Retomar formalmente reemplazando al senador Chaguán. También dar la bienvenida del Ministerio de Bienes Nacionales, don Luis Felipe Sepúlveda. ¿Cómo estás? Ayer estuvimos juntos, así que entiendo que lo tendremos permanentemente en esta comisión, en la discusión de este proyecto de ley. De la Subsecretaría de la Fuerza Armada, señor Guillermo Briceño. No sé si está por Zoom. Allá, don Guillermo, si quiere, ¿por qué no se sienta allá, por favor, don Guillermo? También tenemos como invitados de la Asociación Pro Borde Costero Macro Zona Norte, los representantes: la señora Miroslava Dianich, don Roberto de Grote, don Carlos Berténez y el abogado don Juan Ignacio Urrutia, también por Zoom. Asimismo, contamos con el representante del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, la académica e investigadora, señora Ximena Inzunza, quien ha colaborado frecuentemente con esta comisión.
Bien, tenemos cuentas, Felipe Bernstein. Bienvenido, don Felipe; ahí está, bienvenido también. No lo tenía registrado, pero bienvenido, don Felipe. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria?
Presidente: Sí. Han llegado dos documentos a la cuenta. El primero es una solicitud de audiencia del señor Itzer de Gregorio Monsalve, representante de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO), con el objeto de exponer sus inquietudes respecto del proyecto de hidrógeno verde en el norte de nuestro país, ubicado a pocos kilómetros de los observatorios Paranal y Armazones que tiene la organización. Y luego ha llegado un informe del abogado de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, la señora María Soledad Mortera, con el cual se remite un informe sobre el marco regulatorio de acceso a las montañas, derecho comparado, Chile, Argentina, Colombia y Perú, que fue requerido por esta comisión y que se les enviará a ustedes.
Perfecto, muchas gracias, señora secretaria.
Respecto a la solicitud de audiencia del representante de ESO, tiene que ver con los observatorios Paranal y Armazones, en la región de Antofagasta, y por el proyecto que continúa en evaluación, el proyecto de AESGENER, que parece ser de una central de hidrógeno verde. Lo programaremos dentro de las próximas semanas; creo que tenemos un espacio la próxima semana, el lunes o martes, para que se le informe a usted y a los demás senadores de la región de Antofagasta.
Bien, señores senadores, señoras senadoras, procedamos primero a escuchar a los representantes de la Asociación Pro Borde Costero Macro Zona Norte. La señora Miroslava Dianich, por favor, realice la presentación.
Señora Miroslava Dianich: Buenas tardes, señor presidente, senadores, senadoras y público asistente. Agradecemos esta oportunidad para exponer una realidad que afecta a muchas familias de la macro zona norte y que requiere una solución urgente. Somos un grupo de personas que tenemos concesiones marítimas menores en terrenos de playa, donde con esfuerzo hemos construido nuestras cabañas, muchas de ellas de más de 50 años, heredadas de nuestros padres y abuelos. Estamos en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, donde el terreno de playa no es un simple espacio físico, sino parte de nuestra historia y de nuestras comunidades. Hace ya muchos años que enfrentamos una situación injusta y desigual: pagamos rentas de concesiones desproporcionadas, sin ninguna certeza sobre el futuro. No somos propietarios de los terrenos, pero asumimos costos que, en muchos casos, superan incluso lo que se paga por contribuciones en los sectores más caros de Santiago. A esto se suma la burocracia y las dificultades para renovar las concesiones marítimas, lo que nos mantiene en una constante incertidumbre.
En el boletín 8467 que estaremos analizando hoy no dan solución al problema. Se ha perdido el foco original y se mantiene un sistema que sólo prolonga la inequidad y la inseguridad para quienes habitamos en esta zona. No podemos seguir postergando una respuesta. Es fundamental que se legisle en un enfoque justo y realista, permitiendo la enajenación de estos terrenos a los concesionarios. Esto no solo dará estabilidad a nuestras familias, sino que también permitirá un desarrollo real en el borde costero, incentivando la inversión y la protección de las áreas. Entendemos que este es un tema complejo y que requiere soluciones bien diseñadas; por eso queremos ofrecer nuestra colaboración y disposición para trabajar en conjunto en un estudio técnico con alternativas viables que permitan destrabar esta problemática de manera justa y sostenible. Estamos convencidos de que existe una solución que beneficie tanto a los concesionarios como al Estado y queremos aportar para encontrarla. No estamos pidiendo privilegios, solo justicia. Senadores, esta es una oportunidad histórica para corregir una desigualdad que ha durado demasiado. Confiamos en que esta comisión puede ayudarnos a avanzar hacia una solución concreta y justa. Gracias. Los dejo con Carlos, que va a hacer una breve exposición.
