Senado - Educación - 5 de marzo de 2025

Boletines Nos. 16.881-04. Le ofrecemos la palabra al señor Secretario para la cuenta. Presidente, el día de ayer se invitó al Presidente de Proyectos Profesores, Mario Aguilar, para asistir a esta sesión y exponer respecto al proyecto de convivencia escolar, y expresó sus excusas, porque obviamente la invitación se le hizo a él al final del día, en virtud de que la otra invitada para esta sesión era la exministra del Interior. Una vez que se subió la información de que ella dejaba el gabinete, recién en ese momento se invitó al Presidente de Proyectos Profesores, quien quedó disponible para una próxima sesión. Luego se recibieron dos documentos: uno del señor Oscar Aroca, Jefe de Gabinete del Ministro de Educación, mediante el cual se solicita la posibilidad de hacer una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso Nacional de Educación para dar a conocer las razones por las cuales se postuló el traspaso del servicio educativo de los servicios locales de Tamarugal, Elqui, Costa Central y Marga Marga. Se solicita a la Comisión que agende una sesión de esta naturaleza, en el contexto de la discusión presupuestaria y del punto 22 del protocolo de la aprobación de la Ley de Presupuestos vigente, que establece la obligación de informar a estas comisiones respecto de esta materia. Luego, el alcalde de la Comuna de Punta Arenas, Claudio Herrado Nich, remitió la copia y el documento enviado a la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en relación con los descuentos aplicados al fondo municipal para el pago y la asignación de zonas a los asistentes de la educación, conforme lo dispone la Ley de Presupuestos vigente. La Comisión de Alcaldes de estas modificaciones, que afectan a la municipalidad, perjudica gravemente a los habitantes de Punta Arenas, quienes se verán privados de importantes prestaciones sociales.

Luego, Presidente, en relación, insisto, con, además de la excusa del Presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, hay 10 solicitudes de audiencia a esta Comisión para concurrir a exponer en relación con el Proyecto de Ley sobre Convivencia Escolar, que así lo hemos denominado en términos amplios; tiene otra denominación desde el punto de vista de los proyectos de los boletines que están refundidos. ¿Cuáles son estas instituciones? Estudio IDEA País, Escuelas Abiertas, Corporación Comunidad de Justicia, Agrupación de Padres y Madres por la Educación, APIM, Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, CONFEPA, Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS), Movimiento Con Mis Hijos No Me Metas, que es la Presidenta Ingrid Born, de la Asociación de Padres, Abuelos y Educadores por la Libertad de Educación (LIBEDUC), Gonzalo Letelier, de la Fundación Mi Derecho a Educar, Felipe Varela y, de la Red de Colegios Asociados, señora Luz María Guerrero. Son 10 las instituciones, Presidente, que han solicitado ser escuchadas por la Comisión, a lo que se suma la invitación que se había hecho al Presidente del Colegio de Profesores, como ha señalado hace un momento. Y, finalmente, Cristian Rivas reitera una solicitud hecha llegar a la Comisión en enero de este año para exponer respecto a una aplicación que él elaboró, Alma IA, que fusiona psicólogos expertos en patología de salud mental e inteligencia artificial, diseñada especialmente para los estudiantes de educación básica y media, y cuyo concepto es que puede ser un aporte al bienestar de la salud mental de los niños y niñas en etapa escolar. Eso es, Presidente. Muchas gracias, señor Secretario. Tendríamos, por lo tanto, para hoy solo un invitado que ha confirmado que está afuera, ¿cierto? Anuar Quesilla, que es el Defensor de la Niñez. Si le parece, podríamos se lo pasar. Siempre a juicio de que podamos ver algún aspecto de la cuenta, señor... ¿Varios no vamos a ver después? Al final, sí, varios. Señor Senador García. Gracias, Presidente. Sobre la cuenta, quería, en primer lugar, referirme a esta comunicación del alcalde de Punta Arenas, porque dice algo que a mí me sorprende harto y que sería bueno que la Dirección de Presupuestos también nos aclarara a nosotros, ya que indica que a él se le están haciendo descuentos, a la Municipalidad de Punta Arenas se le están haciendo descuentos aplicados al Fondo Común para el pago de la asignación de zona de los asistentes de la educación. Yo no sé