Cámara de Diputados Sesión de Sala

Cámara de Diputados - Sesión de Sala - 6 de enero de 2025

6 de enero de 2025
20:00
Duración: 3h 57m

Contexto de la sesión

ORDEN DEL DÍA 1. Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.831, en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Diputado informante, el señor Felipe Camaño. Boletín No 16433-18. 2. Proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, rendido. Discusión pendiente. Boletines Nos 16163-07 y 16192-07. Este proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional. 3. Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica cuerpos legales que indica en materia de legítima defensa. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Diputado informante, el señor Luis Sánchez. Boletín No 15630-07. Este proyecto contiene disposiciones de quórum calificado. 4. Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Tributario para fortalecer la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos tributarios. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo. Diputado informante, el señor Christian Matheson. Boletín No 16533-07. TIEMPO DE VOTACIONES Conforme al artículo 107 del Reglamento de la Corporación, terminadas las discusiones, se abrirá un tiempo de votaciones en el que se votarán los proyectos de la tabla del Orden del Día.

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El Estado ha estado al debe en esta cuestión y como lo esperamos verlo el miércoles, ustedes se van a dar cuenta con mucha claridad de que esta fue una cuestión que se vio venir por lo menos desde el año 2017 en adelante, o sea, esto era algo que era, por así decirlo, previsible. En el fondo, el incremento de las drogas, cómo se fue generando el mercado, cómo fue cambiando también el mercado, hablaban acá, por ejemplo, de dónde se estaba cultivando la droga, particularmente la marihuana. Eso lo vamos a ver en el informe. Lo que le quiero decir, Presidenta, es que nosotros vamos a mandar una minuta para explicar esto de lo que para nosotros como institución estamos viendo. Lo que sí, y esto sí quería decir, lo voy a hacer en los dos minutos, históricamente el Ministerio Público ha planteado esta cuestión a las instituciones, particularmente al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior, y lo propio hizo este fiscal nacional este año, a principios de año, donde mandó también oficio explicando la situación compleja a ambas instituciones. Por lo tanto, quiero decir con eso que efectivamente nosotros, a la pregunta, por ejemplo, del Honorable Diputado Longton, por su intermedio, Presidenta, el Ministerio Público había levantado este tema como un tema relevante. Eso, Presidenta. ¿Longton? Sí, estamos todavía, todavía nos quedan como dos minutos. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Quiero enviar un oficio, Presidenta, a la Subsecretaría del Interior y también al Ministerio de Agricultura y a la Policía de Investigaciones, Presidenta, y al Ministerio del Interior, particularmente por las largas filas y el atochamiento que, a propósito del fin de semana largo, sufrieron muchos turistas en el complejo Los Libertadores y la Comuna de los Andes. Yo quedé muy sorprendido por la respuesta del delegado presidencial de la zona, donde señaló que se vio sorprendido. Él, como que si fuera algo que fue inesperado, esta cantidad de turistas que tuvimos cuando era evidente que por los precios, en consideración a lo que está ocurriendo en Argentina y otras situaciones, había obviamente un alto flujo que iba a ingresar a nuestro país. Fueron 14, 15 horas que esperaron algunas personas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 16 horas con 53 minutos ya de esta jornada de lunes 6 de enero. Dejamos hasta ahí la Comisión de Seguridad Ciudadana porque, como es habitual, los días lunes ya se retoma el trabajo legislativo en las comisiones permanentes como esta que estamos transmitiendo y también en el trabajo legislativo que corresponde a la sala de sesiones este 2025. Por supuesto, les deseamos los mejores de los éxitos de parte de todo el equipo técnico y humano que compone la Dirección de Comunicaciones. Trabajo legislativo, como mencionaba en esta sesión, que será la 122 ya de la presente legislatura, iniciada el pasado 11 de marzo de 2024. Tiene cuatro puntos esta tabla de lunes 6 de enero. Primero, la moción sobre responsabilidad de transportistas escolares durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. Luego, el proyecto que establece un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y, en tercer lugar, el proyecto en materia de legítima defensa. Hay un cuarto punto, como mencionaba, es una tabla bastante más corta que las últimas. Y este cuarto punto ya está en pantalla. Es un proyecto de ley que busca fortalecer, vía moción, la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos tributarios. Esos son los cuatro puntos. No hay informes de comisiones investigadoras. Para ello ya se ha citado a jornada especial mañana en la tarde-noche con cuatro puntos que refieren precisamente a informes de comisiones investigadoras que detallaremos, obviamente, en forma oportuna. También los invitamos a que siga lo que aún continúa de la Comisión de Seguridad Ciudadana y otras que están funcionando en este bloque de las 15 horas a través de nuestras múltiples plataformas, la página web de la Cámara, del canal, las redes sociales y la radio de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Entrando en materia de lo que va a analizar esta sesión de sala, la primera de 2025, como consignamos al comenzar, se va a iniciar el debate de la moción que modifica la ley 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niñas, niños y adolescentes. Este proyecto ya había estado en tabla antes, pero no había comenzado a abordarse. Será informado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. En ese sentido, el proyecto, no es cierto, es la ley que corresponde, que es la ley que se busca modificar, que es la 19.831, bien digo, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. Ahí se define en su artículo segundo todo lo que se entiende por transporte remunerado de escolares, transporte escolar. Y en ese sentido, en un segundo inciso, se incorpora una aclaración que señala que también se entenderá por tal el servicio de transporte de escolares que los propios establecimientos educacionales proporcionen a sus alumnos. Así está la normativa vigente y esta moción busca agregar a eso, así como al transporte de escolares que realicen o proporcionen las municipalidades. En el registro establecido en esta ley, en el artículo primero, se consignarán los antecedentes referentes al empresario de transportes, a los representantes legales, agrega la moción, al propietario del vehículo, al conductor, conductores, acompañantes, características del vehículo y otros antecedentes que consigna la normativa vigente. Por otra parte, en el artículo cuarto se propone incorporar lo siguiente. El secretario regional ministerial sólo concederá la inscripción en el registro cuando hubiera acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto supremo, indicando, en el inciso anterior, y que toda persona que tenga contacto directo con los escolares no registre anotaciones en el registro general de condenas o en el registro seccional de inhabilitaciones relativas a los delitos previstos. También se consigna que el empresario de transportes será responsable de que, en la presentación del servicio o en la prestación del servicio, se cumplan todas las leyes, reglamentos y normas que le sean aplicables. Asimismo, tendrá la obligación de certificar que las personas que tengan contacto directo con los escolares y sus conductores y acompañantes están habilitados para desempeñarse como tales. Los conductores de transporte, y esta es la parte más significativa de la moción, que tiene que ver con el lamentable fallecimiento de un niño que se bajó a un transporte escolar en la región del Bío Bío y fue atropellado justo en ese lamentable instante. Entonces, en la parte más significativa de esta moción se consigna que los conductores de transporte escolar deberán velar por la seguridad física de los escolares durante todo el servicio de transporte, comprendiendo dentro de éste la recepción en el vehículo, su traslado por las vías y calles y la entrega en el establecimiento educacional, domicilio del estudiante o donde haya sido previamente convenida. En todo caso, tanto la recepción como la entrega de los estudiantes en cualquiera de las etapas del servicio de transporte deberá realizarse en el costado de la calzada en que se encuentre el domicilio, establecimiento educacional o lugar convenido de entrega de éste. Excepcionalmente, de no existir las condiciones en la vía que lo posibiliten, será obligatorio que el transporte escolar cuente con un acompañante que asista al escolar en todo el cruce de la calzada. Los responsables del servicio, conductores y acompañantes son responsables en el traslado de los escolares que tienen bajo su cuidado. Esta obligación termina al momento en que ingresan al establecimiento educacional, al domicilio o cuando son recibidos por el adulto responsable donde haya sido convenida su entrega. Es obligación del conductor o del acompañante, según corresponda, abrir y cerrar la puerta al vehículo al momento de descender o ascender. Eso es entonces lo que propone esta moción, reiterándonos cierto, que está en primer trámite constitucional, al igual que el segundo punto de la tabla de esta jornada del lunes 6 de enero, que refunde dos mociones para modificar la ley 18.918, que es la orgánica constitucional del Congreso Nacional, en orden a establecer un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados. En ese plano, no es cierto, se consigna que los jefes de servicio, así lo estamos corroborando en este texto de la Comisión de Gobierno Interior, de este tiene discusión pendiente, ya fue informado por la sala, se consigna que el jefe superior del respectivo organismo de la Administración del Estado o el representante legal de la entidad deberán cumplir lo establecido en dichas disposiciones dentro de un plazo de 20 días corridos, en cierta respuesta a los oficios. Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros 10 días cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, debiéndose comunicar de forma fundada la prórroga antes del vencimiento del plazo. La inobservancia de los plazos señalados se informará por parte de la Cámara respectiva a la Contraloría General de la República, la que podrá aplicar, si fuese procedente, la medida disciplinaria de multa equivalente a un tercio, media o una remuneración mensual. La Contraloría General de la República podrá otorgar al requerido un plazo de 10 días hábiles para que informe sobre el requerimiento. La apelación de la medida disciplinaria sólo procederá en casos que se aplique multa equivalente a media o una remuneración mensual, la que deberá hacerse ante la Corte de Apelaciones de su domicilio. Con todo, los funcionarios de la Administración que sean citados, especialmente el caso de comisiones investigadoras realizadas por la Cámara, y se ausenten sin excusa serán sancionados con el procedimiento que contiene el presente artículo. Para los efectos del cobro de la multa, la Contraloría oficiará directamente a la oficina pagadora del respectivo organismo o entidad a fin de que proceda a retener de las remuneraciones del personal involucrado las cantidades correspondientes y a enterarlas en las arcas fiscales, acompañando los comprobantes al referido órgano contralor, el que además deberá informar anualmente a la Cámara de Diputados el número de sanciones que ha aplicado. Estamos revisando, ¿no es cierto?, el punto 2 de la tabla de este lunes 6, que busca establecer un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados, y que su parte final consigna que la Cámara de Diputados y el Senado podrán desarrollar plataformas digitales de comunicación con la Contraloría General de la República, objeto de propender a una labor ágil, realizar seguimiento y facilitar el acceso a la información. Bien, si el tiempo lo permite, son dos horas de debate destinadas a tratar estos cuatro puntos de hoy. Se dará paso a otro proyecto que está en primer trámite constitucional y que es el relativo a materias de legítima defensa, que hay que consignar que fue rechazado por la Comisión Técnica, en este caso la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. No obstante, la Cámara es soberana en materia de sala y puede, obviamente, revertir esta decisión. Este es un proyecto iniciado en moción, también está en primer trámite constitucional, y consigna, no es cierto, que dentro de los elementos considerados como medios de defensa personal, también se pueden incluir el gas pimienta no superior a los 20 gramos, armas de aire comprimido no adaptadas o transformadas, y navajas de bolsillo con un largo no superior a 20 gramos. [append chunk id: 13312]
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A los 9 centímetros. Igualmente, las armas de fuego debidamente inscritas de quien se defienda de una agresión ilegítima o bien a nombre de su cónyuge, pareja o conviviente, hijo, ascendiente directo o hermano, con quien estuviera conviviendo permanente o temporalmente. En materia de carga de la prueba, recaerán en el Ministerio Público, señala la moción, la responsabilidad de probar la existencia de un delito o de la participación en él del imputado. Por su parte, cuando la defensa tenga su propia teoría del caso distinta de la del Ministerio Público, deberá probarla. Sin perjuicio de ello, será el Ministerio Público el encargado de probar la no concurrencia de la legítima defensa, señala esta iniciativa, que reiteramos está en el tercer punto de la tabla y que viene con informe negativo, ya que fue rechazada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de nuestra Corporación. Y cuarto y último punto de esta tabla de la sesión 122 de hoy lunes 6 de enero de 2025, se presenta una nueva moción. Esta busca enmendar, modificar el Código Tributario para fortalecer la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos tributarios. Como todas las otras iniciativas de esta jornada, también está en primer trámite constitucional y será informada a la sala por la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo. ¿Qué es lo que propone esta iniciativa, iniciada en moción? En su artículo 162, modificatorio del Código Tributario, que señala que las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella de servicio. La moción propone agregar por denuncia o querella del servicio o de oficio por el Ministerio Público. Con todo, la querella también podrá ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del director. Esa es una de las proposiciones que hace y la otra, la parte final, modifica el inciso actual para consignar que el Servicio de Impuestos Internos deberá solicitar los antecedentes respecto a delitos tributarios al fiscal que tuviera a cargo en la investigación, con la sola finalidad de decidir si ejercerá las atribuciones que le otorga el inciso primero del presente artículo. La norma actual señala que si no se han proporcionado los antecedentes sobre alguno de estos delitos, el Servicio solicitará al fiscal que tenga a su cargo el caso, con la sola finalidad de decidir si presentará denuncia o interpondrá querella o si requerirá que lo haga el Consejo de Defensa del Estado. De rechazarse la solicitud, el Servicio podrá recurrir ante el respectivo juez de garantía quien decidirá la cuestión mediante resolución fundada. Eso se propone modificar por esta iniciativa que, reiteramos, ocupa el cuarto punto de la tabla de esta jornada de lunes 6 de enero a esta hora de la tarde, ya 17 horas con 8 minutos, en esta primera sesión del año 2025, que ya comenzó en materia de comisiones a las diez y media de la mañana con la investigación que hace la instancia del denominado caso Monsalve. También sesionó la comisión que aborda a Procultura y otras fundaciones y también una serie de comisiones investigadoras, una de las cuales estábamos transmitiendo a través de nuestras pantallas, las otras, por supuesto, por nuestras múltiples plataformas. La sesión de hoy, entonces, para quienes se ven integrando a esta hora de la tarde, tiene cuatro puntos. En primer término, la moción sobre responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niñas, niños y adolescentes. Luego, el proyecto que establece un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara. En tercer término, uno que aborda materias respecto a legítima defensa. Y, finalmente, el cuarto y último, para fortalecer la autonomía del Ministerio Público en materia de investigación y persecución de delitos tributarios. Bien, damos paso, entonces, a la jornada en la sala de sesiones. Les pedimos ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Antes que todo, queremos desearles un muy feliz Año Nuevo a todos los diputados y diputadas y, por supuesto, también a las y los funcionarios que nos acompañan permanentemente y trabajadores y trabajadoras de nuestro Congreso. El acta de la sesión 112 se declara aprobada. El acta de la sesión 113 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. El señor Prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. También el saludo para todas las diputadas y todos los diputados. En esta sesión de sala número 122, para hoy 6 de enero, se han recibido muchos oficios, oficios de excelencia del Presidente de la República, por lo cual le hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. El que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, el que otorga un aporte único a los profesionales de la educación que indica, oficios de su excelencia el Presidente de la República, por los cuales hace presente en este caso la urgencia calificada de suma para los siguientes proyectos. El que establece una nueva ley general de pesca y droga a disposiciones que indica. El