Presidente, muy buenas tardes. Yo quiero plantear la realidad de las concesiones marítimas menores, cuyo objeto es una cabaña, que es algo muy distinto de un puerto, de un muelle, de una boya o de una organización, una desaladora o una empresa. Y que este tipo de concesiones tiene particularidades muy especiales que voy a tratar de explicárselas. Para ello, voy a tratar muy someramente los puntos que están ahí indicados en la transparencia y me voy a hacer presente, ¿no es cierto?, me voy a hacer el esfuerzo en destacar algunos puntos específicos de esta exposición y, en particular, lo que nos convoca acá son concesiones marítimas que tienen más de 40 o 50 años. Son sitios, ¿no es cierto?, que están debidamente organizados en caletas y balnearios a lo largo de toda la zona norte y que obedecen a realidades muy distintas de lo que uno se imagina. Yo creo que es importante que todos conozcamos, o todos ustedes conozcan, la realidad particular de esta región. Son concesiones marítimas menores, que han albergado cabañas desde hace mucho tiempo atrás, y son sitios que existen desde hace mucho y que cumplen con toda la normativa vigente, tanto del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obras Públicas, de Agricultura, de Medio Ambiente y otras. Por lo tanto, no estamos hablando de nuevos proyectos, de nuevos desarrollos, ni nada más complejo que eso.
¿Qué nos convoca? Nos convoca a poder buscar una solución a una condición en extremo compleja, onerosa y desigual respecto del entorno. ¿Por qué digo del entorno? Porque dentro del mismo lugar hay diferencias que quiero traer a colación acá, y buscamos con urgencia una solución a una desigualdad que existe ante la ley respecto del tipo de ocupación del terreno, los altísimos costos que se pagan por la renta de concesiones marítimas menores que amparan una cabaña y, también, por supuesto, el proceso engorroso que implica toda esta tramitación. Las indicaciones que se han dado al boletín 84-67-12 cambian radicalmente lo que hay al día de hoy, lo que es el proyecto original, continúa la burocracia actual y no entrega ningún tipo de solución a la problemática que nos aqueja.
El terreno de playa, ustedes saben muy bien lo que significa el terreno de playa, que son estas franjas de 80 metros, pero quiero traer a colación dos puntos que considero que son relevantes. El primero, que este terreno de playa no viene desde el año 1960, sino que viene acá en Chile desde el año 31 y, quizás, un poquito antes, en la cual se definió esta franja de 80 metros. Ahora, uno se puede preguntar, ¿por qué 80 metros y no 60, 40 o 120? No existe ninguna razón fundada para decir el porqué de estos 80 metros. Se habla de seguridad nacional; el concepto de seguridad nacional, la verdad, es bien discutible y aplicar una franja de 80 metros en la costa es aún más discutible. Esto tiene también una visión que alguien comenta, no, tiene que existir por el acceso a playa. La playa está asegurada por otras normas, que permiten el acceso de toda la gente. Y, revisando la historia, este concepto de terreno de playa viene de la historia española del siglo XVII o anterior incluso, que era por la...
seguridad de la población para que los buques corsarios que llegaban a la costa dispararan sus cañones y no le pegaran a la gente que estaba en ese lugar. Por eso le dijeron precaución, váyase un poquitito más arriba. No tiene otro sentido, por lo tanto, los invito a estudiar esto y no seguir solo con el concepto que está en alguna norma. Además, el decreto ley 340 tiene premisas que son equivocadas. La primera premisa dice que existe una delimitación del terreno de playa en toda la costa del país, lo que no es cierto. Existe la delimitación del terreno de playa solo en puntos muy puntuales. Me atrevería yo a decir que debe ser el 0,5% de toda la costa, de toda la zona contera de nuestro país. Y también que el concepto de concesión marítima se aplica a todo el terreno de playa del país, lo cual tampoco es cierto porque hay muchísimo territorio privado que llega hasta el mar. Por lo tanto, no existe ese concepto de concesión marítima, ni tampoco el de la delimitación de la franja de terreno de playa.
Un ejemplo es la renta de la concesión. Traigo a colación los antecedentes que tenemos a mano: un ejemplo es la Caleta Hornos en Mejillones, que pertenece a la región de Antofagasta. En el año 1996 el metro cuadrado costaba 1.800 pesos; hoy cuesta 68.449 pesos el metro cuadrado. Real, es el que da Impuestos Internos hoy. Sí, sí, por supuesto. Es para aclaración, no estoy cuestionando la cifra para nada. Cuando se habla de pesos de 1.800 de aquel entonces en comparación con cifras actuales, mi pregunta era si estaba en términos nominales o ya ajustado en términos reales descontado por la inflación. No, en términos reales. Por supuesto, el aumento puede ser alto y muy fuerte, pero en términos reales estamos hablando de un aumento aproximado de 3.500%, lo cual para cualquier condición es relevante.
Esta tasación del terreno, según nos indicó Impuestos Internos en Antofagasta, se basa en los valores por los que se transan las propiedades privadas en terreno de playa, y les voy a explicar eso con profundidad más adelante. Acá hay un ejemplo, siguiendo solo con lo que es terreno y no la construcción: terrenos en Antofagasta, en Tongoy, en Zapallar, en Metencillo, en Las Condes y también en la Caleta Hornos. En esta última, un terreno de 500 m² paga el 32% de concesión marítima, que equivale a 10.900.000 pesos anuales, frente a las contribuciones de un terreno en cualquiera de los lugares mencionados, que promedian 1.469.000 pesos. O sea, se observa una diferencia significativa e impresionante respecto de lo que significa pagar por una concesión marítima en un terreno que no cuenta con energía eléctrica, ni agua, ni alcantarillado, y en el que el concesionario, por supuesto, no es propietario del terreno.
