Senado - Economía - 7 de enero de 2025

Para nosotros eso es fundamental y, sobre todo, toma mucha más relevancia, Presidente, y a la Comisión, considerando, efectivamente, el protocolo de acuerdo que se firmó hace pocos días entre el Ejecutivo y los parlamentarios. Por lo tanto, radica ahí nuestra presentación y va a ser muy precisa respecto del proyecto de ley, respecto de estas temáticas. Así que muchas gracias y yo prefiero que esté Rodrigo Pinto quien lo haga por un tema de conectividad. Muchas gracias, Presidente, y a la Comisión. Muchas gracias, señora Loreto. Le damos la palabra, entonces, a don Rodrigo Pinto. Gracias, Presidente. Ahí tenemos la presentación. En relación al Consejo del Salmón, es el gremio que reúne las empresas productoras del salmón chileno, que es el segundo producto más exportado en Chile, solamente superado por el cobre y de una proteína que es la más beneficiosa y amigable y saludable para el ser humano, de todas las demás proteínas que se producen. Somos, desde luego, el segundo player en el mundo en el mercado del salmón. Tenemos el 25,8% de la producción, solo superado por Noruega y de lo relevante es que los destinos top five del salmón chileno son Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y China. Estamos, desafortunadamente, estancados en una producción en los últimos cinco años que no puede superar el millón de toneladas anuales, con retornos por, para este año se prevé en 7 mil millones de dólares para Chile. Y sobre el particular que hay 70 por 70 mil empleos, aproximadamente, de los cuales el 36% es femenino. Pero lo relevante es que los que son canosos recordarán este título, somos 14 y se esperan más. Hoy día, para un ciclo productivo, las empresas productoras de salmón requieren solicitar 14 permisos y con los proyectos de regulaciones que están hoy día en trámite, entre ellos el proyecto de reglamento de residuos, se esperan tres permisos adicionales más. Por eso que para la segunda industria exportadora chilena es clave este proyecto, se agradece el esfuerzo del Ejecutivo y del Legislativo en orden a facilitar la producción y que Chile pueda ser un competidor a nivel mundial. Ahí se observa la curva claramente, las dos bajas que tiene la curva corresponden al primer caso en el año 2009, al virus ISA, y la segunda en el año 2016, 2021, perdón, con el fenómeno del niño que fue especialmente crudo en el sur. Pues bien, yendo a lo concreto y a su petición, señor Presidente, el proyecto de ley en su artículo 4 establece 12 materias que son excluidas de la aplicación de este sistema, de este proyecto de ley en marco de permisos sectoriales. El artículo 4 señala que quedan excluidas letra I, las concesiones administrativas, y letra K, las materias cuya resolución final sean de competencia a la Dirección General de Movilización Nacional y Dirección General de Aeronáutica y Directemar. Asimismo, quedan excluidas todas aquellas autorizaciones que tengan por objeto cautelar la seguridad nacional, que sean de competencia al Ministerio de Defensa Nacional. ¿Qué significa eso? Queda muy libre la interpretación del intérprete de hoy, de mañana y de pasado mañana. Entonces ahí hay un riesgo normativo que creemos muy importante y que ya ha sido abordado en varias sesiones de esta misma comisión. El Ejecutivo, la persona del ministro Nicolás Grau, ha señalado que las concesiones marítimas se encontrarían incluidas dentro de este sistema legal. Y hace pocos días se suscribió un protocolo entre el Ejecutivo y los parlamentarios que avanza precisamente en dejar por escrito esta interpretación referida a que las autorizaciones que tengan un rol relevante en la promoción de la seguridad nacional serían las excluidas, limitando por ende el alcance de lo que estaba originalmente en el proyecto de ley. Sin embargo, en el alcance de este acuerdo, de este protocolo, nosotros creemos que todavía hay espacio y hay oscuridad para la interpretación libre posterior de un funcionario público, de un funcionario de la Armada, de un abogado, de funcionarios del sector público, de contraloría, de un contralor, etcétera. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el límite entre lo que interesa a la seguridad nacional en las concesiones marítimas, en las concesiones acuícolas, en los marcos de pesca, en el transporte fluvial, el marítimo del sur austral? ¿Qué pasa si un dueño de capital de una de las empresas es de una nación que no sea amistosa con Chile? Entonces, en todos esos ámbitos definitivamente hay un espacio, una oportunidad, señor Presidente, nosotros creemos de mejorarlo. También está el hecho de que el propio decreto con fuerza de ley 340, muy antiguo, del año 60, sobre concesiones marítimas, habla también de una segunda especie de concesiones. ¿Alguien en el futuro podría implementar? No, es que la exclusión está referida a las concesiones marítimas, no solo a las concesiones pequeñas o de escasa importancia. Entonces, frente a estas hipótesis, creemos nosotros, nos parece y esperamos que para los legisladores también sea de sentido común y evitar posibles divergencias interpretativas, precisar, dejar de manifiesto que el otorgamiento de concesiones marítimas por parte del Ministerio de Defensa Nacional se entiende incorporado al nuevo sistema de autorizaciones sectoriales de este proyecto de ley marco, que no nos vamos a cansar de decir, es ultra, supervalioso y muy oportuno. Y con eso concluimos, señor Presidente. Muchas gracias por su presentación, muy clara, muy precisa y de lo que creo, bueno, quizás le pongamos la palabra al ministro, pero yo creería que está en línea con lo que, exactamente en línea con lo que se ha conversado, digamos, no veo riesgo, no sé, por supuesto hay que definir bien qué es seguridad nacional, pero tiene la palabra el ministro. Sí, a ver, en el, esto lo hemos conversado otras veces y yo entiendo que es, como tantas personas lo han planteado, algo debe haber en el fondo que genera esa confusión, es cierto, uno siempre tiene que dar, cuando muchos sostienen un tema, aunque a pesar de que uno repita, algo debe estar, algo debe haber que revisar. Pero a ver, lo primero que yo diría es que, respecto a la versión actual, no a la versión que va a ser mejorada a este respecto, a propósito de las indicaciones acordadas en el protocolo, las concesiones marítimas dependen, y