Cámara de Diputados - Sesión de Sala - 2 de diciembre de 2024

En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 101 se declara aprobada. El acta de la sesión 102 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta, buenas tardes. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 111 para hoy 2 de diciembre del año 2024. Se han recibido oficios de su excelencia, el Presidente de la República, por lo cual se hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que aprobó el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Santiago, República de Chile, el 5 de diciembre del año 2023. Lo mismo para el proyecto que aprobó el Convenio Europeo sobre Extradición, suscrito en París el 13 de diciembre de 1957. El primer protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradición, suscrito en Estrasburgo el 15 de octubre de 1975. Y el segundo protocolo adicional al Convenio Europeo sobre Extradición, suscrito en Estrasburgo el año 1978, específicamente el 17 de marzo. También para el proyecto que modifica la Ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para regularización de viviendas de autoconstrucción, con el objeto de ampliar los plazos de vigencia de dicha normativa legal en los casos que se indican. Oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se hace presente la urgencia siempre, para el despacho del proyecto que modifica la Ley 18.290 de Tránsito, con el objeto de facultar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para autorizar establecimientos o talleres que realicen transformación de sistema de propulsión de combustión interna a eléctricos y otras adaptaciones a vehículos motorizados en uso. Oficio de su excelencia, el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo al Servicio Nacional del Consumidor y establece otras modificaciones que indica el proyecto que modifica la Ley 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. También para el proyecto que modifica cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. Oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual remite en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso V del artículo 42 de la Carta Fundamental, información actualizada al 29 de noviembre del presente año sobre las medidas adoptadas en virtud del Estado de excepción constitucional de emergencia en la denominada Macro Zona Sur. Oficio de su excelencia, el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de las facultades que le confiere el inciso I del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto al proyecto de ley de presupuestos para el sector público correspondiente al año 2025. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto inicial mensaje sobre ley de presupuestos para el sector público correspondiente al año 2025. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto inicial de moción con urgencia suma que regula la extracción de áridos. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto inicial de moción con urgencia suma que modifica la Ley 18.290 y otros cuerpos legales que indica para ser efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto inicial de moción con urgencia calificada de suma que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto inicial de mensaje con urgencia suma que establece para el personal de Gendarmería de Chile la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonios en conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.880 sobre prohibidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, recaído en el proyecto inicial de mensaje con urgencia suma que modifica la Ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. Oficio de la Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, por el cual, en ejercicio de sus atribuciones concedidas por el artículo 15, inciso II de la Ley 18.918, procede a declarar inadmisible la moción 2 del diputado señor Espino, Barría, Calixto y Zafirio y de las diputadas señoras Ahumada, Olivera y Pérez Doña Joana, que modifica la Ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo XX transitorio con el objeto de postergar el inicio de las fiscalizaciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a los comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales, por cuanto infringe lo dispuesto en el artículo 65, inciso IV, ordinal 2 de la Constitución Política de la República. Proyecto. Iniciada moción de las diputadas señoras Ñanco, Mix, Morales, Doña Javiera, Orsini, Riquelme, Zagardía y Veloso, y de los diputados señores Brito, Jordano y Saez, que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para regular el reemplazo de los integrantes de la Comisión de Ética y Transparencia en casos de enfermedad grave. Proyecto. Iniciada moción de las diputadas señoras Pérez, Doña Marlén, Cid, Cordero y Romero, Doña Natalia, y los diputados señores Borges, Calisto, Fuenzalida, Leal, Martínez y Sauerbaum, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir la celebración de actos y contratos por parte de las municipalidades y gobernaciones regionales en el período previo a la instalación de sus nuevas autoridades. Proyecto. Iniciada moción de las diputadas señoras Morales, Doña Javiera, Musante y Zagardía, y los diputados señores Brito, Ibáñez, Ramírez, Don Matías y Saez, que modifica la Ley 18.898, General de Pesca y Agricultura, para regular la extracción de algas pardas en las regiones que indican. Proyecto. Iniciada moción de los diputados señores Ramírez, Don Matías, Mellado, Don Cosme, Mulet y Ollarso, y las diputadas señoras Acevedo, Castillo, Musante, Pérez, Doña Catalina y Pizarro, que modifica la Ley 19.175, para obligar a los gobernadores regionales a dar cuenta pública del uso de los recursos obtenidos en virtud de la Ley sobre Royalty a la Minería. Proyecto. Iniciado moción de los diputados señores Burgueños, Palma y Rosas, y las diputadas señoras Mix, Rojas y Zagardía, que modifica el Código del Trabajo, para flexibilizar el permiso laboral por fallecimiento de familiares. Esa es toda la cuenta para esta sesión, señorita Presidenta. Muchas gracias, Prosecretario. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, queremos darle la bienvenida a nuestro colega Felipe Camaño, que se reintegra. Esperamos que esté mucho mejor de salud. Muy bienvenido a la Cámara de Diputados y Diputadas. Queremos saludar también al señor concejal electo con la primera mayoría de la Comuna de Colina, Federico Koch, que hoy día nos visita también en la Cámara de Diputados, por la diputada Marisela Santibáñez. Sobre la cuenta ofrezco la palabra, diputado Donoso. Gracias, Presidenta. Quisiera por su intermedio consultar a la Secretaría si el día 13 de noviembre se habrán inhabilitado los diputados para votar en el proyecto de ley de presupuesto la partida de la Defensoría Penal Pública, ya que los siguientes diputados, el señor Daniel Melo, la diputada Lorena Pizarro, Luis Maya, Lorena Fríes, Jaime Saez, Ana María Gamuri, Castillo, Nelson Venegas, ya que ellos son beneficiarios de la Defensoría Penal Pública, la que ella presentaba por el ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick. Sí, diputado, disculpe, es que solo por un tema, no quiero interrumpirlo, pero estamos hablando de la cuenta, ese es un punto de reglamento. El punto ese es que se informó en la cuenta la inhabilidad de los diputados. No, es que para que se incorpore la cuenta tiene que haber un procedimiento previo. Bueno, entonces lo hacemos como punto de reglamento. Entonces puede hacerlo como punto de reglamento. [append chunk id: 12953]

