Senado - Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales - 14 de enero de 2025

Damos la bienvenida a los señores senadores y vamos a dar comienzo entonces a esta Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales de hoy, el 14 de enero del 2025. Tenemos dos puntos en la tabla. En primer lugar, continuar con el análisis y estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre administración del borde costero y concesiones marítimas y, posteriormente, vamos a terminar lo que nos queda pendiente de las indicaciones de sanidad turística y, como no han sido retiradas, pueden ser votadas una vez que combinemos el punto número uno de la tabla. Para ese punto, vamos a esperar a la ministra de Medio Ambiente, que deberá llegar entre 13:15 y 13:30, porque además se entendería el momento para despachar el proyecto de ley desde esta comisión. Entiendo que va a la Comisión de Hacienda, ¿no? Que va a la Comisión de Hacienda, no, el de 19.300. Tenemos invitados al punto número uno, que es respecto a la legislación relacionada con concesiones marítimas, al señor asesor legislativo del Ministerio de Bienes Nacionales, don Luis Felipe Sepúlveda. Entiendo que está por Zoom. Bienvenido, don Luis Felipe. De la oficina ELAV, la abogada y académica de Derecho Ambiental, la señora Paulina Riquelme. Bienvenida, Paulina. Y después del punto número dos, llegarán en su oportunidad la gente del Ministerio de Medio Ambiente que acompaña a la ministra. Bien, entonces vamos a comenzar la exposición de la señora Paulina Riquelme. Tenemos alrededor de, para la exposición y después para responder inquietudes y preguntas, alrededor de 30 a 35 minutos, así que tenemos tiempo suficiente para ver, escucharla con calma, señora Paulina. Así que, por favor, señora Paulina, le agradecería que comenzara con su exposición. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos los distinguidos senadores y senadoras. Tengo una presentación, voy a compartir pantalla. También la envié a comisión para que ustedes la puedan tener a disposición. ¿Me pueden confirmar que están viendo la presentación? Se ve bien, se ve bien, Paulina, no sé si la puedo ampliar. ¿La puedo ampliar? Modo presentación, modo presentación. Ah, ¿está así? Ahí sí, ahí sí estamos. Perfecto, muchas gracias, que no los puedo ver cuando comparto pantalla. Así es que les pido que me interrumpan si es que tienen alguna consulta durante la presentación. Bueno, comentarles que, efectivamente, yo llevo en la práctica del derecho ambiental más de 20 años, tengo una oficina que nos dedicamos a tramitaciones y, entre otras cosas, tenemos tramitaciones pendientes ante bienes nacionales, ante el Ministerio de Defensa, ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, son materias que las conocemos desde la práctica. Me han pedido que haga una presentación sobre este proyecto de ley en segundo trámite constitucional. Y al respecto tengo lo siguiente. Lo importante, primero, respecto de este proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas, que tiene una versión que data desde el 2012 y luego las indicaciones del Ejecutivo de octubre del 2024. Surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos hacer esta modificación del sistema existente? El para qué necesitamos hacer esta modificación si este texto, el original y el texto con las modificaciones que incorpora el Ejecutivo en la indicación de octubre del 2024, solucionan los desafíos que motivan este proyecto de ley y si se han analizado los efectos de la propuesta. Entre las concesiones marítimas con mayor seguridad jurídica, ese es el objetivo declarado. En cuanto al diagnóstico que se cita en el mensaje, se indica que el régimen de concesiones marítimas vigente presenta un procedimiento entrabado y engorroso que ha elevado considerablemente el tiempo de tramitación de las concesiones.

