Buenas tardes a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, empezaremos esta sesión de pleno y espero que hayan tenido unos buenos días de verano.
Que antes de empezar a tratar los puntos del orden del día, desgraciadamente, que nos pongamos en pie de nuevo para condenar los asesinatos de tres mujeres, asesinatos machistas en Granada, Sevilla y Barcelona. Guardamos silencio por Rosalía Mercedes y Leonor.
Y recordaremos también a Antonio Trevín, exdiputado de las Cortes y expresidente del Principado de Asturias, que falleció el pasado 23 de julio. Y también recordaremos al expresidente de Aragón, Javier Lambán, también es senador de las Cortes Generales, fallecido el 15 de agosto. Gracias.
Muchas gracias. Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3 del reglamento. Ruego a los miembros de la mesa que nos pongamos en pie. En sustitución de don Pedro Casares Sontañón, pregunto a don Pablo Antuñano Colina si jura o promete acatar la Constitución. Sí, prometo. En sustitución de doña Noelia Núñez González, pregunto a doña María Elvira Rodríguez Ferrer si jura o promete acatar la Constitución. ¿Si puede apretar el botón? Sí, juro. Perfecto, muchas gracias. En sustitución de don Francisco Lucas Ayala, pregunto a doña Irene Jodar Pérez... si jurado promete acatar la Constitución. Prometo. Don Pablo Antuñano Colina, doña María Elvira Rodríguez Herrera y doña Irene Jodar Pérez han adquirido la condición plena de diputados y diputadas. Enhorabuena y bienvenidos a esta palabra.
Comenzamos ahora sí con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Moneo Díez.
Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición de ley para la defensa y garantía de aquellos principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho que han de imperar en el sistema educativo. Lo hacemos pensando siempre en la protección del más débil, de quien más lo necesita, de quien no debe verse discriminado ni limitado por fundamentalismos ideológicos conducentes al recorte de sus libertades. y por tanto de sus potenciales capacidades. Por eso, en primer lugar, defendemos la libertad. La libertad de todas las familias que tienen el derecho constitucional a elegir la educación, el centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos. Sea este un centro público, sea este un centro concertado, sea privado, sea un centro ordinario o sea un centro de educación especial. también las familias cuyos hijos tienen alguna discapacidad especialmente estas familias. En el día de ayer y el de hoy, algo más de 8 millones de alumnos han comenzado sus clases. De todos ellos, cerca de 290.000 alumnos presentan necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o trastorno grave. Es una cifra importante, señorías. Aproximadamente el 15% cursan educación especial específica. El resto están escolarizados en centros ordinarios. A la inmensa mayoría de las familias que ayer y hoy han acompañado a sus hijos al colegio les preocupa lo mismo. Que su hijo reciba la mejor educación, que se encuentre bien, que tenga un entorno amigable, les preocupa haber acertado la elección del centro si es la primera vez que acuden a él. Son los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos quienes sufren los desvelos ante las lógicas dudas de haber hecho la mejor elección. Se ha hecho esto, se suma la existencia de la ley, de algún tipo de discapacidad en el alumno, la inquietud se multiplica hasta el infinito, se lo puedo asegurar. Por eso es deber de los poderes públicos facilitar el acierto en esta elección, no mediante la imposición, sino asegurando la construcción de una oferta plural, diversa, al alcance de todas las familias, que se ajusta a lo que esperan todas y cada una de ellas de la educación de sus hijos. Por eso, señorías, no dejan de sorprendernos determinadas cuestiones presentes. todavía en el ámbito
Señorías, ¿cómo es posible tolerar una ley que sólo tiene en cuenta la opinión de las familias siempre que ésta se ajuste a lo que dice la Administración? Te escucho solamente si eliges el modelo educativo que yo te impongo, si no, te ignoro. Eso es lo que dice la ley. ¿Cómo es posible, señorías, que una de las decisiones que más influirá en el presente y en el futuro de nuestros hijos la tenga que tomar el Estado y no la tomemos nosotros, los padres? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se estén usurpando nuestros derechos constitucionales, señoría?
