CC por Antarctica Films Argentina
Son muy hiperkinéticas, entonces tiene toda la razón. Primero, antes de partir con la tabla, vamos a leer la cuenta. Nuestra secretaria abogada va a dar lectura a la cuenta. Antes de leer la cuenta, les voy a comentar que estamos todos en sala nueva. Vamos a tener que tener paciencia para irnos adaptando a este sistema, no, no. Y las votaciones tienen que ser ordenadas, y ya no es cosa de ligar y entrar uno, metan el voto, etc., porque tienen que ustedes estar acá, igual que en la sala: entran, se sientan y se enrolan, ¿ya? Eso es fundamental, el enrole, que es facial, así que es bastante fácil. Y después, bueno, cualquier cosa lo vamos viendo en el camino porque es todo nuevo.
Vamos a leer la cuenta. Se han recibido varios oficios haciendo presente la suma para el despacho del proyecto sobre enfermedades poco frecuentes y para el proyecto que modifica el Código Sanitario que regula el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte del equipo médico. También se recibió un oficio en carácter de simple urgencia para el proyecto que modifica el Código Sanitario que regula la práctica de cirugía y procedimientos con fines estéticos. Otro oficio, también en carácter de simple, es para la eliminación de los cobros que realizan las ISAPRE a las mujeres por concepto de fertilidad. Se recibió un oficio del Senado, por el cual se comunica que se ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto que modifica el Código Sanitario para incorporar entre los servicios de las profesiones la adopción de acciones para prevenir la infertilidad. Otro oficio, también proveniente del Senado, fija normas sobre información, orientación y prestación en materia de regulación de fertilidad.
Oficios y respuestas de FONASA, de la Contraloría General de la República, del Servicio de Salud Metropolitano, de la Subsecretaría de Salud Pública, de la Ministra de Salud, del Subsecretario de Redes Asistenciales y del Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Después del 14 al 70 y tantos, al 72, son todos oficios de distintos servicios públicos que dan cumplimiento a la información en relación a la ley de presupuestos que tienen ellos la obligación de hacer y enviarlas a la comisión. Vamos ya en el 73, que es una solicitud de audiencia de la Sociedad Científica Chilena de Dermostética, de tecnólogos médicos, para exponer sobre el proyecto que regulará la medicina estética y los procedimientos estéticos. ¿Quién es esto? Una solicitud de audiencia del presidente nacional de FEDEPRUS, de la presidenta, con el fin de presentar alertas y consideraciones relevantes en el marco de la discusión presupuestaria para el sector salud. Una solicitud de ayuda de un particular en relación a un medicamento que no se comercializa. Una carta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, con el propósito de manifestar su preocupación frente al hecho de que el proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes no fue puesto en tabla en su discusión antes del receso legislativo. Otra solicitud de un particular que señala o hace presente que él vive hace 30 años en Australia y aún le siguen descontando un 7% de su pensión de renta vitalicia. Varias situaciones que ustedes lo tienen en la cuenta en relación a solicitudes particulares que vamos a derivar al Ministerio, yo creo. Estoy resumiendo porque, si no, esto sería eterno. Tenemos a sus invitados, ¿verdad? Entonces, una comunicación del Comité Demócrata Independiente, mediante el cual informa el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Lila Yu por el diputado Henry Leal. Y, finalmente, una nota que comunica el pareo acordado entre la diputada Cariola y el diputado Andrés Celis para la sesión de hoy. Y todo lo demás lo tienen en el sistema. Muchas gracias, María.
Muy bien, como comentario de mi parte, antes que, cuando ya teníamos la tabla hecha para hoy, todavía no nos había ni siquiera llegado del Senado la ley de enfermedades poco frecuentes; o sea, no había cómo ponerla con la urgencia que puede estar, así que, dándole toda la importancia al tema, no había ninguna posibilidad porque a mis manos no había llegado.
Entonces, esta reunión tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley que modifica la ley N°19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud para designar de manera automática un prestador de salud distinto para su otorgamiento. Boletín N°17.220-11.
Se ha invitado para esto, para presentar a la presidenta del Colegio Médico de Chile, la señora Anamaría Arriagada Urzúa, que participa junto al doctor Cristian Rebolleo, presidente del Departamento de Política, Salud y Estudios del Colegio Médico de Chile; Carlos Becerra Verdugo, tesorero del Colegio Médico de Chile; el señor Rodrigo Gaete, abogado legislativo; la señora Bárbara Palma Garay, jefe de gabinete; y el señor Marco Santi, periodista.
Entonces, vamos a partir.
Bueno, sí, había pensado dejar los puntos varios al final, porque para poder sacar la tabla, pero recibí por lo menos del diputado A, del doctor. Lo que les quería pedir a quienes han pedido la palabra es que tenemos una nutrida tabla que debemos avanzar, y no es que los puntos varios no interesen –son muy importantes–, pero por favor, que cada presentación se limite a dos minutos. Así que, adelante.
