La población encuestada no se encuentra satisfecha con el funcionamiento de la democracia. Un 38,5% que declara que no confía en el Parlamento como institución. A esto se suma una sensación que parece generalizada, y es que la mayoría de la ciudadanía de España, un 75% según los datos de esta encuesta, considera que sus opiniones no son tomadas en cuenta a la hora de hacer política, y casi el 61% no cree tener posibilidades de manifestarle su opinión a los grupos políticos. Pero entre tanto dato un poco pesimista,
Hay uno que a nuestro criterio es una buena señal. Casi el 88% de las personas encuestadas cree que es necesario que se creen o se amplíen formas de participar en los asuntos y decisiones políticas. Y es por esto que consideramos que este proceso de reflexión que el primer plan de Parlamento Abierto plantea acerca de crear nuevos marcos de participación de las entidades de la sociedad civil llega en el momento justo.
El Congreso de los Diputados, siendo la institución donde se deposita la soberanía popular, no puede mirar de lado este reto democrático sin actuar en consecuencia. Creemos, por tanto, que ustedes tienen en el marco de este proceso que inauguran las comparecencias de hoy la oportunidad, pero también la responsabilidad de garantizar que el Congreso de los Diputados favorece y potencia el ejercicio pleno y satisfactorio del derecho constitucional a la participación de las personas en la gestión de lo público.
En Political Watch creemos y defendemos que una participación ciudadana, cuando está bien diseñada y ejecutada, puede aportar valor añadido a los procesos de decisión y elaboración de políticas públicas y fortalecer el funcionamiento de las instituciones y de los procedimientos de nuestra democracia.
Y esto es así porque, aplicando mecanismos de participación, las instituciones públicas pueden conocer y aprovechar de forma efectiva el saber y la inteligencia colectiva en todo el ciclo de políticas públicas. A su vez, los poderes públicos adquieren una mayor legitimidad, brindada por la ciudadanía, para adoptar medidas, decisiones, incluso en cuestiones aparentemente complejas, controvertidas y políticamente enquistadas. Y por último, se garantiza una mayor apertura y representatividad de los intereses y perspectivas de toda la población en la toma de decisiones.
Además, apostar por la apertura institucional a través de una mayor y también una mejor participación tiene también un importante retorno simbólico y democrático. Es un potente mensaje a la ciudadanía. Las diputadas y diputados que han elegido entienden que el vínculo entre representantes y representados no se limita a la delegación de representación a través del voto.
Por otro lado, la participación de la ciudadanía en la gestión de lo común fomenta valores y actitudes cívicas, como la capacidad de escuchar, dialogar, compartir ideas, respetar el disenso o buscar acuerdos de consenso. Un eficaz antídoto para plantarle cara a la crisis de representación que mencionaba antes.
Pero para que la participación consiga desencadenar toda esta serie de efectos positivos, tiene que diseñarse y ejecutarse de manera adecuada. De nada sirve un proceso participativo que no responda o no se ajuste a las necesidades de la institución que los promueve. Y es igualmente estéril una participación cuyo diseño y enfoque no cumpla con las aspiraciones de la ciudadanía, que como bien dicen los datos, quiere que sus opiniones sean tomadas en cuenta en el diseño de la política pública de la que se trate.
Cualquier propuesta de innovación en participación que no cumpla estos dos requisitos está un poco abocada al fracaso. Y todo ese esfuerzo invertido y todas esas horas de trabajo corre el peligro de dar como resultado una mayor desafección en todas las partes involucradas.
Por esta razón, hoy desde Political Watch traemos una serie de propuestas que hemos seleccionado con mucho cuidado para que cumplan estos criterios que les mencionaba antes. Son propuestas que toman como base experiencias exitosas ya puestas en práctica en países de nuestro entorno, recomendaciones de organismos internacionales y que cuentan además dentro de España con el respaldo de un gran número de organizaciones y personas expertas, con las que desde Political Watch venimos trabajando desde hace más de dos años en el marco de la Alianza Ampliando Democracia.
Las propuestas, además, toman en consideración el espíritu del primer plan de Parlamento Abierto, ya que buscan aprovechar las nuevas tecnologías en el ejercicio de mejorar y potenciar la participación.
Dicho esto, la primera de nuestras propuestas se centra en garantizar el ejercicio de un derecho que ya existe, el derecho de petición. Un derecho fundamental, consagrado en el artículo 29 y 77 de la Constitución, desarrollado por la Ley Orgánica 4 de 2001, que lo define como el cauce de expresión en defensa de los intereses legítimos y como participación ciudadana en las tareas públicas.
El marco legal existente define ya una serie de criterios y obligaciones que tenemos que cumplir para garantizar este derecho. Sabemos así que las peticiones pueden versar sobre cualquier sugerencia, iniciativa, información, queja o súplica, con solamente tres limitaciones, que entren dentro del marco de las competencias de la institución a la que se dirigen, que el ordenamiento jurídico no establezca ya un procedimiento específico, ni que exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado sobre el mismo objeto.