que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas. El que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo el Servicio Nacional del Consumidor y establece otras modificaciones que indica. El que modifica la ley 19.132 que crea Empresa Televisión Nacional de Chile. El que modifica la ley 20.330 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios para extender su obligación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento. También para el proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. El que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, modificando al efecto el artículo segundo de la ley 20.417 y regula otras materias que indica. El que aplica un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. El que perfecciona los sistemas medianos en la ley general de servicios eléctricos. También para el proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico a que se refiere el artículo sexto transitorio de la ley 21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la ley 18.410 que crea la superintendencia de electricidad y combustibles. También el proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial, el que modifica la ley 18.290 y otros cuerpos legales que indica para ser efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas. El que modifica la ley 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. El que modifica diversos cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. El que modifica la ley de tránsito para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual. Lo mismo para el proyecto que declara el 16 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Debate y la Tolerancia. Reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. El que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. El que modifica la ley 18.290 de tránsito con el objeto de facultar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para autorizar establecimientos o talleres que realicen transformación del sistema de propulsión de combustible interna a eléctricos y otras adaptaciones a vehículos motorizados en uso. El que modifica la ley 20.898 que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción con el objeto de ampliar los plazos de vigencia de dicha normativa legal en los casos que se indican. El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país. El que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Y que aprueba el tratado de libre comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur. Y las cartas intercambiadas con motivo de la firma en Bahía, Málaga, Colombia, 26 de enero del año 2022. Lo mismo para el proyecto que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación de material de uso dual y de defensa y otras materias que indica. Oficios de su excelencia el presidente de la república por los cuales hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho de los siguientes proyectos. El que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado. El que modifica el código sanitario para regular la práctica de cirugías y procedimientos con fines estéticos. El que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional. El que modifica la ley 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica la ley que indica. El que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. El que modifica el código penal para tipificar como delito la zoofilia. El que modifica la ley general de urbanismo y construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Al proyecto que modifica la ley general de educación con el nivel y el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente a nivel de educación básica, especialmente los cursos primero a cuarto básico. El que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Para el proyecto que modifica la ley 19.928 sobre fomento de la música chilena en materia de autorización de eventos masivos. Lo mismo para el proyecto de ley que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal. Lo mismo para el proyecto que consagra funciones en materia de prevención social situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. Oficio de su excelencia el presidente de la república por el cual remite en cumplimiento de lo dispuesto en inciso quinto del artículo 42 de la carta fundamental información actualizada el 31 de diciembre de 2024 sobre las medidas adoptadas en virtud del estado de excepción constitucional de emergencia en la denominada macro zona sur. Oficio de su excelencia el presidente de la república por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la constitución política de la república respecto al proyecto que otorga el ajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldo que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos. [append chunk id: 13316]
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Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras, con ocasión del proyecto que otorga reajuste general de remuneraciones. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas. Informe de la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto iniciado en mensaje con urgencia calificada de discusión inmediata, que amplía la cobertura del subsidio eléctrico a que se refiere el artículo sexto transitorio de la ley 21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la ley 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, recaído en el proyecto iniciado en moción, que declara el 7 de enero de cada año como el Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina. Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, recaído en el proyecto iniciado en moción, que modifica la Ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo vigésimo transitorio. Informe de la Comisión Especial Investigadora, encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos del Gobierno respecto de los criterios aplicados para conceder aumentos de caudal a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas en las regiones de Ñuble y del Bío Bío. Oficio de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, por el cual solicita recabar el acuerdo de la sala para refundir el proyecto iniciado en moción, boletín 16.845, con el iniciado mensaje 16.966, que autoriza el establecimiento de feriados regionales. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Melo, de Rementería, González, Don Félix, Manucheri, Pulgar, Rey y Venegas, y de las diputadas señoras Astudillo y Chicardini, que establece lineamientos generales para la gestión de la zona costera. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bernales, Maya, Miróceves y Mirela, y de la diputada señora Delgado, que crea una notaría de funcionamiento mensual para la localidad de Alerce, comuna de Puerto Montt. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pino, Borges, Camaño, Romero, Dolonidas y Zafirio, y de las diputadas señoras Nullado, Oliveira y Pérez Doña Joana, que modifica la ley 18.290 con el objeto de regular la obtención de una licencia especial para conducir vehículos motorizados de alto rendimiento. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bobadilla, Borges, Cornejo, Cuenzalí, Lilayú, Martínez, Moreira y Zulantay, y de las diputadas señoras Romero, Doña Natalia y Valls, que modifica la ley 21.100 para exigir a los establecimientos de comercio la entrega de bolsas de papel para el transporte de mercaderías. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Undurraga, Don Alberto, Aedo, Barría, Camaño y Cifuentes, y de la diputada señora Arce, que modifica la carta fundamental en lo relativo al derecho a sufragio y al ejercicio de los derechos de ciudadanía por extranjeros avecindados en Chile. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Fríes, Bello, Bravo, Doña Ana María, Delgado, González, Doña Marta, Marzán, Molina, Nullado, Osandón y Plasencia, que regula la incorporación de sellos de advertencias en juguetes que puedan ser considerados bélicos. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Castillo, Acevedo, Delgado, Marzán, Pérez Doña Catalina, Pizarro y Serrano, y de los diputados señores Brito, Ramírez, Don Matías y Santana, que modifica la ley 20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado a fin de incorporar la educación mediática. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto al proyecto iniciado en mensaje, que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellos. Oficio del Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad, referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual ponen conocimiento a la Cámara de Diputados seis requerimientos de inconstitucionalidad, uno presentado por un grupo de diputados y diputadas, cuatro por un grupo de senadores y senadores, uno por su excelencia Presidente de la República, respecto a diversos artículos y grosas del proyecto de ley de presupuestos para el sector público. Finalmente, Presidente, una resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inconstitucionalidad presentado en contra de diversos artículos y grosas del proyecto de ley de presupuestos para el sector público correspondiente al año 2025. Esa es toda la cuenta para esta sesión, Presidenta. Muchas gracias, Prosecretario. En asuntos de la cuenta, si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para refundir de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional el proyecto de ley iniciado en moción, boletín número 16.845-06 con el iniciado en mensaje, boletín número 16.966-06 que autoriza el establecimiento de feriados regionales. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? ¿No hay acuerdo? En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 65 votos, 30 en contra, 11 abstenciones. Aprobado. Diputado Sánchez, sobre la cuenta. ¿Sobre la cuenta, Diputado Sánchez? ¿Le puede dar la palabra a Sánchez? Muchas gracias, colegas. Por favor, les pedimos silencio en la sala. Muchas gracias, Presidenta. Solo solicitar el acuerdo de la sala para que el punto 18, el proyecto boletín 17.320-03, sea pasado de la Comisión de Economía a la Comisión de Defensa. Muchas gracias. ¿Número 18? ¿Cuál es el 18? Ya. A ver, la solicitud del Diputado Sánchez es la siguiente. Que el proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Fríes, Bello, Bravo, Doña Ana María, Delgado, González, Marzán, Molina, Nullado, Osandón y Plasencia, que regula la incorporación de sellos de advertencia en juguetes que pueden ser considerados bélicos, boletín 17.320-03, pase de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a la Comisión de Defensa. ¿Habría acuerdo para eso? En votación la solicitud del Diputado Sánchez. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 17 votos, 72 en contra, 12 abstenciones. Rechazada la solicitud. Ofrezco la palabra al Diputado Hondurraga, Francisco. Gracias. Sobre la cuenta, Presidenta, saludarle a usted y a todos los colegas. Muy buen 2025. El punto 13, que establece alineamientos generales para la gestión de zonas costeras, una vez tratado en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pase a la Comisión de Pesca, porque a lo mejor puede afectar normas ya legales. Gracias. Gracias, Diputado. Entonces, el Diputado Hondurraga solicita que el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Melo, de Rementería, González, Don Félix, Manuteri, Pulgar, Rey y Venegas, y de las señoras diputadas Astudillo y Ticardini, que establecen alineamientos generales para la gestión de las zonas costeras, boletín 17.315-12, después de pasar por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vaya a la Comisión de Pesca. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación. ¿Han votado todas las...? Perdón. ¿De nuevo un minuto, por favor, para poder ponerlo en el objeto de la votación de la pantalla? Punto 13. Ahora sí. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 47 votos, 43 en contra, 6 abstenciones. Rechazada la solicitud. Diputado Cristian Araya, punto de la cuenta. Gracias. Gracias, Presidenta. Primero, un feliz año y hoy un feliz Día de Reyes. Presidenta, ojalá que me vaya mejor que los diputados Sánchez y Hondurraga, pero el proyecto en el número 16, que es relativo a las bolsas de papel y que afecta al comercio, sea posteriori de la Comisión de Medio Ambiente, puede pasar a la Comisión de Economía, porque sin lugar a dudas va a afectar el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. Gracias. A ver, el número 16 de la cuenta es el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Bobadilla, Borges, Cornejo, Fuenzalida, Lilayú, Martínez, Moreira y Zulantay, y de las diputadas señoras Romero, Doña Natalia, Baez, que modifica la ley 21.100 para exigir a los establecimientos de comercio la entrega de bolsas de papel para el transporte de mercaderías. Este es el boletín 17.318-12 y la propuesta es que pase de la Comisión de Medio Ambiente a la Comisión de Economía, después. ¿Posterior o que cambie? Ah, que una vez que pase por la Comisión de Medio Ambiente, posteriormente vaya a la Comisión de Economía. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación. ¿Han votado? Ah, no, todavía no. Ah, ¿ya lo tenemos? Ya. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 53 votos, 41 en contra, 9 abstenciones. Aprobada la solicitud. No hay más puntos. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay más palabras sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Queremos saludar... [append chunk id: 13314]
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Antes de continuar, a nuestros colegas que han estado de cumpleaños durante este tiempo de Semana Distrital, la diputada Kiara Barquesi, muy feliz cumpleaños, colega. A la diputada Carolina Marzán Pinto, muy feliz cumpleaños, colega. Al diputado Gastón von Mühlenbrück, también muy feliz cumpleaños, colega. Al diputado Jorge Ratget, muy feliz cumpleaños, colega. Al diputado Andrés Jordano, también muy feliz cumpleaños, querido colega. Al diputado Alexis Sepúlveda, también muy feliz cumpleaños. Al diputado Miguel Mellado, también muy feliz cumpleaños. Queremos saludar también al diputado Eduardo Durán Salinas, muy feliz cumpleaños, querido diputado. Al diputado Agustín Romero, muy feliz cumpleaños. A la diputada Erika Olivera, también muy feliz cumpleaños, diputada. Al diputado Johannes Keiser, muy feliz cumpleaños. Y por último, el diputado Gonzalo Vinter, que también está de cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, diputado Gonzalo Vinter. Y también, quien estuvo de cumpleaños, la diputada Daniela Cicardini. Muy feliz cumpleaños, querida colega. ¿Punto de reglamento, diputados? Gracias, señora presidenta. Punto de reglamento, artículo 99. No lo escucho, diputados. Ahí sí. Punto de reglamento, gracias, señora presidenta. La actual mesa directiva de esta Cámara ha dado un fuerte impulso a la tramitación y estudio en protección de la niñez. Tanto es así que durante los primeros días de diciembre, la sala de la Cámara aprobó el proyecto de ley que establece la obligación de denunciar delitos en contra de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del deporte. Frente a esto, y a esta actitud que personalmente comparto, genera extrañeza que a finales de septiembre del año pasado, específicamente el día 24, la mesa directiva de esta corporación, a través de la diputada Karol Cariola y diputados Rivas, hayan premiado a una organización que es presidida por una persona, López Barrera, que fue condenada por haber perpetrado un delito de violación en contra de un menor de 14 años de edad. En consecuencia, solicito a la mesa de la corporación que a la brevedad dé cuenta a la sala si la ceremonia realizada se enmarca dentro de lo establecido en el inciso III del artículo 99 del reglamento, cuál fue el premio o reconocimiento entregado, cuáles fueron los parámetros que tuvieron a la vista para entregarlo, y si dicha entrega constituye un honor público, esto a la luz de lo establecido en el artículo 63, numeral V de la Constitución Política. Muchas gracias. Gracias, diputado. Vamos a tomar conocimiento de los antecedentes que usted nos ha entregado, y por supuesto vamos a dar un informe respecto de la situación que usted menciona, porque no tengo todos los antecedentes en este momento para poder responderlo. Continuamos entonces con un minuto de silencio. A continuación, la sala de la corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Sergio Benedicto Elgueta Barrientos, militante de la Democracia Cristiana, quien fue diputado por el distrito número 57 de la décima región por tres periodos consecutivos, desde el año 1990 al 2002. Además, fue regidor de Puerto Montt desde 1963 a 1971 y alcalde de la misma ciudad entre los años 71 y 73. Solicito ponerse de pie a las señoras y señores diputados e invitados presentes en la tribuna. Muchas gracias. Iniciado el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 19.831 en materia de responsabilidad de transportistas escolares durante el traslado de niños, niñas y adolescentes, correspondientes al boletín número 16.433-18. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones el diputado Felipe Camaño. Le damos también la bienvenida al ministro de Sexpress, Álvaro Elizalde. Muy bienvenido, ministro. Por su intermedio, presidenta, aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas, deseando un excelente año 2025. A continuación, procedo a leer el proyecto de ley que modifica la ley número 19.831 en materia de responsabilidad de transportistas escolares durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. Donde la Honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar el proyecto que modifica la ley 19.831 en materia de responsabilidad de transportista escolar. Una moción copatrocinada por los diputados Carlos Bianchi, Ana María Brado, Fernando Borquez, Conme Mellado, Daniel Melo, Emiliano Hullado, Jaime Sáez, Nelson Venegas, en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia suma. Primero, constancias previas. Idea matriz del proyecto o fundamental del proyecto. Reforzar la normativa primaria o norma de comportamiento exigible al conductor de esta clase de servicio de transporte, así como la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones de los cuidados a los niños, niñas y adolescentes en el trayecto. Además de señalar las obligaciones solidarias que este cumplimiento por parte de las instituciones que proveen el servicio de transporte. Número dos, norma de carácter orgánico constitucional o quórum calificado no hay. Trámite de Hacienda no hay. Cuarto, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Emiliano Hullado y Catalina Pérez, reemplazando al diputado señor Jaime Sáez y los diputados señores Renal Inco, Carlos Bianchi, Fernando Borques, Félix Bugueño, Felipe Camaño, Conme Mellado y Mauricio Ojeda. Señorita presidenta, con lo expuesto por el señor subsecretario de transporte y los fundamentos contenidos en la moción, los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Se estimó imprescindible reforzar la norma primaria o norma de comportamiento exigible al conductor en esta clase de servicios de transportes, así como la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de cuidado a los niños, niñas y adolescentes en el trayecto, además de señalar las obligaciones de ese incumplimiento por parte de las instituciones que proveen el servicio de transporte. Se recordó, señorita presidenta, que uno de los transportes que requieren mayor cuidado es justamente el transporte escolar debido a la obligación de los transportistas de niños, niñas y adolescentes, los cuales requieren el cuidado más prolijo debido a los resguardos especiales que requieren, sobre todo cuando los niños son menores de seis años. La ley de tránsito número 18.290 en su artículo 2 señala que para todos los efectos de esta ley, la palabra o frases que se indican a continuación tendrán los siguientes significados: vehículo para el transporte escolar, vehículo motorizado construido para transportar más de siete pasajeros sentados y destinados al transporte de escolares desde o hacia el colegio o relacionados con cualquier otra actividad. Se hizo presente, asimismo, la importancia de destacar lo preocupante en la ley número 19.831 que crea el registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares. Artículo número 2: para los efectos de esta ley se entenderá por transporte remunerado de escolares o transporte escolar la actividad por la cual el empresario de transporte se obliga por cierto precio convenido con el establecimiento educacional o con el padre, madre o apoderado o encargado de los niños que existan a jardines infantiles, parvularios o establecimientos educacionales hasta el cuarto medio, o transportarlo en el lugar de su habitación o domicilio del escolar y el establecimiento respectivo o viceversa u otros lugares acordados en el vehículo definido en el artículo número 2 de la ley 18.290. Lo que deberán cumplir además con la normativa dictada en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones también se entenderá por tal que el servicio de transporte de escolares que los propios establecimientos educacionales proporcionen a sus alumnos. Por su parte, el decreto de ley número 38 y del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Transportes que reglamenta el transporte remunerado a escolares indica en el artículo número 3: los conductores de los vehículos deberán velar por la seguridad de los menores desde su recepción en el vehículo hasta la entrega en el establecimiento educacional o en su casa o domicilio, según sea su destino. En los vehículos en que se transporten niños de nivel superior, educación prebásica en la cantidad superior a cinco, además de conductores, deberán estar presentes en todo el recorrido un acompañante adulto que asumirá las obligaciones anteriores con especial énfasis en el cuidado de menores al descender del vehículo o al ingresar a establecimientos educacionales o a su casa a domicilio. Señorita Presidenta, se enfatizó al señalar que no solo existen servicios de transporte escolar de tipo privado, sino que el Estado participa también a través de municipalidades o directamente por intermedio del Ministerio de Transporte. En tal caso, se deben cumplir cabalmente con los principios de control y responsabilidad contenidos en la Ley General de Bases de la Administración del Estado y las obligaciones de supervigilancia, como bien lo ha señalado la Contraloría General de la República. Los municipios deben realizar las acciones de control, monitoreo y supervisión sobre los vehículos de transporte escolar que tienen a su cargo, ya sean municipales o licitados. Se indicó que ante ello, se hace de suma importancia tener normas expresas respecto a la responsabilidad de los conductores, sobre todo por el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que tienen bajo su resguardo, dado que varios accidentes han provocado, porque justamente los que debían obrar con la máxima responsabilidad debido a su obligación en su traslado, omiten el cuidado hasta entregarlos en las manos del autor. [append chunk id: 13315]
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mayor que recepciona al niño, niña o adolescente al llegar a su hogar o al establecimiento educacional. Por lo demás, los tratados internacionales sobre derechos humanos en materia de protección del niño, niña y adolescente exigen al Estado de Chile contar con una legislación que garantice adecuadamente el cumplimiento de este deber. Señorita Presidenta, en el caso que motivó este proyecto de ley, es el sucedido el 27 de julio de 2022, producto de un accidente vial. Un alumno de tan solo 12 años de la escuela de la comuna de Lanco, de la región de Los Ríos, que se trasladaba en un vehículo de transporte escolar, cuyo conductor debía dejarlo en su lugar en la ruta CH203. Este lo dejó al lado de la calzada al cruzar y el niño, sin supervisión, se produjo un accidente que tuvo como consecuencia el trágico fallecimiento del niño Martín el día 28 de julio de 2022. Hasta diciembre del 2022, el número de vehículos autorizados para transporte escolar llegó a más de 28.000 unidades, un 10% más que el periodo anterior. Muchos de esos furgones son puestos a disposición por parte de los municipios o los dueños de establecimientos educacionales. Es fundamental que el proveedor del servicio de transporte que incurra en incumplimiento del contrato o se incurra en conductas o acciones u omisiones que pongan en riesgo a los alumnos, advierta oportunamente y puedan tener sanciones que sean de acuerdo al daño causado y que el mismo pueda servir para poder tomar conciencia, para prevenir acciones temerarias y poco precavidas por parte de los conductores. Es todo en cuanto puedo informar, señorita Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Camaño, por rendir cuenta del informe de este proyecto de ley. Vamos a dar inicio al debate. En primer lugar, le ofrezco la palabra al diputado don Bernardo Berger. Muchas gracias, señor Presidente, honorable Cámara. Señor Presidente, voy a apoyar este proyecto de ley, especialmente motivado por la angustiante pérdida de un menor de edad de la comuna de Lanco, en la región de Los Ríos, hecho que ocurrió por falta de la debida diligencia por parte del transportista escolar el día 27 de julio de 2022. La diligencia en el cuidado de nuestros niños y adolescentes siempre debe ser una prioridad en las políticas públicas y en el ámbito legislativo. En este sentido, los niños que viajan en transporte escolar están expuestos a peligros en toda la ruta y en lugares de recepción, ya sea en el establecimiento escolar o en sus respectivos domicilios. Por lo que las exigencias que impone este proyecto de ley van en el sentido correcto, exigiendo a los transportistas que dejen a los niños en la misma acera en la que se encuentran sus establecimientos educacionales o sus domicilios. Y además, contar con un adulto mayor que pueda controlar la conducta de los menores en el interior del transporte y acompañe al menor hasta el interior del lugar de destino si es necesario. El mayor costo de estas imposiciones que signifiquen tendrán que ser consideradas por quienes corresponden en pro del bien superior de nuestros niños, niñas y adolescentes. También sería bastante propicio que no solo impongamos mayores exigencias de cuidado en los transportistas, sino que además se crearan mayores instancias de educación vial a nuestros niños y adolescentes como parte de algún ramo de educación cívica, que no necesariamente solo tienen que estar destinadas al ámbito político, sino también a la educación civil en todos los ámbitos. He dicho, señor Presidente, honorable Cámara, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Berger. Antes de continuar con el debate, quiero solicitar a la honorable sala la autorización para el ingreso a la sala del subsecretario de Transportes, don Jorge Daza. ¿Habría acuerdo? Muy bien, acordado. Para continuar con el debate, le ofrezco la palabra a la diputada Ana María Bravo. Muchas gracias, presidente. La historia que dio