Cámara de Diputados - Trabajo - 7 de enero de 2025

En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes, colegas. El diputado Luis Cuello me ha solicitado abrir la sesión. Él se va a incorporar en 10 minutos más. Así que vamos a comenzar. El acta de la sesión número 144 se da por aprobada y la sesión... Y el acta de la sesión número 145 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario, a quien aprovechamos de saludar, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos: un oficio de su excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de simple, para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica. Un oficio de la señora Superintendente de Seguridad Social, a través de la cual remite segundo informe semestral del año 2024, solicitado en glosa número 7, esto es correspondiente a la Ley de Presupuestos del año 2024. Un correo electrónico del asistente de gerencia de SONAMI, mediante el cual agradece y excusa la participación de don Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, debido a compromisos gremiales adquiridos y confirmados con anterioridad. Manifiesta asimismo la disponibilidad de concurrir en otra oportunidad, si así lo estima la comisión. Y por último, señor presidente, una carta de la señora María Jara de Graneros, por medio de la cual manifiesta su preocupación y solicita una revisión detallada respecto a los horarios de atención y el cumplimiento de las obligaciones laborales de los jueces de policía local en las comunas más pequeñas del país. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Señor secretario, ¿palabras sobre la cuenta? Colegas, diputados, diputadas, no hay palabras sobre la cuenta. Puntos varios, ya, diputado. Gracias, presidente. Es gusto saludarle a usted y a toda la comisión. Presidente, mire, quiero hacer presente una preocupación. Sé que se ha estado viendo quizás en la comisión de deporte, pero esta es la comisión de trabajo. Y quiero presentar mi preocupación en relación a lo que está pasando con el fútbol profesional, especialmente con la Segunda División, con esta decisión de los presidentes de la ANFP de que en el fútbol profesional, en Segunda División, solo se permitan jugadores Sub-23. Me parece que es importante saber cuál es la postura de la Dirección del Trabajo, cuál es la postura del Ministerio del Deporte. Hemos estado en contacto con el sindicato de futbolistas profesionales porque esta decisión de jugar solamente con jugadores Sub-23 deja a muchos jugadores de más edad sin poder ejercer su labor profesional. A todos nos gusta el fútbol, todos vibramos con nuestros deportistas, pero necesitamos cuidarlos, protegerlos. Y queremos una competencia que realmente sea efectiva, un fútbol que vaya creciendo, se vaya desarrollando, se vaya modernizando. Pero para eso tenemos que cuidar a los jugadores. Presidente, yo quiero pedir que esta comisión pueda oficiar a la Dirección del Trabajo para que nos puedan contar ellos qué es lo que están haciendo frente a estas decisiones. Hemos entendido o comprendido que hay un dictamen también que se emitió, que estaría incluso rayando en un tema de constitucionalidad de parte de lo que tomó la decisión de la NFP, entonces me gustaría que esta comisión técnica pueda oficiar y pedir respuesta a la Dirección del Trabajo, como también al Ministro del Deporte porque también no puede ser que los futbolistas profesionales en nuestro país tengan que irse a paro para buscar una solución en un deporte que es tan popular, pero que necesitamos sacarlo adelante entre todos. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Antes de votar el oficio solicitado, le doy la palabra al subsecretario que me está pidiendo la palabra por este tema. Gracias, presidente. Sí, sobre el punto y por su intermedio. Solamente para informarle que efectivamente el Director del Trabajo se reunió con los futbolistas, trabajadores, deportistas, podemos llamarlo al respecto, y manifestó que la Dirección del Trabajo sí tenía una opinión contraria a la medida porque vulneraba derechos constitucionales de libertad de trabajo. Y por lo tanto, sin perjuicio del oficio, adelantar esa respuesta. Muchas gracias. Subsecretario, diputado Giordano, sobre el punto. Gracias, presidente. Sí, efectivamente por su intermedio comentarle al diputado González que esto lo tratamos también justamente hoy día en la Comisión de Deporte y que se solicitaron varios oficios. El primero, al Director del Trabajo para que envíe la respuesta y la solicitud que realizó el SIFU ante esta situación, que efectivamente hay extractos que están en prensa donde lo que se ha señalado es que no resulta ajustado derecho celebrar estos acuerdos que tienen efectos laborales sobre terceros y que prohíben o limitan la contratación porque como bien ha señalado por su intermedio, presidente, el diputado, tiene efectos discriminatorios que están expresamente prohibidos en la Constitución, precisamente por una discriminación etaria. Pero además oficiamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que se pronuncie sobre esta decisión de la NFP, porque efectivamente si tiene un vicio de constitucionalidad, además existe una supervigilancia que esta institución puede ejercer respecto del cumplimiento de la legalidad y los estatutos de la NFP. Y solo comentarles que lamentablemente nosotros hemos... En la Comisión de Deportes tenemos una relación media tortuosa con la NFP porque como no están obligados a comparecer, la verdad que ante un montón de situaciones como esta, donde hay vulneraciones laborales, también ocurre en el fútbol femenino, han ocurrido otras denuncias respecto de distintas categorías formativas que han tenido otras decisiones arbitrales, la verdad que es súper complejo porque no tenemos capacidad de fiscalizar a este tipo de instituciones que son corporaciones privadas sin fines de lucro. Y hay una discusión pendiente que salió de una comisión especial investigadora que sería súper interesante para que lo contemplemos, que es que realmente esta Cámara pueda tener la posibilidad de fiscalizar instituciones, sobre todo cuando están vinculadas a cuestiones de interés público, que son tan relevantes. Y creo que eso es algo que, por ejemplo, ocurre en el Parlamento norteamericano, pero no acá. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sauerbaum, sobre el punto... a emitir un oficio dirigido a la Dirección del Trabajo y al Ministerio del Deporte más allá de la respuesta favorable que nos dio el subsecretario, ¿habría acuerdo? Habría acuerdo. Muchas gracias, diputado. Está el diputado Giordano antes y le doy la palabra al diputado Sauerbaum. Les voy a pedir eso sí que seamos considerados con el tiempo porque son un cuarto para las seis. Voy a ir a la velocidad de la luz porque tengo dos puntos varios. Lo primero es comentarle a la comisión que tuve una reunión con la directiva y hoy mi equipo de AFUSAMCO, que es la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Conchalí, donde en la reunión se nos comunicó que existen una serie de despidos arbitrarios que han venido ocurriendo desde el mes pasado y que están generando evidentemente mucha preocupación en las y los trabajadores. [append chunk id: 13602]

Han solicitado información a la autoridad correspondiente a la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores, más conocida como CORE-SAM, respecto de los despidos, la cantidad de desvinculaciones, cuántas posiblemente estén en carpeta, porque la información que hasta el momento tienen es que en el CESFAM Michel Bachelet fueron despedidos 14 funcionarios el 5 de diciembre, en el CESFAM Juanita Aguirre dos casos más, en el CESFAM Simón Ojeda un caso más, pero la alerta más importante llega cruzando el año nuevo, el 30 de diciembre, casi con cerca de cuántas cartas de no renovación, una cantidad considerable no especificada y no tienen explicación. Ya este es un problema que evidentemente no solo afecta a los trabajadores, sino a todos los vecinos de Conchalí que se atienden en estos servicios. Y por lo tanto, lo que queremos solicitar es el acuerdo de la comisión para que se oficie a la Municipalidad de Conchalí y al CORE-SAM de Conchalí con el objeto de que informen sobre las cifras exactas de desvinculación que ocurrían en estos centros de salud de la comuna y que la autoridad comunal finalmente haga algo que se ha negado lamentablemente todos estos días, que es recibir y generar una instancia de diálogo con los trabajadores y trabajadoras. Y dicho eso, o toma el acuerdo y después paso al otro punto. Sí, mamá. Comentar, ustedes lo deben saber además mejor que yo, presidente subrogante, hasta diciembre del año pasado las y los asistentes de la educación de diferentes lugares del país, tanto de SLEP como de municipios, estuvieron recibiendo sueldos base apenas superiores a los 400.000 pesos. Es decir, estamos hablando de un sueldo inferior al mínimo legal que discutimos en esta propia comisión, que como sabemos subió recientemente desde los 500.000 pesos y que antes era 460 y antes 440.000. O sea, estamos hablando de una cifra incluso inferior a todos los reajustes anteriores. Y acá, bueno, esto no hay dos lecturas. Esto de pagar sueldos base inferior al mínimo es una ilegalidad, sea donde sea, y en el caso de los asistentes de la educación lo ratifica un dictamen del 2015, el número 26.602. Hay algunos empleadores, lamentablemente, presidente, que siguen porfeando que no lo respetan y por eso es que hemos presentado un proyecto que fue aprobado de forma unánime aquí en la comisión por amplia mayoría de las salas, acordarán ustedes, de salario base igual a sueldo mínimo, pero aún no es ley. Así que por mientras los asistentes de la educación lo que han hecho es asistir o acudir a la Contraloría y la Contraloría se pronunció recientemente, eso es lo que les quería comentar, por solicitud de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, AFEN, y de los asistentes de Cabildo, el 31 de diciembre, poquitas horas antes de año nuevo, y refrendó este dictamen que les mencionaba del 2015. Es decir, se mandató que de ahora en adelante, en el caso de Cabildo, se tengan que pagar sueldos base por lo menos equivalentes al salario mínimo. Pero de esto se deducen dos problemas, y con esto voy cerrando, presidente. El primero es qué pasa con los retroactivos. Y el segundo es lo que más liquida a los trabajadores, entrar en una dinámica de forcejeo, municipio por municipio y servicio por servicio, para que se cumpla finalmente un pronunciamiento que evidentemente tiene características de aplicación nacional. Entonces quiero solicitar que oficiemos también a la Contraloría con el objeto de que puedan distribuir a todas las municipalidades del país los dictámenes que se refieren al sueldo base igual al salario mínimo y también solicitar a esta misma entidad que distribuye los dictámenes antes mencionados a la Dirección de Educación Pública para que esta última envíe a los diferentes servicios. Diputados, ¿habría acuerdo para los dos oficios solicitados por el diputado Giordano? Habría acuerdo. Diputado Undurraga, ahora sí. Sí, presidente, mire, aquí se ha nombrado al director del trabajo, el mismo que hace unos días fue denunciado por la ley Karín y la ministra ha dicho que hace unos días se impartió una investigación respecto de este tema. Esta situación se dio básicamente por la mala relación que él ha tenido durante largo tiempo con la presidenta de la Asociación de Trabajadores, la señora Jocelyn Moreno. Ella denunció que en una última reunión le había gritado insistentemente mientras se levantaba de su silla y así una descripción, cierto, de los hechos. Y por lo tanto nosotros quisiéramos que, ojalá, la ministra del Trabajo nos informara respecto de los antecedentes que ella tiene, cuál es la investigación y que nos informe cuáles son las decisiones que se van a tomar respecto del señor director del trabajo, que justamente preocupa más todavía cuando él es el encargado de aplicar la ley Karín y acusado por el mismo hecho. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ságuaro. Diputado Undurraga. Solo señalar, presidente, por su intermedio, que si hay una investigación pendiente o una investigación en curso, esperemos que se acabe la investigación y después puedan llegar los antecedentes como solicita el diputado Ságuaro. Pero antes de, es como inoficioso. Gracias, diputado Undurraga. Efectivamente, yo no sé si va a ser prudente y provechoso enviar un oficio pidiendo antecedentes de una investigación que está en curso. ¿Le parece, diputado, que oficiemos para que cuando termine la investigación se nos pueda enviar el informe? Bien, ¿habría acuerdo? Habría acuerdo. ¿Puntos varios? Diputada. En realidad quería preguntar qué pasó con el invitado que estaba en la sala y se le pidió que saliera de la sala, no entendí bien. Gracias, diputado. Señor secretario. Sí, presidente. Lo que sucede es que para ingresar a la comisión en sesión deben tener un distintivo distinto al amarillo que usan los dos dirigentes que estaban sentados ahí y nos han pedido de la Secretaría General de la Cámara ser estrictos en el cumplimiento de que quienes puedan asistir a sesiones de comisión, solamente los estrictamente invitados por la comisión. Desconocida la información. Gracias. Gracias, señor secretario. Voy a tomar la palabra un minuto a propósito de dos casos de en puntos varios, dos casos de la región de Atacama relacionados con desvinculaciones en recintos educacionales. Particularmente me quiero referir al caso de la Escuela Alternativa Green School de la comuna de Copiapó, que atendió a 70 estudiantes durante el último periodo y que lamentablemente sus sostenedores, la señora Rocío Díaz y don Levi Rivera, no les pagaron cotizaciones desde el año 2023. Después no cumplieron un compromiso de regularizar esta misma situación el año 2024, incluso declararon las cotizaciones sin pagar, incumpliendo sueldos y compromisos escolares. El año reciente, el año 2024, particularmente la fecha 5 de noviembre, se desvinculó y no le pagaron finiquito a todos y cada uno de estos trabajadores. La desvinculación fue completamente abrupta y quiero decir que este señor Levi Rivera es un médico que también presta servicios profesionales en la Asociación Chilena de Seguridad, una institución que tiene como propósito principal proteger a los trabajadores según la ley 16.744, por lo que es evidente un incumplimiento con diversas obligaciones laborales y legales. Por lo tanto, yo quisiera solicitar que pudiese la comisión dirigir un oficio a la dirección del trabajo manifestando preocupación por esta situación, dado que hay un doble incumplimiento por parte de estos sostenedores de un recinto educacional de Copiapó. Y lo segundo tiene que ver también con un recinto educacional, pero de la comuna de Vallenar, el Colegio Ambrosio Higgins, que tomó la decisión de desvincular por necesidad de la empresa a una cantidad importante de trabajadores, son 10 trabajadores y otros 7 adicionales que no se les renovó su contrato. La fecha de la carta fue el 27 de diciembre del año 2024 y a través de una publicación a través de redes sociales se dio cuenta de este proceso. Nos parece muy preocupante que esta situación se produzca en una institución educativa que es propiedad de la Compañía Minera del Pacífico y que lamentablemente toma una decisión por un criterio y una causal que, como ya se ha conversado en la Comisión de Trabajo, es utilizada abusivamente muchas veces por el empleador para posteriormente contratar a otros trabajadores, evidenciando que no fue finalmente el motivo principal por motivos de la empresa. Esos dos oficios quisiera solicitar dirigidos principalmente a la Dirección del Trabajo. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Bien, señor secretario. Está conectada vía Zoom la superintendente de Seguridad Social, la señora Pamela Gana, que necesita autorización para... Perfecto. ¿Habría autorización para que la... para que Pamela Gana pueda ingresar a la comisión? Perfecto. Pero no es sobre esto. Diputado. Presidente, mire, hay una mala costumbre de que la ministra no viene, algunos funcionarios tampoco, y en el Parlamento se están mal acostumbrando a empezar a trabajar más telemáticamente. Mire, yo le voy a dar el acuerdo, porque evidentemente creo que es importante, pero el tema es, presidente, que es una falta de respeto, insisto, es una falta de respeto a todos nosotros que estamos acá, para los asesores, para la secretaría, para usted mismo. Entonces, yo creo que no es el acuerdo, pero definitivamente, presidente, creo que es una falta de respeto cuando se está debatiendo un proyecto como este que no esté. Pero, bueno, nada que hacer. Pregunto, ¿hay autorización para que ingrese? Bien, de todo modo, diputado Lave, bueno, recogiendo la inquietud que usted ha manifestado, yo debo señalar que la señora Pamela Gana, superintendente de Seguridad Social, ha asistido en reiteradas oportunidades a esta comisión. Es decir, si hay una autoridad que ha estado presente justamente en este debate, ha sido la superintendente, lo hago por justicia, digamos, hacia la participación y responsabilidad que ella ha tenido. Bien, entrando, colegas, a la orden del día, la sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República que modifica la ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y que modifica las leyes que indica correspondiente al boletín 17.237 y el número 13 calificado con urgencia simple. Para estos efectos se ha invitado a don Jorge Burgos Varela, presidente de la Asociación de Mutualidades y al señor Jorge Riesco Valdivieso, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Ambos les damos la bienvenida. También se encuentran con nosotros como invitados don Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social, doña Gloria Paulina Cuadra Miño, gerente de Planificación y Estudio del IST, don Cristóbal Andrés Cuadra, gerente de División Asuntos Jurídicos y Corporativos de la HACH, don Héctor Eduardo Jaramillo Gutiérrez, gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutualidad de Seguridad, y don