SEÑORA PRESIDENTA. Buen día, señora secretaria. A continuación, la lectura de la cuenta. SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS DE LA NACIÓN. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Morales. A continuación, la lectura de la cuenta. SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS DE LA NACIÓN. SEÑORA PRESIDENTA. Presidenta, hay una excusa. La ministra del Interior y Seguridad Pública ha atendido sus compromisos con anterioridad en la región de O'Higgins. Igualmente, el Ministro de Hacienda, por compromiso impostergable, también contraído con anterioridad. Y el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, que tiene urgencia suma, que es el que está ahora en tabla, consagra las funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a las víctimas a los gobiernos regionales. Y el otro, que estaba en tabla en la tarde, que lo acaban de dar cuenta en la sala, que también tiene discusión inmediata, modifica a diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el escalafón de los agentes policiales de la Policía de Investigaciones de Chile y su estatuto del personal. Entonces, igual, para constatar, el proyecto de regiones más fuertes, entonces, estaría con suma urgencia. Es que no es el proyecto de regiones más fuertes. Ah, ya. ¿Se acuerda que estuvo para hoy? Sí, estuvo, ya. Tiene que actualizarlo también. Ah, ya, perfecto. Este es uno distinto que tiene que ver con materia de prevención del delito. Son nuevas. No hay problema. Así que usted nos refirió a esa materia específica. A esa materia. Ya, no hay problema. Entonces, ahí se verá para más. Varios puntos, varios. Diputado Mellado. Gracias, presidenta. Presidenta, estuvieron conmigo en la mesa de personas mayores y comunidades de organizaciones solidarias sobre un proyecto que está congelado aquí desde hace mucho tiempo en la Comisión de Hacienda sobre el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Los boletines refundidos 12.453-13, 12.452-13 y 13.822-07. Ellos nos piden que ojalá haya una pronta promulgación de esta ley de envejecimiento positivo y que ojalá desde la comisión podamos pedirle oficial al Ejecutivo que le dé urgencia al proyecto. Eso es lo que me pidieron y cumplo con esa solicitud. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, si le parece entonces a la comisión, por acuerdo, primero estaríamos oficiando, ¿cierto? Al Ejecutivo para solicitarle, o más bien es una solicitud, ¿cierto? Es una solicitud a SEGPRES para que se pueda poner urgencia al proyecto ley de envejecimiento positivo, perfecto. Y la otra solicitud es que se pueda poner en tabla. Yo ahí, bueno, conversar con el presidente y ahí podamos ver la mejor fecha estableciéndola dentro del calendario, ahí le encargamos, ¿cierto? A la secretaria que nos pueda hacer los buenos oficios. Ya, OK, diputado Donoso. Ah, ¿digo qué? Diputado Von Mühlenbrock. Gracias, presidenta. Quisiera, por cierto, me dijo que la secretaría nos pudiera ilustrar respecto a la gente que voté esta semana que lamentablemente nuevamente no va a poder estar martes ni miércoles en sala. Y los siguientes dos puntos. Hablé recientemente con el secretario general Miguel Landero para preguntarle cómo el reglamento, cómo rige esto si es que la función fracasa la sala. Me dijo que los secretarios y abogados están en la obligación de suspender cuando están llamando a la sala, porque lo contrario perderíamos la asistencia y además nos multarían. Eso para que quede claro, punto uno. Punto dos, mañana tenemos tres horas de interpelación. Por lo tanto, me da la impresión que es muy factible que las comisiones de Hacienda y otras comisiones no puedan funcionar. Me gustaría tener claridad al respecto de parte de la secretaría. Muchas gracias. Bueno, primero le damos entonces la bienvenida y saludamos al ministro. Ministro, solamente si nos da un minutito, porque la secretaria va a responderle al diputado Fomio, le hablé en la consulta que estaba haciendo. Presidenta, lo primero, precisar que efectivamente cada vez que tienen que votar la sesión ha sido...
