Gracias, señor Presidente. Para esta sesión hemos recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos oficio de su excelencia el Presidente de la República para el despacho del proyecto que fije un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en créditos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. También se presentaba urgencia suma para el despacho del proyecto que cime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Se informa que los diputados, el señor Raúl Soto y la diputada señora Camila Flores, han acordado pareo durante la sesión de hoy. Proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar el delito de sustracción de insumos para la producción agropecuaria y proteger los centros de abastecimiento de productos agropecuarios. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos excusa la no asistencia del señor Ministro por tope de agenda y asiste en su representación el señor Ernesto Muñoz, Subsecretario de Justicia, que también fue invitado en todo caso a la sesión. La señora Gabriela Peña, asesora; el señor Pedro Pacheco, Jefe del Departamento de Organización Social Juvenil. Correo electrónico de la Subsecretaría de la Niñez excusa de no poder asistir a la señora Subsecretaria de la Niñez, doña Verónica Silva, por encontrarse programada la jornada de planificación estratégica de la Subsecretaría durante todo el día. Y asiste en representación del Ministerio el señor Director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que se encuentra presente. Correo electrónico por el cual se confirma la participación de la Directora Nacional del Servicio de Recesión Social, señora Rocío Faúndez García, acompañada del señor Ignacio Yuris y de la señora María Elisa Alcaíno. La Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores confirma la asistencia de la directora nacional, doña María Eugenia Fernández, acompañada del señor Jefe de Gabinete, don Patricio Escobar. La Biblioteca del Congreso Nacional responde consulta de nuestra comisión, informando que se encuentran trabajando en la solicitud de información del alcance del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para tipificar y sancionar los delitos de robo y hurto de madera, así como de productos, insumos o maquinaria agrícola. En relación con la ley 21.488, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias, Juan Patricio. Se ofrece la palabra sobre la cuenta.
Y el Diputado Longton, Diputado Soto. Presidente, bueno, valorar el contenido de esta comisión y que estén presentes cada una de las autoridades que además les compete directamente el tema. En particular, al Subsecretario de Justicia, que está hoy día con nosotros, nos hubiera gustado tener su presencia en el proyecto que estábamos discutiendo en la mañana, que tiene suma urgencia por parte del Gobierno y que se tuvo que suspender la tramitación porque no estaba ni usted ni el Ministro de Justicia. Entonces, el llamado es que el Gobierno, si bien es relevante esta comisión y el contenido de esta materia, pero también nos hubiera gustado que estuvieran presentes porque vamos a tener receso legislativo y es necesario tener despachado ese proyecto. Por lo tanto, yo le pido por ese intermedio que las urgencias del Gobierno tengan la presencia del Ejecutivo con sus Ministros o Subsecretarios, que es lo que corresponde en atención a la importancia del proyecto que estamos viendo, que tiene que ver ni más ni menos con la construcción de cárceles en un sistema que está colapsado en nuestro país. En la próxima sesión espero que esté usted presente o bien el Ministro de Justicia. Eso, gracias.
Muchas gracias, Diputado Longton, Diputada Giles, luego el Diputado Soto. A las palabras del Diputado Longton, ir más allá, transparentar una situación para que tengamos todos en claro la gravedad de lo que ocurrió esta mañana. Hemos hecho todos los esfuerzos en esta Comisión para sacar adelante el proyecto de cárceles que hemos evaluado que es de la mayor importancia, de la mayor importancia para la ciudadanía y yo pienso que para el Gobierno también debería hacerlo. Ocurre que quiero transparentar que en la mañana lo que hicimos fue pedir la suspensión de la sesión en realidad para salvar el proyecto, porque la irresponsabilidad en este caso del colegislador, del Ejecutivo, a través del Ministro de Justicia en este caso, es de la siguiente magnitud. Si se hubiera producido la votación en la sesión de esta mañana, la primera votación, se habría caído el proyecto. Con ese cálculo en mano, dados los diputados que estaban y cómo se estaba desarrollando el debate, lo que hicimos fue pedir la suspensión justamente para que no se cayera el proyecto, pero eso pudo suceder hoy día en la mañana, que el Ejecutivo se quedara sin proyecto si se sometía a votación y no interveníamos algunos de nosotros, como por ejemplo yo, que no soy precisamente partidaria del Gobierno, justamente para tratar de evitar que se cayera un proyecto del Gobierno, una situación bastante curiosa.
Entonces, quiero decir que efectivamente es bastante grave lo que sucedió y lo que pudo suceder es aún más grave. Junto con eso, quiero lamentar, señor Presidente, que se haya disculpado el Ministro de Justicia, aunque esté acá el Subsecretario, y se haya disculpado de asistir también la Ministra de Desarrollo Social, la Ministra Toro, a cuyo cargo están los niños, que en este minuto se están suicidando y teniendo diversos problemas sobre los cuales se supone que esta sesión abordaría. Es realmente incomprensible que la Ministra Toro le dé un nivel de importancia a su asistencia, que significa en definitiva que no está hoy día aquí. Yo creo que la situación de mejor niñez, que yo lo llamaría peor niñez en realidad, en virtud de los resultados concretos, es gravísima, y sería también deseable que la ministra estuviera acá. En realidad me parece muy lamentable tener que llevar adelante esta cuenta de las organizaciones responsables de los niños, sin la presencia de esas dos autoridades, lo lamento realmente, y también lamento la baja presencia hasta aquí de parlamentarios. Quiero decir que hicimos esta sesión justamente porque nos parece gravísima la situación de unos niños de los que nadie parece preocuparse en realidad.
