del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, INPE. Suspende brevemente la sesión para que puedan ingresar nuestros invitados. ¡Gracias! La presidencia, en nombre de la comisión, les da la más cordial bienvenida al señor Jesús Adalberto Maldión Vázquez, viceministro de Justicia, a la señora María Aurora Caruajulca Quispe, procuradora general del Estado, al señor Walter Eleodoro Martínez Laura, director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al señor Emilio Iván Paredes Yataco, presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. Asimismo, a los funcionarios que los acompañan.
En primer lugar, se invita al señor viceministro de Justicia que realice su exposición. Tiene la palabra el doctor Maldión Vázquez.
Muy buenos días, señora María Carmen Alba Prieto, Presidenta de la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, así como a cada uno de los miembros que forman parte de esta comisión especial, a quienes les extiendo las dispensas del señor ministro, Juan Enrique Alcántara Medrano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y un fraternal saludo de parte de él.
La presentación, señora Presidenta, está dividida en cuatro partes. Adelante, por favor. Nada más. Ahí está.
La presentación está dividida en cuatro partes, conforme se ha solicitado: una sobre el panorama general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la segunda sobre la Procuraduría General del Estado, la tercera sobre la Defensa Pública y la cuarta sobre el Instituto Nacional Penitenciario. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Entonces, para poner un poco en contexto…
La importancia de lo que vamos a presentar el día de hoy es fundamental principalmente comprender un poco la problemática que nosotros identificamos en lo que viene a ser el acceso a la justicia en nuestro país. Siguiente. Y en primer lugar, perdón, una más atrás. En primer lugar, nos enfrentamos a una realidad palpable en nuestro país. Una limitación es el limitado acceso a la justicia en nuestro país. Para una gran parte de la población esto es significativo y esto no es solamente una frase, sino que tiene que ver con una serie de obstáculos concretos que pasan. Barreras como son las barreras económicas, geográficas, sociales, culturales, lingüísticas, entre otros. Y cuando decimos las barreras económicas nos referimos a los costos asociados a los procesos legales que impiden a muchas personas que busquen o continúen un proceso justo. Y nos referimos, por ejemplo, a la cantidad de personas que están en la condición de pobreza, pobreza extrema en nuestro país. Otra barrera es la geográfica, especialmente para aquellos que viven en zonas rurales o alejadas en nuestro país, donde el desplazamiento a las sedes judiciales es complicado y a veces hasta inexistente. Otra barrera es la relacionada a las barreras sociales y culturales, relacionadas al desconocimiento de las personas de los derechos constitucionales, legales, que a ellos les asiste, la desconfianza en el sistema de justicia, la influencia de usos y costumbres que no siempre se alinean a la justicia formal en nuestro país. Y por supuesto, las barreras lingüísticas para nuestras comunidades originarias que no tienen acceso a servicios judiciales en su lengua materna, el que he hecho a laymara, el aguacum, entre otros, lo cual genera una brecha insuperable para la comprensión y la defensa de sus derechos.
En resumen, este primer punto nos muestra que la justicia tiene que llegar a todas las personas en nuestro país.
Una segunda limitante es la insuficiente aplicación y uso de las herramientas digitales por las personas que necesitan el acceso a la justicia. A pesar de que vivimos en una era digital en nuestro país donde el uso de las redes sociales, la tecnología, el Internet ha avanzado muchísimo, hemos identificado que aún existe esta brecha digital de manera significativa en el acceso a la justicia. Esto significa que muchos ciudadanos aún desconocen cuáles son estas herramientas digitales que les pueden ayudar a acceder a las consultas legales, al acceso a un expediente digital y que es una limitante. Esto implica que no conocer las herramientas digitales le puede ayudar mucho a una persona a simplificar y agilizar enormemente estos trámites, consultas, seguimiento de casos. Por ejemplo, desde no poder hacer una consulta, el estado del expediente en línea que se encuentra en las páginas web del Poder Judicial, o hasta no tener acceso a información legal básica o servicios de orientación virtual que facilitarían mucho la interacción con el sistema de justicia. Según la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística en el Perú en el año 2024, solo el 58.4% de los hogares del país disponen del servicio de Internet. Entonces eso nos da una cifra bastante marcada de la brecha que aún nos falta por avanzar en esta gran herramienta. Si bien es cierto, a comparación del año 2023, este 58.4 crece en 2.4%, pero aún la brecha todavía sigue siendo un desafío.
