Transcripción sin título

Pública. Y participa también, como vemos, el congresista Alfredo Azurín, en esta mesa de trabajo que tiene como temática principal la seguridad ciudadana. Además, ha sido invitado a participar el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Baker Chamorro López, así como el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Marlon Wilber Florentini Castañeda, y representantes de gremios de transportes. Recordemos que la presidencia del Congreso ha venido haciendo seguimiento a esta preocupación del gremio de los transportistas. Escuchemos al titular del Parlamento Nacional, Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso; a nuestros estimados ministros de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval; a nuestro amigo, el ministro de Defensa, Walter Astudillo; y al señor viceministro de Transportes. También nos acompaña la señora Fanny Soleaki, Fiscal Superior; la representante de la presidenta del Poder Judicial, Susanita; el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Baker Chamorro López; y el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Marlon Wilber Florentini Castañeda. Damos la cordial bienvenida a nuestro colega Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia, y a los representantes de los gremios de transportes, representantes de la Cámara de Comercio, distinguidos invitados, señoras y señores. El 11 de abril estuvimos en esta misma mesa con representantes de diversos sectores, ministerios, congresistas, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, representantes de los gremios de transportistas y otros gremios sindicales, quienes compartían la preocupación por la seguridad ciudadana. Desde el Congreso de la República señalamos desde el principio que dos temas serían prioritarios en nuestra gestión: primero, la seguridad, y segundo, la reactivación económica, la cual necesitaba un marco legal nuevo, un marco distinto que generara un nivel de mayor participación y optimización de todas las instituciones que trabajan en el Sistema Nacional de Justicia, además del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Por ello, convocamos a estas dos mesas de trabajo, en las que se tuvo una alta incidencia en el tema de transportes, porque sin duda ha sido uno de los sectores más afectados por las extorsiones y la agresividad de las bandas delincuenciales, que inclusive ya han empezado a efectuar disparos a vehículos en movimiento y que ocasionaron la muerte de una persona. En ese marco se realizó este evento el día 11 de abril y, en esa oportunidad, se firmó un acta de acuerdos por la cual se establecía que el Congreso de la República, a través de su presidencia, convocaría a reuniones subsiguientes de trabajo para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en esa fecha, ver qué otros se podían plantear y hacer una evaluación rápida de cómo estaba la situación de seguridad ciudadana para tomar algunas decisiones. En nuestro caso, voy a presentar unas láminas muy rápidamente sobre el compromiso asumido por el Congreso. En esa oportunidad se planteó y se hizo saber que ya teníamos, en las comisiones del Congreso, diversos proyectos de ley que se estaban debatiendo, tanto en justicia como en defensa y en presupuesto, y que recogían en gran medida lo que habíamos señalado en esa oportunidad.

Entonces, vamos a ver en esta lámina, entre las propuestas legislativas que se discutieron aquí en la mesa y en otras previas, el tema de las unidades de flagrancia, el fortalecimiento de la capacidad operativa del Consejo de Seguridad Ciudadana, la declaratoria de emergencia de la Policía y la implementación de denuncias digitales. Esto se presentó porque se había visto que cerca del 60% de los ciudadanos no denunciaban delitos contra el patrimonio, principalmente por motivos como la burocracia, ya que se entendía que no eran atendidos, y también por la desconfianza y problemas relacionados con su seguridad. Por ello se planteó la posibilidad de desarrollar una plataforma digital. Estas son algunas fotografías con los gremios que estuvieron participando. Esta es la tercera mesa que hicimos y en ella se habló, entre otros temas, del uso del FONCOMUN, por ejemplo, y del FONCOR en seguridad ciudadana, de manera que los municipios y gobiernos regionales puedan disponer, previo acuerdo de consejo de consejeros y de regidores, sus recursos para fortalecer las labores de seguridad ciudadana, incluyendo las unidades de flagrancia, las denuncias digitales y la participación del CONACEC. También se muestran fotografías de otros gremios, de la SNI y de ADEX. En un evento internacional se trató el tema de las cárceles mediante obras por impuestos, la adquisición de fusiles con financiamiento empresarial por 300 millones, la flagrancia, las comunicaciones y la participación del sector privado, incluyendo propuestas sobre el uso de inteligencia artificial, así como el reconocimiento de que el costo del crimen, que impacta entre el 1 y el 2% del PBI nacional, afecta la economía de los peruanos. A continuación, se incluyen fotografías del