Nicolás Dupré, gerente de Finanzas de la Mutual de Seguridad. Don Jorge Riesco Valdivieso, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, a quien mencionábamos al inicio, se excusó de participar en esta reunión. Bien, le damos la palabra inmediatamente al subsecretario. Este por su intermedio, la verdad es que la sesión está invitada a la Asociación de Mutualidades. Era por si el Ejecutivo quería hacer pronunciamiento en relación al tema. Bien, doña Gloria Paulina Cuadra. Por su intermedio, presidente, me permite. Podría iniciar yo en mi condición de presidente de la asociación gremial. El invitado que nombró en primer lugar soy yo, Jorge Burgos. Sí, no lo tengo claro. Lo que pasa es que estoy remitiéndome al orden de las invitaciones que se nos señaló. No, por eso. Pero no habría ningún problema, don Jorge Burgos. No habría problema, don Jorge Burgos, en que usted inicie como interviniente. Muchas gracias, presidente. Muy amable de su parte. Mire, yo le agradezco mucho la invitación a la comisión, a todas las diputadas y diputados que lo integran. Esta es la segunda vez que venimos sobre este proyecto. Hace ya tres o cuatro sesiones tuvimos este mismo equipo. Hoy día se ha incorporado el gerente de finanzas de la Mutual de la Cámara de la Construcción porque hay ciertos elementos financieros que nos podría ayudar, si a usted le parece, en el momento determinado. Entonces, quisiéramos destinar lo que va quedando de esta sesión para poder, si a usted le parece, continuar con la exposición que quedó pendiente la última vez que vinimos, que no fue pendiente por ninguna mala voluntad, sino que llegó la hora de término y aprovechar también en la exposición agregar algunas consideraciones, no todas, a algunas cuestiones que han surgido con ocasión de la presencia del señor subsecretario y la señora superintendente en oportunidades posteriores a nuestra presencia que ha sido dos o tres veces y esa perspectiva. Don Jorge, disculpe, antes de... voy a hacerle el espacio al presidente Don Luis Cuello, pero está autorizado para continuar con la exposición a la cual se refería hoy día. Muchas gracias. [append chunk id: 13610]

Presidente, ya. Entonces, con la venia del presidente subrogante y el presidente titular, yo por su intermedio le doy la palabra a don Héctor Jaramillo, que va a reiniciar la exposición que hicimos ya hace algún tiempo, y en algunas ocasiones, por intermedio del presidente, podrán intervenir los otros, si a usted le parece, los otros invitados, de tal suerte de poder complementar la exposición en los términos que señalé para... Después de la pregunta que usted estime otorgar a los miembros de la Cámara y usted mismo, podamos hacer un cierre final con un par de consideraciones muy mínimas respecto de ideas de cómo seguir tramitando el proyecto, algunas cosas que le he escuchado a los propios diputados y algunas par de consideraciones constitucionales que sería bueno tener presente para el futuro. Eso es, Presidente. ¿Qué le parece? Perfecto, muchas gracias. No hay ningún problema. Antes de esto, sí quisiera pedir el acuerdo de la Comisión para poder autorizar el ingreso de dos dirigentes del comercio que solamente quieren observar la discusión sin intervenir. ¿Habría acuerdo? No, no hay acuerdo. Muy bien. Adelante, don Jorge. Presidente, buenas tardes a todos los señores diputados, a los señores subsecretarios. Les voy a hacer una pequeña recapitulación de dónde quedamos en la presentación la vez anterior, muy rápido. Les comentábamos que los datos de Chile permiten mostrar que tenemos un número importante de enfermedades profesionales, mucho más alto que España, que Alemania, que Colombia. Y agregamos una diapo al final explicando las características de los datos de España, que a veces son un poco confusos porque ellos tienen un modelo de partes de enfermedad y de procesos de enfermedad, que están al final de la presentación que va a quedar disponible. Pero nuestro punto esencial es que nuestro país tiene un número significativamente mayor de enfermedades profesionales que todos esos países que están ahí. También presentamos en la vez anterior que el modelo actual de comités de calificación ya existe, implementado en las mutualidades y fue implementado en el año 2016 por una circular que emitió la Superintendencia de Seguridad Social, y ese modelo lo que evita es que el médico que atiende sea el mismo que califica. Y por lo tanto, la calificación desde nuestra perspectiva tiene un control de este problema denunciado de potencial juez y parte. También mostramos en ese momento cómo era la descomposición de las enfermedades profesionales y mostramos, muchas gracias, cómo ha venido evolucionando las enfermedades aceptadas y ahí ustedes tienen en ese gráfico los problemas musculoesqueléticos y salud mental, donde destaca el crecimiento de los problemas de salud mental, seguido de musculoesqueléticos, y abajo, muy abajo, están el resto de las enfermedades. En ese mismo momento también les comentamos qué había pasado en el 2023 con el actual proceso de calificación, y vimos que de 67.000 casos que ingresaban, el 82%, 55.000 eran calificados como no laborales. Y frente a ese modelo, que es el modelo que tenemos hoy día, nosotros presentamos el modelo propuesto, donde aparecen estas tres figuras, que son la Comisión de Calificación, la Comisión Central de Reclamación y el Consejo Tripartito, y lo que hicimos fue primeramente simular cómo serían esos 67.000 casos, que son los casos reales de denuncia que ingresaron en el 2023, si pasaran por este proceso. Y ahí, uno de los puntos esenciales es que el proyecto propone que los casos que ya fueron calificados como no laborales, esos 82% de casos, vuelvan a pasar por una comisión de reevaluación, nos impone a las mutualidades de empleadores un plazo más acotado para el estudio de calificación, se mantiene que las mutualidades siguen calificando, y en caso que no sean laborales, pasan a esta comisión, y en caso que sean laborales, se acepta la calificación. Desde ahí, lo que