En el caso de las Cortes Generales, como saben, tiene autonomía...
organizativa y regulatoria plena para establecer cómo se tramitarán las peticiones que reciban. El artículo 49 del reglamento del Congreso es, sin embargo, muy escueto en el desarrollo de esto. Se habilita la remisión de las peticiones al órgano competente, que puede ir desde otras comisiones hasta el propio gobierno, y si se dan las condiciones se puede archivar la petición. Tal es así que, aunque se trate de un derecho reconocido, regulado y a pesar del potencial que tiene para articular el necesario acercamiento entre la ciudadanía y las instituciones, el derecho de petición es, a día de hoy, un instrumento irrelevante, tanto en la vida social como en la vida política de nuestro país y eso incluye, por supuesto, su irrelevancia en la práctica parlamentaria. Para que tengan un dato, en las últimas cuatro legislaturas, desde la 10 a la 14, la Comisión de Peticiones del Congreso se ha reunido de media dos horas al año para dar trámite a las más de 9.000 peticiones que han recibido. La mayoría de la actividad que ha realizado esta comisión fue puramente administrativa, recibir y dar traslado a las peticiones a otros órganos, sin aportar ningún valor añadido relacionado con las funciones propias de este Congreso. Las peticiones recibidas van sobre muchísimos temas muy diferentes, desde denuncias sobre las condiciones en las prisiones, reconocimiento de discapacidades, hasta denuncias relacionadas con las relaciones exteriores, lo cual demuestra que las peticiones tienen el potencial de ser un mecanismo muy útil para escuchar y recoger las inquietudes de la ciudadanía.
Teniendo en cuenta esta situación de partida, desde Political Watch consideramos que resulta fundamental actualizar y modernizar el ejercicio de este derecho. Es clave abordar cuáles son las causas que promueven su irrelevancia y tomar lecciones aprendidas de experiencias de nuestro entorno, que sí han abordado cambios que demuestran que este derecho puede ser un instrumento no solo útil, sino también eficaz para canalizar las inquietudes de la ciudadanía. Para ello les traemos dos propuestas. La primera, definir y reglamentar los procedimientos que habilita el ejercicio de este derecho, lo cual implica, en primer lugar, modificar el reglamento del Congreso para dotar a la Comisión de Peticiones de la capacidad para activar procedimientos específicos según el objeto de las peticiones recibidas. Esto requiere, por tanto, de un debate previo para delimitar la tipología de peticiones que se pueden enviar al Congreso de acuerdo a sus capacidades y a su mandato. La Comisión de Peticiones deberá también ser la encargada de calificar los procedimientos a seguir una vez se admite a trámite una petición y tener la potestad de activar procesos específicos o de remitirla a los órganos correspondientes con su carencia.
Por otro lado, dotar a la Comisión de instrumentos y recursos para poder dar respuesta a las peticiones planteadas, en vez de limitarla a este rol puramente administrativo que comentaba antes, de recepción, registro y traslado. Es necesario definir y reglamentar la posibilidad de celebrar audiencias públicas con los peticionarios, en función, claro, del tipo de petición que se reciba. Es clave aclarar en qué casos podría darse esta situación para tampoco generar expectativas demasiado ambiciosas en las personas. Y esto podría ir muy en línea con otra propuesta, que es revisar la posibilidad de que las peticiones puedan ser presentadas de manera telemática y que puedan recibir votos de la ciudadanía. Esto implica llamar a la participación, por un lado, y al mismo tiempo permite un mayor ejercicio de escucha ciudadana, donde las peticiones más urgentes pueden recibir apoyos de una manera sencilla. En este punto, obviamente, la tecnología también jugaría un rol clave.
Y para poner algunos ejemplos sobre modificaciones en nuestro entorno que pueden orientar un poco estos cambios, destacamos la plataforma de peticiones del Parlamento Europeo, un espacio donde la ciudadanía española además es líder en cuanto al número de peticiones enviadas. Solamente en 2023, el 23% de las peticiones provinieron de España. La plataforma en sí misma es un buen ejercicio, tiene guías claras, tiene un espacio web sencillo, ofrece a los peticionarios todo lo que necesitan para iniciar el proceso. La misma plataforma es un buen caso de análisis en cuanto a los recursos y las posibilidades que tiene para dar respuesta a las peticiones. Entre 2019 y 2022 se adoptaron 19 resoluciones, se realizaron 12 informes sobre temáticas variadas y se llevaron a cabo 11 visitas.
Otro caso interesante es el caso de Reino Unido, donde se han definido umbrales muy claros del número de apoyos que requiere una petición para poder provocar un debate parlamentario.
El caso del Reino Unido es un buen ejemplo también de cómo puede funcionar esto de habilitar la recolección de apoyos. Este país tiene una plataforma digital activa desde 2011 y solamente entre 2015 y 2019 recibió más de 50 millones de firmas. Un ejemplo similar es el caso del Bundestag Alemán, cuya plataforma, que está activa desde 2008, incluso permite elaborar peticiones de manera colaborativa y en tiempo real.
