El nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 117 se declara aprobada. El acta de la sesión 118 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. El señor Prosecretario Don Luis dará lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 127 para hoy 14 de enero de 2025. Se han recibido oficios de su excelencia el Presidente de la República, por lo cual les hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos: el que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro del cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades; el que modifica la Ley 21.442 de Propiedad Inmobiliaria para ampliar las excepciones establecidas respecto a las exigencias previstas en sus artículos 60 y 70; el que modifica la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago.
Oficios de su excelencia el Presidente de la República, por lo cual les hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho de los siguientes proyectos: el que establece el 7 de febrero de cada año como el Día de la Amistad Chileno-Peruana; el que establece el 3 de junio del año 2029 como el Día de la Conmemoración en la región de Arica y Parinacota del Centenario del Tratado de Lima. El informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recayó en el proyecto inicial de moción con urgencia calificada de suma, que instituye el primer viernes del mes de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Funcionaria de la Primera Infancia vía Transferencia de Fondo.
Oficio de la Comisión Especial Investigadora, encargada de reunir información relativa a determinados actos del Gobierno en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación Pro Cultura desde el año 2019 a la fecha, y el control y fiscalización de dichos recursos entregados, por el cual solicita recabar el acuerdo de la sala para prorrogar por 15 días sus mandatos, por existir audiencias pendientes que resultan de gran interés para esta instancia. Proyecto inicial de moción de los diputados señores Goyarzo, Arroyo, Lago Marcino, Mellado, Don Cosme, Palma y Soto, Don Raúl, y de las diputadas señoras Medina y Riquelme, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de facultar al Presidente de la República para convocar a plebiscito en materia previsional.
Proyecto inicial de moción de los diputados señores Isidro Arraza, Valbarría, Donoso y Zafirio, y de las diputadas señoras Bello, Bravo, Doña Ana María, Molina, Muñoz, Sandón y Veloso, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la maternidad subrogada. Proyecto inicial de moción de las diputadas señoras Pérez, Doña Catalina, Astudillo, Mix, Musante y Tello, y los diputados señores Mellado, Don Cosme, Ramírez, Don Matías y Rosas, que modifica la Ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para exigir transparencia en la propaganda y en la acción electoral respecto a la militancia política y el apoyo partidista a las candidaturas declaradas.
Finalmente, Presidenta, comunicación del diputado señor Ulloa, por el cual solicita que el proyecto que modifica cuerpos legales que indica en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, Boletín 17.322-03, actualmente radicado en la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, sea conocido e informado solamente por la Comisión de Hacienda. Esa es toda la cuenta para esta sesión, estimada Presidenta. Muchas gracias, Don Luis. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Vila-Razal, le ofrezco la palabra.
Sí, Presidenta. El proyecto que está en el número 6, lo firmamos varios diputados de la Comisión de Familias, trata sobre modificaciones del Código Civil de Familias, el título de delito contra la familia, el Código Penal y normas sobre familia. Entonces, quiero pedir moverlo a la Comisión de Familias, que es la instancia de todos los diputados que lo firmamos tramitarlo. Muchas gracias, Presidenta. Diputado. A ver, le solicito al diputado Vila-Razal que el proyecto que está en el punto número 6, iniciado en moción de los diputados, señor Vila-Razal, Barría, Donoso y Zafirio, y de las diputadas, señoras Bello, Bravo, Doña Ana María, Molina, Muñoz, Sandón y Veloso, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la maternidad.
La subrogada en el Boletín 17.337-07 pase en sustitución, ¿no? No posterior, sustitución. Ya, que se sustituya la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento por la Comisión de Familia. ¿Habría acuerdo para esto? ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. En votación. Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados. Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa 51 votos, 18 en contra, 3 abstenciones. Aprobada la solicitud. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Romero. Ah, no, que quiere agregar su voto, pero queda en el acta, diputado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay más palabras sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Sobre, si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión Especial Investigadora, encargada de reunir información relativa a determinados actos de gobierno en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación Pro Cultura desde el año 2019 a la fecha, y el control y fiscalización de dichos recursos entregados a través de la Comisión Especial Investigadora 61, para prorrogar por 15 días su mandato a contar del 30 de enero por existir audiencias que están pendientes y que resulta de gran interés para esta instancia. ¿Habría acuerdo? A ver, diputado Undurraga. Entiendo que durante el mes de febrero no hay sesiones, entonces estamos prorrogando por 15 días y eso significa el 15 de febrero, porque eso es lo que acaba de señalar usted. Le voy a pedir al secretario que explique el alcance, porque efectivamente tal como lo dice usted, diputado, puede ser mal entendido, pero no se... Diputado Undurraga, para que no se desarrolle de esa manera, secretario, por favor, si puede explicar cómo se llevaría adelante esta prórroga en lo