...y el señor Miguel Ángel Cornejo Rayo, jefe de la unidad de concesiones. Se hace presente que el ministro de Justicia y Derechos Humanos llegará posiblemente en un rato más a la sesión. Un correo electrónico de la Dirección de Gendarmería de Chile, por el cual se excusa al director por encontrarse haciendo uso de su feriado legal. No obstante, comunica que asisten la señora coronel Atenea Crisosto Canales y la señora María Soledad Cornejo Bustos, arquitecto. Y una comunicación que informa que la diputada señora Lorena Fríes reemplazará al diputado Gonzalo Vinter durante la sesión de hoy. Y finalmente, hay un reemplazo que comunica que la diputada señora Joana Pérez reemplazará al diputado señor Miguel Ángel Calisto en esta sesión. Eso es todo a la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece palabra sobre la cuenta? No hay palabra sobre la cuenta. Esta sesión tiene por objeto despachar en particular el proyecto de ley que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penales, que es el boletín número 17.312-07, que está calificado con urgencia suma. Y hemos invitado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que se ha excusado vivamente y nos acompaña el señor Subsecretario de Justicia. Y en Gendarmería, la coronel Atenea Crisosto Canales. Nos acompañan el día de hoy para la tramitación. Sin embargo, el día de ayer tomamos un acuerdo en comisión, en orden a poder entregar diez minutos del inicio de la sesión. Nos va a servir para esperar a algunos colegas que dicen que hay un taco en el acceso al Congreso, para que el señor subsecretario nos exponga respecto de las circunstancias que han salido en los medios de comunicación y que han generado molestia entre los usuarios respecto del proceder del registro civil que nos solicitó el diputado Leonardo Soto Ferrada el día de ayer. Para este objeto le ofrezco la palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Tengo una presentación que trataré de hacer lo más expedita posible, que también tienen ustedes, donde vamos a detallar, en primer lugar, el contexto en el que se da este cambio del nuevo sistema de identificación. Primero, indicar algo que ustedes, por supuesto, ya saben por su intermedio, señor presidente, que el sistema de identificación del registro civil es de los sistemas más relevantes del Estado chileno, porque no solamente tiene que ver con los trámites que los ciudadanos realizan.
A propósito de la cédula de identidad, de los pasaportes, sino que también tiene que ver con procesos de consulta e interacción con otros servicios del Estado, lo que constituye, en este caso, una interoperabilidad que, por ejemplo, se extiende a áreas tales como la clave única y también el Visa Waiver, que veíamos también tuvo una salida pública respecto de algunas dificultades. El anterior sistema de identificación fue implementado en el año 2013 y se adjudicó por 10 años a la empresa Safran Morfo, que hoy es IDEMIA, y es la misma empresa actualmente la que tiene a su cargo el desarrollo e implementación de este sistema de identificación. En el año 2021 se realizó y se adjudicó una nueva licitación para la implementación del nuevo sistema de identificación, el que opera los próximos 10 años. ¿Por qué se hace esta licitación? Esa es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Por qué no dejar el sistema que estaba funcionando si estaba funcionando bien? Porque hay requerimientos de nuestro sistema de identificación a nivel mundial que nos obligan a ir cambiando los sistemas cuando la tecnología se torna obsoleta. Eso es lo que había ocurrido en este caso, solamente para decirles, por ejemplo, que el sistema antiguo estaba operando con Windows 7. Entonces, a pesar de que se habían hecho ciertos parches, se requería esta nueva licitación, y esa adjudicación se hizo solamente durante el gobierno anterior y fue tomada razón por la Contraloría General de la República el año 2022. Originalmente la fase de planificación e implementación iba a tener una duración de dos años y una fase de explotación de ocho. Esto considerando que el nuevo sistema debía estar operando inicialmente el 25 de enero del 2022, lo cual no fue posible debido a la necesidad de readjudicar la licitación, por lo cual a través de la modalidad de trato directo se amplió en un año el antiguo sistema. Para implementar el nuevo sistema de identificación, el Registro Civil terminó por su parte, efectuó una ampliación del trato directo que empleaba el plazo del contrato original y por otra generó una serie de adquisiciones también a través de la modalidad de trato directo con la empresa, de manera tal que este sistema quedó apalancado en cinco contratos. La responsabilidad de implementación del nuevo sistema corresponde, en cuanto a administración y control, al servicio del Registro Civil, que es la contraparte y al mandante de los contratos sobre los cuales se apalanca la implementación del sistema. Y en cuanto a la ejecución, incluyendo el cumplimiento de la entrega de los servicios contratados y los niveles de servicio comprometidos, corresponde principalmente a la empresa IDEMIA. El proyecto considera cuatro etapas: planificación, implementación, marcha blanca y la etapa de explotación. La marcha blanca comenzó en abril de este año y la etapa de explotación comenzó el 16 de diciembre del 2024. Por requerimientos del sistema y de las licitaciones, esto es por una decisión también que se tomó en el gobierno anterior y que tiene también fundamentos basados en la operatividad. Esta característica que les voy a contar ahora explica muchas de las cosas o dificultades que tenemos, que es un sistema que no tiene la posibilidad de hacer convivir el nuevo sistema con el antiguo sistema. Hay una imposibilidad de que operen ambos, entonces no hay gradualidad en la implementación. Un día deja de funcionar el sistema anterior y comienza a funcionar el nuevo, bajo un sistema que los técnicos denominan Big Bang. Por lo anterior, al hecho de que esto ya es altamente complejo, se suma que esta implementación se hace de inmediato y a eso también podemos agregar el volumen de usuarios que involucra la atención directa en la oficina de