Una cosita previa: cuando quieran pedir la palabra, ustedes aprieten su micrófono; entonces, lo iremos viendo quién va primero, segundo, tercero, etcétera. ¿Y cómo se hace? ¿Alguien se ayuda a la doctora Cordero? Sí, no se la están ayudando. ¿Cómo no se ayuda? No se ayuda. No me sigan, estoy bien ya. Ya está bien, sí, para cuando piden la palabra. Pero, de la doctora Cordero, si quiere pedir la palabra, que sepa: todo nuevo, ministro nuevo, todo nuevo.
Sí, todos, todos nosotros. Bueno, entonces vamos a llevarle la palabra a la presidenta del Colegio Médico de Chile, la señora Anamaría Arriagada Urzúa. Adelante. ¿Dónde está? Ah, ya está. Está primero. No, primero. Ah, a ver, estoy media cucufata, perdón. Dos minutos. Gracias.
La doctora, la diputada Gasmurí también me había pedido. Lo que pasa es que yo le voy diciendo, porque está primero tú, después está Gasmurí. A ver, ya está, y hasta ahí nomás lleguemos. Y ahí yo le voy a instar.
Presidenta, muy breve, he recibido una petición de la Federación Nacional de Funcionarios del SAMU en atención a que han pedido ya dos veces audiencia con la señora ministra y todavía no tienen respuesta. Entonces, yo quisiera insistir a nombre de ellos, porque lo que quieren es saber sobre el cumplimiento de un compromiso de una grosa presupuestaria para el SAMU. Ellos quieren saber cómo se está disponiendo de ese recurso y cómo va a ser distribuido a lo largo del país en los distintos servicios. Me parece que es un tema relevante, considerando lo que todos sabemos de las funciones del SAMU.
Y el segundo punto, Presidenta, es solicitar también acuerdo para oficiar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a la Subsecretaría de Salud Pública, en nombre de mi región, Arica Marina Cota, para conocer cómo o en qué medida va a perjudicarse la atención de salud con el anuncio de la disminución de 16.000 millones de pesos, anunciado por el Ministerio de Salud, y cuáles serán las medidas adoptadas por el Servicio de Salud Arica Marina Cota. Eso, Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Adelante, la diputada Gasmurí.
¿Aló? Ahí sí, ya. Estamos todos probando el juguete nuevo. Así que, bueno, gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludos a los invitados, a la Presidenta del Colegio Médico, a todos quienes la acompañan y a todos nuestros invitados de hoy.
Para ser muy breve, Presidenta, quisiera solicitar que se oficie al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales sobre los antecedentes de un reportaje publicado hoy en el medio de comunicación de Clínic, que indicó que existen más de 400 bebés que han sido abandonados en hospitales durante los últimos siete años en Chile. Coquimbo es la ciudad que acumula más casos y, de acuerdo a los antecedentes, la cifra no muestra un aumento. Lo que nos interesa saber es cuál es la coordinación que se mantiene desde Salud, desde Mejor Niñez, con los tribunales y si existe un profesional exclusivo a cargo, el tiempo que pueden estar estos niños y niñas en los recintos hospitalarios y en qué calidad se mantienen. Supimos de una niña que lleva siete años en un hospital.
En segundo término, Presidenta, quisiera traer a colación algo que a nadie ha dejado indiferente, que fue el resultado del deceso de tres personas electrodependientes durante el mega apagón que vivió nuestro país el martes pasado. Valoro que esta comisión ya esté discutiendo el proyecto de mi colega Palma en la materia. No obstante, creo que, mientras se discute esta iniciativa, se pueda informar por parte del Ministerio de Salud cuáles han sido las medidas adoptadas en estos casos y si existe alguna mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio de Energía y el Coordinador Eléctrico de las Empresas Eléctricas. Fueron tres electrodependientes, pero hay muchos más casos que han quedado subterráneos. Particularmente, en un asilo de ancianos, dos personas fallecieron por no poder contar con su CPAP o respirador en el momento preciso. Entonces, yo creo que la cifra oculta de fallecidos es definitivamente mayor.
En tercer término, quiero manifestar que hemos estado en contacto con el Colegio de Enfermeras, quienes están muy preocupadas respecto al Programa Nacional de Inmunizaciones y la forma en que se está implementando, dado que la campaña de vacunación e inmunización de este año se está llevando a cabo sin la inyección de recursos, tanto a nivel de los Ceremis como de Atención Primaria de Salud, lo que ha ocasionado que a los equipos se les dificulte contar con puntos de vacunación extramural por falta de recursos humanos que los apoyen y fortalezcan. Se ha detectado una serie de brechas, tanto a nivel de los Ceremis como en los Servicios de Salud; no las voy a mencionar, pero puedo enviar la información a la Secretaría para que la revise en detalle. Entonces, necesitamos tener respuesta en este sentido, porque más allá de lo importante que es esta campaña, si no contamos con los recursos y el personal se encuentra desgastado, se vulneran también los derechos de quienes están trabajando ahí.