Miren, la imposición de un modelo monolítico, sin alternativas, no solo atenta contra la libertad, señorías, atenta contra la igualdad de oportunidades que los alumnos con discapacidad, como ciudadanos de pleno derecho, han de tener. Atenta contra su desarrollo personal e intelectual. Atenta contra su presente, pero sobre todo, atenta contra su futuro.
La defensa de la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, con independencia de donde vivan, el colegio al que acudan y los intereses y las aptitudes que tengan, no es algo baladí. Es un principio fundamental.
Los alumnos con algún tipo de necesidad educativa especial, que ayer iniciaron sus clases, son únicos. Cada uno de nosotros somos únicos. Somos diferentes, nuestras capacidades son diferentes, también las suyas, señorías. Nuestras fortalezas son diferentes y también lo son nuestras debilidades.
¿Por qué se empeñan en no reconocer esa diversidad? ¿Por qué imponer la uniformidad? O peor, ¿por qué discriminar a quien la defiende, a quien se niega a plegarse a lo que es políticamente correcto?
No, señorías. Un sistema educativo que pretende hacer de la equidad una de sus fortalezas no puede imponer a cada alumno lo mismo. Un sistema educativo de la máxima calidad debe ofrecer a cada alumno lo que necesita para desarrollar sus máximas capacidades, su indiscutible potencial. Y eso vale para alumnos, tengan o no tengan discapacidad.
Porque tampoco existe uniformidad entre los alumnos con necesidades educativas especiales. Las necesidades de un alumno con TEA, con trastorno del espectro autista, no son las mismas que las de un alumno con una discapacidad física o sensorial. Los apoyos y el sistema de aprendizaje que precisa un alumno con síndrome de Down no es el mismo que aquel alumno que tiene una necesidad derivada de su tipo de actitud o de su comportamiento. No precisan las mismas actuaciones alumnos que son grandes dependientes o aquellos con amplia autonomía personal aún teniendo algún tipo de discapacidad.
La simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales a centros ordinarios no puede considerarse inclusión, lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional.
Pero hablemos también de la Convención, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en el año 2008 y a la que algunos de sus señorías aluden constantemente. Pues bien, la Convención señala en su artículo 24: los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. En esto creo que podemos estar todos totalmente de acuerdo. Lo reconoce nuestra Constitución.
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, ninguna objeción, señorías, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de toda la vida.
¿Qué es un sistema inclusivo, señorías? Pues miren, un sistema inclusivo es aquel que no permite que ningún alumno con discapacidad quede atrás. Un sistema inclusivo es aquel que hace de la atención personalizada a cada alumno el eje vertebrador de la acción educativa. Un sistema inclusivo es aquel que reconoce las particularidades físicas e intelectuales de aquel que presenta una necesidad educativa especial y que, junto a la acción formativa, añade todos los elementos necesarios para asegurar la autonomía personal del alumno, su capacidad de comunicarse, de relacionarse, de integrarse en el día a día de la sociedad, de disfrutar, señorías, sí, disfrutar de su entorno, de sus amigos, sin que nadie les señale, o peor, sin ser el instrumento para lavar la conciencia de aquellos que entienden la inclusión únicamente sentando a nuestros hijos en un centro de aula ordinaria.
Señorías, nadie, nadie está haciendo más por...
Por la verdadera inclusión, por la verdadera integración de las personas con discapacidad, aquellos centros con experiencia, aquellos que hace décadas comenzaron el trabajo cuando ni siquiera en nuestro país se planteaba la integración ordinaria de las personas con discapacidad. Y ahí estaban esos centros de educación especial, esos centros y esos profesionales especializados: algunos que imparten las clases en estos centros de educación especial, otros en aulas de educación especial o especializada en centros ordinarios, otros sirviendo de apoyo en esos centros ordinarios.
Quiero desde aquí trasladar el más profundo agradecimiento de este Grupo Parlamentario Popular a toda su labor, a su impagable labor. Curiosamente, señorías, son precisamente estos centros a los que esta ley persigue, los centros a los que la disposición adicional cuarta, todavía hoy vigente, ha puesto fecha de caducidad. Porque por mucho que llamen a la tranquilidad, la hemeroteca no miente, señorías.
