¿Qué es lo que está ocurriendo en el Senado de Provence? Recording in progress. Vamos a actuar en comité. Así es. Con el Senado de Provence mientras llegan los otros senadores. Primero, agradecerles que hayan venido y que todo este material de las exposiciones de ustedes, la información se le entrega a todos los senadores. Desgraciadamente, falleció la mamá del senador Flores y eso nos desarmó todo el esquema. Pero toda la información que nos van a dar ustedes le va a llegar a quien le debe llegar y va a ser estudiado como corresponde. Así que esto no es una sesión perdida, todo lo contrario. Muchas gracias y tomen asiento, por favor. En ausencia del presidente titular, se ha escogido como presidente accidental al honorable senador Sandón. Señalar que esta sesión tiene por único objetivo iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de prófugo de la justicia en los casos que se señala, cuyo boletín es el 15.866. Han sido invitados y nos acompañan hoy día del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los asesores legislativos, señores Tomás José Tomás Humud y Rafael Collado, de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, el profesional de la División de Estudios, señor Rodrigo Honores, del Cuerpo de Carabineros de Chile, el director de Justicia, Auditor General, señor Jaime Elgueta, y el director de Control y Drogas de Investigación Criminal, coronel señor Roberto Sarabia. Finalmente, de la Policía de Investigaciones de Chile, el jefe de la División Jurídica, señor Arturo Pacheco. Sintéticamente señalar que, ya que es la primera sesión en que tratamos esta materia, este proyecto de ley se originó en una moción de los diputados Jorge Alessandri, Jorge Guzmán, Andrés Joanet, Henry Leal, Andrés Longton, Cristian Mateson, Guillermo Ramírez, Frank Sauerbaum, Diego Chalper y Francisco Enduraga. Inició su trámite en el Senado el 12 de noviembre del 2024 y fue remitido para su conocimiento a la Comisión de Seguridad Pública. Actualmente se encuentra calificado con urgencia puesta de suma el 18 de diciembre pasado. Según los autores, el sentido de este proyecto era perfeccionar el Registro Nacional de prófugo de justicia, facilitar la identificación de personas e incorporar dicha nómina junto con declarar su carácter público para los casos que indica como una medida de protección de la sociedad, disuasión del delito y ayuda a la captura de quienes se encuentren prófugos de la justicia. Señalar finalmente que esta iniciativa es de artículo único, por lo cual reglamentariamente podrá ser aprobada en esta comisión tanto en general como en particular. Esto es todo, señor presidente, en materia de informe. Gracias. Como esta es una reunión informativa para recabar las opiniones de ustedes, secretario, veamos cómo andamos de tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Y cuánto tiempo tenemos para cada expositor? ¿Cómo andamos en esto? Hasta las dos y media, una hora. Una hora y son cuatro expositores. Ustedes decidirán. Sí, sí. Pueden ser quince minutos. Está bien. ¿Qué opinan ustedes del tiempo para exponer? ¿O alguien necesita menos o más? Está bien. Si se alargan un poquito, no importa. Vamos a partir por las instituciones de las fuerzas armadas de orden, vamos a partir por Carabineros, después vamos a hacer la Policía de Investigaciones, Fiscalía Nacional y cierra Tomás con el Ministerio del Interior. Entonces le ofrecemos la palabra al general don Jaime Elgueta y usted decide quién habla. Usted maneja su exposición, usted toma el tiempo para que no tengamos problemas. Adelante, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, señor presidente y a todos los senadores. Traigo el saludo del general director, quien por razones de agenda no pudo estar aquí, pero efectivamente nos encomendó la representación institucional y la opinión respecto del proyecto. Yo voy a exponer por cerca de diez minutos y los otros cinco se los voy a dejar al área técnica especializada, que es mi coronel Sarabia, toda vez que él es parte de la dirección de investigación que precisamente incide en lo que son las normas que estamos viendo. Bueno, en primer lugar, este proyecto ya se vio en su oportunidad y vino Carabineros también a exponer su posición sobre el proyecto. El texto es muy diferente al que había en aquella época, pero en general la posición no ha cambiado. Lo primero era la incorporación para los efectos de mayor publicidad dentro del registro