Cámara de Diputados - Sesión de Sala - 3 de diciembre de 2024

En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 102 se declara aprobada. El acta de la sesión 103 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Buen día. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 112 para hoy 3 de diciembre del año 2024. Se ha recibido mensaje de su excelencia el Presidente de la República, por el cual inicia la tramitación del proyecto que otorga un aporte único a los profesionales de la educación que indica. Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales recaído en el proyecto iniciado en mensaje, con urgencia calificada de suma, que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, modificando al efecto el artículo 2º de la ley 20.417 y regula otras materias que indica. Informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad recaído en el proyecto iniciado en moción, que modifica la ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias para facilitar el funcionamiento de organizaciones de personas mayores y centros de madres. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Páez y de los diputados señores Benavente, Bobadilla, Borges, Coloma, Cornejo, Lave, Martínez, Moreira y Zulantay, que modifica el Código Procesal Penal para regular la reprogramación de la audiencia de juicio oral. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Páez y de los diputados señores Benavente, Bobadilla, Borges, Cornejo, Lave, Lillayú, Martínez, Zulantay y Von Millenbrock, que modifica la ley 18.700 para autorizar la instalación de mesas de votación exclusivas para personas con discapacidad. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pino, Barría, Calixto y Zafirio, y de las diputadas señoras Ahumada, Olivera y Pérez, doña Joana, que modifica la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo vigésimo transitorio. Comunicación del diputado señor Mirosevic, por el cual solicita recabar el acuerdo de la sala para que el proyecto que modifica la Carta Fundamental para eliminar el requisito de avecindamiento exigible a ciertos chilenos para ejercer los derechos que les confiere la ciudadanía, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sea remitido para su discusión y votación a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Finalmente, Presidenta, comunicación de las diputadas señoras Morales, doña Javiera, Muzan de Izagardía y de los diputados señores Brito, Ibáñez y Sáez, por el cual retiran de su tramitación el proyecto que modifica la ley 18.892, General de Pesca y Agricultura, para regular la extracción de algas pardas en las regiones de Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica chilena. Esa es toda la cuenta para esta sesión, Presidenta. Gracias, prosecretario, perdón, don Luis. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Pino. Gracias, Presidenta, quería ver la posibilidad del punto 6 de la cuenta, proyecto enviado a la Comisión de Deudas Públicas, puede ser remitido a la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, Presidenta, muchas gracias. El que tiene que ver con la fiscalización de la superintendencia... El punto 6 de la cuenta, ok, el diputado Víctor Pino ha solicitado que el proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pino, Barría, Calixto y Zafirio, de las diputadas señora Ahumada, Olivera y Pérez, doña Johanna, que modifica la ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo vigésimo transitorio, boletín 17.265, pase de la Comisión de Deudas Públicas a la de Recursos Hídricos, ¿sí? Esa es la solicitud. ¿Habría acuerdo? Acordado. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? No hay más palabras sobre la cuenta, cerrada la cuenta. Ah, perdón, nos queda un asunto de la cuenta, que si le parece a la sala, se accedería a la petición del diputado señor Mirosevic, por la cual solicita recabar el acuerdo de la sala para que el proyecto que modifica la carta fundamental para eliminar el requisito de avecindamiento exigible a ciertos chilenos para ejercer los derechos que les confiere la ciudadanía, 16.728-07, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sea remitido para su discusión y votación en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Parlamentaria. Cabe hacer presente que este acuerdo requiere de la unanimidad de la sala, ¿habría acuerdo para esto? No hay acuerdo. Muy bien, ahora sí, iniciando la tabla de fácil despacho. Iniciando la tabla de fácil despacho, corresponde tratar el proyecto de ley originada en moción, que modifica el Código Procesal Penal para imponer a personas que se desempeñan en el ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores que indica, correspondiente al boletín número 16.840-29, para la discusión de este proyecto se otorgará la palabra hasta cinco diputadas y diputados, los que primero se inscriban, por un máximo de dos minutos a cada uno. Rinde el informe de la Comisión de Deportes y Recreación el diputado Jorge Guzmán. Muy buenos días, honorable sala. Señorita Presidenta, honorables diputados y diputadas, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley iniciado en moción de esta Autoría, en conjunto con los diputados Andrés Celis Montt, Andrés Jordano Salazar, Enrique Lee Flores, Daniel Manucheri Lobos, Jaime Mulet Martínez, Marco Antonio Zulantay Olivares y Cristian Trapea Ramos, y las diputadas Erika Olivera de la Fuente y Marisela Santibáñez Nova, que modifica el Código Procesal Penal para imponer a personas que se desempeñan en el ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores que indica, en primer trámite constitucional y primero en reglamentario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de la Corporación. La idea matriz del proyecto de ley consiste en imponer al personal del ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores que tuvieran conocimiento, tanto durante actividades deportivas como en recintos o instalaciones deportivas. En la moción se dan a conocer los siguientes