nosotros hicimos fue también estimar una serie de supuestos, que son los que vamos a explicar también a continuación, en base a que este proceso, dada nuestra experiencia, llevamos calificando 8 años alrededor de 500.000 casos de calificación de enfermedades profesionales, en la experiencia acumulada de las tres mutualidades, y eso nos hace por lo menos tener una noción muy cercana de cómo es este proceso y lo complejo que es. Y ahí, nuestros supuestos están basados en que este proceso al menos se duplica en tiempo, por lo que vamos a explicar a continuación. El último punto que mencionamos también fue este consejo consultivo tripartito, que la diferencia que señalamos es que, a diferencia de lo que ocurre en la OIT, cuando se incorpora una enfermedad profesional, la lista de enfermedades profesionales, que es un listado restrictivo en el mundo entero, acá en este modelo, este consejo bastaría la mayoría, y el presidente sería el superintendente o la superintendenta que tomaría la definición. Y eso nos parece que es distinto a lo que ocurre en la OIT, que es el estándar que se utiliza mundialmente respecto a enfermedades profesionales. Ahora, cuando resumimos cuáles son nuestras principales observaciones, nosotros vemos que presentamos otra vez una lámina, una propuesta, es la misma, pero le agregamos un par de láminas para profundizar el resto de las cosas que están. Esta lámina que de alto costo ya lo habíamos presentado en una lámina que lo estoy resumiendo, básicamente lo que presentamos fue, no solamente el costo que significa nuevas enfermedades profesionales reconocidas, con este tiempo de calificación, que es un impacto general muy importante, sobre todo para el sistema salud común. Inicialmente ese costo lo tienen que pagar las mutualidades, y por lo tanto se nos forma una deuda, y tal como se señaló en esa oportunidad, esa deuda hasta ahora no ha sido pagada. Vemos que esto genera un impacto significativo, eso no estaba en la presentación anterior, porque habíamos, considerando el poco tiempo, tenemos ahora la estimación, y por eso vino el gerente de finanzas, de cuál es el impacto en las empresas. En nuestra estimación, dado que este proceso estimamos que se va a demorar 60 días, es que esto significa al menos un promedio de 13,8 millones de pesos anuales para las empresas. Vemos que es un proceso más bien burocrático, porque crea entidades, estructuras, procesos, instancias que repiten y alargan la calificación. Es ineficiente, dado que recalifica 82% de casos que ya fueron calificados por un comité técnico altamente especializado, son muy pocos los profesionales competentes en salud ocupacional en Chile, y es un modelo que existe en la COMPIN, actualmente en el proceso de revisión de licencias médicas, por lo tanto vemos que el modelo de revisar todos los casos que sean, en este caso no laborales, no tiene mucho sentido. La experiencia comparada es que genera un modelo COMPIN de operación que nos parece que es bastante conocido los efectos que tiene. Vemos que este modelo es sesgado en el diseño, dado que establece que si son laborales estamos ok cuando lo califican las mutuales, pero si no son laborales se cuestiona. Y además de eso, y lo vamos a demostrar a continuación en las siguientes láminas, es un proceso donde estas comisiones, nosotros vemos que no van a ser autónomas, vemos también que el suceso pasa de ser juez a ser parte del proceso, y hasta ahora en nuestro país no han existido modelos de cuotas de calificación de enfermedades profesionales, sino que más bien obedecen a las complejidades que tienen, y que también les vamos a comentar a la raíz de las preguntas que hizo uno de los diputados, cuál es el comportamiento de las enfermedades profesionales, porque este es un problema en el mundo. ¿Por qué decimos que se demora al menos 60 días el proceso propuesto? Porque nosotros hoy día tenemos 20 días para calificar, y tenemos incentivos para eso. Si no calificamos los primeros 30 días tenemos que pagar un subsidio de ese caso, aunque sea no laboral. Hoy día también existe una instancia de reconsideración en la propia mutualidad, si alguien no queda de acuerdo con la calificación de enfermedades profesionales se le pide a otro comité que lo revise. Pero también nosotros vemos que la capacidad que tiene construir la superintendencia para poder ejecutar esto, en nuestra experiencia hoy día nosotros en las tres mutualidades funcionamos con 102 comités de calificación semanales, y esos comités tienen un rendimiento de 15 a 18 casos por comité, por sesión de comité, para poder abordar el volumen de casos que son esos 67.000 que ustedes vieron en la presentación que hice, y en los números que presenté. Por lo tanto, si el suceso señala que quiere tener 70.000 como presentó en alguna de las presentaciones, necesita 105 comisiones con este resultado equivalente, porque vemos que la figura es la misma. Ahora, eso requiere en el caso de las mutualidades 77 profesionales que, como les mencioné, son altamente especializados, este año recién están cursando los primeros tres médicos del trabajo de todo Chile, que están formándose en Chile, por lo tanto es una especialidad muy poco desarrollada en Chile y la mayoría de los profesionales están en las mutualidades de empleadores, y por lo tanto tampoco vemos de dónde van a sacar esos profesionales. Y se requiere desarrollar todo un sistema operacional para administrar estas comisiones, asignarles los casos, cada uno de los médicos en el caso nuestro tiene que estudiar primero antes de cada comisión, entre seis a cinco enfermedades, casos denunciados, con una carpeta de antecedentes para poder presentárselos al resto de los colegas, y eso en nuestra experiencia es una logística muy demandante de recursos, de sistemas y de tiempo esencialmente. Por lo tanto, nosotros no vemos que sea factible operar como se ha presentado en menos de ese tiempo, y por eso es que consideramos que el 60 días es el paso que se va a demorar desde. Piensa que si solamente llegara a tener 50 