práctico. Honorable Cámara, conforme al artículo segundo del reglamento, los plazos, entre ellos los de las comisiones, se suspenden en los días feriados y en el cese del receso parlamentario que es en el mes de febrero. No se cuenta esos días. Por lo tanto, comenzaría a correr la prórroga desde el primero de marzo, que es cuando se retoma el trabajo legislativo. Ya, ahora sí, ¿habría acuerdo entonces a la solicitud de la Comisión Especial Investigadora para prorrogar por 15 días su mandato para poder terminar las audiencias? ¿Habría acuerdo? Sí, acordado. Si le parece a la sala, se accedería a la petición del diputado, el señor Ulloa, por la cual solicita que el proyecto que modifica cuerpos legales que indica en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, Boletín 17.322-03, actualmente radicado en la Comisión de Economía, Fomento Micro, Pequeña y Mediana Empresa, sea conocido e informado solamente por la Comisión de Hacienda. Cabe hacer presente que este acuerdo requiere de la unanimidad de la sala. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? No, nadie ha dicho nada. ¿Habría acuerdo? Sí hay acuerdo. ¿No hay acuerdo? No hay acuerdo. Ok. No hay acuerdo. Ya. Iniciando la tabla de fácil despacho, corresponde tratar el proyecto de ley originada en moción que modifica la Ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo vigésimo transitorio correspondientes al Boletín 17.265-09. Para la discusión de este proyecto se otorgará la palabra hasta cinco diputadas y diputados de distintas bancadas, los primeros que se inscriban hasta por dos minutos cada uno. Rinde el informe de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación el diputado Víctor Pino. Diputado Pino, le ofrezco la palabra. Diputado Víctor, le pido disculpas, es que el diputado Undurraga me avisa que había solicitado punto de reglamento, yo no lo vi antes, le pido disculpas, diputado.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, ofrecerle las disculpas al Diputado Pino por interrumpir, pero creo que hay un tema que es muy relevante que ha salido por la prensa, primero para felicitar a la mesa y a la Secretaría, y entendiendo que el debate no se debe hacer aquí, pero a través de los jefes de bancada, informarle a cada una de las mismas en qué va a consistir la reducción del presupuesto de 3.000 millones de pesos que fue anunciado por parte de la corporación en relación a la disminución del presupuesto global que se aprobó en esta sala. Gracias. Gracias, Diputado. Hemos solicitado ya desde la mesa una audiencia con el Ministro de Hacienda para poder tener mayores antecedentes de lo que esto significa, cuáles son sus implicancias, y vamos a informar en cuanto tengamos todos los detalles a régimen interno como corresponde para que todas las bancadas tengan acceso a esa información. Ahora sí, Diputado Víctor Pino tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, paso a informar respecto del proyecto de ley del epígrafe originado en una moción de las diputadas y diputados Giovanna Ahumada Palma, Héctor Barriangulo, Miguel Ángel Calisto Águila, Erika Olivera de la Fuente, Javier Pino Fuentes, Giovanna Pérez Solea y Jorge Zafirio Espinosa, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. La idea o matriz fundamental del proyecto de ley busca establecer una nueva prórroga a las señaladas en el artículo vigésimo transitorio de la ley 20.998, con el objeto de postergar los plazos en que la Superintendencia de Servicios Sanitarios estará facultada para ejercer sus facultades fiscalizadoras sobre los operadores que están sujetos a su competencia.
Los autores del proyecto proponen modificar la ley 20.998 para extender los plazos de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios hacia comités y cooperativas rurales, dado que las condiciones actuales dificultan el cumplimiento de los requisitos establecidos. Argumentan que los desafíos estructurales y operativos agravados por la pandemia del COVID-19 han limitado la capacidad de estas organizaciones para implementar el marco normativo. La ley 20.998 busca profesionalizar los servicios sanitarios rurales mediante regulación tarifaria, licencias de operación y fiscalización estatal. Sin embargo, su implementación ha enfrentado complicaciones debido a la falta de recursos técnicos y financieros, así como la escasez de personal capacitado. A esto se suma el impacto de la pandemia que profundizó las desigualdades en las comunidades rurales, dificultando inversiones en infraestructura sanitaria y limitando actividades esenciales para cumplir con la normativa.
Pese a medidas como la ley 21.401, que extendió los plazos iniciales, los problemas aún persisten. La baja inscripción en el registro de operadores y las dificultades en la constitución del Consejo Consultivo reflejan barreras estructurales que afectan la formalización y calidad de los servicios. Las mesas de diálogo implementadas por organismos estatales han identificado problemas recurrentes, como la falta de asistencia técnica, recursos humanos capacitados y financiamiento. La propuesta plantea nuevos plazos para las fiscalizaciones: 2026 para operadores mayores, 2027 para medianos y 2028 para menores. Los autores destacan que esto permitiría una transición más realista y sostenible, ofreciendo tiempo para capacitar a los operadores, fortalecer el consejo consultivo, facilitar el acceso a financiamiento y preparar adecuadamente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Con esta extensión, los autores esperan corregir el rumbo hacia una implementación efectiva de la ley 20.998, asegurando la sostenibilidad y calidad de los servicios sanitarios rurales. Subrayan que esto fomentará la equidad, la participación comunitaria y el desarrollo sostenible, contribuyendo a mejorar la calidad de vida en zonas rurales. La aprobación de esta prórroga representa un paso crucial hacia la consolidación de servicios sanitarios eficientes y profesionales en estas áreas.