Marítimas, postergando y comprometiendo las decisiones de inversión asociadas al uso de borde costero. También indica que se le entrega un carácter privativo al Ministerio de Defensa Nacional para otorgar o denegar las concesiones marítimas que le sean solicitadas o para modificarlas mediante decreto supremo y que resulta criticable el régimen de concesiones marítimas por la precariedad del derecho del concesionario en relación con el título que le otorga la concesión. Y ello porque, de acuerdo con el reglamento de concesiones marítimas, el Estado puede poner término anticipado a cualquier concesión sin derecho a indemnización, bastándole invocar razones de orden público y otorgar un plazo de gracia para el titular. En cuanto a los fundamentos que se citan de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en octubre del 2024, se dividen en dos grandes fundamentos. Primero, plantear un nuevo diseño institucional y ese nuevo diseño institucional busca concentrar en una sola institución la administración de la totalidad de los bienes nacionales de uso público y fiscal. Es el primer fundamento. Y el segundo es agilizar la tramitación de solicitudes de concesiones marítimas y señala que las indicaciones buscan incorporar herramientas para hacer más eficientes los procesos de tramitación y mejorar la administración de la zona costera. En cuanto a las características de las indicaciones, señala que estas indicaciones buscan acotar el proyecto de ley a traspasar la administración del dominio público marítimo terrestre al Ministerio de Bienes Nacionales. Señala que eliminan los elementos privatizadores de la zona costera, que se elimina la transferencia sin autorización del Estado, también la posibilidad de arrendar o constituir prendas sobre la concesión marítima y garantizar que la zona costera se rija bajo un régimen público de administración. Y señala que busca actualizar el proyecto de ley a la normativa actual. Y cabe preguntarse efectivamente si el proyecto de ley en el texto que viene del primer trámite constitucional y en el texto que se propone en las indicaciones del Ejecutivo logran los fines que están declarados como fundamentos. ¿Cuáles son las regulaciones vigentes respecto de la administración del borde costero y concesiones marítimas? Tenemos el DFL 340 de 1960 sobre concesiones marítimas, el Decreto Supremo 9 del 2018 que sustituye el reglamento sobre concesiones marítimas que estaba contenido en el Decreto Supremo número 2 del 2005 del Ministerio de Defensa Nacional. Su última modificación fue por el Decreto 183 del 2020. Y también el Decreto Supremo 435 del 2017 que establece cuál es la política nacional para el otorgamiento, modificación y renovación de concesiones marítimas en la playa. Y llama a la facultad privativa del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría de Marina, conceder el uso particular en cualquier forma de playas y terrenos fiscales dentro de esta franja de 80 metros medidas desde la línea más alta. Entonces, en 1960 se tomó la decisión de que la administración del borde costero y el otorgamiento de uso particular de playas, terrenos de playas fiscales dentro del borde costero, iba a ser efectuado por el Ministerio de Defensa Nacional, precisamente considerando que había un tema estratégico vinculado con toda la supervigilancia de la costa y el mar territorial. ¿Qué propone el proyecto de ley? El proyecto de ley propone entregar al Ministerio de Bienes Nacionales la facultad de otorgar las concesiones marítimas. Sin embargo, el control, fiscalización y supervigilancia se entrega al Ministerio de Defensa Nacional. También propone el proyecto de ley algunos cambios al procedimiento de constitución de concesiones marítimas. En la indicación del Ejecutivo de octubre del 2024, elimina la regulación de la política nacional de uso del borde costero litoral y su finalidad. Se elimina también la propuesta de regulación de zonificación del borde costero. Dispone que el Ministerio de Bienes Nacionales podrá otorgar concesiones marítimas a una persona mediante decreto supremo por un plazo máximo de 30 años, si es una concesión mayor, o 10 años si es una concesión menor. Y dispone, en todo caso, que la duración total de las concesiones no puede exceder de 50 años, considerando renovaciones. También la indicación del Ejecutivo dispone de las concesiones cuyo objeto sea la extracción de agua de mar para...

