SEÑORA PRESIDENTA. Señorías, muy buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de la Comisión de Interior, que, como saben ustedes, vamos a sustanciar el orden del día, que es debate y votación de proposiciones no de ley. Y vamos a pasar directamente, sin más dilación, a la primera proposición no de ley para la estandarización de los recursos materiales mínimos de las unidades policiales en el marco de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El autor es el Grupo Parlamentario VOX y tiene la palabra, durante cinco minutos, el señor Gil Lázaro.
GIL LÁZARO. Muchas gracias, señora presidenta. El artículo 104 de la Constitución establece como misión principal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El primero de esos derechos es el derecho a la vida, el derecho fundamental, esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que el resto de derechos no tendrían existencia posible. Los agentes de seguridad ciudadana que patrullan nuestros pueblos y ciudades a diario suelen ser los primeros en llegar a cualquier tipo de incidente grave. En muchas de esas intervenciones hay heridos y en algunos la respuesta policial previa a la llegada del primer recurso sanitario puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Como afirmó Nicolás Sen, fundador de la Asociación de Cirujanos Militares de Estados Unidos, “el destino de los heridos está en manos de la persona que coloca el primer vendaje”. Miles de agentes en España portan ya en sus espaldas un botiquín de primeros auxilios IFAC, sufragado por ellos mismos, al igual que la formación para utilizarlo. Si acudimos a las noticias, ya no hay semana en España en la que una dotación policial no logre salvar la vida gracias a estos materiales y formación, sobre todo a través de la técnica parada de sangrado. Buen ejemplo de ello son, sin lugar a duda, las intervenciones in situ que realizan la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Una vez utilizado el material, la reposición de este también sale del salario. La cantidad de escenarios con heridos en los que se puede ver implicado un policía durante su servicio es múltiple y variada, y es una obviedad que una dotación policial no es un recurso sanitario. Pero, en aras de lograr una estandarización mínima de materiales y formación, existen dos situaciones habituales en las que, con un mínimo de esa formación y los recursos adecuados, se pueden salvar muchas vidas: parada cardiorrespiratoria y hemorragia franca, aquella que es visible a simple vista. La primera implica la muerte casi con toda probabilidad si no se actúa en cuestión de minutos, y la segunda es potencialmente mortal sin una intervención rápida en función de su gravedad. Ambas son posibles de revertir con una formación y recursos mínimos, es decir, desfibrilador, torniquete y material hemostático. Según el Real Automóvil Club de España, en los primeros cinco minutos posteriores al accidente se producen entre el 30 % y el 50 % de las muertes, mientras que el 75 % de estas ocurren durante la primera hora, la mayoría por hemorragias y problemas respiratorios. De modo que el dominio y manejo de técnicas asistenciales de urgencia podría evitar un gran número de muertes, en carretera o en cualquier otro incidente al que asista con su presencia una dotación policial. Para poder responder con las máximas garantías ante cualquier eventualidad sanitaria que se pueda producir durante el transcurso de su jornada laboral, es preciso que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuenten con un desfibrilador por vehículo y un botiquín personal. Y, por tanto, al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX somete hoy a la consideración de la Cámara una proposición no de ley requerida por las unidades especialmente de seguridad.
y patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, que son las que tienen que encarar estas primeras situaciones de emergencia sanitaria, una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a promover las medidas necesarias para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios imprescindibles en el desarrollo de esas labores de seguridad ciudadana, a efectos de poder cubrir una primera asistencia primaria una vez llegan al lugar de los hechos.
Esto es: la incorporación de un desfibrilador por cada vehículo policial, un botiquín de primeros auxilios por agente y la formación necesaria para la utilización de los referidos materiales.
Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría.
A continuación, pasamos, como nos han presentado enmiendas, al turno de fijación de posiciones y le damos la palabra al señor Martínez, del Grupo Plurinacional SUMAR.
Señor Martínez (Grupo Plurinacional SUMAR):
Gracias, señora presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario fijamos una posición contraria a esta iniciativa porque entendemos que, además, el tipo de medidas que se plantean requieren de un enfoque más riguroso y más planificado de lo que se propone. Es claro que hay agentes de Policía y de Guardia Civil que pueden encontrarse en situaciones en las que una intervención rápida pueda ser decisiva. Desde luego, tienen que contar con los medios necesarios y creemos que, en gran parte, ya disponen de ellos, pero incorporar algunos de estos, como desfibriladores y botiquines de primeros auxilios de forma generalizada, no es solo una cuestión de comprar equipos: implica formación, mantenimiento, protocolos de uso, evaluación de costes e integración con los dispositivos sanitarios y de emergencias existentes, en fin, una organización bastante compleja.