antecedentes y fundamentos. En la actualidad es evidente que la violencia sexual es un fenómeno que no se limita a un ámbito específico, sino que lamentablemente se extiende a diversos sectores de la sociedad. En este sentido, el ámbito deportivo, aunque a menudo se percibe como un espacio de competencia, camaradería y desarrollo personal, no está exento de esta problemática. La trágica realidad es que los casos de abuso sexual en el deporte son más comunes de lo que se podría esperar y que en el último tiempo han ido en aumento, afectando tanto a deportistas profesionales como a aficionados, dejando un profundo impacto en las víctimas y en la integridad misma de la actividad deportiva. En medio de los numerosos casos que han salido a la luz en los últimos tiempos, el impactante suceso de violación grupal que involucra a cadetes de un equipo de fútbol nacional ocurrido en el año 2021, pero que recientemente ha tomado relevancia pública, ha generado una profunda consternación en la sociedad chilena. Este doloroso episodio, que ha puesto de manifiesto la urgencia imperante de tomar medidas efectivas para abordar la lamentable prevalencia del abuso sexual en el ámbito deportivo, nos enfrentamos a una realidad en que los actos de violencia ocurren con una frecuencia mucho mayor de lo que desearíamos admitir. Ante tal escenario, es imperativo no sólo condenar estos actos con la mayor firmeza, sino tomar acciones concretas y decisivas para prevenir y erradicar esta grave problemática que afecta profundamente a nuestra sociedad. La responsabilidad social y ética que recae sobre los dirigentes deportivos, entrenadores, árbitros y demás personal implicado en el mundo del deporte es fundamental. Estas figuras no sólo tienen la responsabilidad de promover valores éticos, sino también de proteger los derechos de los participantes en el deporte, más aún si son menores de edad. Ciertamente, su posición de autoridad y liderazgo implica un actuar no sólo conforme a un deber moral, sino también con una responsabilidad ineludible de preservar la integridad física y emocional de quienes estén bajo su cuidado. Es por esto que la introducción de una obligación de denuncia de todo delito refleja un compromiso sólido con estos valores fundamentales y contribuye significativamente a la construcción de una cultura de respeto y protección en el ámbito deportivo. La introducción de una obligación legal no sólo busca prevenir la comisión de delitos, sino también disuadir a quienes podrían verse tentados a cometerlos. En efecto, al establecer un entorno en que los perpetradores son conscientes de las consecuencias legales de sus acciones, se envía un mensaje claro de que hay conductas que no serán toleradas y serán sancionadas con todo el rigor de la ley. Esta medida no sólo protege a los participantes en actividades deportivas, sino también afirma el compromiso de una sociedad en su conjunto de garantizar un entorno seguro en el deporte. En el marco de la discusión general se recibió al Ministro de Deportes, a representantes del Ministerio Público, de la Defensoría de la Niñez, de la Corporación Familias por el Fútbol, al Presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, a la ex Defensora de la Niñez, doña Patricia Muñoz, al presidente de la Federación Deportiva Nacional de Judo de Chile, y a los académicos Daniel Orsi y Jaime Vera, quienes dieron a conocer sus opiniones en torno a esta iniciativa legal. El texto de la moción consta de un artículo único que modifica el artículo 175 del Código Procesal Penal, norma que establece la denuncia obligatoria y señala a quienes están obligados a denunciar. En ella se incorpora como sujetos obligados a denunciar a los dirigentes deportivos, los directivos, los deportistas, el personal de apoyo, los entrenadores técnicos, los oficiales, los árbitros e incluso el personal administrativo de los hechos denunciables o los delitos que afecten a menores de edad en dos hipótesis. Uno, que ocurran durante la participación de actividades deportivas o dos, que hayan tenido lugar en recintos o instalaciones deportivas. En el marco de la discusión, en conjunto con otros integrantes de la Comisión, presentamos una indicación sustitutiva que recoge las recomendaciones formuladas por el profesor Jaime Vera, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, don Eduardo Arévalo, por representantes de la Defensoría de la Niñez, por la abogada y exdefensora de la Niñez, doña Patricia Muñoz, y también por la Biblioteca del Congreso Nacional, de la siguiente forma. Uno, se restringe al sujeto activo de la obligación de denuncia, eliminando a los deportistas y al personal administrativo, y añade una expresión amplia que incluye, en general, a quienes tengan la responsabilidad de supervisar a niños, niñas y adolescentes. Dos, reemplaza la expresión menores de edad por niños, niñas y adolescentes, considerando que es la terminología utilizada internacionalmente hoy en día. Tres, modifica las organizaciones incluidas en el supuesto, de modo que resulta lo suficientemente omnicomprensivo de todas las tipologías legales que pueden adoptar estas organizaciones, aquellas reguladas en el artículo 32 de la Ley del Deporte, que regula a quienes se entienden como organizaciones deportivas, así como también las organizaciones deportivas de la Ley de Sociedad Anónima de Deportes Profesionales, y las corporaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias funcionales, o cualquier otra entidad a cualquier título que tenga fines deportivos. Cuatro, respecto de los delitos frente a los que se procede, se introduce la expresión crímenes y simples delitos, excluyendo las faltas, al tiempo que incluye todas las conductas que, en cuanto a crímenes y simples delitos, puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. Es decir, no se limita solo a delitos sexuales. [append chunk id: 13121]