Pasando a la siguiente de las propuestas en materia del derecho de petición, creemos que es clave garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la labor de la Comisión de Peticiones, haciendo para ello un ejercicio de comunicación clara y orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre las posibilidades que ofrece el ejercicio de este derecho. Esto implica, por razones lógicas, dar publicidad a las peticiones presentadas, publicando el trámite que se ha realizado, la respuesta que se ha otorgado a los peticionarios. Además, una cuestión un poco obvia quizás, que es que las sesiones de la Comisión deberían transmitirse por internet, igual que el resto de comisiones parlamentarias.
También es clave realizar informes periódicos que incluyan el número de peticiones y el contenido de las peticiones recibidas. Y aquí tenemos una buena práctica muy muy cerca, que es el caso del propio Senado. Contar con una plataforma digital que oriente a cualquier persona interesada también es una cuestión clave. Tiene que tener información clara sobre los pasos que hay que seguir, las posibilidades que existen para la inadmisión y, como mencionaba antes, si se consigue el cambio, la posibilidad de recibir apoyos por parte de las peticiones.
Aquí creemos que es clave seguir un poco las recomendaciones que tiene la propia ley orgánica, que es garantizar la sencillez y el antiformalismo durante todo el proceso. Creemos además que el uso de la inteligencia artificial, que ya se está aplicando en muchos contextos, puede permitir un asesoramiento continuo de la ciudadanía a lo largo del proceso.
Y como les decía al principio, traemos tres grandes propuestas. La segunda de ellas se centra también en garantizar el ejercicio de un derecho, en este caso el de la Iniciativa Legislativa Popular o ILP. Es una herramienta que necesita de reformas para poder garantizar su relevancia en la práctica parlamentaria. Si bien su ejercicio se encuentra reconocido, las evidencias demuestran que sigue siendo un mecanismo de muy difícil activación que no ha sido capaz de mostrar su eficacia y que genera grandes frustraciones en la ciudadanía.
Nuevamente, un dato que creemos que puede ilustrarlo. Desde 1983 hasta 2024 se presentaron 154 ILPs. Solo cuatro se plasmaron de alguna manera en el Boletín Oficial del Estado: dos que fueron aprobadas con modificaciones y dos que fueron subsumidas en otras normas. En ese mismo periodo, 62 fueron inadmitidas a trámite, 55 caducaron por no llegar al número de firmas necesarias y 10 se rechazaron en su debate de toma en consideración.
Hay algunas incluso, como la ILP sobre ratios de enfermeras, que llevan años, en concreto desde 2018, pasando de legislatura en legislatura, sufriendo una serie de bloqueos a través de ampliaciones en los plazos de enmiendas.
Y antes de pasar a las propuestas, un aviso sobre este tema. Sabemos, somos muy conscientes, que hay modificaciones necesarias para las ILPs que exceden las capacidades de esta comisión. Hay algunas que requieren de la reforma de la ley orgánica y otras incluso de la reforma de la Constitución. Pero sabemos también que es necesario poner el tema sobre la mesa y pensar de manera conjunta en posibles soluciones. Porque también hay una realidad, y es que tenemos que admitir que resulta violento para la ciudadanía que iniciativas que han conseguido más de 500.000 firmas vean cómo se les cierran las puertas del Congreso antes incluso de que comience su tramitación y de que sean debatidas en este espacio que es de toda la ciudadanía de España.
Hecho este aviso, paso a comentar algunas de las propuestas que consideramos pueden habilitar este debate. La primera, no desvincular la iniciativa de la Comisión Promotora una vez que esta pasa a ser competencia del Congreso. Esto habilitaría que dicha comisión pueda comparecer más allá de la toma en consideración y dar seguimiento a la iniciativa. En segundo lugar, buscar y debatir alternativas que faciliten el proceso de tramitación, ya sea definir plazos máximos para las enmiendas o que la tramitación no se retrotraiga a la toma en consideración en caso de finalización de la legislatura. Las ILP son la única figura de iniciativa ciudadana que existe en la actualidad y es necesario protegerla de malos funcionamientos parlamentarios.
Que una iniciativa tenga 83 ampliaciones del proceso de enmienda
es un poco hacernos trampas a nosotros mismos en vez de abordar los problemas de fondo. Y por último, analizar la posibilidad de ampliar la participación en las ILPs a mayores de 16 años y residentes en España. Son colectivos que aunque no participan en las elecciones generales, son parte de la vida política de este país y deberían poder participar en ella. En cuanto a las ILPs, creemos que... que lo esencial es admitir que es un proceso clave para afianzar el vínculo con la ciudadanía, una herramienta que hoy por hoy genera sobre todo frustración y que por ende requiere antes que nada de un proceso de reflexión común, un diagnóstico compartido que permita plantear soluciones que sean realmente aplicables, porque si la participación va a ser meramente simbólica quizás sea mejor no tenerla, porque si no genera frustración, desilusión y mayor desconfianza.