Y, por último, Presidenta, a través de mi oficina parlamentaria tomamos contacto con funcionarios del Hospital de Los Ángeles, Complejo Asistencial Víctor Villarruiz, quienes acusan una gran falta de control en los procesos productivos de los pabellones quirúrgicos, vinculados con la no programación intencional de todas las obras médicas de anestesiólogos disponibles contratados y con la no ocupación de la totalidad de los pabellones institucionales para luego quedar disponibles a la compra de servicios. Este recurso humano dilapidado tiene un elevado costo, siendo el valor promedio de la hora de un anestesiólogo institucional de 32.000 pesos y más de 150.000 pesos la hora si se ejecuta en horario de compra de servicios. Se suma a ello el valor de la hora promedio de un pabellón quirúrgico de mediana y alta complejidad, que en el sistema público asciende a 500.000 pesos la hora. Ya hemos tenido noticias de esta misma dinámica en otros recintos hospitalarios de nuestro país, por lo que urge tener el detalle de cómo se está implementando la normativa aprobada en la Ley de Presupuestos de este año, que impide que esto ocurra, y que fue parte del protocolo de acuerdo en el sentido de que las...
La compra de servicios deberá ser autorizada por los Servicios de Salud siempre que sean estrictamente necesarios. Por ello, solicito, Presidenta, su oficio del Ministerio de Salud y de la Dirección de Presupuesto para ver que nos puedan indicar cómo se va a llevar a cabo esta instrucción. Muchas gracias, Presidente.
Adelante, doctor Palma, diputado Palma.
Bien. Gracias, Presidenta, por permitirme saludar a nuestros invitados e invitadas. Presidenta, trataré dos temas de manera extremadamente breve. El primero es lamentar y comunicar, a quienes aún no están informados, el fallecimiento del señor Lautaro Fernández Milla, notable saludrista y matrión de profesión, quien fue director del consultorio OSEFAM San Rafael, y que murió recientemente. Desgraciadamente, fue desvinculado de su cargo a causa de un sumario, por el cual finalmente fue sobreseído, manchándose su honra, sin que la autoridad del caso se disculpara; en este caso, correspondiente al municipio de La Pintana. De hecho, estoy efectuando algunas gestiones en coordinación con la comunidad para que el OSEFAM lleve el nombre de este connotado saludrista, quien lamentablemente se fue sin recibir las excusas pertinentes.
Lo segundo es solicitar a la Comisión que se oficie al Ministerio de Salud, particularmente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para conocer qué iniciativas se están tomando o se piensan tomar para optimizar la coordinación entre el MOV y su delegación, y el Ministerio de Salud y su respectiva delegación, debido a un desacuerdo constante en los hospitales concesionados, situación que impide optimizar tanto el manejo de la infraestructura como el equipamiento de los recursos. Muchas gracias, Presidenta.
Con respecto, quisiera hacer un punto acerca de las 400 guaguas que han sido abandonadas en los hospitales. No sé si el número es exacto, pero conversé con el Presidente de Niñez hace una semana y me comentó que se trata de un tremendo drama, ya que, en general, cuando el SENAME estuvo a cargo de Justicia –y hace muy poco pasó a Desarrollo Social– no existen la infraestructura ni los mecanismos adecuados para mantener a los bebés, por ejemplo, en los hogares de Mejor Niñez. Existe, entonces, un gran desafío, por lo que considero importante, como diputada Gamury, que realicemos un oficio solicitando esa información, no solo al Ministerio de Salud, sino también a Desarrollo Social, puesto que se trata de un tema bidireccional.
Voy a tomar un minuto. Además, me reuní en un pequeño barrio con la Presidenta del Colegio de Enfermeras, quien manifestó su gran preocupación al señalar que, tras el envío de una carta a la Ministra de Salud –en presencia del diputado Romero– se advirtió que, aunque el programa de vacunación es excelente y motivo de orgullo para todos los chilenos, desde la perspectiva de las enfermeras y de los técnicos en enfermería representa un recargo laboral sumamente intenso. Actualmente, se exige cubrir más de 1500 vacunatorios con el mismo personal de siempre, situación que resulta problemática. Por ello, también solicito que se oficie a la Ministra de Salud para preguntar acerca de la inversión realizada en la compra de vacunas y en todo lo que implica el plan de vacunación, interrogando qué sucede con los recursos humanos y si se han destinado los recursos necesarios para ello.