Suspendida, nunca se ha seguido votando cuando está viendo algo en la sala que enciende la luz roja y tienen que bajar. Y lo otro que quiero precisar, para terminar, no hay nada citado para mañana en la tarde donde se ve la interpelación en la sesión equivalente a la nuestra ordinaria, es decir, a las 3 de la tarde. Por esa razón, el proyecto de simplificación que tiene discusión inmediata se pasó a la mañana. Esa es la razón. Y todos los proyectos que están citados están con urgencia o suma o discusión inmediata. Perfecto. Diputado Juan Muehlenbrock. Gracias, Presidenta. Sí, sobre lo que acaba de decir la Secretaria Abogada, hay un punto que no me queda claro, según lo que dice el Secretario General. No solamente en el momento que están votando. Si llegara a fracasar por quórum, cosa que está ocurriendo todos los días, la sesión, y ahora, como yo lo soy, los haciendos somos los pocos que estamos en la sala cuando estamos en sesiones normales. Ahora estamos aquí arriba, vamos a tener, no sé, 30 diputados o 35 diputados. Si llegara a fracasar esa sesión, quedamos sin asistencia y además nos multan. Y eso no puede ocurrir. El secretario general dice que él instruyó a los secretarios de las distintas comisiones de la Cámara de Diputados de lo que prevalece siempre en las salas de sesiones. Entonces, cuando empieza a prenderse esa lucecita arriba, se tiene que parar y ver qué es lo que está pasando. Bueno, pero no podemos quedar sin asistencia, ni tampoco ser multados, porque sería ya como... Entonces, ¿para qué tenemos sesiones paralelas? Esto me lo acaba de decir el secretario general, entonces por eso que se lo nombro. Y lo segundo, me queda claro que mañana no hay comisiones de tres y media a 18:30 de la tarde. Diputado Fomio Lemburg, yo al menos me toca presidir en esta sesión, entonces lo que podemos hacer es estar en contacto con la mesa, cosa de que si falta el quórum y se va a cerrar, son las horas, suspendemos la comisión y bajamos. ¿Ya? No hay problema y acordamos eso. No hay problema, por lo menos en esta sesión, que me toca ahora presidir en la mañana. Diputado Donoso. Gracias, Presidenta. Entendiendo que lo originalmente citado era otro proyecto y habían invitado y, por lo tanto, cuando se cambia la citación, se hizo imposible pedir invitados para este proyecto, que además es el Ejecutivo quien pone la urgencia y el Ejecutivo que no se presenta a esta sesión no ve objeto a tratar este proyecto. Pero las personas citadas son el Ministro de Hacienda, el Ministro del Interior y la Subsecretaria de Estado. Además, son propuestas del Ejecutivo. Entonces, considero poco prudente, al menos, teniendo todo el cariño y respeto al Ministro Lezalde, pero no es el ministro de la cartera que nos ponga en la urgencia, que impidan la debida discusión y no estén presentes los ministros de Ramos. Ya, le voy a dar la palabra al ministro para que él nos pueda exponer y también explicar este punto. Sí, gracias, Presidenta. A mí me citan siempre para tratar proyectos de otros ministerios y concurro de la mejor forma. Y en este caso, lo que ha ocurrido es que las autoridades que están citadas no pueden asistir por distintas razones. En el caso de la Ministra del Interior y la Subsecretaria de Prevención del Delito, porque están en el encuentro de Dagorechi, que se realiza simultáneamente con la sesión de esta comisión en la región de O'Higgins. Y en el caso del Ministro de Hacienda, porque está concentrado en las reformas de pensiones, que esperamos que se vote esta semana en el Senado y, eventualmente, en la Cámara de Diputados. Estamos trabajando para eso. En ese contexto, entonces, se me ha pedido que venga en representación del Gobierno a exponer el proyecto. Y en el caso de la Secretaría General de la Presidencia, no olvidemos que es el ministerio que coordina la tarea legislativa. Así que, muchas veces me toca ir a exponer proyectos de carteras sectoriales, toda vez que nosotros tenemos la visión general de la legislación y estamos también con los asesores técnicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito para consultar todas las dudas que puedan tener los parlamentarios respecto de esta iniciativa. Entonces, si es posible, podría explicar el marco general y, además, los artículos que deben ser resueltos por esta comisión, que son artículos bien específicos. Como ustedes saben, existe un compromiso transversal con la seguridad. Hay un PowerPoint, no sé si está disponible. Yo iré avanzando por el tiempo.
