Cámara de Diputados - Derechos Humanos - 15 de enero de 2025

El acta de la sesión 86 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 87 queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. La instrucción del secretario procede a dar lectura a la cuenta del leedor. En primer lugar, hemos recibido una carta del representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien solicita una reunión entre los días 21 y 24 de enero del presente año. Esta reunión tiene por fin discutir y promover políticas que respalden el derecho de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en línea con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, se hace un llamado a revisar el marco normativo chileno que perpetúa la incapacidad absoluta y la interacción de las personas con discapacidad, contraviniendo los compromisos internacionales adquiridos por Chile. En esta ocasión participará María Soledad Cisterna, ex presidente del Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad, como consultora experta en la materia. En segundo lugar, un oficio 20.158 del secretario general, quien remite a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para los efectos previstos en el artículo 328 bis del reglamento de esta corporación, el oficio de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo que se solicita en conformidad con el literal C del artículo 6 de la ley 20.405, la designación por la Cámara de Diputados de un consejero en reemplazo del señor Cristian Pertusé, quien termina su periodo como integrante del Consejo el 2 de julio del 2025. En tercer lugar, nota de la diputada Carolina Tello, quien solicita se invite a la presidencia de la Organización de Colectividades Extranjeras y Chilenas en la región de Coquimbo, objeto de que aborden la problemática de la hipersexualización de las mujeres negras en Chile, un fenómeno que perpetúa estereotipos discriminatorios, vulnera derechos fundamentales y resulta en discriminación laboral, violencia de género y exclusión social. Se destaca la experiencia y trayectoria de Mary Cortés, presidenta de dicha organización, en la defensa de los derechos de las comunidades afrodescendientes y migrantes, sugiriendo que su participación sea valiosa para proponer medidas que contribuyan a erradicar estas prácticas discriminatorias. Además, presidenta, ha llegado un reemplazo. El diputado Berger reemplazará durante esta sesión al diputado Ruti Coetzee. Y asimismo, un pareo del diputado Berger con la diputada Añán. Por último, presidenta, ha arribado un oficio del Ministerio de Justicia, un oficio en el ordinario 270 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Cajardo Falcón, dirigido a la presidenta de esta comisión. Y que indica que junto con saludarla se dirige a usted con motivo de lo dispuesto en la glosa número 30 de la partida 50, capítulo 1, programa 03 del presupuesto de la Nación para el año en curso, que estableció la obligación de crear antes del 30 de enero del 2025 una Comisión Asesora, denominada Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, que tendrá por objeto asesorar técnicamente al presidente de la República y al ministro de Justicia y Derechos Humanos respecto de las posibles modificaciones legales que puedan realizarse en dicho organismo con el objeto de fortalecerlo sobre la base de los principios de París. Asimismo, se estableció en la glosa indicada que la comisión asesora se integrará por dos representantes propuestos por las y los parlamentarios de las comisiones de derechos humanos y pueblos originarios de la Cámara de Diputados. Para estos efectos, dicha comisión deberá establecer un procedimiento que asegure la observancia de los principios de publicidad, transparencia e idoneidad y no discriminación. En relación a lo anterior, solicito a usted que se efectúe las gestiones necesarias para que dicho procedimiento se efectúe y comunicar al ministerio el nombre de las personas designadas a fin de poder cumplir con los plazos establecidos en la ley de presupuesto de la nación. Sin otro particular, se despide el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esa es la cuenta, presidenta. Muchas gracias y antes de dar la palabra sobre la cuenta, solo para ir resolviendo algunos de los puntos. Bueno, es posible que no tengamos semana distrital, es posible aún. Y por lo tanto, esta... ¿no? Ya, entonces vamos a fijar esa reunión entre el 21 y el 24.