...y simples delitos que afecten a niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado o supervisión de las personas ya mencionadas o que hayan ocurrido en las instalaciones de dichas organizaciones. La modificación busca mantener la armonía con el literal F sobre la obligación de denunciar en establecimientos educacionales que ya está contenida en el artículo 175 del Código Procesal Penal. Cabe hacer presente que la moción fue aprobada en general y en particular por la unanimidad, lo que da cuenta de la importancia de legislar sobre este tema que tanto interés ha constatado en la Comisión de Deporte y Recreación, particularmente a partir de los hechos lamentables que han afectado al deporte en el último tiempo. He dicho, señorita Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guzmán. Para dar inicio a este debate tiene la palabra la diputada Erika Olivera. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, la protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser un principio que debe regir en todo ámbito del quehacer social. La obligación del Estado es prevenir, investigar y sancionar los delitos que pueden cometerse en contra de ellos, se extienda a cualquier área de desarrollo de los seres humanos y a imponer mecanismos que [append chunk id: 13127]

Entre las medidas propuestas por la ANIP se encuentra la de extender los sujetos obligados a presentar la declaración de intereses y patrimonio disponible de la ley 20.880. Además, en febrero del presente año se conformó el Gabinete Pro Seguridad, instancia de coordinación interministerial compuesta por diversos miembros del gabinete ministerial y subsecretarios de las carteras relacionadas con el combate contra la delincuencia y el narcotráfico. Luego de la tercera sesión de dicho gabinete se anunciaron cuatro medidas legislativas a impulsar, una de las cuales es que los funcionarios que trabajan en Gendarmería formulen sus declaraciones de patrimonio con regularidad, medida que dice relación con el fortalecimiento de la integridad en dicha institución. Lo anterior cobra particular relevancia ya que, de acuerdo con lo señalado por Gendarmería de Chile en el compendio de acciones fundamentales para la gestión penitenciaria de la gestión del 2018 al 2022, una de las estrategias más gravosas de las organizaciones criminales en contra de la gobernanza estatal, sus instituciones y órganos radica principalmente, además del aumento y control patrimonial, en la hegemonía del poder y dinamismo de centros de negocios ilícitos, en obtener mayor capacidad de corrupción de las instituciones y agentes públicos mediante el soborno o la intimidación y la penetración y socavamiento de sus principios, por lo que refrendar la doctrina y principios fundamentales de tales instituciones resulta trascendental para enfrentar dicho flagelo. Agrega el mensaje que este ha sido un tema profusamente estudiado internacionalmente y, a modo ejemplar, cabe recordar lo señalado por la tratadista María Gracia Pasamano: el alcance y la amplitud de la cobertura de un sistema de declaraciones de bienes depende de los niveles de riesgo percibidos en las diferentes áreas de administración pública, del objetivo general del sistema y de los recursos disponibles. Existe una tendencia mundial a centrar los sistemas de declaración de bienes de los funcionarios de alto nivel y de alto riesgo, reconociendo que las distintas categorías de funcionarios públicos difieren entre sí, con diferentes niveles de responsabilidad, poder y potencial para verse envueltos en conflictos de interés y corrupción. Los países debieran considerar la posibilidad de crear reglamentos de declaración de bienes adaptados a las distintas categorías y ramas de los funcionarios públicos. Lo expuesto ha llevado al gobierno a la convicción de la necesidad de incorporar a todo el personal de Gendarmería dentro de los sujetos obligados a presentar declaraciones de interés y patrimonio, ampliando por ende el universo de funcionarios que actualmente están sujetos a esta obligación, considerando que este es un instrumento cuyo objeto, precisamente, es transparentar y dar publicidad a las relaciones económicas y patrimoniales que puedan afectar la imparcialidad del declarante al momento de toma de decisiones, además de permitir y transparentar y monitorear la evolución del patrimonio de los sujetos obligados mientras permanezcan en sus cargos. Durante la discusión particular, la Comisión no le incorporó modificaciones al texto original. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual yo me he referido. Es cuanto puedo informar, presidente. Ahora vamos a dar a conocer el informe de la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda pasa a informar en lo relativo a su incidencia presupuestaria el proyecto de ley originado en mensaje del Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, que establece que el personal de Gendarmería de Chile la obligación de efectuar declaraciones de interés y patrimonio en conformidad con lo dispuesto a la ley 20.880 sobre prohibida la función pública y prevención de los conflictos de interés. Asistió en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo Falcón, acompañado del Subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz Lamartín, y por la abogada de la División Jurídica, señora Paula Recavarre Levín. Asimismo, la comisión recibió al director nacional de Gendarmería, señor Sebastián Urra Palma, acompañado del abogado de la unidad de fiscalización, señor Cristian Rococristi. Igualmente, escuchó la opinión de los representantes de los distintos gremios de Gendarmería de Chile. La idea fundamental del proyecto es mejorar con un enfoque preventivo los estándares de transparencia e integridad de las instituciones en que se desempeñan funcionarios de alto riesgo, en este caso de Gendarmería de Chile, frente a los eventuales conflictos de interés y corrupción en los que puede verse envuelto su funcionario en el desempeño de sus labores, mediante la consagración de la obligación de todo el personal de Gendarmería de