nacional de una fotografía de la persona que estaba inscrita en el registro, a lo cual, obviamente, era un tema de avance precisamente porque con tener más antecedentes para que la norma del registro pudiera cumplir su finalidad. Es decir, tener los antecedentes y además tener una fotografía. Lo otro era la publicidad del tema de los nombres que estaban en el registro. Y en ese sentido, perdón, la opinión inicial era que resultaba pertinente un grado de publicidad, pero no en los términos que estaba planteado, que era la posibilidad de un acceso absoluto prácticamente de cualquier persona al registro. Las razones que en esa oportunidad se expusieron decían relación, básicamente, a que el registro contiene personas que están siendo objeto de una investigación del Ministerio Público y personas que están condenadas, pero que no han sido ubicadas para cumplir su sentencia. En el primer caso, lo que se podía prever eventualmente de manera potencial es que la publicidad de los términos que estaba planteada podría ser una afectación hacia la investigación. Y en lo segundo, también el hecho de la publicidad de los términos que estaba también podría implicar potencialmente la afectación de derechos de terceras personas que por razones de vinculación que tuvieran con las personas que están incorporadas en el registro pudieran ver también afectados sus derechos y también la seguridad de los mismos. Entonces, en ese sentido, sí se estimaba pertinente la publicidad, pero no en los términos que estaba planteado, casi en términos absolutos. Lo único que quedaba fuera era el acceso a las personas que pagaban pensión de alimentos. Pero todo el resto sí estaba involucrado. Ahora, el texto tiene un cambio. El eje central sigue siendo el mismo, es decir, pero tiene en el cambio una incorporación de una estructura más detallada por una parte y una regulación, diríamos, tal vez más precisa y que recoge precisamente algunos de los aspectos que ya se habían señalado. Bueno, ahora el texto lo que plantea es que, respecto de las personas que están en el registro, se autoriza que las policías, coordinadamente con el Ministerio Público, puedan de ahí extraer determinados casos y de personas en relación a delitos graves donde se pueda construir o elaborar una nómina para que las policías lo puedan difundir tanto en sus plataformas institucionales como a través de otros medios, inclusive los medios de comunicación. Y dentro de esa antecedente de las nóminas está considerada también la existencia de la fotografía. Es decir, quedaba entregado en definitiva ahora a la actividad persecutoria del Ministerio Público en coordinación con las policías y lo que entonces se publicita no es todo el registro, se publicita un grupo de personas vinculadas a hechos, ya sea investigación o que estén en situación de ubicar en cuanto a estar prófugos por cumplimiento de condena. Por lo tanto, lo que pretende en general es una selección. Yo creo que la realidad de las cosas también sería atendible, siempre que haya una mayor difusión de estas personas que están en el registro, pero también la realidad determina que hay prioridades y esas prioridades en el fondo están entregadas en el texto a la determinación por el Ministerio Público y las policías. Ahora, todo esto queda entregado a un reglamento que va a determinar o que determinaría las condiciones y circunstancias en que se sería la definición de las personas que irían a esta nómina. Ahora, la publicidad de la nómina está garantizada por los portales institucionales y también por las decisiones que tomen las propias policías de poder hacerlo extensivo a otros aspectos, entre esos los medios de comunicación y otros que señalan que también pueden estimar ellos la razón de la nómina. Básicamente, y en eso es la finalidad en general de la persecución penal, es que la comunidad pueda saber o conocer de determinadas personas que están siendo buscadas en investigación o por sentencias que no han cumplido. La interacción de todo individuo entre la sociedad es, en general, hay un vínculo en los diferentes ámbitos en que circulan. Por lo tanto, la posibilidad real y cierta de que pueda conocerse algún antecedente de estas personas y pueda ser comunicada a la policía es lo que resulta pertinente y eficiente en este sentido. Por lo tanto, la opinión que tiene Carabineros sobre este proyecto en la forma en que está es mucho mejor del proyecto que originalmente