Senado - Seguridad Pública - 14 de enero de 2025

Muy bien, estimados colegas. Le solicitó nos pondremos de

Muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, hoy martes 14 de enero. Pueden tomar asiento, por favor. Iniciamos. Le solicito al señor Secretario que dé lectura a la cuenta, por favor. Señor Presidente, el día de hoy no tenemos cuenta, pero sí recordar que la Comisión tomó un acuerdo ayer que consistía en tratar un proyecto que no lo teníamos para tabla hoy día, pero que se acordó al menos hoy poner en votación en general el proyecto, y se refiere al proyecto de ley, el segundo trámite constitucional, que perfeccione y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugo de la Justicia en los casos que indica. Se estimó necesario ponerlo en votación en general para luego sus señorías ponerse de acuerdo en términos de un plazo de indicaciones. Y luego está precisamente ya la tabla que sus señorías tienen en la carpeta. Eso es, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias. Como lo habíamos acordado ayer, y eso significa modificar la tabla, pido el acuerdo para poder, al inicio, votar en general, tal como lo conversamos ayer, el proyecto que complementa el registro de prófugos. Quedamos en que hoy día lo votábamos en general y que establecíamos un plazo interno de indicaciones, que es hasta mañana, que el Ejecutivo, ya que está José Tomás acá, el Ejecutivo lo revisaría hasta mañana para ver si efectivamente considera lo que el senador Ossandón y su equipo de asesores ha planteado respecto de, por ejemplo, incorporar a la DGAC y también a la Dirección de Tránsito de los municipios. Ese es el tema, el Ejecutivo lo iba a revisar, si lo tienen a bien, tal como lo hemos planteado desde la Comisión, presentarían la indicación y con esa indicación entonces podemos ya tratarlo en particular. Así es que, colegas, además nos acompaña un coautor del proyecto desde la Cámara de Diputados, bienvenido, el diputado Guzmán, de tal manera que vamos a, si ustedes tienen a bien, invertir el orden de la tabla, agregamos ese punto y procederíamos a votar en general. Si cada uno de ustedes lo estima, puede justificar el voto, por supuesto. ¿Procederíamos? ¿Están de acuerdo ustedes? ¡Acordado! Gracias, estimados colegas. Pero yo siempre les pregunto a los colegas, si no se reclaman mucho, entonces prefiero que ellos tomen la iniciativa, ¿no? Señor Secretario, por favor, procedamos. Muchas gracias, Presidente. Entonces, cumpliendo el acuerdo que se tomó, se adoptó el día de ayer, el señor Presidente pone en votación en general el proyecto de ley ya señalado. Senador Ossandón, ¿cómo vota usted? A favor. Gracias, Senador. Senador Durana, ¿cómo vota usted? A favor. Gracias, señor Senador. Senador Saavedra, que reemplace hoy día a la Senadora Vodanovic, ¿cómo vota usted? A favor. Gracias, Senador. Sí. Señor Presidente, ¿cómo vota usted? Voto a favor de este proyecto. Gracias, señor Presidente. Entonces, la iniciativa quedaría aprobada en general por cuatro votos a favor y ninguno en contra. Muy bien, me ha pedido la palabra el Diputado Don Jorge Guzmán como coautor del proyecto. Diputado. Muchas gracias, Presidente. Saludar a los senadores, saludar al equipo de la Secretaría. Presidente, solamente agradecer al Senado la votación en general de este proyecto y contarles que este proyecto nace de una situación bastante compleja que fue el asesinato de la Sargento Rita Olivares acá en la Quinta Región, cuyo autor de ese homicidio fue una persona que estaba prófuga de la justicia, persona que debía haber estado cumpliendo una pena privativa de libertad, que se fugó de la cárcel y que seguía cometiendo delitos. Frente a ese hecho, nosotros revisamos antecedentes respecto al Registro Nacional de Prófugos.