si será una situación particular de Punta Arenas, porque, además, tienen una zona que es bastante alta; ellos son un servicio que todavía está en el municipio. Estrictamente, uno podría pensar que no corresponde el pago de asignación de zona, ya que el pago se gatilla cuando se traspasan al servicio local de Educación. Sería bien interesante saber qué es lo que está gatillando estos descuentos. Eso, por una parte. Y respecto de las solicitudes de audiencia, yo quería agregar una que es de don José Luis Velasco, que es presidente de la Asociación de Educadores de Chile. Don José Luis Velasco, si fuera posible incorporarlo a este listado de audiencia. Gracias, Presidente. Siempre en el proyecto de ley sobre Convivencia Escolar. Muchas gracias. Por supuesto, incorporaríamos a don José Luis Velasco en la lista de invitados. Y respecto del primer punto sobre Punta Arenas, que además debe ser corporación, ¿no? Y eso le da más flexibilidad también para estos temas. Podríamos enviar un oficio, ¿no? Oficiar a la DIPRES, en los términos que se ha referido el senador. Presidente, agregar al presidente en relación con el tema de... perdón, Presidente, perdón. Yo oficiaría también a la SUDERE, porque si son descuentos en el Fondo Común, la mayor información la debe tener la SUDERE, más que la DIPRES incluso. Bien, oficiaríamos entonces a ambos organismos, a la SUDERE y a la DIPRES, en relación con la solicitud del alcalde Rada. Presidente, senadores, en relación con las solicitudes de audiencia para efectos de tener un contexto respecto a este Proyecto de Ley de Convivencia Escolar, se han efectuado tres; hemos recibido ya a tres instituciones: Acción Educar, Verónica López, de PASES, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y del Observatorio de Salud Mental, la psicóloga. Daniel Rodríguez no pudo venir en su oportunidad, pero ya fue invitado. Y, restando esas tres, nos quedarían otras 13 solicitudes.

Con lo cual competirían 16, incluyendo la petición del Senador García, de José Luis Velasco y agregando la del Colegio de Profesores, que no estaba acá considerada, y no sé si la Comisión va a insistir en el Ministro del Interior. La Subsecretaria de Prevención de Delitos tenía interés en poder exponer, tal vez podría ser la próxima semana. Gracias, Presidente. Se agregarán dos invitados: el docente Juan Casasú, catedrático y conocedor de estos temas, y la Presidenta de la Asociación Nacional de Orientadores Educacionales, a quien le haré llegar las coordenadas. Presidente, con estos 17, ¿se cerraría la lista? Sí, cerraría la lista. Serían 17 las instituciones y personas que quedarían pendientes de ser recibidas, incluyendo, como les digo, al Director de Acción Educativa, que no vino. Sí, se cierra la lista. Perfecto. Bien, escuchemos. Pasemos al señor Quesillo. Señor Presidente, reanudamos entonces para proceder a la sesión. Vamos a proceder, ¿no es cierto?, a otorgar la palabra al Defensor de la Niñez, don Anuar Quesillo, quien está acompañado de la encargada de comunicaciones, señora Andrea Borques, la jefa de gabinete, señora Grace Smith, y la profesional de seguimiento de legislación y política, señora Catherine Llanos. Damos la bienvenida, por cierto, al Ministro de Educación, don Nicolás Cataldo, que nos acompaña junto a su equipo legislativo, y recordamos que don Anuar Quesillo es el único invitado para el día de hoy. Ya hemos cerrado la nómina de 17 invitados que restan y está cerrada la nómina para lo que es la discusión en general de este proyecto. Así que ofrecemos la palabra por 10–15 minutos al señor Quesillo para escucharlo respecto a los alcances que este proyecto de convivencia escolar tiene en sus tareas y, desde luego, lo que ustedes tienen que aportar. Si hay algún documento o presentación, nos avisan y lo compartimos con los señores senadores. Bien. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a los senadores, a la senadora acá presente, al Ministro de Educación y agradezco la invitación que la Comisión de Educación ha formulado a la Defensoría de la Niñez para entregar algunas apreciaciones generales y particulares respecto de este proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas. El contenido de la presentación, que es una presentación en PowerPoint que se va a proyectar prontamente, tiene por objeto generar algunos comentarios que están basados en el panorama estadístico de la situación.

