En nombre de Dios y de la patria, vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy. Buenas tardes a todas, a todos. Estimada secretaria, si hay cuenta, por favor. Sí, presidente. Hay oficio que viene de la Secretaría de la Cámara de Diputados, mediante el cual notifica, como ustedes lo leyeron en la cuenta del día de hoy, que el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica ha sido enviado a esta Comisión de Hacienda en su calidad de comisión técnica. Y también, a solicitud del diputado Andurraga, también en la sala, se acordó que el proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución de la República para evitar la realización de un plebiscito sobre la continuidad de las administradoras de fondos de pensiones se ha enviado a esta comisión, una vez que lo despache la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El primero es simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica que viene directamente a Hacienda. Ha sido cambiada a la comisión técnica. Y también, presidente, hay una carta de las asociaciones gremiales, todas del Poder Judicial, empleados, técnicos, etcétera, para manifestar la grave situación que desde 2020 afecta a los tribunales, especialmente en las áreas de familia, penal laboral y corporación administrativa. Ese resultado señala, por un lado, la falta de actualización de las plantas de jueces, funcionarios, auxiliares y auxiliares de administración de justicia, y, igualmente, por otro lado, el gran número de leyes promulgadas sin los recursos necesarios, lo que ha llevado a una insostenible sobrecarga laboral. Y señalan que, a corto plazo, solicitan una suplementación de 783.929 millones para el presupuesto de 2025. Y en el mediano plazo, la incorporación de iniciativas legales que busquen la reeducación de las plantas y dotaciones, sobre todo en aquellas materias que he señalado, familia, laboral y penal, a partir de 2026. Y la Biblioteca del Congreso, como es habitual, manda entonces el informe de coyuntura económica, donde señala que surge la necesidad de contar con información confiable sobre la dinámica de la economía nacional, incluye información agregada y regional, y análisis de indicadores tan relevantes como el IMAC, IPC, tasa de política monetaria, tipo de cambio nominal, intercambio comercial y algunos aspectos generales del contexto económico internacional. Eso es todo. Nada más. Sobre la cuenta, colega, diputado Donoso, usted estaba haciendo una consulta. La consulta, diputado. No, no me quedó claro. ¿Quién era el que decía que iba a aumentar? ¿La Asociación de Municipalidades o no? ¿Quién? Sí, la penúltima. ¿El Poder Judicial cuál? ¿El Poder Judicial? ¿La que estaba pidiendo los recursos? Sí. El Poder Judicial, sí. ¿Alguna consulta sobre la cuenta? ¿En varios? ¿No? Muy bien. Vamos a entrar entonces a la orden del día, con el objeto de recibir cuatro audiencias.
Respecto del proyecto de ley que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, modificando al efecto el artículo segundo de la ley N° 20.417 y regula otras materias que indica. A su término, tal cual estaba ayer acordado, vamos a proceder a la votación y los plazos de la presentación hasta un máximo de 10 minutos, cuando máximo para poder efectivamente calzar con lo que tenemos presupuestado. Están invitados, bueno, aquí está presente la Ministra del Medio Ambiente, además está el Jefe de la División Jurídica, están además la Superintendenta del Medio Ambiente, las asociaciones municipales que ayer fueron efectivamente solicitados que pudieran hoy día hacer su presentación y otras personas más que están aquí, que nos han pedido los colegas para su presentación, que lo iremos nombrando a la medida que así lo hagan. No sé si usted, Ministra, quiere al comienzo hacer uso de la palabra en algo en particular, en general, del proyecto.
Muchas gracias, Presidente, por su intermedio saludo a los señores diputados. El Ejecutivo ha ingresado una indicación hoy día para aclarar el tema del gasto asociado al informe financiero y entiendo que tenemos una persona de la ADIPRE conectada para que pueda explicar la indicación. Muchas gracias, Presidente.
Bien, gracias a usted, Ministra. Muy bien, Superintendenta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces a la Asociación de Municipalidades de Chile, su Presidente, don Gustavo Alessandri Bascuñán. ¿No está? Nada. Bien, de la Asociación Chilena de Municipalidades, su Presidenta, señora Karina Delfino. ¿Tampoco? ¿Está conectada? A ver, veamos si hay alguien conectado primero, si está la señora Karina Delfino Musa. Bien, entonces vamos a continuar con el señor don Rubén Verdugo Castillo, ex Superintendente y ex Jefe de División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿No está? Ah, por acá está. Adelante, por favor. Si tiene a bien sentarse, puede, si puede, por favor, para que pueda usted, don Rubén, sentarse allí y escuchamos su presentación. Le agradecemos el hecho que, habiéndole recién invitado ayer, haya accedido y haya podido llegar hasta el Congreso.
Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Presidente. A través suyo, saludar a todos los integrantes de la Comisión. Agradecer, por cierto, la invitación. No he traído una presentación impresa, ni tampoco en PowerPoint, sino que esencialmente quisiera, al tenor de la conversación y al tenor efectivamente de la propuesta legislativa que se está discutiendo, de alguna manera poder relevar algunos conceptos, algunas ideas que fueron planteadas en la Comisión de Medio Ambiente en su momento y que creo que es importante que esta Comisión también, de alguna manera, lo tenga en consideración. Cuando uno mira la propuesta, yo no soy abogado, soy químico profesional, por lo tanto me van a disculpar si probablemente cometo algunos errores respecto a cuestiones vinculadas con el lenguaje y el léxico de los profesionales de las leyes. Cuando uno mira la propuesta, por cierto, no cabe ninguna duda que hay una necesidad evidente de potenciar, fortalecer el rol de fiscalización de parte del Estado respecto a lo que es el cumplimiento ambiental. No creo que no hay ninguna duda, no hay ninguna duda respecto de ello. Sin embargo...