resguarda también aspectos que deben ser considerados como determinantes, como es la protección de la investigación penal y también la protección de los derechos de las personas, pero obviamente aumenta las capacidades para ser más eficiente la persecución penal. Lo último que señala como el proyecto es que esto en todo caso no significa la posibilidad que haya cazadores de detenidos o de cazadores de recompensa, etcétera, sino que es verdad, cazadores de conocimiento de noticias de una persona, si lo miramos en ese sentido, y que no autoriza, por lo tanto, detenciones salvo las condiciones de las detenciones por flagrancia del 129 del Código Penal. Entonces, en ese sentido, la opinión de Carabineros en términos generales al proyecto tal como viene es positiva. Ahora, para los efectos prácticos y cumpliendo con el tiempo que destine, quiero dejar al coronel Sarabia que nos puede ilustrar en la práctica algún o uno o dos casos en los cuales sin existencia de esta norma hubo una coordinación con el Ministerio Público y con la parte persecutoria y que logró resultados respecto de personas que estaban prófugas en proceso de investigación. Así que les cedo la palabra. Ojalá nos puedan después mandar una minuta. Yo sé que ustedes son súper cuidadosos con eso, que sea súper concreta en decir, mire, nosotros creemos que esto debe cambiarse, artículo tal, y creemos que esto debería ser mejor de tal forma, súper concreta, o sea, porque usted dijo algunas cosas que en la práctica nos podrían ayudar mucho. Y en eso la opinión técnica. [append chunk id: 13457]
Entonces, indistintamente de la presentación que puedan mandar, si es que hay alguna, exista una minuta concreta que diga, mira, nosotros creemos que el artículo tal tiene este problema por tal y tal razón, porque la experiencia práctica de ustedes, los que están en la calle, es fundamental. Gracias. Le ofrezco la palabra con él. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoras senadoras. Muy buenos días. Complementando un poquitito la visión institucional que se refería mi generación, el gueta, desde el punto de vista de los antecedentes que maneja la institución, desde el punto de vista de la investigación criminal, de los hechos criminales más antiguos de los cuales se tiene hechos documentados, es el caso del apóstol, por ejemplo, donde a medida que va transcurriendo el tiempo, se empiezan a conocer antecedentes, y es una imagen, digamos, es una fotografía la que empieza a circular por los medios de comunicación, los que otorgan el nombre a esa persona porque no había antecedentes que pudieran dar la identidad del sujeto de interés que habría participado en este macabro crimen. Y fue la propia opinión pública al conocer los antecedentes que empiezan a circular por la prensa de esa época. Estamos hablando, contextualizando, digamos, la época sociocultural que vivíamos en el año 2007, en un cambio recién del sistema procesal penal, además. Surgen estos antecedentes y hay un valor muy importante en un antecedente que surge debido a la comunicación, porque se disponibilizan los teléfonos con los investigadores y aparece un primer nombre de interés, que era de Luis Araya Galás. Y ahí se empieza, digamos, a conducir un poquitito la investigación. De ahí en adelante, se empieza un poquito a documentar, por lo menos institucionalmente, ese tipo de casos y se toma como una praxis en hechos, digamos, de connotación pública, en hechos gravosos desde el punto de vista criminal, y como lo han sido conocidos en el último periodo, sobre todo en hechos muy complejos como los que nos vimos afectados como institución en abril del año pasado, en el triple homicidio de los carabineros en Cañete. Una vez que ya existen antecedentes sólidos y concretos en cuanto a la identificación de las personas que tienen participación activa en este crimen, en coordinación con el Ministerio Público, se estima dar a conocer la identidad, la fotografía y la vinculación de la información que pudiera surgir de parte de la comunidad, cualquier persona que tuviera antecedentes en cuanto a la persona, su paradero, en fin, y haciendo mención que también pudiera existir la posibilidad de un cambio de apariencia, que en muchos casos sucede, pudieran entregar el máximo de información. Residualmente se recibe información, se recibe información y también hay otro antecedente muy importante, que sobre todo en bandas rivales, en hechos criminales que