Y esto se repite no solo en la Caleta Hornos, sino en muchos balnearios y caletas a lo largo de la costa de la zona norte, variando solamente el valor del terreno. A esto hay que agregar que, en la comuna de Mejillones, el reglamento exige entregar una boleta de garantía equivalente a un año de concesión y, en caso de mejoras fiscales, se debe efectuar un pago de arriendo. En definitiva, se están sumando costos que ya son tremendamente altos.
Ahora, de la desigualdad del terreno, de la ocupación del terreno de playa, en el borde costero existen diferencias muy relevantes. Hay terrenos que son privados; hay sitios administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales; hay otros bajo la gestión del Ministerio de Defensa, en particular la Secretaría de la Fuerza Armada, que se encuentran en concesiones marítimas menores o mayores y pueden ser onerosas o gratuitas; y, además, hay terrenos destinados a distintos organismos del Estado o con ocupación irregular o de hecho. Si bien existe alguna normativa, la diversidad y heterogeneidad es tan grande que se genera una enorme desigualdad entre todas aquellas personas que tienen concesión marítima menor.
Las indicaciones del Boletín 8467-12 no aportan nada para solucionar esta problemática que les estoy planteando. Aquí hay otro ejemplo de desigualdad, especialmente en la ciudad de Mejillones.
En la parte de abajo de los sillones hay un parvulario. Ese parvulario es concesión marítima y está, no es cierto, dentro del gráfico, como se muestra en la foto indicada. La persona que tiene esa concesión marítima tiene una tasa del 28% y paga 5 millones de pesos anuales como concesión de su parvulario. ¿Qué quiero traer con esto? Quiero evidenciar la manifiesta desigualdad que existe, ya que las casas que están al lado son todas privadas y, a mayor abundancia, pagan su contribución, si es que están afectadas.
La caleta Hornos en Mejillones, ahí ustedes pueden ver los distintos colores de lo que se señala en el plano. Este es un plano del Minbu, de la segunda región; cada color significa algún tipo de ocupación: tenemos venta de predios, arriendos, concesiones marítimas, casos especiales y otros. Y aquí observamos una casa que es concesión marítima, ubicada al lado de un arriendo y de una propiedad privada.
¿Cómo se manifiesta esto en la realidad? Se evidencia que, en este sector, los sitios que están en color morado representan concesiones marítimas y los rojos, propiedades privadas; el rojo paga absolutamente nada, salvo contribuciones, en el caso de estar afecto, lo que contrapone el pago efectuado por el concesionario. El promedio del pago de renta de concesión asciende a 158 UDEMAS. Estamos hablando, al día de hoy, de 10.600.000 pesos por renta de concesión, mientras que el vecino paga nada. Las indicaciones del Boletín 84-67-12 tampoco aportan a solucionar este problema.
En la búsqueda de jurisprudencia ante esta situación, la ley 19.606 del año 99 modificó el decreto ley 1939 del año 60, particularmente en el artículo 6, que estableció la posibilidad de enajenación a terrenos de playa en la región de Los Lagos, de Aysén, de Magallanes y de la Antártica Chilena. Otra jurisprudencia es la ley 20.062 del año 2005, que permitió la regularización de algunas ocupaciones específicas, en temas puntuales en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Bío Bío. Es decir, existe jurisprudencia que ha permitido corregir algunas situaciones como las ya mencionadas.
Ahora, algunas conclusiones. Primero, el concepto de franja de terreno de playa es arcaico, no tiene ningún sentido, ni utilidad práctica ni uso racional. Además, si bien existen algunas normas en la regulación, hay una gran desigualdad en cuanto al tipo de ocupación del terreno, ya que se observa la presencia de terrenos privados, concesiones marítimas, arriendos, casos especiales, entre otros. Y el mayor afectado es el concesionario marítimo menor, cuyo objeto, no es cierto, no es simplemente amparar una cabaña de veraneo. Como vimos, paga 10 millones de pesos anuales como concesión. La gran diferencia es que el propietario paga únicamente contribuciones en caso de estar afecto, y puede realizar todas las mejoras que desee en su inmueble, sin tener que destinar una importante cantidad de recursos al Estado. Además, no se enfrenta a la tramitación burocrática que implica tener una concesión, una burocracia increíblemente costosa en términos de tiempo, pues los trámites duran cuatro, cinco o seis años, y se encuentra en constante incertidumbre de poder perder su terreno.
Como he señalado, el costo anual de una concesión ha llegado a valores irracionales, tan elevados que se conocen casos de personas de edad –incluso de amigos– que han tenido que vender propiedades para poder pagarlas. Por ejemplo, en un caso, tras el fallecimiento del marido, no se realizó la declaración correspondiente ante la subsidiaría de forma oportuna; se perdió la concesión y, para recuperarla, se tuvo que pagar 150 millones de pesos, situación que obligó a vender una propiedad.
La solución que se defina, y aquí quiero ser bien preciso, es que cualquier alternativa respecto de resolver esta problemática no altera en lo absoluto otras posturas existentes en cuanto a los estudios del borde costero. Por ejemplo, el Observatorio de la Costa y otros proyectos de gran interés, los cuales, sin embargo, no implican relación alguna con temas asociados a caletas y balnearios.