Estimados diputados, cuando uno mira en particular la propuesta, caben algunas dudas, digamos, y la principal dice relación, de alguna manera, con la percepción y la sensación que queda que, de alguna manera, con esta propuesta legal, la superintendencia más bien está tratando de homologarse a aquellas cuestiones que hoy día el Ministerio Público está realizando. No olvidemos que hoy día está activa la Ley de Delito Ambiental. Por lo tanto, aquellas cuestiones que dicen relación con la incautación y con una serie de otras cuestiones que están ahí, uno tiene la sensación de que se desdibuja aquella cuestión que la superintendencia ha venido realizando en el tiempo y que, de hecho, es más, la propia superintendente María Claude Plumer planteó en su cuenta pública el año pasado, donde cuando uno miraba los datos, en términos de que históricamente había venido siendo la fiscalización a nivel nacional, el año 2020 se produce un cambio importante, fundamentalmente relacionado con el tema de la fiscalización remota y que significaba, esencialmente, ocupar datos, ocupar los datos que están disponibles, que los regulados tienen, que de alguna manera la superintendencia también estableció con cierta obligatoriedad respecto al acceso a esos datos y, por lo tanto, ir haciendo una evaluación de cumplimiento sistemática y constante en el tiempo respecto a lo que era su labor en particular, dejando atrás, de alguna manera, esa aproximación más tradicional, que muchas veces se entiende que la única manera de hacer fiscalización está relacionada particularmente solo con la inspección, solo con un fiscalizador que va a un proyecto en particular, que se plantea en ese proyecto en lo específico y que levanta información solo de esa realidad. Muchas gracias. Por lo tanto, en ese sentido, Presidente, da la impresión de que, insisto, la sensación es que con la propuesta legal, más allá, efectivamente, de aquellas cuestiones que hice en relación con el aumento de las multas, también una cuestión que ha estado muy en discusión, la sensación es que, finalmente, se busca más bien llevar la superintendencia al estilo de un ministerio público y, por lo tanto, ahí, de alguna manera, se perdería la labor de eficiencia del Estado en particular. Mi impresión, como exjefe de fiscalización y, en los últimos años, también con mucho trabajo en terreno, con los regulados, mi impresión es que debemos aprovechar, finalmente, la oportunidad de hacer un trabajo más eficiente entre distintas instituciones e ir incorporando, así como el Ministerio Público incorporó los modelos de prevención del delito, ir incorporando modelos de compliance en lo que es, de alguna manera, el seguimiento y la evaluación de cumplimiento. Y, en esa lógica, no se requeriría, de alguna manera, en términos prácticos, tantos fiscalizadores, sino que, esencialmente, se requeriría potenciar a la superintendencia en términos de capacidad de gestión de datos, en términos de equipamiento adecuado, en términos de dar, de alguna manera, a los regulados, también la posibilidad de ir incorporando mecanismos de autocumplimiento mucho más efectivos, la verdad. Yo creo que tenemos que repensar, de alguna manera, lo que tradicionalmente hemos venido haciendo como Estado, porque ustedes probablemente lo han escuchado constante y sistemáticamente, acá han venido, contamos con dos superintendentes en esta mesa, en esta sala, y donde, de alguna manera, sistemáticamente, se vienen a venir más y más fiscalizadores. Pero, evidentemente, en mi percepción, 10 años de jefe de fiscalización y, hoy día, viendo la realidad del territorio, evidentemente, ni con 10 o 15 fiscalizadores por región vamos a ser capaces de responder de manera oportuna y adecuada respecto a los requerimientos que, hoy día, en términos de la fiscalización, se requieren. Por lo tanto, en esa línea, de alguna manera, uno dice relación, bueno, tomemos algunos de los aspectos que la propia superintendente planteó en esta propuesta legal, fortalezcamos los ejes preventivos, fortalezcamos la gestión de datos, hagamos muchas más instrucciones que obliguen a los regulados a estar constantemente y sistemáticamente entregando información de indicadores de cumplimiento. Y, por lo tanto, con esa gestión, tengamos, de alguna manera, una mirada mucho más preventiva respecto a lo que es, de alguna manera, buscamos, en términos de lo que es el cumplimiento normativo a nivel nacional. Si me apuran, presidente y estimados diputados, yo creo que, de alguna manera, si uno quisiera dar un salto, finalmente, en el país respecto a lo que es los modelos modernos de evaluación de cumplimiento, evidentemente, esto no pasa con tener más y más fiscalizadores.