hay poderío territorial de una comuna, de una población, de un área determinada, las bandas rivales quieren que su oponente también sufra, digamos, el castigo de la ley y entregan antecedentes para que estos sean condenados, para ellos dejarles, digamos, el mercado libre. Entonces también surgen antecedentes desde incluso los propios recintos penitenciarios, donde la población penal también tiene conocimiento de las organizaciones criminales que están, digamos, en la afuera y conocen antecedentes de quienes podrían estar detrás de un hecho que se está en proceso de investigación. Pero sin duda todo va en directa coordinación y autorización, entendiendo que hay causas en algunos casos que son catalogadas o caracterizadas como reservadas, secretas. Entonces no es, digamos, prudente por el éxito de la investigación dar a conocer detalles del proceso. Es por ello que siempre las decisiones de exhibir una imagen, de poner en conocimiento a la opinión pública, van a ser en coordinación con el Ministerio Público y eso sin duda no afecta al proceso de la investigación y asegura el éxito de la misma. Eso desde el punto de vista institucional, lo que tiene que ver con la investigación criminal, en la cual, por ejemplo, en la última fecha donde hemos visto afectados con varias muertes de carabineros, hemos recibido información importante, información que entrega la propia comunidad, entendiendo que por ello las personas que cometen un delito y están, digamos, en conciencia de que están tras él, van a buscar salir, digamos, del foco de la investigación e incluso tratar de traspasar, como lo hemos sabido con éxito de investigación de la Policía de Investigaciones, que traspasan las barreras incluso de nuestro propio país. Y es necesario poner en alerta a todos los controles que existan desde el punto de vista del control migratorio, control aduanero, y todos los que puedan existir en algún momento, y donde exista registro de una persona que esté prófuga de la ley. Eso, para complementar. Muchas gracias. Estaba viendo, después vamos a hacer unas preguntas al Ejecutivo Tomás, porque en el fondo no estaba viendo acá, hay que ver qué rol tiene la DGAC. La Policía Marítima, si vamos a hacer los teores hay que hacer un tema completo. Y también habla de la información del Departamento de Tránsito y no está en los municipios. Entonces también hay que ver esa coordinación que a lo mejor no está en el mismo registro, pero tiene que haber una interconexión bien estipulada para el tema de la información de los municipios. Le ofrezco la palabra a don Arturo Pacheco, el prefecto. Usted tiene la palabra, don Arturo. Muy buenos días, señor presidente, por su intermedio, saludo a los demás senadores y a los demás colegas que nos acompañan en representación de la Policía de Investigaciones, de nuestro director general, que también traigo la excusa por tope de agenda. Me acompaña el profesional Omar Castro, de la Jefatura Jurídica. Bien, a lo concreto, la opinión policial, senador, respecto al registro nacional de prófugo de la justicia y los datos que se contendrán, tenemos un alcance, un aporte respecto a la fotografía que se va a utilizar, que si es cierto, el proyecto alude que es la de la cédula de identidad. Nosotros estimamos, en nuestra opinión policial, que contar con otras fuentes de información que puedan surtir este registro, a saber, por ejemplo, la fotografía que se toman a los reos en la cárcel al momento de su ingreso, la de los departamentos de tránsito de la municipalidad en el momento de renovar la licencia, en general y la de los registros policiales, tanto de carabineros como de PDI, que también en los procesos de detención también se toman fotografías al momento del registro de filiación. Toda vez que las personas en el transcurso de nuestros años mutamos, podemos caracterizarnos físico-morfológicamente hablando, hay rasgos de calvicie, de tatuajes que aparecen. Hay gente que empieza a usar anteojos, como de ejemplo. Por lo tanto, esta fuente generadora de fotografía mantendría actualizado el registro. Un segundo alcance y aporte en torno al carácter público del registro respecto al artículo 7, nosotros estimamos que en este caso solo deben incorporarse las personas condenadas, sino así las personas imputadas. Ello con el fin, por supuesto, de respetarle la presunción de inocencia, que es sagrada en nuestra ley procesal penal, también en los tratados internacionales