En abril de 2023 con Agüerechi. Y así también fue anunciado por el Presidente de la República en su cuenta del año 2023, razón por la cual se presentó este proyecto de ley en julio del mismo año. Los gobiernos regionales, todos lo sabemos, tienen una importante misión para el desarrollo social, cultural y económico de sus respectivas regiones y actualmente financian proyectos de adquisición de vehículos policiales, construcción, reparación y mantención de infraestructura física, proyectos situacionales ejecutados por municipios, prevención social de grado comunitario, proyectos tecnológicos, entre otros. ¿Cuál es el marco general? Nosotros estamos trabajando por actualizar la legislación en materia de seguridad. Hemos dado pasos importantes para tener nueva normativa conforme a los nuevos fenómenos delictivos, muchas de las cuales han tenido buen resultado. Al respecto puedo citar dos ejemplos. La ley de robo de madera, que ha permitido reducir de manera significativa la violencia rural en la provincia de Arauco, que está asociado a ese delito. Y por otro lado, la que establece técnicas especiales de investigación, que ha permitido desbaratar a bandas del crimen organizado en varios campamentos de la gran urbe, con resultados muy exitosos por parte de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y que no habría sido posible de no haberse aprobado en su momento esa legislación. Y vamos, por tanto, a seguir avanzando, y por eso tenemos un segundo fast-track de seguridad. Ya aprobamos el primero, ahí tuvo un rol muy relevante en su momento los presidentes de la Cámara, Vlado Mirosevic y Ricardo Cifuentes, y el presidente del Senado que era entonces el senador Coloma, que fue quien lideró junto a la ministra Tohá la propuesta que rebaramos este entendimiento, y actualmente están también desempeñando un gran rol la diputada Cariola, presidenta de la Cámara, y el presidente del Senado, el senador García. Y en ese marco, bueno, se ha fortalecido la institucionalidad con la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, también se ha robustecido el rol preventivo de las municipalidades, y también particularmente la regulación respecto al rol de privados mediante la Ley de Seguridad Privada. Son todos estos avances concretos sobre la base de la legislación que hemos aprobado bajo el gobierno del presidente Boric. Algunos de estos proyectos son mensajes del presidente Boric, otros son mensajes de anteriores mandatarios, y otros son mociones parlamentarias. La inclusión de los gobiernos regionales nos parece que es fundamental para la prevención del delito, porque es coherente con el compromiso con mayor descentralización y con la integración de la institucionalidad regional de manera armónica, conforme a las herramientas que tienen los gobiernos regionales, y particularmente el rol que pueden cumplir en materia de prevención del delito. Y esto explica que en materia de prevención del delito hay tareas compartidas tanto a nivel central, regional y local, y por eso se requieren las necesarias coordinaciones, así como que todos estos actores, a través de su trabajo coordinado, insisto, garanticen la protección efectiva de nuestras comunidades, sus entornos y de todas las personas que viven allí. Pasemos al proyecto en particular que está en conocimiento de esta comisión, respecto al cual deberá votar la Comisión de Hacienda. En primer lugar, se propone en este proyecto incorporar al gobierno regional a su función general de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes y programas y proyectos de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materia de detención de asistencia a víctimas en la región, porque idealmente los gobiernos regionales invierten en seguridad desde la idea de darle el marco normativo e institucional sobre el cual desarrollan su trabajo. Esto tiene que ser de manera coherente o estar en coherencia y coordinación con la Política Nacional de Seguridad Pública y con las directrices que al respecto establezca el Ministerio de Seguridad recientemente creado. Creado legalmente, porque la implementación de su creación está pendiente, toda vez que hay trámites pendientes para la formulación y publicación de la ley y hay plazos establecidos para su implementación, que son obviamente más extensos, pero la decisión del presidente es acortar lo más posible esos plazos. Así que, una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto, nosotros esperamos promulgar rápidamente esa ley, publicarla y ya se están trabajando los reglamentos y decretos para la implementación de este nuevo ministerio. Además, se establece la función de prevención del delito para los gobiernos regionales a través de la celebración de convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado, en la lógica de coordinar el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Y para el ejercicio de esta función, y esto es muy importante, tiene que existir una coordinación permanente con la Secretaría de Prevención del Delito, que debe colaborar, prestarle asesoría técnica, para que las autoridades regionales puedan identificar las prioridades que existen en esta materia y formular la planificación correspondiente.
A través de este proyecto se incorpora dentro de las funciones generales de los GORE asesorar a las municipalidades cuando éstas lo soliciten en la formulación e implementación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este mismo ámbito. Vamos entonces ahora a la normativa concreta respecto a la cual deberá pronunciarse la Comisión de Hacienda. Obviamente no es todo el proyecto lo que deberá abordar la Comisión de Hacienda. Respecto a la ley 18.695, que es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta se modifica. Se debe informar al gobierno regional la designación y remoción del director de seguridad pública municipal y se debe permitir a la municipalidad solicitar la asesoría de los gobiernos regionales en la formulación e implementación de los planes comunales de seguridad pública, a la cual hice referencia anteriormente. Se requiere a los municipios que permitan que sus planes comunales de seguridad pública, se le puede requerir por parte del gobierno regional el plan de seguridad pública, tanto por el Gobierno Regional, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Consejo Regional de Seguridad Pública y el Delegado Presidencial Regional dentro de los diez días siguientes a su aprobación.
