Presidente:
Bueno, muchísimas gracias. Abrimos la sesión formal después de la subcomisión de salud mental. En relación con la subcomisión de salud mental, un ligerísimo cambio: hemos ampliado el plazo del voto particular a las dos de la tarde en vez de a las doce, a petición del grupo que tiene un voto particular, con lo cual no nos afecta mucho. Bien. Ahora celebramos la comparecencia de la ministra de Sanidad. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros hoy. Tenemos tres solicitudes de comparecencia: petición propia de la ministra; del Grupo Parlamentario Popular para explicar si tiene previsto impulsar en algún momento alguna medida de utilidad real para solucionar las necesidades existentes en la atención primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud; y, en tercer lugar, también del Grupo Parlamentario Popular, para explicar si tiene previsto hacer algo útil ante el rechazo frontal y generalizado que ha generado su propuesta de reforma de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Y sin más, tiene la palabra la ministra. El debate se desarrollará con intervenciones de diez minutos, de menor a mayor, a excepción del Partido Popular, que, como es sabido, será el primero en intervenir. Todo el mundo conoce el mecanismo, así que no hay ningún problema.
Ministra:
Bueno, pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos y a todas. Para mí es un honor estar nuevamente aquí en esta comisión de Sanidad, que asumo con el máximo respeto. Como bien saben, en ocasiones anteriores he tenido una comparecencia extensa sobre cuáles iban a ser nuestros planes de trabajo desde el Ministerio de Sanidad y cuál iba a ser el futuro. En esta, pretendo ser un poquito más sucinta en la parte inicial para que luego podamos tener un debate constructivo y recoger todo lo que plantean los diferentes grupos parlamentarios.
Voy a empezar, cómo no, hablando de sanidad en un momento geopolítico complejo y doloroso, hablando de Gaza y de los palestinos. Ayer tuvimos un acto tremendamente emotivo y, como siempre en todas y cada una de mis intervenciones, voy a condenar este genocidio que se ha cobrado la vida de más de 15.000 niños y más de 50.000 civiles, que ha destruido todos los hospitales. El Ministerio de Sanidad se siente orgulloso de haber traído para tratar y cuidar a casi 50 niños y niñas gazatíes, para que sean cuidados aquí en nuestro sistema sanitario.
Dicho esto, quería empezar con una buena noticia que ha salido de esta comisión: se ha dado luz verde a la Agencia Estatal de Salud Pública. No tengo que contarles nada de esta agencia porque ya la han debatido ustedes aquí; ha sido un debate intenso y, hasta donde yo sé, todos los grupos, excepto Vox, han contribuido, incluido el Partido Popular, que luego ha votado en contra por motivos espurios que no vienen al caso. Creo que esta Agencia Estatal de Salud Pública, que data de una ley y es un mandato pendiente desde 2011, es algo que reclamaba nuestra ciudadanía y que pusimos sobre la mesa tras los aprendizajes de la pandemia. Es difícil explicar a la población que, después de lo ocurrido en la pandemia, no fuéramos capaces de lograr unanimidad para poner la salud en el centro y manifestar lo obvio: que tenemos que estar mejor preparados para las siguientes pandemias y contar con un mejor control y vigilancia de las diferentes...
epidemiológico de las diferentes enfermedades, transmisibles y no transmisibles, y que es una herramienta fundamental. Así que les doy la enhorabuena por el trabajo y todo mi reconocimiento a todos aquellos que han hecho posible y han votado a favor y no se han dejado llevar por esos cantos de sirena partidistas y oportunistas en el último momento votando en contra.
Esta ley y la aprobación de esta ley demuestran para qué estamos aquí; demuestran por qué estamos en el Gobierno y por qué estamos orgullosos de estar en el gobierno progresista que hace que avance este país, que mejore las condiciones de salud de nuestra población, que nos prepare mejor para la siguiente pandemia y que refuerce unos referentes y unos pilares mucho más sólidos en materia de salud pública y sanidad pública.
En segundo lugar, me quiero referir a otra de las medidas que considero fundamentales en esta legislatura: el Plan BEO, que es el plan para incluir la salud visual dentro de la cobertura universal de nuestra protección de la salud. Un plan en el que todos los menores de 16 años van a poder tener acceso a gafas o lentillas, vivan donde vivan y tengan las condiciones económicas que tengan, porque consideramos que la salud visual es parte de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Sobre todo en los más pequeños, en los que se están desarrollando, pueden surgir complicaciones en su desarrollo escolar. Queremos aliviar así el gasto de bolsillo de las familias que muchas veces ven roto su presupuesto mensual por el gasto en salud visual de sus hijos e hijas.
Hemos decidido que sea una prestación universal porque creemos que la protección de la salud es universal. Nadie duda que un trasplante se haga en este país independientemente de la cartera o los ingresos. Nadie duda que tengamos acceso a una sanidad, a un cardiólogo, a los mejores tratamientos, pruebas genéticas y a las mejores terapias avanzadas sin preguntarle a nadie cuál es su renta. Para eso tenemos un mecanismo que se llama pago de impuestos progresivos, que está en la Constitución y equilibra esta balanza.
