasto va a tener que existir; por ejemplo, un departamento o algún fiscalizador. Por eso, mi pregunta es: ¿existe la estructura en el Estado como para hacer cumplir estos nuevos deberes? Y la segunda pregunta hace que se reemplace la frase que cuenta con más de 20% de la matrícula de estudiantes pertenecientes, que es lo que existe hoy en día, señalándose que se elimina el 20% de acuerdo con la normativa vigente. ¿Qué es eso exactamente? Sí, respecto al informe financiero que está asociado, y como vimos en cada uno de los análisis de los sectores, ya existían esfuerzos presupuestarios en las diferentes líneas y también espacios institucionales que se hacían cargo de esto, mas no necesariamente una coherencia en cuanto a la coordinación de dichas materias. Esto conlleva, en términos de gestión del Estado, dos riesgos: una eventual duplicidad de tareas al no contar con un marco normativo que permita establecer dicha coordinación y la posibilidad de no identificar de forma contínua las potenciales brechas existentes. Para poder avanzar, entendiendo este deber y que se agregará a través de nuestras indicaciones, hemos observado que la oferta programática actual del Estado ya cuenta con financiamiento, por lo que, en caso de prosperar este proyecto de ley, derivaríamos en la identificación de todos los esfuerzos presupuestarios que ya se están realizando para incorporarlos como parte de las acciones programáticas en desarrollo. Como les presentaba, por ejemplo, las acciones de los programas de revitalización lingüística que se están desarrollando con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, ya cuentan con financiamiento presupuestario; y la lectura que hicimos en el análisis de este presupuesto es que la creación de este marco de deberes del Estado y este ordenamiento no irrogaría gastos adicionales. En términos de oferta programática, también ya se cuenta con financiamiento vinculado a las obligaciones que se están estableciendo en el plan decenal. ¿Y por qué avanzamos respecto de la eliminación que usted señala? Es porque la idea es no rigidizar la definición de la política pública a nivel legislativo. Hemos tenido bastantes experiencias en que, cuando se establecen porcentajes cerrados en los proyectos de ley, dichos porcentajes no se adecuan a la realidad, tan cambiante, y se limita esa distribución. Por tanto, nuestra indicación va en la línea de establecer el marco de la obligación, pero sin rigidizar el porcentaje para que ello pueda discutirse en el ámbito programático. Gracias, Presidenta. Pero si yo cambio el porcentaje, a ver, primero que todo, es un supuesto, ¿no es cierto? Que en el fondo, de acuerdo a la realidad que existe hoy en día, se verán duplicidades; aunque es un supuesto, y se hizo ya ese análisis. Pero cuando quito el 20% y pasamos a puro 5%, imagino que se necesita mucho más capital humano, o lo que sea, para poder enseñar. Es decir, si no es 20, puede ser 5, 4, 7, 8, 10; da lo mismo, es como un derecho. Si existen niños de las distintas culturas de nuestras etnias, ya se empezaría a enseñarles su lengua materna. Entonces, ¿no tiene una implicancia económica el hecho de quitar el 20%, dado que ahora va a ser un 10 o un 5? Porque, en vez de ser 10 colegios donde se realiza esta acción, serían 20 colegios, o 5 colegios más; ya que al cambiar ese porcentaje puede aumentar la demanda de profesores que conozcan las lenguas. Aunque pueden existir 10 colegios con 5% cada uno, el Estado tiene la obligación de llevar este proyecto de ley a cada uno de los establecimientos donde exista, al menos, me imagino, un 1%, un 2%, un 3%, un 4% o un 5% de niños, lo que resulte deseable.