profesionales para calificar los casos de enfermedades profesionales, el tiempo se duplica y tendríamos un año de calificación si es que oponemos a las mismas personas a calificar el volumen de casos que hoy día hay, dado que se repite la calificación de los casos que fueron recientemente calificados y la escasez y altamente especialización que tienen estos profesionales. A su vez, estos sistemas de calificación tienen que conectarse con los sistemas que hoy día tienen las mutualidades, que funcionan y que han sido desarrollados para este proceso. Y en caso de requerir peritaje, estos peritajes deberían demorarse entre 10 a 20 días. Lo que vemos es que la realidad para poder implementar un proceso eficiente de calificación como el que hemos logrado implementar después de 8 años de proceso, no nos permite estimar una cifra distinta a 60 días de calificación como mínimo. Otro de los componentes que establece este proyecto es una modificación al actual artículo 77 bis. El artículo 77 bis es el artículo que regula cómo se complementan el sistema de salud laboral con el común. Ahí les puse un esquema para mayor entendimiento. Los dos sistemas son complementarios y excluyentes. Y ahí el sistema de salud laboral tiene sus reglas y el sistema de salud tiene sus propias reglas. Y cuando se comunican es a través de este artículo. En resumen, ¿qué es lo que sucede si hoy día si un caso entra a estudiarse en la mutualidad? Se estudia el caso, se califica en un comité de la mutualidad y si se define que es no laboral se rechaza, se deriva al sistema de salud común. Si el sistema de salud común está de acuerdo con el caso, lo atiende. Si no está de acuerdo, apela al suceso. Por el contrario, cuando el caso ingresa por el sistema de salud común y dice tengo una enfermedad profesional, no tienen que hacer ningún estudio, simplemente lo tienen que derivar, no tienen que hacer el protocolo que tenemos que hacer nosotros como mutualidades. Y en ese caso, cuando llega, nosotros tenemos que aplicarle el mismo protocolo de estudio como si hubiese llegado con nosotros a todos los casos que llegan derivados del sistema de salud común. Si nosotros decimos que es laboral, a pesar de que lo aceptamos después de este estudio, si decimos que no es laboral por el estudio, tenemos que apelar a la superintendencia de seguridad social para que el caso sea resuelto finalmente por la superintendencia. En ese proceso, hoy día nuestros datos son solamente analizando los casos de reclamaciones de calificación. Es un proceso que demora alrededor de 100 días por la superintendencia. En el nuevo modelo, como ustedes han visto, acá todos los casos que entran a estudiarse, si se define que son no laborales, tendrían que pasar a una nueva comisión de revisión, esta comisión de calificación. Nosotros obviamente vamos a apelar a todos los que inicialmente dijimos que no eran laborales, que se cambian a laborales, y por lo tanto van a pasar a estas reclamaciones. Y en ese entonces el paciente va a pasar al sistema de salud común. En el intertanto, el trabajador va a estar en tratamiento de atención. Hoy día tenemos una indicación de atención mínima respecto a estos trabajadores. Sin embargo, se incorporan dos diferencias respecto a la actual. Que si el trabajador que se califica como laboral o como común en este caso, no quiere ir a atenderse al sistema de salud común, el trabajador puede quedarse en el sistema de salud laboral. Y eso es un problema que hoy día no tiene una solución de cómo abordar porque podría el paciente decidir quedarse el tiempo necesario más allá del que establece los protocolos de calificación y tratamiento. Pero además, existe otra figura que es para las enfermedades que no están en el listado de enfermedades profesionales, que se podría estudiar esta enfermedad. Hoy día nosotros no estudiamos enfermedades profesionales. En el 2016 hubo un intento de que se estudiaran todas las enfermedades. Eso significó que se desbordó el sistema cuando se emitió ese circular y se tuvo que hacer una nueva circular corrigiendo que solamente son las del decreto 109, que es un decreto que regula en Chile cuáles son las enfermedades profesionales. Y esto se hace en Chile y en el mundo, básicamente porque como el empleador es el responsable de los riesgos, solamente son reconocidas como laborales las enfermedades que se puedan gestionar causadas directamente por el trabajo y por lo tanto de responsabilidad del empleador. Ahora, al revés, la figura es más o menos parecida. Y aquí hay un cambio respecto a la figura actual. El trabajador, sus antecedentes van a viajar al sistema de salud laboral para estudiarse, pero el trabajador se queda esperando la atención del sistema de salud común. Pero también puede decidir no pasar. Ahora, acá les vamos a mostrar un ejemplo. [append chunk id: 13617]

Lo que queremos graficar acá es que nosotros valoramos muchísimo que exista continuidad de tratamiento a los trabajadores, que no tengan que estar yendo de un lugar a otro, digamos. Pero esto requiere que se protocolicen los aranceles de las enfermedades profesionales más comunes, que como bien explicó Héctor Jaramillo, son de naturaleza musculoesquelética o de salud mental. Yo les traigo aquí el ejemplo de un senador que está actualmente en ejercicio, que hace un par de años atrás sufrió un accidente en la costa norte, su auto volcó porque había pulpa de durazno en la carretera, aparentemente. Esto es materia de un juicio, por lo tanto no me voy a pronunciar respecto a las causas del accidente. Pero ahí tienen ustedes, que lamentablemente no se aprecia con tanta claridad, pero exactamente. El senador estuvo internado una noche en una clínica privada de Santiago y estuvo 12 días internado con nosotros en el Hospital del Trabajador. Fue intervenido quirúrgicamente una vez en la clínica privada, dos veces en el Hospital del Trabajador. El costo del tratamiento del senador en la clínica privada fue de 23 millones de pesos, de precio para la H, que lo pagó, pagó la factura, 23 millones de