Terminamos la cuenta y yo le doy punto de arreglamento. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Acuérdense que la palabra sobre la cuenta es referirse a alguno de los puntos de la cuenta. Y en relación a eso, sobre la cuenta, diputado Pino. Gracias, Presidenta. Quiero sostener la admisibilidad del punto 12 de la cuenta. Sí, perfecto. Sí, terminadas las palabras sobre la cuenta, tenemos las admisibilidades por escrito que ya han sido solicitadas previamente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta, vamos a ver la admisibilidad y el reglamento. Primero la admisibilidad y luego el reglamento, diputado. La mesa de la corporación ha acogido la propuesta contenida en el informe técnico de la Secretaría General de la Cámara de Diputados y, en consecuencia, en virtud del artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se declara inadmisible la moción de los diputados señores Pino, Barría, Calixto y Zafirio, y de las diputadas señoras Ahumada, Olivera Pérez y Pérez Joana, que modifica la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo vigésimo transitorio, con el objeto de postergar el inicio de las fiscalizaciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a los Comités y Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, por cuanto infringe lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, ordinal 2, de la Constitución Política de la República. Se ha reclamado esta declaración de inadmisibilidad en virtud del artículo 14 del reglamento para sostener la admisibilidad de la moción. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Víctor Pino. Solo quiero recordar, antes de que el diputado use la palabra, que por acuerdo de los comités estamos aplicando de manera estricta y también de la sala el reglamento respecto de que la admisibilidad debe ser reclamada en función del argumento constitucional y no del fondo de la propuesta. Si se refieren al fondo, vamos a tener que cortar el micrófono y continuar con la votación. Ofrezco la palabra al diputado Pino sobre la reclamación de admisibilidad. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, la Secretaría Técnica de esta Corporación ha determinado que el proyecto de ley que modifica la ley 20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo vigésimo transitorio, con el objeto de postergar el inicio de las fiscalizaciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a los comités y cooperativas de agua potable rural, fue declarada inadmisible por incidir en lo establecido en el numeral 2 del inciso IV del artículo 65 de la Constitución Política, más específicamente en lo relativo a la facultad exclusiva del Presidente de la República de crear nuevos servicios públicos y determinar sus funciones y atribuciones. Sin embargo, Señorita Presidenta, este proyecto en ningún caso realiza tal cuestión, sino que más bien viene a regular el tiempo que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, utilizando la atribución que ya tiene por ley, la ejecuta sobre los comités y cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales. Por lo tanto, en ningún caso estamos determinando funciones, pues ya existen tales funciones y se determina en que la Superintendencia las ejecuta. Ni tampoco estamos determinando atribuciones nuevas, pues no buscamos que un órgano distinto del natural y legalmente competente ejecute estas atribuciones. Lo que hacemos, Señorita Presidenta, y estimados colegas, por su intermedio, es prorrogar la fecha que se estableció por ley para que esta Superintendencia pueda fiscalizar a estos órganos mencionados. Y ello tiene un fundamento que es técnico y otro que es humano, Señorita Presidenta. El fundamento técnico es que hasta la fecha muchas cooperativas y comités de Servicios Sanitarios no han podido dar cumplimiento a exigencias que la misma ley aprobada les impuso, y que en caso de iniciarse las fiscalizaciones en los tiempos en que fueron establecidos, significarán multas enormes que luego traspasarán a sus usuarios. Pero esta falta de cumplimiento no es por desidia, Presidenta, sino que todo lo contrario. Esta falta de cumplimiento, para muchas APR cooperativas, lamentablemente es porque no se han logrado algunos compromisos que se han hecho con anterioridad. Existe una Mesa Única Nacional conformada entre el Ministerio de Obras Públicas y los comités de APR, un trabajo que durante ocho meses... Diputado, le pido disculpas, pero tal como lo expliqué anteriormente, la reclamación de constitucionalidad es sobre los argumentos constitucionales que acreditan, y acá se está yendo al fondo de la argumentación de la propuesta. Entonces, si hay algo más que incorporar respecto de por qué es admisible, le pido que podamos acotarlo a aquello. Bueno, el fundamento técnico, principalmente, es que muchas cooperativas y comités no han podido dar cumplimiento a estas exigencias por la misma ley, primero que todo. Y segundo, en lo humano está el tema de que muchas familias, lamentablemente, no tienen los recursos necesarios para ello, Presidenta. Ahora, Presidenta, no estamos infringiendo ninguna atribución del Presidente de la República, como señalé al principio, ni en tiempo ni en forma, solo estamos solicitando que se pueda postergar un plazo que va a afectar a miles de usuarios de los servicios sanitarios de agua potable rural. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, Diputado. Para sostener la inadmisibilidad de la moción, ofrezco la palabra hasta por cinco minutos. Nadie la va a sostener. En votación, entonces, la reclamación de admisibilidad que se ha hecho recientemente. Quienes votan a favor lo hacen por la admisibilidad de la moción. Quienes votan en contra lo hacen por apoyar su inadmisibilidad. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 10 en contra, 7 abstenciones. Aprobada la admisibilidad de la propuesta. Mañana daríamos cuenta de la moción en sala para que inicie su tramitación. Ahora sí, Diputado Donoso, punto de reglamento. Le pido, por favor, indicar el punto del reglamento del cual va a ser uso. Gracias, Presidenta. Artículo 346, letra B, en relación con el artículo 5, letra B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. El día 13 de noviembre, y le consulto a la Secretaría que lo certifique, votaron algunos diputados que debieron haberse inhabilitado. Estos diputados tienen la protección de los abogados de la Defensoría Penal Pública, Fernando Allende y Patricio Jiménez, los cuales votaron a favor del presupuesto de la Defensoría Penal Pública. ¿Quiénes son? Y por eso le pido a la Secretaría que lo certifique. Don Daniel Melo Contreras, Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, Luis Maya, Lorena Fríe, Jaime Saez, Ana María Gamuri y Nelson Venegas. Esto, a mi parecer, es irregular y por lo tanto me gustaría que la Secretaría lo certifique y que entregue los antecedentes para utilizarlo en lo que corresponda. Gracias, Diputado. A ver, solo aclarar que el establecimiento de la facultad de los diputados para inhabilitarse en alguna votación es un acto voluntario, no obligatorio. Es decir, si algún diputado o diputada decide votar, a pesar de tener intereses involucrados en cualquier situación, finalmente es una decisión particular del diputado o diputada que, en este caso, nosotros como Mesa ni la Secretaría