su desalinización sean otorgadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas. ¿Cuáles son los comentarios que desde la práctica y desde mi área de experiencia puedo plantear tanto al proyecto de ley original como a la propuesta de indicaciones del Ejecutivo? La primera observación que puedo plantear es que el proyecto de ley no resuelve los problemas que plantea como diagnóstico, ni del original, ni en el caso de las que motivan las indicaciones del Ejecutivo. Respecto al diseño institucional, el traspaso de competencias al Ministerio de Bienes Nacionales es un aspecto que debiese analizarse con mayor detenimiento, dado que desconoce la experiencia acumulada por el Ministerio de Defensa Nacional a lo largo de 64 años de práctica. Y también los elevados niveles de opacidad y burocracia en las tramitaciones administrativas que se deben realizar ante el Ministerio de Bienes Nacional. Cabe señalar que ante el Ministerio de Bienes Nacional se efectúan una serie de tramitaciones, como el arriendo de inmuebles fiscales, concesiones de uso oneroso, también concesiones de uso gratuito, constitución de servidumbres en bienes fiscales que es necesario para la implementación de proyectos mineros, de energías renovables, plantas desalinizadoras, hidrógeno, etcétera. Regularizaciones de título de dominio, autorización para solicitar la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, entre otro tipo de tramitaciones. Pues bien, estas tramitaciones ante el Ministerio Nacional hoy demoran más de 12 meses. El Ministerio de Bienes Nacionales requiere de importantes reformas para modernizar su gestión y dotarla de mayores niveles de transparencia y agilidad en los trámites que debe realizar. Sin considerar la nueva facultad que se le quiere transferir, los tiempos de tramitación ante el Ministerio de Bienes Nacionales son extensos, sin existir una definición de tiempos de tramitación límite o aceptables para cada uno de los trámites que debe realizar. Acá, en esta lámina, les presento un extracto de un informe de la División de Control de Gestión Pública de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda del 2021 sobre la evaluación del proceso administrativo de regularización de títulos de dominio, que incluyó un periodo de evaluación comprendido entre el año 2017 y 2020. En este informe, cuya fuente está citada en esta lámina, se indica que los resultados de la evaluación evidenciaron que la duración del proceso de regularización de títulos de dominio, que toma una solicitud de saneamiento para transitar por las cuatro etapas que debe pasar en el Ministerio de Bienes Nacionales, es en promedio de 25 meses a nivel nacional. Y además dispone que el Ministerio de Bienes Nacionales no dispone de una definición del tiempo óptimo de demora teórica ni de estimaciones de una demora aceptable en el proceso normado para cada uno de los trámites. Entonces, eso es relevante como diagnóstico, como línea de base de considerar cuando estamos hablando del traspaso de facultades de un ministerio al otro. Si el ministerio a quien se le requieren traspasar estas facultades tiene la aptitud para hacerse cargo de la tarea que se le quiere encomendar. Por otra parte, los cambios que se proponen al procedimiento de constitución de concesiones marítimas no son coherentes con el objetivo de agilizar el procedimiento y mejorar su eficiencia y rapidez. Adicionalmente, especialmente en las indicaciones del Ejecutivo, se entra en un detalle que es propio de un reglamento. El Ejecutivo dispone que las concesiones cuyo objeto sea la extracción de agua de mar para su desalinización sean otorgadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, previo informe favorable de la DGA. Mi pregunta es, considerando las competencias de la Dirección General de Aguas, ¿por qué se requiere un informe previo favorable de la DGA? ¿Qué justifica la creación de este nuevo permiso sectorial? Considerando la relevancia del extenso borde costero chileno, no se entiende la eliminación de la regulación de la política nacional del uso de borde costero en litoral y la regulación de zonificación del borde costero. Por otro lado, el límite a la duración de las concesiones marítimas de 30 años, si es una concesión mayor, sumado al tope de 50 años como duración máxima, considerando todas las renovaciones, resulta inconsistente con grandes proyectos de inversión como puertos, plantas desalinizadoras y otros.

Son grandes obras de inversión y que tienen una duración efectivamente en el tiempo mayor a 50 años. Por lo tanto, ese límite es un límite que debiera estudiarse. Como conclusión, el sistema de administración del borde costero y concesiones marítimas requiere de una revisión profunda y ciertos acuerdos fundamentales en cuanto a la mejor forma de administrarlo, tomando como base la experiencia acumulada de 64 años de gestión desde el Ministerio de Defensa y las lecciones aprendidas también, porque efectivamente han habido algunos avances en la gestión. La administración del borde costero no puede obviar la relevancia de la gestión, zonificación y planificación del territorio, como tampoco desconocer el conocimiento específico que se requiere de las zonas costeras y de su interacción con el territorio aledaño. Aquí tenés presente que la indicación sustitutiva suprime íntegramente los artículos del Título 2 del proyecto original sobre administración del