Al respecto, hay dos artículos respecto a los que al menos tiene que pronunciarse la Comisión, que son el artículo 1 y el 3. El artículo 1 se modifica el Decreto de Fuerza Ley número 1 del 2005, que establece el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.175, agregándose el siguiente inciso tercero al artículo 68, abre comillas: "Cada gobernador o gobernadora regional, con acuerdo al respectivo Consejo Regional, podrá crear una división de prevención del delito encargada de las tareas de coordinación y gestión de las funciones establecidas en los literales I y J del artículo 16". Por tanto, podríamos decir que se puede modificar la orgánica institucional del gobierno regional para crear una división de prevención del delito. Esto es bien importante, cada gobernador o gobernadora regional, con acuerdo al respectivo Consejo, podrá crear. No significa que necesariamente todos lo creen, pero es una facultad, una atribución que se establece para los gobiernos regionales, conforme a la decisión del gobernador o gobernadora, insisto, que requiere el acuerdo del Consejo. No es una decisión unipersonal, sino que es ratificada por un órgano colectivo y eso permite la creación de la división correspondiente.
De esta forma, se propone facultar al gobierno regional para crear esta división. La división va a estar encargada de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes y programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como también en materia de atención y asistencia a las víctimas. Esta división colabora con los municipios en la formulación e implementación de los planes comunales respectivos y el financiamiento para ejercer esta nueva facultad, esto es muy importante para la Comisión de Hacienda, en su primer año, provendrá de los recursos contemplados en el presupuesto vigente de la partida 31 de los gobiernos regionales, incluyendo las modificaciones presupuestarias necesarias, pudiendo provenir de gastos de operación o de inversión de acuerdo con lo establecido en la glosa 1 de dicha partida.
Y el segundo artículo, respecto al cual se tiene que pronunciar la comisión, es el artículo 3, que crea el cargo de jefe de división de prevención del delito en el gobierno regional. El artículo 3 dice: "Créase en las plantas de personal de directivos de exclusiva confianza de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, establecida la ley número 19.379, un cargo de jefe de división de prevención del delito, grado 4 de la escala única de sueldos". Dicho cargo se podrá proveer una vez que se haya ejercido la facultad de crear divisiones de prevención del delito de los respectivos gobiernos regionales, de conformidad con el artículo primero del numeral 4 de esta ley. Es decir, si el gobierno regional toma la decisión de crear la división, entonces esto se materializa a través de la creación del cargo de jefe de división de prevención del delito en el gobierno regional. Y obviamente pueden también proveer de otros funcionarios para la realización de estas tareas. La creación del cargo de jefe de división de prevención del delito en el gobierno regional es una facultad que está, obviamente, establecida conforme señalado anteriormente a la creación o la decisión de crear la división correspondiente. Se señala en el articulado que he leído cuál va a ser su grado en la escala única de sueldos y forma parte de la planta directiva de exclusiva confianza y el financiamiento para ejercer esta nueva facultad en su primer año, al igual que lo que señalé anteriormente, debe ser proveído a través del presupuesto vigente en la partida 31 de los gobiernos regionales, incluyendo las modificaciones presupuestarias y que estos gastos pueden provenir de operación o de inversión, de acuerdo a lo establecido en la glosa 1 de la partida de los gobiernos regionales. Por tanto, en síntesis, Presidente o Presidenta.
Este es un proyecto que es mucho más extenso. Los artículos que se han pronunciado en la Comisión de Hacienda son bien específicos y particulares. Ha habido un apoyo bastante transversal para la aprobación de esta iniciativa. Los propios gobernadores regionales están muy interesados en que así sea. Han insistido en reiterar oportunidades al Gobierno de la necesidad de sacarlo adelante. De hecho, cuando se anunció el fast track de seguridad, este no era un proyecto que se considerara dentro de la tramitación. No obstante, a través del diálogo que se ha señalado, el Gobierno le ha puesto la urgencia necesaria para su aprobación. Y, por cierto, nosotros esperamos que la Comisión de Hacienda lo despache para que sea posible su votación en sala, entendiendo que estamos recién en el primer trámite constitucional y, por tanto, todavía nos queda todo el trámite del Senado, si es que la Cámara, obviamente, aprueba esta iniciativa. Así que muchas gracias, Presidenta. Gracias, Ministro. Entonces le damos las palabras ya solicitadas y anoto al resto. Primero, el Diputado Donoso. Gracias, Presidenta. Insisto en la importancia de que estén los ministros sectoriales, porque si no, nos daríamos más cuenta de los errores que tiene este proyecto actualmente. Porque cuando el proyecto hace referencia al delegado presidencial regional, y hoy día, después de la creación del Ministerio de Seguridad, debería hacer referencia al Ceremi de Seguridad Regional, por lo tanto, no conversa este proyecto con la creación del nuevo ministerio. Por ejemplo, cuando dice que se financiará con cargo a la partida 31 del Gobierno Regional en la Glosa 01, que es la dotación de vehículos, tenemos un problema. Porque no sé cómo vamos a financiar este proyecto con la