Y en nuestro país tenemos 38.000 prófugos de la justicia. Cerca de 3.000 de esos prófugos son personas que están condenadas y que debiesen estar cumpliendo una pena y que en definitiva no lo están haciendo, o sea, por delitos graves. Frente a esa situación, también nosotros revisamos y vimos que no existe una institucionalidad que se preocupe particularmente de buscar a los prófugos de la justicia. Muchos de ellos pagan sus deudas con la ley por hechos fortuitos, por controles de identidad u otro tipo de situaciones, o lo que es más, porque siguen cometiendo delitos. Presentamos la iniciativa que en un origen lo que buscaba era hacer público todo el registro de prófugos, los 38.000 casos que tenemos, incluyendo una fotografía de los prófugos. Y la verdad que compartiendo con el Ejecutivo y escuchando también las observaciones que nos plantearon parlamentarios en la Comisión de Seguridad, llegamos a un acuerdo de restringir el acceso a ciertos casos con el objeto de que produjera los efectos esperados. De lo contrario, tener un registro con 38.000 personas hacía muy dificultoso poder identificarlo y que la ciudadanía en definitiva pudiese aportar antecedentes relevantes para su detención. Es así como nace este proyecto con una indicación del Ejecutivo, que fue aprobada prácticamente de forma unánime, tanto en la Comisión de Seguridad como en la Sala, y que en definitiva resuelve muchos de los problemas. Y planteándole desde ya algunas apreciaciones que nos han hecho los senadores, lo que hace este proyecto de ley es que las policías puedan, desde el registro de prófugos, identificar casos prioritarios que en definitiva se puedan publicar como los más buscados de Chile. Y esos más buscados de Chile van a poder publicarse en las páginas institucionales, como también en otros lugares de interés público, aeropuertos, terminales u otros lugares, que en definitiva permitan a la ciudadanía identificar a estos prófugos y aportar antecedentes relevantes que permitan su pronta detención. Con ello, además, creemos que resolvemos otro problema. Hoy día la Fiscalía, el Ministerio Público, como también las policías publican a personas que son sujetos de interés de investigación penal. Y creemos que ahí también hay un vacío legal que podemos resolver con este proyecto. En la discusión, presidente, solo como antecedente, con el Ejecutivo se nos planteó la posibilidad de excluir a ciertas personas a publicar del mismo registro que eran los imputados que no habían sido condenados. Pero, y en atención a que el principal sospechoso del delito del 27 de abril del año 2024 y de la muerte de tres carabineros, una persona que estaba incumpliendo una medida de firma que no había sido condenada o que estaba imputado, creemos que es necesario que las policías tengan la posibilidad de identificar sujetos de importante relevancia en una investigación penal y que puedan ser publicados como prófugos de la justicia siempre que hayan incumplido, obviamente, alguna obligación con la ley y por eso tengan la calidad de prófugo e ingresen al registro. Entendemos, por cierto, las observaciones que ha planteado el senador Ossandón respecto a la operatividad de la ley y si es posible en esta Comisión mejorar algunos aspectos de esa ley y hacerla más operativa y que tenga una eficacia mayor, sin duda que estamos disponibles a que, posterior a la tramitación en este honorable Senado, podamos también apoyarla en la Cámara de Diputados y hacer una ley más operativa, pero por sobre todo que cree este registro y esta posibilidad de tener a los más buscados de Chile y que la ciudadanía aporte a su pronta detención. Eso, presidente, muchas gracias y vamos a estar muy atentos a las discusiones siguientes respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias, diputado Guzmán. Agradecemos el complemento de lo que ya hemos debatido. Muy bien, entonces se abre el plazo para presentar la indicación. No sé si el Ministerio del Interior está conversando eso o no, o van a verlo ahora. Pensando en que si llega la indicación, el plazo es mañana, ¿no? ¿Mañana? Pero ayer lo vimos. La idea era que fuera mañana. ¿Creen ustedes que está bien ese plazo? Porque el tema es súper simple, se incorpora la DGAC y tránsito, o no, no hay más que eso, entiendo. ¿No lo han visto? Ayer estuvo José Tomás en la reunión. Sería bueno que lo conversen y nos avisen antes del término de la sesión para ver si reconfirmamos que el plazo vence mañana, porque la idea era que si vencía mañana lo podríamos votar mañana, o más tardar lo podríamos estar votando lunes o martes. Entiendo que el senador Ossandón quiere convocar a Unidas el lunes, me dijo Carolina, pensando en seguridad municipal. Y en el Fair Play, entre comisiones, estaríamos disponibles, a no ser que encontrásemos otro horario para asociar unidas, pero también la Comisión de Seguridad y no atrasarnos y poder cerrar los cuatro proyectos que tenemos hoy día en carpeta antes de fin de mes. Bueno, veamos eso. ¿Ustedes estarían disponibles?