borde costero y zonificación del borde costero. El sistema de concesiones marítimas requiere de mejoras y modernización, que no se observan con el mero traspaso de las funciones desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales. Ambos ministerios han sido objeto de cuestionamientos por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad por la excesiva demora y burocracia en sus trámites. El traspaso de funciones desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales requiere preguntarse si el ministerio tiene la capacidad institucional de hacerse cargo del sistema de concesiones marítimas, especialmente a nivel regional. Por otra parte, también cabe preguntarse si resulta conducente y pertinente que dentro del sistema de concesiones marítimas incluyan áreas continentales, como las concesiones en ríos o lagos, que sean navegables por buques de más de 100 toneladas. Hoy día, vale la pena perpetuar esta definición, que también se extiende a bienes fiscales que están en la extensión de las mareas y playas de los terrenos fiscales riveranos, a una distancia de 80 metros de donde comienza la ribera. Entonces, vale la pena preguntarse si requiere hoy día, en 2024, permanecer las concesiones en ríos y lagos dentro de este sistema de concesiones marítimas. Se observan también deficiencias regulatorias y conceptuales en el texto propuesto, especialmente las indicaciones del Ejecutivo, y también una omisión respecto de cuáles van a ser las implicancias prácticas de la reforma en las concesiones marítimas vigentes. La reforma debiese fundamentarse en un diagnóstico acabado del sistema de administración del borde costero actual, con propuestas de gobernanza e instrumentos de gestión del borde costero y modernización del sistema de concesiones marítimas como un instrumento de gestión más, pero no como el único instrumento. Esto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Paulina. No sé, ¿les parece que escuchemos al Ejecutivo en cuanto a qué tiene que decir respecto a la exposición y de ahí damos paso a las preguntas de los señores senadores? ¿Lo hacemos así? Bien, don Luis Felipe, no sé si puede hacer algunos comentarios respecto de la exposición, para darle paso después a las preguntas de los señores senadores. Sí, por cierto, muchas gracias, presidente, y saludo a todos los senadores presentes, por cierto, y a los funcionarios del Congreso. En primer lugar, quería agradecer la exposición de la profesora Paulina Riquelme y centrarme, digamos, en algunos puntos de los señalados por ella. En primer lugar, como habíamos expuesto en anteriores comisiones, este proyecto se suscribe en el concepto del pacto fiscal. Por tanto, se centró en el aspecto de la permisología respecto de las condiciones marítimas, dejando de lado, digamos, para un proyecto futuro, el tema de la planificación territorial de las zonas costeras. Ahora bien, eso no significa, como se puede desprender quizás de lo señalado por la profesora, que no existan instrumentos de planificación y de política general, ya que estos seguirán vigentes, siendo competencia del Ministerio de Defensa Nacional, la Política Nacional de Uso de Borde Costero, que actualmente está siendo evaluada estratégicamente por el Sistema de Evaluación Ambiental, como los procesos de zonificación que actualmente están...

son competencias de los gobiernos regionales. La propuesta original del presidente Miñera, tanto como la que fue trabajada en un momento por el Ejecutivo, no contemplaba cambiar esas facultades. Simplemente, digamos, darle rango legal a aspectos que actualmente son de rango reglamentario. Por lo tanto, no se eliminan instrumentos de planificación del borde costero, sino que estos seguirán vigentes, digamos, y las indicaciones establecen expresamente que en el otorgamiento de las concesiones marítimas se debe tener presente para su fundamentación la política nacional de uso del borde costero, las zonificaciones regionales y otros instrumentos de planificación territorial que pudiesen estar vigentes. Un segundo punto que me gustaría señalar, evidentemente el Ministerio de Bienes Nacionales tiene problemas en el sentido de que es susceptible de una mejora constante. Sin embargo, el diagnóstico que motivó el traspaso de la competencia de defensa de bienes nacionales radica en que pese a que el sistema de bienes nacionales pudiese mejorar, por cierto, de todas formas teníamos números estadísticos mucho mejores que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. En promedio, los informes que señala la profesora nos daban un plazo más estimado de 12 meses nosotros en tramitar una concesión, contrario a los 44 meses que tardaba en ese momento Fuerzas Armadas. Evidentemente, nosotros hemos reconocido constantemente el trabajo que ha realizado el subsecretario de Fuerzas Armadas actualmente en agilizar y, digamos, hacerse cargo del remanente que existía de solicitudes. Pero existen ciertos problemas institucionales que hicieron que esto se acumulara hasta este punto. En ese sentido, a nuestro entender, aprovechando dos cosas. Uno, que el Ministerio de Bienes Nacionales se encuentra en un proceso de rediseño de sus procesos de concesión en un convenio que hizo con el Ministerio de Hacienda que posiblemente se aplique durante el próximo año y que debiese reducir el tiempo de tramitación de las concesiones que actualmente tramita Bienes Nacionales a