que están firmados y ratificados por Chile, toda vez que una persona que inicia un procedimiento penal puede eventualmente ser absuelta al término del proceso, o la fiscalía puede tomar una decisión distinta. Respecto, senador, al artículo séptimo de la ley veinte quinientos noventa y tres que crea el registro nacional de prófugo de la justicia y que guarda relación con la identificación de casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en un registro nacional de prófugo de la justicia, nosotros estimamos que se debe usar un criterio de valoración objetivo respecto a qué vamos a tener por casos prioritarios, es decir, ser un criterio de valoración. Creemos, por otro lado, que también es el Ministerio Público quien debe establecer este criterio basado en una sugerencia, en lo que se ha denominado por el Supremo Gobierno como los delitos de mayor connotación social. Entendemos que hay un criterio objetivo para decir qué casos vamos a considerar prioritarios. Y respecto a la publicación en los medios de comunicación social u otros lugares por decisión de las policías, nosotros en este sentido como policía estimamos que también se vulnera la base del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio por la presunción de inocencia también del artículo noventa y dos del código procesal penal. Eso a grandes rasgos es lo que del análisis del proyecto hemos estimado como institución traerá a vuestra repartición. No hace llegar la minuta, si puede, por favor, a la secretaría. Gracias. Entonces, de la Fiscalía Nacional, el señor Rodrigo Honores. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludarlo a usted y a los demás senadores y colegas por su intermedio. Y además de presentar la excusa del señor fiscal nacional que no puede asistir por problemas de agenda. Lo primero en señalar es que nosotros como Ministerio Público, y tal como lo hicimos presente en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, estamos muy de acuerdo con este proyecto, en particular y también en general con el registro de prófugos. Nosotros entendemos, y así se ha dado en la práctica, que el registro de prófugos es una muy excelente herramienta que puede facilitar la búsqueda y la captura de aquellos imputados, tanto que en calidad de imputados se han sustraído de la persecución penal, como de aquellos condenados que no han podido ser habidos para poder ejecutar la pena. Y tanto es así que la utilidad del registro de prófugos, que nosotros hemos incentivado su uso, por ejemplo, a través de la incorporación de este registro en el Banco Unificado de Datos, el BUD. Y eso, y en el BUD, como participan otras instituciones, entre ellas Carabinero y PDI, se ha relevado como una buena práctica y una buena iniciativa. En este sentido, nosotros creemos que este proyecto de ley no hace sino que dotar de publicidad ya al registro de prófugos. Yo sé que hay opinión en contrario, pero nosotros incluso estábamos de acuerdo en los términos originales en los que se encontraba el proyecto, que era un poco más amplio. Ahora se restringe, pero aún así nosotros mantenemos nuestra posición porque entendemos que esta publicidad del registro de prófugos aumenta el costo de comisión de un delito precisamente porque estas personas, al ser públicas y ser de conocimiento de la sociedad en general, tienen mayor posibilidad y riesgo de ser avidas. En ese sentido, nosotros por eso valoramos este proyecto y el registro en general. Y además, nosotros partimos de la base que, salvo excepciones, las audiencias son públicas, las resoluciones que dicta el Poder Judicial son públicas, por lo tanto, las resoluciones en las cuales se funda la inclusión de una persona en el registro de prófugo son públicas y por eso nosotros no le vemos problema a este proyecto, sino todo lo contrario. Ahora bien, tal como señaló aquí el funcionario de Carabineros por su intermedio, este proyecto o los términos en los que se encuentra es bastante distinto a lo que originalmente se ingresó al Congreso y es distinto principalmente porque aquí ya no estamos hablando solo de publicidad. Ya nosotros aquí estamos hablando, y bien lo dice la ley, el proyecto de ley, perdón, estamos hablando de priorización en la búsqueda de prófugos, ya que allí nosotros queremos ser el primer punto y hay que separar aguas, porque una cosa es la publicidad y otra cosa es enfocar los recursos para buscar a ciertas personas. [append chunk id: 13461]