La proposición no resuelve ninguna de estas cuestiones. No creemos que las medidas vengan acompañadas del trabajo previo que es imprescindible para garantizar su efectividad. Además, ya existen procesos en marcha que valoran cómo dotar progresivamente a los cuerpos policiales de estos materiales, atendiendo a variables como el servicio, la zona, la necesidad poblacional o los recursos de emergencia disponibles. Recordemos también que la formación en primeros auxilios ya forma parte de los planes de estudio de la formación policial básica y que existen diferentes formaciones complementarias. No partimos de cero ni se ignoran estas necesidades. Por ello, creemos que los objetivos que plantea esta PNL no son adecuados: no se trata de aprobar medidas sin respaldo técnico, operativo o presupuestario. Votamos en contra. Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.
Señor Jerez (Grupo Socialista):
Buenos días. En una línea parecida a la del portavoz de Sumar, la respuesta de nuestro grupo es desfavorable, principalmente porque ya se están realizando estudios de viabilidad para una implantación progresiva. Para ello, hay que tener en cuenta factores como la formación —que ya se imparte en las escuelas de policía, tanto de soporte vital básico como de reanimación cardiopulmonar— y el reciclaje de miles de policías y guardias civiles que hicieron la academia hace mucho tiempo.
Asimismo, hay que coordinarlo con los servicios de emergencias médicas. No se trata de que los policías, por ser los primeros en llegar, asuman toda la responsabilidad que el sistema de emergencias ha delegado en el colectivo de emergencias sanitarias, ni de sustituirlo. Además, si fuera tan sencillo y evidente, las comunidades autónomas gobernadas o con el apoyo del Grupo VOX podrían extenderlo a sus policías locales. Sabemos que hoy por hoy hay ejemplos de policías locales que tienen...
Orador 1:
El desfibrilador en alguna o en todas sus unidades, pero no se ha extendido tampoco entre las policías locales, que con el mismo argumento que decimos de la Guardia Civil y la Policía Nacional lo podemos decir, y más aún en las policías locales, que a menudo son las primeras y durante muchos minutos las únicas que llegan al lugar. Sería tan fácil como decir que todas las policías locales de la comunidad autónoma tal deberían tener desfibriladores y botiquines con la formación adecuada, y sin embargo no es así. Pueden tener más capacidad de competencias, no lo están pidiendo ni se está dando la coordinación de las policías locales con las comunidades autónomas, y creemos que pedirlo para el conjunto de las policías estatales, hoy por hoy, es desmesurado.
En cualquier caso, el Ministerio debe estudiar cuál es el alcance de una propuesta como esta y, si finalmente la aplica, cómo la aplica, en qué dimensión, en qué medida y con qué formación, coordinación, etcétera, etcétera. Es decir, votaremos en contra. Gracias.
Gracias, señoría.
Señor De las Cuevas (Grupo Parlamentario Popular):
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Comparezco hoy para fijar la posición del Grupo Popular ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, la cual, ya adelanto, vamos a apoyar, porque se plantea una reivindicación justa, razonable y, sobre todo, urgente.
Desde mi grupo, desde el Grupo Parlamentario Popular, llevamos años reclamando que se refuercen los medios materiales de la Guardia Civil y del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hemos exigido en numerosas ocasiones, en las Cortes Generales, en el Pleno de esta Cámara, en esta misma Comisión de Interior y en múltiples iniciativas territoriales, la modernización del parque móvil, la mejora de la protección individual, la dotación de desfibriladores, botiquines y recursos básicos para actuaciones de emergencia.
Es decir, más y mejores medios materiales para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Porque no puede haber seguridad sin medios y porque una patrulla que no dispone de lo esencial no es tan riego, sino que limita su capacidad al servicio del ciudadano. Miles de agentes, día tras día, actúan en muchos casos como los primeros intervinientes. Llegan antes que los servicios sanitarios, enfrentan accidentes, agresiones, emergencias y trabajan sin medios adecuados. Y en muchos casos se ven obligados a comprar de su propio material o a costear incluso su formación, e incluso a improvisar soluciones en contextos límite.