La universalidad es una de las mejores virtudes de nuestro Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, es el espejo en el que deben mirarse todas las políticas sanitarias que entendemos como estructurales y de calado. Una de ellas es la salud visual. El Gobierno impulsa así una medida que toca lo concreto, lo cotidiano, lo palpable, lo real: el derecho a ver bien de todas y todos los ciudadanos por el mero hecho de ser ciudadanos y ciudadanas.
También quiero adelantarles los próximos pasos en la Ley de Prevención del Tabaquismo, la más conocida como ley antitabaco, que es una de las grandes prioridades de este Ministerio. En estos momentos estamos terminando los últimos flecos del borrador de la ley y avanzo que, si todo va bien, podrá salir en audiencia pública en las próximas semanas y así comenzar con su desarrollo normativo. Les confirmo que la nueva ley que vamos a impulsar desde el Ministerio de Sanidad va a ser todo lo ambiciosa posible y va a prohibir fumar en las terrazas. Es una medida avalada por la evidencia científica y por una amplia mayoría de la ciudadanía.
La política no puede ir detrás del consenso social, y creo que hay un consenso social después de haber vivido la primera ley antitabaco hace ya más de diez años, de haber visto sus efectos positivos en la salud y sus nulos efectos en la economía. Por ello, creo que la sociedad está más que preparada y va por delante de nosotros a la hora de legislar en esta materia.
La nueva ley ampliará los espacios libres de humo donde tiene todo el sentido proteger la salud de todos y todas. Por ejemplo, no se podrá fumar en vehículos de uso laboral ni en centros docentes, incluidos los espacios al aire libre como los patios de los institutos o los campus universitarios. Algunas de estas medidas ya están en marcha en determinados campus y comunidades autónomas. También quedarán libres de humo las instalaciones deportivas, las piscinas de uso colectivo, las marquesinas de autobuses y las salas de fiesta exteriores. Hay dos condiciones imprescindibles: que sea un lugar con afluencia de gente y donde haya personas que puedan inhalar humo de manera involuntaria. Creo que es bastante evidente que debemos proteger la salud de todos los ciudadanos.
Además, este avance no lo hacemos solos: lo hacemos de la mano de la Unión Europea, del sentido común, de la evidencia científica, de las sociedades científicas, de la Asociación Española Contra el Cáncer y de todos aquellos que consideramos que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo que podemos evitar y que provoca 140 defunciones diarias y más del 30 % de los cánceres.
Se hará, por supuesto, atendiendo a cada una de las casuísticas, con toda la ambición posible y yendo a una de las principales amenazas de
Esperamos contar con su apoyo, con el apoyo de todos y todas, porque creo que hay algo que es aglutinador: la protección de la salud. Cuando hablamos de la protección de la salud individual lo tenemos claro; aquí estamos hablando de la protección de la salud colectiva. Creo, por tanto, que no debemos dejarnos intercalar otros intereses que no tienen nada que ver ni con la salud, ni con la Comisión de Sanidad, ni con la salud de los ciudadanos.
Quiero ser muy clara: no existe el tabaco saludable. Espero que ustedes no lleguen tarde a estas medidas. Ya hemos visto cómo hay grupos políticos que votan en contra y que, al cabo de diez años, dicen “qué buena fue esa ley” y, en algunos casos, incluso se la atribuyen. Bueno, no hace falta llegar tarde. Pueden llegar ustedes a tiempo para proteger la salud de los ciudadanos y las ciudadanas.
Cuando hablamos de reducción de daños y de esta manipulación de la evidencia científica, no existe evidencia científica que diga que hay un tipo de tabaco saludable y otro que no lo sea. Si hablamos de reducción o contención de daños, entonces estamos hablando de otra cosa: de una prescripción médica. No hay evidencia de que el uso de dispositivos alternativos al tabaco convencional reduzca la adicción al tabaquismo. Nosotros trabajamos con la evidencia. Los cigarrillos electrónicos y los vapeadores generan la falsa percepción de que lo que se vapea no se fuma, pero lo que se inhala sigue siendo nocivo. Por eso los espacios libres de humo incluirán el tabaco convencional, los vapeadores y el tabaco calentado.
La nueva normativa equiparará la regulación de los cigarrillos electrónicos a la del tabaco tradicional, cerrando una de las lagunas que la industria ha aprovechado para captar nuevos consumidores. No confundamos el control del daño con la captación de nuevos usuarios. Queremos llegar a una generación libre de humos en 2030–2040.
En paralelo, estamos trabajando en el Real Decreto que regulará los sabores tóxicos, como el de menta, que no deberíamos avalar. Es una estrategia para atraer a las personas más jóvenes con dispositivos que parecen “cool”, pero que hacen igual daño a la salud. También revisaremos el contenido de nicotina de las bolsas de nicotina, que en algunos casos supera diez veces el contenido permitido en los tratamientos para la deshidratación tabáquica. No perdamos el rumbo ni la evidencia científica.