4, con el alto representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Respecto al segundo punto... Lo que digo es que no quiero pelotear a la gente. Entonces, lo que digo es que eventualmente puede que algo pase entre el 21 y el 25 que no nos permita sesionar en la comisión. Entonces, la verdad es que tenemos problemas para que venga el alto comisionado en esa semana y tendríamos que dejarlo para después, en realidad para marzo. Segundo punto, esto es para alerta porque también lo voy a dejar para marzo, que es que hay que nombrar a un consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Acuérdense que la composición del instituto incorpora a dos personas nombradas por la Cámara de Diputados. Una fue nombrada el año pasado que es Paula Salvo del Canto, y ahora hay que reemplazar al señor Pertusé. Entonces, como este es un procedimiento que ya hicimos una vez, la idea es que a vuelta del receso distrital llevemos adelante este procedimiento para que ustedes vayan viendo eventuales candidatos para cumplir con ese cupo. Y respecto del tercero, lo vamos a tener que dejar también para marzo. Respecto del cuarto punto, que es el segundo punto de la tabla, que tiene que ver con la glosa presupuestaria que establece la composición de esta comisión asesora para la reforma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es parte, digamos, del acuerdo al que se llegó y que permitió que el Instituto Nacional de Derechos Humanos contara con los fondos para llevar adelante su tarea durante el año, nos va a corresponder, antes del 30, elegir a dos personas que no son de esta comisión, son externas, con, vamos después a leer bien de nuevo el oficio, porque ahí hay ciertos elementos técnicos que debieran cumplir para efectos de seguir adelante con esto, pero lo vamos a ver en el punto 2, ya porque además vamos a tener que pedir un permiso para poder sesionar en paralelo para poder definir a esas dos personas, ya. Entonces, bueno, no, esto es una, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo de aquí a poder elegirlo la próxima semana para que esté constituido el consejo el 30. Les debo recordar que estas reglas del juego las pusimos nosotros en la ley de presupuesto y si me aprietan un poquito más, las puso la oposición. Ok, pero me estaba saltando una semana, pensé que la próxima semana era distrital, la subsidia, ya. De acuerdo. Bueno, ya. Muy bien. Entonces, vamos a darle la bienvenida a la subsecretaria de Derechos Humanos, recibimos la excusa obviamente del ministro y como lo habíamos establecido en algún minuto, queríamos saber de interés de esta comisión, saber cuáles son los adelantos del Plan Nacional de Búsqueda, justamente a propósito de que incluso hay una iniciativa que vamos a votar en general el día de hoy. Así que, dándole la bienvenida, le cedo la palabra a la subsecretaria, los vamos a hacer al final. Bien, muchas gracias, Presidenta. A través suyo saludar a los diputados y diputadas de la Comisión. Nosotros mandamos una presentación en PowerPoint que nos gustaría poder proyectar para poder contarles cuáles han sido nuestros principales avances en este primer año de implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

Bueno, mientras comienza la proyección, como encuadre general, ustedes saben que el objetivo general del plan es esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte y destino final de las personas víctimas de desaparición forzada de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales. Ese es el objetivo general que está definido en el decreto supremo número 98 del año 2023 y que, a su vez, se desglosa en tres objetivos específicos. El primero es esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas y su paradero. El segundo objetivo específico es garantizar el acceso a la información y la participación de las y los familiares y la sociedad completa respecto de los procesos de búsqueda. Y el tercer objetivo específico es implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la Comisión del Crimen de Desaparición Forzada. Estos tres objetivos, a su vez, cada uno de los objetivos específicos tiene distintas metas y cursos de acción, una matriz de acciones de política pública, digamos, cada una con sus indicadores y con las instituciones responsables. Nosotros estamos actualizando esa matriz para fortalecer un poco más los indicadores. Ya a un año de implementación vamos encontrando, evidentemente, algunas estrategias para fortalecer sobre todo el trabajo de planificación en el mediano y largo plazo. Entonces, en cuanto la matriz está actualizada, yo se las puedo hacer llegar y les podemos presentar bien ordenadamente cuáles son cada una de las líneas de acción con el desagregado de instituciones responsables y sus respectivos indicadores. Eso debiera estar listo en febrero, así que en marzo podemos venir a hacer esa presentación completa. Este primer año ha sido de instalación de la estructura de gobernanza del plan. El órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda es... Igual podemos no hacer la proyección porque el PPT está en el correo, lo pueden compartir y yo se los expongo más fácil. Sí, sí, no hay problema. Claro que es en esta sala, no en esta comisión. ¿Por esta sala? Sí, la presentación en todo caso la tiene la Secretaría de la Comisión y entiendo que la tienen ustedes también en sus respectivos teléfonos. Entonces, este primer año ha sido más bien de instalación de la política pública y de las distintas instancias de gobernanza de esta política. El órgano ejecutor del plan es el Programa de Derechos Humanos que en un inicio dependía de la Subsecretaría del Interior y cuando se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos pasa a depender orgánicamente de nuestra institución y que es entonces el órgano que está encargado de implementar y coordinar las distintas instancias de gobernanza, una de las cuales y diría su principal es el Comité de Seguimiento y Participación, que tiene como mandato conocer, asesorar y hacer recomendaciones para la implementación del plan y el Comité Interministerial de Derechos Humanos que está establecido en la ley que también crea nuestra subsecretaría, que es de alguna manera el órgano desde el Ejecutivo que va acompañando todo el proceso, evalúa, reformula y aprueba cualquier modificación necesaria de hacer al decreto y promueve la mejor coordinación entre los distintos ministerios que están llamados a desarrollar acciones para cumplir cada uno de los objetivos específicos y las metas que establece el plan. En este primer año nosotros el 19 de diciembre hicimos un hito de presentación de los principales avances que están además reflejados en un boletín que entiendo también se les hizo llegar a la comisión. Nosotros en esa oportunidad dimos a conocer la página plannacionaldebúsqueda.cl que diría que es el primer gran hito de avance de la política, es decir, tenemos una nómina única de víctimas de desaparición forzada por primera vez, el Ejecutivo, el Estado, tiene en una sola nómina contempladas a la totalidad de víctimas, están integradas por 1.092 personas reconocidas como víctimas de desaparición forzada y 377 calificadas como ejecutadas sin entrega de cuerpo que para efectos de los estándares internacionales son víctimas también de desaparición forzada. Respecto del total que son las 1.469, tenemos a 307 personas que han sido ubicadas y cuyos restos han sido entregados a sus familiares.