En ese contexto, yo les presento aquí la política nacional penitenciaria, que tiene objetivos prioritarios dentro de este marco de esta gran política nacional que alinea los esfuerzos no solamente de los servicios que tiene el Ministerio de Justicia, sino de otros servicios, y que contribuyen a resolver la problemática que se ha presentado.
Estos son los siguientes. Tiene seis objetivos prioritarios, que son los que tenemos a la vista, pero yo quiero enfatizar tres de ellos, que me parecen más resaltantes. No es que no sean importantes todos, todos son importantes, pero quiero resaltar tres.
El primero tiene que ver con la importancia de la vida.
La planificación desde los establecimientos y estando brindando mayor seguridad a los ciudadanos. Es decir, lo que estamos buscando es combatir esas llamadas que salen de los establecimientos penitenciarios, de los centros juveniles, justamente para generar actos delictivos a la población que se encuentra afuera extramuros. Y en síntesis, esta lámina solo demuestra que seguimos avanzando justamente en ese proceso de reforma, pero aún nos queda todavía mucho camino más por andar y en eso estamos enrumbados en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Siguiente diapositiva.
Aquí podemos apreciar una serie de medidas legislativas que aún se requieren y que actualmente se están en un proceso de evaluación en el Congreso y que buscamos este trabajo conjunto.
Una de ellas es el proyecto de ley 10.319. Este busca endurecer las penas de los delitos de tráfico de migrantes y el reingreso ilegal al país, a nuestro país. Es fundamental para combatir la trata de personas y mantener el control migratorio.
Luego tenemos el proyecto de ley 11.022, que tiene como objetivo fortalecer la investigación del delito dentro del ámbito penitenciario. Este permitirá que la Policía Nacional, bajo autorización del fiscal, pueda acceder a la información de los teléfonos incautados en los penales, a lo que es clave para desarticular las redes criminales que operan desde la prisión. Esta propuesta normativa concatenada con la norma anterior que he citado justamente busca que cuando se hagan las requisas, las incautaciones dentro de los establecimientos penitenciarios, no solamente tengamos los teléfonos, sino que podamos acceder con autorización del fiscal a qué información está dentro del teléfono, porque seguramente se han cometido actos delictivos y este medio electrónico es una prueba justamente para poder llegar a la sanción de las personas que estén detrás de un acto de extorsión, por ejemplo. Es una propuesta normativa bastante importante para poder seguir avanzando contra la lucha contra la criminalidad en nuestro país.
El otro proyecto de ley es el 11.090, que es una herramienta potente contra la corrupción y propone la inhabilitación definitiva a participar en licitaciones públicas de empresas nacionales o extranjeras que sean declaradas responsables de actos de corrupción como es el cohecho activo y delitos contra el orden económico. Estos tres proyectos normativos son vitales para poder nosotros fortalecer el marco jurídico que busca mayor seguridad, mayor justicia y en este caso que nuestro país siga avanzando, considerándose relevante que esto se pueda analizar, se pueda aprobar en su momento.
Señora Presidenta, esa es toda mi presentación inicial. Continuará la presentación justamente de los funcionarios que hoy día me están acompañando con su autorización, con su venia, la Procuradora General del Estado, el Director General de Defensa Pública y el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario.
Muchas gracias. Muchas gracias, Viceministro. Y se invita a la señora Procuradora General del Estado a que realice su exposición, por favor.
Muy buenos días. Señora Presidenta de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, Doctora María del Carmen Alba Prieto. Señor Viceministro de Justicia, Doctor Jesús Valdeón Vázquez. Señor Director General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Señor Walter Martínez Laura. Señor Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, Señor Emilio Iván Paredes Yataco. Señores Congresistas, funcionarios y servidores públicos. Agradezco la invitación que nos convoca hoy y saludamos que el Pleno del Congreso haya creado esta Comisión de Alto Nivel, integrada por los congresistas, y estoy seguro que nos va a permitir mejorar el sistema de administración de justicia en el Perú, que tanto lo necesita. Permítanme hacer mi exposición. Por favor, las diapositivas que hemos podido traer, si las compartimos.
Así también, de esta forma evitamos que el tesoro público se vea forzado a pagar montos dinerarios exuberantes. Por eso la importancia de la labor de los procuradores públicos y de que obtengan una capacitación especializada cada vez más continua, para que puedan rendir la defensa jurídica del Estado con mucha holgura, eficiencia y eficacia.