Bien, terminamos con los puntos varios; pasamos ahora a atender lo solicitado posteriormente a esta reunión.
Dejo, entonces, a la Presidenta del Colegio Médico, señora Ana María Arriagada, para que, junto con el equipo que la acompaña, nos exponga su visión sobre la ley presentada por el diputado Tomás Lagomarsino, la cual establece un régimen de garantía en salud para designar en forma automática un segundo prestador cuando corresponda. Adelante, doctora.
Por su intermedio, saludo al resto de los miembros de la Comisión de Salud y a todas las personas presentes, agradeciendo, en nombre del Colegio Médico, la oportunidad de estar aquí nuevamente y de exponer algunos puntos que nos preocupan, así como aquellos aspects que felicitamos de este cambio.
de esta propuesta de cambio legal. Me acompaña el doctor Cristian Rebolleo, que es Presidente del Departamento de Políticas Públicas y Estudios, a quien agradezco mucho que esté acá. La primera, por favor. No sé si están viendo, porque no, parece que no. Sí, está bien.
Entonces, como comentario al proyecto de ley, a nosotros nos parece que la asignación del segundo prestador, mediado por el reclamo de las personas, hasta ahora constituye una barrera de acceso, y nos parece que el cumplimiento de garantías no debiera estar intermediado por los sujetos de acuerdo al enfoque de derechos en políticas públicas. Se cita ahí a un salubrista. El Colegio Médico de Chile considera que esta iniciativa viene a resolver ese problema, identificado hace varios años. No obstante, en esta oportunidad de mejora se deben considerar varios aspectos que vamos a detallar.
Cuando se plantea que se elimina una de las sanciones, como la posibilidad de – o sea, se sanciona, quitando la posibilidad de ofrecer la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud en los prestadores privados – a nosotros nos parece que, si se castiga de esa manera, debiera también mantenerse el castigo de eliminar la prestación GES, pero las dos cosas no nos parecen correctas en el momento sanitario actual. ¿Por qué? Porque la modalidad de libre elección, sin duda, es una alternativa con que las personas cuentan para resolver necesidades de atención mediadas por su capacidad de pago, y no parece adecuado restringir esta posibilidad. Y sucede lo mismo con la sanción que se mantiene, restringir la posibilidad de otorgar prestaciones GES, que por supuesto podría resultar en un mayor perjuicio para las personas al restringir la capacidad del sistema en su conjunto.
Entendemos que el director de FONASA ha manifestado que, de alguna manera, al eliminar la capacidad de la modalidad de libre elección funciona como un aliciente para que los prestadores privados resuelvan, pero a nosotros nos parece que, más allá de ese aliciente o de ese estímulo, de ese castigo, finalmente pueden resultar castigadas las personas, tomando en cuenta los problemas sanitarios que tenemos hoy día con los tiempos de espera, por ejemplo.
Nos parece que si se va a eliminar el reclamo, entonces este artículo que dice que, independiente de si el afectado interpone o no un reclamo, debe modificarse, porque si no queda como incoherente. La verdad es que, si no va a haber reclamo, entonces no es independiente de poner o no un reclamo, porque ¿para qué los afiliados van a hacer un reclamo si igual automáticamente se va a resolver el tema con un segundo prestador? Por lo tanto, nos parece que hay que eliminar el mecanismo del reclamo absolutamente. En ese sentido, estos dos artículos también habría que modificarlos, puesto que lo que hacen es detallar el momento en que ese reclamo debiera hacerse por parte del afiliado, algo que no parece coherente con el articulado anterior que se pretende instalar.
Nos parece relevante que el procedimiento y los mecanismos para la asignación del segundo prestador consideren la integración de las redes asistenciales. Y eso nos preocupa un poco de esto que se pretende instalar, que es un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que, si uno pudiera tener toda la interoperabilidad del mundo funcionando, podría funcionar de tal manera que, por ejemplo, como funciona la unidad de gestión centralizada de camas, resolviera primero dentro del mismo servicio en otros hospitales, resolviera luego con el sistema privado que está adherido o cercano territorialmente a ese servicio y, por lo tanto, a la persona afectada, y en segundo lugar, a lo mejor resolviera en una comuna o en una región aledaña. Entonces, nos parece que no considerar la integración de las redes asistenciales es un problema, porque, efectivamente hoy día, imperfecto o no, el sistema trata de funcionar y operativizar esa red. Y nos parece que el ideal sigue siendo que la prestación se resuelva en el primer prestador y se fortalezca, por supuesto, el sistema público, que es donde las personas quieren resolver en general su problema.