Resumen del contenido del proyecto de ley: El proyecto de ley consta de un artículo único que modifica las letras A, B y C del inciso primero del artículo vigésimo transitorio de la ley 20.998, con el objeto de reemplazar las fechas límite en que entrarían a regir las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto de las distintas categorías de operadores de servicios sanitarios rurales. Trabajo realizado por la Comisión. La Comisión para la Discusión General del Proyecto de Ley recibió como invitados al señor Jorge Rivas Chaparro, Superintendente de Servicios Sanitarios, y al señor José Rivera, representante de la Federación Nacional de Agua Potable Rural de Chile, FENAPRU.
al señor Rufino Evia, dirigente de la Asociación Nacional de Agua Potable Rural, APR Chile, a la señora Denise Charpentier, subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales, de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, quienes de forma unánime manifestaron apoyo para la aprobación del proyecto de ley, cuyas observaciones están contenidas in extenso en el informe de la Comisión. La Comisión sometió a votación única, en general y particular a la vez el proyecto de ley, el cual fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes. Nueve votos a favor, cero en contra y cero abstención. Votaron a favor las diputadas y diputados Chiara Barchesi, Héctor Barría, María Francisca Bello, Nathalie Castillo, Eduardo Cornejo, en reemplazo del diputado Cristóbal Martínez, Marta González, Benjamín Moreno, Emilia Nullado, en reemplazo del diputado Nelson Venegas, y Víctor Pino, presidente accidental en esa instancia. En concreto, el proyecto de ley aprobado por la Comisión en primer trámite reglamentario consta del artículo único siguiente. Artículo único. Sustitúyanse los literales A, B y C del inciso primero del artículo vigésimo transitorio de la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales por los siguientes: A. A partir del 20 de noviembre de 2026 para los operadores clasificados en el segmento mayor. B. A partir del 20 de noviembre de 2027 para los operadores clasificados en el segmento mediano. C. A partir del 20 de noviembre de 2028 respecto de operadores clasificados en el segmento menor. Es todo cuanto puedo informar conforme a lo acordado por la Comisión de Recursos Hídricos y Justificación. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pino. Ofrezco la palabra al diputado Daniel Lelayú. Muchas gracias, señor presidente. El proyecto que se somete a nuestra consideración busca posponer el inicio de la fiscalización de la superintendencia de servicios sanitarios hacia comités y cooperativas rurales. Hemos visto que las condiciones actuales, los desafíos estructurales y operativos y ciertos hechos de carácter fortuito, como fue la pandemia del COVID, han impedido que estas organizaciones puedan cumplir con los requisitos establecidos por la ley 20.998. El proyecto hace referencia al Servicio Sanitario Rural, más conocido como APR, aquel que consiste en la provisión de agua potable y saneamiento sin fines de lucro conforme a lo dispuesto en esta ley con el debido aporte de inversión y capacitación del Estado. Estos APR son de vital importancia en los sectores rurales, especialmente en mi distrito, donde dependen de ellos la llegada de agua a miles de familias, y sin duda, es parte de las preocupaciones diarias de dirigentes de estos comités, como lo han manifestado muchos de ellos: Luisa Valderas, Sergio Rojas de Riachuelo, Matilde Pinol de Millantuey, los concejales Julio Moreira Rionero, Julita Palma de Puyehue, Albrecht, concejal de San Pablo y Javier Muñoz de Los Muermos. Además, Presidenta, las organizaciones de APR suelen estar a cargo de voluntarios quienes con frecuencia no cuentan con los recursos financieros ni técnicos necesarios para cubrir costos como capacitación, registro, licencia de operación, contratación de personal calificado, entre otros. Por lo tanto, y como hemos podido ver en nuestras permanentes visitas a terreno, los servicios sanitarios rurales son demasiado importantes, puesto que no solo ofrecen acceso al agua potable y servicios de saneamiento a los sectores rurales, que de otro modo no contarían con este recurso básico, sino que también juegan un rol preponderante en la salud pública, el desarrollo económico-social, participación comunitaria, entre otros. Teniendo en consideración lo anterior, señora Presidenta, la extensión de los plazos se ve beneficiosa para permitir a las organizaciones rurales poder cumplir con sus obligaciones. En reconocimiento a la gran labor que realizan estos dirigentes de mi distrito, conozco mi voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lelayú. Ofrezco la palabra al diputado Nelson Venegas. Gracias, señor presidente. Quiero partir esta palabra saludando a quienes están en las tribunas y que son gestores fundamentales en esta ley, como es la FENAPRU y APR Chile, organizaciones que reagrupan a esta cantidad de organizaciones a la vez de APR que están establecidas en todo nuestro país. Lo conversábamos hoy día en la mañana en la Comisión de Recursos Hídricos y aquí estamos hablando de organizaciones que satisfacen la necesidad más fundamental, el derecho humano más fundamental que puede existir, que es el derecho al consumo del agua en las localidades rurales, donde muchas veces sobrepasa el 40, el 50% de la gente que vive en esas localidades. En definitiva, lo que estamos hablando es defender la gestión que beneficia a prácticamente la mitad de la población de nuestro país, sobre todo de nuestros sectores rurales.