Registro Civil y también las dificultades que pueden tener en cuanto a la interoperabilidad. Si vamos al detalle, señor presidente, de cómo está integrado este sistema, no solamente tiene que ver con la entrega de los documentos, sino que tiene que ver con el mobiliario, esto es el reacondicionamiento de la oficina de Registro Civil, los sitios centrales que implican sistema de identificación, back office y administración, soporte y operación de dos data centers, la personalización y el control de calidad de los documentos, servicios asociados como la app de reimpresión, bloqueo móvil y también, en este caso, los documentos de identidad que también pasan por una serie de etapas. En la siguiente, ahí tenemos, no lo vamos a ver en detalle, pero tenemos cada uno de estos componentes tiene a su vez distintos elementos que forman parte de cada uno. Entonces, solamente para que le demos una mirada general a la magnitud y la complejidad de este sistema, cada uno de estos elementos que forman parte de cada uno de los pilares tiene que conversar de manera exacta con cada uno porque están en una secuencia de producción y de soporte. Cuando eso no ocurre, tenemos dificultades. ¿Cuáles han sido, entonces, las principales problemáticas de implementación? En primer lugar, podemos mencionar, por ejemplo, la operatividad y el funcionamiento de las maletas. Ustedes saben y eso también les puede llegar a ustedes, y ustedes lo conocen, en regiones cuando el servicio sale a hacer actividades en terreno, por ejemplo...
Ir a sacar carnet de las personas postradas o de las personas con discapacidad. Eso lo hace a través de maletas móviles, que le permiten en ese caso estar conectada online. Hoy día han tenido dificultades para la implementación de esas maletas. Hay un porcentaje importante que no está operando y hay un compromiso por parte de la empresa de dejar esto solucionado. Bueno, todo el sistema tiene que estar listo a finales de enero. Solamente para poner en comparación, el año 2013, cuando se cambió otro sistema, esto se demoró tres meses. Pero eso es demasiado tiempo y nosotros le hemos dicho a la empresa que tiene que solucionarlo ahora en enero. Y lo que afecta a la ciudadanía de manera más clara, por su interés, señor presidente, tiene que ver con las demoras en la entrega de los documentos. Y esto se explica en parte, no completamente, pero en parte se explica por un cambio que también estaba señalado en los contratos, que dejara el Registro Civil de tomar la operación de la entrega y por un tema de costos, que la empresa se hiciera cargo. Y eso motivó bastantes dificultades, o ha motivado bastantes dificultades, porque eso la empresa no lo hacía antes. También hay una operación por parte de los funcionarios que están acostumbrados a hacer algo. Si vamos al DAI, por ejemplo, al principio la empresa estaba mandando una valija al día, en circunstancias de que el servicio en régimen anterior estaba mandando 3 a 4. Eso ya de inmediato hace que tú tengas un stock de documentos que no están funcionando. Y también se han producido problemáticas relativas a la activación de documentos. Esto es, al momento de que se toman los datos biométricos, se genera el documento, ese documento va a la fábrica, la fábrica lo imprime, lo crea, hay un control de calidad por parte de IDEMIA y luego hay un segundo control de calidad por parte del servicio. Entonces, por ejemplo, si hay un error en esa línea, ese documento se devuelve, no sale. Solamente para dejarles la tranquilidad de que no se han entregado a usuarios documentos como por ejemplo el que circulaba en las redes sociales de una guagua que tenía varios títulos profesionales. Eso fue un error que fue detectado justamente en el control de calidad que el propio servicio hizo. Lamentablemente, esa fotografía fue tomada y circuló, a pesar de que incluso era un niño y niña adolescente, no podía circular esa foto. Pero la información que yo les entrego es la que yo recibí del servicio, que eso no se ha entregado y ninguna otra tampoco se ha entregado. Entonces hay un proceso de control de calidad. Ahora, si hay una dificultad respecto del proceso de activación, cuando yo quiero hacer un trámite de interoperabilidad, por ejemplo, con el carnet en el banco, muchas veces se ha entregado esa cédula, está correcta, pero no está activada. Y eso ha provocado también dificultades e impedimentos para la gente. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Hay un sistema que debería funcionar de manera automática, que no está funcionando de manera automática, y ahí vamos a explicar por qué, pero también tiene que ver con las intermitencias. En resumen, entonces, si nosotros vamos a la lámina de las principales problemáticas, tenemos problemáticas de operatividad y funcionamiento que se deben fundamentalmente a intermitencia del sistema, y eso es una intermitencia que no solamente tiene que ver con los sistemas del propio servicio, sino también del Estado. El otro día, por ejemplo, estaba caído el sistema, pero estaba caído el sistema en todo el Estado. Entonces, hay también un tema de reforzamiento de esa continuidad. El ciclo de documento en cuatro niveles, tenemos problemas en la activación, tenemos demoras en la verificación y también hay un contrato que tiene que ver con las impresiones, que antes lo hacía también el registro y en este caso se externalizó donde pueden existir eventualmente demoras. Y finalmente, que es lo que yo creo atribuible la mayor cantidad de temas de demora, la logística de distribución de documentos. Si vamos a las estadísticas, lo que tenemos es lo siguiente, tenemos un total de captura de cédula a esta fecha, corte 19 de enero, de 309.115 cédulas de identidad. Eso es un número que, de acuerdo al Servicio de Registro Civil, es ya similar a lo que está operando en régimen. Esto es, el punto de captura está funcionando correctamente. De esos, 274.000 son nacionales y 34.679 son extranjeros. Hay un total de captura también de pasaportes de 39.000 pasaportes y aquí también hay ciertos porcentajes que tienen que mejorarse de todas maneras, por ejemplo, un porcentaje de pasaportes que se han creado pero no están.