Paso ahora a informarles de los avances, que es parte de la petición de esta comparecencia, en la reforma de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Como saben, el borrador se está negociando; se sigue negociando y trabajamos con todos los sindicatos que integran la mesa de representación sindical, la cual deviene de unas elecciones sindicales, como ocurre en cualquier administración. No elegimos la mesa; es la resultante de esas elecciones.
Hasta la fecha, se han celebrado más de 30 reuniones y continuamos con nuevas convocatorias con organizaciones sindicales, entidades, sociedades científicas y colegios profesionales. De las mejoras incorporadas al Estatuto Marco, quiero destacar tres elementos. En primer lugar, la estabilidad laboral y la lucha contra la temporalidad. Hemos visto casos de profesionales encadenando contratos e interinidades durante 10 o 15 años; eso finaliza con este Estatuto Marco. Además, propone que las oposiciones se celebren cada dos años.
Lo cual eliminaría tajantemente la inestabilidad que hemos estado sufriendo desde hace 20 años.
Otra de las cosas es la limitación a la jornada laboral: la limitación de la jornada ordinaria, la limitación de la jornada de guardias y la limitación también de las horas extraordinarias o de los programas especiales. Hay limitaciones en todos los ámbitos, en las horas de guardia. Las guardias pasan de ser de 24 horas a 17 horas.
Vuelvo a insistir en esto: creo que soy la primera ministra que habla de reducir las horas de guardia; creo que soy la primera política y la primera persona que en el ámbito público ha expresado que, efectivamente, las guardias de 24 horas son dañinas para los profesionales y para los pacientes. Si revisan ustedes la hemeroteca, no habrán visto ni una sola reivindicación sindical ni ninguna sola reivindicación política a este respecto. Así que eso es un compromiso mío personal: reducir las horas de guardia, reducir las horas de trabajo semanal y reducir las horas de trabajo anual para atajar los abusos que se han venido cometiendo.
Sí, porque muchas veces esos abusos se han basado en la falta de personal y de recursos humanos. Y eso entenderán que es una competencia de las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que tienen que habilitar los recursos humanos necesarios para que un profesional no tenga que hacer ocho guardias al mes. Este compromiso está, además, recogido en el Estatuto Marco.
Otro de los ejes de este Estatuto Marco es el reconocimiento profesional de todas las categorías. Se establece una catalogación muy sencilla, en función del sistema de reconocimiento de los créditos MECU: cada profesional ocupa el lugar que le corresponde según su formación y sus competencias. Esto es cristalino y no tiene nada que ver con la clasificación de la Administración General del Estado, que es para los funcionarios. Los estatutarios nos movemos por otra clasificación, y esta modernización de la clasificación de profesionales incluye un capítulo de especificidades para el colectivo de profesionales médicos y otro para los investigadores. Hasta ahora, los investigadores en nuestro Sistema Nacional de Salud no tienen un encaje adecuado para compaginar su labor asistencial con la investigadora; por eso habrá un capítulo exclusivo para ellos, tanto para los investigadores estatutarios del SNS como para aquellos profesionales asistenciales que quieran investigar.
Muchas de las reivindicaciones que hemos escuchado en la jornada de huelga últimamente ya estaban recogidas en el primer borrador y, por supuesto, las hemos ido mejorando. Me alegro de que exista esa presión por parte de los profesionales sanitarios, que han dicho “hasta aquí hemos llegado”, especialmente tras una pandemia tan dura, en la que trabajaron sin apenas reconocimiento —más allá del social—. Muchas de esas reivindicaciones ya se han incorporado paulatinamente.
Por ejemplo, hemos eliminado la dedicación exclusiva durante los cinco primeros años de residencia, aunque hemos mantenido la dedicación exclusiva para los jefes de servicio. Consideramos que quien adquiere una responsabilidad —cuando se presenta y accede a una plaza con responsabilidades— también ha de asumir un compromiso de dedicación y no puede tener compatibilidades con determinados elementos exteriores.
Desde el Ministerio de Sanidad respetamos todas y cada una de las movilizaciones, y yo respeto absolutamente a todas las personas que hicieron huelga el otro día, reclamando mejoras en su calidad asistencial y en sus condiciones laborales, que en algunos territorios han sido pisoteadas y abusadas. Hay, en efecto, una heterogeneidad: no es lo mismo lo que cobran unos profesionales en unas comunidades que lo que perciben en otras, ni las condiciones laborales son idénticas de unas a otras.
Intervención de la Ministra de Sanidad:
¿Y esto por qué? Porque las condiciones laborales y las condiciones económicas de los profesionales sanitarios son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y el Estatuto Marco es el marco que regula las reglas de juego. Ahora bien, las condiciones laborales se tienen que hablar en otro lugar, con otras competencias. Desde el Ministerio respetamos todas y cada una de las reivindicaciones, pero hay algunas de las demandas que no podemos secundar. No podemos secundar, por ejemplo, el rechazo a que las enfermeras asuman responsabilidades de gestión y a que otros profesionales vean reconocido su papel y que hayan avanzado en sus competencias, su formación y su desarrollo profesional. Esto no lo podemos compartir.