Y lamentablemente hoy día existe una legislación que no ha atendido a generar los puentes y a facilitar los mecanismos para que se dé cumplimiento como corresponde a la ley 20.998 y su respectivo reglamento. Y eso ha sido y ha generado condiciones para que no exista una estructura fundamental por parte del Estado que tienda a facilitar precisamente las condiciones para que sea posible que estas organizaciones que son dirigidas por personas de manera voluntaria puedan llevar a cabo las cuestiones como deben ser tramitadas. Y esto es fundamental, señor Presidente, porque si esto no se realiza y si no se cumplen los objetivos, la sanción es que pierden vigencia y son entregadas a la privatización estos servicios sanitarios. Por lo tanto, es fundamental prorrogar, pero no solo prorrogar, sino que generar las condiciones de facilidad por parte del Estado, de la Dirección de Obras Hidráulicas, para que sea posible, porque de otra manera estamos avanzando peligrosamente hacia la privatización de los servicios sanitarios rurales. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Venegas. Ofrezco la palabra a la diputada Carolina Tello. Muchas gracias, Presidente. Tal como lo hemos mencionado en otras iniciativas y en general, en lo relativo a las APR, me parece muy importante recalcar la función vital que realizan, en especial en territorios donde el acceso al agua es cada día más complejo. La región de Coquimbo, a la cual represento hoy, es precisamente una de las regiones más afectadas por la sequía, por lo que en los valles interiores la labor llevada adelante de manera participativa y organizada a través de estos APR se convierte en un pilar esencial para acceder al recurso hídrico. Y es por eso que desde el principio de este periodo estamos recibiendo de parte de distintas organizaciones y dirigentes y dirigentas del mundo de las APR y aprovecho de saludar el día de hoy a quienes están presentes en la galería, los dirigentes de FENAPRU y de las APR Chile. En la galería aprovecho también de agradecerles todo su trabajo y reconocerles, por supuesto, todo lo que trabajan para poder avanzar, por una parte, en estas prórrogas, pero también en lo que se requiere una necesidad esencial y de fondo, que es avanzar en la ley que moderniza los servicios sanitarios rurales y que sabemos es un compromiso de nuestro gobierno y que esperamos pueda ingresar prontamente a tramitación para así no solo seguir dando soluciones transitorias, soluciones parche, como se denominan, sino que profundizar en lo que significa una solución de fondo respecto de lo que hoy se requiere por parte de las APR. Así que es de esperar que esta sala el día de hoy pueda apoyar esta prórroga, ojalá por unanimidad, en pos de lograr una mejor gobernanza también hacia el futuro. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tello. Ofrezco la palabra al diputado Víctor Pino. Gracias, presidente. Este proyecto que presentamos junto a otros parlamentarios está principalmente enfocado a poder defender un poco la gestión que tienen los APR en torno a la superintendencia de servicios sanitarios rurales, perdón, servicios sanitarios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se estaba estipulando que iban a ser fiscalizados por la CIS, que fiscaliza a las concesionarias más grandes, ¿cierto? Las sanitarias famosas. Entonces, cuando conversábamos con el mundo de los APR, nos dimos cuenta de que era injusto poder empezar a fiscalizar cuando aún no está la ley 20.998, que está en trámite de poder revisarse completa en un proyecto de ley que aún está pendiente en este Congreso. Por lo tanto, consideramos totalmente injusto empezar a debatir o a fiscalizar, en este caso, a los APR, mediante la superintendencia de Servicios Sanitarios, sin haber tenido todavía los compromisos cumplidos en este Congreso. Es el Estado el que está debiendo un proyecto de ley importante que hemos debatido durante varias semanas en la Comisión de Recursos Hídricos que tiene que ver con respecto a la continuidad de la ley 20.998 y de su implementación. Esperamos, Presidente, que el Ministerio de Obras Públicas se pueda hacer presente para que, posterior a la discusión en esta sala, pueda también acompañar este proyecto en el Senado, ya que sabemos que si no se coloca en tabla en el Senado y si no se discute, todo lo que hacemos en esta Cámara queda sin ningún efecto.