esto estaba en la presentación, pero igual lo quiero plantear, dependen de la subsidiaria de Fuerzas Armadas, y la subsidiaria de Fuerzas Armadas no está excluida en el diseño actual. Ahora, un cambio importante que hace el protocolo, además, es que va a hacer que ninguna institución de las Fuerzas Armadas, por el hecho de ser una institución, por su nombre, digamos, por la institución que es, quede excluida. Pero sí van a quedar excluidos, efectivamente, los permisos que tengan un impacto relevante en la seguridad nacional. Y eso, por supuesto, es algo que vamos a tener que trabajar en los reglamentos. Ahora, lo que yo diría respecto, además, de concesiones marítimas, es que en el documento que nosotros hemos compartido tanto con ustedes, como también con las diputadas y los diputados, donde se especifican todas las autorizaciones y a qué tipología van a ir, ¿no es cierto?, a partir de las conversaciones que tuvimos con cada uno de los servicios durante el diseño de este proyecto 2023, está concesiones marítimas. O sea, lo que quiero decir es que siempre en nuestra conversación con Fuerzas Armadas, en el trabajo prelegislativo que hicimos, siempre ha estado presente que concesiones marítimas va a ser parte de esto. Por lo tanto, no vemos ningún riesgo, honestamente, para que concesiones marítimas no lo sea. De hecho, es un ejemplo que hemos utilizado en muchas presentaciones. Ahora, por supuesto, los dos puntos planteados acá son mejorados a propósito de... O sea, eso es lo que nosotros queremos, las indicaciones que estamos trabajando son efectivamente mejoradas. Así que creemos que esto se va a clarificar a propósito de las indicaciones que debiéramos ingresar el 13 de enero, Presidente. Senador Piu, y después pasamos. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio. Quiero agradecer al ministro la explicación, también a este tremendo equipo que nos da lo que se ha señalado, la capacidad de poder exportar algo que no solo es de valor alimenticio por la proteína, sino que provee recursos. Yo creo que aquí el tema de fondo, señor Presidente, es distinguir las diferentes categorías de concesiones marítimas que hay. Hay concesiones marítimas onerosas y no onerosas. Y aquí entramos en los problemas de los trabajos, porque probablemente el trabajo que tome una no onerosa sea tan importante o grande como aquellas que son onerosas. Hay concesiones marítimas onerosas cuyo destino es el deporte, pero hay otras que el destino es económico. Entonces aquí hay que hacer, y esta es parte del proceso, tenemos que tener una priorización en triage y se tienen que trabajar de forma distinta. ¿Por qué? Por los impactos que tienen, por los impactos en los empleos, por los impactos en la economía. Entonces no es que sea una bolsa de concesiones. Esto es complejo y por eso está un organismo del Estado, del Ministerio de Defensa, no de la Fuerza Armada, se llama Subsecretaría de la Fuerza Armada, pero es político, es ministerial. Y ahí es donde tiene que haber conciencia y tiene que haber una mejor relación con el fiscalizador del ámbito pesquero. Y aquí el que está faltando en esta reunión es el Subsecretario de Pesca, porque lo que se necesita, tal como la agricultura, se requiere agua y tierra para producir un alimento, aquí se requiere el agua para poder generar este alimento proteína. Y esta vinculación entre subpesca es fundamental, porque si no vamos a empezar a entramparnos, lo que autoriza uno no lo autoriza el otro y partimos con los problemas del compra huevos. O sea, hay que ordenar, hay que categorizar, hay que priorizar. Concesiones Marítimas, entonces, es un buen ejemplo porque es lo más malo que tenemos. Y lo más malo no porque la gente sea mala, es porque ese organismo finalmente se tiene que relacionar con mucho y bueno, nadie le contesta. Entonces tenemos un problema de fondo detrás y ese es el por qué tienen que estar. Es por el efecto económico que van a generar. Entonces aquí podríamos quizás cambiar la reacción y poner la prioridad en aquellas concesiones de impacto económico y obviamente hacer la salvedad con aquellas que podrían ser por motivos de la seguridad nacional. Fíjense que por seguridad nacional se podría no permitir una concesión, pero eso es parte de la autorización, no es parte de que tenga o no el proceso. Entonces eso es lo que tenemos que ser muy precisos para que lo redactemos de la forma que corresponda y lo que es más importante es que el sistema después se levante con todos estos elementos para que así se puedan resolver. Concesiones Marítimas es, sin lugar a dudas, el punto más complejo a resolver y si lo hacemos bien el resto va a salir bastante bien. Eso sería presente. Muchas gracias. Gracias, Senador. Aprovechando esta discusión, yo quería proponerle a la Secretaría, si están de acuerdo por cierto los senadores, que incorporemos dentro del informe el protocolo de acuerdo que fue firmado para efectos de también tranquilidad de que por lo menos hay intención de ver esta materia y todas las que están. Así que no sé si quizás, Diego, tú nos podrías imprimir una copia del acuerdo para entregársela al secretario. Lo hacemos así. Acordado. Le damos la palabra ahora entonces al abogado don Yerko Campillay. También, como le decíamos, directo al grano, por favor. 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Gracias, señor presidente. Senadores, ministros, muy buenos días. La presentación va a ser directa y en particular tiene que ver con un interés académico principalmente y esperamos que esto tenga que ver con la historia de la ley, más que con una indicación puntual o con una pretensión de aporte puntual. Para nosotros es interesante plantear dos cosas. Primero, vamos a trabajar con crédito inductivo porque el contexto ya está dado y son dos puntos. Uno, la necesidad de capacitación profesionalizada en permisería y la permisería predial fiscal. Cualquier proyecto en Chile, y particularmente voy a referir a los proyectos que se desarrollan en la región de Antofagasta, necesitan hoy día la licencia legal para operar y eso en particular, como el mismo proyecto lo plantea, son una serie de concesiones, permisos, certificaciones y en definitiva, ¿no es cierto?, eso tiene dos caras. El permiso tiene dos caras, el otorgamiento de cara al regulador y la petición o la obtención de parte del