más de la mitad. Y por otro lado, respecto a la experiencia acumulada, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene evidentemente una experiencia amplia en el manejo territorial, pero el proyecto contempla el traspaso de funcionarios de la División de Asuntos Marítimos de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Bienes Nacionales. Por tanto, a nuestro entender, uno de los fundamentos principales de la moción es una nueva arquitectura institucional que permita realmente acumular experiencia respecto de la gestión territorial, ya sea de bienes costeros como de bienes terrestres en una sola institución. Aprovechando, por cierto, la experiencia ya acumulada de la División de Asuntos Marítimos. Por tal motivo, a nuestro entender, esa nueva arquitectura que evidentemente todo proceso de transformación, de modernización, trae consigo complejidades, externalidades que deben ser tratadas, consideradas, pero a nuestro entender es el camino correcto para que una institución civil, que se le pueda hacer efectiva la responsabilidad política, la autoridad que administra o detenta esa facultad, sea en una sola institución. Respecto al elemento, digamos, en particular de la tramitación en sí, a nuestro entender sí existen elementos que permiten la agilización del procedimiento. Justamente esos elementos fueron tratados con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas en el trabajo de las indicaciones, y aunque sí hay algo que ha surgido en otras instancias de que sería un procedimiento quizá muy detallado que se mete en elementos reglamentarios. Sin embargo, ese es justamente uno de los aspectos importantes que uno busca, digamos, en el contexto del pacto fiscal, que busca dar seguridad jurídica a la inversión en el sentido de que se pueda, digamos, dar la mayor certeza, la mayor previsibilidad de cómo debiese funcionar el procedimiento respecto de las solicitudes que se ingresen para el otorgamiento de concesiones marítimas. Por cierto, nosotros estamos abiertos a estudiar estos aspectos, pero también en otra audiencia se señalaba, por ejemplo, esto fuera de lo que señalaba la profesora, por cierto, pero el mismo postuario planteaba elementos que...

que la propuesta dejaba al reglamento, ellos señalaban que debiesen ser de rango legal, por su importancia. En particular, por ejemplo, la subcategorización de solicitudes, ellos señalaban que debiese estar expresamente en la subcategoría de puertos para permitir una mejor agilización. Ese aspecto, para nuestro entender, es un aspecto de rango reglamentario. Sin embargo, justamente, muchos gremios ven esos aspectos positivos en el sentido de que permiten una mayor previsibilidad de cómo vaya a funcionar el proceso. Por cierto, estamos abiertos a discutir, y por eso justamente existe una mesa técnica con sus asesores para afinar y hacer las modificaciones que sean necesarias. Pero antes de entender, el proyecto sí va en la dirección y sí se hace cargo del diagnóstico que motivó este mensaje presidencial en un momento. Es decir, mejorar el tiempo de tramitación y mejorar la arquitectura institucional del Estado respecto a la administración de los bienes fiscales y bienes nacionales de uso público a nivel nacional. No sé si me faltó algún punto relevante que la profesora Paulina haya señalado y que sea importante que el Ejecutivo se manifieste, pero por lo mismo, quedo abierto a sus interrogantes. Muchísimas gracias, don Luis Felipe. Dejamos abierto entonces la sesión para que podamos desarrollar preguntas. Señores senadores, senador Kuchel tiene la palabra. ¿Y en qué medida esto puede facilitar que vuelva la inversión? Porque aquí yo veo algunos elementos que me preocupan en general, pero quizás el señor representante del ministerio me puede explicar en lo concreto, porque además tenemos infinidad de permisos detenidos, solicitudes detenidas. Gracias, presidente. Acumulemos preguntas, señores senadores. Lago, senador Provenza, si tiene alguna interrogante para acumular las preguntas. Sí, primero quiero agradecer la presentación de la profesora Paulina Riquelme. Hemos tenido varios expertos, profesores, abogados, etcétera, personas interesantes que han tenido visiones bien contrapuestas y han habido varias interrogantes sobre el proyecto. Yo no diría que han sido críticas brutales, pero sí han levantado preocupaciones desde distintos ángulos, algunos porque lo encuentran muy poco, otros porque encuentran como ahora yo veo, pero ¿dónde estaría lo que usted observa, en términos más específicos, para poder plantearse al Ejecutivo y que el Ejecutivo, no sé si en esta oportunidad, o en otra, pueda absorber eso que serían las deficiencias o elementos que harían perjudicial esto que se está haciendo? Quiero recordar que esto se hace no en el ámbito de mejorar una mirada integral sobre las zonas costeras, porque creo que el ordenamiento territorial es bien pobre en ese sentido, en Chile estamos bien atrasados. Entonces, con esa excusa nunca se hace nada, porque como es tan grande lo que hay que hacer, nunca se hace nada. Dijimos todo como está y ahora lo que se va a hacer es avanzar en el tema del permiso, que yo cuento que entre nada y eso es mejor avanzar en el tema del permiso, pero dejo un gusto a poco a muchos expertos. Hemos tenido presentaciones acá del Observatorio de la Católica, sobre el borde costero, etcétera, y que claro, encuentran que lo que