Senador Durana, para poder sesionar en unidas y además en seguridad, el horario nuestro es 15:30. Si consiguiéramos sala a las 17 podríamos. Pero seguridad es más importante, usted sabe. O si tienen a bien en la mañana, a las 12 puede ser. Hay infancia. ¿Y el martes? ¿El martes mano? No, no sé. Pero unidad no va a funcionar, ¿no? Sí, o sea, el senador Ossandón quiere sesionar el lunes, eso fue la información que tengo. No, no, estamos hablando de seguridad municipal. Sí, gobierno, seguridad, comisiones de gobierno y seguridad. Por eso estamos viendo si sesionamos el lunes a solicitud de gobierno, si no, nos quedamos con la comisión de seguridad el lunes a las 15:30. Muy bien, el senador Durana ha dado la anuencia para poder sesionar entonces las dos comisiones y encontramos entonces una sala para aquello. Quedamos pendientes entonces, Rafael, para que ustedes vean si están en condiciones de presentar la mañana o lo dejamos para el lunes. Presidente, si quiere entender bien, ¿cuál es la consulta que se le hace al Ejecutivo? Nosotros hoy día votamos en general, ¿cierto? Y eso nos da la posibilidad de que como estamos autorizados para tratar el proyecto en general y en particular, nosotros resolver los plazos para las indicaciones. Como el senador Ossandón solicitó incorporar no solamente a las policías en el trabajo de este registro priorizado de los delincuentes más buscados, e incorporar a la DGAC para la confección de este registro y para la administración del registro y además al Departamento de Tránsito Municipal, es que se requiere una indicación del gobierno, porque lo que estamos haciendo es modificar funciones y atribuciones de organismos del Estado. Por esa razón necesitamos que el gobierno presente la indicación porque si nosotros lo hacemos en estricto rigor y ya nos leyó la cartilla, señor Secretario, que es muy riguroso y estricto en aquello, es inadmisible. Entonces, si el gobierno tiene a bien, lo incorporamos, lo votamos y despachamos, porque es un proyecto de artículo único. Entonces no hay mucho más que discutir, ya escuchamos a las dos policías, escuchamos al Ministerio de Justicia, escuchamos a alguien más. ¿A quién más escuchamos? Aparte de las dos policías y justicia. Alguien más. Ministerio Público. Y entonces ya está el capítulo cerrado, don José Tomás hizo su exposición como Ejecutivo, estábamos claritos, solo falta saber si el Ejecutivo está en condiciones entonces de entregarle esa nueva atribución o función a la DGAC y a los municipios para que participen en la confección de este listado priorizado. Eso es todo. Si ustedes lo hacen, lo votamos, si no lo hacen, bueno, nos quedamos como estamos y se vota en particular, porque no tenemos cómo. Eso es. Por favor, le daría una vuelta, entonces hagamos lo siguiente. ¿Para qué lo vamos a presionar para mañana? Dejémoslo para el lunes. ¿Les parece? El lunes definitivamente... La DGAC no es de nuestra competencia, Ministro del Interior. Pero el Ejecutivo, usted arréglense el anteministerio para que vamos a invitar al Ministerio de Defensa, en fin, esa vuelta es más larga, entonces véanlo como Ejecutivo y si es así, nos presenta la indicación que tienen que pasar por las express. Evalúenlo, por favor, y en todo caso lo dejamos para el lunes. ¿Ya? ¿Ha acordado? Ha acordado. Muchas gracias, colegas. Hasta luego, diputados, sea siempre bienvenido. Aunque el Senador Ossandón siempre dice otra cosa, pero sea usted bienvenido mientras yo presida esta comisión. Muy bien, pasamos al segundo punto de la tabla, señor Secretario. ¿Usted dirá? Perdón, no pregunté si alguien necesitaba puntos varios, solamente había invertido la tabla. ¿No hay puntos varios? Muy bien, pasa. Pasamos al segundo. Iniciando entonces la tabla que estaba convocada, tenemos