Chile de efectuar declaraciones de interés y patrimonio, sin perjuicio de aquellos funcionarios que ya se encuentran sujetos a dicha obligación, con el objeto de dar publicidad a las relaciones económicas y patrimoniales que pueden afectar la imparcialidad del declarante, además de transparentar y monitorear la evolución del patrimonio de los sujetos obligados mientras pertenecen a sus cargos, todos ellos en el marco de la política pública, estrategia nacional de integridad pública y del cumplimiento de los compromisos del Gabinete Pro Seguridad. En lo que respecta a la incidencia presupuestaria, el informe financiero respectivo ingresado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda precisa que para implementar este proyecto se requieren recursos para realizar capacitaciones al personal sobre declaraciones de interés y patrimonio en cada una de las regiones del país. El gasto fiscal asociado a este proyecto de ley es de 37 millones 154 mil pesos por una sola vez para pasajes y viáticos. En cuanto a la fuente de este mayor gasto, durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con los cargos del presupuesto de la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida del Tesoro Público. Los integrantes de la Comisión coincidieron en relevar la idea material del proyecto, pero igualmente hicieron presente la necesidad de implementar una política de Estado que rinda mayores recuerdos, protecciones y mejoras estructurales a la institución de Gendarmería, haciendo un llamado al Ejecutivo para avanzar hacia transformaciones más profundas. Por otra parte, coincidieron con las asociaciones gremiales en cuanto Gendarmería enfrenta un abandono histórico en términos de infraestructura y condiciones laborales, lo que ha generado una sobrecarga para los 14.264 trabajadores que aumentaría casi 15.500 con los oficiales, lo que da un promedio de 8,4 internos por funcionario, cifra que subiría a 9 si se excluye al personal de oficina y otras funciones, frente a una población penal de 59.200 internos en régimen de encierro de 24 horas que deben custodiar los gendarmes de la institución con recursos limitados y con una población penal en constante aumento y la compleja realidad del crimen organizado. La comisión asimismo se hizo parte de los dichos del director de Gendarmería en cuanto hizo un llamado a evitar la estigmatización de los funcionarios, resaltando su profesionalismo y honestidad mayoritaria, y abogó por un enfoque que garantice condiciones laborales dignas y una política penitenciaria integral, tomando en consideración que, pese a las dificultades, los trabajadores de Gendarmería sostienen el sistema penitenciario y enfrentan con dedicación y profesionalismo la crisis de seguridad que afecta al país. En definitiva, los puestos en conocimiento de esta Comisión de Hacienda fueron aprobados por la unanimidad de los 10 integrantes presentes. En los mismos términos propuestos, votaron a favor las diputadas y los diputados señores Boris Barrera, Carlos Bianchi, Ricardo Cifuentes, Felipe Donoso, Miguel Mellao, Jaime Naranjo, Alejandra Plasencia, Agustín Romero, Gastón Von Bieleburg y Gael Llamas, he dicho presidente. Le damos las gracias al diputado Sauerman, dos veces gracias porque ha leído dos informes. Le damos la bienvenida al señor Ministro de Justicia que nos ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a usted y a los señores diputados y diputadas que se encuentran presentes. Bueno, para nuestro gobierno, esta iniciativa es bastante importante y fundamental, ya que está convencido de que para el combate efectivo al crimen organizado es indispensable contar con la experiencia y el profesionalismo, no solo de las policías, sino que también especialmente de quienes tienen por ley el mandato de atender, custodiar y asistir a quienes se encuentran en los recintos penitenciarios. Esto es Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile tiene entre sus valores institucionales la integridad, que importa entre otras cosas actuar con honestidad, con ética, con transparencia y prohibirán todas las interacciones y decisiones. Es por eso que, en el contexto del Gabinete Pro Seguridad, instancia de coordinación interministerial compuesta por diversos miembros del gabinete ministerial y subsecretarios y subsecretarias de las carteras relacionadas con el combate contra la delincuencia y el narcotráfico, se planteó como una de las medidas legislativas a impulsar que los funcionarios y funcionarias que trabajan en Gendarmería de Chile formulen sus declaraciones de patrimonio con regularidad, a medida que dice relación con el fortalecimiento de la integridad de Gendarmería. Las personas que ejecutan una misión tan delicada e importante para la efectiva protección de la sociedad contra el delito deben observar una conducta funcionaria que es intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Por eso, con el objeto de reforzar el principio básico de probidad que debe informar el actuar de todo funcionario público, potenciar las declaraciones de interés y patrimonio como un instrumento cuyo objeto es precisamente transparentar y dar publicidad a las relaciones económicas y patrimoniales que puedan afectar la imparcialidad del declarante al momento de la toma de decisiones, además de permitir y transparentar, junto con monitorear la evolución del patrimonio de los sujetos obligados mientras permanecen en su cargo. Es que desde el Ejecutivo hemos impulsado este proyecto de ley que establece la obligación de que todo el personal de Gendarmería de Chile deba efectuar las referidas declaraciones de intereses y patrimonio. Lo anterior implica pasar de los 309 funcionarios actualmente obligados a declarar, que representa aproximadamente el 1,5% de toda la dotación, a prácticamente los 20.000 funcionarios actualmente de Gendarmería, suma correspondiente al total de las personas que trabajan en dicha institución de las tres plantas que componen Gendarmería de Chile. Dado que