Cámara de Diputados - Constitución - 15 de enero de 2025

Dios y la patria se abre la sesión. Presco la palabra, señor secretario, para dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Han recibido para la cuenta los siguientes documentos en esta sesión. Tenemos... Tenemos proyecto iniciado en moción del diputado señor Aedo que modifica el Código Orgánico de Tribunales en cuanto a la fecha de la cuenta que debe rendir el presidente de la Corte Suprema al inicio del año judicial. Boletín 17.753. Respecto a este proyecto, además, su excelencia el presidente de la República se presenta en la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que acabo de referir y que tiene que ver con una modificación en cuanto a la rendición de cuenta del presidente de la Corte Suprema una vez al año que el presidente ha puesto espacio el despacho en consideración de que es muy breve. Después tenemos oficio de la Corporación por el cual se comunica que la Cámara de Diputados, a su título el señor diputado Francisco Undurraga, remite a la Hacienda un proyecto...

Reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, habilitando la realización de un plebiscito sobre la continuidad de las AFP, una vez informado esto por la Comisión de Constitución. También tenemos un reemplazo por esta sesión; la diputada doña Paula Labra reemplazará a la diputada doña Camila Flores. Comunicación que también se informa el pareo de la diputada doña Paula Labra con doña Maite Orsini. También tenemos pareo del diputado don Gustavo Benavente con el diputado Leonardo Soto para el día 2, señor Presidente. Tenemos proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para habilitar la realización de un plebiscito sobre la continuidad de las AFP, moción que modifica el Código Penal para postergar el cumplimiento de la pena sustitutiva y ampliar el plazo de la flagrancia de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados. También tenemos una solicitud de la diputada Javiera Morales y Emilia Schneider. Solicitan invitar para el día 21 de enero en la sesión de ese día, ¿cierto?, con motivo del proyecto de ley que exime de trámite y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios al Comité de Barrio Rondizón, integrado por doña Paula Moreno, presidenta, y doña Nixa Belmar, secretaria. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha confirmado la asistencia del señor ministro Jaime Gajardo, acompañado de don Miguel Ángel Cornejo, jefe de la Unidad de Concesiones, y los abogados de la División Jurídica, doña Paula Recavarri y don Francisco Molina. Se excusa el señor director general de Gendarmería de Chile por temas de compromiso asumido, ¿cierto?, y asiste la coronel doña Atenea Crisosto Canales, que también se encuentra presente en representación de Gendarmería de Chile. Doña Camila Maturana Kesten, directora del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas, solicita ser invitada con motivo del proyecto que modifica la Carta Fundamental para incorporar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el sistema electoral. Si así lo dispone el presidente y la comisión, podríamos desde ya dejarlos consignados cuando se pongan en marcha. Si les parece, lo acordamos. Por lo tanto, lo que tendríamos pendiente es para resolver, señor presidente, el número 9 de la cuenta, que es la invitación para el día 21. Pero sí, y él se refiere al representante del comité del barrio Rondizón. Si le parece, le otorgamos 10 minutos para que los dirigentes del barrio Rondizón puedan participar de la primera parte para que den a conocer su opinión respecto al proyecto de cárceles. La sesión del 21. No, no, no, estamos tomando acuerdo. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Muy brevemente, yo quisiera insistir en la necesidad de que el Frente Amplio, como ya lo señalé hace tres sesiones atrás, reemplace de manera definitiva a la diputada Maite Orsini y que no nos haga el chiste que nos hizo hace dos sesiones de reemplazarla por la diputada Catalina Pérez, porque es un mal chiste. Lo que se trata justamente es que son dos personas sobre las cuales existen fundadas dudas y la ciudadanía se pregunta por qué la diputada Catalina Pérez no está desaforada. Y respecto de la diputada Orsini, yo creo que está bastante claro que sería razonable, adecuado, reemplazarla particularmente por la característica que tienen los proyectos que vemos en esta comisión. Entonces, ya lo dije hace tres sesiones atrás y todavía sigue sin ser reemplazada la diputada Maite Orsini y en una de las oportunidades la reemplazaron por Catalina Pérez, que como digo, es un mal chiste o un chiste que no se entiende. No puede participar la diputada Catalina Pérez, me parece a mí, en una comisión donde tenemos constantes tramitaciones respecto de probidad pública. Es un contrasentido. Entonces vuelvo a insistir en la necesidad de que el Frente Amplio presente esos reemplazos a la brevedad. La diputada Paula Labra sobre el punto. Sí, sobre el punto y en la misma línea de lo que plantea la diputada Giles.