tiene atribuciones de interrumpir el acto constitucional del derecho de votar. Sin embargo, cada diputado o diputada, en sus derechos y facultades, tiene también la posibilidad de concurrir a la Comisión de Ética cuando considera que uno de nuestros pares o nuestros colegas ha faltado a la Constitución, al reglamento o algún comportamiento que sea reñido con la ética. En ese sentido, Diputado, más que certificar lo que usted ha solicitado como información, la Secretaría no puede tomar más atribuciones ni más acciones al respecto. Sobre el punto, Diputado, sobre el punto. Correcto. Si yo lo que pido es que se certifique, porque no está reñido con la ética, está reñido con la ley. Ok, pero es importante dejar aclarado el punto. Vamos a certificar lo que usted está solicitando, pero insisto en que es un acto voluntario de las y los diputados inhabilitarse en una determinada votación y no es algo que podamos imponer ninguno de nosotros. Continuamos entonces. Sobre el reglamento, Diputado Nelson Venegas. Sí, Presidenta. Yo solo quiero contrariar un poco lo que está señalando por su intermedio el diputado, por cuanto aquí tendríamos que estar inhabilitados de haber participado prácticamente en todas las partidas del presupuesto, porque casi todos los que estamos acá participamos de servicios públicos cuya aprobación se realiza. [append chunk id: 12960]

... en la discusión de la ley de presupuestos, entonces me parece un poco fuera de lugar porque, insisto, cada uno de los que está, por ejemplo, no podríamos haber votado de los SESLEV, del Sistema de Salud, cuando todos y todas las que participamos en esta discusión, en cualquier organismo del servicio público, participamos directa o indirectamente. Me parece un poco absurda la pretensión del diputado, Presidenta. Desde diputado, el punto ya fue aclarado, así que no vamos a abrir debate sobre esto. Vamos a dar inicio a la Orden del Día. ¿Otro punto de reglamento? No, el punto está cerrado, diputado, porque ya está hecha la respuesta. No vamos a abrir un debate sobre este punto. El diputado hizo una solicitud de información, se la vamos a entregar. El llamado a inhabilidad a otros parlamentarios es algo que no corresponde y la respuesta ha sido ya entregada. Iniciando la Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción, que modifica la Carta Fundamental para Establecer Inhabilidad de Acceso y Causal de Cesación en Cargos Públicos para Quienes Hayan Cometido Delitos contra la Probidad, correspondientes al Boletín Número 16.893-07. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la diputada Javiera Morales. Gracias, Presidenta. Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informo, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para Establecer Inhabilidad de Acceso y Causal de Cesación en Cargos Públicos para Quienes Hayan Cometido Delitos contra la Probidad, originado en moción de los diputados y diputadas señora Ana María Bravo, Tomás de Rementería, Marco Gilabaca como autor, Daniel Melo, Jaime Naranjo, Emilia Nullado, Juan Santana, Leonardo Soto y Nelson Venegas. La idea matriz o fundamental del proyecto busca configurar una regla que tipifique una causal de inhabilidad para la adscripción a un cargo o función pública y de cesación en el ejercicio de funciones públicas respecto de quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la probidad administrativa. La Cámara de Diputados procedió a aprobar en general el proyecto de reforma constitucional y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del reglamento, el proyecto de reforma constitucional con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación fue remitido a esta Comisión para segundo informe reglamentario. El proyecto aprobado en primer trámite reglamentario consta de un artículo único que intercala los nuevos incisos segundo y tercero en el artículo octavo de la Constitución Política del siguiente tenor. Estará inhabilitado para postular o desempeñar un cargo o función pública, sea o no de elección popular, quien hubiera sido condenado por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad. Cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. Para estos efectos se consideran delitos contra la probidad la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho. Quien resultare afectado por la regla prevista en el inciso anterior, salvo que fuere inhabilitado a perpetuidad, podrá una vez transcurrido 15 años solicitar al Senado su rehabilitación. La Comisión aprobó una indicación que incide en el artículo 17 de la Constitución Política de la República. Este artículo establece los casos en los cuales se pierde la calidad de ciudadano. En su numeral 3, este artículo establece que se pierde la calidad de ciudadano por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los de tráfico de estupefacientes con pena aflictiva. La indicación aprobada agrega hasta causar los delitos de malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho. Habiendo sido aprobado este proyecto por la Comisión, con la única enmienda antes referida, solicito la aprobación a esta honorable sala. He dicho, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada Javiera Morales. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra en relación a este proyecto? Ofrezco la palabra a la diputada Camila Flores. Muchas gracias, señor Presidente. Presidente, este proyecto, sin duda alguna, viene a hacerse cargo de una serie de, por decirlo en suave, irregularidades que se habían cometido por personas que habían sido condenados por delitos contra la probidad y que luego de esa condena en el ejercicio de ese cargo que lo había llevado a tener esta condena y por la cual habría cometido delitos, era suficiente y terminaba postulando a otro cargo. Yo, sin dar nombres, quiero recordar que en este Congreso, hace un tiempo atrás, tuvimos a un diputado que había sido condenado por delitos de faltas a la probidad cuando era alcalde y después de pasar el tiempo suficiente que lo inhabilitaba, postuló como diputado, ganó y lo tuvimos igualmente acá. ¿Por qué? Porque la ley no lo inhabilitaba para ocupar otro cargo. Para volver a ocupar el mismo cargo, sí, de alcalde, pero no para un cargo distinto como diputado o como senador. Por eso es que estamos resolviendo una cuestión que es básica y fundamental. El que comete delitos, que comete faltas a la probidad, no puede ocupar un cargo público en ninguna de sus categorías, de ninguna magnitud ni en ninguna elección de carácter popular. Esto, por cierto, que lamentablemente tenemos que hacerlo porque hay algunos que pontifican mucho, pero que a la hora de elegir a sus candidatos para llevarlos a determinados cargos, no se dan el trabajo siquiera de poder analizar si esa persona es proba o no lo es. Tenemos que hacer leyes, por cierto. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no hacen el trabajo de una buena selección, de ofrecerles buenos candidatos a los ciudadanos para que elijan a personas que realmente tengan un compromiso total con la probidad, con la transparencia, con la utilización de los recursos públicos. Por eso es que en la Comisión de Constitución apoyamos esta iniciativa. Incorporamos elementos que nos parecía importante, que estén considerados para que nadie vuelva a hacerse el pillo, como se dice en buen chileno, y aproveche los vacíos legales o las normas en blanco para valerse de estas mismas y llegar a seguir ocupando cargos de representación popular. Espero que apoyemos esta iniciativa porque es de toda justicia, le hace bien al país que ya no resiste más de corrupción. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada Camila Flores. A continuación ofrezco la palabra a la diputada Flor Weiss. Gracias, Presidente. Me parece un muy buen proyecto ir a los estándares de probidad después de todo lo que hemos visto en nuestro país. Sin duda que hay que aumentarlos, hay que elevarlos, y efectivamente hay que legislar en donde estamos prohibiendo que quienes hayan cometido delitos contra la probidad y por eso este proyecto busca esos fines. Intenta blindar la función pública de quienes hayan realizado actos en contra de la probidad. Genera una barrera de aislamiento entre quienes pueden trabajar en el Estado y quienes están inhabilitados de por vida. Como tiene urgencia suma no se pueden ingresar indicaciones en este segundo trámite reglamentario, por lo que nosotros estamos de acuerdo, pero en futuros trámites se deben realizar algunas mejoras previo al primer capítulo de la Constitución. Uno de ellos es definir precisamente qué son delitos contra la probidad. Eso se debe aclarar porque actualmente en el Código Penal y en la ley chilena reconocen una categoría de delitos como delitos contra la probidad. Solo la doctrina ha definido estos delitos y por ello hay diferentes interpretaciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción señala, por ejemplo, el soborno de funcionarios públicos nacionales, de funcionarios públicos extranjeros, malversación, indebida, tráfico de influencia, en fin, términos que hemos usado lamentablemente muy recurrentemente en nuestra discusión legislativa y en nuestra gestión también política parlamentaria. La Convención Interamericana contra la Corrupción señala el soborno o dádiva, el abuso de poder, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito, en fin. Hay otras también definiciones de ello, me parece muy importante, y por ello no es claro que sea... [append chunk id: 12966]

Suficiente limitar la inhabilidad a los delitos de malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho, porque pueden haber más. Y por lo tanto creo que eso falta dejarlo muy muy especificado. Y también me parece que es interesante y que se debe seguir también debatiendo sobre el segundo aspecto que es la inhabilitación perpetua. Porque de esta manera sería, y ambos son graves, pero sería más grave un delito de esta naturaleza que un delito de terrorismo, cuando habla de que 15 años tienen inhabilidad constitucional, el plazo más extenso son 15 años, y acá se está instalando el término de perpetuo. En general me parece que estamos en la línea correcta, en que se abra el debate, que se instale esta discusión. A mí me parece que más, incluso no siendo condenado. Aquí los abogados tienen, hay mucha discusión respecto a ello. Me parece que habiendo una denuncia, siendo formalizado ya, aun cuando el principio de inocencia que debe resguardarse siempre, pero cuando se trata de la función pública, a mí me parece que los estándares se deben aumentar. Incluso en ese sentido no podrían... Muchas gracias diputada Karol Cariola. A continuación ofrezco la palabra al diputado Matías Ramírez. Muchas gracias, presidente. El 26 de abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a Teófilo Mamani García, en ese entonces alcalde de Colchane y militante de Renovación Nacional, al delito de malversación de caudales públicos. ¿Por qué? Porque utilizaba bienes municipales para arreglar su casa particular. Llevaba camionetas, llevaba camiones, llevaba funcionarios municipales e iba arreglando su casa. Pese a ser condenado, en la última elección este mismo año, fue electo como alcalde de Colchane. Es decir, cumplió la inhabilidad temporal por cinco años, postuló y hoy estamos a un par de días para que nuevamente asuma el sillón de la municipalidad de Colchane. Evidentemente es una situación insostenible. Alguien que estuvo durante ocho años como alcalde de Colchane, hoy vuelve, pese a tener antecedentes penales por malversación de caudales públicos. Y esa situación ya es insostenible por múltiples circunstancias, no solamente por atentar contra la vida pública, sino por entender que en su cargo podía hacer lo que quisiera, saltarse todas las instituciones y utilizar a su favor propios recursos municipales para aquello. Pero como no existe una norma, que en este caso el proyecto de ley sí la contempla esta reforma constitucional, en Tarapacá a raíz de esta situación estamos en alerta. ¿Por qué? Porque hay distintos políticos que han sido condenados en Tarapacá. El último de ellos, por ejemplo, el concejal de la UDI, Felipe Arenas, que fue condenado este año por el caso Luminarias. ¿En qué consistió básicamente? Sabía que venía una licitación y le cobró a la empresa 20 millones de pesos para su voto a favor de esa licitación. Hoy es condenado, tiene una inhabilidad temporal, pero en cinco años más podría postular para hacer cualquier cargo. Concejal nuevamente, alcalde, diputado, senador. Lo mismo podría pasar con Martí Sassi, podría pasar con Jaime Orpís. Entonces es una situación que es extremadamente compleja, porque la señal que se le da a la ciudadanía es que desde acá, de estos mismos pupitres, señalamos mano dura contra el delincuente común y corriente. Pero cuando ese delincuente, precisamente, es parte de algún partido político, no aplica la misma regla. Yo creo que este proyecto y esta reforma constitucional avanza en un sentido común, de que efectivamente quienes han defraudado la fe pública, no solamente los recursos públicos, sino que la fe pública, al dañar las instituciones que decían representar, no puedan, en este caso, acceder a postular a cargos públicos. Me parece que es una señal correcta y, por supuesto, nosotros como bancada vamos a aprobar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ramírez. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Este proyecto vuelve a la sala con la votación en particular en la Comisión de Constitución y, por supuesto, lo vamos a aprobar, presidente, porque persigue un objetivo que, en el contexto de crisis de confianza pública, en el contexto de una crisis donde los ciudadanos cuestionan nuestras instituciones democráticas, es más necesario que nunca tomar decisiones drásticas. Y mire, este proyecto lo que hace es inhabilitar para postular o desempeñar un cargo o función pública, sea o no de elección popular, a quienes hubieran sido condenados por graves delitos contra la probidad. Y, en el caso de que un funcionario estuviera ejerciendo la función o cargo público, por el solo hecho de ser condenado por esta clase de delitos contra la probidad, tiene que ser destituido. Pero lo que establece esta norma constitucional es una inhabilidad bastante extensa, porque establece que la inhabilidad, transcurrido 15 años, podrá levantarse si se solicita al Senado su rehabilitación. Es decir, no opera automáticamente el levantamiento de la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Hay que ir al Senado y pedir la rehabilitación, porque sin duda limita enormemente las posibilidades de que se rehabiliten. Uno podrá decir, estas son decisiones teóricas, esto nunca ocurre. Acá se han dado varios casos, presidente. Por ejemplo, en la ciudad de Coquimbo, en el año 2014, fue electo un diputado que previamente en la elección anterior había sido