que continuar el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores, señor Quintana, señora Vodanovic, señores Durana, Flores y Ossandón, que modifica el Código Penal para considerar como circunstancia agravante el ingreso clandestino al país. En este punto está invitado del Ministerio del Interior, se informa que nos acompaña el Jefe Jurídico, Rafael Collado, el Asesor, señor José Tomás Humud, el Jefe de Gabinete del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, señor Nicolás Torrealba, y del Servicio Jesuita de Migrantes en Chile, la Directora Legal, señora Gabriela Giriguer, la Abogada, señorita...

La señora Constanza Castillo y la señora, la pasante señora Karina Pavés. Esos son los invitados que tienen para exponer sobre este proyecto, señor Presidente. Muy bien. ¿Quién quiere partir? ¿Quiere partir el Ejecutivo? ¿Quiere partir alguna de las otras instituciones? Presidente, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver, perdón, usted es... Gabriela Hiliger, Directora Jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes. Espere, espere, déjeme marcar aquí. Tomás Romota, Ministerio de Justicia, se excusó. Gabriela Hiliger, Servicio Jesuita a Migrantes. Muy bien. Doña Gabriela tiene la palabra. Muchas gracias. Este proyecto de ley, cierto, busca hacer un punto que a partir de cierta información, nosotros hemos podido recolectar a través de solicitudes por transparencia, el aumento de ingresos por paso no habilitado a partir de ciertas políticas restrictivas con respecto al acceso de ciudadanos de Venezuela. Como se puede ver ahí, las personas venezolanas antes del 2019 podían ingresar al país por paso habilitado con su documento de identidad y en ese año hubo 100 personas que ingresaron por paso no habilitado siendo venezolanas. Al año siguiente, habiéndose establecido durante el gobierno del presidente Piñera el requisito del visado consular, que es una política que también se ha incorporado con respecto a otras nacionalidades en otros gobiernos. El aumento al ingreso por paso no habilitado de ciudadanos venezolanos aumentó un 3.333, lo que solamente ha ido aumentando exponencialmente. Si bien hay otras nacionalidades que también ingresan por paso no habilitado, se puede inferir que a políticas restrictivas de acceso al territorio, lo que sucede es que esto se aprovecha por redes de crimen organizado, que es la disminución de dicho tipo de criminalidad a la que busca este proyecto disminuir. Se producen estos aumentos y eso es un problema porque el ingreso por paso no habilitado no permite distinguir a quienes efectivamente vienen a delinquir, que es lo que este proyecto busca identificar y combatir, de aquellas personas que están en otro tipo de grupo, ya sea de vulnerabilidad, personas solicitantes de refugio, etc. Este proyecto tiene un primer problema que es el problema de la temporalidad. Como pudimos ver en la redacción general, es cometer el delito habiendo ingresado clandestinamente al país, sin distinguir el tipo de ingreso por paso no habilitado y si esto tiene un límite temporal para aplicar la circunstancia agravante. Y aquí podemos dar el ejemplo de dos situaciones en que no se resuelve con la redacción y la técnica legislativa elegida. La persona A ingresó por paso no habilitado en el año 2018 y participó del proceso de regularización del presidente Piñera extraordinario el año 2021 y comete un delito de manejo en estado de debilidad 15 años después. A esta persona se le aplicaría el agravante que aumenta la pena en dos grados, es un aumento sustantivamente importante. Y por otro lado tenemos la situación de los solicitantes de refugio, que como es de público conocimiento en la ley, una persona que ingresa por paso no habilitado y solicita refugio, ese