despachados o pasaportes que todavía están con la captura y los datos pero no se han fabricado. Respecto a las maletas, las maletas que les decía yo son las que funcionan en el terreno, operativas, están en el 73%, pero eso por cierto tiene que llegar al 100%, y lo mismo también respecto a las maletas y la interoperabilidad ocurre con nuestros consulados en todo el mundo, que son, como ustedes saben, también puntos de atención. Y ahí las maletas están funcionando con un porcentaje del 79%. En cuanto a los reclamos, fundamentalmente tienen que ver con demora en la entrega de los documentos, con comprobante de captura que no llega al correo electrónico informando, activación de documentos en oficinas y fallas de sistema de identificación. Eso fundamentalmente también, no lo vamos a ver en detalle, pero nosotros como subsecretaría estamos controlando de manera diaria la evolución de este sistema. Tenemos un equipo que se junta diariamente con el registro civil y estamos apoyando entonces que este sistema entre en régimen lo más rápido posible. Dicho esto, hay responsabilidades también que tienen que ejercerse desde el propio registro civil, que es la contraparte y el mandante de los contratos frente a multas que hayan... frente a incumplimientos que luego puedan originar multas de la empresa. Y en el rol de la Subsecretaría de Justicia, ya implementamos un comité de contingencia, que es el que les estaba contando, que tiene una reunión diaria, requerimiento del estado de situación de los diversos componentes, generación de apoyo a la nueva gobernanza y también la evaluación de la contingencia y la determinación de acciones futuras, de manera tal de que tengamos un horizonte claro en el que estas situaciones se mejoren, sobre todo para la ciudadanía, pero también para los funcionarios y funcionarias del servicio. Yo quiero hacer un reconocimiento público a la entrega, al compromiso de los funcionarios y funcionarias en todo Chile y también de sus organizaciones porque en esto están muy comprometidas en generar una implementación lo más rápida posible y son ellas y ellos muchas veces los que reciben injustamente también los reclamos o la rabia de los usuarios que con justa razón están reclamando por un sistema que todavía no está plenamente en régimen. Entonces, señor presidente, respecto de esta información en cuanto al sistema de información del registro civil. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra. ¿Alguna pregunta, diputado Soto? Entiendo que se tiene una consulta. Presidente, agradecer la información que ha entregado el señor subsecretario. Hoy día hay una congestión bastante importante en muchos servicios de registro civil. Eso es lo que nos reporta desde nuestro distrito a varios de los que estamos acá y también la prensa. Y claro, cuando hay una implementación de un nuevo sistema como este, tan avanzado, hubiera gustado que su implementación hubiera sido gradual y no al estilo Big Bang, que todo el sistema antiguo termina un día y al día siguiente comienza el otro, porque suelen ocurrir fallas en la implementación y eso las terminan pagando finalmente los usuarios. Yo no sé si, además de lo que ustedes están haciendo con este comité de contingencia que revisa día a día cómo va la implementación y que tiene una fecha a tope para superar todas las dificultades del 31 de enero, si hay algo más que se pueda hacer. Yo inicialmente había sugerido, para no trasladar este problema administrativo de contratos del registro civil a los usuarios, que pudiéramos establecer una especie de prórroga de la vigencia de los documentos que están venciendo. Es decir, que todos los que vencen este mes o el siguiente se prorroguen hasta el mes de marzo, de tal manera de no obligarlos a los usuarios a asistir al registro civil y enfrentarse con las dificultades que está teniendo esta transición entre el sistema antiguo y el nuevo. Yo no sé si es posible, y esa es mi consulta, porque esto lo hemos hecho antes, lo hicimos en la pandemia, a propósito de tratar de evitar que la gente fuera presencialmente a renovar su cédula de identidad o pasaporte, podría ser hasta de fácil despacho, pero con esto básicamente queremos proponerle al Ejecutivo alguna medida que pudiera aliviar la situación, sobre todo de personas que se les vence su documento y tienen que viajar fuera del país, tienen que casarse o tomar decisiones importantes que tienen que ver con una cédula de identidad completamente vigente. Y esa es la propuesta que le hacemos con ánimo constructivo de poder solucionar los problemas de la gente y después se verá las responsabilidades de por qué esto ocurrió.