postulante, el regulado. Y en ese sentido entonces, si se produce una contractura entre esos dos ámbitos, entonces entramos a la necesidad de intervenirla. El íter del permiso es así de simple, en el ámbito privado se presenta una oportunidad y se genera una necesidad productiva, el regulador lo llama proyecto y de ahí entra una factibilización integrada desde el punto de vista económico, los directorios aprueban el presupuesto y trabajamos, ¿no es cierto?, con el primer aspecto adecta, la postulación al regulador. Y allí se nos produce el quiebre, en la zona de quiebre está justamente entre el otorgamiento y la obtención. ¿Y por qué se produce? Entonces tenemos multicausalmente explicaciones, pero si uno hace un ejercicio estrictamente académico, uno podría decir que desde el punto de vista de la permisería tenemos una relación entre el regulador y los regulados y esa relación puede venir en virtuosa o perniciosa. Hoy día pareciera ser que es una relación que está más bien cerca de plantearse como el regulador en contra del regulado. Si uno escucha las ponencias que se han producido en esta misma comisión, uno podría detallar todas las trabas que se generan para poder conseguir permisos. Y en definitiva entonces no tenemos al frente, en el regulador, no tenemos a un enemigo ni un adversario, debiéramos tener a un facilitador de la actividad productiva. Pero en definitiva pareciera ser hoy día que tenemos en crisis la conexión entre la necesidad privada y la solucionática pública. Y a través de este proyecto que nosotros saludamos, en definitiva nosotros intentamos resolver esa diferencia. Ahora, a nuestro juicio, en nuestra explicación tiene que ver con por qué se produce. En el ámbito privado, si a un técnico le entregan un presupuesto, digamos, de un 100% y sólo gasta el 80% y cumple 13 actividades en vez de 10, entonces lo van a premiar y lo van a ascender. En el ámbito público, lamentablemente, lo van a acusar de inejecución presupuestaria y además probablemente malversación de fondos públicos. Por lo tanto, cuando hablaba el señor senador acerca del fiscalizador, cuando viene, hace la interpretación de ley, pero además cuando derechamente viene a la fiscalización, la lógica, la técnica decisional pública es distinta a la privada. Por lo tanto, en la práctica, si no generamos un puente en el ámbito técnico, es muy difícil que se pueda generar la conexión de interpretación, la uniformidad de interpretación y sobre todo la facilitación de la aplicación. En ese contexto, lo que hemos venido planteando es que, dado que la oportunidad está en el corazón de la rentabilidad privada, pero que no tiene ninguna importancia en el ámbito público, de hecho acostumbramos a decir en las clases que hacemos en la Universidad Católica del Norte, si en definitiva el regulador se demora en sacar un permiso y usted se transforma en una empresa quebrada o en una multimillonaria, al Estado le da lo mismo y no deberá darle lo mismo, porque la oportunidad está en el corazón de la rentabilidad privada, pero no es parte del ejercicio decisional público. Entonces, si tenemos un funcionamiento público-privado deficiente en lo técnico, se contractura el mercado por consecuencia, pero las soluciones que traemos no pueden darse en un ámbito distinto al sistema legal que tenemos, porque lo que me termina pasando es que si yo le exijo al funcionario público que trabaje o que piense como el técnico privado, a veces me arranco del estatuto legal que tiene ese mismo funcionario público y hoy día más que nunca están siendo muy cuidadosos con la forma en que lo aplican, entonces tenemos técnicas decisiones muy diferentes. Avanzando una suerte de tesis, el desarrollo sustantivo de la relación público-privada efectiva en lo técnico exige mayor estimulación legal y presupuestaria. Probablemente no haya acceso aquí en esta ley hoy día para plantear una suerte de capacitación o fondos para capacitación, pero si va a interesar plantearnos que en la medida que no se genere un acuerdo entre técnico-privado y técnico-público, vamos a seguir manteniendo su problema más allá de todas las soluciones piramidales que generemos. Los niveles de democratización y acceso a la información pública y sobre todo control ciudadano que hoy día tenemos, ojo, nos va a plantear que no va a permitir a ese ciudadano que se levante un proyecto y se agilice y el proyecto de él se queda bajo-ralentizado, porque en la práctica nos van a levantar la suerte de discriminación. Entonces la única posibilidad de poder generar un mejoramiento desde abajo es que todos los funcionarios públicos, así como todos los técnicos privados, tengan el mismo entendimiento de lo que queremos, mejoramiento de proyectos productivos a partir de una interpretación de ley común. En este sentido pareciera ser, ¿no es cierto? Y esto por cierto no se trata de una crítica porque coincidimos en que es un buen proyecto, un buen intento de mejorar ya la permisería de este proyecto, pero pareciera ser que la ralentización burocrática de los permisos no debiera combatirse con más burocracia, pero entendemos que sí puede transformarse en una buena oportunidad en la medida que el ejercicio coordinación efectivamente se ha llevado a cabo. Bueno, creatividad, proactividad, ahorro, oportunidad, innovación son conceptos esenciales en el ámbito productivo, en el ámbito económico. Lamentablemente no significa lo mismo en la decisión pública respecto a la decisión privada, salvo por cierto en los discursos no técnicos. ¿Qué es lo que proponemos? Simplemente no es cierto, digamos, que haya un intencionamiento de mayor capacitación técnica que reúna a los técnicos públicos privados. Nosotros tenemos un par de diplomados de la Escuela de Negocios Mineros de la Universidad Católica del Norte en la que reunimos a técnicos privados y técnicos públicos y la verdad es que salen con la posibilidad de hacerle mejor frente a la fiscalizadora y a las fiscalizaciones cuando se trabaja la técnica pública y se trabaja el derecho público como una posibilidad, no es cierto, de conocimiento en su ejercicio de funciones. Ahora, en términos simples me permití esta gráfica porque en el ámbito privado la guinda de la torta es la firma, pero en la práctica no funciona así en el ámbito público. En el ámbito público podemos estar de acuerdo con el señor presidente de la república o con un señor delegado presidencial o gobernador respecto de un proyecto, pero no es suficiente porque necesita todo el íter permisológico para llegar a la decisión final. Por lo tanto, esto grafica perfectamente cómo funciona en el ámbito privado y público el corazón de la decisión. 