Gracias, diputada Giles. Diputado Soto. Presidente, bueno, sobre el episodio de la mañana, evidentemente cuando el Ministro, Subsecretario de la Niñez, cartera de que trata un proyecto de ley no asisten, eso entorpece y afecta la tramitación de los proyectos de ley, porque son autoridades políticas y técnicas que toman decisiones respecto del avance de los proyectos. Ustedes dieron su excusa, yo por lo menos la vi, entiendo que usted está en la Comisión de Constitución del Senado, es decir, está cumpliendo precisamente el rol de colegislador, pero en nuestra comisión, y el señor Ministro está en temas vinculados al plan de búsqueda, que también son responsabilidades importantes. Pero ahí hay una dificultad de coordinación que es evidente, no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo las dos autoridades.
Y yo espero que lo puedan corregir porque de verdad muchos queremos sacar adelante ese proyecto de ley. Estamos convencidos de que es necesario y cualquier demora que se produzca sin duda va a afectar a la mantención de los problemas que quiere atender. Así que tenemos la mejor disposición y espero que lo corrijan. Segundo, aprovechar de que está acá también, si nos pudiere, presidente, le pido su indulgencia en esto. Brevemente explicar qué está pasando en el Registro Civil. Hemos recibido reportes de todos lados, donde han habido dificultades serias para entregar, cumplir con las renovaciones de carnet de identidad, cumplir con temas vinculados incluso a pasaporte, pero en materia de documentos de identidad, hay confusiones, hay entregas de documentos con datos cambiados. Entiendo que ha habido una licitación, que se cambió el sistema, pero parece que la transición no está funcionando y está dañando a una gran cantidad de usuarios que tienen que a veces tomar decisiones con su documento de identidad que son impostergables, hablamos de viajes, matrimonios, etc. Yo no sé si el gobierno necesita que presentemos un proyecto para renovar o prorrogar por ley la expiración de los documentos de identidad para favorecer esta transición. Si es así, solicítenlo. Nosotros tenemos la mejor disposición, sobre todo para solucionar el problema. Y si no lo pueden hacer directamente, podemos prorrogar la vigencia de los documentos de identidad como alguna vez lo hicimos en tiempos de la pandemia. Pero lo que no puede ocurrir es que la ciudadanía perciba que un servicio que ha funcionado en general, que tiene un alto componente de su funcionamiento en materia digital, por internet, no esté dando los estándares que tenía acostumbrado al país. Y sobre eso quiero preguntarle, señor presidente, al señor Subsecretario. Si le parece a la Comisión, yo creo que los temas que plantea el diputado Soto, bueno, también reiterar lo planteado por la diputada Gil, el diputado Longton, son del todo importantes y particularmente también lo que las noticias que han aparecido en la prensa, junto al tema del vencimiento de los documentos, el tema de los recursos en software que no se han aplicado. Si le parece a la Comisión, podríamos invitar al señor Subsecretario para que nos dé explicaciones. Mañana tenemos sesión de 10.15 a 12.15, podrá destinar los primeros 15 minutos de la sesión del día de mañana, señor Subsecretario, para que nos informe respecto a este tema. Y ahora, como es el objetivo, abocarnos al tema de la niñez, que es lo que nos convoca hoy día. ¿Estamos todos de acuerdo por unanimidad, diputado Sánchez? Entonces, es un nombre sensato. Bueno, la presente sesión número 235 ha sido citada con el propósito de tratar la situación de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado, sus nudos críticos y las medidas que se están adoptando para poder superarlos. El señor Secretario por Economía Procesal, doy por especialmente reproducido que él nos acompaña en el día de hoy, que son todas las instituciones encargadas de esta materia, particularmente el Ministerio de Justicia, el señor Subsecretario, en el caso de la Subsecretaría de la Niñez, nos acompaña don Claudio Castillo, en el caso de la Directora del Servicio Nacional de Menores, doña María Eugenia Fernández Alvear, muy bienvenida doña María Eugenia, al igual que doña Rocío Faúndez García, que es la Directora del Servicio Nacional de la Inserción Social Juvenil. Y en ese mismo orden, yo le voy a pedir a nuestros invitados, para que las y los parlamentarios puedan formular preguntas, que acotemos el tiempo de exposición a 10 minutos. Si les parece, comenzando con el señor Subsecretario y contando. Gracias, señor Presidente. Tenemos una presentación que, primero, ya lo indicó por su temor de ser Presidente del Diputado, nosotros en la mañana dimos una excusa, estábamos en una sesión de la Comisión de Constitución del Senado, que era reservada para dar a conocer información del proyecto de ley. De hecho, intentamos venir, pero ya se había suspendido, pero eso no es justificación, ciertamente tenemos que mejorar la coordinación y lo vamos a hacer. Respecto de la presentación en esta comisión, yo voy a presentar brevemente, en general, lo que hemos nosotros avanzado respecto de la implementación de la ley 21.527, que, por cierto, aquí tenemos a las dos directoras que van a hablar más en profundidad respecto de eso. También voy a hablar acerca de un desarrollo que se ha producido, que es importante respecto de las violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que es la comisión que se ha creado con el fin de determinar la verdad de esas violaciones a los derechos humanos y cuál es su propósito. Y luego también darle, digamos, el paso, como indicaba, a las directoras del sector justicia de estos dos servicios que están trabajando mancomunadamente para poder proveer la mejor implementación posible de este sistema. Entonces, simplemente para recordar, tenemos aquí una articulación sistémica.