Sólo va acompañado de fiscalizadores, va acompañado de infraestructura, de camionetas, de equipamiento, de una escala de financiamiento que probablemente nunca el Estado va a contar. Y por lo tanto en ese sentido uno se pregunta, bueno, aprovechemos aquellas cosas que ya están instaladas, dictémosle mucho más instrucciones a los regulados en términos de lo que se ha venido haciendo. Hoy día se está en conexión en línea con los tanques de relave, hoy día hay conexión en línea con el mundo salmonero. Hay conexiones en línea con parámetros que son sensibles y de alguna manera permitirían, evidentemente, a la superintendencia, en términos prácticos, ir teniendo, con una adecuada gestión de datos, evidentemente, un seguimiento sistemático, preventivo, y aquellos recursos humanos que hoy día tenemos, ocupémoslos eficientemente respecto a lo que es la gestión de denuncias o la atención de contingencia cuando esta corresponda, Presidente. De esa manera, muy resumidamente, yo pongo sobre la mesa una mirada que creo que es importante que esta Comisión pudiese también tener en consideración. Cuando mira uno y con esto termino, aquí no necesitamos un levedán de Hobbes, digamos, un gran monstruo que tiene muchos brazos. Eficientemos la labor que de alguna manera está instalada, la información y las capacidades que están instaladas a nivel nacional. Muchas gracias, Presidente. Muy bien, muchas gracias a usted por su presentación, don Rubén. ¿No se hace alguna consulta a la presentación de don Rubén por parte de los colegas? Vamos a escuchar entonces, lo liberamos. Escuchamos la segunda presentación de don Emanuel Ibarra Soto, también exfiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, Presidente, muchas gracias por ir avanzando. Saludo a los miembros de la Comisión. Voy a decir que mi exposición va a ser de los artículos que ustedes como Comisión les llevaron a evaluar y por lo tanto me voy a referir a esos artículos en relación al informe financiero, para ver si hay una coherencia o no entre esos puntos. Cuando nosotros vimos la tramitación de este proyecto, también me tocó estar, habían dos ideas, ¿no es cierto? Primero, un proyecto necesario, había que fortalecer el servicio, pero también había como una idea común de que el informe financiero se quedaba corto, que finalmente los recursos no alcanzaban para todo lo que se quería ver. Ustedes saben, ahí está el dato, ¿no es cierto?, que el informe financiero reveló una necesidad de 18 funcionarios y funcionarias, y eso se traducía en un valor, ¿no es cierto?, por remuneración que también ustedes lo tienen. Ahora yo voy a evaluar si esos, ¿no es cierto?, 18 son realmente necesarios o bastan para esta reforma. Vamos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Como primer punto, ustedes tienen varias normas que a mi juicio son coherentes, no hay ningún tipo de discusión, que son las que están en pantalla y les va a quedar a ustedes como respaldo, la de tercero autorizado, que son solamente cambios conceptuales que a mi juicio son correctos. Vamos a la siguiente. Otras correcciones conceptuales que también son a mi juicio correctas. Y vamos a la siguiente. Y aquí me quiero detener. Esta norma ustedes la tienen que analizar, está en el informe que es parte de esta Comisión de Hacienda, y esta norma es aquella que le da a la superintendencia la potestad de dictar medidas cautelares, que son medidas frente a un riesgo ambiental. Esta es la norma que a mí me preocupa en particular, que es aquella que le permite a la superintendencia ir frente a riesgos ambientales en casos donde no tiene competencia. Dice, frente a cualquier actividad industrial la superintendencia va a poder intervenir. Y hoy eso no ocurre, hoy la superintendencia actúa por instrumento, cuando hay un permiso ambiental, una RCA, una norma, pero acá, frente a cualquier situación. Y eso implica que los fiscalizadores, que hay casos donde hay una oficina con tres personas, van a tener que estar atentos a cualquier riesgo ambiental que se genere por cualquier actividad industrial. Y si ustedes ven el informe financiero, tenemos ocho fiscalizadores más en tres años y eso es absolutamente insuficiente. Y además hay otro problema, que se van a traslapar las competencias, porque imagínense ustedes, un caso, un ejemplo, una actividad industrial de la región metropolitana genera un riesgo ambiental, la Secretaría de Salud tiene competencias, puede ir por su código sanitario y resulta que aquí va a ir además la superintendencia. Entonces creo que hay un traslape de competencias que se va a generar, además un problema financiero porque los ocho fiscalizadores no van a alcanzar y se va a generar una situación entonces como de mala gestión. Esa es la recomendación que se dio desde el principio.