79 millones de hectáreas era lo que tenía Chile continental en el origen, hoy día sólo le quedan 39 y de esas 12 millones de hectáreas están en Antofagasta, el 63% es propiedad fiscal. El estatuto legal de administración de predios fiscales es del año 77, no tiene reglamento de ley y además existe un concepto que se llama inscripciones globales fiscales que tienen que ver con la anexión de esas regiones por guerra que no están en el resto del país. En ese sentido hoy día en Antofagasta el precio del suelo es uno de los más altos del país, sin embargo el 63% de propiedad fiscal existe dominio pero sin posibilidad de disposición. Entonces necesidad de regulación adecuada, claro, es posible que este proyecto trabaje ese ámbito, por cierto lo integró, la pregunta es si el estatuto legal de base es precario, cómo podría mejorar este ley que va a la coordinación al ámbito de permisería. Finalmente es decir que para solamente plantear en la pirámide de la permisería de proyectos productivos si usted no tiene suelo no puede tener proyecto y en estricto rigor eso es lo que nos ocurre. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su presentación, ofrezco la palabra. Muchas gracias presidente, agradecer la exposición muy valiosa efectivamente el poder juntar en los dos mundos, el mundo público y el privado con los técnicos es la mejor forma, ojalá los gobiernos regionales que se acaban de instalar el día ayer, un saludo a todos los que han partido, lo tomen como algo esencial, el talento reside en las regiones, los fiscalizadores están en las regiones, las regiones tienen culturas distintas, esto sería bien importante para tomarlo y esto para el consejo del Salmón, ver cómo generar estas interacciones público-privada para que sea lo mejor. Nadie puede querer lo que no conoce, hay que conocerse, hay que entender los procesos, todos van a ayudar a generarlo. Solo decirle al profesor, me encantó su exposición centrada en Antofagasta, pero no sólo se necesita suelo para los proyectos, se necesita mar, la acuicultura se basa en las concesiones marítimas, entonces lo único no más pedirle que pueda integrar eso, pero me encantó la forma que lo presentó. Gracias, Presidente. Sí, muy interesante, muchas gracias. Vamos a la palabra ahora a don José Pérez, presidente de la ANEF, entiendo que tiene dado respuesta a una petición de esta comisión, así que por favor, don José, haga su intervención y entrega. Buen día, Presidente, cuento con saludarle por su intermedio a los senadores también y senadoras de esta importante comisión, el ejecutivo, la representación de la persona del ministro y también a quienes están con esta ponencia, compartiendo este espacio común. Bueno, reiterando nuestro agradecimiento, Presidente, por su intermedio también a todos, es importante escuchar, digamos, la voz de quienes ejecutamos la política pública y queremos reafirmar también lo que dijimos la vez anterior en materia que nuestro foco de atención está puesto en el rechazo, lo decimos también con mucho respeto, pero con mucha claridad también y mucha fuerza, desde el artículo 26 que fue incluido en la Cámara de Diputados y Diputadas en relación con establecer cargas adicionales de sanciones, digamos, para los funcionarios que se demoren en la tramitación de los permisos. Cuestión que nosotros dijimos en su oportunidad la vez anterior que estuvimos acá, Presidente, por su intermedio a todos los senadores y senadoras que nos escucharon. Esta multa que se incorpora como un elemento punitivo a nosotros también, de alguna forma, pretende criminalizar, digamos, la función pública y ahí de virtud también el foco de atención de la tarea que ya están haciendo las funciones públicas, distintas reparticiones públicas. Y podemos citar, y lo dije también la vez anterior, el Servicio de Evaluación Ambiental, ya que está en boga, cierto, en coyuntura, el tema de Dominga, el tema de la Asamblea de Extremadura, tenemos ahí información también de nuestros funcionarios y funcionarias. Bueno, efectivamente hay un elemento objetivo que hay una falta de votación en el territorio y lo conocen los senadores y senadoras que son parte también de nuestro territorio del país, lo que implica también que esta norma adiciona, además, nuevamente al procedimiento administrativo donde la Contraloría se involucra con la carga que tiene la Contraloría en una cuestión que le corresponde a la propia autoridad respectiva al servicio o repartición pública, asumir también la conducción del liderazgo de ir controlando, cierto, verificando, hacer control por oposición de aquellos aspectos que son centrales cuando uno tiene que cumplir bien en la función pública. Por lo tanto, no solamente tiene relación directa con aquellos aspectos que son de la demora involuntaria en algunos casos, pero dependen de la multiplicidad de factores, que entendemos nosotros que no necesariamente son del control del servicio ni tampoco de un funcionario o funcionaria. Y pongo el ejemplo, Presidente, por si intermedio, bueno, efectivamente más nutritivo también los trabajadores y trabajadoras del Senado mío, donde lo que ellos han visto en su desempeño profesional y sobre todo en el territorio, que algunos proyectos, no todas las empresas, quiero consignar, no todas las empresas, son presentados por muy mala calidad y falta de información técnica y legal. Entonces también es un dato no menor para efectos cuando les toca procesar la información. Y eso tiene que ver incluso con la contradicción de los propios contenidos, y lo digo acá porque, y lo cito, digamos, tal cual como lo compartían también aquellos profesionales que ejecutan esta función pública, que hay una incapacidad de información por la falta. [append chunk id: 13360]