destituido como alcalde por graves delitos de fraude al fisco, malversación de fondos. Se habían incluso determinado centenares de millones de pesos que tenía que devolver como indemnización de perjuicio. Y cumplió su condena, devolvió parte de su dinero y fue electo diputado. Y estuvo acá durante uno o dos periodos, incluso presidente, fue elegido vicepresidente de la Cámara de Diputados. Una persona condenada por delitos contra la probidad. Y por eso a veces nos quejamos de por qué la gente desconfía de esta institución. Y aquí otro diputado ha hablado del caso de Colchane, también un exalcalde que también fue condenado por delitos contra la probidad y ahora va a asumir porque no tiene una inhabilidad clara que lo impida. Bueno, ahora sí la van a tener, sí la van a tener y yo creo que esa es una buena noticia porque va a haber una inhabilidad muy extensa y que solo puede ser levantada después de 15 años y que no es tan solo para ejercer cargo de elección popular, sino que también para ejercer función pública. En la comisión se agregó quitarle el derecho a sufragio, es decir, que no tan solo no pueden postular a cargo de elección popular, sino que no pueden votar. Yo no sé qué ayuda en eso, pero lo colocaron los republicanos y se va a aplicar probablemente al diputado republicano que está hoy día. Muchas gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra al diputado Jorge Guzmán. Presidente, a ver, el proyecto que hoy discutimos es una oportunidad para entregar un contundente mensaje a favor de la transparencia y la probidad en nuestro hoy día tan manoseado sistema político. En Chile, quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción no podrán acceder o permanecer en cargo público alguno. La corrupción no se trata solo de un daño al patrimonio público. Robarse la plata que el Estado debería destinar a nivelar la cancha, a ofrecer mejores servicios especialmente para los más pobres, ya es un acto abusivo y condenable en sí mismo. Pero la corrupción además destruye la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Atenta contra la legitimidad del sistema democrático y perpetúa la percepción negativa que existe sobre la política. Cada acto de corrupción es una traición a quienes confían en el servicio público como motor del bien común. Es una afrenta para aquellos que esperan que el Estado apoye para sus vidas y para quienes con esfuerzo cumplen diariamente con sus obligaciones, pagan sus impuestos, hacen de vocales de mesa, cumplen con sus deberes ciudadanos y contribuyen al desarrollo de nuestra nación. El mensaje es claro, los corruptos no pueden tener espacio en la política y ya lo ha hecho la ciudadanía rechazando en las urnas a autoridades imputadas por corrupción pese a que ellos tuvieron la audacia de repostularse a sus cargos. Si su propia ética no los apartó, fue la ciudadanía quien actuó con determinación, tal como se vio en la última elección de gobernadores regionales. Sin embargo, desde este Congreso también debemos actuar con la misma firmeza y sin ambigüedades. Los cargos públicos deben ser ocupados por personas que cumplan estrictamente con el principio de probidad y este proyecto es un paso contundente en esa dirección. Por esto, la incorporación de esta norma constitucional no es meramente simbólica, es un mensaje claro y rotundo a la ciudadanía. No toleraremos la corrupción bajo ninguna circunstancia. Presidente, en momentos como este debemos dejar de lado la calculadora política y los ataques a los del frente. Corruptos hay de todos los colores, ideologías y partidos. En esta materia no se puede hacer empates ni mirar hacia un lado cuando el corrupto es del mismo signo político. Hay que sacarlos a todos y en eso todos aquí. [append chunk id: 12971]

y debemos estar de acuerdo. Aprobaremos este proyecto. Muchas gracias. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Antes de ofrecer la siguiente palabra, quiero pedirle a quienes están conversando si pueden bajar un poco el volumen para escuchar al resto de nuestros colegas. Ofrezco la palabra al diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Gusto saludarlo. Qué bueno que estemos modificando la carta fundamental para establecer inhabilidad en acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delito contra la probidad. Presidente, mire, yo lamento que tenga que ser la Cámara de Diputados y el Congreso que apruebe una ley para impedir que los corruptos lleguen a los cargos públicos. Porque hoy día, desgraciadamente, la comunidad parece que el requisito principal para elegir alguna autoridad tiene que tener un prontuario delictual pero tremendo. En la región del Bío Bío y en la provincia de Concepción hay algunos casos. Tenemos un alcalde que fue reelecto con una votación espectacular, que asume su tercer periodo el 6 de diciembre, y el día 9 de diciembre está citado a un juicio y está imputado por haber recibido plata de una empresa privada. Tenemos otro alcalde que era funcionario público, que en dos oportunidades tuvo que devolver plata, en una oportunidad más de 17 millones de pesos que tuvo que devolver al servicio y en otra cerca de 4. Por lo tanto, yo lamento, repito, que tengamos que aquí en el Congreso votar una ley para impedir que los corruptos, que los sinvergüenza, lleguen a ocupar cargos públicos. Lamentable pero real. Pero esto va a ser efectivo y espero en Dios que no sea letra muerta, presidente, que efectivamente sea efectivo, que se ejecute esta ley, pero los que están en estas condiciones hoy día van a seguir siendo autoridades. Muy, pero muy lamentable. Cuando nos quejamos que la corrupción, cuando nos quejamos de que no puede ser, pero hacemos muy poco o nada. Y yo, presidente, para combatir la corrupción, me arriesgué porque presenté una querella criminal contra un gobernador, el gobernador de la región del Bío Bío, y la verdad es que siguió persecución del Poder Ejecutivo y también de la Justicia. Porque hoy día se persigue al que denuncia, al que combate la corrupción. Y a los corruptos se felicita, se respalda, se apoya, y la comunidad vota por ello. Repito y termino, presidente, esto es un caso que usted conoce. Por eso, presidente, qué bueno que hoy día se esté legislando esta naturaleza y ojalá Dios quiera que el 100% de los parlamentarios en sala votemos a favor de esto, ya que la comunidad, ya que los habitantes, ya que los votantes, le importó un bledo la corrupción y los volvieron a elegir. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias al diputado Leonidas Romero. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Henry Leal. Gracias, presidente. Presidente, vamos a votar a favor este proyecto de ley porque nos parece de sentido común recobrar la confianza de los ciudadanos, que confíen en el sistema público. Por eso, nos parece absolutamente apropiado, acorde a los tiempos, que quien tenga una condena por delitos contra la probidad, por ejemplo, fraude al fisco, cohecho, entre otros, no pueda postular a un cargo de elección popular, pero también si es funcionario público, que pierda esa calidad y quede inhabilitado. Y solo pasado 15 años podría recién pedir al Senado la rehabilitación. Nos parece que lo mínimo que podemos hacer es dar una señal clara que no podemos tolerar actos reñidos contra la probidad en Chile. Por eso el Congreso tiene que dar una señal clara. Todo funcionario público que sea condenado no podrá optar a ningún cargo de elección popular, pero tampoco podrá seguir en la función pública. Es lo que tenemos que hacer, presidente. Por eso, con muchas ganas, votaremos a favor de este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leal. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Marcos Gilavaca. Por fin termina la tramitación de este proyecto de ley en este Congreso, en esta Cámara de Diputados. Y lo primero que quiero hacer, presidente, es agradecer al Gobierno por haberle puesto discusión suma a este proyecto. Porque estas son las señales que efectivamente el Gobierno, y en particular nosotros desde el Congreso Nacional, tenemos que dar respecto a un flagelo que carcome las bases de la institucionalidad y la democracia de nuestro país. Porque la corrupción, ese es el efecto que tiene. La gente deja de creer en su institucionalidad cuando ve que existen corruptos que cambian de puesto y cambian de camisa o de chaqueta y no les pasa absolutamente nada. Se han dado un par de ejemplos en esta sala. Yo no quiero volver a esos ejemplos, lo dije en mi primera intervención, pero en particular lo que hoy día quiero felicitar es el espíritu que primó también en la Comisión de Constitución de poder afinar el proyecto, devolverlo a la sala, vienen los mismos términos que fue planteado solamente con una indicación del Partido Republicano, que adicional a la inhabilidad por 15 años, inhabilidad constitucional por 15 años, se buscaría una sanción adicional que dice relación con la pérdida de la ciudadanía. Esa pérdida de la ciudadanía ha sido además alegada en votación separada y será este Congreso, esta Cámara la que en definitiva determine qué decisión va a adoptar. Pero más allá de lo que ocurra hoy día, yo lo que espero es que el Senado de la República esté a la altura de lo que hoy día la ciudadanía nos exige. La ciudadanía nos exige hoy día poder generar señales claras contra este gran flagelo que es la corrupción. Y yo espero que el Ejecutivo mantenga la urgencia suma en la discusión del Senado y que el Senado prontamente lo apruebe y sea despachado a ley. Muchos me han escrito, me han felicitado por este proyecto de ley porque en definitiva dicen por primera vez vemos que el Congreso da una norma en contra de la corrupción. Contra la corrupción, cero tolerancia. A la corrupción, todos los límites posibles. La corrupción no tiene color político, no tiene ideología, no tiene religión. Y si no somos capaces de entregar señales concretas, duras y firmes contra este flagelo, vamos a perder esa lucha. Y yo creo que todos los que aquí están presentes, en conjunto, quieren señalar con fuerza no a la corrupción, venga de donde venga. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Marcos Gilavaca. Queremos saludar y dar la bienvenida a una delegación de estudiantes de la Universidad de Valparaíso que han sido invitados por el diputado Otwiti Teo. Bienvenidos, estimados estudiantes. Muy bien, muchas gracias. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Luis Sánchez y luego al diputado Becker. Muchas gracias, presidente. Qué duda cabe que es una buena noticia que estemos avanzando con este proyecto de ley, un proyecto de ley que viene de la Comisión de Constitución. Lo estuvimos trabajando bastante, es una iniciativa que viene de diputados principalmente del Partido Socialista y es una buena noticia que exista transversalidad en esto, en entender que los escándalos de corrupción que han ocurrido desde ya hace bastantes años en distintos ámbitos de la vida pública no pueden ser tolerados y que los abusos tienen que tener consecuencias. Yo creo que eso es lo más importante y eso es algo que hemos defendido con mucha fuerza desde el Partido Republicano. La comprensión de que aquí hay que ser implacable con cualquier tipo de abuso. Nosotros estamos aquí en el servicio público para servir a los chilenos, para preocuparnos de sus necesidades. Y cualquier forma de abuso debe ser condenada. Y es abuso no solo meterse plata en el bolsillo, sino que usar el poder que ha sido confiado en nosotros para beneficiarse un pequeño grupo, para beneficiar a nosotros o para beneficiar a otros amigos nuestros a expensas de la gran mayoría de los chilenos que con sus impuestos financian esta fiesta, una fiesta que es muy cara. Entonces aquí damos un primer paso, un primer paso que tiene que continuar adelante y es un primer paso importante que es establecer que quien sea condenado por un acto de corrupción pierde el cargo público, no puede postularse de nuevo y algo que planteamos en la comisión, yo personalmente por vindicación pierde la ciudadanía y por tanto tampoco puede votar. Y yo creo que tiene que ser así de fuerte la señal con quienes cometan abusos en contra de la confianza de los chilenos. [append chunk id: 12980]

para quienes roban, para quienes se aprovechan de la confianza y aterrorizan a los chilenos, así como también tiene que aplicarse para quienes, estando en cargos públicos, abusan de la confianza de nuestros compatriotas, una confianza que ya es cada vez más escasa y que nosotros tenemos que preocuparnos de devolverla al nivel que debe tener, porque las democracias no sobreviven si es que seguimos con una clase política que es liviana, una clase política irresponsable, una clase política que no se hace cargo de los dramas de la ciudadanía y vive desconectada día a día preocupándose de sus propios problemas y mirándose el ombligo. Eso no puede seguir ocurriendo, aquí se necesitan cambios profundos y creo que este proyecto de ley es indicativo de ese cambio profundo que Chile necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. A continuación ofrezco la palabra al diputado Miguel Ángel Becker. Muchas gracias, Presidente. Saludar a los diputados en la sala, al personal de la corporación que nos acompaña y también al personal de control de cámaras que está trabajando para que esto pueda salir al aire y ser pública estas reuniones y estas actividades. Nosotros, obviamente, lo vamos a votar favorablemente este tema. Creo que es un tema que nos debe preocupar de todos los sectores. El diputado Ramírez hacía mención de algunos casos. Hay casos de todos lados, así que sería largo de enumerar. Pero lo importante aquí es que sí se están dando los pasos correctos para poder terminar con este flagelo. ¿Cuántos recursos tendríamos si realmente los recursos que son del Estado fueran ocupados realmente en lo que corresponde, en las personas? Por otro lado, quiero felicitar por su intermedio, Presidente, a la señora Contralora Doris de Pérez, que acaba de hacer una capacitación a todos los nuevos alcaldes, concejales y gobernadores electos recientemente con el propósito de indicarles en qué forma la Contraloría va a subir la vara del control de los recursos públicos. Y nos parece bien, nos parece bien que considere corrupción una serie de aspectos que muchos de mis colegas acá no lo consideran. Por ejemplo, la Contralora habla de corrupción cuando las personas no están cumpliendo con su labor en el lugar donde les corresponde y están o abandonan su trabajo y están tomándose un café o abandonando su pega. Eso también es corrupción. También es corrupción no llegar a la hora al Congreso, por supuesto, y ya lo he dicho en reiteradas ocasiones. Yo espero que esta propuesta, esta ley, sea aprobada de forma unánime y definitivamente hacer que los sinvergüenzas que están infiltrados en los gobiernos comunales, gobiernos regionales y también