se trata de un aumento considerable de nuevos obligados, se ha estimado necesario efectuar capacitaciones e implementar este deber de manera gradual y escalonada por estamento, y esto se establecerá conforme a los plazos que establece la ley. Al cuarto mes, todo el personal de la planta de oficiales penitenciarios y de la planta de directivos; al octavo mes, el personal de la planta de suboficiales penitenciarios de Gendarmería; y al doceavo mes, el personal de la planta de profesionales, regido por la ley 15.076, el de profesionales técnicos, administrativos y auxiliares, y para los funcionarios a contrata asimilados a las mismas. De esta manera, estamos convencidos de que la presente, aunque sea una simple modificación legal, es una medida urgente, necesaria y adecuada respecto de los fines que se persiguen, prueba de lo cual ha sido el apoyo transversal que ha suscitado esta iniciativa tanto en la Comisión de Gobierno como en la Comisión de Hacienda de esta Cámara, incluyendo el de las asociaciones de funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile, quienes están fuertemente comprometidos con la transparencia, la integridad y el combate a la corrupción. Así también lo ha manifestado la Dirección General de Gendarmería de Chile. Por todo lo anterior, llamamos a esta Honorable Cámara a votar favorablemente el presente proyecto de ley. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Ministro. Tiene la palabra la Diputada Johanna Pérez. Gracias, Presidente. Así es, la Comisión de Gobierno tramitó rápidamente este proyecto. Quiero valorar lo que hizo la Comisión de Gobierno Interior y también, por cierto, de Hacienda que está informando, si bien esta es una iniciativa del Presidente, ¿cierto?, un mensaje. Saludo también al Ministro de Justicia y lo que busca este proyecto es establecer una obligación de todo el personal de Gendarmería para que pueda efectivamente realizar lo que es la declaración de intereses y de patrimonio, sin perjuicio de aquellos funcionarios que ya se encuentran sujetos a dicha obligación. Y la Estrategia Nacional de Integridad Pública, presentada en 2023, conocida también por este Congreso, busca mejorar la transparencia e integridad de Chile mediante un diagnóstico y objetivo estratégico a diez años, a lo menos, acompañado de un plan de acción con medidas legislativas, administrativas y de gestión. Entre estas medidas se promueve extender la obligación de presentar declaraciones de interés y patrimonio, incluyendo la de funcionarios de Gendarmería de Chile. No nos olvidemos lo que pasamos en materia de casos fundaciones. También hemos legislado como Comisión de Gobierno hoy día en transparencia activa y también en declaración de interés y patrimonio de incluso quienes reciben fondos del Estado. Pero acá estamos hablando de un sistema penitenciario donde hay personal altamente en una labor compleja, donde está expuesto a múltiples desafíos, pero además de riesgos de permear. [append chunk id: 13133]

el narcotráfico, el crimen organizado y donde tenemos algunos hechos que hemos conocido y por lo tanto nos interesa cuidar a nuestra población, que cuida a la población penitenciaria. Así que yo valoro este proyecto, creo que va en un plazo acorde para implementar también al propio servicio que mejore en cuanto a la formación. Quiero hacer un llamado al ministro, hace poco paralizó Gendarmería. Si la diputada Hertz me lo permite, quiero hacer un llamado al ministro. Hace poco Gendarmería estuvo en paro, en movilización, hicieron acuerdos con este gobierno y más allá de nuestra voluntad de aprobar este proyecto, para exigirle también requisitos a los gendarmes, a todo el cuerpo de Gendarmería, creo que es importante también que el ministro pueda cumplir esos compromisos en materia de lo que es la carrera funcionaria, en materia también del incentivo al retiro y otros que comprometió. Vamos a estar vigilantes de aquello. A nosotros nos interesa apoyar Gendarmería. Estamos disponibles para toda modificación legal que permita también a futuro una segregación penal y hacernos cargo de una crisis que tiene también en cuanto al personal, en cuanto a la carga de trabajo, en cuanto a los riesgos que tienen y esperaríamos mucho más del gobierno. He dicho gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra don Carlos Bianchi. Muy amable, estimado presidente. Por su intermedio, saludo al ministro de Justicia aquí presente y a todos los colegas. A ver, esta propuesta, este proyecto, efectivamente nos correspondió verlo además en la Comisión de Hacienda que usted integra, además, presidente. Y la primera reflexión que hago en voz alta es el respeto a la función que cumplen mujeres y hombres de Gendarmería de Chile. Allí tuvimos testimonios donde el compromiso entregado y demostrado por los dirigentes de Gendarmería de Chile no hace otra cosa que reflejar, primero, en las condiciones en las que hoy se encuentran llevando adelante tan profesional e importante función, y lo segundo es el compromiso que las y los funcionarios tienen por su querida institución. Esta declaración, presidente, de intereses y de patrimonio no puede ser hoy día solo pensada desde una discriminación que pueden llamarle discriminación positiva hacia las y los funcionarios de Gendarmería. Primero se trata de que toda persona, toda persona que esté dentro de la institucionalidad de Gendarmería tienen que hacer una declaración de intereses y de patrimonio. Todo el personal de Gendarmería, cosa que ellos están efectivamente dispuestos a hacerlo y creían que era necesario hacerlo. Pero hagámonos la siguiente pregunta, ¿qué pasa con todo el resto de la institución pública? ¿Qué pasa con el propio Ministerio de Justicia? ¿Qué pasa con todos los organismos públicos donde esta declaración de intereses y de patrimonio efectivamente debiera ser algo del todo razonable que aplique en toda la institucionalidad? Por lo tanto, hoy día, mirándolo esto desde una perspectiva de lo positivo, las y los