Señorías, esto no puede seguir así. Desde algunas asociaciones profesionales, sindicatos y estos colectivos se denuncia la falta de formación regular y de materiales sanitarios básicos. Todos los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado exigen lo mismo: que se deje de estudiar y que se exija al Ministerio que reaccione. Pero, como siempre, el Ministerio mira hacia otro lado: no hay respuesta, no hay recursos, en definitiva, no hay respeto.
Y además de ese abandono material se suma un deterioro institucional sin precedentes. Porque no se trata solo de recursos, señorías; se trata de un gobierno que, mientras recorta seguridad, ataca a los propios agentes. Y lo hemos visto con los intentos escandalosos de injerencia en la UCO, con la ya célebre fontanera del PSOE, Leire Díaz, cuyos audios desvelan las presiones inaceptables para frenar las investigaciones de corrupción que afectan a este Gobierno.
Me avergüenza como diputado de Cantabria, al igual que el resto de mis conciudadanos, los cántabros, que esta señora haya podido ser concejala del Partido Socialista en un municipio tan bonito e importante como la Vega de Paz. Leire Díaz se denominaba periodista y socialista, pero yo les digo que lo que es una socialista presunta delincuente, a las órdenes de otro socialista también presunta delincuente, el señor Zerdán, nombrado y ratificado por el número uno, don Pedro Sánchez.
Este es el auténtico relato de lo que está pasando en este país. ¿Dónde está el respeto a la labor de la Guardia Civil? ¿Dónde está la autonomía operativa? ¿Qué clase de gobierno pretende silenciar a una unidad como la UCO, un ejemplo de profesionalidad, porque eso sí molesta a los intereses de poder?
Como digo, desde el Partido Popular decimos basta: basta ya de abandono, basta de los ataques y basta de la hipocresía. Votaremos a favor de esta iniciativa porque es una cuestión de dignidad institucional y de justicia para quienes arriesgan la vida por todos nosotros. Reiteramos nuestro compromiso de aumentar los medios materiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para garantizar una dotación homogénea de todo el territorio, reforzar su formación continua y dignificar su labor. Porque la seguridad no se improvisa, y menos cuando están en juego la vida de ciudadanos y de los propios agentes. Muchas gracias.
Presidenta (María Carmen Castilla Álvarez):
Bien, pasamos a la segunda proposición de ley relativa a impulsar las medidas climáticas e higiénicas necesarias para mejorar la habitabilidad y calidad de vida en los centros penitenciarios. Autor: Grupo Plurinacional SUMAR. Para defenderla, tiene la palabra el señor Alonso.
Señor Alonso (Grupo Plurinacional SUMAR):
Muchas gracias, presidenta.
Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR:
Por reclamar las mejores condiciones en situaciones climáticas duras para las prisiones, habitualmente se nos comenta que hay argumentos técnicos que lo impiden y que no pueden garantizar esas condiciones dignas en las cárceles. Pero nosotros pensamos, supongo que también sus señorías, que los derechos humanos no son una cuestión de viabilidad técnica, sino también de voluntad política. Se nos alega que las infraestructuras actuales hacen complejo y poco eficiente instalar refrigeración, cosa que podemos entender todos. Pero si el problema es el diseño, ¿por qué no replanteamos reformas arquitectónicas con criterios de derechos humanos? La Sociedad de Infraestructuras, Equipamientos Penitenciarios y de Seguridad del Estado (SIEPSE) habla de humanización de instalaciones, compromisos ya recogidos en la Agenda 2030.
La aerotermia es una opción, sí, pero necesitamos plazos y presupuestos: personas están viviendo en celdas a 40 °C; todos podemos padecerlo en estos días de calor, imagínense en esas condiciones. Cuando se propone algún parche, se habla de ventiladores y de abrir parcialmente (un 10 %) las puertas de las celdas, pero eso no palía el riesgo de golpes de calor. La ONU exige que las prisiones se adapten al clima local (regla número 13 de Nelson Mandela): no parches temporales. El Defensor del Pueblo documentó en 2020 temperaturas incompatibles con la salud en la cárcel de Navalcarnero. ¿Aceptamos ventiladores y puertas entreabiertas como solución? Nosotros creemos que no.