evento y de la reunión con los gremios de transportes. En la sala Basadre se trabajó y esta es la última mesa, la correspondiente al 11 de abril. Bien, estas son algunas leyes e iniciativas que trabajamos con ustedes y que ya son leyes de la República. Justo hoy leía un titular en Canal N que decía que se va a empezar a comprar los francos de la Policía. Seguramente el ministro del Interior o su representante nos informará al respecto. En esta ley, publicada hace algunos días (ley 32386, que establece medidas para la lucha contra la criminalidad), se dispone, entre otras medidas, la exoneración presupuestaria para agilizar los procedimientos de compras. El artículo cuarto establece el otorgamiento de entrega económica para el personal policial, para el patrullaje a pie, el patrullaje motorizado y las operaciones de inteligencia. Tengo entendido que es en el marco de esta norma que se ha anunciado la compra de los francos de los policías, por lo que ya está surtiendo efectos positivos. Acá el viceministro nos informará en detalle. Este es el tema de la detención preliminar en casos de no flagrancia, un aspecto que fue bastante discutido en el Congreso, pero que se corrigió y ahora se ha restablecido esta posibilidad jurídica. Finalmente, este es el tema de la plataforma digital, que también ya es ley de la República, básicamente orientada a los delitos contra el patrimonio. Según tengo entendido, la Policía ya había trabajado previamente un sistema interno de denuncias digitales, basado en su capacidad operativa y sistema informático; y que, a raíz de esta norma, se le permitirá desarrollarlo, permitiendo que los ciudadanos, desde su teléfono o desde su domicilio, puedan realizar las denuncias, evitando también

El riesgo de que el delincuente pueda identificarlo. Siguiente. Este es un tema muy importante: la ley 32348, la que crea el sistema especializado en flagrancia delictiva. Este tema lo inició el Poder Judicial, y reconocemos que la Presidenta siempre estuvo tras este asunto. Se presentó el proyecto de ley en la legislatura pasada; lamentablemente, no se pudo aprobar en ese momento, y ahora recién ha alcanzado el consenso en el pleno, convirtiéndose en ley de la República. Lo que esperamos es su implementación. En un solo espacio estarán la Fiscalía, el juez, la Policía y la Defensoría Pública, de tal manera que, en un tiempo corto, se puedan procesar y sentenciar sin dilación a los sujetos que cometan estos delitos, ahorrando además costos al Estado. Siguiente. En total, se han publicado 22 leyes sobre seguridad ciudadana, producto precisamente de estos eventos y de otros en los que hemos participado. Convocados por la Cámara de Comercio de Lima, participaron MIPES, transportistas, gremios empresariales, así como la Policía, los ministerios y representantes de la sociedad civil. Asimismo, el Congreso de la República ha sido parte de este proceso, ya que he asistido personalmente a esos eventos en los que se recogieron iniciativas plasmadas en normas legales. Está la ley de las pistolas eléctricas para el serenazgo municipal, la cual ha recibido críticas, como sucede con toda norma; sin embargo, considero que no se trata de que la Policía deba enfrentarse al delincuente armado con su arma de electrochoque, sino de que se le brinde un medio para defenderse en determinadas circunstancias. Luego, está el uso de armas letales por parte de la Policía en casos de flagrancia delictiva. Por ejemplo, escuché a un asesor del Ministerio del Interior en la televisión durante el suceso de la Vía Expresa, donde se manifestó que los policías actuaron confiados, al contar con la protección de esta ley. Había policías procesados, detenidos, acusados y perseguidos por utilizar su arma en defensa de la sociedad. Esta norma establece un rango distinto y nuevo, pero positivo para la Policía. Es un tema que, por ejemplo, mi colega Alfredo Azurín siempre defendía en los debates en el pleno, y creo que fue lo correcto, ya que el Congreso lo aprobó. Asimismo, está el tema de la modificatoria de la ley de la Unidad de Inteligencia Financiera para los delitos de extorsión y la sanción a quienes captan menores para cometer delitos. Se ha implementado una modalidad en la que se capta a jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años para emplear dinamita en locales o para actuar como sicarios. De igual manera, se aprobó la ley que determina la responsabilidad penal para los menores de 18 años y mayores de 16 que cometen delitos de sicariato, extorsión, homicidio y otros delitos graves. Así, en resumen, se han establecido 22 leyes. Siguiente, creo que tenemos algo más, y este es el acta. En todo caso, lo que he querido mostrar es que, en primer lugar, las mesas y reuniones que se realizan no deben cuestionarse en cuanto a su validez. Poseo una profunda convicción democrática y participativa, y creo que al escuchar más voces, opiniones y sugerencias, entendemos de mejor manera el problema concreto. Contamos con un universo mayor de sugerencias, lo cual nos ha permitido plantear propuestas y soluciones más acertadas.