En el contexto del ejercicio del derecho a la educación y, particularmente, a los problemas que actualmente están presentes en materia de convivencia escolar, y algunas observaciones específicas al contenido del proyecto, considerando las modificaciones que ha tenido desde el primer trámite constitucional hasta ahora, lo primero que hay que decir de manera general es que esta presentación se basa principalmente en la facultad que tiene la Defensoría de la Niñez para impulsar y promover que todas las medidas que adopta el Estado, todas las decisiones y cualquiera de sus poderes tengan un componente que considere efectivamente la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y si pasamos a la siguiente, nos daremos cuenta, desde el punto de vista de las estadísticas, de que estamos en un escenario bastante complejo en términos de convivencia escolar. ¿Por qué? Porque, si se revisa la información disponible a partir del trabajo de la Superintendencia de Educación, se observa que la situación de la convivencia escolar ha empeorado significativamente en lo que respecta a las agresiones de estudiantes. Las tasas de denuncias de agresión han aumentado de forma progresiva entre el 2018 y el 2022. En este contexto, uno de los problemas importantes que ha relevado la Defensoría de la Niñez en los últimos años tiene que ver precisamente con las sanciones relativas a los expedientes de expulsiones y cancelaciones de matrículas, que han sido ingresados a la Superintendencia de Educación. Esto ha mostrado una preocupante tendencia al alza, de cerca del 123% entre el 2018 y el 2023. Por otra parte, conforme al diagnóstico de la Defensoría de la Niñez y al panorama de la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se destaca el modo en que los estudiantes participan de los procesos vinculados a la convivencia escolar y cómo se solucionan, con carácter participativo, los problemas que enfrentan las comunidades educativas. Se ha podido detectar que, si se analiza a los establecimientos educacionales que cuentan con centros de estudiantes conformados para participar en la elaboración de los reglamentos de convivencia escolar pertinentes a la realidad de cada territorio o establecimiento, se evidencia que el 56% de dichos establecimientos los posee. Sin embargo, la existencia formal de centros de estudiantes no garantiza necesariamente la participación en aspectos cotidianos de la vida de los adolescentes, como la construcción de las normas de convivencia entre sus cursos. Esta situación fue resaltada en la opinión de estudiantes de distintas regiones del país, quienes manifiestan que, pese a contar formalmente con centros de estudiantes, existe una falta de participación efectiva para enfrentar este grave problema de la convivencia. Además, en el informe anual 2024 se publicó una nota temática relativa a la convivencia educativa, donde se identificaron los desafíos que enfrenta el país en general frente a las medidas de expulsiones y cancelaciones de matrículas de estudiantes. No se trata tanto de que sean medidas sancionatorias o disciplinarias que no procedan, sino de que, en muchas situaciones, se observa una inobservancia del derecho a la educación, lo que impide adoptar las medidas adecuadas. Por una parte, es fundamental poder aplicar sanciones frente a la violencia escolar, pero, por otra, es crucial seguir garantizando el derecho a la educación de quienes son titulares, ya sean agresores o agredidos, conforme a la Ley 21.430. Finalmente, se recabó la opinión de los estudiantes y, en algunos casos, se citó que es importante que se generen reuniones entre estudiantes y profesores para escuchar sus opiniones, ya que ellos mismos identifican que existen distintas realidades en la construcción de un ambiente escolar que propicie el buen trato y la prevención de situaciones vinculadas a la convivencia escolar. ¿Creen que es importante incorporar las sensaciones y los sentidos de los estudiantes? Porque ello otorga garantías de seguridad frente al desarrollo del proceso educativo.