Y ya para ir cerrando, la tercera y última propuesta que traemos hoy implica habilitar nuevos espacios de participación para la ciudadanía, los denominados espacios deliberativos. Quizás muchos de ustedes hayan escuchado algunos de los múltiples nombres que reciben estos procesos, desde paneles o convenciones ciudadanas, mini públicos o consejos ciudadanos. Todos ellos tienen dos cuestiones en común. La primera, que se han extendido en los últimos años en muchísimas partes del mundo. Hasta 2023 se habían realizado más de 760 ejercicios deliberativos, con la participación de más de 80.000 personas. Lo segundo es que comparten una filosofía común, muy sencilla pero muy poderosa a la vez. Un grupo de personas, cuyas características son descriptivas de su territorio, son seleccionadas de manera aleatoria y se reúnen para informarse, dialogar, debatir y generar recomendaciones sobre una temática concreta. La selección del tema a abordar es una oportunidad en sí misma. Los paneles ciudadanos han demostrado su valor para abordar dilemas políticos complejos, especialmente aquellos de largo recorrido, pero vigentes en la agenda pública, para que la ciudadanía sienta que su labor es un aporte a la situación de partida. Los paneles ciudadanos tienen, entre sus principales ventajas y valor añadido, su capacidad para ayudar a quienes tienen la potestad de tomar las decisiones a abordar dilemas políticos complejos, con mejor información y mayor legitimidad social. Es un mecanismo que permite medir la temperatura social y contar con una evidencia sólida del sentir de la ciudadanía antes de comenzar a legislar sobre un tema.
Y retomando el inicio de mi intervención, en Political Watch y en el conjunto de organizaciones de la Coalición de Ampliando Democracia, creemos que los paneles ciudadanos aportan una respuesta contundente a tres cuestiones concretas. Ante la falta de confianza... Los espacios deliberativos muestran que los índices de confianza en el sistema político y sus responsables aumenta entre los participantes de estos procesos. Ante la polarización, garantizan las condiciones para que un grupo diverso pueda deliberar en un entorno seguro a salvo de la crispación presente en otros espacios. Y ante la desinformación, se destaca que en estos procesos se comparten informaciones contrastadas por expertos que a su vez son diversas y equilibradas en sus posturas. Un poco un ejercicio similar al que estamos haciendo hoy aquí mismo.
Teniendo en cuenta estos factores en consideración, desde Political Watch proponemos, en primer lugar, poner en marcha un órgano de carácter permanente, formado por expertos, diputados y organizaciones de la sociedad civil, que tenga la capacidad para diseñar, activar, organizar y dinamizar paneles ciudadanos que cumplan con los requisitos que mencionaba antes, es decir, que estén formados por personas elegidas de manera aleatoria, que trabajen sobre cuestiones de relevancia para el Congreso y que emitan recomendaciones al finalizar su proceso de debate. Existen ya ejemplos a nivel regional y local, en Bruselas, París y Milán, además del caso del Bundestag alemán, donde si bien no existe un órgano permanente como tal, se convocan paneles ciudadanos de manera periódica para abordar ciertas cuestiones clave, trabajando sobre un principio básico. El Consejo realiza propuestas y aconseja al Parlamento, no toma decisiones y en ningún caso reemplaza el rol de la actividad parlamentaria. En España, además, tenemos ya un antecedente clave, que es el caso del trabajo de la Oficina C del Congreso, que ha demostrado la relevancia que tiene contar con evidencia científica sobre determinados temas de interés. En esa misma línea, un órgano similar, pero enfocado en procesos deliberativos, aportaría al trabajo del Congreso evidencia sobre el sentir de la ciudadanía en un tema concreto, antes de comenzar con el debate parlamentario. Y ya sea que se decida por un órgano permanente o por paneles ciudadanos convocados ad hoc, creemos que...
Es necesario aprovechar los avances metodológicos, incluyendo las lecciones aprendidas de los cientos de ejercicios similares que ya se han realizado y se están realizando en todos los niveles de gobierno, incluso a nivel europeo. La clave es contar con recursos humanos y económicos suficientes para garantizar que en todo momento se cuida a quienes participan, como así también brindar mucha claridad sobre tanto el proceso como sus posibles resultados. Y en una línea similar, aprovechar los avances de la tecnología. Existen ya muchas evidencias sobre el uso de la inteligencia artificial dentro del contexto de los paneles ciudadanos para procesar grandes volúmenes de datos, para crear guías y recursos de lectura fácil y para detectar opiniones de consenso dentro de los debates entre la ciudadanía.
Por resumir, hoy les queríamos traer estas tres grandes propuestas en materia de derecho de petición, en materia de la iniciativa legislativa popular y en materia de espacios deliberativos. Ya para dar paso a sus preguntas, una última cuestión. Las propuestas que traemos buscan poner un poco el foco en la cuestión de fondo. El Congreso necesita mejorar de manera urgente sus canales y sus mecanismos de participación. Los datos lo demuestran. Existe voluntad e interés de la ciudadanía para formar parte de la política. Y además, ustedes cuentan con una sociedad civil que está… a apoyarles, no solamente desde Political Watch, sino también las entidades que forman parte de la coalición de Ampliando Democracia y muchas otras organizaciones más. Sabemos que los retos son muchos y muy grandes, pero también que la voluntad de cambio suele ser el primer paso y el más importante. Y ya sobre eso podemos construir de manera colaborativa puentes que permitan recuperar esta tan necesaria confianza de la ciudadanía en sus instituciones y una democracia que, como decía bien el presidente al inicio, que realmente los escucha a todos.