Quizás sería bueno recordar las palabras de la autora de la ley, de la entonces ministra Celá. El objetivo del Gobierno es impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión, que brinden el asesoramiento y la ayuda necesaria para que el alumnado que actualmente está escolarizado en estos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios. Creo, señorías, que no hay duda alguna de la claridad de sus palabras.
Señorías, la tramitación en su día de los preceptos que esta proposición de ley pretende modificar no fue especialmente pacífica, ustedes lo saben. No lo es a día de hoy a pesar de los enormes esfuerzos de la actual ministra por dejar adormecido cualquier tipo de debate que destape la incapacidad de este Gobierno para abordar esta cuestión. No lo fueron tampoco las deliberaciones del Tribunal Constitucional. Cuatro votos particulares, cuatro señorías y dos ponencias diferentes.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia, fue clara. La inclusión requiere de la realización en los centros de los ajustes necesarios que garanticen a sus alumnos un entorno en el que se asegure que la relación con los demás será positiva y contribuya a la integración de aquellos en la sociedad en la medida de lo posible. Fundamento jurídico 4. Voto particular a la sentencia. Atender la escolarización de estos alumnos no puede reducirse, como prevé el artículo 74.4, párrafo segundo del Alhombro, a la posibilidad de reducir la relación numérica entre profesorado y alumno, sino que implican una serie de medidas de todo tipo que puedan representar un alto coste económico. ¿Estamos dispuestos? ¿Está el Gobierno dispuesto a asumir esa realidad?
Señorías, esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular somete a la consideración de la Cámara ni pretende juzgar ni pretende imponer qué modelo deben elegir aquellas familias cuyos hijos tienen alguna discapacidad. Lo que sí pretende es que seamos capaces de garantizar los mismos derechos y las mismas oportunidades a esos alumnos desde las edades más tempranas; que no sea el Gobierno quien impulse un modelo en detrimento de otro, o peor, que no sea el Gobierno quien discrimine a algunos alumnos por el simple hecho de elegir el modelo de educación especial frente al ordinario. Y esa discriminación existe, señorías.
Hablaba el artículo 20 de la Convención de la formación de estos alumnos a lo largo de toda la vida. Difícilmente se podrá dar esa formación si limitamos su permanencia en los centros de educación especial hasta los 21 años. Algunas administraciones educativas lo han entendido y ya han optado por ampliar esa permanencia. Madrid, Galicia, Castilla y León, Valencia, Canarias.
¿Por qué no trasladar al proyecto de ley lo que ya es una realidad? ¿Por qué los alumnos con necesidades educativas especiales que optan por la educación ordinaria con todos los ajustes curriculares pueden optar a la obtención del título de ESO? ¿Y por qué los alumnos que optan por la educación especial no pueden hacerlo, señorías? ¿No están siendo discriminados? ¿Por qué en muchos casos no pueden pasar de un certificado que acredite su escolaridad? ¿Por qué, por cierto, impedir que ese alumno con una mayor flexibilidad pueda alcanzar no solo competencias profesionales para el acceso al mercado laboral, sino también titular?
Porque ustedes, señorías del grupo que sostiene al Gobierno, siguen teniendo un concepto asistencial de la educación especial. Se niegan a reconocer su carácter educativo con todo lo que ello implica.
Señorías, finalizo, señora presidenta, la España de la igualdad de oportunidades que consagró la Constitución del 78 no puede permanecer.
… ajena ni a la vulneración de sus derechos ni a la discriminación de cualquiera de sus ciudadanos. No basta con modificar el artículo 49, señorías. Hay que ir mucho más allá. Aún por encima de proteger, nuestro deber es construir. De hecho, construir un sistema justo, un sistema ambicioso, un sistema especial que dé oportunidades a todas las personas para hacerlas más libres y más autónomas. Esa es nuestra responsabilidad y en eso seguiremos trabajando desde el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Moneo. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, Presidenta.