pesos. El costo de la H, de los 12 días de tratamiento versus un día de tratamiento, fue de 17 millones de pesos, es decir, menos de la mitad. Si uno hace el análisis línea a línea, puede ver, por ejemplo, que en los exámenes de imágenes, por poner un ejemplo, en la tercera línea el prestador externo cobró 5 millones de pesos. Yo me reuní con el gerente del Hospital del Trabajador a revisar este caso línea a línea y le pregunté si todos esos exámenes eran necesarios. Él me dijo, sí, está bien que le hayan hecho todos esos escáneres al senador porque se dio vuelta, fue un accidente muy violento, se pudo haber fracturado el cráneo, se pudo haber tenido diversas fracturas. Ante lo cual yo le dije, bueno, ¿y cuánto salen todos esos exámenes que ya costaron con el resonador de esa clínica 5 millones de pesos? En el Hospital del Trabajador habrían costado 670 mil pesos, estamos hablando de una diferencia de 10 veces. Ante eso, yo, sorprendido, dije, bueno, debe ser que el resonador de ellos es mucho mejor que el nuestro. Por el contrario, me dijo, el nuestro es nuevo, porque nosotros acabamos de remodelar el Hospital del Trabajador, es mejor que el de ellos. Entonces yo le dije, estamos perdiendo plata con los 670 mil pesos. No, me dijo, marginamos un 8%. Entonces, ¿es ese el nivel que tenemos hoy día de las diferencias? ¿Y ese es el nivel de eficiencia que han alcanzado las mutualidades para tratar a sus pacientes? Y lo que estamos tratando de decir nosotros aquí es, fantástico la continuidad de tratamiento. El Ejecutivo sabe perfectamente esto, porque se lo hemos dicho varias veces, y no lo incluyó en el proyecto. No lo entendemos por qué. Porque las mutualidades no tendrían por qué pagar el día de mañana a un psiquiatra a 150 mil pesos la hora, o un psicólogo a 90 mil pesos la hora, si tienen psiquiatra y psicólogo que pueden tratar a ese mismo paciente de una manera mucho más eficiente y menos costosa. Entonces, con esto se estaría traspasando una ineficiencia hoy día del costo de la salud a un seguro social, solidario, 100% de cargo del empleador, totalmente gratuito para los trabajadores, que sería bastante difícil de soportar. Yo no sé si la Comisión sabe, pero el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, por ejemplo, trata a gente que quedó inválida a raíz de un accidente del cuello hacia abajo y le da todas las prestaciones médicas hasta el final de sus días, digamos hasta su muerte, cuesta varios millones de pesos por paciente, y se lo entrega totalmente gratis a ese trabajador. Tiene alrededor de 600 pacientes en esa condición. Eso es lo que logra este seguro. Entonces, lo que nosotros pedimos en el fondo es que cuidemos este seguro y que no le carguemos costos que sencillamente no corresponden. Para continuar con la presentación, respecto al rol de SUCESO, lo que nosotros vemos en esta figura, que fue utilizada por la presentación de la Superintendencia, es que respecto a la gobernanza y el rol de SUCESO y este Consejo Tripartito de Calificación, en las funciones que están descritas en el proyecto no hay ninguna función que señale que este Consejo va a administrar las comisiones. Por el contrario, lo que se establece en el proyecto es que SUCESO va a crear un departamento de coordinación de comisiones, contratará y pagará a los integrantes de las comisiones, administrará esta operación de las comisiones, le dará soporte tecnológico, le tiene que dar el soporte administrativo, y además va a evaluar a los integrantes de las comisiones. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que en realidad este es un nuevo departamento de la Superintendencia de Seguridad Social, donde se transforma de juez que evalúa las calificaciones hoy día y son en instancia de apelación, aparte del proceso. Y la primera pregunta que tenemos ahí es, ¿quién va a fiscalizar a SUCESO en ese rol? Porque hoy día tendría que fiscalizar a sí mismo. En segundo lugar, como les mencioné, nosotros vemos que el modelo de diseño de revisar todos los casos que sean no laborales, sin ningún criterio de certificación o de screening para estos casos, es un modelo que ya existe en las COMPIN, y ustedes han visto el resultado en todos estos años acumulados de deficiencia, donde si le pides a los operadores que evalúen todo de nuevo lo que acaba de ser revisado, nosotros vemos que ese sistema no tiene soporte. Y por último, que es lo que consideramos más complejo, este nuevo rol de SUCESO de pasar de juez a parte, nos parece que no hay en el proyecto una definición de cómo se va a abordar y quién se va a encargar de definir. Por el contrario, sí también aparece en el proyecto una serie de definiciones que nos parece que son muy complejas, y por eso le pido a Cristóbal que desde la perspectiva más legal también haga unas observaciones por su intermedio, Presidente. Lo que estamos tratando de graficar en esta lámina, Presidente, es que pasamos de un sistema mixto, en que en primera instancia resuelven corporaciones privadas sin fines de lucro, a un sistema íntegramente controlado por el Estado, y lo que es peor, por una sola persona, cuando toda la tendencia actual es entregar más poder a organismos colegiados, donde esa persona no solamente designa, contrata y paga con dinero o con presupuesto solicitado a las mutualidades de empleadores, a todos los integrantes de las dos primeras comisiones, sino que además los supervigila. En la exposición del Ejecutivo se dijo que estas comisiones iban a ser técnicamente desconcentradas. No existe en nuestra legislación el término técnicamente desconcentrado. Existe la funcionalidad, la desconcentración funcional y la territorial. No existe la desconcentración técnica. Si a lo mejor el Ejecutivo quiso decir con eso que iban a ser independientes, yo creo que es muy difícil que si yo contrato a una persona, la designo, le pago, y además la supervigilo, esa persona sea independiente de mí. Creo que es prácticamente una quimera que esa persona sea independiente. Entonces vamos a pasar a un sistema mucho más