Hay una cosa en medicina que se llama el “not to do”, que es primero no hacer, el no hacer. Y yo sí que quería hacer un paralelismo con el Estatuto Marco. Voy a contar primero lo que no es el Estatuto Marco.
El Estatuto Marco no es un lugar donde se resuelvan los diferentes agravios comparativos entre las diferentes categorías o profesiones. Al revés: el Estatuto Marco viene a ordenar mucho mejor a todas las categorías en función de su formación, en función de sus competencias y en función de sus responsabilidades.
Y aquí hay que hacer una mención muy especial. La clasificación no tiene nada que ver con el proceso asistencial. El proceso asistencial, según la LOPS, que también tendremos que cambiar porque está obsoleta y sigue manteniendo, por ejemplo, que las enfermeras son diplomadas y las enfermeras ni son diplomadas ni llevan cofia, han desarrollado su profesión al máximo de sus capacidades. El proceso asistencial, según marca la LOPS, lo seguirá llevando aquella persona que tenga mayor responsabilidad en el proceso asistencial. No cambia absolutamente nada.
Hay una especie de temor de que otras categorías van a hacer las competencias de lo que hacen otros profesionales. No: los médicos van a hacer sus competencias de médicos, las enfermeras las suyas, los técnicos las suyas y sus funciones. Y esto es lo que regula mejor este Estatuto Marco. Este Estatuto Marco no va a permitir la invasión de competencias. Obviamente, tenemos que cambiar todavía muchas cosas, entre otras las funciones de cada profesional, que ya estaban pendientes incluso antes del Estatuto Marco antiguo, pero tampoco se limitará el desarrollo máximo de todos y cada uno de los profesionales de nuestro sistema sanitario. No va a impedir que determinados colectivos y determinados profesionales no se desarrollen al máximo y puedan asumir competencias y capacidades que ahora mismo sí que tienen y que no tenían hace 25 años.
Y por ser didáctico también, porque, insisto, creo que respaldo muchas de las reivindicaciones y muchos de los malestares de los profesionales que el otro día fueron a la huelga, pero creo que, por ser didáctico, tampoco tenemos que caer en la desinformación. Y por ser didáctico voy a decir varias cosas.
Las guardias hasta ahora no contaban como tiempo trabajado. En este Estatuto Marco sí cuentan como tiempo trabajado. ¿Por qué? Porque te reducen la jornada ordinaria. Los profesionales, sobre todo los médicos, trabajamos en dos tipos de actividades: una actividad programada, que puede ser de mañana o de tarde, y una actividad de guardia. No es lo mismo —y ustedes habrán sido usuarios— ir a una consulta programada que ir un día de urgencias; ni es lo mismo que te programen una cirugía que ir de urgencias con una apendicitis, con una obstrucción o con una perforación. Son dos actividades diferentes y se regulan de manera diferente. Y los profesionales tienen que tener formación y experiencia en ambas.
¿Qué hace este Estatuto Marco? Limita las horas en las que tú estás tanto en una jornada como en otra, pero no puede eliminar ninguna de las dos jornadas. Cuando hay una reivindicación de que las guardias sean voluntarias, o sea que la actividad de urgencias sea voluntaria, esto lo que afecta es a la atención de los pacientes de urgencia, y a la formación y a la experiencia de los profesionales. Por eso, esta es una de las reivindicaciones que no podemos contemplar.
Otra cosa es regular para que esas guardias no sean abusivas, no sean extenuantes y para que tengan un reconocimiento y una retribución específicas. Eso es otra cosa, pero no perdamos tampoco el rumbo.
Cuando nosotros en el Estatuto Marco decimos que hay límites máximos y ponemos un límite máximo por debajo de la directiva europea de 48 horas, lo ponemos en 45, lo que estamos diciendo es límites máximos. Si alguien dice que esto va a permitir que se trabaje en 60 horas, será alguien que se salta la ley. Yo lo siento mucho.
Desinformando y diciendo que es que poner el límite en 45 horas va a permitir que se trabajen 60; será alguien que se salte la ley, porque si no no hay manera de saltarse ese marco.
Eso sí, sí que es verdad que lo que nosotros ponemos es maneras, límites para que haya medidas de corrección en caso de que estos límites se superen. Nunca antes había límites y medidas de corrección en caso de que estos límites se superen. Por ejemplo, un informe de riesgos laborales, la primera vez que aparecen riesgos laborales, que son los que tienen que informar sobre si el exceso de carga de trabajo es excesiva y vulnera la protección de la salud de los trabajadores.
Un informe de recursos humanos que tiene que decir si faltan o no faltan recursos, si el hecho de que un profesional haga más o menos jornada, más o menos turnos o más o menos guardias tiene que ver con que faltan recursos. Y también una posibilidad y una herramienta para que se pueda compensar con descanso o con retribuciones.