Fundizan en la reforma un nuevo servicio de reinserción social juvenil, que es un servicio especializado. Tenemos una política pública que esta reforma incorpora, que tiene que ver con una nueva institucionalidad, pero también con un nuevo modelo y también con un nuevo sistema que aporta especialización respecto de los otros actores que tocan estas trayectorias de vida de los jóvenes. Esta nueva institucionalidad, entonces, tenemos un Consejo de Estándares de Acreditación, un Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, Comités Operativos Regionales, Nuevas Direcciones Nacionales y Regionales y la Comisión Coordinadora Nacional. Todos estos están encadenados respecto de modelos que nos van a permitir poder, con mayor certidumbre, ir acompañando de manera clara, planificada, en función de una política pública con objetivos que sean medibles, las intervenciones y los acompañamientos a los jóvenes en este sistema. Si uno va al diagnóstico, esta es la base de esta política de Niñez y Adolescencia, lo que tenemos es insumos que vienen desde la política educacional, la política de salud y la política de protección especializada, asociada a garantías, y a esto apunta también como complemento importante y también como pilar fundamental la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil, que acompaña en este ciclo de vida a los jóvenes. Ahí tenemos unos gráficos donde tenemos claramente distintos hitos o distintos puntos de esta trayectoria vital que, por cierto, son transversales. Aquí lo que tenemos que generar es una política que sea integral, una política integral que comprenda todos y cada uno de estos ámbitos que van cruzando la trayectoria vital de estos jóvenes, de manera tal de que esta intervención estatal no solamente se encargue de un aspecto y sea desconectado ese aspecto de otros que forman parte de este itinerario vital, sino que compartan justamente estos objetivos y que estos instrumentos de política pública sean instrumentos bien diseñados para que justamente puedan implementarse con ese nivel de integración. En cuanto a la implementación de la reforma, lo que estamos viviendo ahora, de hecho, a partir del 13 de enero de este año, es la implementación en la zona sur, el Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los Ríos, los Lagos, Aysén y Magallanes, después de la implementación que se dio el año anterior en la zona norte. Esto está en la lámina siguiente, y podemos ver entonces que esto va a culminar con el fin del CENAME, el 13 de enero del 2026. Este ha sido un proceso en el que, como toda política pública nueva y de implementación, hemos ido aprendiendo. Los propios servicios han ido generando espacios de implementación y de compartir estas experiencias, también dentro del mismo servicio, como probablemente va a explicar la directora, se han dado instancias de compartir entre los propios directores, por ejemplo, de la zona norte con aquellos que hoy día se incorporan a este servicio con la nueva zona sur, y de esa manera hemos ido también tratando de hacer que esta implementación sea lo más fácil posible, y por cierto, también apuntando a la implementación eficiente de la reforma. La construcción y estado de la Política Nacional de la Reinserción Social Juvenil, que como ustedes veían en el gráfico anterior, tiene que ver con englobar y definir como política pública a través de instrumentos claros y que puedan apuntar a una intermediación de las políticas públicas y también a una integración, tiene el siguiente derrotero: partió con una consultoría en el año 2021, después una consulta participativa a los jóvenes en el año 2022-2023, el Consejo Nacional de Reinserción Juvenil trabajó con las contrapartes técnicas, un taller de expertos y consulta ciudadana y finalmente la aprobación de la política por el Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, política que está aprobada entonces en ese ámbito. Ahora, si uno hace un doble clic sobre el artículo 24 de la ley 21.527, hay un plan de acción que es el que tiene que promover la Comisión Coordinadora Nacional al Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, que cada cinco años entonces va a ir de manera pormenorizada estableciendo en detalle actividades, metas, indicadores, metodologías y los plazos necesarios para el logro de los objetivos estratégicos. Entonces, aquí hay un esfuerzo por establecer categorías medibles que a su vez tengan una gobernanza que controle efectivamente cómo se van cumpliendo estos planes a cinco años. Corresponde a la Comisión entonces hacer el seguimiento de dicho plan de acción, la evaluación de sus avances y resultados y le corresponde también informar sobre ellos periódicamente al Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil. Anualmente estas modificaciones serán propuestas a la misma instancia considerando para estos efectos los informes que también puedan recabarse de los comités operativos regionales.