en otros sectores del ámbito del quehacer público terminen en la cárcel como corresponde y sean sancionados al menos con estos 15 años de inhabilidad. Esperamos, Presidente, insisto, una votación unánime de este flagelo y que los recursos que tienen que ir a la gente lleguen como corresponde a los lugares donde las personas más lo requieren. Para eso son los impuestos y no para otra cosa, Presidente. Muchas gracias, Presidente. Dios salve a Chile. Muchas gracias, Diputado Becker. A continuación ofrezco la palabra al Diputado Luis Maya. Gracias, Presidente. Hoy más que nunca nuestra democracia se encuentra en peligro. ¿Y por qué lo digo? Porque es normal encontrar en la calle personas que dicen no importa que robe, le importa que haga algo. No, que robe otro mejor. Eso uno lo escucha en la calle en campaña y eso en realidad le hace muy mal a la democracia. La gente ya perdió la fe en nuestras instituciones. ¿Y por qué pasa esto, Presidente? Porque la gente hace años tiene la percepción de que el Estado en su conjunto no hace bien la pega o al menos no de manera transparente e íntegra y de que todo está podrido, que no hay vuelta atrás. Presidente, esa decepción, esa rabia, esa impotencia que tiene nuestra gente, trabajadores, vecinos, vecinas que día a día se esfuerzan por salir adelante, por intentar llegar a fin de mes y que miran con recelo a quienes, llenos de codicia y ambición, llegan a cargos públicos para llenarse los bolsillos. Todo ese malestar se mantiene más vigente que nunca con los casos, por ejemplo, Barriga, Caso Audio, Fundaciones, entre otros. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué permitimos esta crisis de legitimidad? Porque no fuimos capaces de comprender que al servicio público uno va a servir y no enriquecerse. Porque aún existen personas que no comprenden principios tan básicos de nuestro Estado de Derecho como la igualdad ante la ley, de legalidad, probidad, transparencia y que el Estado está al servicio de la persona humana. Presidente, esto debe terminar y por eso me parece vital que como legisladores aprobemos esto, porque ningún corrupto debe seguir en cargos públicos, porque ningún corrupto debería pisar este honorable Congreso, o un municipio, o La Moneda, o cualquier espacio de representación popular. Debemos castigar este tipo de delitos, pero castigar de verdad, sin perdonazo. No podemos permitir que quienes cometan estos actos tengan siquiera la posibilidad de pensar en optar a cargos públicos, mucho menos de elección popular, porque si no, lo único que se conseguirá es que la gente, nuestra gente, siga desconfiando del sistema. Sistema que ha sido bien manchado por unos pocos. De esta manera vuelvo a insistir que de una vez por todas se levante el secreto bancario de todas las autoridades de nuestro país, sean estos electos o designados, civiles, militares, policiales. Debemos levantar el secreto bancario para todas las autoridades del país, especialmente para prevenir la corrupción. Necesitamos dar un mensaje a la ciudadanía, y ahora es cuando. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado Maya. A continuación ofrezco la palabra a la diputada Marta González. Gracias, Presidente. Este proyecto que establece la inhabilidad cuando se han cometido delitos contra la probidad es a todas luces algo de sentido común, y la gente seguramente dirá, bueno, ahora hablamos de esto y ahora ponemos estos proyectos, cuando hace mucho tiempo efectivamente se debiese haber actuado contra este flagelo, como lo han dicho los colegas de la corrupción. Pero sin duda este periodo hemos sabido en profundidad el modus operandi de cómo las empresas y ex autoridades han desfalcado al Estado en distintos tiempos y con distintas tramas. Es por esto que hoy día se hace necesario todo y cada una de las medidas que vayan a aportar hacia la probidad, hacia la transparencia y medidas anticorrupción. Porque el descrédito de las instituciones en nuestro país es tal, y son muy pocas las instituciones que se salvan de este terrible cáncer llamado corrupción, en donde no solamente actúa una o dos personas, sino que actúan verdaderas mafias dentro de las instituciones. Es por esto que en este Congreso debiésemos hablar con mucha más profundidad y también en los medios de comunicación masiva debiese ponerse también en la palestra la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que es una estrategia que el gobierno ha intentado impulsar, pero que muchos desconocen y que poco auge se le ha dado. Pero ¿cuánto necesario es hoy en día? Este viene a ser un proyecto que efectivamente aporta para cualquiera que haya desfalcado al Estado no vuelva a ocupar cargos públicos, algo como dije, Presidente, de total sentido común. Porque cuando nos llaman los dirigentes, nos llaman los apoderados, nos llaman los centros de estudiantes, que su colegio se llueve, que no hay recursos, que no tienen la implementación, que hay un evidente abandono de los colegios, de los liceos, es porque alguien se llevó la plata para la casa. Cuando nos llaman las mismas juntas de vecinos, las agrupaciones de, en este caso voy a poner un ejemplo de Fibromialgia, que me han estado llamando esta semana y me dicen no hay remedios en el consultorio. Hace un año que no puedo retirar remedios. Eso es la corrupción que se ha llevado la plata para la casa. Porque cuando alguien roba dineros públicos, le roba a todo el país. Le roba a los niños, le roba a los jóvenes, le roba a los adultos mayores, le roba a las dueñas de casa, nos roban a todos y a todas, nos roban el bienestar común. Es por eso que es tan grave este tipo de delitos y que se deben sancionar como corresponde. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada Marta González. Y de esta forma cerramos el debate de este proyecto. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto que aprueba el convenio número 81 sobre inspección del trabajo, adoptada por la 30ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, del 19 de junio de 1947, correspondiente al boletín 17177-10. Por acuerdo de los comités parlamentarios... [append chunk id: 12989]

Para la tramitación de este proyecto, se procederá solo con la rendición del respectivo informe. Rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, su presidente, el diputado Vlado Mirosevic. Diputado Mirosevic. Muchas gracias por el apoyo incondicional de esta Cámara. En mi calidad de distinguidos colegas y distingidas colegas, en mi calidad de diputado informante, de humilde diputado informante, de parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar ante ustedes el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio número 81 sobre inspección del trabajo adoptada en la 33a Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 19 de junio de 1947, con urgencia calificada de suma. Señala el mensaje con el cual su Excelencia el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo que la protección de los derechos laborales es un pilar fundamental para que las personas trabajadoras puedan desarrollar sus labores en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, y que corresponde al Estado la responsabilidad de garantizar el trabajo decente para todas y para todos los trabajadores. En dicho escenario, agrega la Dirección del Trabajo, cumple un rol clave en la promoción, protección y garantía de los derechos laborales mediante la fiscalización del efectivo cumplimiento de la legislación