Hemos traído los problemas que motivan la participación del Congreso, del Poder Ejecutivo y de todos los sectores. El tema de la recuperación extrajudicial de predios de propiedad del Estado, o que tengan bajo su competencia o administración.
En el marco de la Ley Nº 30230, que otorga facultades para que los procuradores públicos ejecuten recuperación extrajudicial de predios, tenemos el agrado de informar que, a través de la Procuraduría Pública de la Superintendencia de Bienes Nacionales, liderada por el doctor Carlos Rodríguez; el Ministerio de Cultura, por el doctor Alba; y el DECOFOPI, liderada por la doctora Mercedes Rodríguez, a la fecha han recuperado 849 predios a nivel nacional. Quisiera que ustedes consideren que solamente esto es respecto a la labor fructífera que han conseguido estas tres procuradurías. Nos falta sumar acá todos los bienes recuperados a nivel local, provincial, distrital, regional y por organismos sectoriales.
En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo la Procuraduría de la SBN ha recuperado a nivel nacional 32 168 000 metros cuadrados en promedio. Me informan que eso equivale a toda la jurisdicción del distrito de Chorrillos, para que podamos tener una idea aproximada de lo que la Procuraduría de la SBN como ente rector ha podido recuperar mediante este mecanismo legal.
Este mecanismo legal es una recuperación, como bien su nombre lo dice, extrajudicial, es decir que el procurador, una vez que toma conocimiento de un predio del Estado que está siendo ocupado ilícitamente, solicita apoyo policial y en un plazo de cinco días, luego de reunir los documentos correspondientes y de contar con la apreciación de asesoría jurídica de la Policía Nacional del Perú, procede a recuperar estos espacios.
Saludamos esta labor y vamos a pedir en su momento el aporte del Congreso.
Un problema muy importante que también convoca a los integrantes de esta reunión es la brecha de procuradores públicos. Les explico: nosotros tenemos 2 019 entidades públicas, es decir que tienen pliegos presupuestarios y personería jurídica. Pero observen que, de estas 2 019 entidades, solo 378 cuentan con procurador público designado.
Ante esta situación, en la Procuraduría General del Estado se ha implementado una directiva que establece las denominadas encargaturas. ¿Qué significa esto? Que, ante la ausencia de un procurador, se ubica a otro procurador público en actividad más cercano a la jurisdicción para que asuma la responsabilidad de la defensa jurídica del Estado de esa entidad. Y hay que tener en cuenta que los procuradores asumen esta gran responsabilidad sin ninguna remuneración adicional, sino por la vocación de servicio y el compromiso con el sistema de defensa jurídica del Estado.
Bajo este mecanismo, 676 entidades públicas cuentan con procuradores públicos encargados, quedando un saldo negativo de 965 entidades sin procurador público, ni designado ni encargado. Debo recalcar que, de estos 965, entre 700 y 650 entidades no cuentan con procurador porque simplemente no lo consideran dentro de su estructura orgánica y, por lo tanto, no tienen plaza habilitada.
tiene remuneración habilitada y no permite que la Procuraduría General del Estado pueda someterla a concurso público para ocupar esa plaza vacía. Otro porcentaje está reflejado porque muchos titulares, entiendo yo que mal orientados, observamos resistencia a reportar que ya cuentan con la plaza y con la remuneración. Por escrito nos informan ello. De tal manera que nos vemos imposibilitados a someter a concurso público esa placa.
Por eso invoco el apoyo del Congreso, del Ejecutivo y de manera especial, como ya lo venimos trabajando con la PCM y con el Ministerio de Justicia, estamos haciendo meses de trabajo y estamos estructurando visitas a nivel nacional para poder explicar esta problemática a todos los titulares de gores y de gobiernos locales, provinciales y distritales, para hacer sensibilizar y motivar a que todos nos preocupemos e implementar un procurador público en todas las entidades públicas.
Esa es nuestra obligación como ente rector y la obligación de todo el Estado, garantizar la debida defensa jurídica del Estado. ¿Y cómo lo vamos a garantizar si no tenemos procuradores ahí?
Tomen en cuenta, 965 entidades públicas sin contar con procurador público. Entonces, si descontamos los encargados, tenemos una brecha de 1.641 procuradores públicos pendientes de designar.