Inversión y documentos no estructurados con información dispersa, entre anexos múltiples. Entonces también ahí, y que no se puede resolver o discriminar incluso, porque no le competen funcionarios y funcionarias, los contenidos dentro del propio proyecto. Entonces, en esa base, digamos, que los proyectos cumplen técnicamente y legalmente, situación que no es así en algunos casos, da los continuos requerimientos de información y que se dilata la implementación y muy relevante para las ampliaciones o suspensión de los plazos. Por ejemplo, se cita también aquí a la directora del CEA, la señora Valentina Durán, claro, cuando ella menciona públicamente que el servicio de prevención ambiental, su periodo promedio de tramitación son 1.102 días, y la suspensión de tiempo otorgado al titular es de 808 días, representando un 73,32%. En caso de la minería, se tiene una tramitación de 1.169 días y la suspensión es por 907,7, representando un 77,58% de la responsabilidad de la empresa. Es lo que ellos tienen como dato objetivo cuando procesan la información de los proyectos, tanto de la asociación ambiental como CNG-MIM. Y en casos particulares de CNG-MIM, ellos reportan que en caso de una minera, 740 días de tramitación, en donde 447 días están en la empresa, y representa el 60% de ese tiempo empresarial, y el tiempo en el servicio es por 296 días, donde también están los antecedentes objetivos puestos por el propio servicio. Por lo tanto, en caso total son 510 días, y los días en la empresa son 288 días, que representan el 56,4%, y la tramitación del servicio, CNG-MIM en este caso, son 222 días, y entre ellos 87 previos a la entrega del profesional. Entonces, está concatenada también esta contratación objetiva que tienen los profesionales de estos servicios, estratégicos con la propia autoridad de turno, y tiene que ver con la conducción y responsabilidad de aquellos. Entonces, queremos hacer, digamos, efectivamente la mención aquella, Presidente, a los senadores y senadoras, en donde efectivamente la tramitación ágil, el tema para los funcionarios y funcionarias de distintas reparticiones, tiende a establecer e incentivar que los servicios tengan recursos para reducir los tiempos a la mitad, de lo cual están de acuerdo y ellos hacen el esfuerzo, pero también es contraproducente con esta norma que se instala en el artículo 26, que confunde y es una suerte de amenaza a priori, de decir, mira, si no lo vamos a hacer, un poco, la sanatoria del garrote se permite la coloquialidad de la expresión, cuando en sí mismo tenemos un marco regulatorio que es una sobrecarga adicional para todo, la Contraloría, la propia autoridad, y además para la tensión que produce también en las funcionarias y funcionarios. Por lo tanto, para nosotros es esencial considerar que la configuración y funcionamiento del servicio eventualmente no puede contar con los elementos y componentes esenciales para esa ejecución, como lo dije en estos ejemplos. Por la falta de votación que les señalamos la vez anterior, el presupuesto insuficiente, y ustedes lo conocen muy bien porque son parte también de este gabinete parlamentario, la licencia médica, los reemplazos, el personal honorario, que no es menor, porque claro, no tienen responsabilidad directa, son honorarios, que se van a dividir todos en el tiempo, con una mala política pública, donde no se tienen, digamos, personas que están entregando una boleta por un trabajo tan estratégico, en un área tan específica y tan delicada como son los proyectos de inversión de los privados. Obviamente el rol fiscalizador del Estado. El personal en vacaciones, entre otros muchos factores. Entonces, presidente, queremos ratificar que es el artículo 26 y lo hemos planteado al Ejecutivo, por su intermedio al señor Ministro acá presente, que contamina el proyecto, nos confunde, nos amedrenta y nos violenta también el hecho de que esta norma sea sancionada y ojalá puedan ponderar, con la seguridad que ustedes tienen también y el conocimiento del Estado, rechazar este artículo y dejarlo consignado como un elemento, incluso para forzar, o para ir forzado, digamos, para el Gobierno hoy día, para nosotros, nosotros de que tenemos una disposición también y mecanismos que están en el marco del cumplimiento de las metas, que muchas veces son milipandeadas, dicen, mira las metas de los PMG, pero tenemos los convenios de desempeño colectivo, que es un instrumento que ayuda también a que la gestión se pueda establecer de manera anual, donde es amigable, desde el punto de vista, si uno lo dice, digamos, también tensionar y ocupar un diseño institucional ya ratificado en el año 2003, para que no se agregue un elemento punitivo. Nuestra propuesta es que ese sea un instrumento, presidente, por su intermedio, que existe, que está plenamente vigente y que nosotros, desde el rol de representación sindical y también, sin duda, de la vocación pública que abrazamos, partiendo incluso de las carencias en el territorio, tenemos disposición de acompañar este proceso con la mayoría también de la academia, como muy bien lo señalaba, por su intermedio, el profesor, con las empresas que están consolidadas, con la realidad de nuestro país a una economía abierta, bueno, efectivamente, también pensando en un trabajo decente para quienes abrazan esta oportunidad de mejorar también nuestros permisos sectoriales en el Estado. Eso, presidente, y por supuesto reitero nuestra disposición, entendemos que hay una consignación al final de mi expresión y mi ponencia, de que hay instrumentos, tanto procedimientos mensuales, que no hay que inventar nada. Está este otro instrumento técnico que existe ya desde el año 2003, que esto, insisto, con buen desempeño colectivo, que ayudan, digamos, a este trabajo en equipo y sin duda también al cumplimiento de las metas, pensando sin duda en prestar un mejor servicio para la zona. Ese es también nuestro foco y nuestro compromiso permanente como ANEF y también haciéndonos parte de aquellos funcionarios y funcionarias que están muy atentos a este debate y, por supuesto, entendiendo que quieren contribuir a mejorar también la calidad de nuestros servicios, modernizar el Estado. Siempre lo hemos dicho, estamos disponibles, no somos refractarios, pero tiene que hacerse con las y los trabajadores, con esa participación que es estratégica, para que todos y todas podamos opinar también en el rol que a uno los compete, incluso en este paso tan importante, legislativo. Muchas gracias, presidente. Y solo también al secretario jefe de aquí, de la Comisión también, don Pedro, que nos recibe siempre y un feliz año para todos y todas. Gracias, don José. Entiendo, ¿nos