Se debe considerar también la complejidad de los pacientes, y lo vemos todo el tiempo. Cuando se derivan pacientes para ser resueltos en el sistema privado, por ejemplo, muchas veces, sobre todo en regiones, el sistema público es el más complejo, mientras que el sistema privado no lo es, y el paciente, por su complejidad, por las comorbilidades, por el mismo deterioro que a veces tiene esperando, es un paciente que ya queda demasiado complicado para resolver en un segundo prestador. Y lo peor que nos podría pasar es que aquí haya como una ilusión de resolver el problema y el paciente finalmente vuelva a ser rechazado y se devuelva a su hospital de origen.
Entonces, es importante, creemos, obviamente, y el desafío es grande, que se fortalezcan los sistemas de registro y de información, y como Colegio Médico de Chile ofrecemos nuestra disposición para trabajar en este tema. Creemos que este asunto no puede ser simplemente tratado como un algoritmo, algo informático que resuelvan ingenieros, porque no se trata de minimizar el papel humano, sino de reconocer que aún mucho debe resolverse a escala humana. Si bien la propuesta no habla de automatización, se ha utilizado este término para referirse al proyecto, y nos parece que cuando consideramos estos manejos como algorítmicos de masas o grupos grandes de pacientes, lo peor que podemos hacer es pensar que vamos a prescindir de cierto recurso humano. Las personas que manejan los reclamos GES y, en general, este programa son enfermeras, enfermeras que suelen estar bien entrenadas; hoy están en oficinas, ¿cierto?, manejando estos temas. Y si uno dijera: “nos vamos a ahorrar estas enfermeras, porque ahora parte de lo que hacen lo va a realizar un algoritmo o un sistema que lo podamos dotar, interconectar y hacer funcionar magníficamente”, nosotros quisiéramos entonces que ese recurso de enfermeras se ocupe en otras tareas, siendo ellas un recurso humano y asimismo, un insustituible pilar en la gestión del cuidado, por ejemplo, como navegadoras en red que acompañan al paciente durante un proceso de espera. Destacamos que esta propuesta permite avanzar en la eliminación de barreras de acceso a prestaciones de salud; sin embargo, por las características de la red asistencial, para muchos compatriotas no existen alternativas razonables para el cumplimiento de las garantías explícitas, por ejemplo, cuando se encuentran en situación de aislamiento geográfico o en zonas desatendidas, ni siquiera en casos tan extremos. Dicho de otro modo, en muchos casos no existen segundos prestadores efectivos y la solución definitiva seguirá siendo fortalecer a los primeros prestadores. Por lo tanto, es una iniciativa que, si bien nos parece necesaria, debe considerarse como parte de una estrategia más amplia que asegure especialistas, flujos adecuados de pacientes y respeto por la territorialidad y dignidad de las personas.
Muchas gracias. Gracias, doctora Arriagada.
Bueno, a continuación, vamos a darle la palabra al señor Gonzalo Arriagada Lillo, presidente de la Asociación de Isapres. Adelante, don Gonzalo.
Muchas gracias a la señora Presidenta y a la Comisión de Salud de la Cámara por esta invitación para aportar a este importante proyecto de iniciativa del diputado. A nosotros nos parece que generar modificaciones para aumentar el cumplimiento de la garantía de oportunidad es, evidentemente, relevante, por lo que consideramos que se trata de un proyecto muy importante. De todas maneras, permítanme señalar que nuestra mirada se enfocará en una realidad del uso del GES algo distinta a la expuesta previamente por la Presidenta del Colegio Médico de Chile. Muchas gracias.
Nuestra experiencia proviene de la aplicación de esta cobertura en el mundo privado, donde la realidad y las dificultades son algo diferentes; sin embargo, consideramos que podemos aportar a este proyecto. En primer lugar, es importante señalar cómo opera el GES en el sector privado: estas cuatro garantías que ofrece el GES —garantía de acceso, de oportunidad, de calidad y de protección financiera— están presentes también en este ámbito. Se registran 385.060 beneficiarios y, en promedio, se solicitan 9.921 atenciones.
A pesar de que en el sistema previsional privado la cobertura o la modalidad de libre elección de los planes ofrece una alternativa de atención también de calidad, con oportunidad y con alguna cobertura razonable, y eso hace que muchas veces las personas prefieran la libre elección, elijan su prestador y su clínica y no opten por la red que da la atención, una red cerrada.
Bueno, ¿qué es lo que nos propone el proyecto que estamos analizando? Nos dice que, independiente de si el afectado interpuso un reclamo por incumplimiento, una vez cumplido el plazo para el otorgamiento de la prestación de salud garantizada por el prestador –que en primer lugar corresponde a la Superintendencia de Salud– ordenará a FONASA o a las ISAPRES designar un prestador distinto y que, una vez cumplido el plazo máximo por este prestador distinto, la Superintendencia designará un nuevo prestador.