origen a este proyecto de ley es profundamente conmovedora. Martín, un niño de 12 años lleno de sueños y profundamente amado por su familia, perdió la vida de manera trágica. Al regresar a su casa después del colegio, fue atropellado tras descender del transporte escolar que lo trasladaba. El vehículo se había detenido frente a su hogar, obligándolo a cruzar una calzada donde los vehículos suelen transitar a alta velocidad por tratarse de una carretera que une Lanco con Panguipulli. Al día siguiente del accidente, Martín falleció dejando a su familia devastada. Esta pérdida impulsó una lucha incansable por parte de sus seres queridos con el único propósito de evitar que otros niños sufran una tragedia similar debido a la negligencia de quienes tienen la responsabilidad de protegerlo. Este proyecto de ley del cual soy autora tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de seguridad de los transportes escolares, no solo privados, sino que también subsidiados, reconociendo la importancia de su función. Los conductores y propietarios de estos vehículos tienen bajo su resguardo niños, niñas y adolescentes, cuyas familias han depositado en ellos su confianza. La iniciativa eleva a rango legal disposiciones que anteriormente estaban contenidas en reglamentos, muchas veces mal fiscalizadas o incumplidas. Al plasmarlas en una ley se garantiza mayor obligatoriedad en su cumplimiento, lo que refuerza la responsabilidad de los transportistas. Además, el proyecto incorpora sanciones significativas, como la cancelación de la inscripción en el registro para aquellas personas que, teniendo contacto directo con los escolares, presenten antecedentes relacionados con delitos tan graves como violación o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Hacemos hincapié en que respecto a la obligación de contar con un acompañante o auxiliar del conductor, esta quedó solo limitada al caso excepcional de no existir condiciones en la vía que permitan dejar a niños o niñas al costado de la calzada de sus hogares o establecimientos educacionales, en cuyos casos se deberá contar con un acompañante que asista al niño para cruzar de forma segura. Quedando al respecto de la obligación del acompañante, la obligación respecto a los preescolares como se establecía siempre y anteriormente a la presentación de este proyecto. Quiero expresar mi sincero agradecimiento al Ejecutivo y a los diputados integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones que apoyaron este proyecto, que lo hicieron con mucho compromiso, dedicación y han mejorado sustancialmente su regulación. Y por último, recordar a Martín, un niño cuyo liderazgo siempre estuvo presente y a pesar de que no está con nosotros, sigue siéndolo y sigue luchando por un mundo mejor. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Bravo. Para continuar el debate, le ofrezco la palabra al diputado Don Otuiti Teao. ¿De reglamento, diputado? Perdón, diputado Teao. Sí, presidente. Muchas gracias. Voy a invocar el artículo 77, que suspenda la sesión porque estamos con 39 diputados presentes, iniciando el año. Y esto es una vergüenza. Gracias. Tiene toda la razón, diputado. Vamos a suspender por tres minutos, cinco minutos, perdón, hasta que tengamos el quórum suficiente para continuar. Yorana, muchas gracias, presidente. Cuidar de nuestros niños y niñas y adolescentes es deber de todos. Y este proyecto procura que, desde el Estado, se cumpla con ello. Porque actualmente tenemos un rezago peligroso en ciertas normas que deben resolverse para generar todos los resguardos necesarios y especiales a nuestra población infantil que utiliza el sistema de transporte escolar. Este proyecto es un acierto en todas sus normas. Lo único que uno lamenta es que la clase política generalmente reacciona ante eventos trágicos, cuando ya no podemos evitar desgracias. Pues recordemos que esta iniciativa surge del fatal accidente en la comuna de Lanco de un niño de 12 años, Martín Navarro. [append chunk id: 13313]
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Tras cruzar la calle sin supervisión. Con la norma que discutimos, este tipo de negligencias que cobran la vida a inocentes no deberían repetirse, porque se precisa que los conductores de transporte escolar son responsables de la seguridad física de los escolares durante el servicio en todas sus etapas, es decir, desde la recepción del vehículo hasta su entrega en el establecimiento educacional, domicilio o lugar acordado. Incluso más, el conductor tiene la obligación de abrir y cerrar la puerta en el costado de la calzada correspondiente. De lo contrario, el conductor deberá tener un acompañante que asista al escolar en todo cruce de calzada. Además, se destaca que se aproveche la legislación para avanzar la urgente interoperabilidad entre las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones y el Registro Civil para verificar que los conductores no tengan antecedentes penales por delitos sexuales, trata de personas, entre muchos otros. Por último, presidente, es necesario que también se legisle en relación con las empresas de transporte público, porque los conductores de microbuses también se han visto involucrados en accidentes fatales escolares. Solo cabe recordar el joven Mauro Alberto, estudiante de 14 años quien murió atropellado este año en Valparaíso por un conductor que dio positivo en el consumo de cocaína. Hoy, dos proyectos de ley deben considerarse para evitar este tipo de tragedias. He dicho, presidente, y orana e maururu. Muchas gracias, diputado Otuiti. Ofrezco la palabra al diputado Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, señor Presidente. En primer término, deseo saludar a todos mis colegas parlamentarios, al señor subsecretario, y particularmente a los funcionarios de la corporación para desearles un feliz año 2025. Señor Presidente, ante todo, y lamentablemente, es necesario recordar que este proyecto surge a partir del doloroso caso de Martín Navarro Jorquiera, un niño de tan solo 12 años quien fue víctima de un fatal accidente en el año 2022. Para su familia, un abrazo y toda la fuerza del mundo. Sobre este proyecto es necesario valorar aquellos aspectos que darán mayor seguridad a las familias de los estudiantes que se transportan diariamente. Así, los conductores de transporte escolar deberán velar por la seguridad física de los escolares durante todo el servicio de transporte, desde que suban hasta que los dejen en el establecimiento educacional. Este deberá realizarse en el costado de la calzada en que se encuentra el domicilio o establecimiento educacional, debiendo abrir y cerrar la puerta del vehículo al momento de descender o ascender el estudiante, es decir, un resguardo total en la prestación del servicio. Sin embargo, también es necesario que este proyecto se haga cargo de la situación que vive el país en materia de emprendimientos y la falta de regulación en la materia. Para esta discusión no fue convocada la Confederación de Transportistas Escolares y Remunerados, quienes tienen puntos legítimos de considerar. Por ejemplo, realizar como indicación que cuando el transporte suba o baje a un estudiante, los vehículos que están detrás detengan su marcha y respeten ese actuar. Asimismo, es necesario que la competencia sea justa, puesto que existen muchos transportes piratas que quedan fuera de esta regulación y que no se están fiscalizando, ya que las autoridades solo controlan a quienes están debidamente inscritos, lo que es injusto y desigual. Apoyo la seguridad de nuestros niños, la regulación de un transporte adecuado para los estudiantes y pido, solicito, que se empareje la cancha y apoyen a los emprendedores del transporte escolar remunerado, ya que son parte de una economía cada vez más afectada por la falta de crecimiento y oportunidades laborales. Señor Presidente, cuidar a nuestros niños y niñas creo que es lo más importante. Votaré a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. Ofrezco la palabra a la diputada Carolina Tello. Gracias, presidente. El transporte remunerado de escolares es sin duda un elemento vital no solo de movilización para miles de niñas, niños, adolescentes en nuestro país, sino también de protección. Hablamos de un transporte que por sus características tiene por objetivo brindar también resguardo y cuidado, algo que sabemos que es necesario se perfeccione, en especial desde el aumento del estándar, especial en situaciones que pueden poner en riesgo la vida de las y los estudiantes, como por ejemplo cruces de calzada sin supervisión. Precisamente y a propósito de un terrible hecho, de una terrible situación vivida por el pequeño Martín Navarro de tan solo 12 años ocurrido camino Lanco a Panguipulli, quien perdió la vida precisamente al ser dejado por el transporte escolar en un lugar donde el cruce no era apto para ser cruzado solamente por el estudiante. Este lamentable hecho, presidente, demuestra la importancia sustancial de garantizar dicha protección y resguardo, no solo en el trayecto, sino también en garantizar que niñas, niños y adolescentes lleguen a salvo a sus hogares, así como también a sus establecimientos educacionales. Es por eso, presidente, que valoramos este proyecto de ley que aprobaremos, el cual, entre otras materias, aumenta los requisitos de antecedentes de la empresa de transporte, incluyendo ahora a sus representantes legales, amplía la exigencia de acreditar no registrar anotaciones en el registro de delitos sexuales contra menores de edad para toda persona que tenga contacto con las y los escolares. Además, extiende las obligaciones de resguardo de la seguridad física de niños, niñas y adolescentes, consagrando la obligación de dejar al o la estudiante en el costado de la calzada donde se encuentra el lugar de recepción y de no ser posible brindar asistencia técnica para que dicho cruce sea seguro. Este proyecto, presidente, además incluirá la obligación a conductores a detenerse cuando exista un transporte escolar detenido con luces intermitentes, algo que valoramos ya que brinda, además, al resto de los conductores la noción de relevancia del transporte escolar y la importancia de cuidar dicho traslado. Es de esperar, presidente, que se apruebe este proyecto por una amplia mayoría. He dicho muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Carolina Tello. Ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Y al diputado Bugueño también ofrezco la palabra. No estando presente, se cierra el debate. Diputada Marzán, la habían marcado como que había hablado, así que le pido excusas. Alguien la había marcado acá. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que yo siento que con el tema del transporte, con los niños, niñas y adolescentes, estamos bien al debe y creo que no se ha tomado de manera imperativa este tema. Y tiene que ver con la responsabilidad de los transportistas, de las transportistas escolares, como eje central de este proyecto. En nuestra región de Valparaíso hemos sido testigos de hechos muy lamentables que detallan la urgencia de discutir sobre este tema. El 19 de julio, un furgón escolar con 16 niños, niñas a bordo, colisionó con un vehículo dejando a ocho lesionados. Tan solo un mes después, el 14 de agosto del año recién pasado, otro furgón escolar que transportaba a ocho niños y niñas chocó contra un muro de un edificio de Viña del Mar. Esto generó gran preocupación, seguridad, obviamente, entre las familias y entre quienes iban al interior de estos transportes. Esto es un tema tremendo. Esto es una alerta respecto al riesgo que viven a diario quienes se transportan en estos medios hacia sus establecimientos. Pero el corazón de este proyecto surge en la región de Los Ríos, en una comuna llamada Lanco, y con un pequeñito llamado Martín, que por respeto a la familia no voy a dar detalles de lo que sucedió, pero que una tragedia tremenda le quitó la vida. Pero queremos que historias como la de él nos recuerden cómo legisladores tenemos que ser entes activos y tenemos que proteger la vida, es nuestra obligación. Por eso establecer medidas como la obligatoriedad de que los niños y niñas sean entregados, por ejemplo, en el costado de la calzada correspondiente a su domicilio, la presencia de un adulto en caso de que sea necesario, las circunstancias lo ameriten, es tremendamente urgente. Y esto garantiza que lleguen seguros a sus hogares. Este proyecto, además, está muy vinculado con otro al que denominamos Proyecto de Ley Alberto, y que busca que quienes manejen la locomoción pública y privada sean personas libres de droga y que estén sometidas a análisis de manera regular para asegurar la responsabilidad en la conducción. Proyecto de ley que también surge de una tragedia ocurrida acá en la región de Valparaíso, con un niño de 14 años llamado Mauro Alberto, que perdió la vida justamente a causa de otras situaciones también dolorosas de detallar. Yo confío que este proyecto sea aprobado porque además representa un paso hacia el perfeccionamiento de nuestra legislación y nuestro objetivo es que a futuro proyectos de ley que lleven nombres de niños o niñas como símbolo sean realmente un avance y algo positivo en nuestra legislación y no como recordatorios de tragedias vinculadas a la negligencia de la conducción y de la cual nosotros y nosotras como legisladores no nos hemos hecho cargo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. Ofrezco la palabra al diputado Raúl Leiva. Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley tiene sentido para los cientos de miles de familias a lo largo de todo nuestro país que depositan su confianza en un transportista escolar para poder trasladar a sus hijos desde su domicilio a su casa y viceversa. Por eso, perfeccionar la normativa en orden a establecer mayores requisitos para que las personas que realicen esta labor estén debidamente amparadas en una normativa más exigente y a su vez entregar aspectos técnicos y físicos que permitan asegurar un traslado más seguro es lo que ha fundamentado este proyecto de ley y que lo desarrolla de una manera, a mi juicio, acertada. Por eso, con el objeto de perfeccionar la normativa, hacer más exigente el traslado de estos niños y proteger a lo más importante que todas y todos tenemos en nuestra familia, que son nuestras niñas y niños, vamos a aprobar este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Leonardo Soto, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar, en primer lugar, al subsecretario de Transporte, don Jorge Daza, y a la autora del proyecto, a la diputada Ana María Bravo. Un proyecto que es muy importante para todas esas familias que confían en los transportistas escolares para que puedan trasladar a sus hijos, desde la más tierna infancia de los tres años, a veces hasta algunos en la edad de enseñanza media, los transporten de sus casas a los colegios, a los liceos y viceversa. Claro, la actividad de transportarse es peligrosa y siempre hay riesgos, pero por eso uno confía en el transportista escolar, en su profesionalismo, en su dedicación y en la confianza que le inspiran a cada uno de los padres. Sin embargo, a veces estas cosas fallan y ocurrió algo así hace pocos años atrás, en el caso de Martín, y esta ley lleva el nombre de Martín, un niño de 12 años. [append chunk id: 13317]
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Años que fue dejado cerca de su casa por un transportista escolar, pero en la vereda contraria a la avenida donde vivía. Y el transportista descuidadamente se fue y lo dejó ahí, y el niño al atravesar fue embestido por un vehículo y en esa misma oportunidad, en ese mismo lugar, falleció. Por eso uno tiene que aprender de la realidad, tiene que aprender de las situaciones que ponen en cuestión la manera en que se ejerce este trabajo, este noble trabajo, y este proyecto de ley establece algunas exigencias que son enteramente razonables para asegurar y resguardar la vida, la integridad física de todos los niños que son transportados desde su hogar a los colegios y viceversa. Esta ley Martín es necesaria. Esta ley Martín le otorga un rango superior a la protección de los niños por parte de los transportistas escolares y lo obliga también a hacerse cargo de su transporte, incluso fuera del vehículo en algunas ocasiones especiales. No cambia la reglamentación actual en cuanto al conductor y a todos los que participan del transporte escolar de acuerdo al tamaño del vehículo. Eso no es cambiado, si solamente se establecen mayores estándares, mayores exigencias por parte de la ley a los transportistas, que van a ser comprobadas en sitio también. Y eso también es positivo. Mire, nada de lo que podamos hacer en beneficio de la seguridad de los niños y niñas en este país tiene que ser dejado de lado, sino que más bien aprobado. Por eso nosotros vamos a aprobar como Partido Socialista esta ley, la ley Martín, por la dedicación que le puso su autora Ana María Bravo y también por el respaldo que tuvo en el gobierno por parte del subsecretario de Transporte, don Jorge Daza. Vamos a aprobar, presidente, esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. No habiendo más inscritos, se cierra el debate. En segundo lugar, corresponde continuar con el debate del proyecto de ley originado en mociones refundidas que modifica la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para establecer un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados, correspondiente a los Boletines Nº 16.163-07 y 16.192-07. Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Ofrezco la palabra a la diputada Paula Labra. Gracias, presidente. Desde que asumí como diputada me he puesto el objetivo de trabajar para que se recupere la seriedad y la credibilidad en nuestra labor parlamentaria. Por eso he propuesto una serie de proyectos de ley que van en la línea de mejorar la eficiencia en la administración, reforzar la prioridad y la transparencia en la administración pública, y de esta manera también las condiciones para que realicemos un correcto trabajo parlamentario. Este proyecto de ley de mi autoría se enmarca en esa línea, junto con otros que he presentado como externalizar el Comité de Ética del Congreso, terminar con la dieta vitalicia de los expresidentes, poder acusar constitucionalmente a los gobernadores y también realizar test de droga a las autoridades. Necesitamos ordenar las reglas del juego. Tenemos que implementar las herramientas adecuadas para hacer mejor nuestro trabajo. Y eso depende solamente de todos nosotros, todos los que estamos acá presentes. Por eso, los invito a que trabajemos para revertir la pésima imagen que tiene la ciudadanía del Congreso, sobre todo con la realidad actual, donde tenemos colegas en prisión preventiva, otros a los cuales le han allanado la oficina, una diputada con una solicitud de desafuero admisible por uno de los casos de mayor corrupción de nuestro país y otra parlamentaria desacreditada por abuso de poder en beneficio de su vida íntima. Uno de nuestros deberes, todos lo sabemos, es fiscalizar. Y es ahí donde los oficios son una de nuestras principales herramientas. Un ejemplo muy importante es el oficio que envió la diputada Joana Ahumada al Seremi de Vivienda de Antofagasta por el caso Convenios antes que esto saliera a la luz, y la autoridad no lo respondió hasta que esto se presentó en la comisión investigadora. Yo sé que algunos dirán que el Estado no tiene la capacidad para dar respuesta, que será una sobrecarga a los funcionarios. Pero eso no es una excusa para no aprobar este proyecto. Actualmente, la ley de transparencia establece hace 30 días como plazo para dar respuesta a las solicitudes que cualquier chileno puede ingresar por esa vía. El año pasado se recibieron más de 300.000 solicitudes y en promedio el Estado se demoró menos de 16 días en dar respuesta. ¿Qué está pasando acá en el Congreso? El mismo año, los oficios parlamentarios que nosotros enviamos representaron solo el 10% de estos requerimientos. Y hasta la fecha, hay un 65% sin respuesta de los oficios del año pasado. Por otro lado, yo creo que está más que claro que el gobierno tiene funcionarios públicos de sobra para poder dar respuesta a estos requerimientos. Y esto no va a significar que va a mermar su capacidad de gestión o que se va a desatender a los distintos servicios. Todos quienes tenemos experiencia en administración pública sabemos que esto es posible. Por eso, imagino que hoy no va a haber ningún diputado que rechace este proyecto, que sería deslegitimar su propia labor parlamentaria. Espero que este proyecto sea aprobado, en el rumbo de devolver el prestigio al Congreso, mejorar nuestro desempeño y sobre todo recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. He dicho, gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Labra. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Felipe Donoso. Ofrezco la palabra a la diputada Ana María Gasmuri. La idea matriz de este proyecto, señor presidente, es establecer un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización dirigidos a la autoridad por los parlamentarios, así como establecer un régimen de sanciones frente al incumplimiento sobre ello, y lo mismo sobre la falta de comparecencia de autoridades cuando son citados a la Cámara de Diputadas y Diputados. Créame que compartimos absolutamente la necesidad de poder regular esta materia, pues sobre todo en materia de oficio existe un volumen importante de esto sin respuesta, aún habiendo transcurrido más de un año desde su envío desde esta corporación, lo que impide el correcto ejercicio de nuestra función fiscalizadora. No obstante, el poco plazo que se establece no considera aquellas unidades públicas con pocos recursos y pocos funcionarios que se verán impedidos de cumplir con los plazos establecidos. Algunas subsecretarías incluso no tienen capacidad material de resolver estos asuntos de manera expedita, dada la carga de trabajo y el bajo presupuesto con el que cuentan, lo que traerá consigo que se verán enfrentadas las complejidades de responder dentro de los acotados plazos planteados por el proyecto, cuando muchas veces deben levantar la información desde la fuente, no encontrándose esta disponible o sistematizada para su fácil ubicación y transmisión. Consideramos peligroso también que este proyecto permita sancionar de una manera tan dura con hasta el total de la remuneración a quienes no cumplan con los plazos en caso de oficio respecto de las autoridades que no puedan comparecer al ser citadas por la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que además, sobre todo porque puede ser una herramienta peligrosa que puede instrumentalizar determinados sectores políticos contra el gobierno de turno que sea. Por ello, hemos presentado indicaciones que van en la línea de extender más el plazo y modificar las sanciones propuestas, esperando que se pueda aprobar, porque aún cuando existe la necesidad de regular, tenemos que ser ecuánimes y establecer normas conforme a la realidad de muchos servicios, evitando que se transforme en una carga que impida, finalmente, hacer una correcta labor en el ámbito administrativo y de políticas públicas. Así que valoro este proyecto, me parece que es razonable, que es necesario avanzar en tener una manera más eficaz de que se resuelvan las fiscalizaciones parlamentarias, pero tenemos que poner elementos razonables para que esto sea una realidad. Muchas gracias, presidente, he dicho. Muchas gracias, diputada Gasmuri. Ofrezco la palabra a la diputada Marta González. Ofrezco la palabra al diputado Otwiti Teao. Ofrezco la palabra al diputado Johannes Kaiser. Ofrezco la palabra al diputado Víctor Pino. Ofrezco la palabra al diputado Alberto Unduraga. Gracias, presidente. En primer lugar, saludo a usted y por su intermedio a todos los colegas. Saludo de inicio de año, que este año 2025 sea un buen año, un año en que logremos acuerdo en este Congreso y podamos sacar adelante los distintos desafíos legislativos. Respecto a este proyecto, señalar que lo vamos a aprobar. Hay un adagio jurídico que dice que obligación sin sanción no es obligación. Y si bien la ley actual establece una sanción al Ejecutivo cuando no contesta a los distintos requerimientos, en la práctica, al no existir los plazos, lo que sucede es que muchas veces no se contestan los requerimientos. Solo respecto a mis requerimientos, el año 2023, de 507 oficios, solo 185 obtuvieron respuesta dentro del año, correspondiente al 36%. Y respecto al año 2024, las cifras son aún inferiores. Entonces, presidente, uno de los objetivos que tiene el país es que funcione la democracia. Y que funcione la democracia no es solo que funcione el día de la elección y que se elijan a las autoridades en cada uno de los estamentos, nacionales, regionales o comunales, sino que también funcionen las instituciones democráticas. Y si este Congreso tiene una función de fiscalizar, esa función tiene que estar aparejada, ¿no? De establecer los plazos al fiscalizado y también las sanciones en caso de no cumplir. Por eso me parece un muy buen proyecto. Felicitar a los distintos mocionantes. Vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Unduraga. Ofrezco la palabra al diputado Luis Maya. Diputado Maya, ¿va a hacer uso de la palabra? Diputado Maya, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Disculpe la demora que está buscando la intervención. Presidente, ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo. Estoy cansado de tocar puertas y de solicitar respuestas cada vez que los ariqueños y ariqueñas sufren y la pasan mal por la inobservancia y el abandono del Estado a la región de Arica-Marinacota. Y es irónico porque parte de nuestra labor, de nuestra responsabilidad como autoridades elegidas por voto popular, es la fiscalización de los actos de gobierno, de vigilar cómo actúan sus instituciones y sus servicios, el cómo sirven a nuestra ciudadanía y en parte esta labor se encuentra reconocida en nuestra ley orgánica en los llamados oficios de fiscalización o solicitud de antecedentes. Pero ¿de qué sirve oficiar o solicitar antecedentes si no hay obligatoriedad para que los órganos o instituciones interpeladas a responder en un tiempo oportuno? En lo que llevo ejerciendo como diputado he presentado 230 oficios. Puede ser poco, puede ser mucho, pero lo insólito es que de toda esta cantidad solamente se han respondido apenas la mitad y me da mucha rabia, al punto de que a veces me cuestiono si realmente vale la pena invertir tanto esfuerzo en ejercer esta facultad fiscalizadora. Si cada vez que un vecino sufre los daños en su casa por socavones, cada vez que poblaciones enteras en mi región, y por ejemplo, oficio al servicio regional para luego no tener respuesta. Si cada vez que hago del altiplano, así deshacen las calles de mi ciudad a vista y paciencia de todos y todas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el CERNAC y cualquier otra institución dependiente de este gobierno a la cual... [append chunk id: 13318]
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