Señorías, muy buenas tardes. Miren, para Unión del Pueblo Navarro la educación está basada en tres principios esenciales: la libertad, la calidad y la equidad. Fundamentos que, al menos desde nuestro punto de vista, la LONLOE no respeta. La realidad de la ley CELA es que nació muerta, que tiene fecha de caducidad. Sin acuerdos, sin consensos, ni siquiera de la propia comunidad educativa, y por lo tanto cuando acabe este gobierno, que más pronto que tarde lo hará, se derogará la ley y entraremos en esa espiral disparatada de que cada gobierno quiere implantar su propia ley educativa. No se busca en ningún caso el acuerdo y el entendimiento y, mucho menos, el consenso en un pacto de Estado con el tema de la educación que sería esencial para no cambiar de legislación educativa en función del gobierno de turno. Por otro lado, es evidente, señorías, que la tramitación de la ley CELA fue un auténtico bochorno. De manera especial en el Senado, donde se presentaron más de mil enmiendas, señorías, más de mil enmiendas que prácticamente fueron despreciadas por el gobierno. Y así nos ha ido. Para Unión del Pueblo Navarro, hablar de libertad conlleva reconocer y amparar el derecho constitucional que tienen las familias a la hora de elegir el centro educativo, a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. También, por supuesto que sí, en los centros de educación especial, siempre priorizando el interés del menor. La atención a la diversidad es algo esencial y fundamental en el sistema educativo y, en algunos casos concretos, algunas comunidades autónomas como la Comunidad Foral de Navarra, en su día dimos ejemplo de esta atención a la diversidad. Las referencias que se hacen a la educación especial en la LONLOE y, de manera especial, en su disposición adicional, fueron totalmente inoportunas, porque no quiso reconocer la realidad de los centros de educación especial ni el criterio de las familias, del profesorado, de la comunidad educativa, ni siquiera de los expertos. Señorías, las administraciones públicas, a la hora de planificar el sistema educativo y a la hora de garantizar la escolarización de los alumnos, tienen que tener muy presentes las necesidades de cada uno de ellos. La disposición legal fue totalmente improvisada y por motivos ajenos a la realidad de los centros educativos de educación especial y también a la realidad de las demandas que se plantean por parte de las familias y de los profesionales. Inclusión, sí, pero de la manera más adecuada y, sobre todo, sin despreciar aquellos centros de educación especial que siguen realizando una brillante, magnífica labor, no solamente ellos, sino también sus profesionales. Señorías, en la disposición adicional cuarta de la LONLOE se hacía una planificación y también se recogían unas necesidades presupuestarias, pero se daba un plazo de diez años para su implantación. Han transcurrido cinco y que se ha hecho
Prácticamente poco o nada, ni por parte del Gobierno de España, del Ministerio, ni tampoco por parte de muchas comunidades autónomas. Y por lo tanto, una vez más, hoy tenemos que reconocer, y nosotros lo hacemos desde Unión del Pueblo Navarro, la brillante labor que representan y realizan en la educación, sobre todo en los más vulnerables, los centros y los profesionales de la educación especial de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán.
Tiene ahora la palabra el señor Sánchez-Sermán, cuando quiera. Gracias, Presidenta.
Señorías, comenzamos un nuevo curso político y el Partido Popular desempolva los viejos bulos sobre la ley de educación a la espera, suponemos, de ideas mejores. En esta ocasión, pues el Partido Popular vuelve a la carga con el mantra de que la LOMLOE supone el desmantelamiento y el cierre de los centros de educación especial. Una mentira que ya propagaron hace cinco años cuando aprobamos esta ley y que, como toda mentira, ni se ha cumplido ni se va a cumplir. Y no se va a cumplir, señora Moneo, porque la ley de educación vigente no dice lo que ustedes dicen que dice, por mucho que retuerzan el artículo 74 o su disposición adicional cuarta. Lo que dice la LOMLOE es sencillamente que las autoridades deben velar porque se escolarice el alumnado en la modalidad más adecuada a sus necesidades, ya sea ordinaria o especial, y que para ello haya que destinar los recursos públicos suficientes.
En este esquema no desaparecen los centros de educación especial, sino que la disposición adicional cuarta dice que los centros especiales seguirán atendiendo a aquellos alumnos que sí lo necesiten y que además serán centros de apoyo de la educación ordinaria. ¿Y por qué dice esto la ley de educación? Porque nuestro sistema educativo, como señalan todos los informes técnicos, tiene un grave problema de segregación. Segregación de clases sociales por el peso de la educación concertada, pero también segregación hacia los alumnos con necesidades educativas especiales. Y si uno ve la serie histórica, esa segregación también de la educación especial solamente ha aumentado.