Y se le tienen que aplicar las multas a la empresa y a los funcionarios también que, si es que hubo algún tipo de responsabilidad en esto, también tendrán que hacer frente a ese tipo de investigaciones. Pero el usuario es la preocupación de esta comisión y por eso me permito sugerirle esto u otra cosa que a usted le parezca que como Congreso podríamos implementar para ayudar a solucionar estos problemas. ¿Diputado Soto, subsecretario, si tiene algún comentario al respecto? Sí, yo le agradezco mucho por su intervención, señor presidente, al diputado Soto por su interés. Para nosotros es muy importante dar cuenta de esta situación, contar qué estamos haciendo, porque evidentemente esto es algo de interés, especialmente para la gente que está afectada por las demoras. Yo lo que le diría, por su intervención, señor presidente, es que yo lo voy a conversar con el ministro y vamos a tenerlo como una opción que yo creo que se hizo en su momento frente a la imposibilidad de generar el proceso. Un proceso que cumpla con los plazos que nosotros hemos dado. No debería requerir de una solución legislativa así, digo debería, en lo condicional. Por lo tanto, le agradezco mucho por la propuesta y la vamos a considerar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Si le parece a la comisión, vamos a continuar con el orden del día. Como les señalaba, tenemos que despachar en particular el proyecto de ley, el Boletín 17.312. Y el artículo primero del proyecto de ley, estamos en discusión en particular, señala que la presente ley es aplicable a los proyectos relativos a la alteración, ampliación o reparación de los siguientes establecimientos penitenciarios: Letra A, Complejo Penitenciario C.P. Alto Hospicio. B, Centro de Cumplimiento Penitenciario C.C.P. Antofagasta. C, Complejo Penitenciario C.P. La Serena. D, Complejo Penitenciario C.P. Rancagua. E, Centro de Detención Preventiva C.D.P. Santiago I. F, Complejo Penitenciario C.P. Puerto Montt. Asimismo, es aplicable a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en las comunas de Calama y Copiapó. Este artículo primero, que lo que hace es circunscribir el mandato de este proyecto de ley a esos seis recintos penitenciarios y dos específicamente determinados, y dos generales que son Calama y Copiapó, ha sido objeto de varias indicaciones del diputado Calixto, del diputado Longton, de la diputada Fríes, Plasencia y Schneider, del diputado Vinter, de la diputada Fríes y del diputado Vinter, y ha ingresado una nueva indicación de las diputadas Fríes, Schneider y Javiera Morales. Hay varios temas y yo quisiera, por eso se le solicitó al Ejecutivo su presencia el día de hoy, porque la indicación del diputado Calixto señala que esta normativa va a ser aplicable a todos los proyectos que se ejecuten en el país de ampliación de construcción. La del diputado Longton sigue lo mismo, pero la complementa en función de que, a través de un decreto supremo, el Presidente de la República determinará cuáles de los nuevos establecimientos estarán sometidos a este régimen de agilización administrativa. La indicación número 3 elimina el literal E del artículo primero, es decir, saca al Centro de Atención Preventiva del proyecto, que es votación separada, perdón, CDP Santiago I, y luego una cuarta indicación de los diputados Fríes y Vinter sustituye su primer artículo primero por aplicable a todos los proyectos y obviamente saca al CDP Santiago I. Hace lo mismo, pero de una manera diferente. Una quinta indicación, no, es el artículo segundo, y nos ingresó esta indicación, artículo primero, que la presente ley es aplicable a los proyectos relativos a alteración, ampliación o reparación de establecimientos penitenciarios ubicados fuera del territorio urbano o del radio urbano, perdón. Entonces, nos gustaría que el Ejecutivo nos diera su opinión respecto a esta serie de alternativas que, en mi opinión, residen en dos aspectos fundamentales: uno, en no establecer una enumeración taxativa de los recintos que pueden ser objeto de esta materia, y otro, retirar el CDP Santiago I, y una última, que es limitarlo solo a aquellos que estén fuera del radio urbano, solo en el sector rural. Gracias.