No a propósito de la implementación del plan, sino a propósito de los esfuerzos históricos de búsqueda, liderado principalmente por los familiares y por los ministros y ministras en visita que llevan adelante estas causas. Tenemos además respecto de las 1.469 personas un mapa georreferenciado de trayectorias de las víctimas, es decir, tenemos sistematizada y organizada toda la información oficial que emana tanto de las comisiones de verdad que se han desarrollado como también de los distintos procesos judiciales que se han llevado adelante desde el 90 hasta la fecha. Y entonces en este mapa tenemos a las 1.469 personas con el punto desde el cual fueron detenidas y todos los puntos por los que sabemos y tenemos certezas que pasaron hasta que se les pierde el rastro. Esto está georreferenciado y tiene distintos filtros de búsqueda, es decir, se puede buscar por año, se puede buscar por región, se puede buscar por el nombre de cada una de las personas. Es un ejercicio además bien pedagógico que creo que es importante que podamos tener el mayor alcance posible de difusión. Es una herramienta bien importante y que, como decía, es un hito importante para nosotros porque es primera vez que el Estado logra condensar en una nómina única, no solamente cada una de las víctimas, sino además sus respectivas caracterizaciones, es decir, quiénes son, dónde están, cuántos años tenían en el momento de su detención, cuáles eran sus militancias, etc. Hay una caracterización que emana también de los documentos oficiales que tenemos y es un punto de partida que esperamos vaya nutriendo a propósito de los distintos hallazgos que podamos tener en el plan y por tanto es un mapa que va a ser dinámico. Es posible e incluso deseable que esto vaya nutriéndose y que vayamos encontrando cada vez más información. Por otro lado ya se instala el Comité de Seguimiento y Participación, que como les decía es una de las principales instancias de gobernanza del plan. Está integrada por representantes de sociedad civil, de la academia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y algunas personas de destacada trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos y tiene como mandato conocer, asesorar y hacer recomendaciones en el marco de la implementación del plan. Está instalada también la mesa operativa interinstitucional que coordina los esfuerzos del Poder Judicial, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Servicio Médico Legal, Registro Civil, Policía e Investigaciones, Carabineros, el programa PRAIS, y que es coordinado también por el Programa de Derechos Humanos. Se instaló la Mesa Técnica Interinstitucional de Archivos Públicos, que durante el año 2024 tuvo como objetivo realizar un primer ejercicio diagnóstico de cuáles son los acervos documentales del propio Estado, de las instituciones públicas y especialmente de aquellas que tuvieron a su cargo la administración del Estado durante el régimen dictatorial. Participó el Poder Judicial, el Archivo Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y consolidamos un primer Catastro Nacional de archivos vinculados a la administración del Estado durante el periodo de la dictadura, identificando 54 fondos documentales, son 36.177 unidades de interés. Lo que esto potencialmente es un acervo documental bien importante, es decir, cada una de las unidades de instalación no es una página, una foja, sino más bien una serie de documentos y archivos que ahora durante el año 2025 vamos a tener que trabajar en su digitalización para ojalá ir nutriendo, a propósito de aquello, el acervo documental de la plataforma que con el uso de la tecnología y ciencia de los datos va a permitir cruzar información que es imposible, digamos, para el ojo humano poder leer, sistematizar y organizar. No es imposible, pero tomaría muchísimo tiempo. Tenemos identificación de algunos sitios prioritarios y búsquedas en terreno donde hemos prácticamente triplicado el número de diligencias que se venían haciendo al año durante los últimos años en las investigaciones que llevan adelante los ministros y ministras en visita. Se definió un número de 52 sitios de interés a nivel nacional. Actualmente estamos trabajando en terreno en 37 lugares a lo largo del país. Durante el año 2024 se realizaron 40 diligencias periciales decretadas judicialmente y varias otras diligencias que llamamos prejudiciales a lo largo del país también para estar en condiciones de ir proponiéndole a los ministros y ministras más diligencias en terreno. Y hemos tenido una coordinación con el Poder Judicial, que también diría es bien histórica, en conjunto con la Oficina Coordinadora Nacional de Causas de Derechos Humanos. Hemos hecho ya cuatro encuentros nacionales de ministros y ministras en visita extraordinaria que reúne por...