ingreso por paso no habilitado no es sancionable cuando se autodenuncia dentro de los 10 días del ingreso porque se entiende que esa persona con necesidades de protección había ingresado al territorio en busca de eso y por lo tanto en el fondo no se sanciona. Otro problema es la temporalidad. ¿Qué vamos a hacer con los niños, niñas y adolescentes que ingresan por paso no habilitado? El artículo cuarto de la ley 21.325, entre varias cosas, dice en su último inciso que los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieran en alguna infracción migratoria no están sujetas a las sanciones previstas en la ley. Esto adecuó la ley chilena de migración y extranjería a los estándares internacionales, por un lado, y por otro lado a la misma ley de garantía, estableciendo que la decisión de un ingreso por paso no habilitado siendo niño, niña o adolescente no pasa por la decisión de ese niño, pasa por los adultos que están a cargo u otras circunstancias y en ese caso en el fondo de eso no es sancionable. Pero la situación C, un niño ingresa a Chile por paso no habilitado a los cuatro años y a los treinta años comete un delito. Le vamos a aplicar un agravante que podría aumentar la pena en dos grados por un ingreso por paso no habilitado que no era sancionable desde una perspectiva migratoria. Y aquí nuestra postura para contribuir al debate es decir, en los términos en que está redactado hoy, lo que no implica que pueda eso revisarse por parte de esta honorable comisión y lo que continúe el trámite legislativo, no se cumple con eso. Porque si lo que quiere hacerse es vincular el ingreso por paso no habilitado a la actividad delictiva y ahí ver el disvalor mayor, porque esa persona entra a nuestro país infringiendo la ley administrativa para cometer un delito, habría que distinguir entre qué delito se trata. Es muy distinto una persona que comete un delito, un hurto simple por ejemplo, de contextos de crímenes organizados.

Un robo con violencia. También el límite temporal. Una persona que ingresa y a los meses es detenida cometiendo un delito, es distinto a lo mejor de una persona que lleva 30 años en el país, nunca tuvo un récord criminal y 30 años después de haber ingresado al país, habiéndose regularizado, etcétera. Esa persona comete un delito de manejo en estado de gravedad, gravísimo, y que tendría que procesarse según la ley, pero no es la misma situación y esas distinciones en la redacción como está hecha este proyecto de ley no se hacen, ¿ya? Y con respecto al estándar de igualdad ante la ley, pensando en la tramitación legislativa y en los problemas que de esto aprobarse, en los términos como está, pensemos en un mismo delito cometido por una persona de nacionalidad chilena y otra extranjera que ingresó por paso inhabilitado, mismo hecho, mismo grado de autoría, las mismas circunstancias, no hay otras atenuantes ni agravantes. Una persona extranjera, de acuerdo a la norma propuesta, tendría una pena que se aumenta en dos grados, ¿ya? Y aquí el problema es que, como varios saben, el artículo 12, las circunstancias agravantes, lo que se preocupa es dar un agravante por circunstancias que inciden en la comisión del delito. Esto se hace con alevosía, se busca causarle más daño a la víctima, pero en este caso, como está redactada la norma, la circunstancia agravante no tiene que ver con la naturaleza de la comisión del acto, sino con el estatus migratorio de quien delinque, tiene que ver con características. Entonces, aquí hay que tener cuidado en que no nos movamos hacia el derecho penal del autor, que de acuerdo a la literatura es cuando se sanciona a las personas por sus condiciones personales, separándolo de la comisión que se comete, que finalmente el derecho penal se basa en eso, en castigar aquellas