Hoy he enviado una carta al jefe de la bancada del Frente Amplio, considerando que la diputada Catalina Pérez ha sido reemplazante en esta comisión, considerando la querella del Consejo de Defensa del Estado por estar involucrada en un eventual fraude al fisco. Por lo tanto, creemos que es totalmente pertinente que la diputada Catalina Pérez no participe en esta comisión, que se ha suspendido temporalmente con el debido reemplazo, así mismo como de las otras comisiones que participa de Gobierno Interior. Entonces, quiero respaldar la solicitud de la diputada Pamela Giles y espero que el jefe de la bancada del Frente Amplio haga caso a esta solicitud en pos de la prioridad y la transparencia en el trabajo legislativo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Paula Labra, diputada Pamela Giles. Vamos a también comunicarnos de manera personal con el jefe de la bancada del Frente Amplio para transmitirle lo que se ha señalado en esta comisión. Y evidentemente, la decisión del reemplazo permanente es justamente del Comité Frente Amplio y de su jefe. Por lo tanto, vamos a transmitir dentro a la brevedad para que puedan tener el reemplazo permanente en la comisión, si así lo tiene bien el Comité, por supuesto. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Tenemos un proyecto de fácil despacho para tratar el proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales en cuanto a la fecha de la cuenta que debe rendir el presidente de la Corte Suprema al inicio del año judicial, boletín 17.353-07, iniciado en moción, y que el gobierno le ha puesto urgencia inmediata, discusión inmediata. Yo quiero ofrecerle la palabra al señor ministro, porque nosotros la verdad es que acogimos este requerimiento por parte del señor ministro, porque efectivamente este año el inicio del año judicial corresponde a un día sábado. Entonces, la idea es un proyecto muy simple que busca que esto se haga en la audiencia pública al siguiente día hábil, en este caso el día lunes. Señor Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta moción parlamentaria efectivamente nosotros la hemos patrocinado como ejecutivo, se le ha puesto de discusión inmediata, tal como usted señalaba, en una moción parlamentaria que lo que busca es realizar esta reforma al artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, principalmente porque el artículo 102 señala que la audiencia pública en la cual se da cuenta del año judicial pasado y se inicia el nuevo año judicial, se tiene que realizar en el primer día hábil del mes de marzo. Sin embargo, en algunos años ha ocurrido que el primer día hábil del mes de marzo cae un día sábado, y eso merma la posibilidad de que la cuenta pública que da el presidente de la Corte Suprema, con el cual se inicia el año judicial, tenga el impacto que debiera tener, puedan asistir todas las personas que debieran asistir, entendiendo que además es uno de los tres principales poderes del Estado. Y por lo mismo nosotros hemos patrocinado esta moción que busca resolver este inconveniente, no solo para este año sino que también hacia el futuro, estableciendo que sea el primer día hábil siempre y cuando no caiga un día sábado y por ende se pueda trasladar esta audiencia al día lunes 3 de marzo en este caso, y eventualmente resolver los problemas futuros que se generen por el calendario hacia adelante. Perfecto. Señor Ministro, muchas gracias. Si le parece a la comisión, no sé si hay alguna observación, algún comentario, es un proyecto bastante simple. Vamos a someter en votación. Sí, por supuesto, en general y particular. Listo. Como sea dispuesto por el señor presidente y acordado por la comisión, se pone en votación en general y particular el proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales en cuanto a la fecha de la cuenta que debe rendir el presidente de la Corte Suprema al inicio del año judicial, boletín 17.353-07. En tanto en general y particular, don Raúl Soto, por favor. Al final, ya. Bueno, doña Paula, la hora está pareada, así que no podía votar. Don Marcos y la vaca, a favor.