Por eso, en 2018, Naciones Unidas emitió un comunicado muy duro contra España cuando gobernaban ustedes por el envío sistemático de alumnos a los centros de educación especial. Estamos hablando de alumnos que podrían estar perfectamente escolarizados en un centro ordinario si se invirtiera en educación pública lo que la educación pública necesita.
El Partido Popular siempre se escuda en la libertad de elección de las familias, pero la realidad es que hay muchas familias que no tienen reconocido su derecho a enviar un hijo, una hija con discapacidad leve o moderada a un centro público y no lo pueden hacer sencillamente porque no se está invirtiendo y no se están preparando para ello. Ustedes tienen que hacer mucho espaviento con la libertad de elección de las familias y repetir las mentiras de que se van a cerrar los centros de educación especial para disimular lo que es evidente, y es que no están dispuestos a invertir más dinero público en la educación pública para hacerla realmente inclusiva.
Pero miren, señorías, esta proposición del Partido Popular al final es una anécdota que no va a salir. Lo que desde Podemos nos parece realmente preocupante es que cinco años después de la aprobación de la LOMLOE, los números de la escolarización de alumnos en centros especiales no solo no han disminuido, sino que están aumentando. Y eso lo hemos dicho muchas veces a este Gobierno. La LOMLOE no se está cumpliendo. No la cumplen, por supuesto, las comunidades del Partido Popular, pero tampoco se hacen las inversiones que propugna esta ley para adaptar los centros ordinarios y hacerlos realmente inclusivos. Y esto también es responsabilidad del Gobierno y del Ministerio de Educación.
Y por último, quería terminar esta intervención manifestando todo nuestro apoyo hacia los profesores y las profesoras que ahora mismo están encerrados en el Círculo de Bellas Artes y que exigen a este Gobierno que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado terrorista de Israel. Sabemos que la sociedad civil siempre va por delante y estamos seguros de que no van a aflojar hasta que el Gobierno haga lo que no ha querido hacer en estos dos años de exterminio del pueblo palestino. Nada más y muchas gracias.
Arrachal de Angustioy. Muy buenas tardes a todos y todas. El Partido Popular no es nueva en su propuesta. Fue debatida, contestada, argumentada y rechazada cuando se tramitó la LOMLOE. Pero el Partido Popular vuelve a traer…
Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti, cuando quiera.
Muy buenas tardes a todos y todas. La propuesta que nos trae el Partido Popular no es nueva en su propuesta. Fue debatida, contestada, argumentada y rechazada cuando se tramitó la LOMLOE. Pero el Partido Popular vuelve a traer…
para su debate. Es evidente que el mundo educativo, tanto en lo didáctico, en lo metodológico y en lo organizativo, es cambiante, pero sobre todo es o ha de ser evolutivo.
En cambio, esta proposición de ley es para nuestro grupo involutiva, ya que nos remonta a tiempos pasados, concretamente a finales del siglo XX. La realidad social, la educativa y la legal han cambiado, por lo que procede actualizar la normativa que regula la respuesta a la diversidad de todo el alumnado.
Conceptos como integración y compensación de desigualdades han sido superados por los de inclusión y equidad. Asimismo, la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales o, en sentido más amplio, al que tiene necesidades específicas de apoyo educativo, también ha quedado superada por un concepto de carácter universal de respuesta a la diversidad, entendido como el derecho del alumno a recibir medidas y apoyos personalizados que faciliten su desarrollo integral y su aprendizaje.
Como vasco, me siento orgulloso del sistema educativo que hemos construido en Euskadi, un sistema en compromiso permanente con la diversidad, haciendo especial hincapié en la población escolar más vulnerable. Por lo que lo que propone el Partido Popular en Euskadi lo tenemos superado hace mucho tiempo.
La escuela inclusiva se basa en la diversidad para su actividad y esto hace que haya igualdad de oportunidades y oportunidades justas. El objetivo de la escuela inclusiva es que todo el alumnado tenga el éxito académico y escolar. La excelencia consiste precisamente en que todo el alumnado pueda desarrollar la totalidad de todas sus capacidades.