En cuanto a los lotes higiénicos, el reparto es bimensual por eficiencia en el transporte, pero reducir gel o lejía no es optimizar recursos, sino recortar higiene básica. La resolución de 2022 señala que debería revisarse con participación de sanitarios y asociaciones. ¿Por qué no priorizar el kilómetro cero en la compra si el transporte es el problema? Que los lotes se produzcan en las comunidades autónomas o cerca de las prisiones. Faltan estándares vinculantes: cada centro decide según sus condiciones, pero sin directrices generales se abre la puerta al libre albedrío y a la buena voluntad de cada dirección. Se genera desigualdad entre prisiones, como en Córdoba, donde un juez obligó a activar la calefacción, mientras en otras no. Externalizar la responsabilidad y delegar en las direcciones es eludir la obligación del Estado de garantizar derechos.
En nuestra proposición no de ley planteamos un plan estatal de climatización de las prisiones con metas y fondos específicos, priorizando los centros en zonas climáticas extremas; una revisión de los lotes higiénicos con transparencia, evaluada por asociaciones y expertos en salud pública; y el cumplimiento de los compromisos de la SIEPSE. Si ya se habla de energías renovables y materiales sostenibles, utilicémoslos para reformar las cárceles. Hablar de prisión es hablar de dignidad y de nuestro sistema democrático. No podemos permitir que lo difícil sea excusa para no actuar. Como dijo Mandela: “Una sociedad no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más vulnerables.” Exigimos que las leyes no sean papel mojado y que se cumplan.
Muchas gracias.
Presidenta:
Como no se han presentado ningún tipo de enmienda, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones y tiene la palabra por el Grupo Republicano el señor Álvaro.
Señor Álvaro (Grupo Republicano):
Presidenta, buen día, señorías. Lo que dijo el diputado de SUMAR tiene todo el sentido, y solo añadiré una breve reflexión para introducir dos elementos, si me lo permiten. Como ustedes saben, hay algunas comunidades, en el caso de Cataluña, que tienen traspasadas las competencias en instituciones penitenciarias. Desde este punto de vista, simplemente subrayar que se pueden gestionar las prisiones de muchas maneras. Y no lo digo solo por un partido en concreto; diversos partidos han gestionado las prisiones en Cataluña y, por tanto, es un éxito colectivo que, en este momento, las instituciones penitenciarias en Cataluña tengan un alto nivel de profesionalización y sean un buen ejemplo. Ya que el compañero Félix comentaba esto, creo que dentro del Estado hay referentes interesantes. Y después…
Intervención:
Indicar mi perplejidad como ciudadano que, justamente en el conjunto del Estado, en un tema tan sensible, pueda haber enfoques tan diversos, que pueda haber presos que parezcan más propios del siglo XIX y presos que sí estén en el siglo XXI, todo dentro del territorio del Reino de España. Es extraño, pues ustedes saben, y hay aquí partidos que siempre dicen que tenemos que ser libres e iguales; pues también creo que la población penitenciaria ha de ser, no libre en este caso, pero sí igual. Ha de ser tratada igual, y esto lo que dignifica es la sociedad y dignifica justamente lo que se quiere hacer en una prisión, que es básicamente rehabilitar, porque este es el enfoque moderno y lo que aporta es rehabilitar a las personas, y no una mirada puramente punitivista, que es antigua y no es la que toca.
Acabo con una referencia muy personal, si me permiten, señora presidenta. Como ustedes saben, algunos dirigentes de mi partido tuvieron el honor de comprobar las prisiones españolas a raíz de lo que pasó en octubre del 17. Conocemos de primera mano esta diversidad de instituciones y esta diversidad de miradas y de gestión. Apelo, señorías, en este momento también al Gobierno español, formado por el PSOE, para sumar, porque, desde una mirada progresista, se haga todo lo posible para revertir situaciones que de ninguna manera, en el contexto europeo, son presentables. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Gil Lázaro:
Muchas gracias, señora presidenta. Desde luego, el Grupo Parlamentario VOX va a votar en contra de esta proposición no de ley por una cuestión de principio obvia, porque Sumar es Gobierno, y que venga aquí hoy con una proposición no de ley para instar al Gobierno a hacer esto o aquello, pues mire, francamente, suena a postureo. Actúen ustedes como Gobierno en este ámbito si es que creen que hay que acometer las iniciativas que hoy tratan de incorporar a través de esta proposición no de ley y punto. Además, si lo que hoy ustedes proponen que se haga lo dicen que son ya compromisos adquiridos por la Sociedad Estatal de Equipamientos e Infraestructuras Penitenciarias, pues pregúntense ustedes a sí mismos como Gobierno por qué ustedes como Gobierno aún no lo han hecho. Así que, dicho esto, señora presidenta, pongamos las cosas en su sitio desde la perspectiva, por supuesto, de mi grupo.