Marcos y la Vaca, Doña Pamela Gilés. A favor. También a favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor, Don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Está pareado. Pareado entonces también, con un diputado Benavente. Y tenemos pendiente a Don Raúl Soto. A favor también, Don Raúl Soto. Y, señor presidente. A favor. ¿Raúl Soto votó a favor? Sí. A favor. Sí. Entonces tenemos, señor presidente. ¿Lo incorporamos a diputado Alonso? Ah, diputado Alonso. ¿Lo incorporamos a la votación primera? No, de otro, es fácil despacho. Es un proyecto de fácil despacho respecto del inicio del año judicial. Este año, el año judicial corresponde al día sábado. La idea es que se haga el día sábado. Por favor. Que se extienda la invitación por parte de... Sí, siempre invito. Don Andrés. ¿Vota a favor? ¿Ya? Perfecto. Tenemos entonces seis votos a favor, señor presidente. A favor. Despacho, entonces. Tenemos que designar el diputado informante. Si le parece, diputado informante, vamos a ir en el orden que establece nuestra... Sí, le corresponde. Ahora reiniciamos la lista, señor presidente. Siempre se respete. Comenzamos con don Jorge Alessandri, le correspondería. Se le informa al diputado Alessandri que... Eso vale la pena explicarlo. El presidente pasa al final de la lista durante su mandato porque es el último que vota, el último que todo. Y luego el último a ganar el voto. Por eso pasa al final. Bien. Claro. Alguien tiene que cumplir ese rol. Bien, vamos a... Conforme al orden del día, vamos al punto número dos. Vamos a iniciar la votación en particular del proyecto de ley que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, boletín 17.312-07, con urgencia suma. Iniciado en mensaje, saludamos al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que ya nos acompaña en el primer punto. También a la señora coronel Atenea Crisosto, de la Dirección General de Gendarmería, y los abogados de la División Jurídica del Ministerio, Paula Recavarrini y Francisco Molina. No sé si necesita que los acompañe. Le pido la anuencia a la Comisión para que acompañe al señor Ministro, los abogados de la División Jurídica, Paula Recavarrini y Francisco Molina, y también la coronel Atenea Crisosto de Gendarmería. ¿Sí les parece? Y también lo acompaña, entiendo, don Miguel Ángel Cornejo. Solo por el nombre ya está autorizado. Y don Miguel Ángel Cornejo, que también es jefe de la unidad de concesiones. Es coronel Atenea Crisosto Canales. Coronel, creo yo. No sé, ¿cuál es su...? Si puede prender su micrófono frente a las dudas aquí abajo del micrófono. Jefa del Departamento de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones de Gendarmería de Chile. Y se le menciona coronel. Coronel. Coronel. Perfecto. Sí, no, no. Ya. Bien. No, coronel, está bien. La tradición republicana es coronel. Bien, señor ministro, oriéntenos sobre este proyecto. ¿Han ingresado indicaciones ya? De la diputada Schneider ha ingresado una indicación. Recordemos que tenemos plazo para la indicación hasta el próximo 21 de enero. ¿Tenemos comparado este proyecto?