En primer lugar, nosotros estimamos que, siendo este un tema relevante, hoy día existe una normativa vigente que trata este asunto de una manera un poco distinta. Existe, además, en el proyecto de ley de la reforma de FONASA, este mismo tema tratado de una forma también distinta. Entonces, nos pareció que una manera adecuada de poder analizar esto era comparar tres aspectos: cómo está la normativa actual, cómo nos lo propone este proyecto de ley y cómo lo propone FONASA.
Bueno, aquí tenemos un primer aspecto. En la regulación vigente se señala que, cuando un prestador originalmente designado por FONASA o por las ISAPRES incumple la garantía de oportunidad, el beneficiario deberá concurrir, por sí o por medio de un tercero, ante FONASA o las ISAPRES, y se genera un plazo para que se designe un nuevo prestador; esa es la normativa vigente.
En segundo lugar, y al centro de este cuadro, está el boletín que estamos analizando, el 17.220. El cambio es que, independiente de si hubo o no reclamo, la Superintendencia ordenará a FONASA o a las ISAPRES que designe un nuevo prestador.
Y en tercer lugar, está la forma en que lo está resolviendo el mensaje presidencial de la reforma de FONASA, que establece que, en caso de incumplimiento del primer prestador, siempre podrá designarse un segundo prestador de oficio, sin que medie ningún reclamo; es decir, se deja como atribución de FONASA o de las ISAPRES la designación de un nuevo prestador, aun cuando no exista reclamo.
Nosotros aquí quisiéramos señalar lo siguiente, por eso digo que mi experiencia viene de la forma de utilizar el GES en el sistema privado, la cual puede no coincidir exactamente con la forma en que opera el sistema público. A nosotros nos parece importante no abandonar la opinión del paciente. En ese sentido, simplemente designar un segundo prestador porque se incumplió un plazo, sin considerar para nada lo que opine el paciente, nos parece que podría presentar dificultades.
Por lo tanto, en este caso, respecto de esta primera sugerencia, nosotros creemos que la Superintendencia, antes de ordenar el cambio de prestador, debiera consultar con ese afiliado o paciente si está de acuerdo con el cambio. ¿Por qué lo digo? Existen algunos plazos de días y, en ocasiones, podemos tener un paciente hospitalizado; el hecho de que se haya incumplido el plazo no significa necesariamente que ese paciente desee cambiar de prestador. A lo mejor, para ese paciente es más cómodo y adecuado seguir siendo atendido por el prestador actual, aunque se hayan incumplido esos días. Sería, por tanto, extraño cambiar de prestador y designar uno nuevo sin considerar la opinión del paciente. Esto, en alguna forma, debe estar considerado en la norma.
La ley, en la actualidad, la considera, porque de hecho tiene que mediar el reclamo del afiliado, si no, no hay cambio de prestador. Bueno, dice la ley actual, que si la institución previsional, sea el FONASA o la ISAPRE, no designa un segundo prestador, en ese caso, la superintendencia puede designar uno nuevo. Yo entiendo que estuvo el superintendente en esta misma comisión y les habrá contado que esa atribución que ya la tiene la superintendencia no la ha ejercido casi nunca; se ha ejercido muy pocas veces, a pesar de que dicha atribución existe. A mí me parece que eso nos habla de otro tema. A nosotros nos parece que no es razonable hacer que la superintendencia sea parte del procedimiento de atención de los pacientes. La superintendencia, en nuestra opinión, debería controlar que el sistema funcione, que el FONASA o la ISAPRE cumpla con nombrar un segundo prestador adecuado, que lo haga en la forma que corresponda y en los casos que correspondan, ejerciendo sus atribuciones para que esas cosas se cumplan. Pero hacer que la superintendencia sea parte del proceso, asumiendo las responsabilidades de nombrar segundos prestadores, no nos parece que sea lo más adecuado; nos parece que no es necesario. De hecho, aunque ha tenido esa atribución, no lo ha hecho en el pasado.
Este proyecto dice que, si se incumple el plazo de atención en el segundo prestador, en ese caso ya no se trata de que la superintendencia vaya a ordenar nombrar un segundo, sino que debe hacerlo en forma directa, igual como lo hacía la ley actual frente a un no nombramiento de un segundo prestador. A nosotros nos parece lo mismo que opinamos respecto de la ley actual. Esa ha sido una norma que no se ha aplicado: la superintendencia no ha hecho este nombramiento y nos parece que no es adecuado que la superintendencia lo haga. El ideal es que la superintendencia controle y haga que se cumplan las cosas y no, insisto, que participe en el proceso.