Primero, nuestro rechazo frontal a la Agenda 2030 lo es en todos los órdenes y, desde luego, también en este ámbito.
Segundo, los centros penitenciarios españoles cumplen unos estándares de habitabilidad y respeto a toda la doctrina penitenciaria humanista internacional, superiores a los existentes ya no en países del tercer mundo, sino en muchos países de nuestro entorno.
Tercero, sorprende que un grupo que es parte del Gobierno ignore que hoy por hoy quienes más sufren dentro de las prisiones son los funcionarios, sometidos a continuas agresiones por parte de la población reclusa.
Y cuarto, sorprende también que un grupo que es parte del Gobierno anteponga su preocupación por las condiciones climáticas en los centros penitenciarios antes de preocuparse por la situación asfixiante que se vive en muchas comisarías, que soportan temperaturas imposibles de aguantar en determinadas épocas del año, así como tantas carencias de instalaciones y medios adecuados.
Pero en fin, señorías, estas son las prioridades de este Gobierno: presos antes que funcionarios, presos antes que policías. Nada más y muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ruiz de Diego:
Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días a todos. Para manifestar el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista a esta interesante iniciativa que contempla, por supuesto, la situación de nuestros centros penitenciarios. A tal efecto, y en relación con la proposición no de ley presentada, y respecto a las temperaturas, debemos manifestar que los centros penitenciarios no se proyectaron con sistemas de climatización en los habitáculos de los internos ni en las zonas comunes, exceptuando el departamento de enfermería y el departamento de visitas íntimas y familiares.
Tal y como está diseñada la infraestructura de nuestros centros penitenciarios, además de ser compleja la instalación de sistemas de refrigeración y sus acometidas en las celdas de los internos y en las zonas comunes, tendría muy baja eficiencia energética, debido principalmente a motivos como los siguientes. Hay que colocar en las plantas técnicas varias unidades enfriadoras y, por otro lado, no hay canalización de aire de día y de retorno instalada para que llegue el aire a las celdas. Estas canalizaciones son de secciones importantes a las que hay que añadir la coquilla de aislamiento y, en vez de discurrir por los patinillos de la planta técnica, donde están todas las instalaciones que llegan a las celdas, lo que dificulta enormemente las labores de mantenimiento de los operarios. Así, cuando las condiciones climáticas son especialmente desfavorables, es la dirección de cada centro penitenciario la que está facultada para tomar las decisiones que considere oportunas en cada momento y paliar los efectos de las elevadas temperaturas por ola de calor.
Los centros penitenciarios cuentan con sistemas de renovación de aire y de ventilación en celdas y, puntualmente, se autoriza el uso de ventiladores y apertura parcial de las puertas de las celdas a un 10 % de su recorrido para que aumente el flujo del aire. No obstante, y para mejorar la eficiencia energética, en algunos centros penitenciarios está en proyecto, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, la mejora de sus envolventes térmicas, lo que actuará como una barrera ante las pérdidas y ganancias de calor procedentes del exterior. Asimismo, está en estudio la posibilidad de instalar algún sistema de aerotermia para dar servicio a las celdas, según las disponibilidades presupuestarias y estructurales de cada centro, que, como ya se ha señalado, no son todas iguales.
Por lo que respecta a los lotes higiénicos, la composición de los mismos se determinó en un Grupo de Trabajo de 2022, constituido por varios departamentos de la Secretaría General, cuyas conclusiones se trasladaron a la resolución del Secretario General de Instituciones Penitenciarias de 20 de julio de 2022. Los lotes higiénicos ordinarios se reparten con una periodicidad bimensual y los complementarios, con periodicidad anual. A los nuevos ingresos se les provee de lotes tanto ordinarios como complementarios a su ingreso en el centro. Por lo que respecta a la proposición no de ley, está previsto convocar otra reunión del Grupo de Trabajo para analizar de nuevo la composición y periodicidad de los mismos. Por todo ello, votaremos a favor.