Bien, el proyecto de ley tiene seis artículos. Señor Ministro, nosotros tenemos plazo de indicación hasta el 21. Hoy día comenzamos, acordamos iniciar la votación en particular, pero yo lo haría con aquello que efectivamente nos genera mayor controversia. No, el acuerdo dice que iniciamos la discusión y votación en particular hoy, pero es parte de la conversación de la comisión, hay un acuerdo. Señor Ministro, le ofrezco la palabra. Vamos resolviendo. Muchas gracias, Presidente. Bueno, entiendo que llegaron algunas indicaciones, entonces quizás esas indicaciones se podrían revisar en esta sesión. Sin perjuicio de aquello, a nuestro juicio, por lo que al menos salió el día de ayer, hay algunos temas que generaron mayor consenso y quizás son los temas que podríamos revisar hoy si es que no hay intención de presentar indicaciones en aquellos temas. Por ejemplo, me salto el artículo primero, Presidente, porque hay una indicación respecto al artículo primero ya presentada. Entiendo que además está la discusión sobre si el artículo primero incorpora otros o más establecimientos penitenciarios. Entonces yo creo que el artículo primero lo podríamos saltar. Respecto al artículo segundo, también había dudas respecto a qué significa priorizará. Entonces quizás los señores diputados y diputadas quisieran presentar algún tipo de indicación. Sin embargo, a nuestro juicio, el artículo tercero, el artículo cuarto y el artículo quinto no fueron objetos de mayores observaciones, al menos el día de ayer. En particular, el artículo cuarto, que establece la disminución de los plazos para la toma de razón, y el artículo quinto, que establece la exención de las ampliaciones del sistema de evaluación de impacto ambiental, podrían ser artículos que discutiéramos hoy y que eventualmente se aprobarán el día de hoy. Bien, ¿cuál es la opinión de los colegas diputados? ¿Les parece la propuesta que hace el ministro? Diputado Sánchez. Me parece en principio bien, y quizás podríamos comenzar por una exposición del ministro respecto a los alcances del artículo tercero y avanzar desde ahí, para saber bien en el fondo cuál es la intención detrás de esto, a qué refiere el procedimiento de emisión de informe, etcétera. Bien, si les parece entonces, vamos a comenzar por el artículo tercero, donde no hay mayor controversia, para que el señor ministro pueda introducir. Muchas gracias, Presidente. Bueno, el artículo tercero principalmente lo que aborda es uno de los aspectos que tiene bastante incidencia en la tramitación de proyectos de inversión y, en el caso nuestro, proyectos que buscan la concreción y construcción de un establecimiento penitenciario. Efectivamente, uno de los trámites que se debe realizar es un trámite que se hace dentro del gobierno o dentro del aparato ejecutivo. Es el trámite de la emisión del informe al que se refiere el inciso final del artículo segundo del decreto supremo 900, que es lo que se denomina, o más conocido como RS, que da el sistema de inversiones y que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Para eso se establece que el Ministerio de Desarrollo Social debe dar prioridad a estos proyectos de cárceles que establece el artículo primero. Eso, aunque pareciera ser algo, uno diría, bueno, pero eso por qué no se establece, o mejor dicho, por qué no se da una instrucción, porque según el banco de proyectos, los proyectos van entrando por etapas o por fecha y se van viendo por el orden de llegada. Entonces, poder darle prioridad implica que podamos pasar al primer lugar de la tabla para el análisis de estos proyectos, y ese es un trámite que toma bastante tiempo dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Puedo dar más detalles técnicos al respecto a cargo de Miguel Ángel, que es jefe del Departamento de Concesiones del Ministerio, para que explique con más detalles técnicos lo que estoy señalando. Bien, le ofrecemos la palabra a don Miguel Ángel Cornejo, jefe de la Unidad de Concesiones del Ministerio de Justicia. Buenas tardes, señor Presidente. Por su intermedio a los honorables diputados, efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Social exige que esté siempre disponible el informe de rentabilidad social.