ineficiente, donde se desatiende el mandato constitucional cada vez que un organismo privado administra un sistema de seguridad social, como en este caso, que lo administra un organismo público, lo administra una mutualidad privada, porque también existe una mutualidad pública que es el ISL, para que no lo olvidemos, y el mandato constitucional en ese caso para el Ejecutivo no es coadministrar, no es ser el que decide todo, es velar porque las prestaciones de seguridad social efectivamente se entreguen en tiempo y en forma, y fiscalizar el adecuado acceso a esas prestaciones de seguridad social. Ese es el mandato constitucional, no coadministrar y dirigir todo el sistema concentrando aún más poder del que ya tiene. Presidente, para continuar la presentación, una de las cosas que están más en el fondo de este proyecto es cuál es el comportamiento de las enfermedades profesionales, qué es lo que se debe esperar de las enfermedades profesionales. Y para ilustrar eso, acá tenemos la serie acumulada de todos los casos de denuncias de enfermedades profesionales que han habido del año 2012 al 2023 que están disponibles, y ustedes ven que desde la fecha de la circular, que fue el 2016, el año 2015 teníamos, el año inmediatamente anterior, 36.000 casos de denuncias de enfermedades profesionales al año. Fíjense que en el 2023 tenemos 67.000, casi el doble. O sea, lo que tenemos hoy día es que nuestro sistema ha permitido incorporar casi el doble de denuncias, y todas esas denuncias pasan al proceso de calificación que hoy día está arreglado, instancia que fue instruida en esta circular y que fue la primera circular luego de 33 años sin circulares de calificación, porque las únicas que habían previamente, y esto es importante, estaban asociadas a problemas pulmonares auditivos, que eran los problemas de la época, los años 70, 80, cuando partió esta ley. De esas denuncias, acá está el número de casos calificados y la tasa de calificación, y ustedes pueden ver que, descontando lo que ocurrió en la pandemia, donde ocurrió una disminución importante por otras razones, vemos que de 5.000 casos que se reconocieron, 6.000 casos que se reconocieron en 2015, el año pasado, solamente considerando las mutualidades y sin el ISL, se reconocieron como 9.500 casos. Por lo tanto, este sistema lo que ha hecho es incorporar nuevos casos y ha reconocido nuevas enfermedades profesionales, y a su mismo ha aumentado la tasa de calificación. Si hacemos un zoom y vemos qué ha pasado del 2019 al 2023, y estos son los datos que están disponibles en el observatorio de la Superintendencia de Seguridad Social, vemos que, como les mencionaba antes, también las denuncias de enfermedades profesionales han aumentado en salud mental especialmente, el músculo esquelético es bastante estable en el tiempo, acá están las denuncias mes a mes, y si ustedes se fijan, las otras denuncias, los problemas respiratorios y las patologías dermatológicas y auditivas se han mantenido bastante estables. Y eso tiene que ver con la naturaleza de esas propias enfermedades. Esas enfermedades son las enfermedades profesionales clásicas, que tienen esta circular de hace más de 30 años que establece cómo se califican, con exámenes como audiometría, radiografía, donde es bastante fácil establecer la causalidad directa. En el caso de la enfermedad de músculo esquelético y salud mental presentan un desafío, y para eso la Superintendencia instruyó esta circular de calificación, y solamente respecto al problema músculo esquelético, esto también es un problema que no es estático en el tiempo, se han instruido alrededor de 7 a 8 circulares adicionales de calificación y de evaluaciones de puestos de trabajo solamente respecto al problema músculo esquelético. Por lo tanto, no es algo que está fijo, a diferencia de la circular de calificación de auditivo, que lleva 50 años con la misma circular, acá se han hecho modificaciones prácticamente anualmente. Y eso es uno de los problemas que también incide en esta variabilidad en la calificación. Cuando vemos, de todas esas denuncias, ¿cuáles son las que se aceptan? Si ustedes se fijan, hay enfermedades que hoy día se aceptan más del 50-60% de casos de las denuncias, y esos son los problemas auditivos que están ahí en puntito negro y amarillo, son las dermatológicas y audiológicas, porque en general son patologías que son sencillas de diagnosticar, tienen historias ocupacionales bien conocidas, y eso mismo pasa con la respiratoria. Hay una oscilación de la respiratoria que se recupera ahora, que tiene que ver básicamente con la distorsión del COVID, y por eso ese número es un poco confuso, pero en general son altos niveles de aceptación, más del 50% de los casos. En músculo esquelético y salud mental los niveles de aceptación están ahí, en salud mental alrededor del 20% y en músculo esquelético el 10%. Entonces, ¿qué es lo que primero queremos ilustrar? Que la enfermedad profesional no es lo mismo que cualquier enfermedad profesional. Depende de la naturaleza de la enfermedad profesional. En el caso chileno, la chance de calificación es como de origen laboral, y eso tiene que ver con las características de la enfermedad, qué tan sólidos y establecidos están los criterios para definir el origen laboral. En el caso de lo que ha planteado la Superintendencia, es que ellos hicieron una muestra de 400 casos el año 2023, en el segundo semestre, y en base a esa muestra, estos son todos los datos de casos calificados y todos los datos de denuncias hechas en el país. En base a esa muestra, lo que establece es que por los criterios de sus fiscalizadores, y solamente, repito, respecto a músculo esquelético y sobre 400 casos, los fiscalizadores consideran que hay más casos. Ese es el supuesto sobre el cual se está basando el que hay más casos. Cuando uno apela al SUCESO, y lo mostramos también acá, por el otro lado, las instancias de revisión de los casos que son apelados, ratifican 85% de las veces las decisiones de la mutualidad respecto a calificación. [append chunk id: 13624]