dotación de vehículos de cada Gobierno Regional. Esa es la Glosa 01 del número 31. Así que, insisto, que no estamos en condiciones de discutir este proyecto en las condiciones que está, ni menos si no están los ministros sectoriales y tampoco si no está el informe presupuestario correspondiente al año en curso. Voy a dar todas las palabras primero para que se expresen y luego vamos punto por punto, ¿ya? Diputado Millado. Gracias, Presidenta. Sí, en retomo lo que decía el diputado Donoso, tenemos un informe financiero del 31 de julio del 2023. ¿Acá llegan? Ya, muy bien, muy bien. Pero la verdad es que yo no sé si le han preguntado y yo quisiera escuchar a los gobernadores regionales, porque están creando un cargo, están creando funciones, pero no están asignando plata. Entonces, esto es como las municipalidades, que le asignan funciones cada cierto tiempo, pero no le asignan recursos. Entonces, el problema es que, además, va a depender de la política nacional, que tenga el ministerio respectivo, y va a tener que también adosarse a esa política nacional que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito o el ministerio. Entonces, aquí me preocupa que estemos adelantando algo, votando a la rápida, algo que también nosotros no tenemos, no tenemos qué es lo que va a pasar a futuro, o sea, cuánto es en el segundo año en adelante que deberíamos estar nosotros votando en el presupuesto de la nación correspondiente a la aplicación. Porque este año, si se aprueba, claro, se va a hacer con cargo al subtítulo 31, van a dejar de comprar vehículos y van a colocar posiblemente algo, ¿cierto? Entonces, el punto es que para futuro, ¿cuánto cuesta esto para el área nacional? Y eso es un tema que efectivamente en régimen tenemos que saber claramente para poder aprobarlo y, efectivamente, si los gobiernos regionales están de acuerdo, ¿cierto?, en que le den funciones sin plata. Eso es lo que presento. Juan Aranjo. Presidenta, solo una observación. En la estructura del gobierno, justamente, existe el cargo de Ministro Secretario General de la Presidencia que cumple el rol de coordinación con el Parlamento y cuando no están los ministros técnicos respectivos, que lo sustituye es justamente el Ministro Secretario General de la Presidencia. Entonces, quiero decirlo porque eso es habitual que así ocurra. Justamente ese es el rol del Ministro Secretario General de la Presidencia. Es cuando no están los ministros técnicos, él pasa a cumplir esa labor de coordinación y de apoyo a la labor legislativa. Entonces, no seamos tan rigurosos porque, claro, en los primeros gobiernos al retorno a la democracia, el rol que cumplió este ministerio fue bastante relevante y de coordinación. Hoy día no es así, pero yo entiendo la presencia del ministro hoy día aquí que perfectamente puede reemplazar a los ministros técnicos que debieran estar presentes, por otras razones no lo pueden hacer.
Lo que me preocupa, Presidenta, es cómo este proyecto se condice con el proyecto de los gobiernos regionales que estamos viendo. Si hay alguna forma aparte de esa nueva estructura que le estamos dando a los gobiernos regionales, o se va a integrar a ese proyecto, ahí me entra una pequeña duda. Ahora, en relación a las nuevas tareas que se les dan a los gobiernos regionales y a los gobernadores, sorprende ver este proyecto a esta altura del partido, cuando uno debiera haber visto que los gobernadores regionales tenían un rol mucho más preponderante en materia de seguridad y que el delegado presidencial regional hubiera, es decir, como que los gobernadores están fuera de una cuestión que es fundamental. Entonces, me parece muy relevante que estemos dando este paso, aunque atrasado. Debo decirlo que es un paso atrasado el que estamos dando, pero por eso que yo entiendo la urgencia que el gobierno le está colocando por la grave situación de seguridad que vive el país. Entonces, me gustaría que el ministro pudiera precisar aquello que he planteado, Presidenta.
Antes de continuar con las palabras, solo decirles que ya nos estamos comunicando con la mesa para saber qué situación está, para poder saber si suspendemos o no y volvemos. Y lo otro que está el asesor jurídico, Orecchi, también para poder escucharlos, de la Asociación de Gobernadores Regionales, a propósito de la situación que nos planteaba el diputado Mellado. Sí, es que estamos comunicándonos, tranquilidad, si ya les avisé. Ya, diputado Sauerbaum. Gracias, Presidenta. Hay que bajar. Gracias. Vamos a tener que suspender y después lo escuchamos, diputado Sauerbaum.
Diputada Rojas: Gracias, Presidenta. Sí, bueno, decir que yo revisé el proyecto porque efectivamente hay un apoyo bien importante de parte de los gobernadores regionales y por ese medio me llegó, digamos, la importancia de que este proyecto avance rápido. En el caso de lo que estamos revisando nosotros, que es parte central del proyecto respecto de la creación de la División de Prevención del Delito en los GORE y la creación del cargo de Jefe de División de Prevención del Delito también en el Gobierno Regional. Entonces, sumo acá, digamos, la premura que existe por parte de los gobiernos regionales de que un proyecto como este pueda ir avanzando, porque lo cierto, y lo dijo también el ministro Elizalde en la introducción, es que los gobiernos regionales ya realizan bastantes tareas asociadas a seguridad y a poner recursos en seguridad. Sin embargo, no tienen, digamos, una institucionalidad y una política más grande que cobije estos asuntos de los cuales ya se hacen cargo. Entonces, insisto en el elemento de que desde los GORE les interesa bastante que esto avance.