Es evidente que esta escuela inclusiva supone todo un cambio de paradigma. En estos últimos años tenemos que tratar de superar los modelos antiguos de las escuelas, ya que tenemos ese antiguo paradigma de las necesidades especiales. Además, para desarrollar la escuela inclusiva, al mismo tiempo necesitamos procesos de transición y reflexiones compartidas.
Para que las medidas adoptadas no obliguen a que el aprendizaje, el proceso de aprendizaje de todo el alumnado, bueno, no obtenga los mejores resultados. Y esto supone que en todas las prácticas de la escolarización tenemos que hacer que haya la máxima inclusión posible en todo momento, en todas las fases del proceso, como el medio más adecuado para favorecer el desarrollo educativo y para posibilitar la cohesión social.
En este sentido, el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad traslada a nuestro derecho interno, mediante la Ley de Adaptación 26-2011, que reconoce que para hacer efectivo su derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida. Para ello, se facilitarán medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
El marco de acción Educación 2030 de la UNESCO refuerza la visión de la educación como medio para transformar las vidas, reconociendo el papel que desempeña como motor principal para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, uno de los objetivos propuestos es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
No es necesario remontarnos muy lejos en el tiempo, basta con que recordemos el gran impacto que tuvo el conocido como informe Warnock, publicado a finales de la década de los 70. Y por primera vez en ese informe se afirmaba la necesidad de no categorizar al alumnado y separar la necesaria asignación de recursos de categorías absolutas no vinculadas a las situaciones reales del alumnado.
Los conceptos evolucionan, pero no es el tiempo la única variable que explica esta evolución. Así ha ocurrido con el significado de necesidades educativas especiales, la llamada NEE. Al final del siglo XX se hablaba de las necesidades educativas especiales y también acerca de los obstáculos para aprender y se empezó a hablar de todo eso y todo esto se centró en el contexto escolar y no tanto en las circunstancias personales. Lo que había que cambiar era precisamente en qué condiciones, cómo se...
…enseña para que todo el alumnado puedan decidir, puedan desarrollar de una mayor medida sus capacidades, pero el concepto de la inclusión no es un… bueno, admite ciertos matices, también ajustes para la educación, que están muy relacionados con la posibilidad de incidir en el sistema educativo, que tiene como destino final el aprendizaje, la participación y el logro académico de todo el alumnado. Pero en el que puedan existir etapas intermedias, en las que se ofrezcan diferentes respuestas a los dilemas derivados del desarrollo práctico.
Y Casturte Asier, a hacer la età… Era el inicio del curso ayer, y ayer el Plenacari Pradales, bueno, dijo unas palabras que yo quiero recordar. Hablaba de que tenemos que educar a personas en su conjunto, teniendo siempre la sociedad, la persona en el centro, para que en nuestras aulas se refleje, se pueda reflejar realmente esta sociedad. Y el cambio de esta manera no se va a paralizar, se va a aumentar tal y como estamos viendo ya en todos los pueblos, municipios de la sociedad y de Euskadi.
El curso escolar en Euskadi, decía Elena Kari, tenemos que ir mucho más allá y garantizar el acceso a una educación de calidad a todas las personas. Realizando las transformaciones que sean necesarias con tres principios irrenunciables: equidad, inclusividad y eficacia. Una escuela que en la diversidad, en vez de separar, la integre como una riqueza y una oportunidad para aprender a convivir. Por todo ello, y en consecuencia con lo argumentado, votaremos en contra de esta proposición de ley.