Muchas gracias. Gracias señora Güeral, gracias por su comparecencia y gracias por todas las propuestas que nos ha hecho ya. Así que abrimos ahora un turno de intervenciones para todos los grupos y empezamos por el Grupo Plurinacional Sumar. Para ello tiene la palabra la señora Ogú y Corbí.
Buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación de comparecer ante esta comisión y por habernos ofrecido una visión tan valiosa y sugerente sobre cómo la participación de la ciudadanía en el ámbito institucional. Como ha señalado, estamos ante un reto y me voy a permitir decir que estamos ante un reto tremendo para facilitar y transformar un poco cómo nos relacionamos, se relaciona la ciudadanía con la institución pública. Pero también es sin duda una gran oportunidad de fortalecer nuestra democracia, de nutrirnos de la inteligencia colectiva y de contribuir a sentar precedentes que puedan inspirar a otras instituciones del mundo.
Siempre lo cuento, yo he vivido en primera persona los beneficios de la participación ciudadana, he participado en espacios promovidos por instituciones internacionales, gobiernos autonómicos y entidades locales, gobiernos locales, que han apostado por implicar a las generaciones, sobre todo más jóvenes. Creo que… Ahí vemos un elemento pionero que se ha estado trabajando mucho en los últimos años, que es la participación juvenil, y que creo que no se ha visto reflejado de la misma manera con la participación de la sociedad a nivel más amplio, o en la reforma de la participación de la sociedad civil desde otra perspectiva.
Pero también he experimentado desilusión. Un ejemplo podría ser la conferencia por el futuro de Europa, que yo creo que nos puede traer algunos ejemplos positivos que también podemos valorar para… para este informe, pero también y a mi juicio una de las iniciativas que eran tanto ilusionantes y ambiciosas como frustrantes al ver que ha quedado en un cajón y que no se ha vuelto a escuchar nada más sobre eso. Y ese es un reto enorme, muy vinculado también a lo que planteaba de las ILPs, de cómo pedimos a la ciudadanía que se involucre, cómo pedimos a las organizaciones que participen para que luego no haya ni tan siquiera un seguimiento del impacto que haya tenido esta participación, este esfuerzo, porque muchas veces sí que lo pueden hacer organizaciones de sociedad civil con recursos que permiten a tener a gente contratada, pero muchas otras veces también lo están haciendo personas que dedican todo su tiempo libro de una manera muy profesionalizada y con grandes aportaciones y que por tanto les supone un esfuerzo extra.
Y este es un patrón que se repite en otras iniciativas de participación ciudadana, especialmente cuando nos movemos en entornos de gobernanza multinivel, con la excepción, yo diría, de presupuestos participativos, sobre todo, o bueno, de cuando ya sí se puede hacer incidencia más directamente con los grupos parlamentarios.
y esa vinculación o una relación más estrecha y hay un acuerdo quizás, pero es difícil encontrar ese retorno. Entonces, ahí surge la pregunta de cómo ampliamos esta participación, cómo la hacemos más transparente, cómo la hacemos más clara y aquí me gustaría plantearle tres preguntas vinculadas a la experiencia también de Political Watch en el desarrollo de software y del conocimiento sobre innovación democrática.
La primera es sobre la accesibilidad legislativa. Quería preguntarle cómo podemos facilitar que se conozca de forma comprensible y accesible la legislación que se aprueba en esta Cámara. No sólo que se sepa que se ha aprobado una PNL o una ley, sino que se puedan entender de manera clara qué significa, quién afecta y qué implicaciones tiene, qué herramientas técnicas o metodológicas podrían ayudarnos a lograrlo.
La segunda, interfaz inteligente y participación legislativa. Creo que también es interesante entrar en la página del Congreso, yo tuve que darle una charla a los militantes de mi partido para que entendieran cómo encontrar todos los recursos que estamos produciendo en esta Cámara; me parece muy ejemplificador de la barrera que hay con la ciudadanía en general. Entonces, ¿existe desde su experiencia la posibilidad de desarrollar una interfaz inteligente, accesible e intuitiva que permita a la ciudadanía seguir el desarrollo legislativo y eventualmente hacer aportaciones significativas?
¿Sería posible diseñar un sistema que no requiera de conocimientos jurídicos para participar, mediante algoritmos que clasifiquen, traduzcan o ordenen las contribuciones ciudadanos, facilitando su integración en el trabajo parlamentario?
Y aquí también me pregunto qué impacto podría tener en las ILPs si algunas no son admitidas a trámite también quizás por su propia estructura o por lo que plantean, es decir, cómo evitamos que la ciudadanía se pueda encontrar tras hacer un gran ejercicio de movilización con una frustración tan grande que no es que no llegue ni a debatirse.