Esto se aprobó por unanimidad, de nueve votos a favor en la Comisión de Recursos Hídricos, por parlamentarios de diferentes bancadas, de diferentes sectores políticos. Por lo tanto, hago un llamado a esta sala a que, al finalizar esta reunión del día de hoy, podamos votar a favor de este proyecto y aprobarlo, ojalá, con unanimidad. He dicho, señor presidente... Muchas gracias, diputado Pino. Con esta se cierra el debate. Iniciando el orden del día, corresponde tratar la solicitud de su excelencia, el Presidente de la República, para prorrogar la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bío Bío, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República. Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora proporcional distribuida entre las bancadas. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado. Muchas gracias, presidente. Nuevamente estamos renovando el Estado de Excepción de la Araucanía, que ha dado algunos frutos, no todo lo que quisiéramos. Llevamos más de dos años en el Estado de Excepción y ya debiéramos haber terminado con los terroristas en la Araucanía y en la Macrozona Sur. Pero, presidente, hoy renovamos el Estado de Excepción. Pero el gobierno, que se llena la boca, que los atentados han bajado y que prácticamente anda todo parejito, todo normal, hasta incluso han hablado de desescalar el Estado de Excepción. Pero, ¿dónde la vieron? Han pasado 14 días desde el inicio del 2025 y llevamos ya al menos dos atentados en las zonas graves. Cuatro camiones, camionetas en Los Álamos, pidiendo la libertad del terrorista Luis Tranamil, el que asesinó al cabo Naim, su oficial, ahora. El segundo ataque, una casa convertida en cenizas de trabajadores en la comuna de Lumaco y una familia completa amenazada. Y el agricultor lo que quieren es que se vaya de ese predio. ¿Y sabe quién se adjudicó ese hecho? La CAM, la Coordinadora Arauca Mayeco, donde el principal terrorista de Chile, Héctor Yaitul, está preso por 23 años por hacer una apología incluso a favor del terrorismo y el levantamiento de sus testaferros, hecho que también lo hizo desde dentro de la cárcel estos días, por eso fue el atentado. Entonces, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo van a dejar que los terroristas que están presos manejen el crimen organizado y el terrorismo desde dentro de las cárceles a sus testaferros hacia afuera? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, digo yo? Y parezco ya disco rayado porque necesitamos continuar con el Estado de Excepción, sí, pero ir más allá, ir a buscar a estos terroristas, fortalecer las Fuerzas Armadas, que no estén parados en ciertos lugares, que parece infraestructura crítica, más que Estado de Excepción. Entonces, si no van más lejos, aquí hay un tema que es principalmente el de protección a la gente que sufre, a los trabajadores, a las pequeñas empresas, que son las más complicadas. Si no vamos más allá, vamos a seguir renovando el Estado de Excepción, pero la verdad es que va a llegar hasta aquí el gobierno, una rebaja solamente hasta el 60% y queremos que efectivamente se terminen con los actos terroristas y se termine por desarticular a todas las facciones terroristas. La CAM no debe volver a existir, la UAM tampoco, la RML, la RMM que está alojada en Temuco, ¿cuándo entrarán a desarticularla? La verdad, esperamos que el gobierno haga más, tiene todo el apoyo de la oposición para ir por más, pero no lo hace por falta de capacidad de gestión y por miedo. Así que lamentablemente vamos a aprobar, pero falta todavía mucho más para poder derrotar. Muchas gracias, diputado Miguel Mellado. Ofrezco la palabra al diputado Estefan Chue. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludo a los colegas presentes lamentando la ausencia del gobierno en la renovación del Estado de Excepción que consideramos, al menos los representantes de la Araucanía, que es sumamente relevante. Le recordamos al gobierno que sigue habiendo terrorismo en la región de la Araucanía. Hace tan solo un par de días ocurrió un nuevo atentado en nuestra región, especialmente en la zona de Lumaco, donde un grupo de encapuchados armados amenazó a una familia, la sacó de su hogar y luego incendió su vivienda, dejándolos con lo puesto. Este hecho ocurrió a sólo 500 metros del sector urbano y evidencia nuevamente la inseguridad que afecta a la región y la falta de control por parte del Estado frente a estos grupos que actúan impunemente.
...hermantes hechos, la Ministra del Interior, Carolina Toá, ha insinuado en diversas ocasiones que podría reducirse o desescalarse el estado de emergencia que actualmente rige la macrozona sur. Esta postura consideramos que es profundamente preocupante y desconectada totalmente con la realidad que enfrentan las familias de la región de la Araucanía. Lejos de significar una solución al conflicto, una medida de este tipo sería un retroceso que pondría en mayor riesgo a las comunidades de la zona, como lo demuestra el ataque incendiario en Lumaco, el segundo que sufre el Fundo El Pino en muy poco tiempo. El estado de emergencia, aunque lejos de constituir una solución definitiva, ha permitido, sin lugar a dudas, contener de alguna forma los niveles de violencia y ha reducido temporalmente el margen de acción de las operaciones terroristas que operan en la región. Sin embargo, es evidente que esta medida no se sostiene en el largo plazo, sino está acompañada, como siempre lo hemos dicho, de estrategias más amplias que ataquen el problema de raíz y que termine por desbaratar a los grupos terroristas lo que hasta hoy día no ha ocurrido. Este gobierno ha apostado por adormecer el problema, esperando que la reducción de las cifras de violencia, que es meramente circunstancial y gracias a la presencia militar, entre otras cosas, sea suficiente para justificar un eventual retiro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, todos sabemos que esto no solucionará nada, el conflicto no va a desaparecer por sí solo y las organizaciones terroristas que operan en la región seguirán fortalecidas y echando más raíces y listas para aprovechar cualquier vacío de autoridad. El gobierno no puede seguir eludiendo su responsabilidad. Es más, está ante la oportunidad única de pasar a la historia como el gobierno que