que da cuenta de si el proyecto es o no una inversión rentable para el Estado. Si bien en el caso de las cárceles no hay proyectos competitivos, es decir, el sistema penitenciario es monopólico del Estado, como las regiones difieren unas a otras en términos de la oferta de plazas y también de la demanda, el Ministerio de Desarrollo Social exige, cierto, que la inversión tenga la rentabilidad suficiente como para poder autorizar. Sin esa rentabilidad social no se pueden iniciar los dos trámites, como por ejemplo los llamados a licitación u otros procesos de similar naturaleza. Quienes aprueban estos proyectos en el Ministerio de Desarrollo Social son como los sectorialistas de la DIPRES, es decir, no solamente ven los proyectos del sector justicia, sino que ven los de otros ministerios. Y como explicaba el señor Ministro, los proyectos se van analizando, estudiando y aprobando en la medida que van ingresando, y este artículo de la ley nos permitiría establecer algo así como una discusión inmediata por parte del Ministerio de Desarrollo Social y por lo tanto acelera los plazos que están asociados a la ejecución de estos proyectos, entiéndase, llamados a licitación u otros de similar naturaleza. Perdón, sí, una consulta. Usted dice, bueno, todos sabemos acá lo que significa el ARS, pero ¿en qué podría agilizar la construcción de las cárceles? Porque lo último que usted dice es que esto podría ser directo o que sea más rápido. Sí, ¿en qué sentido más rápido? Porque el pasar por el Ministerio de Desarrollo Social por la recomendación social implica también un proceso bastante complejo y normalmente los proyectos de inversión se paralizan ahí, digamos. Es el gran cuello de botella. Básicamente que actualmente todos los proyectos de inversión, tal como lo ha explicado Miguel Ángel, ingresan al Banco Integrado Proyecto. Si mal no me equivoco. Y en el Banco Integrado Proyecto se van analizando conforme a la orden de llegada del Banco Integrado Proyecto. Sí, es el artículo segundo del decreto 9.100. La autorización del Ministerio de Desarrollo Social requiere, o sea, es base para que estos proyectos se puedan desarrollar. Lo que nosotros nos estamos diciendo es que estos no tengan que analizarse en cuanto a la rentabilidad social, sino que pasen primero en la lista, directo a la evaluación. Porque quedar en la fila, eso implica ya inmediatamente, Miguel Ángel tiene más claro cuántos meses podría ser eso, pero eso ya implica un retraso en el proceso administrativo. Bien, sobre el punto, Diputado Longton, luego Diputado Hilabaca. Sobre el punto, Presidente, esto no se soluciona modificando el decreto 9.100 del Ministerio de Desarrollo Público. Me parece que esto no es materia de ley. Porque si el Ministerio de Desarrollo Social se modifica el decreto 9.100, lo que corresponde es decir en ese decreto que van a tener prioridad este tipo de proyectos. Porque la regulación respecto a qué proyectos se antecede uno al otro, respecto al orden de importancia, está regulada en ese decreto. Por lo tanto, lo que corresponde, Presidente, es precisamente modificar el decreto. Esto es un tema reglamentario. Porque finalmente lo que vamos a decir es que esto es prioridad, ¿no es cierto? Pero el día de mañana quizás también puedan haber otras prioridades. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? ¿Vamos a dictar una ley distinta? ¿Vamos a dictar otra ley para modificar algo que realmente tiene que ver con una materia reglamentaria? ¿Para qué efecto entonces tenemos el reglamento si finalmente vamos a tener que dictar una ley para poder suplir lo que establece un reglamento? O sea, a mí me parece, Presidente, que es mucho más simple modificar el artículo del decreto 9.100 para efectos de darle prioridad a este tipo de proyectos, precisamente porque hay que dar prioridad a este tipo de proyectos. Modificar el artículo del decreto 9.100 para efectos de darle prioridad a este tipo de proyectos, precisamente porque además te permite la flexibilidad del día de mañana e ir modificando criterios en atención, obviamente, a las necesidades que tiene el país, que en este momento son las cárceles, pero el día de mañana puede ser una materia completamente distinta una vez que resolvamos el tema precisamente penitenciario que tanto nos urge. Bien, Diputado Hilabaca. Sí, Presidente, la misma línea del Diputado Longton. Estaba viendo el inciso final del artículo 2 del decreto supremo 9.100. Primero compartir que esto es netamente a nivel de potestad reglamentaria del Presidente de la República. Esto es parte de la potestad. Pero además, y por lo mismo veo bastante extraño, modificar un decreto a través de la ley. Y ojo que no lo modificamos el decreto. Lo que decimos es que, ¿sabe qué? Se le va a dar prioridad al procedimiento de emisión del informe. ¿Qué dice el inciso final del artículo 2? Dice que la realización de estudios de preinversión y los proyectos de inversión a ejecutarse mediante el sistema de concesión deberán contar como documento interno de la Administración. Documento interno de la Administración. Un informe emitido por el Ministerio de Desarrollo Social. Es el decreto el que establece el requisito.