Ya están establecidos. El proyecto de ley con el Boletín 8467, que fue aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputadas y Diputados, agregó al artículo número 6 del decreto ley 1939, el que dispone que se pueden enajenar terrenos en la región de Los Lagos, Aysén y Magallanes, al agregar solo a la región de Antofagasta. Sin embargo, las indicaciones actuales al Boletín modifican el artículo 6 y eliminan no solo a Antofagasta, sino a todas las regiones anteriormente nombradas.
En el fondo, las indicaciones al proyecto de ley no aportan a la solución de la problemática expuesta, sino que únicamente hacen el traspaso de la gestión de un ministerio a otro. Solución: que exista una ley que permita la generación de terrenos a los concesionarios, bajo las premisas señaladas en el texto que ustedes tienen en la mano. Dichas premisas son bastante precisas y no ambiguas, al establecerse que se puede traspasar en forma excepcional el dominio de bienes raíces a aquellas personas que tengan una concesión marítima menor. Esto se señala en la página 13 del texto.
Menor, en favor de los concesionarios, siempre que concurran tres elementos: se trate de terrenos de playa en concesión marítima menor, cuyo objeto sea amparar una cabaña, que sea concesión marítima menor y que tenga una duración de al menos 15 años. O sea, no se está promoviendo la generación de concesiones nuevas, sino haciendo referencia a quienes ya cuentan con 15 años. Si existe una concesión de 15 años, ello implica que ya se ha pagado la totalidad del terreno, al menos una vez y media, si no dos veces. El concesionario debe tener vigente la concesión marítima menor o estar en proceso de renovación, traspaso u obtención ante un trámite de la subsidiaría, y debe encontrarse al día en el pago de las rentas que emanan de la concesión. En conclusión, se solicita que esta posibilidad se dé a quienes mantienen su concesión vigente y al día.
Tenemos otras opciones: modificar el artículo número 6 del decreto ley 1939, agregando las regiones comentadas; una tercera opción es modificar o ampliar la ley 20.062 del año 2005 para incluir las regiones indicadas; y la cuarta opción no es la venta, sino modificar el decreto ley 340 en el sentido de que se reduzca del 16% que se paga en concesión a un valor que consideramos más prudente —quizá el 3 o el 6%—, de manera que las personas no tengan que endeudarse para cubrir su concesión anual.
¿Qué ocurre si no se encuentra una solución? Se genera un tremendo desincentivo para promover mejoras en las construcciones existentes. Podemos observar balnearios en el norte que se están deteriorando, ya que la gente no cuenta con recursos para arreglar sus casas y debe destinarlos al pago de las concesiones. Esto lleva al cese o atraso en dichos pagos, a que no se renueven las concesiones, se abandonen los sitios y sus construcciones, se generen tomas y lleguen personas sin la cultura del cuidado medioambiental, lo que se traduce en el deterioro sustantivo de las zonas donde se ubican. Varios de estos efectos ya se están presentando.
Muchas gracias. Tenemos que limitarnos hasta las 20:00 para las dos, o como máximo, para poder dar espacio a la señora Inzunza. ¿Les parece, señores senadores? Bien, procedemos entonces.
Señores senadores, preguntas, consultas o inquietudes, o también esperamos que el Ejecutivo pueda dar su opinión respecto a lo expuesto. Don Luis Felipe, ¿prefiere usted intervenir primero y después el asesor de la subsecretaría de Fuerza Armada, para luego dar paso a los senadores y conocer la respuesta u opinión del Ejecutivo frente a lo presentado? Don Luis Felipe, por favor.
Muchas gracias, Presidente, y saludando a todos los senadores presentes y a los asistentes de la Comisión, me gustaría referirme en dos puntos a lo señalado por la asociación que recién expuso. En primer lugar, respecto a la significación del terreno en la playa: evidentemente, fijar 80 metros es una decisión, digamos, arbitraria de las instituciones de ese tiempo.
Que podría ser otra margen, por así decirlo, pero sí existe un consenso internacional respecto de que las costas son un bien escaso, que merecen una protección especial tanto medioambiental como administrativa. En ese sentido, es sumamente importante que las zonas costeras mantengan una protección especial respecto de los otros bienes fiscales o bienes nacionales de uso público. Precisamente por eso, las indicaciones del Ejecutivo lo plantean como bienes incomerciables e inaneables, en el sentido de que tienen un rol estratégico de suma importancia a nivel nacional. Por lo mismo, se establece un plazo máximo para la entrega de concesiones y se establecen otras restricciones respecto a estas.
Algo que trae consigo la indicación ejecutiva, precisamente, es prohibir su enajenación, que se puedan constituir en prenda y que sea un título de riendo, que sea un título oponible al Estado, muy parecido a lo que son actualmente las concesiones mineras, y existe, digamos, un diagnóstico de que ese tipo de concesión termina desnaturalizando los bienes y transformándolos en propiedad sobre estos mismos. En ese sentido, la propuesta de la indicación del Ejecutivo y la visión del Ejecutivo es que no se deban enajenar terrenos de playa ni bienes nacionales de uso público que pertenecen a la zona costera, precisamente por el rol estratégico y, digamos, de sustento medioambiental que tiene. Justamente, el espíritu de las indicaciones es ese y propender a que las costas sean utilizadas para aquellos usos que por su naturaleza deben desarrollarse en las costas.