Las instituciones participantes, y esto también desde el punto de vista de la gobernanza, replica, como ven ustedes, por su intervención, señor presidente, lo que veíamos respecto de las distintas trayectorias. Está un grupo de educación, donde está integrada la Subsecretaría de Educación y Educación Superior, Salud y Consumo de Drogas, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Salud Pública, el Servicio Nacional de Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas, Capacitación y Empleo, etcétera, donde vamos agregando distintos niveles en los que el Estado tiene que proporcionar una visión integral, y no solamente proporcionar esta visión integral desde el punto de vista agregado, sino también comprometerse a acciones concretas, medibles, que puedan luego ser reportadas en cuanto a su cumplimiento. También, con la intención de ir acompañando este proceso de la manera más, digamos, estructurada posible, desde mediados del 2024 se está realizando una consultoría desde el BID, que está siendo ejecutada por el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile para el seguimiento de la implementación. Esto es, estamos generando también conocimiento a propósito de cómo esta implementación se está desarrollando a través de distintos acápites, la nueva institucionalidad, el rol del intersector, la especialización y operación en el sistema de justicia, el sistema de compras públicas en reemplazo de las subvenciones porque hay un cambio de modelo, la orgánica y gobernanza centrada en torno a la descentralización, aspectos técnicos de gestión del modelo de casos de intervención y la gestión de interesados y organismos acreditados. Hasta la fecha, y eso es importante poder reportarlo, puse un temido ser presidente de la comisión, porque lo que yo entiendo me parece que es un objetivo y es de hecho una instancia de control que debe existir. ¿Cómo nosotros estamos dando cumplimiento y qué cosas estamos haciendo específicamente para avanzar esto? Entonces, los hallazgos desde la fecha de la consultoría en cuanto a la nueva institucionalidad del rol del intersector están ahí. Fundamentalmente tiene que ver con un aspecto facilitador, en la lámina siguiente, del soporte legal para el trabajo intersectorial, convenios y acuerdos necesarios para el funcionamiento que nos han permitido entonces mayor flexibilidad y la implementación de un modelo distinto, trabajar con quienes nos ayudan a implementar. Y también se han determinado ciertos obstaculizadores, como por ejemplo la capacidad del intersector para absorber la demanda con prioridad, que de hecho es, entiendo, una de las razones por las que, o uno de los temas, en verdad que esta comisión quiere revisar en detalle. Aquí, por ejemplo, están contempladas también las dificultades con salud y educación para la priorización de los adolescentes y jóvenes sujetos del servicio, diferencias regionales, la capacidad técnica y una población acotada, que eventualmente hace poco atractiva la generación de la oferta. En cuanto al aspecto de especialización y operación del sistema de justicia, tenemos avances, pero también hemos identificado obstaculizadores, como por ejemplo capacitaciones de la Academia Judicial, que si bien son valoradas, se requiere que llegue de manera más fuerte, más clara, digamos, a los jueces de tribunales orales penales y a los ministros de la Corte. En el siguiente, también hay otros aspectos que hemos ido revisando, por ejemplo, en cuanto a compras públicas, se percibe, y esto es importante también, en cuanto a una duda que existía al comienzo de si esta oferta va a estar ahí a través de los nuevos formatos de licitación, que era una duda que se planteaba y de hecho había temor también respecto a la implementación de este sistema y eso ha ido entrando en régimen de manera bastante clara y ahí se han generado también los incentivos para que esto funcione bien, junto con un aumento en la calidad del servicio dadas las nuevas condiciones contractuales. Y respecto a las limitaciones, por cierto, siempre hay ciertas lentitudes en los procesos, lentitud también respecto a la aprobación de compras, etc. Respecto a descentralización, tenemos facilitadores que tenemos una buena educación en los contextos regionales y como obstaculizadores también tenemos una centralización administrativa que de alguna manera impide que a nivel regional puedan gestionarse adecuadamente muchas veces o con la celeridad que se requieren los recursos. Y para ir terminando respecto de esta parte, hay otros dos aspectos donde tenemos también avances en cuanto al diagnóstico, el modelo de intervención y los organismos acreditados. El modelo de intervención, ciertamente, su principal razón de ser como cambio de modelo tiene que ver con un modelo que avance en derechos y que signifique un cambio positivo también en el proceso técnico. Se generan normativas técnicas que facilitan este trabajo y también se aumenta la dotación regional en los procesos de intervención. Y los obstaculizadores podríamos decir que están dados fundamentalmente por la dificultad o la falta de instalación de personal técnico.