Y finalmente sobre los compromisos institucionales, preguntarle qué grado de compromiso real deberíamos asumir las instituciones ante estas nuevas formas de participación. ¿Cómo podemos generar marcos más vinculantes o al menos más transparentes para que este tipo de participación no derive en frustración?
Desde el Grupo Público y Nacional SUMAR creemos firmemente que si queremos fortalecer la relación entre ciudadanía e instituciones no basta con abrir esos canales de participación, sino que debemos garantizar que sean canales significativos, transparentes y eficaces. Así que muchas gracias por su comparecencia y espero sus reflexiones.
Gracias, señora Agüero, por el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Agüero, por su comparecencia.
Ha iniciado la comparecencia con un deseo de contextualizar su intervención, dando datos de una encuesta del CIS sobre la evaluación de la satisfacción o la desafección de los ciudadanos españoles con respecto a la política en general, a las instituciones públicas y, bien entiendo, fundamentada o basada en esos datos pues ha dado estas tres soluciones o propuestas para combatir esa desafección.
Señora Agüero, la primera pregunta que le hago es si no cree que la desafección que se pone de manifiesto en la encuesta del CIS que ha citado obedece no a un capricho, no a un planteamiento subjetivo por parte de los españoles encuestados, sino a una realidad objetiva.
Si no cree que se dan datos, hechos, comportamientos en la vida política española que de manera natural, lógica y razonable conllevan la desafección, el descontento, la decepción por parte de los españoles con respecto a sus representantes, dirigentes políticos, porque yo sí que creo que hay una relación causa-efecto entre una cosa y otra.
Por dar datos de contexto, igual que ha iniciado usted su intervención, pues recuerdo que recientemente, vamos, lo que rodea al presidente del gobierno de España, segunda institución del Estado, es más que preocupante.
Es decir, tenemos unos casos de corrupción que se ha venido a llamar la banda del...
Uyot, que son todos aquellos que auparon a la Secretaría General del PSOE, al presidente del Gobierno, dos secretarios generales del PSOE que están investigados por temas de participación en temas de prostitución, de drogas, todo con dinero público. Uno de ellos está ahora mismo en la cárcel como una medida cautelar y bueno, también la familia del presidente del gobierno, su mujer está penta imputada, su hermano doblemente imputado, junto con su hermano un proceso en el que un político del PSOE, también en Extremadura, ha hecho una cosa que clamaría al cielo para cualquier ciudadano, me parece que es intentar aforarse o tener la inmunidad parlamentaria para no ser juzgado, que afortunadamente por una denuncia de mi partido, de Vox, el Tribunal Superior de Justicia entendía que esas actuaciones habían sido un fraude de ley y que por lo tanto no podía acogerse.
También tenemos en el ámbito judicial, tenemos a un fiscal general del Estado que por primera vez en la historia de España está siendo procesado, se niega a dimitir, esto no es nuevo, su predecesor en el puesto, su predecesora pues sin solución de continuidad, pasó de ser ministra de este gobierno, de este presidente de Pedro Sánchez, que acabo de narrar un poco el contexto familiar y político del presidente, pues fue nombrada Fiscal General del Estado. Y también todos los españoles recuerdan la frase de la entrevista a precisamente al señor Sánchez sobre la fiscalía de quien depende. Claro, si ese es el planteamiento que tiene el presidente del gobierno sobre las instituciones o el Poder Judicial, pues es razonable, me parece, que haya una desafección.
También, bueno, pues como entre el Partido Popular y el PSOE se han repartido el órgano de gobierno del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, aquella amnistía que decían en campaña al gobierno que no cabía en el ordenamiento jurídico español porque era manifiestamente inconstitucional. El Partido Popular también con su tamagúrtel, el kitchen, es decir, un señor vestido de sacerdote con sotana que entra en la casa del tesorero para intentar hacerse con la información que podría incriminarlo. Bueno, una película tremenda, ¿no? La destrucción del disco duro del tesorero que podía contener información sobre la corrupción también de ese partido.
Claro, pues si estos son los partidos militares, bueno, los separatistas que están de prófugos de la justicia y que altos cargos del gobierno, como el secretario de organización que ahora está encarcelado, del PSOE, y el propio presidente del gobierno catalán, que van a rendir plitesía a un prófugo de la justicia española. Bueno, pues yo creo, señora Agüero, que hay razones suficientes para que los españoles no estén contentos con las instituciones y con sus representantes.
Propone usted reformar el sistema de peticiones. Bien, yo creo que con la propuesta que usted ha hecho el 99% de las peticiones que entran en esta Cámara serían inadmitidas. Yo vengo ahora mismo de la Comisión de Peticiones y ahí hay de todo. De un señor que quiere que se le sufrague, que se le pague la reparación de su coche, a, por ejemplo, una que está proliferando mucho, es el tema de personas que están ahora mismo en la cárcel y que quieren que se les aplique la ley de amnistía también a ellos. Entienden que si se les aplica a los políticos que han incumplido la ley porque también se les debe aplicar a ellos. Está llena. Entonces todas esas serían inadmitidas, entiendo, con el procedimiento que ha propuesto.