En un segundo punto, respecto a la desigualdad de la que se habla, me gustaría distinguir dos aspectos. Respecto a los terrenos privados, es poco lo que se puede realmente establecer como comparación, porque precisamente los terrenos privados son terrenos privados, o sea, no son terrenos del fisco ni bienes de uso público, y están adscritos a otro régimen jurídico que no es tocado por este proyecto de ley ni por el régimen de concesiones que tiene el Estado. En ese sentido, me parece que, presidente, no es la comparación más precisa. Si bien es una comparación importante y, en efecto, es un tema que nos parece problemático, la desigualdad se evidencia en los bienes fiscales y en los bienes nacionales de uso público que concesiona el Estado, frente a aquellos que concede la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, puesto que, como se ha señalado, existen terrenos colindantes que pagan rentas concesionales muy distintas.
En ese sentido, el proyecto, evidentemente, permite trabajar en perfeccionar sus instrumentos y, a la vez, ofrecer una solución a ese problema, ya que, si se unifica la administración de los bienes fiscales y de los bienes nacionales de uso público en una sola institución, es posible generar que las rentas concesionales –y los arriendos– tengan una visión mucho más racional, equitativa y equilibrada entre los distintos actores que ocupan esas zonas. Se ha señalado que los arriendos de bienes nacionales son más bajos que las concesiones marítimas; entonces, podría ser una solución, que justamente es la idea del proyecto, para encargarse de ese problema en particular, de la desigualdad que viven los concesionarios, al unificar la administración en una sola institución.
Pero reitero, y con esto me gustaría terminar mi locución, presidente, que es un tema de suma importancia considerar y no perder de vista que las zonas costeras son un bien escaso de gran relevancia. Por lo mismo, se deben establecer restricciones especiales, especialísimas, que protejan esta zona. Nos parece un precedente erróneo enajenar terrenos de playa, terrenos de bienes nacionales de uso público, sobre todo respecto a otros usos que utilizan el costero por periodos de tiempo tan extensos como los que se señalan, como puertos, desaladoras u otras actividades, ya que sería peligroso pensar que, por esa razón, se otorgue al Estado el derecho de enajenar bienes nacionales de uso público, bienes fiscales de la zona costera.
Eso, presidente, podríamos decir. Muchas gracias, don Luis Felipe, el señor asesor de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias, señor presidente, honorable senador Gaona, y saludarlo y, por supuesto, saludar por su intermedio a todos los presentes. Además de plegarme por completo a la opinión que señala Luis Felipe, el asesor del Ministerio de Bienes Nacionales, suelo reafirmar otro aspecto, al menos lo que compete a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Claro, como bien señala Luis Felipe, los terrenos son un bien escaso y es importante tenerlo a la vista, en el sentido de que el Estado y la política pública regulatoria que recae sobre la gestión de la costa incide sobre este bien, que es finito, y de algún modo se despliega con los recursos y herramientas legales que se tienen en este momento actual específico y, a propósito de ello, estamos conversando acerca de la necesidad de un cambio de política regulatoria. Esto es importante tenerlo presente, porque mientras eso ocurre y esta conversación se desarrolla en esta comisión, desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas hemos desarrollado algunas herramientas para mejorar la gestión. Hemos realizado algunos convenios con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Energía y, si no me equivoco, con el Ministerio de Economía. ¿Y por qué traigo a la palestra esto? Porque la gestión y los números que ha presentado la Subsecretaría han mejorado, pero también entendemos que la normativa que actualmente opera en materia de zona costera ofrece algunas dificultades, siempre habiendo elementos que se pueden perfeccionar, y en ese sentido, nuestra disposición es amplia. ¿Por qué menciono esto? También a propósito de la presentación que realiza nuestro invitado, para que cuente con la disponibilidad de la Subsecretaría para que, ya sea a través de su propia organización, de los alcaldes o de otras instituciones que el Estado coordina respecto de la gestión de las costas, se acerquen a la Subsecretaría y planteen los elementos que estimen necesarios para la buena gestión de las costas y, asimismo, para los procesos específicos de concesiones marítimas. En eso hemos sido muy receptivos con las personas que han llegado a la Subsecretaría, mediante ley del lobby, por supuesto, para hacernos ver la situación específica de sus territorios y mejorar la gestión. Entonces, dejamos abierta esa ventana; se pueden quedar con mi número o mi correo y, en eso, no hay ningún problema. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, presidente. A ver, yo voy a partir diciendo lo siguiente: no estoy para nada de acuerdo con lo que acaban de decir los dos asesores de los ministerios; incluso creo que incurren en un error, y entiendo que puede ser por la falta de conocimiento de nuestra realidad, por lo tanto, es nuestra obligación venir a contar lo que está ocurriendo en nuestras regiones y, específicamente, en el norte del país. Porque este proyecto —o esta propuesta, esta iniciativa, esta problemática que se está planteando acá— viene arrastrándose desde hace bastante tiempo y a lo largo de los últimos tres gobiernos, contando el actual, y evidentemente el Estado está ausente en el orden. Ni siquiera voy a entrar todavía en el tema del borde costero, playa, metraje, en el orden del borde costero. Por lo tanto, si partimos de la base de que el interés y la presencia del Estado, con todos los intereses que ello implica, van a primar, deberíamos empezar a ordenar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la región que me toca representar, que es Antofagasta, donde, como bien han expuesto, en una misma línea tenemos un título de propiedad, un arriendo y una concesión. Cuando esa realidad se impone —porque la realidad es imbatible—, aquí no operan ni los principios de la ideología ni nada; entonces, insisto, lo que persigue o busca, al menos el Boletín N° 8467, se desvanece. Dicho eso, me gustaría transmitir dos o tres ideas para que hagamos un poquito de historia del proceso legislativo. Hace siete años se presentó un proyecto —un poco menos, seis, cinco— se presentó un proyecto de ley, porque todo esto requiere iniciativa exclusiva del Ejecutivo y, por lo tanto, era un mensaje en el que yo sí creo —y aquí quiero ser bien autocrítica—a propósito que se presentó en mi gobierno, de que fue más allá de lo que habíamos acordado con las distintas organizaciones, corporaciones y vecinos, porque hoy día nos visita, digamos, ProBorde Costero, pero nos reunimos con un sinfín de líderes sociales de Arica, de Tarapacá, de Antofagasta y de Copiapó. Bueno, ese proyecto lo que buscaba era limitar para efectos de ordenar y, por lo tanto, estableciendo requisitos para las...»