puede desbaratar y poner término a estos grupos terroristas. Cuenta con todo el apoyo de los votos de la oposición y todo el apoyo para que pueda actuar y desbaratar a estas bandas. Lamentablemente, ese apoyo no es aprovechado porque esto no está ocurriendo. Es necesario, por un lado, mantener el estado de emergencia hasta que existan verdaderas garantías de seguridad para los habitantes de la macrozona sur. Por otro lado, sigue siendo indispensable desarrollar, como lo hemos dicho majaderamente, un plan integral que contemple no solo el combate frontal a estas organizaciones criminales para poder desbaratarlas, sino también medidas concretas para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de la región. Pero de verdad, en serio, con muchos recursos, con un plan integral impulsado desde el Ejecutivo, con presencia del Estado en los lugares que están hoy día siendo capturados y controlados por los grupos terroristas y el crimen organizado, cosa que no ha ocurrido. Reducir la presencia militar sin antes haber abordado las raíces profundas de este conflicto solo garantizará que los hechos de violencia, como el reciente ataque de Lumaco, se vuelvan aún más frecuentes. Hago un llamado al gobierno, ya a un año de terminar, que esta es la oportunidad que tiene. Cuenta con el apoyo de la oposición para buscar, a través de una estrategia que no existe porque hasta ahora la hemos pedido siempre y nunca la han exhibido, para desbaratar estas bandas de crimen organizado y de terrorismo que están operando en la macrozona sur. Están los votos, está la voluntad política, es esto una oportunidad y pueden pasar a la historia. No dejen pasar esta oportunidad. Y estoy hablando al aire porque no hay nadie del gobierno aquí presente, pero lo estoy mencionando por lo menos como registro histórico. Nuestros votos están y nuestro apoyo está. Podemos lograrlo, el Estado lo puede hacer. Mientras más tiempo pase, más raíces van a echar esos grupos terroristas, más fuerza van a tener, más recursos van a tener, más presencia y más corrupción también del sistema. Es esta la oportunidad. Vamos a votarlo a favor. He dicho. Muchas gracias, diputado Schubert. Ofrezco la palabra al diputado Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios y en forma especial a todos los funcionarios de la corporación. Lo ocurrido hace unos días en la comuna de Lumaco es una demostración palpable de que eliminar el estado de excepción sería una pésima medida para la seguridad de mis vecinos de la región de la Araucanía y particularmente de la provincia de Malleco. Además, una demostración de que estamos muy lejos de poder vencer realmente la violencia y el terrorismo en la Araucanía. Quiero recordar que el atentado fue a 500 metros de la avanzada militar, de una estructura militar con personal y armamento, algo realmente preocupante. Si esto ocurre acá, imagínense qué es lo que ocurre en los lugares en donde no haya la fuerza militar o escasea la presencia de Carabineros de Chile. El alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, hace esfuerzos humanos con sus pocos recursos para lograr la paz y dar tranquilidad a los vecinos de Lumaco. Un tema aparte es el enorme dolor que genera para las familias la pérdida de sus viviendas, una de las cuales se vio consumida por las llamas. La violencia con la que actuaron, el terror que generaron estas personas jamás será olvidado. Así como tampoco lo han podido olvidar.
Cientos de familias afectadas por el terrorismo que aún esperan que esto se acabe de una vez y para siempre. Voto, por lo tanto, a favor de la nueva renovación del Estado de Excepción en la Araucanía y pido que se apoye con toda la capacidad al Jefe de Defensa de la Araucanía para que hechos como los ocurridos en Lumaco no se vuelvan a repetir. Me opondré con fuerza al desescalamiento y al término de esta excepción, hasta que realmente mostremos que el pueblo de Chile, en la Araucanía, se puede vivir en paz. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. Ofrezco la palabra al diputado Jorge Zafirio. Gracias, presidente. Hoy esta sala debe definir una nueva prórroga del Estado de Excepción de Emergencia en la zona que represento, en las provincias de Malleco y Cautín de la región de la Araucanía. Y que hoy hable en esta materia, colega, por su intermedio, presidente, no es algo al azar, pues miro con preocupación la situación de mi distrito y los anuncios que en el marco de la última prórroga del Estado de Excepción ha hecho la señora Ministra del Interior, doña Carolina Tohá, unas semanas en el Senado. Y me preocupa porque la señora ministra, por su intermedio, habló de un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas en la región de la Araucanía de algunas provincias de la región del Bío Bío. Anuncio que podría poner en riesgo la frágil tranquilidad que se ha mantenido en la región de la Araucanía. Y permítame decir frágil, pues hace menos de una semana la región de la Araucanía inició el año con un ataque incendiario en la comuna de Lumaco, a 500 metros de una base militar. Situación que refleja la más pura falta de seguridad en la Araucanía y lo frágil que es esta. Entonces hay que ser claros, presidente, y por su intermedio, colegas, el Estado de Excepción no puede retirarse de nuestra región, porque ese solo hecho que comenté demuestra lo frágil que es la paz que tenemos en este momento y lo dispuestas que están estas organizaciones de provocar terror en las personas que habitan la Araucanía. Porque esta situación va mucho más allá de una pelea ideológica o simplista de la permanencia de un Estado que se considera excepcional, pero que lleva más de dos años vigente en nuestros distritos. Esto, lamentablemente, es el aprovechamiento político de diversos sectores con el objeto de demostrar quién es más poderoso. Situación que como diputado de la región no puedo permitir. Y esto se traduce principalmente en entender que las comunidades mapuche no son todas terroristas, pero tampoco que toda forma de reivindicación es válida, porque no hay reivindicación que justifique poner en riesgo la vida, el esfuerzo de años y las viviendas de las personas. Pero tampoco está bien estigmatizar a todos como terroristas, que no existen comunidades... Tiempo, diputado Zafirio. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Jorge Ratbeer. Gracias, señor presidente. Lamentar la ausencia del gobierno en esta sala, por cuanto no se puede entender de que cada vez que ellos presentan una prórroga del Estado de Excepción, automáticamente la Cámara la va a entregar. Creo que eso es una falta de respeto a la labor que nosotros realizamos, al trabajo que cada uno de los parlamentarios tiene en su territorio y la opinión que recibe de la ciudadanía, y que uno la entrega y la traspasa en esta sala, y que pretende que el gobierno la escuche. Porque lamentablemente parece que el gobierno no se despliega adecuadamente en terreno para saber lo que la gente hoy día está pensando y lo que se quiere. Votaremos favorablemente, porque no tenemos otra salida, no tenemos otra alternativa respecto a este tema. Pero justamente hablando de salida, no hubiese gustado que el gobierno estuviera acá, para que nos planteara cuál va a ser la forma de salida, cuáles van a ser las alternativas que tiene después de este Estado de Excepción, que, contrariamente a lo que dice su nombre, ya no es excepcional, es permanente, pero en algún momento tiene que terminar. Y para que termine, tenemos que tener un plan de salida. Sé que se ha entregado mayor cantidad de implementación, de tecnología a la policía, pero vemos por otro lado que se reducen los recursos para el Ministerio Público. Por lo tanto, por un lado se entrega ayuda, pero por otro lado se restringe. Entonces necesitamos tener claridad respecto a este tema. De otra manera, este Estado de Excepción, que se ha transformado en Estado permanente, no va a tener una luz al final del túnel. Vamos a seguir permanentemente en esta oscuridad. Lamento que además las reuniones que teníamos con autoridades de gobierno para plantear esta situación en forma privada, hoy día también se han suspendido. Entonces, ¿cómo pretenden que uno automáticamente esté entregando el voto si no sabemos qué información entregarle a la ciudadanía cada vez que nos preguntan qué vamos a hacer respecto después de este Estado de Excepción?
Hay proyectos que están en este Congreso, como por ejemplo, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara, que dice relación con el robo y hurto de insumos y productos agrícolas. El derrobo de madera avanzó, se convirtió en ley de la República. El robo de insumos y productos agrícolas quedó pegado, quedó ahí. El gobierno no le dio urgencia. Y hoy día, paradójicamente, es mucho más grave. Tiene una pena mayor robar una camionada de palos que robar una camionada de trigo, es decir, robar palos es más grave que robar alimento o los insumos que producen esos alimentos. Entonces tenemos una inconsistencia y lamentablemente no se ha colocado el acento donde realmente corresponde. El robo de ganado se aprobó en esta Cámara y está en la Comisión de Constitución y Legislación de Justicia en el Senado, donde existe mayor cantidad de medidas, de alternativas para que se pueda realizar en forma adecuada la investigación. Entonces, claro, no tenemos un plan de salida, tampoco hay un trabajo respecto al tema legislativo en el Congreso, ni en la Cámara, ni en el Senado, donde el gobierno puede entregar por lo menos luces para dónde va este tema. Y lo último, las reparaciones a las víctimas están absolutamente atrasadas con este gobierno. Los gobiernos anteriores, o el gobierno anterior, reparó víctimas que venían de administraciones anteriores. Este, lamentablemente, no lo ha hecho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra a la diputada Gloria Navellán. Estoy consciente de lo que me va a plantear. ¿Diputado? Muchas gracias, presidente. La verdad es que seguimos en esto, llevamos este año, vamos a cumplir tres años de estado de, entre comillas, excepción, porque todos comprenderán que excepción con tres años de duración de excepción tiene bien poco. Se han logrado detenciones, sí. ¿Se han logrado que se disminuyan los atentados? Sí, pero los focos principales siguen existiendo. Temucuicui sigue existiendo, sigue sin entrar nadie a Temucuicui, siguen habiendo adentro de Temucuicui, vaya a saber cuántos fugados de la justicia. Siguen personas dando vueltas por ahí, que se esconden entre Temucuicui, entre Polucopidenco, todos sabemos más o menos en qué sectores andan, pero nadie los pilla. Pero junto con eso, resulta que este gobierno nos pide que renovemos el estado de excepción, que funciona a medias, porque todavía los atentados siguen, al menos en Malleco y en Arauco, y resulta que le rebajan el presupuesto nada menos que a Fiscalía, que es la que persigue estos delitos. Por otro lado, tenemos señales como un consejo de gobernanza para parte del Parque Nacional Villarrica, donde CONAF, que tiene la obligación absoluta del cuidado, protección y mantención de los parques nacionales, cede parte de esto a este consejo conformado por tres personas de una comunidad y dos de la CONAF. Me pregunto yo, ¿por qué motivo CONAF está cediendo con sus derechos? ¿Cuántos atentados han habido en distintos parques nacionales? Muchos. ¿Cuántos parques nacionales pretenderá este gobierno que sigan el camino del Parque Nacional Villarrica? Y a lo mejor queriendo, porque a estas alturas yo lo dudo, a lo mejor queriendo nos están metiendo el veneno donde no deberían de meterlo, porque ojo, acá el Estado es el responsable. Ellos deben cuidar los parques nacionales y, por lo tanto, señor presidente, me parece insólito que este acuerdo se haya hecho donde ni siquiera CONAF tenga la mayoría en este consejo resolutivo. Es impresionante. Yo recuerdo lo que pasó en Los Arenales, en Lonquimay. Los Arenales era un centro de esquí que funcionaba espectacular, administrado por comunidades mapuches. ¿Y qué pasó? Unos años atrás hubo un atentado, quemaron, rompieron todo lo que había y desapareció. Y hoy día las comunidades que son dueñas del terreno no tienen a quién acudir, porque ¿quién va a querer invertir ahí? ¿Para qué? ¿Para que vuelvan a quemarlo? Entonces, por un lado el gobierno nos pide que renovemos los estados de excepción, pero por otro lado no usa los estados de excepción de manera razonable para hacer lo que tiene que hacer. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por falta de cuero, suspendemos la sesión unos minutos.