Gracias, diputada Rojas. Diputado Romero: A ver, Presidenta, saludar al ministro Elizalde y a quienes lo acompañan. A ver, Presidenta, mire, yo, a mí me gusta ser bien claro en general, yo pregunto o somos o no somos. Yo recuerdo cuando el Presidente de la República asumió, una de sus grandes promesas fue trasladarle atribuciones de los delegados presidenciales a los gobernadores. De hecho, el gobernador Orrego se lo ha recordado varias veces. Después tramitamos un proyecto de Ministerio de Seguridad. Y ese proyecto de Ministerio de Seguridad establece un sereniseguridad. O sea, ya, una nueva institucionalidad hay ahí. Va a haber un cambio.
Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo entiendo que los gobernadores regionales tengan algún grado de frustración, porque en definitiva, al igual que los alcaldes, los hacen responsables de la seguridad en circunstancias que es del Gobierno Nacional. Digamos las cosas como son. Y esto le va a pasar a cualquier gobierno. Pero el tema es que, ¿esto en verdad va a cambiar la situación por la seguridad? Porque lo que aquí ocurre es que yo cuando veo la creación de estos cargos no sé en qué va a cambiar lo que hacen hoy día los gobiernos regionales respecto de lo que financian. O se crea un cargo para que acompañe al gobernador al lado, yo soy el director de seguridad del gobierno regional y vengo a entregar estos vehículos, porque en verdad va a poder implementar una política, Presidenta. En verdad va a poder diseñar algo que, por ejemplo, vaya en contra de la política nacional o incluso que la complemente. O sea, va a poder tener un énfasis distinto, salvo o adicional a que haga algún estudio o que apoye con infraestructura, que es lo que hace hoy día. ¿Me entiendes?
Entonces, siento que esto es como para darle una cierta tranquilidad, es como para darle un placer, oye, quédense tranquilos, les vamos a crear esta, les vamos a generar esta institucionalidad dentro de los gobiernos regionales para que ustedes tengan esto, y puedan decir, oye, tengo un encargado de seguridad, y puedan hacer anuncios, pero anuncios que no son más allá de la entrega de insumos, o lo que están haciendo hoy día, a mejorar la comisaría, ya, que es súper valioso, no quiero menospreciarlo. Lo que quiero decir es que las atribuciones de la Política Nacional de Seguridad van a estar… En este minuto está en la Secretaría del Interior, el futuro Ministerio de Seguridad.
No sé si salga en el Ministerio de Seguridad, pero no va a estar en los gobiernos regionales. Y la bajada no le va a llegar al gobernador regional, le va a llegar a un seremi del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, yo no entiendo la necesidad de crear esta institucionalidad que vaya a beneficiar realmente o vaya a ser útil en la práctica, más allá, insisto, de lo que hacen hoy día los gobiernos regionales, que es muy importante, le sirve mucho a Chile, pero que no, al final, no tienen el control. ¿Los vamos a hacer responsables de la seguridad de los gobernadores con esto? Porque también, ojo, cuando uno crea una institución también se hace responsable. O sea, hoy día, con una creación de esta figura, nosotros le vamos a decir, por ejemplo, al gobernador de la región Metropolitana, que es mi gobernador, le tiene que decir, oye, ¿usted es responsable de la seguridad también? O él va a decir, no, pues yo solamente financio comisaría y hago otras cosas. Entonces, esto es complicado porque creas esta institución, pero tampoco le das poder para poder decidir más allá de la política nacional. Eso, Presidenta. Diputado Fonmi Ulembrok. Justo le está dando la palabra, así que lo espero. No se preocupe, lo esperamos. Tiene la palabra, diputado Fonmi Ulembrok. Gracias, Presidenta. Bueno, mi pregunta es relativamente puntual, pero estamos reconociendo este proyecto. Por cierto, en medio del san ministro, me preocupa que aquí no, no sé, estoy viendo la exposición, sus posiciones. No sé si está detallado en otra parte, pero me preocupa los requisitos que debe tener el jefe de seguridad, que no están establecidos como en otras partes. Puede que esté en otro lado, pero en la exposición aquí el ministro. Por eso es que me preocupa, porque he tenido información de que de repente ya han nombrado a jefes de seguridad, a alcaldes. Yo conversé igual de todas formas con el presidente que estaba en ese momento, Erika Edo, y me dijo que me iba a avisar si es que era necesario que nosotros bajáramos y que voy a estar atenta al aviso que él me dé. Gracias, diputado. Y luego le voy a dar la palabra al asesor jurídico, que me parece importante poder escuchar la visión de la asociación. Gracias, Presidenta. Saludar a la comisión, el