conductas que en las sociedades le otorgan el mayor disvalor y por eso son del sistema penal. Otro problema tiene que ver con la intromisión en las facultades del juez, porque de acuerdo a la redacción propuesta, la norma aquí es un mandato al juez en subir en dos grados la pena, sin reconocer la discrecionalidad que debiera tener el juez y que es la regla general, incluso cuando concurren dos circunstancias agravantes, que la pena solo suba en un grado. Y esto agrava el problema de constitucionalidad que eventualmente podría tener la norma por vulneración a la igualdad ante la ley, si aquí no se le reconoce al juez la discrecionalidad que podría tener. Y acá las reglas de la determinación de la pena que están en los artículos 64 a 69 del Código Penal, esta norma debiera estar armónicamente establecida o redactada de acuerdo a esas normas. El artículo 67, solo para dar un ejemplo, dice que si hay dos o más circunstancias agravantes y ninguna atenuante, estamos pensando en un hecho bastante grave, el juez puede aplicar la pena superior en un grado. O sea, en ese caso lo puede hacer, pero acá, por el solo hecho del ingreso por paso no habilitado, el juez tiene que subir la pena en dos grados. Y en ese sentido podemos caber, y ahí hay que distinguir, porque en las penas de prisión, por ejemplo, entre un grado puede haber 20 días de diferencia, pero en presidio mayor, estas diferencias de grado pueden llegar a cinco años. Entonces, un hurto simple de 541 días por el hecho de ser una persona extranjera que ingresó por paso no habilitado, que tal vez cometió el hurto diez años después de haber ingresado, podría terminar con una pena efectiva de tres años y un día. Y eso también tiene un problema de acuerdo a la redacción del proyecto, en el sentido de que también en muchos de estos casos se habla de la preocupación por las expulsiones, y en varias comisiones se ha discutido que hay problemas de eficacia, que no se está expulsando a todas las personas que debieran ser expulsadas. Si nosotros tenemos a una persona que comete un delito y queremos expulsarla, con esto es, por un lado, ver el disvalor jurídico mayor en una persona extranjera que vulnera la ley, pero que además viene a delinquir, debiera considerarse la temporalidad de la comisión de ese delito y el tipo de delito que se comete. Y en base a eso ver si efectivamente se justifica un aumento en dos grados, pero también ver que el proyecto puede incorporar la visión de que en los ingresos por paso no habilitado hay distintos tipos de personas, distintos tipos de necesidades, que la situación de niños y niñas y adolescentes requiere una revisión. Y además, en el fondo, para ir finalizando, que si ese es el fin, el mayor disvalor jurídico, podría pensarse que hay un propósito legítimo. Pero si el fin es la disuasión del ingreso por paso no habilitado, ahí se diluye el que esta norma pueda ser una distinción arbitraria entre ciudadanos extranjeros y chilenos. Y por otro lado, de acuerdo a la literatura comparada, y hay antecedentes de eso en la minuta que se les hizo llegar, se ha probado que no es efectivo el establecimiento de tipos penales con respecto al ingreso por paso no habilitado, porque muchos de estos tienen causas estructurales. Lo que ha vivido nuestro país tiene mucho más que ver con la situación en Venezuela, y a partir de eso con el establecimiento de redes de tráfico ilícito inmigrante y trata. Muchísimas gracias por la atención, Presidente, y a la Honorable Comisión por la disposición siempre a escuchar muy respetuosamente a la sociedad civil. Muchas gracias, directora. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, colegas? ¿A la señora Hilliger? ¿No hay? Bueno, además está el autor del proyecto, el senador Quintana, presente, ¿no?