En cuanto finalmente a los organismos acreditados, podemos decir que como facilitadores se diagnosticaron el Consejo de Estándares, que contribuye a la comprensión de la exigencia por parte de los actores en los sistemas de compras públicas, y como obstaculizadores también algunos temas de gestión de programas y comunicación. Eso entonces es lo que nosotros podemos informar respecto del avance. Ahora, si uno va al circuito judicial, avanzando a otra parte, digamos que integra de manera importante y que tiene que generar también una visión completa respecto del tratamiento del Estado a estos jóvenes. La Subcomisión de Responsabilidad Penal Adolescente está trabajando en la organización del sistema de justicia especializado, está trabajando también en requerimientos de formación y capacitación, en la gestión de instrumentos administrativos del servicio, interconectividad, tratamiento de cuestiones interpretativas y monitoreo de instalación del servicio. Y finalmente, señor Presidente, quisiera también dar cuenta de un avance que tiene que ver con la Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre Vulneraciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes bajo la custodia del SENAME, que está en la lámina siguiente. Es una comisión cuyos antecedentes se encuentran ya en el año 2018 en la visita que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas realizó al Estado de Chile, donde se concluyó de manera clara una violación grave y sistemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado a través del Servicio Nacional de Menores de manera directa o indirecta. Estas recomendaciones, basadas en este hallazgo, se entregaron en el año 2020. El Comité señala que las violaciones descritas se han mantenido a lo largo de casi 40 años y que existen causas estructurales que han permitido esa situación. Dentro de sus principales recomendaciones está el establecimiento de mecanismos de reparación para las víctimas del presente o el pasado, priorizando su derecho a ser oídas y expresar su dolor, y desarrollar un plan de acción de reparación en los ámbitos de salud, especialmente tratamiento psicológico, educación, vivienda, justicia y, por cierto, indemnización económica. El presidente de la República, en su cuenta pública en el año 2024, indicó justamente la creación de esta comisión para determinar la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del SENAME. El objetivo entonces de la Comisión es contribuir al establecimiento de la verdad sobre las vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que está en la lámina subsiguiente, bajo la custodia del SENAME o en sistemas de cuidados alternativos privados y la propuesta de medidas destinadas a generar procesos de reparación sin prejuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos. Y para esto, los objetivos en cuanto a los procesos, en la lámina siguiente está el reunir antecedentes que permitan individualizar a las víctimas y establecer la vulneración vivida, proponer una descripción y análisis sobre violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes en custodia del Estado entre el año 79 y 2021, así como sus antecedentes y circunstancias, generar espacios de participación para los niños, niñas y adolescentes dentro de lo dispuesto en la Ley 21.430 sobre garantías como agrupaciones de víctimas a fin de que sus opiniones se tengan en consideración, proponer medidas tendientes para el acceso a la justicia y, finalmente, proponer modificaciones legales y administrativas. Estos procesos se encuentran en curso, la Comisión ya fue constituida y está operando y el presidente de la República la inauguró. Eso respecto, en general, de los avances que hemos tenido, presidente, en el último tiempo y, por cierto, esto va a ser complementado con las presentaciones específicas de los directores. Muchas gracias, señor Subsecretario. ¿Hay alguna consulta puntual del señor Subsecretario? ¿Diputado Muñoz? Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludo a todos los colegas, presidente, también al Subsecretario, al Director de Mejor Niñez. Bueno, yo soy de la Comisión de Familia, donde también hemos estado activamente durante todos estos años pendientes de lo que está ocurriendo con la infancia. Y, específicamente, quería hacer una consulta al Subsecretario porque yo oficié, junto también con varios parlamentarios, en diciembre, porque se dio una situación bien delicada, bien compleja, cuando seis jóvenes, en la región del Bío Bío, que son de SENAME, no pudieron rendir la PAES, no fueron inscritos por parte del Estado y ellos no tuvieron la oportunidad de dar la prueba. En ese punto, nosotros enviamos los oficios y cuáles van a ser las acciones para revertir esa situación. Nosotros oficiamos en diciembre, como les decía, hasta el momento revisé un poco, no tengo la respuesta. Pero es preocupante, es preocupante porque se supone que el Estado debe estar activamente reinsertando a los jóvenes, esa es parte de la política, y para allá apuntan, cierto, todas las instituciones y, lamentablemente, sabemos que la educación es un pilar fundamental para que ellos puedan reinsertarse. Entonces, en ese contexto, donde nosotros oficiamos, porque yo encuentro muy lamentable.
No se pudo concretar la inscripción de los jóvenes, no rindieron la PAE y vi que hasta el momento no se tomó ninguna medida para que eso se revirtiera. Entonces quería consultar al respecto. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Si le parece, como es una consulta respecto a un tema específico, puntual, señor subsecretario, nos podría entregar un informe por escrito a la comisión y remitírselo a la diputada. Es que nos quedan tres instituciones que expongan. Porque es un tema puntual. Si quiere contestar de manera breve, subsecretario. ¿Le puedo pedir una intervención a la comisión para que los asesores del subsecretario puedan formar parte de la mesa? Por favor. Señor subsecretario. Por cierto, vamos a responder, presidente, por escrito, y por cierto, vamos a revisar el oficio. Y sin perjuicio de que en su presentación también puede hacerse cargo después la directora, ahí se tomaron medidas. Efectivamente fue un hecho inaceptable. Independiente de que cinco de los seis niños eligieron, digamos, seguir una educación técnica. No puede ser que el Estado en este caso no provea de los medios necesarios para que ellos tengan en este caso la posibilidad de rendir la prueba. Y eso ciertamente trajo consecuencias y por cierto también lo