ministro, al asesor de Agorechi, Alonso Catal. Yo creo que este proyecto lo que hace, y siguiendo un poco el hilo de lo que planteaba el diputado Romero en su intervención, Presidenta, creo que lo que hace es ordenar de algún modo algo que se ha estado realizando desde que los gobernadores asumieron la responsabilidad de manera democrática y que se ha ido haciendo de facto de forma poco orgánica y sin seguir un lineamiento más estratégico. Evidentemente, ninguna política local o regional puede estar por sobre una estrategia de carácter nacional. Esa es una cuestión que yo creo que no admite ninguna discusión, y en ese sentido, los esfuerzos que se puedan hacer desde las regiones evidentemente deben estar en concordancia con la política pública que se diseñe desde el gobierno central. Y este proyecto me parece que ahí dan el clavo, porque ordena y transforma en algo real y concreto una cuestión que, como decía antes, ya se ha estado realizando, y que además creo yo, y ahí me parece que la discusión en la siguiente tramitación o en la sala y consultar también si esto admite algún tipo de mejora en términos de si es necesariamente una división el estamento que deba generarse, porque esto también tiene, creo yo, y por eso va a ser buena su exposición también, para aclarar dudas. Me parece que tiene una injerencia importante en otras políticas de desarrollo que ya llevan adelante los gobiernos regionales en materia principalmente de desarrollo social, donde se están entregando continuamente fondos a través de, por ejemplo, de las líneas que tiene el FNDR, a organizaciones de la sociedad civil, famosas son todos los proyectos de cámaras de seguridad, de alarmas comunitarias en el pasado, y que en general no dan buenos resultados más allá de una sensación media y subjetiva de mayor seguridad, y me gustaría poder conocer si esto efectivamente conversan todas estas estructuras o se pretende que conversen orgánicamente en términos de su estructura jurídica.
...y administrativa para que finalmente no se estén como duplicando labores o simplemente se estén asignando recursos como micro recursos, proyectos muy chicos con bajo impacto, en desmedro de una mirada regional de carácter más estratégica. Eso, presidente. Ya, entonces vamos a tener que suspender para poder dar cuenta. Este era suyo. Ya, vamos a reanudar la sesión. Bueno, yo también había solicitado palabras, así que voy a aprovechar estos minutos para eso. A ver, lo primero es reafirmar que las funciones en materia de seguridad, al menos en el área de prevención, ya las realizan muchas gobernaciones regionales. Al menos yo lo veo en el caso de la gobernación de la región metropolitana. Hay un despliegue, ¿cierto? Hay, de hecho, recursos públicos que se destinan también a esas labores y lo mejor es poder regularlo a no tener una ley en donde dobleguemos esfuerzos, se realicen las mismas tareas en materia de prevención y, finalmente, eso genere un problema también de poder dar mayor especificidad en el gasto de recursos públicos. Yo creo que eso es necesario y, a propósito de eso, también reafirmo la necesidad de este proyecto de ley. Por cierto, que en materia de la creación de este director de seguridad en el caso de las gobernaciones regionales, solamente mencionar que también está esta misma figura creándose en el caso del proyecto de ley de seguridad municipal, que también pasó por esta comisión, lo revisamos y pasó al otro lado, ¿cierto?, al Senado. Espero que pueda salir pronto, de hecho, ese proyecto de ley, que es sumamente necesario para los municipios también poder contar con una regulación en materia de prevención, así que ahí también hacer los buenos oficios para que ese proyecto de ley pueda salir en lo pronto. Pero esa figura también ahí existe. Y eso es importante, o sea, yo solamente pongo el caso en el ejemplo del municipio de Los Espejos, en donde teníamos concejales que no querían votar a favor de poder contar con un director de seguridad municipal. A pesar de que era una necesidad a todas luces, un tema que también llega a los municipios, es la primera puerta de entrada de los vecinos y vecinas, y lógicamente hacerse cargo de estas materias en el área de prevención. O sea, no estamos hablando de que todas las áreas en materia de seguridad sean objeto responsabilidad, en este caso, de las gobernaciones regionales o de los municipios. Entonces, yo solamente quería consultar cómo se iba a lograr esta coordinación entre las distintas instancias, porque una me queda clara que es que los planes comunales, al menos, van a tener en el área de seguridad una revisión o, más bien, un diálogo, una interlocución con la gobernación regional. Ahí me quedo.