va a dejar una redacción con lo que plantea? Ah, nos deja una redacción ya, entonces, ¿para qué se considere? Pero su redacción se refiere también, porque ahí menciona los convenios de desempeño colectivo y los PMG en el acuerdo. ¿Hay una reacción que está más allá de esto que viene de usted o se suman a esto? Nos sumamos, permítame, nos sumamos a ese ya instrumento vigente del año 2003, por lo tanto, diríamos que hay algo como un referente para efectos, digamos, de que el artículo 26 no es para nosotros satisfactorio y, por lo tanto, está... Ya, entonces la petición es rechazar el 26, pero sí están de acuerdo con las menciones que existen para los PMG y los convenios de desempeño colectivo que están dentro del protocolo. Claro, y que apuntan, digamos, a una línea estratégica del rol del Estado, que yo creo que también son buenos instrumentos para tener ahí una medición de cómo ejercemos también la función pública, con todos los puntos débiles que no lo ponemos en negativo, sino que también una oportunidad de mejora permanente, para ocuparnos de lo que viene y lo que implica también el rol estatal que tiene en las instituciones públicas. ¿Ofrezco la palabra? Ministro, tiene la palabra. Sí. Tengo distintos puntos a partir de la intervención del presidente de la ANEF que valoro. Lo primero, yo lo he hecho en términos generales, pero creo que vale la pena hacerlo acá, es agradecer el rol que ha tenido la ANEF en este proceso. Creo que a veces esto se da por descontado, pero una reforma de esta naturaleza, que interviene 37 leyes, tiene un rol muy ambicioso de hacer más eficiente el Estado, en fin, es fundamental que quienes finalmente implementan estas políticas puedan participar de las discusiones, puedan hacer su planteamiento, en fin, y lo que nosotros siempre hemos visto desde la ANEF en las reuniones que tuvimos, incluyendo algunas antes del ingreso del proyecto, es una muy buena disposición. Pero eso no tendría por qué ser así, ¿no es cierto? Así que yo agradezco esa forma de abordar este problema, no desde la desconfianza o el temor, sino del querer trabajar en conjunto para poder tener un Estado más moderno, con buenas condiciones para los trabajadores y también con un buen resultado. Lo segundo es que el momento para abordar este asunto es, por supuesto, la discusión en particular, y nosotros como Ejecutivo vamos a presentar algo en línea con, por supuesto, el protocolo y también en línea con lo que hemos dicho siempre, que no estamos de acuerdo con esa forma en que quedaron el diseño de incentivos que está, como bien decía el presidente de la ANEF en el artículo 26 bis, si recuerdo bien. Y lo último que me gustaría señalar es que yo no voy a repetir acá el argumento que hemos dado para decir por qué no nos gusta ese diseño que se decidió en la Cámara de Diputados, sino que también recordarle a ustedes que incluso los técnicos de distintas sensibilidades políticas también han planteado reparo a ese diseño. Recordar, por ejemplo, la presentación del abogado García Huidobro del Centro de Estudios Públicos, en que dio una serie de argumentos de por qué era tal vez mejor esto canalizarlo a través de otros esquemas, por ejemplo los PMG. Ustedes, cuando conversamos a propósito del protocolo, les señalaron que les parecía que esto solo hacerlo a través de PMG de la forma en que nosotros lo estábamos haciendo podía ser insuficiente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, y está en el acuerdo justamente, es que quede más, de mejor manera expresado en la ley que esto se va a hacer a través de PMG y además utilizando esta discusión como una forma de fortalecer la oficina, justamente en todos los datos que tiene que generar y reportar para efectos de que se tenga la información necesaria para estos PMG. Entonces, creo que lo que está en el protocolo es una buena mejora de lo que nosotros habíamos presentado inicialmente y también una forma de canalizar este debate manteniendo, digamos, a todo arriba del barco, para decirlo de forma coloquial, que creo que en una reforma tan grande como esta es bien importante que eso ocurra. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Presidente. Me quiero sumar a lo que ha señalado el Ministro de Economía respecto a valorar la presencia no solo del Presidente de la ANEF, José Pérez de Belli, aquí presente, sino que toda su organización. La capacidad de transformación pública nace desde el interior del Estado y hay que conducirlo. Yo creo que este es el mayor punto. ¿Y cuál es el medio que se ha elegido? La Plataforma Super, y eso es quizás lo más valioso. La Plataforma Super nos va a dar la información necesaria para verificar si lo que estamos señalando es efectivo o no, porque vamos a conocer exactamente dónde va el trámite, en qué está, dónde está el cuello botella, dónde se producen los problemas. Va a permitir destacar a esos funcionarios públicos que hacen bien su trabajo y también va a poner la lupa donde pueden haber problemas. O sea, esto le ayuda mucho a las personas que están en el Estado. Por eso yo creo que esto se hace con la ANEF, y es la ANEF la que va a estar viendo y tal como hicimos el paralelo. Igual que las líneas aéreas, el AOG, la nave está parada porque le falta un repuesto. Un repuesto que está quizás en DHL, que nadie lo fue a buscar. O sea, aparecen cosas que no somos capaces de ver. El tema de las licencias médicas, las horas de trabajo, las horas de pilotaje de vuelo. O sea, hay una cantidad de información gigantesca, y ahí es donde tenemos que poner, y ahí agradecer al profesor Yerko, este trabajo público-privado. Los técnicos del sector público, los técnicos del sector privado, viendo en esta plataforma cómo resolver sus dudas, sus miedos, sus divergencias, porque con más data y menos guata vamos a poder resolver los problemas. Esto es gigantesco, pero si no lo podemos ver, no lo vamos a hacer. ¿Por qué, señor presidente? Porque yo creo que efectivamente la plataforma no es un fin, es un medio. Tiene que tener todos los elementos para que sobre ella podamos construir. Y también poner en un transitorio la necesidad de ir adecuando nuestra legislación en base a la experiencia que vaya entregando. Esto es lo que se conoce como los sandbox regulatorios. Básicamente esta plataforma pasa a ser un sandbox regulatorio, tiene que estar así establecida y tiene que ser dinámico, tiene que permitir que la gente se sienta bien. [append chunk id: 13367]