importante es mejorar los procesos no solamente para que se castigue en este caso a los responsables, que ya se castigó, sino que también no vuelva a ocurrir. Pero todo esto lo vamos a detallar también por escrito. Muchas gracias. Una pregunta puntual, señor subsecretario, respecto a su exposición. Conforme al artículo 24 de la norma, existe una comisión que tiene que proponer una política a cinco años. Sí, pero ¿cuál es el plazo que tiene la comisión para proponer las políticas? ¿Hay un plazo acotado? Esta ley entró en vigencia en enero del año 2023, va a cumplir dos años de vigencia de la ley, y todavía lo que usted nos informa, entiendo, es un análisis preliminar del desarrollo de las brechas que ha encontrado la comisión. ¿Hay un plazo específico? ¿Solo esa pregunta para que la comisión entregue esa política? Señor subsecretario, el Jefe de la División de Recursos Sociales... Le ofrezco la palabra a señor Pacheco, muy concreta la pregunta. Ahí sí. Respecto del plazo, la ley no establece un plazo para la generación de la política. Sin perjuicio de ello, esta política ya ha sido trabajada intersectorialmente dentro del alero del Consejo de Reinserción, que está integrado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte. El decreto de aprobación de esta política está a puertas de recoger las últimas firmas y, por tanto, esperamos que durante el mes de marzo ya pueda ser el documento tomado a razón por la Contraloría, porque si lo firma el Presidente, iba a tomar razón. Terminado, falta solo el trámite administrativo. Así es, y sin perjuicio de ello, presidente, la Comisión Coordinadora, que es otra de las instituciones que gobierna esta política, está trabajando en paralelo el plan de acción con las medidas concretas que ha anunciado el subsecretario, la cual este viernes hay sesión de la Comisión Coordinadora para dar a conocer el trabajo que han venido desarrollando las distintas subsecretarías y servicios en esta materia. Así que también esperamos que en el mes de marzo ya esté comunicado al Parlamento y a toda la sociedad. Muchas gracias. Solo una pregunta puntual, porque hay parlamentarios y parlamentarias de esta comisión muy interesados en esta materia y también entiendo de la Comisión de Familia. ¿Es posible que en estas sesiones participen parlamentarios? La ley señala que respecto del Consejo, los miembros son solamente miembros del Ejecutivo. ¿Pero que puedan participar como oyentes de esas audiencias? ¿Sí? Si ustedes nos pudieran comunicar esas sesiones y fechas, algún parlamentario interesado en un tema específico pueda acudir a estas discusiones, me parece del todo interesante. Muchas gracias, señor Pacheco. A continuación, le voy a ofrecer la palabra a la Subsecretaría de la Niñez, a un Claudio Castillo, que es director del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Tiene diez minutos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las diputadas y diputados que nos acompañan, al subsecretario y a las directoras de los servicios de reinserción social juvenil y nacional de menores. Respecto del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, este es un servicio auxiliar de la justicia que cumplió recientemente tres años. Es decir, nosotros atendemos a niños, niñas y adolescentes que han sido derivados desde los tribunales de familia o tribunales con competencia en familia. Y desde el 22 de agosto del año 2024, además, se pone en marcha la protección administrativa, es decir, las oficinas locales de niñez radicadas en las municipalidades también pueden derivar al servicio. Hasta la fecha hemos recibido 940 derivaciones de las oficinas locales de niñez. Lo que sí, respecto del nivel de atención y coberturas, este es un servicio que lamentablemente...
subsidiarios de lo que pasa en la sociedad, hemos tenido un aumento de derivaciones. El año 2020 atendimos 76.515 niños nuevos que ingresaron al sistema y el año 2024 a 156.792. Desde octubre del año 2023, en Chile cada año nacen menos niños de los que se derivan a la protección especializada. Es decir, en octubre nacieron 10.800 niños y a la protección especializada se derivaron más de 16.000. Entonces este es un servicio que responde a lo que está ocurriendo socialmente y a derivaciones que están haciendo los tribunales de familia o con competencia en familia y oficinas locales de la niñez. Y si comparamos lo que pasaba cuando parte el servicio en octubre del 2021 a la fecha, tenemos un 14% de aumento de las coberturas, pero quisiera referirme que lo que más nos preocupa es que se ha producido un aumento muy significativo en edades tempranas. Sobre todo en el modelo residencial tenemos un aumento de un 33% de ingresos a residencias de niños de 0 a 3 años y en el último año de 0 a 1 año. Además, tenemos un aumento de un 50% en adolescentes y jóvenes, es decir que se mantienen en protección especializada y en residencias porque están estudiando. Nuestra ley establece que nosotros damos cobertura a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, y hasta el 31 de diciembre del año que cumplen 24 años, si es que están estudiando. Y lo que ha ido ocurriendo es que con el paso de los años, más adolescentes se mantienen en protección especializada porque están ingresando a estudiar. Recientemente, 294 adolescentes rindieron la PAES estando en residencias de protección especializada. Y tenemos más de 144 que están en educación superior durante el año 2024. Y tenemos otro aumento importante en adolescentes de 14 a 17 años, que es un 22% focalizado en adolescentes mujeres. En ese sentido, quisiera plantear que como servicio hemos definido algunas urgencias para poder irlas enfrentando de manera rápida y con decisiones y medidas. Dentro de esas urgencias, tenemos por cierto ajustes al modelo de análisis diagnóstico. Este modelo del servicio es que los tribunales de familia, las OLN, derivan a un análisis inicial que se llama diagnóstico clínico especializado, que lo entregan colaboradores. Ellos hacen una profundización de la vulneración por la que fue derivado ese niño, niña o adolescente y definen a qué oferta programática se derivaría ese caso. Tenemos que hacer una revisión luego de un año de implementación. Tenemos una mesa de trabajo con los colaboradores. Hemos tenido dificultad en algunas zonas del país debido a que no necesariamente hay colaboradores disponibles a cubrir todo el territorio nacional y por lo tanto ese es un desafío de encontrar modelos que se puedan adaptar sobre todo a