En cuanto a las audiencias públicas con los penitenciarios, bueno, pues pasaría un poco lo mismo. Señoría, debe de ir terminando. Sí, termino enseguida, señor presidente.
Bien, pues voy más rápido. Respecto a los espacios deliberativos, no sé si cree que con las redes sociales efectivamente ahora los ciudadanos pueden opinar libremente. ¿No dependen de que un medio de comunicación al servicio del bipartidismo, de los grandes partidos políticos, le dé cancha o no le dé cancha? Ahora hay debate y quien quiere opina libremente, ¿no?
Y con respecto a la iniciativa legislativa popular, me parece razonable. Desde Vox con el España Decide llevamos tres años intentando que se pregunte a los españoles sobre los temas más importantes que tienen que ver con subvenciones, soberanía de datos, educación, inmigración, soberanía energética y eso de las tres soluciones que ha dicho me parece la más razonable o acertada que haya ese nivel de participación y quería saber su opinión con respecto a estas consultas.
a la ciudadanía previstas en el artículo 92 de la Constitución Española, qué opinión tiene si sería un instrumento adecuado de participación ciudadana. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario y Socialista tiene la palabra el señor Verdejo Vicente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Agüero Ochoa, por venir a comparecer hoy aquí en esta comisión. Han conseguido ustedes que varios grupos parlamentarios nos pongamos de acuerdo para solicitar su comparecencia y eso demuestra la importancia y el gran trabajo que hacen desde Political Watch, que justamente trabajan para generar esta sociedad más justa, democrática y también en el desarrollo de lo que se llaman las nuevas tecnologías cívicas.
Precisamente, como se ha dicho por parte de mis compañeros y compañeras, Empezamos un nuevo capítulo en esta comisión, una nueva ronda de comparecencias con el objetivo de reforzar el sistema democrático de esta institución en el plan de Parlamento Abierto que la mesa, con su presidenta, Francia Armengón, al frente han decidido emprender. Y también agradezco al presidente por hacerlo extensivo a esta comisión y ponernos a trabajar con medidas concretas como la que usted ha presentado hoy.
Lo ha dicho mi compañera de Sumar, pero justamente creemos que estamos en un momento donde la crispación política, y lo hemos visto también en el anterior compareciente de Vox, que menos ir al tema que nos ocupa aquí, hacía un repaso de su imaginario, eso sí, muy bien peinado siempre, entiéndame el adjetivo. Y también a un Parlamento, a un Congreso que muchas veces es causa de esta desafección por el insulto de la violencia política que algunos utilizan especialmente hacia este grupo y hacia el gobierno, incluso que también se ha señalado en cuestión aquello de la difusión de bulos y de fake news de las redes sociales, también en varios pseudomedios que también hemos tratado en esta comisión anteriormente, que por lo tanto nos están llevando a una mayor desafección, como decía, especialmente entre los y las jóvenes por programas ya existentes anteriores que no han funcionado, como ha dicho también en otras instituciones la compañera de Sumar.
Es precisamente por ello que el Grupo Parlamentario Socialista considera muy importante el desarrollo de este plan. Y aprovecho también para pedir a los grupos, cosa que no sucedió en la anterior ronda de comparecencias, que trabajemos juntos y juntas en la redacción de medidas y conclusiones para este plan, porque esto no va de quién gobierna ahora, de quién hace la propuesta, sino de mejorar el sistema parlamentario y el sistema democrático y acercar aún más al Congreso a los y las ciudadanas, que son precisamente para los que estamos aquí para servir, y no tener en cuenta quién hace o deja de hacer la propuesta.
Como decía usted, desde Political Watch ustedes tratáis varios ámbitos que son de especial interés para el objetivo que nos trae en esta comisión, como son el conocimiento y divulgación de la tarea parlamentaria, el tratamiento de redes sociales o la realización y acreción de espacios, que justamente coincide con las tres propuestas concretas que nos ha traído hoy aquí.
¿Qué aspecto destacaría usted de estos tres que sería prioritario para empezar en un primer momento? Dar una imagen de esta institución abierta, democrática y abrir a la ciudadanía para que se les sea atractivo participar.
Ustedes, por ejemplo, he estado mirando algunos de sus programas, tienen un apartado llamado Parlamento 2030, que justamente analiza la actividad parlamentaria de cada uno de nosotros y de nosotras y también todo lo que tiene que ver con la huella parlamentaria de los diputados, la puntuación y la recopilación de datos que son ciertamente interesantes también en el cumplimiento de los objetivos sostenibles de desarrollo en la Agenda 2030.
Esto también muestra, si lo comparamos con la web actual del Congreso de los Diputados, que nos queda mucho por hacer en esta materia de generar, como decía, un primer encuentro con la ciudadanía que sea amable y que lleve a una mayor participación.