Y lo que nosotros estamos diciendo es que en el caso de las cárceles, en los estudios de preinversión y proyectos de inversión, les vamos a dar prioridad. Ya, ok, le damos prioridad. ¿Cómo actúa Midexo? Y no en este gobierno, sino que cómo actúa el General Midexo. No tengo personal, está priorizado, pero no tengo personal, hay que esperar. ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que no, lo que queremos es que respecto a esto vaya avanzando. Y además es un informe respecto a la evaluación técnica y económica que ya desarrolló el Ministerio de las Públicas. Entonces, es netamente de gestión. Y este, insisto, es parte de la potestad del Presidente de la República. Potestad reglamentaria. Entonces, yo creo, Presidente, que este tema que nos plantea el Ministro a través del artículo 3 puede ser solucionado de una manera mucho más fácil. Ojo, que en el mismo inciso final del artículo 2 establece una excepción. Dice, parte diciendo, mientras no se cuente con dicho informe, no se podrá iniciar el proceso de licitación. Lo primero que nos dice, con un informe interno nos paran las licitaciones. Los proyectos de ampliación de concesiones en etapa de construcción y operación que constituyan obras de mitigación del impacto vial causado por autopistas estarán exceptuados de contar con el informe mencionado en el presente artículo. Ahí establece una excepción, obvio, y ahí nos agrega que mientras su costo no supera el 5%, pero ¿por qué si el mismo reglamento establece una excepción para los proyectos de ampliación de concesiones en etapa de construcción y operaciones que impliquen mitigación de impacto ambiental, no se hace, o sea, de impacto vial no se hace una respecto a las cárceles? Claro. ¿Otra excepción? Insisto, netamente potestad reglamentaria. Diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al señor Ministro y a todo su equipo, a la coronela, al encargado de concesiones y una consulta precisamente que tiene que ver con concesiones. Aquí se va a autorizar una agilización de todos los plazos y trámites para proceder a la ampliación y construcción, ampliación de penales existentes y construcción de nuevos penales bajo el sistema de concesiones. Y cuando uno analiza la evaluación que hay del sistema de concesiones en materia carcelaria, yo diría que en general todo el mundo tiene una opinión favorable de la construcción de penales a través de este sistema de concesiones y también de la operación, por lo menos en sus actividades básicas. Pero hay una dimensión de la operación de las cárceles que tiene una muy mala evaluación en materia de concesiones, que es lo que tiene que ver con la reinserción social. En Santiago 1 hay una mala evaluación institucional del gobierno anterior, de este gobierno también, y en otros penales también. ¿Qué va a ocurrir con esta ampliación donde se va a destinar a todo el incremento de la población penal, cerca de 20.000 internos, o 15.000 distribuidos en estas cárceles, bajo el sistema de concesiones en lo relativo a la reinserción social? ¿Tienen decisión sobre eso? ¿Cómo lo van a abordar? ¿Van a repetir el esquema anterior que ha sido cuestionado en esta parte? ¿O van a haber mejoras, modificaciones sustantivas? Bien, muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Señor Ministro. Muchas gracias, Presidente por su intermedio. Bueno, primero que todo, el artículo 3º hace una modificación, o mejor dicho, establece una prioridad en el procedimiento que establece el denominado Decreto 900 en su artículo 2º, inciso final, que sin embargo es la Ley de Concesiones de Obras Públicas. El decreto 900 es el que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley del Ministerio de Obras Públicas 164 de 1961, pero es la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Las modificaciones que se le han hecho, el decreto supremo es el que fija el texto refundido de la ley de concesiones de obras públicas. Y por cierto, las modificaciones que se le han realizado, se han realizado mediante ley. Sin embargo, lo que hace también es materia de ley. ¿Por qué? Porque estaba buscando la ley 20.530, que es la ley del Ministerio de Desarrollo Social, que establece el sistema de inversiones públicas. Y ahí, en el sistema de inversiones públicas no hay priorización de proyectos. Todos ingresan al banco.