La brecha más alta y más impactante está en los gobiernos locales. Nos falta ocupar las plazas de 1.583 gobiernos locales entre provinciales y distritales. Por ello, con mayor respeto a todos los integrantes de la Comisión de Alto Nivel, solicito por favor nos presten apoyo a la Procuraduría para superar esto y prontamente tener la tarea cumplida.
A través del mecanismo de la encargatura de procuradores públicos, ustedes podrían observar cuál es la responsabilidad que tienen los procuradores. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, empezamos, tenemos 60 procuradores encargados con una procuraduría adicional a la suya, es decir, están a cargo de la defensa jurídica de dos municipalidades, porque este cuadro solamente está enfocado a municipalidades.
Y así tenemos un procurador que tiene 10 encargaturas en la región de Puno, más su responsabilidad como titular de la Procuraduría de Puno, tiene a su cargo 11 municipalidades. Humanamente, ¿cómo le podemos exigir que un procurador cobertura con eficiencia, con integridad, con exclusividad, con todos los principios que rige la defensa jurídica del Estado? Por eso necesitamos apoyo.
En resumen, le podemos decir que contamos con un procurador con 10 encargaturas, 6 procuradores públicos con 9 encargaturas, un procurador público con 8 encargaturas y 60 procuradores que cuentan con una encargatura.
Invocamos también que los titulares que cuentan con el apoyo de estos procuradores públicos vía encargatura, puestan apoyo a los procuradores mínimamente con solventar los viáticos que significa desde la sede hasta el Ministerio Público, Poder Judicial o la sede donde corresponda hasta la defensa jurídica, que es lo mínimo que se le puede vender a los procuradores porque, insisto, no reciben ninguna remuneración adicional.
Todo el Estado, de alguna u otra manera, está condicionado al presupuesto. En este cuadro podemos reflejar cómo se nos ha ido asignando el presupuesto institucional a la PG de superación y de manera precisa a partir del año 2021. Voy a enfocarme en el año 2025 y 2026.
Nosotros actualmente estamos cumpliendo un proceso de implementación de la Procuraduría General del Estado. ¿Cómo? Estamos transfiriendo todas las procuradurías de manera progresiva, de acuerdo a un cronograma, de tal forma que todas las procuradurías públicas actualmente dependen funcionalmente de la Procuraduría General del Estado, pero con esa transferencia, una figura similar a la que hizo la Contraloría General de la República, que es la de absorberlas, ¿para qué? Para que la Procuraduría tenga dependencia funcional y administrativa de la Procuraduría General del Estado.
del Estado. De esta manera garantizo la autonomía, la unificación y la modernización del sistema de defensa jurídica del Estado. Entonces, dentro de este contexto de plan de implementación de la Procuraduría General del Estado, ya hemos absorbido 13 procuradurías especializadas hasta el año pasado y este año estamos absorbiendo 40 procuradurías sectoriales. Entonces, debemos considerar que nuestra necesidad de contar con un presupuesto mayor es evidente. Por eso tenemos una necesidad de contar con 325.6 millones en el presupuesto para poder operar, para poder dar sostenimiento a la Procuraduría Pública General como interrector y a todas las procuradurías que vamos absorbiendo.
De acuerdo a este cronograma de implementación, corresponde absorber 25 procuradurías regionales el año que viene, durante el año 2026. Y para el año 2027 nos corresponde absorber a las 1.891 procuradurías municipales. Entonces, es notorio que necesitamos, por favor, con el apoyo del Congreso, del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, y desde ya agradecemos mucho. Debo reconocer y públicamente agradecer al señor ministro Enrique Alcántara Medrano, porque con el apoyo de él hemos podido hacer trabajos, invertir en el trabajo que nos ha permitido traer el problema a un crédito suplementario, que ha sido aprobado en comisión y que prontamente ustedes van a poder deliberar. Debo agradecer al señor ministro y a todo el equipo, liderado también por el señor viceministro, y seguir trabajando en equipo. Muchas gracias.
Ahora, otro problema importante es el alto déficit de la infraestructura inmobiliaria. Sucede que la Procuraduría General del Estado viene arrendando un inmueble, compartiendo el inmueble con el sector privado, y que el contrato vence el 5 de enero del año 2026. Ante acciones de control de la Contraloría General de la República, se ha podido detectar acciones y hechos que han sido motivo de una denuncia penal en la Procuraduría Pública de Delitos Especializados en Corrupción de Funcionarios por hechos nuevos.