Varias de estas normas que en el Pleno no han tenido mayor debate y han tenido una aceptación mayoritaria, en algunos casos por unanimidad. Entonces, yo valoro, recojo y me permito agradecerles a todos ustedes, porque las opiniones de todos, sin duda alguna, han permitido enriquecer nuestro trabajo y poder ahora traerles, luego de dos meses, resultados concretos. Es el resultado del Congreso y el resultado, obviamente, de todos ustedes que nos han ayudado exigiendo, planteando, proponiendo y opinando aquí en esta mesa de trabajo. Les agradezco y continuaremos con la sesión para ver qué podemos hacer de aquí en adelante: qué nos ha faltado, qué está pendiente, cómo ajustamos, qué está haciendo el Ministerio del Interior, por ejemplo, para aplicar las normas que están en vigencia, para que estos recursos para inteligencia puedan avanzar; cómo estamos ajustando las direcciones de inteligencia a nivel nacional y qué estamos haciendo en las regiones. Tampoco hemos mencionado la ley que crea las unidades ejecutoras de la Policía Nacional del Perú en las regiones. En algunos casos esto es controvertido, ya que genera burocracia y puede haber problemas en la administración de recursos, pero vamos procesando y corrigiendo en el camino. El problema concreto es que teníamos—exacto, sí, por supuesto—las unidades de flagrancia, que son sumamente importantes. Esto nos va a informar seguro, ahora, los representantes del Ministerio del Interior para ver cómo estamos y en qué otros temas aún estamos pendientes, cómo podemos ajustar y qué normas nos faltan hacer para que trabajemos, y para que en agosto, quizás, podamos tener nuevamente en el Pleno el debate. Así que, muchísimas gracias y, como siempre, bienvenidos al Congreso de la República. Bien, vamos a darle la palabra a la representante de la señora Presidenta del Poder Judicial, Susanita Grado. Muy buenos días, señor Presidente del Congreso, muy buenos días, señores y señoras que están aquí asistiendo a esta importante reunión. En primer término, quisiera expresar las excusas, las dispensas de la señora Presidenta del Poder Judicial, la doctora Janet Tello, quien tenía toda la voluntad de venir, pero lamentablemente la agenda del día de hoy se complicó. Quiero presentar también al doctor Edman Rodríguez, quien está aquí presente; él es el secretario técnico del Consejo del Sistema del nuevo Sistema de Flagrancia en nuestro país. Como ya ha presentado el señor Presidente del Congreso, mi nombre es Susana Silva Hasselman, jefa de Gabinete de Asesores de la Corte Suprema. Señor Presidente, señores asistentes a esta reunión: brevemente presentaré los avances que el Poder Judicial ha tenido respecto de la última reunión en la que estuvimos todos aquí, en esta misma sala. Como ustedes recordarán, se firmó el acta, el compromiso, el acuerdo “Unidos por la Seguridad Ciudadana”. En ese compromiso se acordó arribar a un acuerdo y elaborar, junto con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario, un plan de articulación interinstitucional. Al respecto, el 7 de mayo se realizó una reunión de trabajo, iniciativa cuya convocatoria encabezó la señora fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa. En esa reunión se arribó a importantes acuerdos. De ellos, específicamente de parte del Poder Judicial, se acordaron básicamente tres aspectos: revisar los horarios de los jueces en las unidades de flagrancia en Lima; coordinar con el Ministerio del Interior para que en las carceletas de las unidades de flagrancia se garantice la custodia de un policía; y, finalmente, analizar el problema de las fechas en las programaciones de audiencia. Con respecto a ello, se han cumplido todos los compromisos arribados y, de hecho, en cuanto a la revisión de los horarios de los jueces en las…