Muchas gracias. Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Rosa.
Señorías, el Grupo Sumar presenta una proposición no de ley que tiene por objetivo la mejora de la habitabilidad y la calidad de vida de los centros penitenciarios, cuestión con la que estamos totalmente de acuerdo, fundamentalmente en lo que respecta al impulso de las medidas climáticas e higiénicas.
La propia Constitución y la Ley General Penitenciaria establecen la obligación de que la Administración garantice los derechos fundamentales de los internos, evidentemente, salvo aquellos que estén restringidos o limitados por la propia sentencia dictada por juzgados y tribunales. Y en ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia penitenciaria.
Señorías de Sumar, no hay que hacer referencia a la Agenda 2030 como la panacea para hablar de estos derechos fundamentales a la higiene, a la climatización y a una arquitectura adaptada, porque en España tenemos una arquitectura jurídica asentada para exigir que se cumplan estas medidas desde la Constitución de 1978 y que ha sido elaborada por la jurisprudencia pertinente en esta materia, siendo la más vanguardista de Europa. Otra cosa es que el Gobierno del que ustedes forman parte no la cumpla. No es tolerable que su Administración incumpla la Constitución y la Ley General Penitenciaria generalizando recortes en la higiene de los internos o en materia de climatización. Evidentemente, su Ministerio del Interior está más preocupado en tapar la pornocorrupción que en garantizar derechos, y ustedes, señorías de Sumar, son cooperadores necesarios. Por eso no entendemos cómo traen esta proposición no de ley a la Comisión de Interior cuando podían solucionarlo en el propio Consejo de Ministros, donde su líder, Yolanda Díaz, calla y seguramente otorga en este tema tan importante que afecta a los derechos fundamentales de los internos penitenciarios.
Señorías, el Grupo Popular denuncia este abandono de los internos por parte de su Gobierno, pero también debemos denunciar el abandono que sufren los funcionarios de prisiones y todo el personal laboral que presta sus funciones en los centros penitenciarios.
Orador no identificado:
Ustedes y los miembros del Grupo Socialista, es decir, el Gobierno de España, se olvidan constantemente de estos servidores públicos. Señorías, voy a relatar cuáles son las condiciones laborales de estos trabajadores tan olvidados por ustedes y denunciados por los sindicatos. El uniforme de los funcionarios no cumple con las exigencias mínimas, ya que no admite más que cinco lavados. La serigrafía con el nombre de las instituciones penitenciarias salta al lavarse. Las prendas no están preparadas para el frío, las tallas no cuadran y no incorporan tejido ignífugo. Además, los polos, los forros y los pantalones no admiten suavizante al lavarlos ni se pueden planchar. Las suelas de los zapatos no son lo suficientemente antideslizantes. No se les han entregado chalecos antipinchazo y reflectantes para momentos de alteraciones del orden público. Señorías, trabajar por el respeto de los derechos humanos de los internos, sí, pero también trabajar por las condiciones laborales de los trabajadores públicos, lo cual no está en su agenda. Muchas gracias.
Presidenta:
Bien, a continuación pasamos a la tercera proposición no de ley sobre la inacción del Gobierno ante el aumento de la criminalidad en la Comunidad de Madrid. Autor, Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, señora Carvalhido.