De esta forma, nosotros estamos impedidos de generar adendas. Definitivamente tenemos que retirarnos; no hay posibilidad alguna de quedarnos en ese edificio. Por ello tenemos que buscar un espacio para cobijar un promedio de 333 personas que trabajamos allí como PG, Sistema Administrativo, interrector y también la Procuraduría de Extinción del Dominio. Así también debemos priorizar a las procuradurías públicas especializadas que deben necesariamente ser trasladadas a nuevas sedes. ¿Y por qué? Porque se encuentran en condición de precarios, porque el arrendamiento está por vencerse. De manera especial, el 24 de julio —a días ya está por vencerse— el arrendamiento del inmueble destinado a la Procuraduría Especializada en Corrupción de Funcionarios. Y también debido a los altos costos de arrendamiento.
Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Justicia a través de PRONAVI, con la Dirección de Bienes Inmuebles del MEP, para buscar predios y podernos mudar. Pretendemos, como gestión, mudarnos a áreas asignadas por el Estado para ahorrar al Estado los arrendamientos elevados, para poder invertir y poder hacer habilitaciones a fin de que los procuradores puedan trabajar en espacios adecuados, hecho que también agradecemos mucho al Ministerio de Justicia.
Además, es importante habilitar 25 sedes regionales para las procuradurías regionales que el próximo año van a ser absorbidas por la Procuraduría General del Estado y, adicionalmente, para las 36 sedes de las procuradurías anticorrupción descentralizadas a nivel nacional.
Además, como ustedes deben observar, nosotros manejamos una carga litigiosa que conlleva falsos expedientes judiciales y faltas carpetas fiscales que nos obligan, por mandato legal, a custodiar estos expedientes. No tenemos un archivo central para poderlos custodiar. Actualmente estamos haciendo convenios con las entidades que nos están prescindiendo las peculiaridades para que todavía cobijen los archivos a fin de poder tener un espacio y poderlos traer, pero por ahora no tenemos capacidad ni espacio para nosotros como personas y menos tenemos espacio para los documentos.
Medidas correctivas. Con mucho agrado, con el esfuerzo de todo el equipo de la PG y con lo que se ha avanzado desde el año 2019, se ha implementado una directiva que establece los procedimientos para las encargaturas de los procuradores públicos que nos ha permitido lograr atender la defensa jurídica de diversas entidades, como ya les he explicado anteriormente. Así también debo saludar a nuestro Consejo Directivo, integrado por un representante de la Contraloría General de la República y un representante del Ministerio de Justicia, con los cuales hemos evaluado la directiva que desarrollaba el proceso de concurso público para acceder a las clases de procuradores públicos que llevaba un proceso entre impugnaciones de un año; lo hemos reducido a tres meses, considerando los plazos necesarios para impugnaciones.
Así también, con mucha alegría, hemos podido hacer efectiva ya la primera convocatoria de procuradores públicos 2025, donde con muchas dificultades hemos podido cubrir 11 plazas nuevas de procuradores públicos. Y el día de ayer, 21 de julio, ya se ha dado inicio a la convocatoria pública para cubrir 133 plazas de procuradores públicos a nivel nacional, entre procuradurías especializadas, regionales y locales.
Respecto al déficit presupuestario, debo volver a mencionar que, siendo austeros para poder seguir operando, necesitamos contar con un presupuesto de 325.6 millones de soles para poder seguir operando. Como les recalco, debo agradecer por el apoyo recibido por el Ministerio de Justicia, porque se ha podido avanzar con el proyecto de ley número 11.923, diagonal 2024-PE, que aprueba el proyecto suplementario para el financiamiento de mayores gastos asociados, en nuestro caso a seguridad ciudadana y a desarrollo social, y saludo que ya actualmente contemos con un dictamen aprobado en mayoría de la Comisión de Presupuestos y Cuentas Generales de la República. Y espero sinceramente que el Congreso nos apoye con este crédito suplementario para poder operar, porque les digo, a fin de mes tenemos que reducir al 100% de todos los abogados. Ya tengo una procuraduría que ha reducido 60 abogados. Imagínense, son 60 abogados que asisten a diligencias judiciales, fiscales, que contestan demandas con plazos perentorios. Ya estamos siendo afectados. Necesitamos con mucha urgencia ese crédito suplementario. Y todo lo que digo está respaldado con documentos.