funcionarios de Gendarmería están dando el primer gran ejemplo de poder transparentar todos sus intereses, todo su patrimonio, más allá de esta función. Pero lo que está pendiente, presidente, y usted compartió estos juicios en la discusión de Hacienda, es en las condiciones en las que hoy se encuentran trabajando las y los funcionarios de Gendarmería. ¿Qué diferencia a un gendarme de un preso? El que el gendarme tiene la llave. Comen lo mismo, viven donde mismo, sufren las mismas condiciones, precariedades que se viven hoy día al interior de la cárcel. Están muchas veces superados, más bien no sobrepasados, porque el compromiso que tienen con la institución hace que efectivamente aún lleven adelante una función que puede ser admirada por otros países de América Latina o del mundo. Yo envío mis respetos, mi afecto a Gendarmería de Chile y exijo que esto sea aplicado a toda función pública. Gracias, diputado. Tiene la palabra don Leonidas Romero. Don Andrés Joanet tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver, este es un buen proyecto. Creo que la transparencia, la contabilidad está muy bien, justamente en una lucha que estamos dando en esta crisis de seguridad que se viene arrastrando y que nos encontró y que en el fondo hay que reaccionar. Y de alguna manera aquí hay un ministerio y uno tiene que destacarlo porque aquí hay una política que es compleja en un espacio donde efectivamente había una crisis carcelaria, a propósito de lo que acaba de señalar por su intermedio el diputado Bianchi, que no es de ahora. O sea, las últimas cárceles de verdad que se construyeron fue entre el gobierno del presidente Frey y el presidente Lago. Y ahora hay un esfuerzo objetivo de construcción de cárceles en Alto Hospicio, en El Arenal, en Copiapó, en Calama. Hay ampliaciones, también está la cárcel de Rancagua, hay ampliaciones en La Serena, Santiago I, en Puerto Montt, hubo una polémica por la construcción Santiago I respecto a una cárcel de máxima seguridad. En Chile nunca se construyó una cárcel de máxima y alta seguridad, no se adecuó, pero aquí no se construyó una cárcel de máxima seguridad. Por primera vez vamos a tener una cárcel de máxima seguridad y posiblemente la cárcel de Arenales también pueda adecuarse para eso. Y por tanto uno también tiene que reconocer que aquí hay un esfuerzo importante que en su momento hiciera el entonces ministro Cordero y hoy día y acompañado actualmente también por lo que está haciendo el ministro Gajardo. Y por tanto uno tiene que destacar eso porque en el fondo la crisis carcelaria que aquí se acaba de señalar respecto al hacinamiento de los problemas no es una cuestión objetivamente que se genera ahora. Efectivamente ha aumentado la cantidad de personas que hoy día están procesadas, están imputadas, en fin, los delitos, todo lo que sabemos en materia criminal. Pero la verdad es que las condiciones carcelarias no son las adecuadas y eso es real. Y en ese sentido aprovecho naturalmente este proyecto para justamente destacar que se está haciendo un esfuerzo y que el 2025 tanto la ampliación como la construcción de estos recintos penitenciarios en muchos casos se van a terminar y en otros casos van a estar casi listas y ojalá pudieran terminarse. Quedamos que en el caso de Santiago I, de lo que es la construcción de esta cárcel de máxima seguridad, esperamos que pongamos la primera piedra el próximo año, ojalá los primeros meses. Y por tanto uno tiene que destacar eso. Y respecto al proyecto, como aquí se ha señalado, creo que es absolutamente necesario. Creo que uno en esto no estaba planteando que hoy día haya corrupción en Gendarmería, al contrario, yo creo que, pero en el fondo vamos a prevenir por cualquier situación que pudiera ocurrir en el futuro. Pero insisto, aquí también uno tiene que poner también justamente el vaso medio lleno y creo que en este sentido, en este ministerio se han ido haciendo bien las cosas y uno también tiene que destacarlo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a suspender por falta de cuero. Muy bien, retomamos. Tiene la palabra don Leonidas Romero. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar al señor ministro de Justicia, don Jaime Gajardo, de quien depende esta noble institución que es Gendarmería de Chile. Cuando veo que en el texto propuesto dice en el artículo segundo, el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación del numeral uno del artículo primero de esta ley, en su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto vigente de Gendarmería de Chile. ¿Serán esas las prioridades que tienen los funcionarios de Gendarmería de Chile, los hombres y mujeres, tanto los uniformados como los civiles? La verdad es que yo creo que no. Le quiero decir al señor ministro y al gobierno que, por favor, prioricemos las necesidades. Gendarmería necesita, y estuvieron en movilización hace algunas semanas, por una mejor carrera funcionaria. Necesita y exigen más ascenso. Hay funcionarios que están 10, 12, 15 años en el mismo grado. Los funcionarios recién egresados están 10 años en las garitas, están más presos que los presos. No tienen elementos de seguridad, presidente, por su intermedio al señor ministro. La verdad es que solamente con el valor, el arrojo que tiene y el compromiso de prestar el servicio de Gendarmería de Chile, los hombres y mujeres, repito, arriesgan su vida sin ningún elemento de seguridad. Custodia 1 o 2 gendarmes a 200 internos de alta peligrosidad. Necesitan más funcionarios. Hay funcionarios que deben comprar. Hay un equipo de funcionarios que son los que tienen los perritos para combatir los motines y la droga, que visten un uniforme negro. Ellos llevan años, presidente, no solamente el problema de este gobierno, sino los anteriores años, comprándose ellos los uniformes. Los funcionarios que usan el uniforme verde deben comprar las botas todos los años porque son de tan mala calidad que les duran unos meses. Entonces prioricemos las reales necesidades