Fue que si había un miedo a que hubiesen riesgos ambientales no abordados por alguna ley, se dijera que había una facultad como esta, pero solo para aquellos casos donde no hubiese otro organismo competente, porque por lo general aquí va a haber otro organismo competente: Seremia de Salud, CONAF, SAC. Aquí hay un problema, porque no sabemos cuánto más carga va a generar a las oficinas regionales. Vamos a la siguiente. Esta es la manera que yo les quiero mostrar. Que son ocho fiscalizadores, les dije yo bien, el fiscalizador se va a enfrentar a todas estas nuevas cosas según las normas que ustedes les solicitaron revisar como Comisión de Hacienda. Van a tener que ahora hacerse cargo de estas nuevas medidas que son amplias, ¿no es cierto?, frente a cualquier riesgo ambiental de cualquier actividad industrial. Se van a tener que hacer cargo del seguimiento ambiental, que hoy lo ve parte la SMA y parte el Servicio de Evaluación Ambiental. Se van a tener que hacer cargo de las nuevas medidas de restablecimiento de legalidad, a mi juicio medidas muy correctas. Para que ustedes sepan, las medidas de restablecimiento de legalidad simplemente es que cuando la superintendencia dice que un sujeto está incumpliendo, además de la multa, le diga cumpla. Y eso no estaba hasta el día de hoy, pero eso va a ser una medida que se va a tener que ordenar y se va a tener que fiscalizar. También tenemos mecanismos de corrección temprana, a mi juicio también correctos, pero eso también va a involucrar más trabajo para los fiscalizadores y las fiscalizadoras. Y en rojo, al final puse dos cuestiones que me llamaron la atención de por qué no pasaron como normas para que revise la Comisión de Hacienda, porque van a requerir un gasto fiscal. Se crea la nueva facultad de incautación. O sea, ahora los fiscalizadores van a tener que incautar en coordinación con el Tribunal Ambiental. Pero, ¿eso qué va a significar? Va a significar, evidentemente, más trabajo para el fiscalizador, armar una cadena de custodia que tiene también un costo fiscal. Y ese es uno de los problemas que también se ha levantado, que finalmente, ¿cuándo uno quiere incautar algo? Como casos graves, ¿no es cierto? Hoy los casos graves también son delitos ambientales. Entonces, en un caso grave va a querer incautar el Ministerio Público, por un lado, y por otro lado la Superintendencia. ¿Qué pasa entonces? Va a haber un doble gasto, un doble esfuerzo. Por eso me llamó la atención que la incautación no estuviese acá. Y lo otro que me llamó también la atención es la tramitación de denuncias, uno de los flancos más importantes, ¿no es cierto?, del servicio, donde hay más atraso, donde hay más problemas, porque son muchas. En el informe financiero se levantó las denuncias como un tema, pero no pasó ese artículo a la Comisión. Y justamente ahí lo que hace el proyecto es apurar, y está bien, la gestión de denuncias, pero eso va a implicar más trabajo para esos fiscalizadores. Entonces, en mi juicio, ocho fiscalizadores para todas esas tareas es absolutamente insuficiente. Vamos a la siguiente. Otra de las áreas, ¿no es cierto? Estábamos viendo los que fiscalizaban, ahora yo los quiero enfrentar a las personas del servicio que instruyen los procedimientos de sanción. Esas personas también van a tener más trabajo y ahí están en pantalla. Se incorpora el artículo 405 sobre incumplimiento de vías alternativas. La vía alternativa es cuando usted comete una infracción menor, entonces le dicen, no voy a hacerle un sancionatorio, voy a apostar a una medida alternativa, pero eso tiene que tramitarse y cuando se incumple, se generan nuevos procedimientos sancionatorios que esa división tiene que procesar. Y otra vez me llamó la atención que no pasaran a la Comisión estos artículos referidos a esas instituciones que están en el informe financiero. Las modificaciones al programa de cumplimiento, que ahora se aceleran los plazos, y por lo tanto se va a requerir más personal para que esos plazos se cumplan. Las modificaciones al plan de reparación, que hoy van a ser obligatorios, que cuando no se aprueben o se incumplan van a ser infracción, y que además hoy se ven con el Servicio de Evaluación Ambiental, entonces toda esa carga la va a asumir la superintendencia, eso tampoco está. Las modificaciones a las autodenuncias, cuando yo me voy a autodenunciar, el proyecto de ley va a acelerar eso, o sea, dan los incentivos para que haya más trabajo para esa misma área, y se consideran en este caso solo ocho abogados. Y lo que me llama la atención es que esta área no tiene solo abogados, sino que tiene profesionales en ciencias, tiene ingenieros, tiene geógrafos, tiene biólogos, y eso no se ve en ningún incremento, y a mi juicio eso en gestión va a generar un cuello de botella, que finalmente no se va a poder responder a estas nuevas potestades. Vamos a la siguiente. Un funcionario para tecnología, para mi juicio, también es insuficiente, y el informe financiero tampoco considera ningún tipo de funcionario para el área de administración y finanzas con todas las potestades que van a crearse, que van a llegarle a estas dos áreas. Vamos a la siguiente. Y aquí quería detenerme porque creo que el informe financiero parte de un problema. En pantalla ustedes ven una noticia de La Tercera que salió hace un tiempo, y fíjense lo que dice el titular: estudio revela que la Superintendencia del Medio Ambiente requiere aumentar 2,2 veces la habitación para enfrentar la demanda 2025. Es un estudio de Price and Waterhouse del año 2021.