Como medidas correctivas, es una dedicación muy especial de la Procuraduría General del Estado cómo recaudamos más para el Estado a través de reparaciones civiles, y estamos articulando con el Banco de la Nación; hemos pedido información sobre todos los certificados de depósitos que están a cargo de las entidades públicas para buscar un mecanismo de interoperatividad que nos permita recuperar ese dinero de manera inmediata y pasarlo al Tesoro Público.
Así también, a través de la Dirección de Valorizaciones y Precias se ha podido emitir 339 informes de valorización que nos permiten buscar una reparación civil por 125 millones de soles a favor del Estado.
También estamos haciendo estudios para atraer la tecnología a la Procuraduría General del Estado y a inteligencia artificial que nos permita afrontar la carga procesal, que así como en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, la Procuraduría también tiene carga procesal elevadísima. Normalmente un abogado debería tener como tope 150 casos por persona, pero superan de una manera impresionante.
Y como les decía, nosotros con el apoyo del Ministerio de Justicia estamos buscando sedes donde podernos mudar. No importa irnos a espacios pequeños, lo importante es tener a dónde poder mudarnos, porque no vamos a tener espacio a partir del 5 o 4 de enero.
También quería hacer la mención de que gracias a nuestro Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General del Estado, que está enfocado solamente para procuradores públicos y para los abogados que forman parte de la defensa jurídica del Estado, se viene capacitando a 2.900.
un operador del sistema de defensa jurídica del Estado en temas jurídicos, en temas de ética, en temas de integridad, en temas de transparencia. Cosa que también debo resaltar en este momento y agradecer al equipo de la CFC de la PG. Como medidas necesarias donde los invoco a todos ustedes, señores congresistas, señor ministro, señor viceministro, que nos sigan apoyando. Respecto a la escala remunerativa.
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una carrera especial, la Procuraduría Pública no. Por eso es importante establecer una carrera especial de procuradores públicos y operadores jurídicos, que nos permite establecer una escalera remunerativa. Para que tengan un ejemplo, la PG tiene procuradores que ganan desde 1.600 soles, 2.600 soles, 3.000, 4.000, 5.000, 14.000, 18.000, hasta 22.000 soles. Hay mucho desorden en los niveles remunerativos. Es importante establecer una escala remunerativa.
Es importante establecer también un régimen laboral para los procuradores públicos y los operadores jurídicos, porque actualmente cada procurador público se acoge al régimen laboral para la entidad para la cual está escrita. Por eso tenemos procuradores públicos que son régimen público, régimen privado, ley servir, CAS, hasta locadores tengo. Entonces por eso urge implementar una carrera especializada para procuradores públicos y operadores jurídicos, que nos permita valorar los ingresos, la evaluación permanente, la meritocracia, la integridad de manera periódica.
También, ante la brecha que tenemos que superar prontamente por la ausencia de procuradores públicos, pedimos, señora congresista, presidenta de este comité de alto nivel, que nos permita y nos apoye con la implementación de procuradores públicos provisionales, una figura similar a la que tienen el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero nosotros no queremos que nos den la capacidad de asignar procuradores públicos provisionales de manera permanente, sino por un plazo de un año, que nos permita cobertura en ese año, concursar todas las plazas, exagerando si tenemos mayores dificultades dos años, que ya debemos haber superado y recuperado al 100% las plazas de todas las procuradurías. Pueden haber muchos mecanismos, pueden ser elegidos por el Consejo Erectivo, pueden ser elegidos por la Procuraduría General del Estado, establecerse diferentes mecanismos, pero en esencia que se nos permita designar procuradores públicos provisionales para suplir esta deficiencia que tenemos mientras quedamos convocando a concursos públicos y vamos motivando a más titulares para que implementen sus plazas.
Ya por el déficit presupuestario ya le hemos invocado su apoyo. Por el tema de la reparación civil, sí me gustaría que hablemos de una mesa de trabajo multisectorial para ver cómo podemos apoyar más en efectivizar el poder de reparación civil y recuperar activos en el extranjero que sean origen de actos ilícitos. Estoy considerando que si trabajamos en equipo con diferentes sectores podemos recaudar más y podemos también evitar que el Estado asuma más sumas de dinero como obligación, como carga para el tesoro público.