Tres primeras regiones del Norte Grande de nuestro país, o sea, no era un proyecto que abarcara toda la costa de Chile. Luego, uno de los requisitos era que no ocupáramos, no se ocupara—mejor dicho, la concesión—como un puente para poder ser dueños de un terreno fiscal, sino que estábamos hablando de concesionarios que, por ejemplo, llevaban 30 años, llegó a establecer el proyecto, y luego hablábamos, evidentemente, de aquellos que estaban al día en sus pagos, algo vital para quien expira, como lo hace en todo esto cualquier privado, pyme, mediana o incluso empresa, sobre todo en el norte del país, que después de tener una concesión de 5, 10 o incluso 30 años, aspira, insisto, a que se le transfiera y postula a ello. Y hay un procedimiento para eso, está en nuestra legislación, y en eso, Bienes Nacionales, porque conozco bien el trabajo a propósito de que en nuestra región se administra más del 70% del territorio, se allana y lo hace cuando se trata de grandes proyectos.
Bueno, pero en este caso, y volviendo evidentemente al borde costero, este mensaje lo que busca es establecer reglas bien limitadas, bien concretas, a efecto, insisto, de ordenar. ¿Qué pasó? Lo que lamentablemente sucede y afecta a los chilenos y chilenas, mayoritariamente, sin ningún distingo político ni, mucho menos, por el cambio de gobierno, es que ese mensaje se retiró. Ese proyecto se sacó del Congreso, pero sí hubo un compromiso que hasta ahora no se cumple; y a lo mejor, sinceramente, tengo la esperanza de que, en este boletín que ustedes están revisando en la Comisión, podamos tener espacio para indicaciones en esa línea. Se retiró, digamos, porque el tema dejaba abierta la posibilidad—y yo, directamente, lo quiero decir de manera muy clara, no lo comparto—; y algo expresaron quienes expusieron, pues podía, por ejemplo, postularse a grandes proyectos, y esto es típica cuestión de los grandes hoteles, las costas, los casinos, temas comerciales, que no era para nada el objetivo de lo que, al menos, se había trabajado con la sociedad civil organizada.
Entonces, se retira el proyecto, insisto, con el ánimo de que esta Administración pudiera ingresar un mensaje que fuera restringido al Norte Grande, a vecinos que hoy día tenían concesiones que, después de mucho tiempo, venían pagando y estaban al día, y evidentemente con los fines de los que aquí estamos hablando, a propósito de los balnearios y los ejemplos que se han puesto, sobre todo, en comunas muy vulnerables como Tocopilla y Mejillones. Eso no se produjo, pero insisto, tenemos este boletín.
Yo quiero recordar, dentro del mensaje del Boletín 8467, que uno de los grandes cambios que ustedes están discutiendo y sobre el cual nosotros ya nos vamos a pronunciar en la sala, es establecer un nuevo régimen de concesiones marítimas, entregándolas a la competencia del Ministerio de Bienes Nacionales. Yo no tengo ninguna duda y quiero ser transparente, porque en esta instancia formal llegué a conversar sobre esto incluso con el Presidente de la República y con varios ministros en distintas instancias, sobre todo en Bienes Nacionales, así como con la Ministra de Defensa. Y, sin duda, el Gobierno—y acá, en todo caso, lo acaban de manifestar—no tiene el ánimo de desprenderse del terreno fiscal.
Pero nosotros tenemos otra mirada, que es ordenar lo que ya existe, habiendo durante tanto tiempo cumplido con un sinfín de exigencias, requisitos y, por supuesto, con la obligación que implica tener una concesión. Entonces, en este número 3 de los argumentos y de los considerandos del mensaje, insisto, donde el objetivo es directamente mejorar la eficiencia y la rapidez en el otorgamiento, renovación, modificación y transferencia de las concesiones marítimas, tengo la esperanza de que, entregado esto a Bienes Nacionales y no a Defensa—pues creo sinceramente que esa discusión, que ha sido larga, ya deberíamos haberla zanjado—, se nos permita, así como a las pymes que postulan a través de Bienes Nacionales para obtener su terreno después de haberlo desarrollado en concesión durante varios años, otorgar mayor certeza, y asimismo abrir un espacio con restricciones, limitaciones y demás, para quienes están en el Norte Grande de nuestro país, en una situación injusta—y digo injusta porque insisto: se trata de propiedad, arriendo, concesión, de la cual el Estado nos ha hecho cargo, al menos, del tiempo que yo llevo en el Congreso, primero como diputada y ahora, acá, durante los últimos tres gobiernos.