que esto se vaya actualizando año a año, ojalá, en la parte de resultados. Podemos tener un diagnóstico para ver si efectivamente funcionó, pero sí ayudar a empezar a resolver aquellos problemas que comienzan a ser detectados. Esto para dejarlo señalado, que es un área que nos gustaría profundizar después cuando estemos en la discusión en particular. Por lo pronto, agradecer la presencia del presidente de la ANEF, señalar que esto se hace con la ANEF, y también del mundo académico para poder permitir esta interacción técnico entre el mundo público y el privado. Se mencionó el área de concesiones marítimas. Ahí están los funcionarios y funcionarias. Nosotros hemos acompañado a la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Subsidiaría para las Fuerzas Armadas. Hemos conversado con ellos y con ellas en relación a lo que significa el proyecto de ley sobre administración del borde costero. Entonces también ahí lo quiero consignar para el efecto de que también ellos están disponibles. Sin embargo, tienen algunas aprehensiones en relación a cuando hay un proyecto de sacar a la votación de defensa, trasladarla a bienes nacionales, entonces como que enreda los procesos más allá de la expectativa. Y bueno, hay que declarar y mencionar en rosa también el trabajo que hace nuestra presidenta Viviana Ambler, que me ha ilustrado también de que ellos tienen la trayectoria, la experticia, el compromiso, con poca votación, pero claro, no depende solamente de ellos alguna situación que tenga que ver con algo tan importante y estratégico, porque tiene también un marco regulador desde el punto de vista de la defensa, más allá de las concesiones marítimas. Entonces, quiero consignarlo porque efectivamente nosotros estamos acompañando ese debate y tiene relación con donde está hoy día centrado en la Comisión de Medio Ambiente. Este proceso, digamos, legislativo que nosotros entendemos que hay falta también la voz de las agrupaciones públicas, en particular de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y la Unidad de Concesiones Marítimas. Creo que también es clave lo que no se da porque están también ya disponibles para colaborar, sino también ahí se generan deficiencias que son a priori innecesarias, sobre todo con algo que está cruzando lo que estamos escuchando acá. Me permití ocupar este espacio también para relevar este trabajo que están haciendo también las y los museos públicos de esa dependencia. Muchas gracias, presidente. Está muy bien, además, porque eso ha sido tocado dentro de la discusión en múltiples ocasiones, así que me parece muy razonable. Bien, vamos a avanzar. Le damos la palabra entonces al ministro y también a don Joaquín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a compartir una presentación. Nos hemos puesto con Joaquín aquí el desafío de presentar en 10 minutos entre los dos. Ustedes nos solicitaron en algún momento profundizar un poco sobre la plataforma Súper, cuestión que consideramos razonable en parte por lo que decía el senador Piuc, y además porque toda la transparencia y la mejora de gestión que va a permitir tener una plataforma donde todos los permisos allí se transmiten, se puedan seguir en el fondo, va a ser algo realmente fundamental. Entonces, en esta presentación yo voy a contar brevemente en qué consiste esta plataforma, cómo más se va a fortalecer vía las indicaciones que hemos abordado en el protocolo, y después Joaquín va a hablar algo de cómo hemos avanzado también durante este tiempo, más allá del proyecto de ley, y Joaquín después va a hablar de un ejemplo específico de cómo funciona este proceso en que vamos coordinando lo que está en la plataforma y lo que está en todos los otros servicios para ilustrarles a ustedes un poco más cómo funciona realmente esto. A mí es un ejemplo, como no soy un experto en temas de interoperabilidad, a mí por lo menos me sirve mucho ese ejemplo, así que le pedí al equipo que trajéramos uno también para ustedes. La siguiente, por favor. A ver, en la actualidad, como ustedes saben, tenemos algo así como 40 servicios sectoriales donde uno pide estas autorizaciones. Y lo que pasa en la actualidad es que el titular tiene que relacionarse con todo ello de forma descentralizada. En todo lo que uno se podría imaginar, en qué me están pidiendo, qué no me están pidiendo, en los plazos, dónde va mi trámite, todo eso. Y eso tiene además una contracara que hay en el Estado. Y es que al Estado también le cuesta mucho centralizar esa información. Si uno quiere decir dónde lo estamos haciendo bien, dónde lo estamos haciendo mal, cómo podemos ir mejorando el proceso, no tenemos esa información centralizada. Entonces, este desorden institucional, si me permiten llamarlo de esa manera, no es solo un problema para el titular del proyecto, para la transparencia, para la opinión pública, en fin, sino que también es un problema para la mejora en la gestión del Estado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta plataforma en régimen? Y que nosotros, como van a ver más adelante, nos hemos ido preparando para esto desde ya, es que todos los trámites van a ser realizados a través de esta plataforma. Por lo tanto, va a ser una ventanilla única de cara al titular del proyecto. La siguiente, por favor. Esto va a permitir, como comentaba ya, avanzar en distintos ámbitos que están en el proyecto ley y que algunos de ellos son reforzados a propósito del protocolo. Primero, más información y transparencia, ¿no es cierto?, de cara al titular, de las personas. Uno va a poder, por ejemplo, saber exactamente para cada una de sus autorizaciones en qué estado está, si fue recibido, en qué parte está del análisis, en fin, qué es lo que falta. Cuestión que, insisto, en la actualidad requiere, sobre todo en el caso de los proyectos grandes, mucha gente trabajando en esto en la empresa, para darle seguimiento y ir conversando con cada uno de los servicios sectoriales. Se va a saber, por supuesto, cuánto se está demorando cada una de las autorizaciones, en fin. Del punto de vista de la gestión digital de los proyectos, va a haber un formulario de iniciación de solicitudes para todos los proyectos y además van a haber medios de notificaciones, va a ser una forma de comunicarse con los titulares. Y por último, también va a ser el espacio donde se van a expresar una serie de garantías que trae este proyecto. Por ejemplo, los silencios administrativos positivos o negativos se van a ejercer desde la plataforma. Es decir, cuando se cumpla el tiempo, en el caso de un silencio administrativo positivo, el titular va a tener el derecho a hacer, que se cree una autorización, un documento que tenga el mismo valor legal de una autorización. Se va a poder observar si se están cumpliendo o no las distintas normas procesales que son reforzadas por este proyecto ley y en algunos casos creadas por este proyecto ley. Y además, recuerden que va a haber un canal reservado de denuncias también, que es importante por distintas cuestiones que pueden ocurrir. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que es más que simplemente una plataforma, sino que es una metodología que genera una serie de consecuencias muy positivas para el desarrollo del proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son las cosas que se agregan a propósito del protocolo? Algunas que se agregan, otras que se refuerzan. Como ustedes ven allí, si pueden ver, chequen la letra, pero son bastantes. Primero, el protocolo refuerza que todos los trámites van a ser realizados de forma digital. Eso, por supuesto, en régimen, hay una cierta transición. Que además que todos los órganos sectoriales, que es un corolario de lo anterior en cierto sentido, deben interoperar con esta plataforma. Esa es la manera que es materializar lo anterior. Y todas las personas solicitantes e interesadas en los procedimientos van a tener un acceso a la información de manera transparente y a tiempo. Una de las gracias de un sistema de esta naturaleza es que permite tener información en tiempo real respecto a lo que está ocurriendo. Hay además dos temas acá, tanto que los principios de la norma ISO 27001, que están en la ley 19.880, se corroboren también en este caso. También lo que dice, yo diría después que el último, que va a haber una coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital. Básicamente lo que estamos haciendo acá, y esto fue la sugerencia de ustedes, es que nos estamos asegurando de que lo que aquí vamos a hacer va a estar en coordinación con lo que ya está haciendo el Estado, y que va a tomar todo lo bueno de lo que ya existe. Algo bien importante también, que estaba dicho en cierto sentido en el proyecto, y aquí se refuerza, es que todos los proyectos, todas las autorizaciones van a tener que enfrentar un formulario único. No es que va a haber un formulario único para los 400 permisos, sino que va a ser un formulario único para cada uno de los 400. Esto es súper importante porque una de las grandes deficiencias que tenemos es la falta de estandarización de los procesos, que redunda muchas veces en que probablemente en la mayoría de los casos, sin una mala intención, se piden cosas muy distintas en distintas regiones, en los más diversos ámbitos, desde las cosas que te piden, los antecedentes de la información, incluso las autorizaciones que te piden, para partir de ese proceso, cuestión que también estamos abordando el protocolo, eliminando todas las secuencialidades que no tienen justificación, que son a nuestro juicio la mayoría de las que no tienen esa justificación. La oficina, que también se ve fortalecida a propósito de este protocolo, se va a apalancar en esta información para poder elaborar justamente los distintos reportes que tiene que generar. Y algo bien importante es que vamos a las administraciones, es decir, la oficina deberá procurar tanto la reusabilidad de datos, su integridad y también la trazabilidad, que son principios que también están expresados en otro esfuerzo, digamos, legislativo y también de mejora de gestión que se está haciendo en el Estado. La siguiente, por favor. Y eso es lo que hace nuestro diseño inicial y cómo este diseño en buena hora se ve reforzado a propósito de lo que hemos conversado en el protocolo. Ahora, lo último que quiero comentar yo, antes de darle la palabra a Joaquín, es mostrarle también lo que hemos hecho. Primero, esta plataforma como tal existía cuando nosotros llegamos a la administración, y tenía, como ustedes pueden ver en el gráfico, algo así como 30 autorizaciones que estaban interconectadas. ¿Qué significa estar interconectadas? Para quedar más claros, ponen el ejemplo, pero básicamente que cuando se mueve en el servicio A ese permiso, eso aparece en la página que nosotros tenemos en el Ministerio. Eso implica que el código de software o el código de programación en el que está hecho el lenguaje de programación, para ser más precisos, dialogue con el lenguaje de nuestra página y eso requiere un trabajo de programación, de programadores, que dicho sea, si alguien nos está escuchando acá, es algo que se paga cada vez mejor, así que si alguien quiere estudiar eso, es una tarea del futuro y que no necesariamente requiere pasar por la universidad. Así que para los jóvenes que pueden estar escuchando esta presentación, puede ser una buena forma de desarrollarse en el futuro. Y nosotros, desde el comienzo, nos propusimos aumentar lo más rápido posible la integración de toda esta información y del flujo de información, y esto además lo dijimos en una serie de agendas que hemos hecho como gobierno, y además cuando ya decidimos como final del 2022, hacer este proyecto de ley, es una forma también de que nos genere condiciones para que lo más pronto posible pueda estar funcionando esto de acuerdo a los niveles que queremos en región. Lo que muestra el gráfico es la línea, no sé si gris, azul, cuál era nuestro objetivo, y la línea verde es lo que hemos ido logrando. Entonces, terminamos el 2024 con un poquito menos de 200, creo que 190 y algo autorizaciones que ya están integradas, y nuestra idea es llegar a las 250 en noviembre del 2025. Hay un plazo además del 27, entiendo yo, para que todo esto esté en régimen en el proyecto ley. Aquí nosotros hemos ido además integrando todos los que son más importantes, los que son críticos, en fin. Por lo tanto, se ha hecho un buen trabajo, creo yo, de tomar lo que ya existía al inicio del gobierno, darle más velocidad y generar condiciones para que cuando este proyecto de ley ya sea ley y esté en régimen, esto sea lo más rápido posible. [append chunk id: 13372]