territorios con baja densidad poblacional. En el intertanto, estamos aumentando plazas de la oferta programática que tiene el servicio y aprovecho de agradecer al Congreso Nacional que aprobó una norma en nuestra ley de presupuesto que nos permite que el año 2025 sea un año de transición. Es decir, que podamos tener tanto oferta del nuevo modelo como del modelo antiguo para poder hacer una transición mucho más armoniosa. Y respecto del cuidado alternativo residencial, el 2020-2021 teníamos 4.417 niños, niñas y adolescentes en residencias. Nosotros cerramos al 31 de diciembre con 5.014 niños, niñas y adolescentes en residencias. Es decir, se ha producido un aumento de un 14%. Eso ha tensionado el sistema residencial en todo el país con sobrecupos y lista de espera. Por eso hemos decidido avanzar rápidamente y estamos en este minuto con el proceso de licitación del nuevo modelo en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío y la Araucanía, que son aquellas regiones en que podemos hacer el proceso licitatorio porque está exento de la toma de razón. Las otras regiones van a tener un proceso que ya iniciamos con la Contraloría para los próximos meses. Estamos aumentando un 14% las plazas. Estamos cambiando el modelo de intervención, aumentando el número de cuidadores por niño. Vamos a pasar de una relación de un adulto cada ocho niños a una relación de un adulto cada tres niños, con un modelo terapéutico que además está basado en el modelo informado en trauma. Por lo tanto, asumimos también un cambio y buscamos la especialización de los cuidadores terapéuticos. Los convenios pasan a ser de tres años y no de un año como ahora. Eso disminuye la incertidumbre y también mejora la calidad de los proyectos.
Y esto es que puedan presentar los colaboradores y además tenemos un modelo que sea heterogéneo, que pueden ser residencias de 12, 16 o 20 plazas. Hoy día, el promedio es de 20 niños por residencia, por lo tanto, lo que es el promedio lo estamos poniendo como el máximo en el nuevo modelo. Y esto va a implicar, por supuesto, una mayor inversión de los colaboradores. Y por eso, el Estado, a través del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, va a hacer un aporte financiero mayor. En el caso de las residencias de segunda infancia, que es de 4 a 8 años, aumentamos un 21% el aporte financiero, llegando a casi 2 millones de pesos por niño al mes. En adolescencia temprana, que es de 9 a los 13 años, aumentamos en un 45% el aporte mensual por niño, llegando a 1.726.000 pesos. Y en la adolescencia, de 14 a 17 años, vamos a aumentar un 32% el aporte, llegando a 2.307.000 pesos por niño al mes. Por lo tanto, estamos modificando el modelo residencial, poniendo más exigencia, subiendo el estándar, pero también aumentando en un tercio el aporte que realiza el Estado, que es algo que desde hace varios años venían pidiendo los colaboradores. Entonces, esa es una respuesta en ese sentido. Pero también es cierto que la restitución del derecho a vivir en familia debe venir de la mano del fortalecimiento de la estrategia de familias de acogida. En familias de acogida, Chile ha tenido una política de Estado. En 2007, el 92% de los niños en cuidado alternativo estaban en residencias, y a fines del 2024 llegaba a un 32%. Es decir, más del 66%, es decir, dos tercios de los niños en cuidado alternativo hoy se encuentran o con alguien de su familia o con una familia externa, que son las familias de acogida externa, que es un modelo que está implementando el servicio, y que estamos tratando de hacer ajustes con un grupo asesor transversal para poder cambiar desde la orientación técnica, el modelo de financiamiento, y también avanzar en la especialización. Porque hoy día tenemos una focalización de familias de acogida en niños pequeños, y tal vez también deberíamos avanzar en adolescentes, en niños con necesidades especiales, y también aquellos que tienen algún problema de salud mental, por nombrar algunos. Estamos avanzando en materia de adopciones, preparándonos para el cambio legislativo que se está discutiendo, que va a poner un plazo máximo a los procesos de adopciones. Hemos dado instrucciones respecto del informe de la Corte Suprema en términos del inicio de la susceptibilidad de niños para iniciar el proceso. Recuerden ustedes que son tres procesos que se dan en paralelo, la susceptibilidad del niño, la idoneidad de la familia y la adoptabilidad propiamente tal. Nosotros tenemos responsabilidad en el proceso, y por lo tanto hemos instruido que se revise que todos los casos en que hay sesión voluntaria, en que están dadas las condiciones, sobre todo por este aumento de menores de tres años en residencia, se inicien de manera oportuna los procesos de susceptibilidad. Y por cierto, también tenemos requerimientos especiales en materia de salud. Y hemos visto un aumento de la demanda en servicios de salud mental, el intersector funciona a través de un modelo que es el Sistema Intersectorial de Salud Integral, que funciona desde el 2017, que en los 29 servicios de salud está vigente. Nosotros tenemos un monitoreo permanente de lo que pasa. Hemos firmado recientemente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de Salud, y el 94% de los niños que están en residencias están adscritos a un centro de salud familiar. Sabemos el porcentaje que tiene vacunas, estamos en un completo monitoreo de lo que está pasando con los egresos hospitalarios. Y también, por cierto, nosotros somos corresponsables en las tareas de salud, y por lo tanto también el servicio se hace cargo de las internaciones psiquiátricas o a centros terapéuticos. El año pasado tuvimos 221 internaciones, de las cuales la mayor parte, 194, se hicieron en la red pública, pero cuando se trata de internaciones indicadas, buscamos también oferta privada y se pagan con recursos del servicio. Quisiera plantear además que el servicio ha estado avanzando en materia de dar respuesta desde la administración directa, es decir, residencias que son administradas por el servicio. En los últimos tres años hemos aumentado en un 71% la cobertura de nuestras residencias, llegando hoy día a cubrir el 15% del total del cuidado alternativo residencial con foco en adolescentes, que es donde los colaboradores privados se han ido retirando. Estamos también preocupados de lo que pasa con los trabajadores. Sabemos que hay una fuerte presión, que este es un sistema que además no tiene regulado el sistema de turnos, por lo tanto los trabajadores...