Si se pueden sentar los asesores, ¿estamos todos de acuerdo? Por favor, bien acompañado, señor Subsecretario, para no tener problemas. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre este punto. Muchas gracias, señor Presidente. Efectivamente, estas indicaciones, como usted ha podido resumir de manera muy efectiva, buscan alterar el ámbito de aplicación de este proyecto de ley, ya sea limitándolo afuera del radio urbano, a eliminar la enumeración taxativa o a excluir de este proyecto de ley al Complejo Penitenciario de Santiago I. Al respecto, lo que nosotros recordamos, como en su momento ya había explicado el ministro, es que lo que hace este proyecto de ley es generar un régimen excepcional, que a su vez está vinculado a un nivel de certeza que hemos alcanzado a través de un proceso de conversación con distintas instituciones públicas y también un proceso que está basado en antecedentes técnicos y financieros, de manera tal que es un proyecto que recoge un trabajo específico respecto de cada uno de los centros que están propuestos. Por un lado, los recursos necesarios para financiarlos se encuentran disponibles, lo que no ocurriría en una alternativa de ampliación. Se trata de proyectos cuyo impacto es mayor a aquellos que quedaron fuera. Son ampliaciones o construcciones que permitirán descongestionar al sistema penitenciario y de esa manera impactar positivamente las cárceles que se encuentran con hacinamiento o sobrepoblación, es decir, es una lista que ha sido trabajada justamente con ese objetivo. Ejemplo de lo anterior es la región de Atacama, donde actualmente se encuentra con un 238,9% de ocupación, es decir, hacinamiento, lo que se vería remediado por la construcción del complejo penitenciario de Copiapó, que contempla 2160 nuevas plazas, siendo muy significativo para una región que actualmente solo posee 514 plazas. Eso para nosotros es el corazón del proyecto, es un diseño que está asociado a una revisión técnica, a una revisión de necesidad y también que está financiado con los recursos que están contemplados en el Plan Maestro de Infraestructura 2030. Entonces, en función de eso, a nosotros nos parecería que estas indicaciones deberían rechazarse justamente por no cumplir con el propósito matriz del proyecto de ley. Muchas gracias, Presidente. No sé si los asesores quieren agregar algo. Sí, por favor. Por su intermedio, señor Presidente, agregar junto a lo que ha señalado el subsecretario que, dado que este es un régimen excepcional, ha sido consensuado con los distintos ministerios que les cabe alguna responsabilidad en el proyecto de ley. Por eso, para nosotros es importante mantenerlo acotado a estos proyectos que refiere el artículo primero. Hay modificaciones a la forma en que opera el MOP, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y también, por supuesto, al rol que le cabe al Ministerio de Medio Ambiente. Por eso, para nosotros es importante que este proyecto se mantenga, dado su excepcionalidad, respecto de los proyectos que se contienen en el artículo primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra el diputado Isla Vaca, luego diputado Morales, diputado Longton. Sí, Presidente. Independientemente de la visión del Ejecutivo, nosotros no somos, o sea, no son ellos los que determinan cómo en definitiva termina esto. Es la comisión y la discusión en la sala la que en definitiva va a determinar cómo sale un proyecto o no. En lo particular, la semana pasada conversamos, o la última vez que tratamos este tema, conversamos respecto a la enumeración taxativa que establece el artículo uno, que da pie a todos los trámites. Y en ese sentido, varios parlamentarios presentes en dicha discusión planteamos la necesidad de no dejar acotado de manera taxativa esta enumeración. Y en ese sentido, yo en lo particular quiero adherir la indicación del diputado Longton en orden a plantearlo con este nivel de ampliación, pero determinado a la decisión del Presidente de la República a través de un decreto supremo debidamente fundado. Creo que es la indicación que en lo particular más se me acerca a lo que creo que deberíamos desarrollar para mejorarla y ampliar rápidamente las cárceles, y quiero suscribirla. Muchas gracias, diputado Isla Vaca. Diputada Morales, Longton Soto. Gracias, Presidente.
Quisiera, agradezco la explicación del Subsecretario de Justicia y su equipo, pero quisiera hacer algunas preguntas referidas a lo que se nos presentó en el prelegislativo de este proyecto. Primero, uno entiende que es un tema excepcional, que también me abro la pregunta, que si es posible hacer trámites más rápido, ¿por qué no lo dejamos abierto a cualquier tipo de cárcel? Me gustaría que hubiese alguna explicación en ese sentido. ¿Cuál es el costo de ampliarlo a otro tipo de complejo? Pero entiendo que esa vez los representantes del ministerio en ese minuto nos dijeron que efectivamente la tendencia mundial y el ideal, digamos, es, y así lo hemos hecho con los nuevos complejos, ir trasladando las cárceles fuera de las ciudades por todos los efectos secundarios que tienen y que conocimos en las intervenciones de los vecinos y vecinas que vinieron de la comuna de Santiago en nuestra última sesión. Entonces, me gustaría saber cuáles de estos proyectos están dentro y fuera, tenemos claro que el de Santiago está dentro. ¿Cuál es la razón por la que se quiere revertir esa tendencia, sabiendo que esto trae efectos negativos para los vecinos y vecinas? Y también conocer los tiempos, porque yo entiendo que esto es un régimen excepcional para enfrentarnos a una emergencia, pero no me quedan claros, porque he escuchado distintas respuestas a eso, ¿de qué tiempos estamos pensando? Porque si estamos estableciendo un régimen excepcional para enfrentar una emergencia cuatro o cinco años, la verdad es que esto no se entiende mucho cuál es el objetivo de este proyecto y quizás son otras medidas las que hay que tomar. Eso, presidente, muchas gracias.