Muchas gracias señora Aguirrechea.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Fuyahondo Lacruz. Es que recasco mi bura, Andrea. Arrachad. Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Hoy ha presentado el Grupo Popular, al fin y a la postre propone que se pueda dar continuidad a la segregación del alumnado con necesidades educativas especiales, escolarizándolo en centros de educación especial en lugar de en centros ordinarios e inclusivos, aduciendo además que así velan por el interés superior del menor. Si de verdad lo que se quisiera proteger fuera el interés superior del menor, optarían por la educación inclusiva, que solo se puede dar en centros ordinarios, para todo el alumnado. ¿Por qué? Pues porque la educación inclusiva es la que garantiza el derecho a la presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado independientemente de sus características. Porque inclusión significa entender la diversidad del alumnado como sinónimo de enriquecimiento mutuo en el aula. Enriquece a todo el alumnado, tenga necesidades educativas especiales o no. Se valora igualmente a todo el alumnado y se promueven valores como la igualdad, la participación, el respeto a la diversidad, el respeto mutuo, los derechos y el cuidado de los más vulnerables, entre otros. Porque, como señalan diferentes expertos e investigadoras en el tema, la educación inclusiva no es simplemente un principio inspirador, una cuestión de derechos humanos, que garantiza, como establece la ONU, el derecho de cualquier alumno o alumna al desarrollo pleno de todo su potencial humano, a desarrollar al máximo su personalidad y talentos y a hacer posible que participen de modo efectivo y libre en la sociedad. Y como hablamos de derechos humanos, recordemos que estos deben respetarse y hacerse efectivos como obligaciones jurídicas. Y en el caso de la educación, es responsabilidad de los sistemas educativos garantizarlos para todo el alumnado, sin discriminación de ningún tipo. Y esto solo se garantiza mediante la educación inclusiva, que efectivamente solo se puede realizar en centros ordinarios. Por lo tanto, no creemos que impulsar la segregación en lugar de la inclusión, como hace la propuesta del Partido Popular, sea proteger el interés superior del menor, sino quizá otros intereses. Porque quizá, en lugar del interés superior de él o de la menor, para el Partido Popular es más importante que, como dicen en la exposición de motivos, el hecho de que se dé preferencia a que el alumnado con necesidades especiales se escolarice en centros…
...ordinarios pudiera conllevar el cierre de algún centro de educación especial. Centros que, pese a lo que digan, a lo que están ustedes diciendo, efectivamente han realizado, realizan y seguirán realizando una gran labor educativa. Sin embargo, estamos completamente de acuerdo con una afirmación que se hace en la exposición de motivos, que dice literalmente que la simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades especiales a los centros educativos ordinarios no puede considerarse inclusión. Efectivamente, creemos que eso es cierto. Tan cierto como que, aunque esa incorporación per se no signifique automáticamente inclusión, es un paso imprescindible para que esta se dé. Y también es cierto que la incorporación de estos alumnos a los centros de educación especial, si no es estrictamente necesario, conlleva una segregación. Y eso es lo que consideramos que hay que evitar. Asimismo, estamos de acuerdo cuando dicen que la inclusión exige hacer ajustes en el centro educativo. Así es, y creemos que esto es lo que nos debe preocupar para que la inclusión sea realidad, sea real. Y es que la inclusión es una manera de entender la educación que necesita, compromete todos los elementos de un sistema educativo. Supone adaptar la escuela a la diversidad y no al revés. Debe empezar por el cambio de la cultura escolar. La cultura inclusiva de un centro escolar implica que la comunidad educativa tenga los mismos valores y principios educativos inclusivos. La inclusión requiere de la colaboración de todo el profesorado del centro y también de toda la comunidad educativa. La inclusión implica crear entornos de aprendizaje que pongan en práctica las relaciones interpersonales entre todo el alumnado para que los niños y niñas puedan desenvolverse con éxito en la sociedad. Para que la inclusión sea real, el profesorado debe formarse para responder a la diversidad y a las características del alumnado con necesidades educativas especiales, para que conozca las mejores maneras de acceder al aula. La inclusión necesita de estabilidad en el profesorado, hay que disminuir los ratios. Se requieren recursos materiales y, sobre todo, personales que se adapten a las situaciones de cada alumno y alumna para posibilitar un entorno de aprendizaje en igualdad de oportunidades. Pero para que esto pueda darse, los gobiernos, los poderes públicos y las administraciones educativas deben asumir y llevar a cabo las tareas y responsabilidades que les corresponden. Y esto es lo que a Euskal Herria Bildu le preocupa. Esto es lo que se debe garantizar mediante medidas concretas por las administraciones educativas competentes. Pero, por supuesto, esto no es lo que a ustedes les preocupa. Su propuesta no va por ahí. Su propuesta va de segregar, no de incluir. Por lo tanto, votaremos en contra de la proposición de ley. Vesteríquez, escárricas. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señorías. Nos encontramos ante una nueva proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, que plantea modificar el artículo 74 de la LOE en la redacción de la LOMLOE y derogar la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3.2020, con una serie de objetivos que desde Junts por Cataluña no entraremos ni a valorar, porque es una nueva injerencia en las competencias educativas de Cataluña y una amenaza al modelo inclusivo de nuestro país. Desde Junts defendemos el modelo inclusivo catalán establecido por el decreto 150-2017 de Escuela Inclusiva que vela por garantizar una atención de calidad a todos los niños y niñas a partir de la inclusión real en las aulas ordinarias con apoyos personalizados, con respeto a la diversidad y fomentando la cohesión social.