Yo, por lo menos, les puedo decir que, en la experiencia que tengo al nombrar nuevos prestadores, supongamos que uno tiene un paciente hospitalizado, que está acostado y tiene que nombrar un segundo prestador, en el que a ese paciente hay que tomarlo en una ambulancia, trasladarlo y llevarlo al otro hospital, donde uno tiene que haber hecho las coordinaciones del caso y hablar con ese prestador para que haya cupos, etc. ¿Va a hacer eso la superintendencia? ¿Va a hacer que la superintendencia intervenga en ese tipo de cosas? No me parece muy adecuado. A mí me parece que es mucho mejor que la superintendencia obligue a que el FONASA o la ISAPRE nombre el segundo prestador que corresponda, según las redes que tenga diseñadas para eso, teniendo todos los cuidados que aquí se han señalado en relación a las características de las redes de cada región, etc.
Bueno, antes de esto, debo decir que hay algunas normas que están en un protocolo de ingreso, monitoreo, gestión y cierre de garantía explícita en salud, que desde hace mucho tiempo señala cómo se cierran los casos, cómo se hace para cumplir los plazos, que tiene una serie de detalles y que esas normas están bien desactualizadas. Nosotros también proponemos que se trabaje en actualizarlas, porque de lo contrario hay muchas ocasiones en que aparecen pacientes como que estuvieron con plazos incumplidos y que, en realidad, corresponde a un paciente que a lo mejor se atendió por libre elección o, no sé, por un montón de otras circunstancias. Entonces, si uno quiere preocuparse de que esto funcione bien, también nos parece que es aconsejable actualizar y perfeccionar todos estos protocolos que giran en torno a este mismo tema.
Eso, presidente. Muchas gracias. Ya tenemos agüita. Bueno, muchas gracias.
Presidente de la Asociación de Clínicas de Chile A.G., por su presentación, nos puede dejar la presentación, ¿verdad? Para poder compartirla. A continuación, nos va a presentar su punto de vista el señor Javier Fuenzalida Santander, quien participa junto al señor Emilio González Pérez, que corresponde a la presidencia de la Asociación de Clínicas de Chile A.G. Adelante.
Yo la mandé en todo caso, presidenta, pero va a quedar acá; están entrando. Yo sé, yo sé. En todo caso, está bien. ¿Puedo pasar la presentación o me la pasa usted? Porque yo no la tengo proyectada. ¿Puedes cambiarla, por favor? Perfecto, muchas gracias. Ya, súper bien, muchas gracias. Ahí está, listo. Está claro; ahí lo puedo mover, sí, está perfecto.
Presidenta, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que agradecemos sensiblemente que nos consideren en esta importante discusión. Siempre nos han tenido en alta estima, y lo volvemos a agradecer porque creemos que este es un debate hiperrelevante. Independientemente del contexto de la presentación, le quiero contar brevemente desde dónde le hablo. Le aseguro que me atenderé a los diez minutos que me otorgaron y no me extenderé en la presentación, la cual es bastante más larga y quedará registrada en el archivo.
Contarle que nosotros representamos a 41 prestadores, más 5 que participan no directamente en el gremio. Representamos el 85% de las camas en ese contexto y creemos que siempre hemos sido parte de la discusión importante. Atendemos más de 10,8 millones de pacientes al año, realizamos 850.000 intervenciones quirúrgicas, efectuamos 80 millones de exámenes, damos 33,5 millones de atenciones médicas y acumulamos 2,1 millones de días cama, cifras que nos son muy relevantes. Además, trabajan 210.000 personas en nuestro sector. Somos una parte importante de las prestaciones y, en concreto, quizás la manifestación más evidente es que, y lo decimos sin ninguna arrogancia y con toda sinceridad, aportamos el 40% de las camas críticas en un momento de la pandemia, lo que constituye la evidencia mayor.
Es por eso que agradecemos que nos inviten a esta discusión, ya que consideramos que somos una parte fundante del modelo de seguridad social.
Dicho eso, nosotros, a pesar de que siempre existen disquisiciones y diferencias que son parte del debate democrático, hemos mostrado una voluntad constante de colaboración con el sistema de salud público, reconociendo que el lenguaje es bien definitorio. Creemos en la complementariedad público-privada, fundamental porque dicha complementariedad reconoce las diferencias que hay entre los propios prestadores, quienes compiten activamente entre sí, sin estar de acuerdo en muchos aspectos, aunque comparten posturas en otros.
Con todo lo expuesto, en términos generales creemos que este es un buen proyecto. Lo aplaudimos y lo saludamos con entusiasmo, pues consideramos que finalmente pone al paciente en el centro, lo que constituye una discusión fundamental en este momento.