que ni siquiera tenía incorporadas todas las nuevas normas que han salido en este tiempo, normas de emisión, planes. Y fíjense, vamos, para finalizar mi presentación, a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que dijo este informe de Price? Dijo, en ese tiempo, en el año 2021, había 249 funcionarios y funcionarias. Dice el informe, ustedes para poder responder a esa carga, en el 2025, tienen que tener 545 funcionarias y funcionarios. Hoy, de acuerdo a la última cuenta pública, que asume los datos del 2023, hay 290 personas, entonces me imagino que hoy en el servicio hay 300. Entonces, imagínense ustedes, tenemos 300 funcionarios hoy, un informe financiero que dice necesitamos 18 más, 318, 320, y hace tres años, Price decía que el servicio para poder responder adecuadamente, requiere 545 personas. Entonces, a mi juicio, es un informe financiero que no aborda todos los artículos que requieren un costo fiscal y se queda corto frente a las nuevas atribuciones. Y eso yo creo que es un problema que vemos todos los que estamos involucrados en esto. Cuando se crean atribuciones sin presupuesto y sin funcionarios, se termina siendo letra muerta. Entonces, creo que esa es mi conclusión. Es una reforma necesaria, pero con un informe financiero insuficiente, 18 funcionarios no bastan. Gracias, Presidente. Muy bien, gracias a usted, don Emanuel Ibarra. ¿Preguntas para la presentación? ¿No? Bien, pasamos entonces a la última presentación. ¿Las personas de la Municipalidad están conectadas? A ver, segredaria, por favor. La Asociación de Municipalidades de Chile envió un texto por escrito, y se lo está ahora entregando a usted. Ah, la MUC. La MUC. Y la Asociación Chilena de Municipalidades se conectó por Zoom. Ya, entonces vamos a escuchar a la Asociación de Municipalidades de Chile, ¿no? No, sí, le damos su partida a la señora Karina. La señora Karina. Escuchamos, señora Karina. Buenas tardes. Disculpen por no estar presente, pero tuvimos otras cosas hoy día. No sé si está la presentación disponible que enviamos. A ver, señalan acá que no la han enviado. No han recibido nada. Un segundo. Puede compartirlo desde ahí, ¿no? Señora Karina, puede compartirla. Dame un segundo. Estamos ahí a la espera. Yo creo que lo voy a decir nomás, porque no sé si... Me da un poco la tengo acá. No, está bien. Le escuchamos atentamente para poder cumplir con los tiempos que tenemos pronosticados, señora Karina. Bueno, la Superintendencia de Medio Ambiente y las municipalidades van a ser competentes para la fiscalización de los presupuestos. La Superintendencia de Medio Ambiente y las municipalidades van a ser competentes para la fiscalización de las normas de emisión de ruido generado por fuentes fijas. Eso es lo que está señalando el artículo 60 bis. En ese sentido, las competencias municipales, bueno, la Superintendencia de Medio Ambiente va a tener competencia para fiscalizar y sancionar las infracciones relativas a las normas de emisión de ruido generadas por fuentes fijas cometidas por titulares de proyecto y la fiscalización de las infracciones a las normas de emisión de ruido generadas por fuentes fijas no contempladas en el inciso anterior corresponderá a la municipalidad respectiva y su sanción al juez de policía local que fuera abogado con competencia en la comuna que se haya cometido la infracción, el que conocerá en primera instancia las denuncias que se formulen en las municipalidades. Acá me quería detener porque nosotros en los municipios vivimos hartas situaciones que son precisamente ruidos que son no fijados, que no están contemplados en el sistema y que son principalmente yo diría derivadas de algunas patentes que generan algunos inconvenientes en los barrios y también algunas actividades comerciales asociadas a la diversión o al ocio. Y en ese sentido, hoy día un poco ya lo hacemos, pero creo que es importante señalar lo siguiente. El municipio va a poder fiscalizar, es una herramienta importante para resolver los problemas concretos que sufren nuestros vecinos, potenciando el rol ante la ciudadanía y la facultad de fiscalización de los municipios se refiere a los ruidos producidos por fuentes que no requieran una RCA para aprobar. Es importante que la ley no considera una obligación, sino que otorga una competencia y en ese sentido no implica necesariamente una carga extra presupuestaria para la gestión municipal. Y si bien la ley no contempla un traspaso de recursos, que siempre es un problema, obviamente como la ley Cholito que fue aprobada.
Hace poco, y algunas leyes que también siempre están en discusión, sí conlleva una fuente de recaudación, que yo creo que esto es importante señalar, porque a propósito de estas fiscalizaciones, que se podrían eventualmente generar por parte del municipio, las recaudaciones también van a ser para las arcas municipales, debido a que las multas que se van a generar se van a llevar de manera directa a los municipios. Los recursos implicados para realizar estas facultades de fiscalización son dos. Por una parte están los funcionarios y por otra parte están los dispositivos para efectuar las mediciones, que también, como ustedes sabrán, yo soy alcaldesa, entonces muchas veces nos pasa que no tenemos sobre todo los dispositivos. Los funcionarios son finitos, pero también los dispositivos a veces fallan. Respecto a los funcionarios, creo que si bien en general los municipios tenemos pocos inspectores y que hacen un poco de todo, porque las funciones de fiscalización no solamente se van a remitir al tema de ruidos molestos, sino que también fiscalizamos patentes, fiscalizamos temas de tenencia responsable de mascota, temas de basura, entre otros. Entonces, si bien los funcionarios son finitos, creo que se puede también adecuar a estos mismos