Esto está en el Estatuto Marco. Y nosotros no decimos cómo tiene que trabajar cada uno de los servicios del Sistema Nacional de Salud. Ponemos dos opciones: se puede trabajar a turnos o complementando las dos actividades que hay, la programada y la de guardia. Nosotros no decimos que haya un servicio que quiera trabajar a turnos; es libre de hacerlo. Que haya una consejería que quiera que sus profesionales de todas las categorías trabajen a turnos, el Estatuto Marco lo deja abierto. Yo no voy a decir quiénes son; lo tendrán que decir cada uno de los servicios en función de sus recursos, de sus necesidades y de la demanda de los pacientes, porque una cosa que introduce este Estatuto Marco es la palabra pacientes en más de una ocasión, porque antes estaba absolutamente ausente.
Si quieren, luego ahondo más en todos estos elementos. Pero en el no to do, en qué no es un Estatuto Marco: un Estatuto Marco no es un lugar donde se regulen las retribuciones. Lo siento, no es nuestra competencia, estaríamos invadiendo otras leyes: las leyes de presupuestos generales y las leyes de presupuestos de las diferentes comunidades autónomas. Si alguien ha prometido a sus profesionales que con el Estatuto Marco va a tener un aumento salarial, ha faltado a la verdad, porque el Estatuto Marco, igual que el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público, no habla de retribuciones. Tampoco habla de otros elementos que no nos competen, como puede ser la edad a la que se tiene que jubilar un profesional.
Como ustedes saben, cuando se alcanza la edad, que es algo que es un consenso social, público y político, es en función de los años que llevas trabajados, no en función de las horas que llevas trabajadas. ¿Por qué? Porque si tuvieras dos trabajos te podrías jubilar antes, y eso no opera así. La jubilación no es competencia de este Ministerio. Ahora bien, se ha introducido en un Real Decreto de Seguridad Social los coeficientes reductores. Sí, claro. Cada categoría, profesional o estamento tendrá que decir si su profesión es una profesión de riesgo en lo que a siniestralidad y penosidad se refiere. Y aquí cada profesional tendrá la libertad de presentar su informe en función de unas estadísticas de siniestralidad que avalen si una profesión es o no es de riesgo.
Vuelvo a insistir: no es competencia de este Estatuto Marco hablar de cuándo nos vamos a jubilar y si nos jubilamos en función de las horas que trabajamos. Nos jubilamos en función de los años trabajados.
Y, por terminar, creo que la sintonía con los sindicatos, a pesar de lo que pueda parecer —y esto también lo vemos aquí muchas veces, que hay plena sintonía en esta comisión para hablar de algunos textos, pero luego se sale fuera y hay que hacer otras valoraciones que no tienen que ver con el texto en sí mismo—, la sintonía con los sindicatos está siendo especialmente alta y nos están reconociendo realmente el avance en este Estatuto Marco para mejorar las condiciones.
Tenemos un riesgo y es quedarnos con el Estatuto Marco del año 2003. Y aquí, señorías, yo les doy a elegir: ¿Queremos oposiciones cada 10 años o las queremos cada dos? ¿Queremos guardias de 24 horas, como hay ahora, o las queremos de 17 horas? ¿Queremos que, como hay ahora, esas horas de guardia se tengan que devolver o que se descuenten de la jornada ordinaria? ¿Queremos que no haya límites claros a la jornada o queremos poner límites claros y, además, con medidas de corrección para que, si se saltan esos límites —o sea, si se salta la ley— pueda haber medidas correctoras que beneficien a los trabajadores? ¿Queremos que los profesionales estén desamparados ante las agresiones?
Ministra de Sanidad:
¿Queremos que sean autoridad pública? ¿Queremos que los complementos estén dentro de las pagas extraordinarias y recuperar los complementos que no estaban en ellas? ¿O queremos que estén fuera o dentro? ¿Queremos que haya diferentes modalidades de jubilación en función de las particularidades de los distintos colectivos? ¿O queremos “jubilación con lentejas”? ¿Queremos una clasificación obsoleta o una clasificación que regule perfectamente la formación de todos y cada uno de los profesionales? Ahí dejo estas cuestiones.
Pasando a un siguiente punto, sobre los profesionales sanitarios, y este debate que tenemos intensamente en el Consejo Interterritorial y que hemos tenido aquí también sobre la falta de profesionales, quiero poner el foco en los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de España para tener más profesionales sanitarios. No solo en la formación sanitaria especializada, en la que hemos aumentado un 40 % las plazas MIR, un 94 % las plazas EIR de enfermería y casi duplicado las PIR de psicología, sino también en la financiación de las plazas de grado de Medicina en las universidades públicas para egresados, lo cual ha supuesto 1 500 plazas más. Esto empezó con un presupuesto de 52 millones que cada año se ha ido recuperando para mantener todas esas plazas públicas, sin el concurso de las comunidades autónomas. Quiero subrayar que el Gobierno de España ha hecho ese esfuerzo extra. Este año se han ofertado 11 943 plazas, la cifra más alta jamás registrada. Gracias a ello, en 2024 terminarán su residencia 2 334 profesionales más que en 2017. Cada año contamos con más de 2 000 profesionales adicionales gracias a este esfuerzo iniciado en 2018.