Articulando esfuerzos, viendo cómo nace el problema y cómo desde la óptica y la experiencia como peor poder, podemos decir alertar al Ejecutivo, al legislativo, mira, eso está pasando en el Poder Judicial, no es conveniente, recomendamos que no, y poder trabajar en equipo, y le aseguro que en equipo siempre se avanza mejor y más rápido, y con mejores resultados, y con la satisfacción de la tarea cumplida.
Y como ya he reiterado, ojalá nos puedan apoyar con las problemáticas que tenemos de las sedes, y nosotros tenemos la idea de que así como se le ha permitido al Poder Judicial, cosas que saludamos, que ha permitido que implementen unidades de fregancia, también que eso nos pueda permitir que los titulares de gobiernos locales, regionales, sectoriales, puedan cedernos en afectación en uso temporal o indeterminado inmuebles para poder nosotros cobijarnos, o poder prestar servicio de defensa jurídica al Estado, y que también puedan hacer obras de inversión.
Porque miren, un alcalde, un gobernador, al traer una Procuraduría a su jurisdicción va a poder contribuir con su población para acercarle a ellos un servicio de justicia.
Entonces, en el Estado todos debemos de hacer un puño común por sacar adelante al país. Porque todos cumplen nuestro propio rol, vamos a...
Eso es todo, muchas gracias por su atención. Se deja constancia de la asistencia del congresista Revilla. Muchas gracias, doctora Carhuaculca Quispe, por su exposición.
Y ahora le damos la palabra al director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjus, para que por favor realice su exposición. El doctor Martínez Laura. Muchas gracias, señora Presidenta, María Carmen Alba Prieto, presidenta de la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidario, cargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma del Sistema de Administración de Justicia en Perú. Doctor Jesús Alberto Valdeón Vázquez, viceministro de Justicia. Señora María Aurora Carhuaculca Quispe, procuradora general de Estado. Señor Emilio Iván Paredes y Ataco, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, a los miembros de la comisión que se encuentran presentes de manera virtual, a los asistentes a esta sala, tengan todos ustedes muy buenos días.
La presente exposición va a versar sobre la defensa pública, el servicio de defensa pública, la problemática y las medidas implementadas a fin de darle solución.
Quiero comenzar explicando qué consiste el servicio de defensa pública. El servicio de defensa pública consiste en la asistencia técnico-legal y el patrocinio gratuitos a las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para contratar un abogado privado y también a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Cabe señalar que la defensa pública garantiza dos derechos fundamentales. El primero es el derecho a la defensa y el segundo, y más importante, es el de acceso gratuito a la justicia. Este servicio se presta a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, que es un ente que depende del Viceministerio de Derechos Humanos. Nosotros nos organizamos en cuatro direcciones de línea: la Dirección de Defensa Penal, la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, la Dirección de Servicios Multidisciplinarios y la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Asimismo, estamos organizados también en 34 órganos desconcentrados, que son las direcciones distritales, tantas como distritos judiciales y fiscales que existen, a excepción de la Sala Penal Nacional. Para ello también contamos con 402 sedes a nivel nacional y con 2.216 defensores públicos repartidos a nivel nacional, además de los conciliadores y los servidores administrativos, que hacen un total de cerca de 3.000 trabajadores de la defensa pública.
Con este número de servidores de la defensa pública, hemos logrado desde el 2023 hasta el primer semestre de 2024 más de 3 millones de atenciones, que se traducen en patrocinios y consultas que absolvemos a nuestros usuarios. En el año 2023 hicimos más de 1 100 000, en el año 2024 más de 1 300 000 y, en lo que va del año 2025, en este primer semestre, ya hemos sobrepasado las 881 000 atenciones, con lo cual esperamos, a fin de año, superar lo logrado en años anteriores.
Estas atenciones reportan también beneficios para la población. ¿Por qué? Porque nuestra atención es efectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Que con la actuación de nuestros defensores públicos, de los servidores de la defensa pública, hemos logrado, por ejemplo, más de 150 millones de soles obtenidos a favor de nuestros usuarios en dos principales rubros: en pensiones de alimentos, a través de la presentación de demandas de alimentos, y también en reparaciones civiles a las víctimas de las comisiones de delito.
Y además, y es algo también muy importante, hemos generado un ahorro para nuestros usuarios de más de 158 millones en lo que va del 2025 en este primer semestre. Es decir, que si las personas no tuvieran acceso a los servicios de la defensa pública, hubieran gastado en servicios legales más de 158 millones de soles.