Gracias, presidente. Bueno, primero de lo general a lo particular. Se establecen seis construcciones, ampliaciones o alteraciones de cárcel. Y nada obstá que el día de mañana tengamos una presión carcelaria igual o mayor a la que estamos viendo hoy día. Y eso nos va a obligar a legislar nuevamente sobre la marcha, con apuro. Nada impide que un proyecto de estas características pueda incluso demorarse en el Congreso. Entonces lo que nosotros queremos es flexibilidad. Flexibilidad en el sentido de que mañana, si hay una urgencia y excepcionalmente se requiere saltar estos procesos que son largos, demorosos, la famosa permisología, permitamos que el presidente de la República, a través de un decreto supremo, pueda determinar en qué lugares de Chile se requieren esta ampliación, alteración o construcción de nuevas cárceles. Dejarlo cerrado, rigidizar esto en una ley, nos va a obstar el día de mañana a actuar de manera más rápida y con una prevención mayor y no con la premura que estamos hoy día, que lamentablemente llegamos tarde ante esta sobrepoblación, hacinamiento y sobre todo el nivel de criminalidad que ha ingresado en nuestro país y que está dentro de cárceles que además a nivel de seguridad no es el que corresponde precisamente, particularmente por la antigüedad de nuestras cárceles y por los niveles de violencia.
Entonces la indicación que yo presenté, presidente, y que agradezco también que el diputado Hidalgo se sume, es distinta a la del diputado Calixto por la sencilla razón de que el diputado Calixto lo que hace es establecer un régimen general, es decir, que en cualquier alteración, construcción o ampliación de cárceles se le aplique esta ley. Y lo que nosotros decimos es que esto tiene que ser mediante un decreto supremo, determinado por el presidente, porque no siempre vamos a estar con esta presión carcelaria que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, cuando tengamos un nivel de presión carcelaria como el que tenemos hoy día, el presidente de la República determine responsablemente mediante decreto supremo qué cárceles o en qué lugares de Chile hay que construir nuevas cárceles o ampliar las que ya existen en nuestro país. Y de esa manera eliminamos el catálogo y le entregamos la responsabilidad al presidente de la República para que determine si estas u otras cárceles en el futuro necesitan de esto sin necesidad de pasar nuevamente por el Congreso. Eso.
Gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Soto. Presidente, mire, yo la verdad que no entiendo mucho este debate porque este proyecto de ley lo que busca es eximir de trámites y reducir los plazos para la ampliación, construcción o reparación o alteración de nuevos establecimientos penitenciarios, nuevas cárceles. Es decir, quiere liberar de un conjunto de exigencias medioambientales que tienen que ver con los impactos sociales para las poblaciones rurales.
En torno a las cárceles, tiene que ver con mitigar o compensar el daño económico que produce, el daño de seguridad, el mayor riesgo que tienen todos los que circundan o viven en torno a las cárceles. Y veo que hay dos posturas. Hay algunos o algunas parlamentarios y parlamentarias que han venido a la comisión pidiendo que este proyecto de ley, que trata de seis establecimientos penitenciarios: Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Santiago I y Puerto Montt, se elimine uno de ellos, el Centro de Detención Preventiva Santiago I, por todo el daño que produce a su entorno. Y hay otro grupo que dice: queremos que exista una autorización general para que este presidente y todos los que vengan tengan la facultad de hacer esto sin pasar por el Congreso y decidir, si les parece a los presidentes, que puedan haber nuevas cárceles en Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, en cada región, sin tener las exigencias que tienen hoy día los procedimientos para poder liberarlo y hacerlo lo antes posible y, ojalá, me imagino, sin participación ciudadana que permita mitigar ni compensar los daños que produce.
Entonces, si estamos de acuerdo en que esto produce algún daño ambiental, social, económico y de seguridad a las personas, no deberíamos ampliarlo a todos, porque todos van a correr el riesgo de que un presidente les coloque una cárcel donde quiera, todos y todas las regiones. Y cuando lo llevemos a la sala, cada uno de los parlamentarios de regiones van a estar pensando: bueno, y si al presidente se le ocurre, porque le dimos esta atribución, me ha colocado una cárcel aquí, allá, etcétera. Yo creo que las cárceles son necesarias y por eso hay que aprobarlo y lo hemos aprobado en general. Pero entregar esta facultad, así como así, a cualquier presidente, yo creo que no tiene justificación. Un presidente puede hacer cárcel, no se trata de impedir que lo haga, puede hacerlo, pero usando el sistema. Es decir, presentándose a la comunidad que va a ser afectada, viendo las mitigaciones, viendo las compensaciones, con los plazos para poder ejercer los derechos. Pero aquí se le quiere dar una autorización expresa a los presidentes para que lo hagan por siempre, porque es indefinida, y también en cualquier lugar. Así que yo llamaría a los que están escuchando este debate a pensar si estamos de acuerdo que en tu barrio, en tu comuna, se instala una cárcel, una cárcel express, porque eso es lo que se quiere hacer. Y yo creo que no es conveniente para la gente y excede la idea matriz, expresidente, porque este proyecto de ley, tal como ha dicho el Ministro de Justicia y su equipo, fue pensado, fue consultado con distintos servicios públicos, se revisaron los terrenos y se estableció que para enfrentar la crisis carcelaria, que hay que enfrentar, se tenía que autorizar, mediante este procedimiento exprés, pero de manera particular y específica, en seis establecimientos: Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Santiago I y Puerto Montt. Y yo creo que todo lo que exceda la idea matriz, evidentemente tiene que ser declarado como fuera de la legalidad y de la constitucionalidad de este proyecto de ley. Y yo creo que es un debate malo entregar una facultad indefinida para que un presidente o presidenta haga lo que quiera, instale donde quiera cárceles, saltándose las reglas que hoy día existen, no es bueno para la gente.