Primera vez, digamos, a todos los ministros y ministras que tienen jurisdicción y mandato a lo largo del país para poder ir afinando en conjunto con ellos cuáles son esos sitios de interés, cómo vamos a planificar las diligencias, cómo hacemos que esas diligencias sean no solamente lo más operativas posible, sino que también contemplen la dimensión de participación de familiares, que es bien fundamental, y que esa participación pueda además ser acompañada por la institucionalidad, generando de esta manera también garantías de no revictimización en estos procesos y de participación activa de los familiares en la búsqueda. Respecto de la participación en particular, los equipos del programa están mandatados al acompañamiento y desde el proceso de diseño participativo hemos tenido 27 encuentros de víctimas, se ha acompañado a 33 diligencias judiciales en todo el país y generado además, a propósito de este acompañamiento, algunas nuevas agrupaciones de familiares que no estaban agrupados y que han ido, a propósito de estos esfuerzos, también organizándose para poder participar de las distintas instancias. Tenemos habilitados canales de comunicación, ya llevamos seis boletines informativos durante el año 2024 y habilitamos además la página que les mostramos al inicio, donde se va dando cuenta y reporte de cada uno de los avances del plan. Nosotros estamos ahora justamente haciendo un trabajo, como les decía, no solamente de actualización de la matriz, sino de planificación del año 2025, que se va a ver reflejado en esta matriz con los tiempos y plazos, una especie de carta Gantt. A finales del mes de enero tenemos el proceso de cierre de la planificación de la subsecretaría completa, donde, por cierto, el Plan Nacional de Búsqueda y los otros planes nacionales, el de Derechos Humanos y el de Empresas y Derechos Humanos, son tres instrumentos de política pública que organizan buena parte del quehacer institucional general. Entonces también desde ya a disposición de poder comentarles cuál va a ser esa planificación del 2025, cuando la tengamos ya consolidada se las podemos venir a exponer con gusto. Muchas gracias, Subse. Quiero saber si hay comentarios, opiniones, preguntas. Sí, diputado Sandón. Gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria. Dentro de la presentación, en el año 2024 parece que existieron 42 diligencias judiciales. Me gustaría saber cuáles son los resultados, si están teniendo éxito, si tienen un porcentaje de... como saber cómo está siendo en el día a día, si están bien orientados, si están teniendo buenos resultados, si están encontrando lo que se buscaba. Me gustaría saber eso. Gracias, presidenta. Háganle el tiro, diputado Palma, y así la subsecretaria... Saludo por su intermedio a la subsecretaria, y quería preguntarle a la subsecretaria presidenta respecto... Vi una imagen ahí, se ve allá, marina. Y yo hice una solicitud hace unos días, y lo hemos conversado, de esta preocupación por el lanzamiento, el haber arrojado cuerpos al mar. Hay, de hecho, exmilitares que confesaron ser parte de ese plan. Y creo que la identificación de puntos marítimos, como pasó con Martú García, bueno, eso no fue en el contexto de la operación Retiro de Televisores, pero creo que no es menor el poder identificar puntos donde había arrojado cuerpos al mar, en el estilo del Botón de Nácar, que iban atados a fierros, y los fierros, bueno, no se descomponen. Entonces, quería preguntarle por su intermedio si hay algún eje de referenciación al respecto. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, respecto de los resultados de las diligencias en terreno, diría que es bien variopinto. Hay algunas de las diligencias que se han realizado, respecto de las cuales no podemos informar porque están en fases de reserva o porque los ministros y ministras solicitan explícitamente la reserva de aquello. Entonces, a propósito de eso, yo me permito sugerirle, presidenta, que de pronto pudiesen invitar a la Oficina Coordinadora de las Causas para que puedan, desde el mismo Poder Judicial, venir a exponer su balance sobre las diligencias y sus resultados. Porque, como son diligencias justamente judiciales, la verdad es que son ordenadas por los tribunales, evidentemente en coordinación con nosotros. Nosotros, desde el programa, somos parte querellante o parte coadyuvante en buena parte de los procesos, prácticamente en todos los que están abiertos hoy día para víctimas de desaparición y ejecución. Entonces, tenemos allí una coordinación bien eficaz, pero me parecería más adecuado que quizás a la Comisión se pudiera transmitir ese balance desde el propio Poder Judicial.