Y finalmente, uno de los temas que más se repite en las distintas opiniones que levantamos con estudiantes tiene que ver con la idea de bienestar. Ellos consideran que, en la medida en que se garantiza el derecho a la educación, que está dado o circunscrito a un establecimiento educacional que esté libre de violencia, que sea bientratante y donde los casos de violencia asociados a la convivencia escolar se puedan resolver y abordar de manera pertinente, ello contribuye, indudablemente, al bienestar. Este bienestar no está sujeto solamente al relacionado con el derecho a la educación, sino que también está vinculado a ese bienestar que muchas veces previene que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de violencia o vulneraciones de derechos al interior de sus familias, o que después terminen relacionados con el sistema penal. En particular, respecto de este proyecto de ley debemos señalar que es necesario, así lo manifestamos en el primer trámite constitucional, y conforme a lo que actualmente tenemos como proyecto, destacar que recoge una de las problemáticas que mayormente ha sido identificada y destacada por niños, niñas y adolescentes como uno de los problemas que deben ser resueltos por el Estado y, además, por sus colegios. Asimismo, el proyecto de ley recoge una serie de recomendaciones que la Defensoría de la Niñez, tanto en sus informes anuales como durante el período de tramitación en el primer trámite constitucional, realizó de manera positiva en cuanto a estándares. Se releva, además, el fortalecimiento de la gestión colaborativa de los conflictos, punto de partida esencial para abordar esta problemática. Valoramos también la inclusión de elementos de evaluación y monitoreo, tanto de los instrumentos como de la gestión de las políticas, y destacamos el reforzamiento de la gobernanza y la coordinación interinstitucional, que es una de las principales problemáticas que enfrenta la política pública. En particular, intercalaré mi intervención con la de mi colega en algunas cuestiones bien particulares del proyecto de ley. En primer lugar, respecto del artículo primero, número 3 del proyecto de ley, que tiene que ver con la modificación del artículo 10 de la Ley General de Educación, en el primer trámite constitucional se eliminó la norma que establecía la prohibición de discriminación, muchas veces por motivos asociados a cuestiones de carácter ético, moral, religioso o político. Sin embargo, desde la Defensoría de la Niñez creemos que es importante que esta norma se pueda reincorporar, utilizando la nomenclatura vigente que establece la Ley 21.430. Dicha ley, la Ley de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establece la prohibición de discriminación y contempla las categorías aprobadas por el Congreso Nacional, lo que resulta una base muy relevante para reforzar uno de los principales problemas que enfrentan los estudiantes en edad escolar: la discriminación arbitraria y la exclusión de las decisiones que los afectan en el contexto escolar. En segundo lugar, respecto del artículo 1.4 del proyecto de ley, que reemplaza el artículo 15 de la Ley General de Educación, se destaca positivamente la incorporación, por parte de la Defensoría de la Niñez, del equipo de convivencia en atención a la especial preocupación por la activa participación del estudiantado en la elaboración y desarrollo de estrategias y actividades de reflexión, promoción y resguardo de la buena convivencia. Esta incorporación resulta concordante con las recomendaciones formuladas por la Defensoría de la Niñez durante la tramitación de este proyecto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, queremos alertar y manifestar una preocupación respecto al texto aprobado en el primer trámite constitucional en esta norma, en el que se exime la obligación de contar con un equipo de convivencia educativa en aquellos establecimientos que están en contextos de encierro, en establecimientos rurales, aulas hospitalarias, en educación parvularia y en aquellos que tengan una matrícula inferior a 150 estudiantes. Creemos que es importante que exista un equipo de convivencia educativa y que, en ese contexto, se deben evaluar las posibilidades presupuestarias y la forma de operar el principio de prioridad consagrado en la Ley 21.430 para contar con esta figura, porque creemos, conforme a todos los levantamientos,