Lo siento mucho, pero esto es así: es evidencia científica, es una descripción anatomopatológica de los recortes del Partido Popular que dejaron la formación sanitaria especializada tiritando. Se ha recuperado la elección presencial, un elemento fundamental, y se ha implementado un sistema ágil de reasignación de plazas, lo cual ha permitido que por primera vez en muchos años tengamos un 100 % de las plazas cubiertas. Me gustaría que alguna administración autonómica pudiera decir que sus centros cubren el 100 % de las plazas que ofertan a quienes terminan su especialidad, porque hay comunidades que dejan escapar al 70 % de esos residentes.
Este marco recoge acciones, y si hablamos de profesionales no podemos olvidarnos del Marco Estratégico de Cuidados del Sistema Nacional de Salud. Estamos poniendo especial énfasis en las profesiones del cuidado, gracias al trabajo ímprobo de toda nuestra área de Cuidados del Ministerio de Sanidad, que ha elaborado un marco estratégico avalado por todas las comunidades y por el Consejo Interterritorial. Este recoge acciones concretas para impulsar el desarrollo profesional de quienes se dedican al cuidado, reconociendo plenamente sus competencias, su formación y su papel imprescindible en nuestro sistema sanitario. Es un paso importantísimo para fortalecer el rol de las enfermeras y de todos los profesionales del cuidado.
Quiero referirme ahora a la Ley del Medicamento. Esta ley, que recientemente ha pasado por el Consejo de Ministros y Ministras, se enmarca en la estrategia de la industria farmacéutica, da pasos importantes para mejorar el acceso a la innovación, fomenta el uso de genéricos y biosimilares y garantiza el abastecimiento. Tiene un objetivo muy claro: mejorar la competitividad en un país con gran producción de genéricos que, sin embargo, prescribimos menos que la media europea y que resultan más caros. Queremos competencia real e intercalar la innovación farmacéutica, cuya actividad reforzamos y cuyos procedimientos de acceso agilizamos, con un mayor acceso y competitividad de genéricos y biosimilares. Entre las novedades de esta ley, aceleramos la incorporación…
medicamentos innovadores, procesos de evaluación más rápidos, criterios más transparentes, un menor coste para el sistema. Ampliamos las competencias en prescripción y dispensación de los profesionales sanitarios, reforzamos nuestra autonomía estratégica, prevenimos el desabastecimiento, mejoramos la capacidad de compra conjunta e incorporamos por primera vez criterios medioambientales en la financiación de los medicamentos sin comprometer ni la seguridad ni la eficacia.
Quiero dar las gracias a todos los actores que han participado en este diálogo, que ha sido muy productivo y enriquecedor, y en el que hemos mejorado el texto en aspectos clave como la estabilidad del sistema de precios o la protección del suministro de medicamentos antiguos.
Creo que este ministerio, si de algo puede enorgullecerse, es del diálogo con todos los actores, y en esta ley hemos tenido una mayor implicación para que salga del consenso y del diálogo con todos.
Básicamente, en el ámbito de los medicamentos —una ley que llevaba sin tocarse desde 2015— estamos diseñando las reglas del juego para las próximas dos décadas. Y lo hacemos con una visión de futuro y una idea clara: el sistema sanitario, la industria y la innovación no pueden caminar separados; tenemos que avanzar de la mano, rompiendo la relación de vendedor-comprador, de proveedor-financiador, para crear un ecosistema en el que los intereses legítimos de la industria vayan acompasados con los del bien común, el acceso a medicamentos y la sostenibilidad del sistema que demandamos desde las instituciones y la sociedad.
Así, queremos que el Estado no sea simplemente un mero pagador, sino un Estado emprendedor que influye y manifiesta cuáles son las verdaderas necesidades, las áreas críticas donde requerimos medicamentos, los lugares en los que queremos invertir y los que apoyamos para impulsar la innovación.
Sobre atención primaria, que es parte de la comparecencia solicitada por el Partido Popular, estoy muy orgullosa del trabajo realizado y de la aprobación del plan de atención primaria 2025-2027, para el cual el Consejo Interterritorial aprobó una dotación extra, insisto, de 172 millones de euros.
Todo esto lo hemos hecho de la mano de las comunidades autónomas, de sus técnicos y de todas las consejerías de sanidad y salud. No existe una varita mágica para la atención primaria, y ustedes lo saben: hay que llevar a cabo múltiples acciones simultáneas para mejorar un área históricamente abandonada por nuestro sistema sanitario, que es uno de sus pilares y una de las envidias de otros países de nuestro entorno.
La atención primaria está integrada en nuestro Sistema Nacional de Salud, es universal, accesible y cuenta con los mejores profesionales, pero necesita cuidados tanto para el personal como para las herramientas de las que puede disponer.