Ahora, ha habido hallazgos importantes en la colonia Dignidad. Encontramos, por ejemplo, dos búnker hace poco tiempo y estamos realizando diligencias allí. En la mina La Veleidosa estamos reabriendo el pique minero, donde sabemos que hubo más cuerpos que no fueron identificados en su momento en los años 90. Estamos también ahí viendo el uso de nuevas tecnologías que podamos utilizar hoy, que no estaban disponibles en los 90, cuando se realizaron las primeras diligencias en esos espacios de terreno. Y estamos abriendo diligencias también en varias causas, donde tenemos ciertas expectativas de éxito, pero que diría, como son procesos judiciales en los que nosotros no somos quienes, digamos, estamos mandatados a aquello, me parecería más prudente tener esa interlocución directamente con el Poder Judicial. Lo que sí es que varias de esas diligencias han estado siendo documentadas y de hecho difundidas por el propio canal del Poder Judicial, donde de pronto se los podríamos hacer llegar a la Comisión para que pudieran tener ese acceso y ver cómo se ha desplegado el ejercicio en terreno. Y la del diputado Palma. Yo creo que todavía no nos ha llegado el oficio. Nosotros, parte del trabajo en los objetivos, sobre todo en el objetivo 3, que es el objetivo de establecer medidas de memoria y garantías de no repetición, hemos estado trabajando bastante para la georreferenciación de todos los lugares o los sitios de memoria que fueron reconocidos en los informes, que son más de mil lugares que también estamos trabajando en su georreferenciación. Tenemos buena parte de ellos ya bien identificados y son parte del ejercicio de búsqueda que no tiene que ver con la búsqueda forense ni individual, sino de los patrones macrocriminales. De hecho, en el mapa georreferenciado uno puede irse a los lugares donde tenemos mayores concentraciones y hay una descripción también en su cinta de los lugares y los sitios de detención, que también esperamos se vaya nutriendo a lo largo del ejercicio del desarrollo de las trayectorias, porque lo que hay hoy día es el mapa de las trayectorias y el próximo paso es la edición del relato de las trayectorias, que no es lo mismo decir pasó por estos tres puntos que describir el patrón macrocriminal. Por ejemplo, hay momentos donde la herramienta es buena y es muy pedagógica porque cuando uno hace los filtros por año, se ve que hay ciertos lugares donde en un periodo de tiempo determinado hubo una acción represiva consolidada y que entonces nos permite ir haciendo el relato de las trayectorias no solamente individuales, sino también de las trayectorias colectivas, de cuál fue el ejercicio de la represión organizada desde el aparato estatal en persecución de determinados grupos en determinados lugares y con ciertas características. Respecto del tema rieles en particular, es algo que nosotros estamos estudiando para poder venir quizás con una propuesta un poco más concreta, pero es algo que no solamente para nosotros, sino que también para los ministros en visita es bien relevante. Ahora, en la bahía de Quintero, que es donde están principalmente concentrados los relatos, sabemos que se utilizaron rieles también para otros fines, tanto antes como después, entonces la identificación de aquellos que puedan estar o no vinculados al periodo es algo que requiere de una técnica forense acuática que no es tan disponible y es parte de hecho de las discusiones que hemos estado teniendo con las universidades, con las cuales hemos ido firmando convenios, porque evidentemente el desarrollo de nuevas tecnologías en aristas que son, digamos, alejadas para el ejercicio judicial cotidiano, va a ser bien relevante para que evidentemente además el uso de los recursos sea lo más eficiente y efectivo posible. Entonces estamos en esas conversaciones con varias casas de estudio para poder además tener esos análisis en conjunto con otras ramas de las ciencias naturales, físicas y por cierto la dimensión de búsqueda en el mar es una dimensión que vamos a tener que sí o sí trabajar hacia el futuro. Gracias. Diputado Kayser. Muchas gracias, señora presidenta. Tres consultas. La primera es respecto de cuántas personas han sido identificadas hasta el momento que se encontraron en el Servicio Médico Legal, porque ese era un tema que estábamos encima de él desde hace tiempo, es decir, el INDH había propuesto que dentro de lo que era este plan de búsqueda tenía que empezarse o darse prioridad a esto. En su libro del año pasado...