de los funcionarios de Gendarmería de Chile. No son las familias pobres ni los hermanos pobres del sistema. Son chilenos igual que el resto y necesitan ser reconocidos, presidente. Por lo tanto, repito, señor ministro, por favor, veamos las reales prioridades y necesidades de los funcionarios de Gendarmería de Chile. Hombres y mujeres, tanto uniformados como civiles, que tienen una serie de prioridades, serie de necesidades, y hoy día estamos preocupados de la declaración de intereses. ¿Será tan necesario? Bueno, si queremos combatir la corrupción, hagámoslo realmente. Pero repito, creo que la prioridad uno no es lo que estamos discutiendo hoy día. Pero como se nos presentó este proyecto, obviamente lo voy a votar a favor, pero repito... Diputado de La Vaca tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Cuando hemos visto que el crimen organizado día a día gana espacio y hemos estado tratando de reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, esta es una norma que obviamente ayuda. ¿Es insuficiente? Sí, es insuficiente, pero ayuda. Y aquí creo que, por lo menos, este proyecto me da para poner dos temas súper importantes para el análisis final. Uno es el que acaba de desarrollar el diputado que me acaba de anteceder, el diputado Leonidas Romero, que tiene toda la razón, porque el nivel de precariedad con la que laboran los trabajadores de Gendarmería es absolutamente evidente y es necesario poder reforzar en términos de remuneraciones, es necesario poder reforzar en términos de número, y no es posible sostener actualmente que, en particular, los gendarmes que trabajan en Guardia Interna viven el peligro día a día sin los elementos necesarios para poder enfrentar la gravedad de su labor. Mientras existen muchas veces grupos... [append chunk id: 13137]

...de privilegiados que terminan solamente en trabajo de oficina. Pero digo que es insuficiente en dos líneas, porque además creo que cuando vemos que el crimen organizado empieza a atentar a funcionarios públicos que llevan adelante labores que son súper sensibles, como el de Gendarmería, también lo hacen respecto a otras instituciones del Estado. Y esta obligación que hoy día le ponemos a Gendarmería, creo que debería extenderse a las demás policías y obviamente a todo el sector público, a todo, tal cual hoy día se hace para Gendarmería. Porque creo que esta es una de las líneas en las cuales nosotros podemos enfrentar este flagelo. Pero insisto, es absolutamente insuficiente. Yo en lo particular creo que la bancada del Partido Socialista va a apoyar esta obligación que se impone a través de este proyecto de ley, porque es necesario ir dando pasos. Pero, ministro, creo que es necesario apuntar a algo mucho más profundo. Hoy día las instituciones del Estado se ven vulnerables ante el avance del crimen organizado, ante el avance del narcotráfico. Y es necesario desde el Estado dar respuestas concretas, urgentes y drásticas. Espero que podamos avanzar en ese sentido y en particular, en los últimos segundos, preocuparse de la actual situación de los gendarmes de nuestro país. Si no somos capaces de invertir ahí, lamentablemente, el avance del crimen organizado no va a lograr ser detenido. Dicho, Presidente, gracias. Muchas gracias, Diputado. Antes de darle la palabra a nuestro diputado von Mühlenbrock, don Gastón, quiero aprovechar de que está con nosotros aquí en la testera don Hugo Rey, nuestro colega don Hugo Rey, que ha invitado al octavo básico del Colegio Melián de Maule, a quienes saludamos con mucho cariño. Bienvenida y bienvenido a la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahora sí, don Gastón tiene la palabra. Señor Presidente, aprovecho de saludar al Ministro de Justicia. La función de Gendarmería de Chile es importantísima. La noble labor que cumplen es la base del sistema penitenciario nacional. Por esta razón, debemos fortalecer la institución aportándole las herramientas necesarias para el correcto desempeño de su cargo y el bienestar de su personal. Debemos valorar el trabajo de estos funcionarios que muchas veces se ven sobrepasados por la carga laboral que deben soportar, especialmente en los últimos años, donde la población penal se ha incrementado en un 30%. Según la cifra aportada por el director nacional de Gendarmería, el número de internos en régimen de encierro de 24 horas llega a las 59.200 personas, prácticamente 60.000 internos, y el personal de Gendarmería dispone de 14.264, lo que da como resultado un promedio de 8,4 internos reos por cada funcionario. Este número da cuenta de los sobrepasados que se encuentran los gendarmes en las cárceles de nuestro país. A esto se suman los limitados recursos con los que cuenta esta institución, factor que se ve reflejado en las precarias condiciones laborales y la nula modernización de la infraestructura. Esta situación de abandono genera para los funcionarios de alto riesgo una exposición a la Comisión de Delitos contra la Propiedad, siendo vulnerables a aceptar pagos de parte de los internos u otro tipo de sobornos. Para combatir esta situación, este proyecto entrega una serie de mecanismos de declaración y monitoreo patrimonial. Claro está que esta iniciativa ataca directamente a la corrupción, pero no resuelve el problema principal que afecta a Gendarmería de Chile, que es, según lo expuesto, la baja asignación de recursos económicos y humanos que posee esta institución. Todos hablan de la peligrosidad de las nuevas bandas, pero nadie habla de la persona del gendarme. Debemos aprovechar esta iniciativa para proponer nueva iniciativa que refleje las grandes demandas fundamentales de los gendarmes y atienda las necesidades urgentes del servicio penitenciario, con el objetivo de ser considerada con prioridad en futuras decisiones presupuestarias. He dicho, señor Presidente. Gracias. Diputado Camaño, le damos la bienvenida nuevamente y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, estimado Presidente. Presidente, por supuesto que