La duda es, ¿cómo va a ser la interlocución, quizás más cotidiana, con el organismo central? Eso quisiera que se pudiera aclarar. Entonces, ahora paso a darle la palabra al asesor jurídico. Ah, no, primero al ministro Elizalde. A ver, una primera consideración general, que quizás debería haber partido yo mi expresión por eso. Hoy día, nosotros estamos promoviendo una actualización del marco normativo para fortalecer nuestra institucionalidad para enfrentar los desafíos que tenemos en materia de seguridad. Y aquí hay dos visiones. Una que es en relación con una descentralización de las políticas de seguridad y que incluso permita dotar de herramientas que hoy día tiene el Estado Nacional a los gobiernos regionales y a los municipios. Hay experiencias comparadas en América Latina que dan cuenta de que así se ha hecho y lamentablemente los resultados son malos. Esto se traduce, para decirlo en términos bien específicos, en la creación de policías regionales o provinciales y policías municipales, que lamentablemente en algunos casos han sido un factor de corrupción y terminan siendo incluso fuerzas estatales al servicio de bandas de crimen organizado y de narcotráfico. Eso no es lo que nosotros creemos que sea necesario hacer en Chile y muy poco lo plantean. La razón por la cual nosotros tenemos fortaleza institucional, por ejemplo, es porque la política en materia de seguridad es nacional y porque tenemos policías de carácter nacional. Y que se puede corromper a un funcionario, pero es más difícil corromper al conjunto de la institución. Entonces, se puede corromper a un policía, pero eso no es lo mismo que corromper a las policías. No sé si me explico. Y por el contrario, en el caso de los países que tienen policías municipales, bueno, basta ver con la situación a propósito del narcotráfico en la comuna o el municipio de Envigado, en Colombia. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que la política de seguridad es nacional porque el fenómeno delictual no reconoce frontera. El tren de Aragua se traslada de una región a otra, de una comuna a otra. ¿Para qué decir? Los grandes centros urbanos donde existen conurbaciones y por tanto se requiere una mirada nacional. Primer punto. Pero segundo punto, ¿significa eso excluir de las tareas de complemento en materia de seguridad a los gobiernos regionales y a los municipios? En absoluto. Por un lado, la política es nacional, pero por otro lado, obviamente que los municipios y los gobiernos regionales pueden contribuir. Entonces, lo que hay que definir es cómo contribuyen. Y por eso está la Ley de Seguridad Municipal que se ha tramitado y que está en segundo trámite, y por eso estamos promoviendo este proyecto de ley porque creemos que los gobiernos regionales pueden jugar un rol fundamental. Entonces, es un primer tema como división conceptual o doctrinal respecto al proyecto. Lo segundo, aquí se ha dicho, lo reiteramos. Hoy día los gobiernos regionales están invirtiendo en seguridad. Lo hacen. El asesor jurídico de la Guarechi va a explicar los detalles, pero estamos hablando de miles de millones de pesos que invierten en seguridad los gobiernos regionales. Entonces, si queremos fortalecer la institucionalidad, lo que necesitamos es que esa inversión tenga la directa coordinación para que sea una inversión que se enmarque dentro de las políticas nacionales que existen en materia de seguridad. Y ahí le corresponde un rol fundamental a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Porque hoy día ocurre que se puede comprar un seguro helicóptero y sin embargo después no hay piloto que lo maneje, por decir algo. Se puede comprar un instrumental moderno, pero que no conversa con el instrumental que utilizan actualmente las instituciones a cargo de la persecución penal. Entonces, claro, se hacen inversiones para Carabineros, para PDI, fiscalía u otras instituciones eventualmente, pero puede ser que sea una inversión que no sea del todo eficiente. Y por eso el proyecto establece que en el ejercicio de esta función, las políticas, planes y programas deberán ser consistentes y estar debidamente coordinadas con la Política Nacional de Seguridad Pública Interior, el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de Violencia y del Delito, y con los instrumentos de gestión y directrices del Ministerio encargado de la Seguridad Pública en este ámbito. Es decir, de ahora en adelante, conforme a esta ley, se puede seguir gastando en seguridad, pero se tiene que gastar en el marco de la Política Nacional de Seguridad definida por el Ministerio de Seguridad. Y eso nosotros creemos que es un avance, porque garantiza que el gasto sea más eficiente. Tercer punto. Esta es una demanda de los gobiernos regionales. Son los gobiernos regionales los que están diciendo, por favor, necesitamos esta herramienta. Y son ellos los que dicen, bueno, creemos una división. Entonces se dice, bueno, con recursos adicionales, no necesariamente, de hecho ya había recursos adicionales con el Royalty Minero y otros, y si efectivamente para un gobierno regional esto es una prioridad, se dice, usted puede crear la división. Lo habilita, pero no se creó.