El pasado, creo que fue, señora Presidenta, exactamente, no solamente sobre eso, decía que en general el plan de búsqueda, la lógica indicaba, yo me acuerdo, todavía lo leo con mucha atención, que había que empezar también por la identificación de aquellas personas que se encontraban ya en poder del Estado. En segundo término, o sea, saber cuántas personas han sido identificadas entonces en el Servicio Médico Legal en el curso del último año. Segunda consulta es la siguiente: si no considera la subsecretaria que la opacidad de los juicios que se están llevando de la mano de lo que es el sistema antiguo, que es un sistema inquisitivo, que no permite la transparencia de los procesos, si esa opacidad no está generando más problemas que ventajas a la hora de aclarar qué fue lo que realmente sucedió, dado que estos procesos ya llevan 20, 30 años, y muchos de los antecedentes siguen estando bajo secreto sumario. Es decir, no son accesibles o no debiesen ser accesibles a los investigadores, de acuerdo con lo que es la lógica o el criterio de aquel sistema. Es decir, la modificación de esa norma o el transparentar dichos procesos, sin duda podría ayudar a avanzar en esta materia. El tercer punto, señora presidenta, es el siguiente. El informe Rettig considera y se remite a dos categorías, tres categorías de víctimas, si lo queremos decir. Las personas que fueron víctimas de la represión del Estado en su momento, los uniformados que fueron víctimas de la acción de los grupos paramilitares, y los civiles que fueron entonces víctimas colaterales tanto de atentados como de otras actividades. Yo quiero hacerle una consulta. Así está separado en el capítulo. Y las tres las considera como víctimas de violación de derechos humanos. Y eso es una verdad que ha sido aceptada oficialmente en el Estado de Chile. Quiero saber cuántos sitios de memoria tiene usted para personas que hayan sido o víctimas colaterales, y con ello también víctimas de violación de derechos humanos, o víctimas de asesinatos a través de atentados por parte de los grupos terroristas que operaron en su época. Muchísimas gracias. Subsecretaria, hay varias cosas que lamentablemente las hemos discutido varias veces y uno vuelve a repetirlas. Así que le pido que en las partes que son repetitivas sea un poco más sintética, en aquellas que son nuevas se pueda explayar un poquito más, y después de eso vamos a pasar al segundo punto. La directora del Servicio Médico Legal estuvo aquí dando amplia cuenta sobre el resultado del proceso de las cajas, del catastro a nivel nacional, de todas aquellas piezas que podrían eventualmente ser o no de interés. O sea, se hizo un catastro nacional y yo creo que eso ya se dio una cuenta bien detallada. Entonces, a propósito, Presidenta, de su solicitud, no voy a entrar en mucho más detalle sobre aquello. Sobre lo que a través de suyo, Presidenta, el diputado Kaiser señaló, opacidad, la verdad yo diría, nosotros tenemos un orden democrático de distintos poderes del Estado. Sería muy inadecuado o inoportuno de mi parte pronunciarme o calificar la calidad de los procesos. Lo que yo puedo señalar es que cuando uno mira las experiencias internacionales, y de hecho esto nos pasa mucho sobre todo en los foros internacionales a los que participamos, la experiencia de la justicia transicional en nuestro país es bien ejemplar, no solamente por la cantidad de comisiones de verdad que hemos tenido, sino porque yo diría que es una característica bien única de nuestro sistema que 50 años después las causas judiciales sigan abiertas y los tribunales sigan investigando. Entonces yo destacaría la coordinación que hemos tenido con los ministros y ministras en visita, que ha sido muy provechosa. Los procesos judiciales que se mantienen abiertos, se mantienen abiertos bajo las reglas que el propio legislador ha establecido, de cuáles son los mecanismos y los procesos judiciales a investigar con sus determinados plazos. Si uno lo mira en retrospectiva, evidentemente el sistema penal actual es más moderno, responde mejor a las necesidades.