usted considera, y esto no es una crítica al Ministerio, sino de las condiciones institucionales que tal vez complicarían el objetivo del proyecto, no lo que el proyecto no hace porque debería ser otras cosas que sabemos que hay que ponerle larga, pero para el objetivo que se propuso el proyecto, ¿en qué elementos usted cree que deberíamos poner atención nosotros o estar advertidos? Esos son mis puntos. Muchas gracias, senador Lagos. Le vamos a pedir entonces al Ejecutivo que se haga cargo de las preguntas del senador Kuchel y a la profesora Riquelme respecto a lo que ha señalado recientemente el senador Lagos. Por favor, don Luis Felipe. Muchas gracias, presidente. La indicación establece una serie de elementos que buscan agilizar la tramitación del proyecto de las solicitudes de otorgamiento y concesión. La profesora señalaba algo muy cierto, que la legislación actual respecto de bien nacional no establece plazos por etapas para el otorgamiento y concesión. Esto es, digamos, recabado en el proyecto, que sí establece plazos específicos por etapas, lo que permite un mejor control tanto administrativo como político del ejercicio de esta facultad.

establece una instancia única para solicitud de informe a otras instituciones y que el reglamento establezca subcategorías para que se establezcan los informes obligatorios respecto de cada característica o naturaleza de concesión que se deben solicitar. Por ejemplo, una concesión, estoy inventando porque esto podría variar en la bajada reglamentaria, para una solicitud de concesión de puertos, será necesario un informe de la institución correspondiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Esto es importante porque en muchos casos, muchas solicitudes se demoraban porque se solicitaban informes a muchas instituciones, muchas de las cuales no tenían competencia específica respecto a la solicitud en cuestión. Y esto se realizaba porque los funcionarios señalaban que al no tener una directriz clara de qué solicitar, muchas veces preferían pedir todo para tener la mayor cantidad de antecedentes. Esto busca ser resuelto estableciéndose expresamente que no hay contraposición con sobreposición con concesiones acuícolas. Toda información que el Estado ya cuenta y que el proyecto, utilizando la herramienta ID Chile, que es el visor de información geoespacial que utiliza todo el Estado de Chile y que está centralizado en el Ministerio de Bienes Nacionales, que esa información no se le requiera al solicitante, sino que sea el propio Estado que cuenta con esa información, que se sirva de ella para tramitar las solicitudes. Otro elemento importante de la agilización de solicitudes es la institución de oferta de condiciones, que es una institución de la legislación de costa española y que en cierta forma es utilizada por el Ministerio de Bienes Nacionales en virtud del decreto ley 19.39 y que precisamente busca que en caso de que una tramitación llegue a cierto punto, la tramitación pueda señalarle al solicitante que su solicitud tal como está no va a prosperar porque se sobrepone con otras zonas ya ocupadas o porque las características de las solicitudes, esto busca que no se pierda el trabajo muchas veces realizado en informes, en la misma solicitud del inversor y que en instancias puedan corregirse o subsanarse problemas que harían que una solicitud que sería rechazada pueda prosperar. Otro elemento importante que me gustaría recalcar que no va tanto en el sentido de la ingeniería de proceso, por así decirlo, de la solicitud en cuestión, pero que sí es de suma relevancia en el sentido de que permite una mayor gestión, una mayor control de la zona costera, es la institución de la reserva. El proceso tal como está actualmente y también como es propuesto por la indicación ejecutiva es un sistema rogado y significa esto, que el Estado no puede, digamos, tener iniciativas sobre cómo se ocupa la zona costera más allá de los elementos de planificación, sino que son los privados, los particulares o otra repartición a través de la destinación que tienen que solicitar al ministerio competente y el ministerio competente solo puede aprobar o rechazar. Las indicaciones no traen consigo la institución de licitación de oferta pública, pero sí la de la reserva de espacios costeros. Esta reserva permite al ministerio, permitiría al ministerio, reservar determinado espacio para, en cierto caso, por protección medioambiental, mientras se realizan los estudios, por así decirlo, de determinada área protegida, pero también con fines productivos. Este es un elemento que, aunque el gremio, por ejemplo, portuario tenía críticas respecto a algunos puntos, por ejemplo, respecto del plazo, una crítica que también manifestaba la profesora Paulina, sí era una institución que le hacía mucho sentido, porque justamente señalaban que las bahías en Chile aptas para hacer puertos son un bien escaso, y que en muchos casos, bahías que son susceptibles para hacer puertos están ocupadas por concesiones pequeñas, un kiosco, una bahía, un muelle para uso turístico, un restaurante, que al final hacían que ese espacio estuviese inhabilitado, por así decirlo, para que un privado, digamos, quisiera construir un puerto. Por tanto, esa herramienta, aunque no sea vinculada específicamente, como usted señalaba, de agilizar el procedimiento, sí permite una mayor gestión de la zona costera, reservando espacio para...