Así que, yo espero, Presidente, porque en eso hay una voluntad inmensa de que, con lo que cuesta tener un mensaje o un proyecto de ley—andes, obviamente, que no tenemos iniciativa en esto, sino que es exclusiva del Ejecutivo— podamos avanzar en una indicación que tenga como mirada ordenar, más que lo que legítimamente pueda pensar la otra parte, el desprenderse del terreno fiscal, pues hoy día, al final del día, el que se está desprendiendo, y con esto termino, es el que ya no puede; y así terminamos con las tomas, con la delincuencia y, en el norte, con que estos espacios acaban siendo parte inclusive del crimen organizado.
Gracias, Presidente. Muchas gracias, Senadora Núñez. Senador Lagos. Sí, muchas gracias, Presidente. Muchos saludos a todos los asistentes. Agradezco las presentaciones. Yo no sé...
De escuchar la presentación de ustedes, de escuchar a la senadora y de lo que uno recibe de la academia, al hablar del borde costero me doy cuenta de que ya no es el “borde” en sentido estricto; me queda chico esa expresión, ya que, a mi parecer, se trata de zonas costeras. Para ser bien franco, el problema que ustedes están planteando es muy puntual y no se alineaba con el objetivo original de este proyecto de ley. Yo entiendo que se aprovecha cualquier vehículo legislativo o normativo para tratar de responder a un tema que aqueja a ciertos sectores.
Lo que sí me parece es que el concepto de ordenar lo comparto, porque en este ámbito se conviven elementos de naturaleza muy distinta. Me pregunto, casi por simple curiosidad, ¿por qué existen propietarios? ¿Cómo surge la propiedad y, en cierto punto, por qué después dejan de estar los propietarios? Sé que me dirán que ya es agua bajo el puente, que existe un costo hundido y una realidad ineludible. Recordemos lo manifestado por el asesor del ministerio: “eso es propiedad privada, lo cual es distinto de las concesiones”. Entiendo el concepto, son distintos, sin duda, pero la pregunta es si se busca nivelar hacia arriba o hacia abajo también.
No pretendo que este argumento sirva de sostén para lo que ustedes proponen, pero me parece que la tendencia general es tratar de resguardar las zonas costeras bajo un concepto de bien de uso público, asociado a la propiedad colectiva del Estado, en lugar de profundizar en la propiedad privada. La propuesta, entiendo lo que hay detrás, no es de mi total rechazo; quiero manifestar que es importante conocer por qué existen estas propiedades privadas con fines personales, es decir, de propiedad privada propiamente tal. No estamos hablando de un destino específico, ya que no tienen restricciones ni impedimentos para ser transferidas, tal como se plantea en una de las propuestas de ustedes, que reconoce a quienes llevan años con una concesión de carácter privado. A esta altura, no tengo claro si se destinan a fines de vivienda, a segundas viviendas o si son para fines comerciales; en todo caso, existe una diferencia fundamental.
La senadora comentó —no sé si de forma extrema— que tampoco se pretendía tener hoteles ni casinos. Es decir, en una misma franja de línea de playa se presentan tres situaciones: el arriendo, la propiedad y la concesión, cada una con valores y obligaciones distintas, lo que genera un desorden. Quisiera agregar que, si bien entiendo que lo que ustedes plantean no está incluido en este proyecto de ley, y sin ánimo negativo, considero que en este mismo proyecto ya se vislumbra una solución. Sin embargo, me quedo con la palabra “orden”: se evidencia que, en este tema, no hay una preocupación efectiva del Estado por establecer un orden, ya que, pese a contar con un proyecto de ley, mientras se incrementa el número de asentamientos irregulares en las zonas costeras de Chile, el Estado brilla por su ausencia. Lo manifiesto con todo respeto a las asesoras que integran el actual y el anterior gobierno, pues no se observa la capacidad necesaria. Hoy día las noticias hablan de jarillas y desalojos de tomas, y en San Antonio se ha evidenciado una situación similar que, aunque distinta, refleja la falta de un ordenamiento territorial adecuado y la escasa capacidad del Estado para abordar estos problemas, salvo por la vía judicial.