Boletines que reemplaza el artículo 16, literal "a" de la Ley General de Educación. Este artículo modifica la definición de "buena convivencia educativa" y, justamente, desde la Defensoría de la Niñez creemos que es importante que se modifique el término de "autoridad pedagógica y directiva", incorporando la palabra "formativa", u otro fin, ya que esta idea de "autoridad pedagógica y formativa" se ajusta de manera mucho más relevante a un enfoque que considere las interacciones que se deben dar dentro de la comunidad educativa y las experiencias de los propios niños, niñas y adolescentes. Creemos que una consideración solamente ajustada a la "autoridad pedagógica" podría ser reduccionista y afectar el fomento de la participación estudiantil y la relevancia que esta tiene en la calidad de sujetos de derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en los establecimientos educacionales. En relación con el artículo 1, número 9, este señala que tanto la política como el plan de acción serán elaborados por la Subsecretaría de Educación, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Parvularia y con los órganos que integran el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación en las materias que correspondan. Creemos que esta es una norma que va en el sentido correcto, pero sería importante poder reforzarla utilizando la fórmula que consagra el artículo 82 de la Ley 21.430, que es la Ley de Garantía y Protección Integral, pues en ella se establece un mecanismo para garantizar una participación efectiva a través, por ejemplo, del COSOC estudiantil del MINEDUC, de la Defensoría de la Niñez, de organizaciones de la sociedad civil y de expertos provenientes del mundo académico que, sin lugar a dudas, pueden otorgar una visión y circunstancias que podrían no estar contempladas en la integración inicial propuesta. De esta forma, se avanzaría hacia el cumplimiento de los estándares que la propia ley y la Convención sobre los Derechos del Niño consagran. Ahora le doy la palabra a mi colega Catherine. Buenas tardes, por su intermedio, Presidente. Respecto a la modificación que establece el artículo 1.7 del Proyecto de Ley sobre la prevención de todas aquellas conductas constitutivas de acoso, violencia y discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa, el proyecto define lo que es acoso escolar y lo que no es acoso escolar, pero constituye una vulneración de derechos. No obstante, en torno al concepto de discriminación no tenemos un concepto claro; por lo tanto, lo que nosotros recomendamos, tal como señalaba el mensaje, es citar nuevamente la Ley de Discriminación Zamudio para entender lo que significa dicho concepto. Sin embargo, esta ley contiene un procedimiento específico de acción de discriminación en los Juzgados de Policía Local, por lo que no se trata de una referencia amplia a la ley, sino que también debe considerarse el procedimiento específico, el reglamento interno y el plan de gestión de convivencia, ya que no puede liberarse de responsabilidad al establecimiento educacional al señalar dicho procedimiento y no a los internos. Por otro lado, respecto a la difusión del reglamento interno y el plan de gestión, la modificación señala que la difusión de estos instrumentos debe ser continua; no obstante, no se indican los plazos que señalaba el mensaje original del proyecto. Por lo tanto, consideramos que, para una mejor organización, coordinación y efectividad de las responsabilidades, se determine un plazo, por ejemplo, los 90 días al inicio del año escolar. Además, se señala en el texto aprobado que debe entregarse un reglamento en formato impreso y digital. No obstante, esta convención...