Dentro de este plan quiero destacar dos aspectos que, aunque aparentemente distantes, son fundamentales. El primero es la longitudinalidad —quizás una palabra extraña—, que significa poder acceder siempre al mismo médico de atención primaria durante, al menos, 10 o 15 años. Que tengas tu médico de referencia, de manera que cada vez que acudas a consulta no te encuentres con un profesional distinto debido a la inestabilidad de las plantillas.
La longitudinalidad ha demostrado reducir entre un 20 y un 30 % los ingresos hospitalarios, disminuir la morbilidad y la mortalidad. Y lo repito: si existiera una pastilla que hiciera eso, la pagaríamos a precio de oro. La longitudinalidad consiste en dotar a los profesionales de estabilidad y tiempo para atender a sus pacientes.
El segundo aspecto es el uso de herramientas hoy muy comunes, como la inteligencia artificial en las consultas, para eliminar la barrera entre profesional y paciente, resumir y elaborar la historia clínica —que el profesional validará, verificará y ratificará— y agilizar la atención.
Quiero ser muy clara: la inteligencia artificial no sustituye a ningún profesional, igual que la telemedicina no sustituye a nadie; son herramientas.
… de uso para la facilidad y para la agilidad de los profesionales. Herramientas de uso para facilitar el trabajo y hacer que nuestros profesionales puedan ganar tiempo. Dicho esto, de nada nos sirve toda la innovación que podamos meter, que podamos introducir, si persisten las esperas de un tiempo absolutamente inadmisible a la hora de poder acceder a la atención primaria y la sobrecarga de nuestros profesionales. Mientras haya un profesional que tenga que ver a 60 pacientes, no hay innovación y no hay longitudinalidad que valga. Y esto, vuelvo a insistir, depende de las condiciones laborales, del cuidado que todas y cada una de las consejerías pongan en uno de los pilares fundamentales, que es la atención primaria.
No quiero dejar tampoco de mencionar los avances que hemos logrado en materia de salud mental y, además, creo que habéis celebrado ahora mismo la subcomisión de salud mental. Creo que es un problema y una preocupación que, a todos los que estemos pendientes de nuestro sistema sanitario y de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas, está en el centro de nuestra acción política. Uno de los aciertos del Gobierno, nada más llegar, fue la creación de ese comisionado de salud mental, que ya está dando sus frutos.
Hoy, gracias a este Gobierno, tenemos el primer Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que tiene un enfoque integral, un enfoque comunitario y multidisciplinar; que mejora los sistemas de información; que refuerza el 024; que involucra a los pacientes; que involucra también a las familias; y que fortalece la coordinación entre las diferentes administraciones y la sociedad civil. Contamos con un plan de salud mental que también responde a las nuevas formas de sufrimiento, un plan que parte de la convicción de que hay que abordar el malestar desde otro lado, que no solamente sea “tengo un malestar, voy a la consulta, salgo con una pastilla”. Tenemos que abordar estos malestares desde otro punto de vista y, por eso, estamos poniendo el acento en garantizar el acceso a más profesionales, en el refuerzo de estos mismos, en promover el uso más racional de los psicofármacos y en mejorar la vigilancia epidemiológica de los determinantes sociales del sufrimiento, como pueden ser la vivienda o el empleo.
Volvemos a insistir: la ley de vivienda, el cumplimiento de la ley de vivienda, es también un determinante de la salud mental y de la salud de nuestra ciudadanía. La ley de vivienda o su cumplimiento afecta e incide directamente sobre la salud mental y sobre la salud de nuestra ciudadanía.
Estos son algunos de los elementos en los que quería detenerme un poco más. Ahora pasaré, de forma mucho más sintética, a informar sobre los próximos avances que tiene el Ministerio de Sanidad de aquí a final de año.
Muchas gracias.
Entre las prioridades inmediatas que tenemos en este Gobierno y el Ministerio de Sanidad está ese Real Decreto que regula la subvención inicial de 10 millones de euros para las personas con ELA en estado avanzado, previsto para finales de julio. Es una medida que hemos trabajado de la mano de las asociaciones, de los pacientes, y que cubre el lapso de tiempo en el que los periodos administrativos de desarrollo y de puesta en marcha de la ley dejaban un espacio en blanco en el cual los pacientes con ELA no podían esperar. Una de las manifestaciones y demandas de las diferentes asociaciones fue que necesitábamos algo para que los pacientes no tengan que elegir, tomar decisiones como hacerse una traqueostomía o no, en función de si pueden permitirse contratar o no cuidadores. Esta ayuda, esta subvención directa para la contratación de cuidadores y cuidadoras, viene a solventar ese problema mientras se desarrolla la ley de ELA.