Mi única reflexión, presidente, es que, entendiendo el planteamiento de ustedes, mi primera reacción es cuestionar el camino de generar más propiedad en las zonas costeras en lugar de buscar un ordenamiento diferente. Tampoco me queda claro cómo se regulan las concesiones, quién decide sobre ellas y cuáles son sus fines, sobre todo cuando se habla de cabañas. Las conozco; cuando se inaugura una cabaña, se trata de una concesión. Por ejemplo, en la playa de la Virgen, se observa que las cabañas están concesionadas, pero si se transforman en un emprendimiento con fines de lucro, el emprendimiento se desequilibra. En definitiva, no me parece oportuno que profundicemos en un tema que, a mi juicio, en otros países ha llevado incluso al Estado a adquirir propiedades privadas con la debida compensación económica. Tal vez, en este contexto, se debería considerar una fórmula que compense a aquellas familias que han mantenido una renovación de cabañas a lo largo de 30 o 40 años, puesto que, para muchos, el borde costero representa una forma de vida. Basta observar la zona costera de Valparaíso y Viña, donde existen casas muy bonitas, asentadas sobre la roca.
La misma roca que está más allá del Hotel Punta Piquero, y el Punta Piquero lo están haciendo ya contra todas las normas que han existido. Hay discusiones, pero hay otras casas que, en cuanto a las cuestiones que están ahí, son re bonitas. Hay una piscina de color ocre, todo bien. Gracias, Senador Lagos.
Yo quisiera… Porque son distintos tiempos. Los tiempos eran distintos, tal vez esas propiedades son muy antiguas, esas construcciones; ya había otros criterios, o no habían criterios, o era más discrecional, o arbitrario, no sé cuál es la mejor palabra, y con el cambio de día la cosa es distinta. Gracias, gracias, Senador Lagos.
Yo quisiera hacer un par de consultas, especialmente al Ejecutivo. Yo creo que este problema se genera fundamentalmente por la asesoría de la subsidiaria de Fuerza Armada, al reevalúo de las contribuciones que fueron amarrando, así también el costo de las concesiones. Porque, si me lo permite, señor senador, muchas gracias, porque claramente, si no hubiera existido ese aumento excesivo, probablemente no estaríamos discutiendo esto.
Entonces, también quisiera explicar cómo se produce eso, ya que, por ejemplo, en el caso de la Avenida del Mar de La Serena, la gente que tiene propiedades detrás de la línea de edificios está considerada dentro del mismo paño para el cálculo de los edificios del borde costero. Esa gente, que posee chacras y huertas, prácticamente está siendo expropiada en sus propiedades con el aumento de las contribuciones. Entonces, es un tema que me gustaría abordar: ¿por qué se produce este aumento tan exponencial del costo de la concesión? Porque probablemente la solución esté en regularlo y, a lo mejor, cumplir con el objetivo de no enajenar lo que ya nos enajenó, manteniendo la idea de que el borde costero siga siendo propiedad del Estado; o, derechamente, buscar la otra alternativa que es ordenar y, aquello que ya está concesionado por una cantidad de años, enajenarlo y tenerlo ordenado, de modo que el Estado tome control de lo demás y no se concesione más a privados ciertas zonas del borde costero, o, en fin, que no se venda, digamos.
Entonces, me gustaría que desde la subsidiaria de Fuerza Armada nos pudiesen comentar respecto a este mecanismo de cálculo y cómo creció tan exponencialmente, porque hace ocho años (o seis años atrás) no teníamos este problema con las concesiones marítimas menores. Esto está en Tongó, en Guanaquero, en Caleta de los Hornos, en Chungungo.
Tenemos otra dificultad, además, y aprovecho para manifestarlo acá: tengo también una dificultad en cómo se está abordando la ley de caletas, porque en el cálculo –y aquí, para bienes nacionales, en el cálculo de los polígonos– se está pasando de listo a las organizaciones de pescadores artesanales respecto de propiedades que llevan 50 años ahí, y los polígonos están incluyendo esas propiedades con una obligación del Estado de expropiarlas. Hay que tener cuidado con eso, y lo dejo de manifiesto para que lo revisemos.
Entiendo que me ha pedido la palabra el señor Felipe Bernstein y don Roberto de Grote. Escuchamos a ambos para después poder escuchar a la profesora Inzunza. Don Felipe, y luego don Roberto.
Yo, por esta invitación de poder participar en esta importante comisión, y habiendo colaborado también con este equipo de trabajo que ha estado tratando de ver este tema en el norte de Chile, creo que no se dimensiona en forma justa la magnitud que tiene. Primero, cuando dicen que si son privados o son concesiones, les encuentro razón en cuanto a que, si hubiera una política que estableciera que las concesiones no se venden, perfecto. El problema es que hubo concesiones que sí se vendieron y se volvieron privadas, y están juntas hoy día. Es decir, hay un precedente en que sociedades que eran concesionarias y hoy son privadas se encuentran en una situación de ley pareja no es dura. Yo creo que lo que hay que buscar siempre es que exista una ley pareja no es dura. Por lo tanto, si hay situaciones que hay que analizar nuevamente, quizá yo sugiera – y por eso entiendo que esta presentación que realizó hoy Miro es justamente para demostrar que hubo situaciones, sea quien sea el responsable – que hay que buscar una solución. Y esto se da desde la primera hasta la cuarta región, lo cual es algo que debemos tener más en cuenta, porque el problema es delicado.
Lo segundo, yo soy una persona que trata siempre de que todas las cosas se hagan con estudios técnicos objetivos. Yo me leí la ley entera y conozco muy bien el procedimiento actual, y creo que no se han hecho los estudios técnicos que corresponden para una magnitud de ley como esta. Cuando miro lo que se va a cambiar del ámbito de Fuerza Armada al Ministerio Nacional,…