Ofrezco la palabra a la diputada Flor Weiss. Gracias, presidente. El terrorismo, los ataques incendiarios, los atentados, los robos de vehículos, los incendios hoy día, en esta temporada especialmente, están lejos de desaparecer en nuestra provincia de Arauco. Seguimos golpeados por la violencia, por la inseguridad, por la angustia de cada día, no poder trabajar tranquilos, no poder transitar tranquilos, ni dormir tranquilos. Y si hay una disminución en los atentados, que es real, producto también de la Ley de Usurpación, de la Ley de Robo de Madera, que la hemos tenido que impulsar en este Congreso, en esta Cámara, con los votos, no precisamente del sector oficialista, se ha logrado dar tranquilidad a las personas, pero hoy día eso está lejos de que sea la solución definitiva, ni que volvamos a recuperar nuestra tranquilidad. Hay hechos que han sido tremendamente dolorosos, significativos y de una envergadura, de un nivel de planificación, de un nivel de coordinación de los grupos violentistas, grupos terroristas, las organizaciones de recuperación territorial, que están dando una afrenta al Estado de Derecho. Lo han hecho hace poco la UAM, donde amenazó y reconoció, además, el haber participado en muertes, en quemas, en todo lo que significa la angustia y el dolor permanente de las personas atentando contra la propiedad privada. Y lo han reconocido y han dicho que es parte de su lucha, en la cual no van a claudicar. Han reconocido la violencia, más allá de hacer una especie de blanqueo, pidiendo perdón, que esa no es la forma, pero lo que es la lucha armada, en el fondo violentista, la han reconocido y eso sigue plenamente vigente, por lo tanto, no hay tranquilidad. Hay hechos que todavía no tienen respuesta, no tienen justicia, como es el asesinato de los tres carabineros y la quema. Posteriormente, en la comuna de Cañete, se han detenido a otros involucrados en la quema del Monino Grolmus, un hecho también, casi dos años, que todavía no tiene las sanciones que corresponden. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay hoy día? Todavía impunidad. Si uno conversa, estuve ayer, antes de ayer en Tirúa, claro, hay un poco más de tranquilidad, hay un poco más de poder desarrollar algunas de las actividades de la vida cotidiana, pero todavía no hay el espacio que nos merecemos y que necesitamos. Y hoy día, ¿qué se suma? Se suman ataques que siguen existiendo. La semana pasada, cuatro camiones, camiones aljibe, en el sector de Antiguala, específicamente Pitrinco, en la comuna de Los Álamos, más un vehículo en un espacio prácticamente urbano, una localidad con muchas viviendas a la orilla, a metros de la carretera, donde hay un estado de excepción. Y estos hechos siguen ocurriendo. En la comuna de Los Álamos, atentados incendiarios en un solo día o en dos días, ocho atentados en líneas directas. Ayer escuchábamos y oíamos a los expertos, los especialistas, donde señalan que eso no puede ser de manera espontánea. Van contra el viento, van apareciendo los nuevos focos, o sea, incendios intencionales. Nuevamente, vuelve a tomar intensidad el fuego en la provincia de Arauco. Eso no puede seguir ocurriendo. Muchas gracias, diputada Flor Weiss. Ofrezco la palabra a la diputada Johana Pérez. Gracias, presidente. Efectivamente, necesitamos que el estado de excepción se mantenga en la provincia de Arauco y, por cierto, en la macrozona. Aquí no vale ninguna medida de relajo, ni menos que el gobierno esté pensando en dejar de implementar esto. Al menos en Arauco, no. Y le vamos a exigir al gobierno que lo mantenga, porque es necesario para los habitantes de la zona. Ya se está al debe con el programa Buen Vivir, porque, digamos y seamos bien claros, no ha cambiado las condiciones de las personas en la provincia de Arauco, ni menos de las comunidades mapuches. Creemos que acá el gobierno tiene que dar una respuesta también en cómo le va a rebajar los gastos en materia de seguridad, en materia del Ministerio Público, porque todo está relacionado. Para eso tenemos la Fuerza Armada, para eso están nuestras policías, para investigar, para avanzar en procesos que tenemos que hacer justicia por nuestra zona. Así que todo esto es necesario y vamos a seguir apoyando este estado de excepción. He dicho gracias. Muchas gracias, diputada Johana Pérez, y de esta forma cerramos el debate. En segundo lugar, corresponde continuar con el debate del proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción con el objeto de ampliar...