Están muy cansados, teniendo actualmente los trabajadores de la atención directa del servicio, realizan un promedio de 52 horas semanales de trabajo. Por lo tanto, eso también impacta en la situación de salud de ellos. Hemos generado un trabajo colaborativo con la sociedad civil para poder enfrentar los nuevos desafíos, sobre todo en el ámbito de la nueva criminalidad y la explotación sexual. Hemos convocado a un grupo asesor para poder definir un programa especializado que interrumpa trayectorias delictuales de manera temprana, hacernos cargo de estos desafíos y, por cierto, también de los desafíos de gestión interna del servicio. Presidente, ¿supo señalarle respecto a los desafíos que nos estamos haciendo cargo desde el servicio? Muchas gracias, señor Castillo. Se ofrece la palabra a la diputada Giles. Gracias, presidente. Tendría muchas cosas que comentar. Desearía que esta sesión en realidad tuviera otra característica, pero voy a concentrarme en lo fundamental aquí. Lo primero es una opinión. Desde el punto de vista especializado, del que formo parte, tanto por mi propia vida, porque soy madre adoptiva, como por mi experiencia de siete años y medio en las comisiones de familia y de constitución, especialmente preocupada de este tema, desde ahí hablo. Esto de aumentar los contratos de uno a tres años me parece peligrosísimo. Me parece que va en la dirección contraria y, con toda honestidad, se lo comento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país que ha relegado su política social hacia la infancia a privados, privados que necesitan control estatal. Y ese control estatal se vuelve más laxo cuando tenemos contratos de tres años en vez de uno. Podría desarrollarlo más, pero solamente comento esa opinión. Por lo tanto, me parece una pésima noticia la que nos da en ese sentido. Luego, respecto del tema de adopción, también tendría mucho que decir, pero me concentro en un punto. Con la diputada acá presente, presidenta de familia, hace cuatro años y medio de la legislatura anterior, sacamos adelante un proyecto que acotaba la susceptibilidad de adopción, que fue prácticamente tomado y convertido en una indicación que el Ejecutivo decide, a mi juicio, torpemente, meter en el proyecto de adopción total, que es un proyecto complejo, que tenía un sentido en el momento en que lo tramitamos en familia y que hoy día, yo he estado siguiendo la legislación, es un despelote mayúsculo. Si me permiten decirlo en breve, les sugiero de verdad, porque estoy segura que ustedes están realmente preocupados de los niños en lo personal y en lo profesional, les sugiero que salgan de ahí, como se lo sugerí en su momento a la ministra Toro, que no me llevó de apunte, y tomen este proyecto que está hoy día en el Senado, que es un proyecto sobre plazos de susceptibilidad de mi autoría y que aprobamos hace cuatro años y medio en la legislatura anterior y que es de una simple resolución, con lo cual se bajan a tres meses como mínimo los plazos de susceptibilidad y que es la indicación que el Ejecutivo copió y pegó en este proyecto de adopción, que sin embargo va a tener que esperar una tramitación que yo adivino muy compleja, más de lo que ya ha sido, para poder hacer eso, que es algo simple, sencillo y que cambia la vida de los niños de forma clara, que es disminuir los plazos de susceptibilidad, punto. Luego, me gustaría saber a qué atribuye el subsecretario este aumento, que me parece que es lo más resaltante de su información, este aumento increíble de primera infancia institucionalizada. Estoy entendiendo que las cifras que entrega son de niños institucionalizados en residencia, que no están allí los niños que están en hogares temporales o solo los de residencia. Y eso me parece que es un indicador también desde el punto de vista especializado tremendo, porque significa que no vamos avanzando en términos del estado de la infancia, sino que cada vez más jóvenes son los niños que son vulnerados en un mayor número. Entonces me gustaría saber cuál es el análisis que ha hecho la subsecretaría de ese dato relevantísimo. Y luego un dato que no está especificado y que me parece muy importante.