Diputado López. Gracias, presidente. Bueno, no puedo discrepar más con el diputado Soto. Además, con la liviandad que lo dice, discrepo sobre todo respecto a eso, porque esto no se trata de construir en cualquier lado cárceles. Cualquier presidente puede determinar que en cualquier lado se construya una cárcel. Eso es una realidad. Ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Lo que ocurre es que acá estamos viendo ciertos permisos que van a ser obviados o bien los plazos tienen que ser más acotados. Ni hablar de que tiene que haber también mitigación, como está incorporado dentro del mismo proyecto. Lo que estamos diciendo es que mediante decreto supremo, el día de mañana, el presidente puede determinar que estos permisos sean acotados o bien estos permisos estén exentos de determinados permisos, como se establece en este proyecto. No solamente para estos proyectos, para estos seis, sino que para otros. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, donde tenemos cárceles hacinadas, más de 200% de hacinamiento en Limache. Hubo otras cárceles de la región, hubo en otras regiones, presidente. Entonces, si el día de mañana vivimos este hacinamiento y sobrepoblación carcelaria, que hoy día sobrepasa el 150, 160% con más de 52.000 presos que han crecido un poco más de 10.000 en pocos años, ¿vamos a estar pidiendo nuevamente una ley? O sea, la permisología trasladada al Congreso.
No es suficiente tener excesivos trámites burocráticos que hoy día rigidizan la construcción de cárceles, que ha significado, Presidente, que la cárcel de Talcar se haya demorado 17 años, 17 años en construirse. Entonces, si por su intermedio el Diputado Soto cree que es razonable que una cárcel se construya en 17 años, a mí me parece que es un exceso, Presidente. Porque precisamente lo que busca este proyecto es saltar ciertos procedimientos para que, en momentos excepcionales en nuestro país, cuando tengamos esta sobrepoblación evidente en las cárceles, necesitamos modernizar y crear nuevas cárceles. El Presidente de la República determine por decreto supremo, excepcionalmente, porque no es la regla general, que en otros lugares de nuestro país o en esas mismas regiones se podrá proceder a construir, ampliar o alterar nuevas cárceles, pero no tener que pasar nuevamente por el Congreso, Presidente, porque eso me parece que es un exceso y es profundizar la permisología que este Congreso espero que combata con fuerza.
Yo quisiera participar de este debate en particular y señalar respecto de la facultad de poder construir una cárcel, este Congreso, no solo la Cámara de Diputados, sino que el Senado aprobó por unanimidad la Ley 21.636. En rigor, el Presidente de la República, conforme a esa facultad, puede construir cárceles saltándose los instrumentos de planificación urbana o planes reguladores comunales e incluso metropolitanos. Vale decir, esa norma que aprobamos y fue publicada en el año 2024 permite que el Presidente de la República construya en cualquier lugar del país o amplíe recintos penitenciarios, en cualquier lado, saltándose los instrumentos de planificación. Y además, es más, existió, porque tenía una vigencia de cuatro años, la Ley 20.931, que entregaba esa misma facultad al Presidente de la República durante cuatro años y nunca se ejerció. O sea, este no es un tema nuevo. Hasta el 31 de enero del año 20 se podía hacer exactamente lo mismo. ¿Y cuál fue el problema? Y digámoslo con todas sus letras, porque los municipios, tomando las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, congelaban ciertos sectores o modificaban sus planos reguladores. No por capricho, por razones atendibles. Sin embargo, esas razones que para las comunidades, legítimamente, y los municipios son atendibles, fueron priorizadas de una manera distinta por la 21.636, que se salta a esa comunidad. Y que, vuelvo a insistir, fue aprobada por la unanimidad de la Cámara de Diputados y del Senado, y en ley de la República.
Este proyecto, cualquier proyecto, este proyecto de ley lo único que tiene por objeto es agilizar la tramitación y la construcción y toma, en mi opinión, gran parte de lo que dispone el artículo transitorio de la Ley 20.931. Entonces, hecho ese debate, y lo conversamos en la discusión en general, y hoy día también, tenemos que definir dos materias. Como les decía, hay varias indicaciones respecto al artículo 1, que su sentido es claro. Y hay dos alternativas, o ampliarlo de manera general o circunscribirlo a estos recintos. Y hay otra indicación de diputadas y diputados que mantienen circunscritos a ciertos recintos, pero extraen el Santiago 1. Entonces, vamos a proceder a votar, porque ya creo que el debate está agotado. Por eso, entonces, diputada Morales, dar cuenta de eso. Está el señor ministro, le damos la bienvenida al señor ministro. Entonces, que dé su opinión respecto a estos comentarios, vamos a proceder a votar. Yo anticipo que, en mi opinión, voy a someter a votación la indicación del diputado Longton, que entiendo que complementa de una u otra manera, que es la número 2, sin perjuicio que alguien declare la inadmisibilidad o solicite la inadmisibilidad y lo vea.