Integrado de inversiones y se tiene que realizar la evaluación de rentabilidad social en el sistema de inversión pública, en materia de ley, que está en la ley 20.530, que son las competencias que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, si nosotros quisiéramos establecer prioridades, las tenemos que establecer por ley, porque modificamos tanto el decreto o la ley de concesiones de obras públicas y establecemos una prioridad conforme a lo que establece la ley 20.530, que es la ley del Ministerio de Desarrollo Social. Se hace específicamente respecto a la autorización que necesitamos para el desarrollo de este tipo de obras. Solo y quizás por los temas más técnicos de qué es lo que significa esa rentabilidad social, que hay dudas, pero entiendo que había más dudas respecto a la naturaleza jurídica del decreto 900. Bien, diputado Hilabaca. Sí, presidente, me queda claro y retrotraigo respecto al tema de la potestad reglamentaria, pero de todas maneras es posible a través de esta ley modificar eso. Porque si usted nos plantea hoy día que le vamos a dar prioridad, eso no ayuda. Es que, insisto, mi de eso, o sea, y no solamente en estos proyectos, me ha tocado ver miles de proyectos. No tiene razón de ser que exista este informe técnico si ya viene con todos los informes técnicos del ministerio respectivo. Mi propuesta en particular es tratar de avanzar en eliminar estos trámites para estos casos en particular. Y eso implicaría, no es que se le dé prioridad, sino que podría ser incluso a través de una norma que modifique el decreto 900, en orden a también exceptuar lo que aquí estamos exceptuando. Porque la idea es que esto sea permanente, que facilitemos el sistema de construcción, ampliación, reparación, alteración de cárceles. Y ahí además lo dejo también como un anexo. Voy a compartir también la indicación que desarrolla respecto al artículo 1 del diputado Lonton, en orden a que esta ley, lo que hoy día nos entrega, son seis complejos. Eso debería ser abierto a votar, o sea, a definición del presidente de la República. Y punto. Porque no quiero que después tengamos que ampliar, por ejemplo, la cárcel de Valdivia. Qué bueno que no está aquí, pero que tengamos que... Y ahí tenemos que dictar una nueva ley para poder solucionar ese tema. Creo que sería mucho más amplio, pero en particular esto, creo que se debería desarrollar una modificación para exceptuar este tipo de proyectos de este informe que exige, diría mí, eso. Gracias, diputado. Diputado Longton. Presidente, gracias. Tampoco quiero que nos entrampeemos mucho en este artículo, pero tengo una pregunta en específico para que podamos continuar. Hoy día el decreto supremo 900, que el texto ha refundido, etcétera, establece todo el procedimiento, pero si no existiera esta norma, igualmente no podrían darle prioridad, porque revisando el artículo... no se establece que es por orden de ingreso. O por lo menos, quizás si está, me lo podría aclarar, pero si no dice que es por orden de ingreso, esto parecería ser una facultad del Ejecutivo o de la autoridad respecto a priorizar unos sobre otros. Que es una decisión administrativa, finalmente. Hay proyectos de más importancia, de más urgencia pública, y eso, digámoslo, pasa en la práctica. Que hay proyectos que se aceleran más que otros, principalmente porque hay compromiso, hay urgencia, etc. Entonces, ¿para qué es tan necesario esto? Porque finalmente... Igualmente una norma como esta podría incumplirse en la práctica. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no le dan prioridad a esto y le dan prioridad a otros? ¿Va a haber una sanción? ¿Hay un procedimiento disciplinario? ¿Eventualmente sí? ¿Eventualmente no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si el ministro de turno le dice, mire, usted tiene que darle prioridad a estos proyectos, porque estos proyectos son compromisos presidenciales, hay urgencias, etcétera, y no le da prioridad? ¿Qué uno diría con eso? También podría haber un procedimiento disciplinario, porque hay un subordinado que no está acatando la orden de un superior jerárquico. Entonces, a lo que voy, presidente, ¿cuál es la utilidad de esta norma? Si es que igualmente el Ejecutivo, por mediante la gestión que tiene que hacer internamente, pueden priorizar proyectos, obviamente, de acuerdo a las prioridades que tiene el país. Eso. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, diputado Longton. Yo también quisiera hacer algunas consultas en la misma línea. Al señor ministro y también a don Miguel Ángel, que es el encargado de concesiones del ministerio. Porque todos conocemos cómo funciona el Ministerio de Desarrollo Social y, normalmente, estos temas se entrampan por los profesionales que tienen a cargo la evaluación de proyectos al interior del Mideso. Pero yo entiendo y quiero entender...