funcionarios para realizar estas fiscalizaciones y atender las denuncias de ruidos molestos. Hoy día van a tener una facultad que no tienen con esta ley. Y en relación a los dispositivos, que esto sí implica un costo, creo que sería relevante poder incorporar o también señalar que se podrían realizar vía financiamiento los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales ya nos contribuyen con muchas cosas, como por ejemplo las maquinarias para realizar la limpieza de nuestras calles, camiones aljibe, etcétera. Creo que también con algún programa regional podría permitirse precisamente tener mejor acondicionados a nuestros funcionarios y funcionarias municipales. Siempre el tema de los recursos, para finalizar, es un planteamiento que hacemos recurrentemente. A los municipios no nos sobran los recursos. Estimada alcaldesa, se nos congeló la imagen y daba la impresión que estaba en la parte final. Sí, en la parte final. Le escuchamos, le escuchamos. Sí, nos decía que siempre los recursos son un tema importante y obviamente los municipios no nos sobran los recursos, pero también creo que es relevante lo que establece esta ley, que es una medida también de recaudación para los municipios y puede ser una oportunidad. Creo que pocas veces se establecen que los municipios puedan tener algún tipo de compensación y en este caso creo que es importante señalarlo porque también puede ser una cuenta de financiamiento para los municipios. Eso sería, muchas gracias. Le agradezco la presentación, estimada alcaldesa doña Karina Delfino. El diputado don Agustín Romero quiere, al parecer, hacer una consulta. Diputado. Muchas gracias, presidente. Saludar a la alcaldesa, con quien tuve el placer de participar en una actividad muy linda en su comuna, en un conversatorio sobre la esquizofrenia. Así que lo encontré muy interesante. La felicito por la iniciativa, alcaldesa. Yo quiero hacerle dos preguntas bien puntuales. La primera es que, ¿cómo ella, en su carácter de alcaldesa, que va a tener esta facultad de los funcionarios, cómo ve usted la posibilidad de llevar adelante las fiscalizaciones en circunstancias que la ley no establece en ninguna parte la posibilidad de tener el apoyo de Carabineros de Chile, por ejemplo? Y lo segundo, respecto de la recaudación que señala que efectivamente se podría obtener a través de las multas que van en beneficio del municipio, ¿cómo usted puede garantizar o estar segura que los juzgados de policía local, que son entes, bien es cierto, administrativamente dependientes de las municipalidades, pero desde el punto de vista funcional dependen de las cortes de apelaciones, va a asegurarse usted que los jueces de policía local puedan fijar las multas altas que se establecen en esta ley en circunstancias que no existe ningún criterio dentro de la ley para poder aplicar una multa que en verdad pueda ser divorciada. De hecho, podría aplicar incluso menos de una unidad tributaria mensual. O sea, no establece parámetros. ¿Cómo ve usted respecto del financiamiento que podría afectar al municipio? Gracias. Gracias, diputado Romero. Alcaldesa, la escuchamos. Sí, súper buenas preguntas las dos. Porque hoy día lo vemos con otras leyes que también estamos fiscalizando y lo quiero comparar. Porque hoy día la ley nos entrega facultades para, por ejemplo, fiscalizar construcciones irregulares. Y de hecho, muchos de los desalojos que hemos realizado y recuperaciones de casas tomadas han sido vía administrativa por la ley de obra, por la ley de construcción.
Y eso ha sido importante porque la DOM es la que fiscaliza y la que pasa las multas y luego de una serie de fiscalizaciones, finalmente se determina la inhabilidad y luego la demolición. Y esas fiscalizaciones nosotros a veces las coordinamos con Carabineros, pero a veces las hacemos con nuestros propios inspectores municipales, dependiendo de la peligrosidad del lugar donde uno acude. En general, las fiscalizaciones que son con un riesgo para los funcionarios y funcionarias municipales, siempre existen las coordinaciones con Carabineros que se realizan, yo diría, de manera bastante informal, pero bien efectivas, o a través de la mesa jurídico-policial, o a través del STOP, o a través del Consejo de Seguridad. Creo que este tipo de instancias, no sé si a lo mejor incorporando, por ejemplo, esta misma modalidad, hace retrasar la tramitación de la ley, pero se podría establecer que podría eventualmente existir una coordinación con Carabineros, si es que así lo estima el municipio. El municipio sabe cuáles son los lugares peligrosos o no. Nosotros en general sabemos cuáles son los lugares que hay que concurrir con Carabineros, o lo mismo inspectores, los mismos funcionarios dicen en este caso es mejor ir con Carabineros. Entonces a lo mejor se podría señalar como una recomendación que podría hacer el municipio. Y por otro lado, respecto a las multas, también es un tema, porque a nosotros nos pasaba muchas veces acá en el municipio que ante situaciones que eran difíciles o peligrosas, por ejemplo, temas de patentes de alcohol, a veces fiscalizaciones nocturnas o también fiscalizaciones de obra, se hacen las fiscalizaciones que son complejas y finalmente llegan al juzgado policial local y el juez o jueza, en este caso jueza, muchas veces rebajaba esa multa y existía, por cierto, una frustración en los funcionarios. En este caso también podría existir la no recaudación del municipio, siendo que esta es una de las acciones positivas que establece la ley que se está discutiendo. Creo que en ese caso es sumamente importante también, si bien no dependen de nosotros los juzgados, que exista una conversación respecto a la importancia que esto tiene para un municipio eventualmente, pero también que se pueda justificar de buena manera. Yo también he tenido por experiencia que cuando las multas son bien justificadas, en general se tienden a no bajar. Nos pasa hoy día, como comentaba, con las patentes de alcoholes, también nos pasa con las infracciones en materia de obras y creo que sería una buena manera de entenderlo como una de las competencias que podríamos tener y facultades, pero no la exclusiva responsabilidad del municipio. Entonces creo que está bien plantearlo de la manera que se hace porque es parte también que podría ser de nuestras fiscalizaciones que hacemos permanentemente como municipio. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta más que le va a hacer el diputado Donoso. Muchas gracias, presidente. Me llama la atención el argumento que este proyecto le dotaría recursos ya que las multas serían a beneficio municipal. Pero estas multas de beneficio municipal tienen una afectación, son destinadas a acciones para cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, no es que le dote de nuevos recursos, sino que le da una obligación de usar esos recursos. Estos proyectos que le dan más atribuciones de fiscalización requieren de más fiscalizadores y de elementos para fiscalizar y estos recursos no los va a poder utilizar en eso. Y por otro lado, la Asociación Chilena de Municipalidades nos manda una minuta que dice exactamente lo contrario. Entonces, me cuesta entender esta doble apreciación. Por un lado, usted agradece que lleguen nuevos recursos que, por lo que dice la ley, están destinados al medio ambiente y no reclame la necesidad de nuevos fiscalizadores si tiene nuevas facultades para fiscalizar. Bueno, nosotros siempre estamos planteando la necesidad de tener mayores recursos humanos. Lo dije en una anterior, de hecho, presentación que se realizó también en una comisión a propósito de la fiscalización y materia de responsabilidad de las ferias libres. Y también lo hemos realizado respecto a la tramitación que se está realizando en cuanto a poder facilitar la tramitación de los planes reguladores. Que finalmente todo exige mayores recursos humanos y mayores dotaciones. Y no pasa solamente por los recursos, sino que también por la limitación que tenemos en las contrataciones. Nosotros no podemos contratar infinitamente, sino que hay una limitación orgánica en la contratación de las personas que trabajan en nuestros municipios. Creo que a pesar de las otras leyes, esto establece un aspecto positivo, que es la recaudación. Generalmente el resto de las normativas que se han estado legislando solamente generan la posibilidad de fiscalizar y no la posibilidad de recaudar. Entonces creo que este es un aspecto positivo de la ley, la posibilidad de recaudar. Evidentemente que siempre hay distintas visiones por parte de los municipios. Nosotros quisimos destacar esta posibilidad de recaudar.
Cómo va a pasar con esta recaudación a lo que va finalmente a utilizarse esta recaudación, que son los temas medioambientales. También en medioambiente nosotros tenemos mucho que decir. Por cierto, el tema de la lecholito tiene mucho que tenerse responsable y que tiene que ver muchas veces también con temas medioambientales, pero también en la fiscalización de temas de microbasurales, etcétera, que muchas veces no tenemos tampoco los recursos para hacerlo y que también va en directa relación con el cuidado del medioambiente. También, por cierto, temas de educación ambiental, biodigestores, reciclaje, compostaje, que muchos municipios han sido pioneros en eso, como en el caso, por ejemplo, de La Pintana. Pero creo que en este caso lo que quisimos destacar, por cierto que siempre nos faltan recursos y eso es una realidad, y siempre nos faltan inspectores, y siempre nos faltan también más personal para poder hacer las distintas responsabilidades y atribuciones que tenemos, pero quisimos destacar que esta ley permite también la recaudación, que creo que es un aspecto positivo.
Muy bien, muchas gracias, alcaldesa. Señora Karina Delfino Musa, ¿no hay más preguntas para la alcaldesa? Muy bien, vamos a ir entonces a la última presentación. La liberamos absolutamente y le damos las gracias por haberse podido conectar con esta comisión, alcaldesa. Muchas gracias.
Bien, el señor don Cristian Franz, abogado y ex superintendente del medio ambiente. Don Cristian, tome asiento, por favor. Buenas tardes, bienvenido y gracias por haber acogido la invitación. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los distinguidos, distingidas diputadas y diputados de la comisión. No tuve desafortunadamente tiempo para preparar una presentación como me hubiera gustado porque la invitación la recibía a las 11 de la mañana, pero escuchando el debate que se está dando acá, es cierto, el proyecto de ley tiene un conjunto de temas que son súper relevantes con respecto al quehacer de la superintendencia, pero me parece importante profundizar un poquitito en este concepto del artículo 60 bis y en lo que se refiere a la fiscalización de ruido.
En primer lugar, hay que decir que, bueno, a mí me tocó dirigir la superintendencia cuando ésta lleva apenas un año de funcionamiento, de instalación. Yo fui superintendente entre el 2014 y el 2018, y en esa época ya empezamos a recibir una cantidad enorme de denuncias en materia de ruido. Cuando la superintendencia empieza a desplegarse y empieza a ser conocida, digamos, por la ciudadanía, el tema más importante... Aquí el que llamó inmediatamente al uso de las competencias de la superintendencia fue justamente el del ruido. Ustedes deben saber, porque en la Comisión de Medio Ambiente ya se discutió, las denuncias que recibe la superintendencia como promedio anual son del orden de 5.000. Y de aquellas, aproximadamente el 50% corresponden a denuncias relativas a ruido.