Por lo tanto, le pregunto si cree usted que se trata de un elemento vital para la percepción y la capacidad de comprensión del trabajo parlamentario de los y las ciudadanas y también si nos puede hacer un poco de resumen de cómo han funcionado en otros parlamentos, que si, como por ejemplo, ustedes trabajan en el Parlamento de Paraguay, si no me equivoco, con este mismo sistema, y si nos puede dar un poco…
a qué feedback está teniendo el programa y a la visión del mismo. Por nuestra parte, solamente agradecerle otra vez la comparecencia y ponernos a disposición para lo que necesite. Gracias. Gracias, señor Verdejo.
Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Guardiola Sandero.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular me gustaría dar la bienvenida a la señora Agüero Ochoa. Bienvenida al Congreso de los Diputados y a esta Comisión de Calidad Democrática y Lucha contra la Corrupción. Gracias por su comparecencia y enhorabuena por su exposición.
Resulta cuanto menos paradójico que estemos aquí hablando hoy de Parlamento abierto, precisamente en el Parlamento menos abierto, menos transparente y más sectario de la historia de nuestra democracia. Nunca antes se había instrumentalizado de manera tan obscena y tan impúdica por parte del presidente de un gobierno esta institución y su presidencia.
Porque ¿de qué estamos hablando? De un plan meramente cosmético para blanquear o maquillar lo gravísimo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, un poder que debería estar y ser independiente, pero que ahora mismo está al servicio del poder ejecutivo y en concreto de un partido.
Nada de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados ahora mismo en esta legislatura es medianamente normal desde que gobierna Pedro Sánchez, que ha puesto al Congreso y, por tanto, el Poder Legislativo al servicio del Poder Ejecutivo y, por tanto, del Partido Socialista, quebrando, dinamitando y retorciendo el principio sacrosanto de separación de poderes que es la base de nuestra democracia y nuestro Estado social y democrático de derecho.
No hay precedentes en nuestra historia de más atropellos y ataques a la institución.
Me parece que algunos de los grupos parlamentarios afines al Poder Ejecutivo parecen no querer ver el elefante que hay en la habitación. Ese servilismo del Congreso de los Diputados al Poder Ejecutivo para tapar y silenciar la corrupción que acorrala al Partido Socialista, al hermano de Pedro Sánchez, a la mujer del Pedro Sánchez e incluso a sus ex número dos del Partido Socialista como es el señor Santos Cerdano, el señor Ábalos o para tapar la incompetencia y negligencia de la gestión del gobierno de Pedro Sánchez.
Podría hablar de muchos casos, los trenes, el apagón, pero lo más flagrante ahora mismo para las mujeres. El bochornoso espectáculo y escándalo de las pulseras aliexpress que han causado tanto dolor y tanto daño a las mujeres.
Mire, el Congreso de los Diputados debería ser la casa de todos los españoles y de la soberanía nacional, no el vestíbulo del Palacio de la Moncloa. Y sin embargo, día tras día, vemos cómo la presidencia del Congreso lo ha convertido a esta casa en un mero instrumento al servicio de Pedro Sánchez.
Decía Montesquieu, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder... frene al poder. Pero si el poder legislativo está al servicio del poder ejecutivo, ¿quién controla al poder ejecutivo? Todo hombre, decía Montesquieu, que tiene poder se inclina a abusar del mismo hasta que encuentra límites. Si no hay límites, ¿quién controlará a Pedro Sánchez?
Podría citarle muchos ejemplos de los numerosos abusos que sufrimos los diputados en el Congreso. En concreto, mi grupo parlamentario. Se han secuestrado decenas de iniciativas de mi grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Popular, hasta 41. Y no hablamos de retrasos técnicos o de ajustes de calendario, sino de una estrategia sistemática para bloquear, posponer y silenciar a la oposición. Proyectos aprobados en el Senado, que deberían haber sido tramitados aquí, permanecen secuestrados en el conocido ya como congelador de la señora Armengol.
La mesa del Congreso, o más bien la mayoría de la mesa del Congreso que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez, Partido Socialista y sus socios, y que están dirigidos por la señora Armengol, multiplica de manera torticera, arbitraria y caprichosa las prórrogas indefinidas, veta enmiendas de forma arbitraria y manipula el orden del día a su antojo y conveniencia.
Miren, esa es la esencia del sectarismo, aplicar las reglas de manera desigual, premiando a unos y castigando a otros.
La señora Armengol es ya la... ministra número 23 del señor Pedro Sánchez, un peón más al servicio del Partido Socialista como lo es también la Fiscalía General del Estado, Radio Televisión Española, la Moncloa, el Consejo de Ministros, el BOE y podría continuar.
No se trata solo de un problema técnico, sino un problema democrático. Cuando se bloquean leyes legítimas, cuando se vulnera la separación de poderes, cuando se impide debatir propuestas aprobadas por otra Cámara, se está degradando el bicameralismo. Cuando se ignoran las peticiones de comparecencia del presidente del gobierno, se está ocultando la rendición de cuentas. Y cuando se castiga a unos diputados y se premia a otras, se traiciona la igualdad entre representantes del pueblo.
Decía Winston Churchill que la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás. Pero incluso el mejor sistema puede ser destruido desde...