voy a aprobar este proyecto. Transparentar el patrimonio de los funcionarios de Gendarmería creo que es una tremenda medida para impedir que el crimen organizado se adentre dentro de la función pública. Pero, presidente, como decimos en el campo, la carreta no puede ir delante de los bueyes. Efectivamente, tenemos que tomar este tipo de medidas, pero también entregar las garantías y la dignidad que merecen los funcionarios de esta institución. Por lo mismo, no quiero pasar la oportunidad de hablar sobre Gendarmería, una institución que, muy bien lo han dicho mis colegas, está pasando serios problemas debido al abandono por parte del Estado. Sus funcionarios, hace menos de una semana, estaban con una paralización a nivel nacional. Personalmente, junto a mi equipo parlamentario, nos tocó conversar con los dirigentes gremiales de nuestra región de Ñuble, quienes nos relataban situaciones laborales indignas. Cerca de 15 años en espera, aproximadamente, para un ascenso. Años que lamentablemente ellos tienen que estar recluidos literalmente para poder ascender a algo que es propio de sus derechos. Pero lamentablemente el propio sistema muchas veces se olvida de ellos. Y eso creo que hay que corregirlo. ¿Para qué decir? Las malas condiciones laborales. La falta de medidas de seguridad. Muchos de ellos son agredidos por los propios presos. Incluso los funcionarios de Gendarmería alegan sobre una carga laboral que es indescriptible. Ñuble es la cuarta región del país a la hora de hablar de cárceles saturadas. De los cinco penales con los que contamos, tres superan el 200% de su capacidad. Un dato que no puede, presidente, dejarnos indiferente. Menos cuando este mismo año escuchamos a la ministra del Interior anunciar una cárcel para la región metropolitana y descartar de plano una nueva cárcel para la región de Ñuble. Creo, presidente, que seriamente el construir cárceles debe ser una política pública. Creo que la prevención, como la mayoría de mis colegas lo ha dicho, debe ir en esa línea y no podemos cerrar los ojos porque hoy necesitamos más cárceles en el país. Las bandas extranjeras han multiplicado en el país y existe una ola delictual enorme. ¿Y para qué decir el miedo que existe dentro de la población? Hoy las cárceles están hacinadas y muchos delincuentes con penas sustitutivas en Chile deberían estar presos y no lo están por falta de cárceles, presidente. Yo creo que eso tenemos que hacernos cargo, pero destaco este proyecto, lo voy a aprobar, pero también tenemos que avanzar en la dignidad de los funcionarios. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Camaño. Tiene la palabra don Leonardo Soto. Gracias, presidente. Miren, las noticias de los diarios y de los medios de comunicación nos golpean regularmente, hablándonos de la corrupción que existe al interior de las cárceles. El año pasado se destituyeron más de 50 funcionarios de Gendarmería acusados de haber ingresado no tan solo teléfonos celulares a las cárceles de manera ilegal, sino que también droga y hasta armas. Mire, presidente, el lugar donde hay mayor concentración de delincuentes, con mucho dinero, con mucho poder de corromper en todo el país, son en el interior de las cárceles. En pocos metros cuadrados se concentran ellos, tienen dinero suficiente para obtener ventajas en el interior de las cárceles y no nos podemos olvidar de los calabozos VIP, donde a veces tenían televisión, aparato electrónico y tenían un confort que, en cierta manera, era tolerado o permitido por Gendarmería. Por eso este proyecto es muy importante, porque este proyecto lo que hace es atacar precisamente uno de los riesgos más grandes que tiene el funcionario de Gendarmería, que tiene que ver con la posibilidad de ser corrompido. Y este proyecto obliga a todos los funcionarios de Gendarmería, desde el escalafón más alto, que hoy día ya están ingresados al sistema de declaración de interés y patrimonio, hasta los auxiliares, pasando por profesionales, pasando por los técnicos, por los funcionarios comunes y corrientes. Todos van a tener que hacer declaración de interés y patrimonio para que puedan tener el debido control, la trazabilidad de su ingreso, del patrimonio que van acumulando y detectar a tiempo y prevenir cuando son corrompidos por el crimen organizado. Hoy día Chile enfrenta una verdadera bomba de tiempo en las cárceles. Han aumentado en dos años y medio de este gobierno en un 50% la población penal, que ya estaba sobrepasada. Al comienzo de este gobierno existían 40.000 personas privadas de libertad, hoy día existen prácticamente 60.000. Y los grados de control que tiene Gendarmería, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho como gobierno para dotarlo de mayor tecnología, y ahí están los inhibidores de celulares, mayor equipamiento, mayor protección en los proyectos que hay de cárceles segregadas, es un problema muy, muy grande. Porque el delito es muy persistente y una vez que son encarcelados, colocados tras las rejas, solamente los ingenuos creen que se termina la capacidad electoral. Ella continúa, y este es un esfuerzo más de este gobierno, en el marco de una estrategia para favorecer la probidad, para favorecer la transparencia, que incorpora a todos los funcionarios de Gendarmería en la obligación de hacer declaración de interés y patrimonio, ¿para qué? Para proteger a Chile de los poderes del crimen organizado y de la corrupción que está devastando nuestro país. Vamos a aprobar este proyecto. Gracias, diputado. Tiene la palabra don Alinco. El diputado Alinco, don René. Gracias, don Cifuentes. A ver, yo quisiera hablar de una óptica un poco diferente. Yo soy un tipo, una persona, un chileno que conoce la cárcel por fuera y por dentro. Seguramente algunos que se ríen de falta eso. Conocer la cárcel por dentro también y ver las condiciones es que están los chilenos y chilenas que cometen una falta o un delito, que son las mismas condiciones en las cuales viven los funcionarios. [append chunk id: 13143]