Ahora, la gran mayoría de estas denuncias de ruido, esto es histórico, como digo, desde el 2014 en adelante, la gran mayoría, más del 50%, seguramente cercano al 60% de estas denuncias de ruido, tienen que ver con actividades de esparcimiento. O sea, tienen que ver con el pub, tienen que ver con el restaurante, tienen que ver con la fiesta, con la actividad deportiva, hasta con los circos, digamos, ¿no? Bueno, como digo, la gran mayoría de estas denuncias de ruido se refieren a temas de esparcimiento, pero también hay un porcentaje que no es menor. Estamos hablando, no sé, yo creo que los datos más recientes a lo mejor son distintos, pero por lo menos en mi época era del orden del 40% de denuncias que tenían que ver con actividades industriales. Muchas denuncias en lo que se refiere a actividades de la construcción del sector inmobiliario.
Entonces, dicho eso, yo la verdad que... Tiendo a coincidir con lo que se ha dicho acá, la superintendencia no es un ministerio que carece de recursos suficientes para ejercer su función. Muchas veces me tocó venir acá a pedir más plata, a pasar el sombrero, y siempre me iba decepcionado porque efectivamente los recursos escasean y desafortunadamente para el tema ambiental escasean aún más. Yo recuerdo que el presupuesto de la superintendencia durante por lo menos tres años consecutivos fue menor el presupuesto que se le entregaba a la superintendencia de casinos. Y si uno piensa que la superintendencia de casinos tiene...
No sé, catorce fiscalizados, digamos, que son los casinos, y al mismo tiempo ve a la Superintendencia del Medio Ambiente, que tiene más de 16.000 unidades fiscalizables. Entonces, uno dice, aquí hay una asimetría, ¿verdad? Entonces, yo veo con buenos ojos, la verdad, esta propuesta que hay de, de alguna manera, desahogar a la Superintendencia de lo que tiene que ver con la fiscalización y la sanción de las denuncias relativas a ruido por actividades de esparcimiento. Creo que la opción de entregar esta competencia a los municipios no viene sino a plasmar una cuestión que personalmente planteé desde el inicio. Yo siempre he dicho que los temas de ruido asociados a un PAP no corresponde que sean revisados y fiscalizados y sancionados por la Superintendencia, porque en un contexto de escasez de recursos, lo lógico es que una Superintendencia del Medio Ambiente esté más bien enfocada en todos los proyectos y actividades que tienen un potencial de afectación grave sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas de una manera permanente. O sea, porque es evidente, ¿no es cierto?, que el ruido generado por un PAP, por mucho que este sea reiterativo todos los fines de semana, digamos, es evidente que no compite desde el punto de vista de la gravedad y de la potencial afectación con lo que puede ser la contaminación de un río, por ejemplo, derivado de alguna actividad industrial. En consecuencia, parece lógico que estos escasos recursos sean más bien destinados a actividades que tienen un potencial de afectación más significativo que el que puede tener el ruido generado por un restaurante o por un PAP. Ahora, los municipios, a ver, para poner en contexto, la Superintendencia tiene, y como resultado de esta pobreza franciscana, tiene un promedio de seis fiscalizadores, creo, hoy día por región. En una región como la región de Antofagasta, por ejemplo, que es una región eminentemente minera, uno esperaría que los fiscalizadores estén enfocados principalmente en la actividad minera, y no que un fiscalizador tenga que programar y hacer toda la logística necesaria para ir a medir ruido a la una de la mañana a un PAP en la costanera. Entonces, a mí me parece que los municipios tienen esa capacidad, lo decía acá la alcaldesa Delfino, sin duda siempre van a faltar recursos, van a faltar probablemente inspectores municipales, pero con seguridad la Municipalidad de Antofagasta tiene, ella sola, más inspectores municipales que todos los fiscalizadores de la Superintendencia para la región de Antofagasta. En consecuencia, creo que hay un hecho evidente que justificaría y que justifica, a mi juicio, el poder avanzar en estas modificaciones, entregarle a los municipios esta función que hoy día la tiene la Superintendencia, que no hace sino distraer recursos que perfectamente pueden ser abordados por otro organismo. También es cierto que esto genera recursos para el municipio a través de las sanciones que imponga el juzgado de policía local, porque el destino de esos recursos provenientes de multas de esta naturaleza, si bien están asociados a temáticas ambientales, perfectamente podrían ir a financiar, por ejemplo, la compra de un sonómetro o la capacitación de un inspector especializado en materia de ruido que pueda manejar un sonómetro, y eso enmarca perfectamente en lo que son el destino calzado de las multas generadas por inspecciones ambientales, en el sentido de que tengan que ser empleadas para fines ambientales por el municipio. Bueno, con respecto al texto mismo, la verdad que claro, siempre y eventualmente se pueden hacer precisiones. En general, a mí el texto que leí del 60 bis me parece que es bastante claro, creo que deja poco lugar a incertidumbre y a interpretación. El sentido y alcance del texto apunta claramente a la necesidad de que lo que se está dejando acá en manos de los municipios son las actividades de esparcimiento. Se dice explícitamente que las actividades y proyectos que tienen RCA o que debieran tenerla, así como todas las actividades productivas en general, incluso se dan ejemplos, ¿cierto? Quedan dentro del ámbito de las competencias de la Superintendencia, lo cual me parece adecuado, porque como dije al principio, es en la actividad industrial donde la Superintendencia tiene que ser aprovechada como establecimiento.