de fines productivos o de protección ecológica, como señalaba, que sean, digamos, de interés nacional. Eso, presidente, no sé si en algún punto le gustaría que ahondara más o si me faltó algo que fuese necesario señalar. Muchas gracias, don Luis Felipe. No sé, senador Kuchel, si no voy a pasar a la respuesta de senador Kuchel. A mí me ha, por diversas razones, me ha tocado conocer prácticamente todo el desarrollo de la industria salmonera, la actividad salmonera y la cantidad de actividades que se desprenden de ella, que la soportan, que la apoyan, etcétera, desde el comienzo. Lo mismo la actividad de la alguiera y ahora de los choritos. Antes podían acceder a estas actividades personas con muy poco capital y con conocimiento, sí. Ahora es imposible, dados los plazos, que una persona pueda resistirse financieramente esos plazos. Y los costos de esos trámites que son redundantes muchas veces y bueno, aquí ya escuché que se van a simplificar y a acortar, pero mi conocimiento de las cosas es que la gente se inhibe siquiera de presentar las solicitudes ahora, lo encuentran imposible, así que no hay presentaciones. Las barreras a la entrada son demasiado altas y hay enormes espacios desocupados. Estoy pensando aquí el señor Luis Felipe Sepúlveda plantea que los espacios aptos para puertos son escasos en nuestro país, pero yo represento la región de los lagos que tiene aguas interiores, que tiene muchos puertos de distintas características y no requieren, depende de las actividades, no requieren profundidades tampoco, cierta protección, y las aguas interiores dan masivamente protección allá, y por la toponimia estamos llenos de bahías. Ah, o por ejemplo, en fin, no es un bien tan escaso, no es un bien tan escaso en la región de los lagos y sin embargo tenemos dificultades, además por el tema de la ley Lafkenche, tenemos dificultades todas las inversiones públicas y privadas de envergadura, no las pequeñas, porque las pequeñas se hacen incluso sin ningún permiso, ningún trámite. Y a eso es a lo que apunto, porque yo quiero, ojalá... Se dice que los soterramientos tienen previo informe de los servicios involucrados, que son dos, pesca a través de la subsecretaría y la división general de agua. ¿Por dónde ingresan estos proyectos? ¿Van a entrar por el ministerio o primero tienen que ir a sacar la aprobación de los dos servicios antes de ingresar a solicitar la concesión que ellos puedan pedir? Porque eso en el documento no se explica. Cuando uno hace una concesión marítima que va más allá de la obra que uno vaya a hacer, solicitan el lugar, en este caso el Ministerio de Bienes Nacionales. Pero como están pidiendo una aprobación anticipada, seguramente, y me gustaría que eso lo aclarara este cair. Bien, yo entiendo, senador, que… Sí, perdón, senador Provence. Solamente en la misma materia, es una condicionante de la concesión marítima la respuesta de estos servicios. Ok, perfecto. Yo entiendo que en el caso de la Dirección General de Agua es exclusivamente para los proyectos de plantas de sal. Y bueno, nos explicará Luis Felipe y entiendo que el proyecto implica una ventanilla única que sería a través de Bienes Nacionales. Nos podrá reforzar Luis Felipe en torno a ello. Aprovecho de dar la bienvenida a la señora ministra de Medio Ambiente, doña Maisa Rojas. Bienvenida, ministra. La estábamos esperando, así que estamos bastante bien a tiempo. Y además, dar la bienvenida a Sebastián Elwin, al asesor también, señor Monsalves, y no sé si hay alguien más del Ministerio. Ahí están, parece. Y a propósito, aprovechamos la bienvenida al senador Durrete. Bien, vamos a entonces...