Por otro lado, en el próximo Consejo Interterritorial, previsto para la semana que viene, llevaremos el nuevo plan de terapias avanzadas, que permite ampliar y fortalecer un ámbito en el que ya somos punteros en Europa. Quiero dejar claro que estamos en un momento absolutamente maravilloso de oportunidades, de nuevas alternativas terapéuticas en lo que a terapias avanzadas se refiere. Es un momento especial para el desarrollo de nuevas terapias, para la investigación, para las alternativas terapéuticas, etc. Se está trabajando en muchas áreas y necesitamos la concurrencia de las instituciones públicas. Las instituciones públicas tenemos mucho que decir, los hospitales públicos tenemos mucho que decir y la investigación pública tiene mucho que decir: entre otras cosas, que nos sale más barato. Y las innovaciones que parten de la academia, que no son innovaciones comerciales, sino innovaciones académicas, también tienen mucho que decir.
Y aquí este es un momento en el que vamos a ver auténticos avances en enfermedades que hasta ayer eran irresolubles o eran incurables. Y aquí tiene que estar el Gobierno de España y aquí tienen que estar también las instituciones públicas.
También estamos trabajando intensamente por una nueva operación de evacuación de niños y niñas gazatíes para que puedan venir a nuestros hospitales en la sanidad pública. Por el momento son más de 50 los niños que España ha acogido y estamos haciendo todo lo posible por proteger a los menores a los que podemos del genocidio de Israel.
Y me permito recordar que un menor muere cada 45 minutos por los bombardeos desde hace más de 20 meses.
Y a la vuelta del verano también vamos a impulsar una iniciativa que es Tardes con Plan, que es un programa innovador que busca ofrecer alternativas gratuitas y saludables de ocio, actividad física y alimentación saludable para niños y niñas en horario escolar. Esto también va de la mano de ese Real Decreto de Comedores Escolares Saludables que hemos impulsado junto con el Ministerio de Derechos Sociales. Esta iniciativa de Tardes con Plan está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se desarrollará junto a la Fundación Gasol y otras fundaciones con un enfoque de determinantes sociales de la salud.
También en los próximos meses tenemos que culminar los trabajos legislativos de la Agencia Estatal e impulsaremos el avance de otras leyes que tenemos pendientes, como la Ley de Universalidad, la Ley de Alcohol y Menores y la Ley de Gestión e Integridad de nuestro sistema sanitario. Nos hemos adherido a la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria y hemos creado el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. Por otro lado, también hemos firmado un convenio con el CIS para realizar una nueva edición de la encuesta de salud sexual que no se realiza desde el año 2009. En estos años hemos visto cómo las maneras de relacionarse han cambiado profundamente y necesitamos contar con datos actualizados sobre cuáles son los conocimientos, cuál es la información, cuáles son las prácticas y las actitudes sexuales que nos permitan diseñar las campañas del futuro para evitar este aumento de las infecciones de transmisión sexual que estamos viendo no solamente entre nuestros jóvenes sino también entre toda nuestra población. Este aumento de sífilis, gonorrea y clamidia y este incremento del riesgo para la salud de la población se debe a una determinada manera de concebir ahora las relaciones sexuales.
Y a riesgo de dejarme cosas en el tintero, creo que luego complementaré en las réplicas. También voy a enumerar algunas de las líneas de trabajo de cara al otoño que no he mencionado anteriormente: la nueva estrategia de ciberseguridad del Sistema Nacional de Salud, la nueva estrategia de salud sexual y reproductiva, la ley de salud digital, el Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos y los Reales Decretos sobre tabaco, evaluación de tecnologías sanitarias, cannabis medicinal y publicidad de productos sanitarios.
Y termino ya, pero me gustaría hacerlo con un anuncio. Desde hace tiempo sabemos que las organizaciones de pacientes carecen de un marco jurídico específico y, a efectos legales, operan como cualquier otra asociación legal, una asociación de petanca, por ejemplo. Esta anomalía tiene consecuencias importantes porque, al final, las asociaciones de pacientes tienen dificultades para acceder no solamente a ayudas directas sino también a mecanismos que permitan una trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas de unas organizaciones que juegan un papel cada vez más importante en la toma de decisiones de las políticas sanitarias. La limitación de la participación de los pacientes y de las asociaciones de pacientes necesita ser removida para que tengamos, dentro del mapa de la toma de decisiones, a todos los actores y, sobre todo, a las personas que se ven directamente afectadas por estas políticas públicas.
Entonces, para corregir esta situación, el Ministerio de Sanidad va a comenzar a la vuelta del verano a trabajar en una ley de organizaciones de pacientes, una ley que reconozca su especificidad, garantice su independencia, refuerce su capacidad de incidencia y establezca un marco claro y estable para su colaboración con las administraciones.
Lo dejo aquí y estoy abierta a todas sus preguntas y todas sus intervenciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, ministra. Vamos a comenzar entonces por el partido que pidió dos de las comparecencias. Diez minutos, por favor, Partido Popular.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, ministra, y bienvenida a estar la tercera vez que acude a esta comisión. Y lo hace en un momento en el que estamos viviendo una sucesión de escándalos que tienen a los españoles indignados y asombrados. Usted empezaba diciendo que vivimos un momento geopolítico complejo. Yo diría que es algo muy diferente. Pero bueno, usted, señora ministra, está siendo cómplice y tapatía.