Unidades de flagrancia se ha corroborado que los jueces sí participan, digamos, asistiendo y cubriendo las 24 horas continuas en las unidades de flagrancia. Sin perjuicio de ello, nosotros como Poder Judicial hemos formulado reiterativos pronunciamientos con la finalidad de evitar cualquier situación en la que pudiera darse alguna inasistencia y, con ello, afectar el desempeño de estas unidades. En lo relativo a coordinar con el Ministerio del Interior para que, en las cárceles de las unidades de flagrancia, se garantice la custodia por parte de un policía, como se señaló en la reunión del 7 de mayo, nosotros habíamos indicado que esta es una tarea y una responsabilidad específicamente de la Policía Nacional. No obstante, hemos realizado coordinaciones y enviado comunicación al Ministerio del Interior a efectos de garantizar que siempre exista presencia policial en dichas unidades. De acuerdo a la información que tenemos, esta tarea se ha cumplido históricamente; sin embargo, seguimos haciendo el recordatorio y realizando un seguimiento de esta obligación. Respecto al análisis del problema de las fechas en las programaciones de audiencia, en la reunión del 7 de mayo el Ministerio Público señaló que, en algunos establecimientos penitenciarios, no se contaba con acceso ni posibilidad de disponer de espacios dentro de las salas de audiencias existentes. Se explicó en esa reunión que estas salas fueron construidas por el Poder Judicial en virtud de una sesión en uso celebrada entre el Instituto Nacional Penitenciario y el Poder Judicial. No obstante, estamos evaluando si, dentro del área asignada en virtud de esa sesión, se puede eventualmente construir algún espacio adicional que permita la realización de reuniones –no de audiencias, ya que para ello la prioridad son las salas de audiencias–, permitiendo la coexistencia de espacios para reuniones de fiscales u otras autoridades dentro de la administración de justicia. Esto es, por ahora, lo que nosotros como Poder Judicial tenemos para informar. Quisiera, a continuación, que brevemente el doctor Edman Rodríguez, secretario técnico del Consejo del Sistema de Flagrancia en nuestro país, pueda complementar lo señalado. -------------------------------------------------- Gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, señor presidente del Congreso. Un saludo a todos los participantes de esta mesa de trabajo. Voy a ser muy breve. La ley 32.348, que crea el Sistema Nacional de Flagrancia, establece en uno de sus artículos que esta comisión debe conformarse inmediatamente, una vez emitida la ley. En esa línea, la Presidenta del Poder Judicial ya ha girado los oficios para constituir esta comisión. Esta reunión de trabajo se realizará el jueves 19 de junio del presente año, a las 15:00 horas, en las instalaciones del Palacio Nacional de Justicia; en esa línea esperamos la concurrencia de todos los titulares. Esta reunión es de suma importancia, ya que se adoptarán acuerdos relevantes en el sentido de definir la línea de trabajo de la comisión, además de comprometerse institucionalmente al normal funcionamiento de las unidades de flagrancia. Tenemos la voluntad política y el marco normativo, sin embargo, para el correcto funcionamiento de estas unidades es necesario contar con los recursos presupuestales. En esa línea, desde la comisión se realizará un trabajo conjunto entre todos los operadores de justicia, es decir, el Ministerio Público y la Defensa Pública.