Bien, vamos a ver cómo está el senador Durresti. Tú me sientas acá, no me vas a hacer nada. Sí, aquí nomás. No, no, no, no ha venido. No ha llegado. O siéntese en el rincón, siéntese en el rincón, no vayas. Bien, entonces tenemos dos cosas. Primero, la respuesta de la señora Paulina a propósito de las preguntas del senador Ricardo Lagos y posteriormente las aclaraciones del señor Sepúlveda a las inquietudes del senador Provence para poder cerrar el proceso de esta primera parte y entrar a resolver los temas que tenemos pendientes con la modificación a la Ley 19.300, a propósito que ha llegado ahora la señora ministra de Medio Ambiente. Así es que, señora Paulina, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio doy respuesta a lo comentado por el senador Lagos y también a los comentarios efectuados por el senador Provence. Primero, comentarle qué cosas tenemos que preocuparnos, es cuál es la situación en que quedan las concesiones marítimas vigentes. Cómo van a quedar, cómo se va a resolver, qué sucede con esas concesiones marítimas. Este proyecto de ley no se hace cargo de aquello. En segundo lugar, la pregunta es muy válida respecto a si el Ministerio de Bienes Nacionales tiene la capacidad de abordar. Paulina, dame un segundo un poquito que tiene una duda el senador Lagos. Es que esa parte no la entendí bien. ¿Por qué dice, puede aclarar eso? Que las concesiones van a quedar. Porque las concesiones, sí, no se hace cargo el proyecto de ley de cómo aborda o cómo el sistema nuevo que se está proponiendo se vincula con el sistema antiguo. Las concesiones marítimas antiguas van a seguir, digamos, rigiéndose por el estatuto que correspondía o que corresponde hoy día, que es el DFR 340, más el reglamento, el decreto 9, que establece el nuevo texto del reglamento. ¿Cómo se resuelve esa situación? Esa es una gran interrogante, precisamente porque el proyecto de ley establece ciertas modificaciones, como el límite, hoy día no hay ese límite, de 50 años en total, considerando las renovaciones de las concesiones marítimas. Ese es un tema. El otro tema es si efectivamente el Ministerio de Bienes Nacionales tiene la capacidad para hacerse cargo de la gran tarea que se le está encomendando considerando las tramitaciones que tiene que realizar hoy día. Solamente les puedo comentar que yo tengo una tramitación vigente que lleva tres años y cuatro meses para que el Ministerio de Bienes Nacionales otorgue una autorización para iniciar los trámites de constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas para un fin de remediación ambiental. Tres años, cuatro meses, y aún no hay resolución. Entonces, si efectivamente el Ministerio de Bienes Nacionales tiene la capacidad de tomar bien y con estándar lo que implica hacerse cargo de la gestión de concesiones marítimas. Y ese es un tema que es necesario considerar con la realidad práctica de las tramitaciones vigentes. En cuanto a la mejora del procedimiento, lo que se observa es una iteración un poco más detallada de cada uno de los procedimientos en la indicación del Ejecutivo. Sin embargo, sería necesario solicitar un diagrama de flujo con la indicación de cada uno de los plazos porque se establecen plazos de cinco días, después plazos de siete días, más plazos de treinta días corridos, noventa días hábiles y treinta días hábiles administrativos, que sabemos que los plazos de la Administración no son plazos fatales tampoco. Y hoy día tenemos varios permisos que tienen, y por eso está la ley de autorizaciones sectoriales en tramitación, que tienen plazos, pero los plazos no son fatales para la Administración. Entonces, el procedimiento de la forma en que está planteado, si bien tiene, y yo reconozco que tiene la apertura en etapas y subetapas, ninguna de ellas garantiza efectivamente que se pueda avanzar en una tramitación más continua. Bien, muchísimas gracias señora Paulina. Don Luis Sepúlveda se va a hacer cargo de las interrogantes del senador Provence. Sí, muchas gracias presidente. Saludar al senador que se va a incorporar y a la ministra, por cierto.