laboral previsional y de seguridad y salud en el trabajo, con la que se convierte en la principal institución del sistema de inspección del trabajo de nuestro país. En el ámbito fiscalizador precisa, la Dirección del Trabajo se encuentra alineada con las tendencias y desarrollos de organismos de esta naturaleza a nivel comparado e internacional. En este contexto, añade el mensaje, la ratificación del convenio número 81 fue designado como convenio prioritario por medio del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y posteriormente la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa del año 2008 se calificó como convenio de gobernanza. Destaca por otra parte que en el año 2022 el Consejo de Administración de la OIT publicó además las directrices sobre los principios generales de la inspección del trabajo adoptadas en el 2021 en forma tripartita y esta definición adoptada por empresarios, trabajadores y gobiernos fija orientaciones para dar cumplimiento a los estándares del convenio número 81. Añade así mismo que este año la Dirección del Trabajo celebra el centenario desde su conformación, momento en el cual es importante reflexionar sobre su función, reconocer su historia, su incidencia en la protección y garantía de los derechos de las personas trabajadoras y sin duda los desafíos de impulsar un sistema de inspección del trabajo que cumpla con los mejores estándares internacionales. Del mismo modo, hace presente que según datos de la cuenta pública participativa de esta misma dirección en el periodo 2023 y 2024, dicho servicio cuenta con 2.276 funcionarias y funcionarios, estructurándose en 87 inspecciones del trabajo distribuidas por todo el país, 6 centros de mediación y conciliación especializados, 17 direcciones regionales destinadas a coordinar las labores de las inspecciones y centros referidos y finalmente una dirección nacional que se encuentra a cargo de departamentos operativos y de gestión, tales como el departamento de inspección, de relaciones laborales, de atención de usuarios, jurídico, de estudios, de administración y finanzas, de gestión y desarrollo de tecnologías de la información y de gestión y desarrollo de personas. Concluye señalando que dicha institucionalidad y especialmente sus funcionarios y funcionarias tiene por mandato la protección del bienestar de las personas trabajadoras y en definitiva la tranquilidad del conjunto de las familias que habitan nuestro territorio. Por ello es relevante reconocer el rol de la Dirección del Trabajo y fortalecer su misión sobre la base de estándares internacionales. El convenio que su Excelencia el Presidente de la República somete a consideración de esta Cámara tiene, de acuerdo con la normativa de la OIT, el carácter de actualizado y técnico, lo que implica que dicho organismo internacional promueva activamente su ratificación como expresión de una herramienta moderna y adaptada a las realidades actuales del mundo laboral. El convenio se estructura sobre la base de un preámbulo en el cual la Conferencia General de la OIT da cuenta de su decisión de adoptar este instrumento y cuatro partes que comprenden artículos en los cuales se contienen las disposiciones sustantivas y finales. Las cuatro partes se refieren, la primera, a la inspección del trabajo en la industria, la segunda a la inspección del trabajo en el comercio, la tercera a disposiciones diversas y la cuarta y última parte a disposiciones finales, cada una de ellas con sus respectivos desarrollos en su articulado, a las que no me referiré en detalle en aras del tiempo y por encontrarse ellas latamente explicadas en el informe que mis colegas contienen en su poder. En las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la señora Jeanette Jara Román, Ministra del Trabajo y Provisión Social, junto al señor Pablo Centeno Muñoz, Director Nacional del Trabajo, y la señora Laura Vázquez Rodríguez, subdirectora del Trabajo. Asimismo asistieron el señor Claudio Troncoso Repeto, director general jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Pablo Bobich Concha, gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, junto a doña Camila Simónovic Valenzuela, asesora legal de la SOFOFA. La señora Carmen Bueno, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la OIT, y el señor David Acuña Millahueque, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, junto al señor José Pérez de Veli, presidente de la ANEF. Durante el estudio y la discusión del proyecto de acuerdo, la señora Jeanette Jara Román, Ministra del Trabajo y Provisión Social, y el señor Pablo Centeno Muñoz, Director Nacional del Trabajo, junto con ratificar los contenidos del mensaje, destacaron que en Chile cuenta con una institucionalidad inspectiva sólida, la Dirección del Trabajo, la cual cumple un siglo de existencia este año. La aprobación del convenio, señalaron, fortalecería el rol de la Dirección del Trabajo en garantizar la aplicación de leyes laborales y la protección de derechos fundamentales de los trabajadores, promoviendo un ambiente de trabajo decente. Comentaron, asimismo, lo relevante que es el convenio, porque establece estándares que deben cumplirse en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en línea con el concepto de trabajo decente. Como acuñado por el chileno a quien aprovechamos de homenajear, Juan Somavía, que estuvo muchas veces a la cabeza de la OIT, además subrayó la necesidad de fortalecer el carácter técnico y apolítico de la Dirección del Trabajo, asegurando que su misión no se vea afectada por los cambios en los ciclos políticos. La señora Jara también mencionó que la suscripción del convenio es parte de las recomendaciones realizadas por una comisión especial por el Bicentenario de la Dirección, encabezada por el señor Somavía, y que busca avanzar hacia la digitalización y la inteligencia fiscalizadora en la dirección. Añadió que el convenio se ha discutido con empleadores y trabajadores, quienes apoyan esta base internacional que define la situación actual, los objetivos a alcanzar y la brecha a cerrar para cumplir con los estándares de gobernanza laboral establecidos por la OIT. Por su parte, el señor Centeno, director del Trabajo, expuso sobre el contenido del convenio un estudio destacando en síntesis cómo la Dirección del Trabajo en Chile se alinea con sus estándares. Explicó que el convenio establece la obligación de los países de mantener un sistema de inspección que asegure el cumplimiento de la normatividad laboral y proteja a los trabajadores, destacando los avances en la Dirección del Trabajo como la modernización con la Ley 21.327, que fortalece la fiscalización electrónica y la comunicación con empleadores y trabajadores. Explicó que actualmente la institución cuenta con 2.300 funcionarios en 87 oficinas y realiza un promedio de 91.000 fiscalizaciones anuales. Además, la dirección tiene una carrera funcionaria formalizada y un sistema de capacitación estructurado para los nuevos inspectores. No obstante lo anterior, también en la comisión se manifestaron inquietudes en torno a la necesidad de ratificar este convenio. En este sentido, el diputado señor Schubert expresó escepticismo sobre la necesidad del convenio, cuestionando la utilidad de obligarse a un estándar que ya se cumple en Chile, o departamentos para cumplir con las obligaciones de informar a la OIT. También cuestionó el beneficio que comprometió. [append chunk id: 12994]