Como tan amplia, podría dejar simplemente realizar esta responsabilidad otorgando un correo electrónico con el archivo adjunto, lo que no implica que la comunidad educativa vaya a entender cuál va a ser el Plan de Gestión de Convivencia Educativa o las reglas a las cuales tiene que atenerse. Por otro lado, sobre las facultades del Consejo Escolar, hubo una modificación en el primer trámite constitucional; por lo tanto, el texto aprobado señala que las modificaciones van a tener más bien una tarea de observancia y no de aprobación. En el Consejo Escolar participan niños, niñas y adolescentes, y para que tengan el poder de influencia e incidencia en los reglamentos de interés y en las normas de convivencia, es importante también que podamos considerar una facultad mucho más potente. Por otro lado, respecto al monitoreo de la convivencia educativa a través de la Agencia de Calidad de Educación, celebramos que se haya incorporado un inciso que establece que dicha agencia pondrá en conocimiento instrumentos de los reglamentos, en relación a si se está cumpliendo o no con la normativa que inspira este proyecto de ley. No obstante, solamente se señala que estos instrumentos se difundirán a los directores, pero no al Consejo Escolar, en el cual participan niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, nosotros creemos que, al contar con una agencia que mide estos reglamentos internos, se estandarizará lo que en ellos se señalará, ya que en primer trámite fue rechazado que el contenido de los reglamentos fuera establecido bajo la ley. Respecto al sistema integrado de información que tendrá a disposición la Agencia de Calidad de Educación, consideramos que debe articularse también con el sistema de la Cerámica de Educación, que cuenta con información específica sobre las expulsiones y se relaciona con lo que señalaba la Defensoría de la Niñez en la nota técnica al respecto. No tenemos muy claro cuál es la cifra de expulsiones por situaciones de acoso escolar o por conflictos entre alumnos; por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer una evaluación si no contamos con ese dato? Además, debe generarse un mecanismo para obtener información sobre los procedimientos sancionatorios, ya que esta ausencia de registro nos impide entender cuál es la hipótesis en la que se basan las expulsiones de niños, niñas y adolescentes, que se fundamentan en una cuestión de convivencia, sin conocer los procedimientos mediante los cuales se pueden resolver estas situaciones. Muchas gracias. Señor Presidente, solo para concluir, por su intermedio, quiero señalar que desde la Defensoría de la Niñez valoramos esta iniciativa; creemos que es importante y fundamental que exista una regulación sobre uno de los problemas más importantes que afectan a niños, niñas y adolescentes, y hacemos el llamado a que este proyecto de ley se vincule obligatoriamente con el desafío que actualmente enfrenta el Estado, que es la implementación del sistema de garantías y protección integral. La protección administrativa de los derechos, a cargo de las oficinas locales de la Niñez, es un componente primordial para hacerse cargo de problemas que pueden ser menos graves y que no necesariamente requieren judicialización. Por lo tanto, es importante también el rol que la Subsecretaría de la Niñez tiene en esta materia, como organismo articulador y responsable de las políticas públicas en materia de niñas. Muchas gracias por su tiempo, por su intermedio, Presidente, y quedamos atentos a cualquier comentario. Muchas gracias también a la Defensoría de la Niñez. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo, representado por el Ciudadano Ministro. Muchas gracias, Presidente. Primero, saludarlo a usted, a los senadores Velázquez, al Senador Sangüesa, también a la Secretaría, y desearles que tengamos un buen 2025. Quería hacer algunos comentarios generales; principalmente, Presidente, no entraré en detalle porque, la verdad, nosotros ya presentamos y tuvimos nuestro espacio, pero destaco un par de elementos relevantes. El Defensor planteó, recién a través de su intermedio, que han aumentado alarmantemente las cifras en materia de denuncias por situaciones de violencia, lo cual hemos puesto sobre la mesa en varias ocasiones. No es un dato que ocultemos, sino uno de los fundamentos de por qué estamos impulsando esta iniciativa. Es importante, además, hacer un doble clic, ya que no se trata de un problema generalizado del sistema, sino de un desafío específico en la enseñanza media. De hecho, si uno observa los datos a nivel educativo, en la enseñanza básica hemos registrado mejoras en relación a años anteriores. Entonces, es fundamental reconocer que existe un problema más complejo en aquel segmento de estudiantes que son mayores y que, por ello, requieren una atención con un foco específico.