con adaptación para cada alumno, con servicios de orientación y recursos específicos y con compromiso institucional como parte del Servicio de Educación de Cataluña. Un modelo que no ha sido nunca suficientemente bien dotado, pese a lo que hoy nos dice la consejera Niu Bo y el presidente Illa. Y es en este aspecto donde hay que poner el foco, y no como hace el Partido Popular, con una propuesta que se aleja de la inclusión y se acerca a la segregación. Una proposición que, una vez más, representa una recentralización encubierta, con la que el Grupo Popular pretende uniformizar modelos desde Madrid, ignorando la realidad y las peculiaridades catalanas al amparo de la LOMLOE, como ocurre con temas curriculares y con tantos otros, y obviando el verdadero problema, que, como decíamos, es una vez más la carencia de recursos. El problema no es el modelo, el problema es la financiación, que es insuficiente. Una financiación insuficiente que hace que la dotación económica no permita desplegar completamente el decreto 150-2017. Una financiación insuficiente que comporta la falta de personal especializado. Una financiación insuficiente que imposibilita la formación específica para el profesorado. Y una financiación insuficiente que comporta una carencia de recursos técnicos y de materiales adaptados. Por ello, sí, señorías, volvemos a estar aquí. Y, de nuevo, si queremos ir a la raíz del problema, lo que tenemos que hacer es revertir el déficit fiscal estructural que sufre Cataluña, un déficit que supera los 20.000 millones de euros y que se acerca al 10% de nuestro PIB. Este expolio es el que nos impide invertir adecuadamente en educación inclusiva. Este expolio es el que hace imposible la consecución del objetivo del 6% del PIB en educación, que fija la ley en su disposición final segunda para podernos referenciar a Europa. En Cataluña no necesitamos más leyes impuestas desde Madrid. Tenemos un modelo educativo inclusivo que es necesario reforzar con recursos y con compromiso político y no desmontar con imposiciones y injerencias externas. JuntsxCat seguirá defendiendo un modelo educativo propio, inclusivo y de calidad, con un diálogo constante con las familias y con el sector, donde todos los niños y niñas tengan cabida y disfruten de las oportunidades que merecen, porque en Junts sabemos que cada niño es un mundo único de talentos diversos y con la educación inclusiva unos aprendemos de otros. Construimos puentes de humanidad, de empatía y de tolerancia colectiva. Y por todo ello, insistimos en que la solución pasa, como en tantos otros ámbitos, por disponer de los recursos adecuados, unos recursos que Cataluña genera sobradamente. O sea, señorías del PP, resumiendo, la solución, a nuestro parecer, pasa por menos injerencias externas, en la educación, pero también en caja.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cervera. El Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Estrens Fallos, cuando quiera. El Grupo Republicano tiene la palabra Estrens Fallos, cuando quiera.
Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, y dada que esta es la primera semana del curso, lo que quisiera es desear un buen curso 2025-2026 a todo el alumnado y personal docente que ha empezado las clases, que empezaron ayer mismo. Habiendo dicho esto, hoy hablamos de inclusión en la educación. Con esta proposición de ley del Partido Popular, nosotros pensamos que no avanzamos en nada, sino que damos pasos atrás, por lo menos en el modelo catalán. La inclusión educativa no es una opción, es un derecho fundamental. Pero para hacerla real no es suficiente tener leyes, necesitamos dotarla de recursos y de presupuesto. ¿Y saben qué quiere decir eso? Quiere decir más presupuesto.