Señor ministro, o señor subsecretario, le ofrezco la palabra. El señor subsecretario le hizo un pase de gol al señor ministro. Muchas gracias, Presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas que están presentes. Darles mi excusa. Estaba con el Pleno de la Corte Suprema. Entonces, terminó el Pleno de la Corte Suprema y me viene directamente para poder participar en la comisión. Yo voy a dar solo una opinión más general. Le voy a dar la palabra al subsecretario que siguió el debate desde el comienzo. En primer lugar, efectivamente, esta ley lo que hace es reducir de un conjunto de trámites que se encuentran actualmente en nuestra legislación en diferentes normas sectoriales con el objeto de disminuir los plazos que nos tomamos para la construcción, alteración o modificación de un establecimiento penitenciario. Como estamos introduciendo normas...
que son excepcionales en razón de, ya sea el sistema de inversión de proyectos públicos, ya sea para el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea para la tramitación de la toma de razón, es decir, distintas reglamentaciones y regulaciones que tenemos con el objeto de que los procesos en nuestro Estado tengan diversos controles. Nosotros entendemos que este es un proyecto que hace excepcionalidad o hace excepción a esos procesos. Entonces, como hace excepción a esos procesos, corresponde que sea con un objeto acotado. Por lo mismo, se plantea para un conjunto de proyectos que son precisamente aquellos proyectos que ya tenemos en proceso de desarrollo, aquellos proyectos de ampliación que se encuentran financiados, que no son ideas, sino que son proyectos que están financiados, o la construcción de nuevos establecimientos penales, como en el caso de Copiapó y Calama, que se encuentran en licitación. Todos estos proyectos, ya sea la ampliación de Alto Hospicio, la ampliación de Antofagasta, la ampliación de La Serena, la ampliación de Rancagua, la ampliación de Santiago I, la ampliación de Puerto Montt y la nueva cárcel en Calama y Copiapó, son proyectos que están en desarrollo. Entonces, por lo mismo, se plantea que sea sobre esos proyectos que se introduzcan estas excepciones a la reglamentación general que tiene nuestro ordenamiento jurídico para los distintos trámites. Entonces, sobre esa base, esa es la opinión general del Ejecutivo. Nosotros entendemos la indicación que proponen el diputado Longton y el diputado Calixto de ampliar esto, porque efectivamente uno podría decir, bueno, si son suficientes estos proyectos para resolver el problema que tenemos actualmente, a nuestro juicio van en la línea correcta, debieran ser suficientes. Sin embargo, esto tampoco obsta que el día de mañana podamos tener una situación similar. Y ahí, en ese sentido, la indicación que proponen el diputado Longton y el diputado Calixto dan cuenta de que esto podría ser alguna necesidad hacia el futuro. Solo como sugerencia, en la ley 21.636 se establecieron ciertos descriptores para que uno pudiera disminuir la discrecionalidad de toma de decisiones de este tipo. Entonces, la ley 21.636, por ejemplo, se estableció que en los casos que se estima imprescindible para el resguardo de la seguridad nacional, de la seguridad pública interior y para la efectiva protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los derechos fundamentales de las personas, se podrían hacer las excepciones que contempló la ley 21.636. Entonces, eventualmente, uno podría incorporar esos criterios en algunas de las indicaciones que proponen ambos diputados con el objeto de darle más seguridad, mantener nuestras, por así decirlo, observaciones que eventualmente uno no es necesario que elimine los proyectos que están, sino que podría, en un inciso final, incorporar una cláusula de cierre que permita abrir esto. Pero con descriptores como los que establece la ley 21.636. Y respecto a eliminar un establecimiento penitenciario, solo decir que para nosotros, dentro del plan de infraestructura penitenciaria, hay elementos y antecedentes por los cuales nosotros hemos planteado que la ampliación de Santiago I es necesaria. La ampliación de Santiago I es una ampliación que se encuentra en curso, es una ampliación para la cual nosotros ya utilizamos la ley 21.636, ya tenemos la autorización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estamos desarrollando los términos de referencia para comenzar con la licitación y esperamos que eso se pueda desarrollar lo antes posible. Para eso, este proyecto es relevante. Así que no estamos de acuerdo con la indicación que proponen la diputada Fríes y el diputado Vinter en razón de sacar a Santiago I dentro de los proyectos que prioriza este proyecto de ley. Muchas gracias al Ministro. Soy el subsecretario. Me permite, para responder a la pregunta de la diputada Morales respecto de lo que usted decía, diputada, por su intervención en cuanto al trabajo prelegislativo y respecto de la justificación técnica, si pudiéramos darle un pequeño espacio al técnico, digamos, de la unidad de planificación, que tiene claridad respecto de por qué esto y por qué en el fondo no estamos ampliando de manera discrecional, sino que tiene que ver con una justificación muy técnica y un trabajo muy preciso que se ha llevado para lograr esta lista, presidente.