Y tenemos diferencias, probablemente con algunas posiciones del proyecto que creo que son legítimas de dar. Siempre esa discusión se puede dar y es parte, insisto, del debate democrático, y hay posiciones distintas, pero creemos que en el sustento del proyecto es correcto. Y es correcto porque pone al paciente en el centro, porque establece una lógica colaborativa que es fundamental de destacar. Yo comparto las disquisiciones o los puntos que ha dicho la doctora Arriagada y también algunos puntos que dice el presidente de la Asociación de Isapres. Digo, pero con diferencias que podamos tener, en términos globales, nos parece que es un buen proyecto y que creemos que es una buena idea.
Y en esa consideración es complementario, probablemente, con otras discusiones que están hoy día en esto, ¿no? Está el tema del MCC, está la discusión de las propias licitaciones, en fin, y podemos tener diferencias sobre algunos puntos de vista, pero en términos globales nosotros creemos que todas las instancias que favorezcan que más personas puedan adquirir y tener, finalmente, prestaciones son un buen proyecto. Insisto, puede haber bemoles sobre eso, pero en términos globales creemos en una participación activa.
Y en ese contexto, y por eso insisto y agradezco la invitación, creemos que nosotros cumplimos un rol indispensable. La pandemia lo evidenció; yo sé que no se lo estoy contando solo a gente que está convencida acá, finalmente, la mayoría de ustedes entiende esta situación, pero es bueno que quede en el relato, desde nuestra posición, que nosotros somos parte integrante de esa solución.
Y finalmente, esta colaboración, esta complementariedad —de nuevo, el léxico y la definición semántica nos constituyen en esa condición, entendiendo la particularidad que los prestadores tienen—, repitiéndole que somos un gremio que compite muy activamente, que tiene posiciones distintas, ya que el grueso de los prestadores se ha enfocado en el último tiempo en segmentos medios cada vez más bajos, y evidentemente esto nos importa. Nosotros, hace seis, siete meses atrás, hicimos una propuesta pública que incluso fue discutida, entiendo, por el gremio del mundo médico, donde adoptamos una posición respecto a la solución de las listas de espera. Creemos que es fundamental eso, y en esa consideración dijimos que podíamos aportar, insistentemente, aun cuando esto tiene cosas ingratas, ¿no? Discutir sobre valores y precios siempre es algo ingrato, y es por eso que habíamos dicho que cualquier proyecto como este debe ir de la mano de la nueva institucionalidad, que creo que es lo que probablemente viene cojo —lo voy a decir adelante—, diciendo que estamos de acuerdo en términos globales con el proyecto, porque hay que buscar lugares donde ponerse de acuerdo y discutir. No se puede ser un seguro público cuando conviene y solo un pagador cuando conviene; es una discusión ingrata.
Hace el 2022 hubo una inflación del 13%, la Superintendencia de Salud estableció que el costo aumentaba un 15%, pero Fonasa no operó como un seguro, sino que operó finalmente bajo la ley pública del presupuesto y aumentó solamente un 6.1%. Sé que esto puede ser súper ingrato de decir, pero en la práctica, en un sector donde el 50% del costo es personal —el valor de las personas que trabajan ahí—, ciertamente es un tema que influye, y entonces hay que buscar puntos de solución donde se llegue a un acuerdo.
Yendo al proyecto en concreto, y no les voy a hablar de ustedes porque finalmente lo conocen mejor que yo, si finalmente está redactado con opiniones de ustedes y que se complementa también con el proyecto del Ejecutivo, nosotros, en lo que respecta a nuestra opinión en concreto, insistimos, creemos que cualquier condición que ayude a mejorar la solución de los 2,5 millones que están esperando en listas de espera y de los 77.000 garantías de atraso —que pueden ser aún mayores; entiendo que ha habido un nuevo número, pero me quedo con los de diciembre, que son números vivos, pues diariamente pueden cambiar— aporta y es importante llevar adelante el proyecto, y por ello aplaudimos con entusiasmo este proyecto.
Creemos que deben haber algunas condiciones para hacerlo cumplir; la doctora Regaya se nos adelantó en uno, nosotros también lo abrazamos, y creemos que, finalmente, también —y aquí podemos tener una discreción—, es raro que el sector privado pida aumentar el valor público, pero, ciertamente, si le vamos a entregar la potestad a la Superintendencia de Salud para implementar esto, debe contar con las herramientas necesarias para hacerlo, y hoy día probablemente los recursos asignados son insuficientes para poder determinar que los pacientes sean derivados. Nos parece una buena idea que exista una presión, porque finalmente el proyecto lo que hace es poner presión al sistema para que la gente sea derivada rápidamente.
Bajo esa condicionante, si es a través de un actor público, nos parece correcto, nos parece una buena idea, insisto. Y nosotros, desde el mundo privado, vuelvo a repetir, con disquisiciones, con discusiones que a veces pueden ser ingratas, estamos disponibles a aportar aquello y contamos con una red montada para ello, según la evidencia.