Asimismo, estamos reforzando también la actuación de la defensa pública en lo que es el servicio intercultural. El servicio con enfoque intercultural es una propuesta y se ha ejecutado por esta gestión el fortalecimiento de la atención intercultural de la defensa pública a través de la creación de nuestros Alegras y Megalegras, que son...
Centro de Asistencia Legal Gratuitas enfocado básicamente en atención a víctimas con un enfoque intercultural. El primero lo inauguramos en el año 2, en octubre de 2023 en Ucayali, en Pucallpa. Fue el primer centro megalera con enfoque intercultural en donde se brinda atención en idioma chipibo con ibo. Pero debemos recordar además que el enfoque intercultural, la atención intercultural, no solo se limita a lo que es el idioma, sino también al entendimiento de las costumbres y la cosmovisión de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Por ello, lo que hacemos es brindar una atención adecuada y de calidad a nuestras personas.
Bien, las atenciones de la defensa pública, estas más de 881 000 que hemos tenido este año, se disgregan de la siguiente manera. Primero tenemos las consultas y los patrocinios, 719 000. Atenciones a través del Fono Alegra. El Fono Alegra es una línea gratuita, una línea telefónica gratuita, el 1884, donde las personas pueden hacer sus consultas totalmente gratis. Hemos tenido en lo que va de este año más de 15 800 atenciones. También hemos reportado atenciones del servicio multidisciplinario, que es este equipo de expertos en materias no jurídicas que coadyuvan a la labor de los defensores públicos. A través de la emisión de informes, informes socioeconómicos, informes de los peritos médicos, psicólogos, hemos tenido más de, en este año, 3 781 intervenciones del equipo multidisciplinario.
Asimismo, con la conciliación extrajudicial y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, nosotros manejamos todo lo que es la conciliación extrajudicial pública y también supervisamos, acreditamos, fiscalizamos los centros de conciliación privados y hemos tenido también más de 8 900 atenciones de nuestro centro de conciliación y también de nuestro centro de arbitraje popular, Arbitra Perú.
Asimismo, la defensa pública no sólo atiende en sus sedes, en las sedes, en las 400 sedes, sino que también, y esta es una disposición de la alta dirección del Ministerio de Justicia, nuestro ministro Juan Enrique Alcántara Medrano, de acercar los servicios de la defensa pública a la población. Quiere decir salir de las oficinas, ir a las plazas, a los mercados, a los lugares más alejados del país y llevar esta atención de la defensa pública a través de estas campañas y mediacampañas y las caravanas de la justicia, con lo cual hemos logrado más de 134 000 atenciones.
Cabe señalar también que la defensa pública participa en las PIAs, que son estas plataformas que pertenecen al programa país, que son barcos que recorren los ríos de la Amazonía llevando los servicios del Estado a las ciudades o a las comunidades más alejadas. Siguiente, por favor.
Como ya habíamos señalado, los logros que hemos tenido con estas atenciones de la defensa pública, en consultas, patrocinios, atenciones del Fono Alegra, a los servicios multidisciplinarios y la conciliación extrajudicial, hemos obtenido este monto que les comentaba, que se disgrega de la siguiente manera. 5 millones en lo que es pensiones de alimentos a favor de nuestras usuarias madres que reclaman esta atención para sus hijos. 9.2 millones en reparaciones civiles a favor de las víctimas de las comisiones de delitos, lo cual es un total de 14.2 millones en lo que va del presente año. Y, como les comentaba también, este ahorro importante que generamos para la población de más de 158 millones en lo que va del presente año y con un acumulado de más de 600 millones desde el 2023 a la fecha. Siguiente, por favor.
Bien, la actuación de la defensa pública, si bien es cierto, es brindar el patrocinio, atención a las víctimas, a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas de escasos recursos, pero también nosotros colaboramos, de alguna manera, con lo que es la seguridad ciudadana. Y este es un tema que usted conoce muy bien, señora presidenta, el tema de las unidades de flagrancia. Desde que se han empezado a implementar las unidades de flagrancia, la defensa pública participa en todas las que se han inaugurado, las 25 que están en funcionamiento actualmente. De tal forma que hemos logrado, lo que va de este año, ya más de 10 000 patrocinios en lo que es defensa penal y lo que es también la defensa de las víctimas. Con lo cual ya estamos superando largamente lo que se realizó el año 2024, claro, con menos unidad de flagrancia, pero hemos logrado un importante también número de patrocinios de más de 11 000.