Señora Carvalhido:
Gracias, presidenta. Buenos días. Yo no recuerdo cuántas veces ha sido reprobado el ministro del Interior. Perdí la cuenta cuando supe que es el ministro más reprobado de la democracia española. El asesinato de los guardias civiles de Barbate, el fin de la política de expulsión de los presos etarras o la destitución ilegal del honorable Pérez de los Corvos nos avergonzó hasta la náusea. No les digo ya los intentos de descabezar la UCO. Pero, como las desgracias nunca vienen solas en la Comunidad de Madrid, además tenemos que padecer el desprecio constante del delegado del Gobierno de Sánchez, su alumno aventajado en lo que a sectarismo y negación de los problemas se refiere. Miren, el balance de siete años de sanchismo en la Comunidad de Madrid en términos de seguridad ciudadana es sencillamente letal. El ejemplo más reciente, Getafe: el asesinato a plena luz del día a puñaladas de un miembro de la marea Salvatruchas, una de las organizaciones criminales más peligrosas que puedan imaginar. Una persona hoy fallecida que fue detenida hace dos meses por una macrooperación en la que participaron la Policía española, la policía salvadoreña y el FBI. ¿Alguien puede pensar que esto es un argumento de una película, un thriller? No. Es la España de Sánchez. En Getafe se producen, sufren los getafenses, 300 delitos al día, 300 delitos. Los vecinos no pueden más. La alcaldesa socialista sencillamente les da la espalda y el único que está reclamando y poniendo pie en pared, reclamando la seguridad de sus vecinos, es nuestra portavoz, Antonio José Mesa, tocando todas las puertas, también la del Congreso, con una iniciativa que explica bien la inacción del Gobierno y su falta de compromiso con Madrid. Miren, peligrosas organizaciones juveniles organizadas están actuando en la comunidad. Solo en el primer trimestre de este año los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias han subido un 3,5 %. Súmenle todo el incremento de años anteriores y, unido a ello, el tráfico de drogas, que ha pasado del 8 al 19 % en nuestra región. Este incremento, señorías, supone un problema que tiene dos vertientes que nos preocupan mucho. Una: inseguridad en las calles; alteración grave de la convivencia pacífica que sufren los madrileños ante el pasotismo del Gobierno. Y dos: la alta capacidad de captación que tienen estos grupos organizados entre los jóvenes para incorporarlos a sus actividades delictivas. El tema es muy serio y el fracaso del Gobierno no se puede achacar al trabajo esforzado de la Policía. No: es sencillamente una causa que venimos denunciando desde hace siete años. La falta real de efectivos dedicados a la seguridad ciudadana en los espacios públicos, en el campo y en las vías públicas madrileñas. El Gobierno no cuenta la verdad a los madrileños: no les dice que la mayoría de los efectivos destinados a esta región están asignados a los servicios centrales, a proteger infraestructuras críticas y a labores de escolta. Comprenderán que veintidós ministros y todos los altos cargos que les cuelgan suponen que haya más escolta para el coche oficial que policía en la calle para cuidar a los madrileños. Hay más efectivos vigilando edificios públicos donde el Gobierno acoge a enchufados, amiguitas y familia, en detrimento de efectivos que son realmente necesarios en las vías públicas madrileñas y en el campo. Esto se evidencia en cada junta de seguridad.
de los municipios de Madrid y se evidencia también que los datos que publica el delegado de Gobierno respecto al número de efectivos dedicados a seguridad ciudadana están inflados, señorías. Está sumando vacantes por ocupados. Ejemplo, Villaviciosa de Odón. El ministro dice que tiene 56 guardias civiles; sus representantes en la Junta Local dicen que son 53. De esos 53, en la Junta Electoral aseguran que tienen solo 24 efectivos ocupados y, de esos 24, solo 13 se dedican a la seguridad ciudadana: 13 frente a los 56 que vende Marlaska. Señorías, se están burlando de la gente. Por eso es tan necesaria esta iniciativa: para que incrementen las plantillas y cubran ese déficit de 2.000 efectivos de Policía y Guardia Civil dedicados a tareas de seguridad ciudadana; que recuperen el horario de atención al ciudadano en los puestos de Guardia Civil que tienen cerrados; que doten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de edificios dignos, acordes al trabajo que allí se desarrolla; y, por Dios, que eliminen de una vez la tasa de reposición que está impidiendo que los alcaldes cubran las plantillas de Policía Local asignadas. No tienen vergüenza. Esta región no merece un delegado de Gobierno siempre a la gresca, más sanchista que el propio Sánchez, y tampoco España merece un ministro del Interior entregado a sacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Cataluña y de Navarra y a desprestigiar y descabezar a la Unión Central Operativa. No puedo por menos, señora presidenta, que terminar esta intervención reconociendo la labor y profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especial mención al trabajo que está haciendo la UCO, objeto de ataques gravísimos desde Moncloa, que intentan obstaculizar las investigaciones que está destapando la corrupción sanchista. Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos.
Se ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley por parte del Grupo VOX y, para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
Gil Lázaro (GVOX):
Muchas gracias, señora presidenta. Compartimos un hecho innegable: el incremento de la inseguridad ciudadana en la Comunidad de Madrid, fruto de la indolencia del Gobierno, de su discurso buenista en determinado ámbito —al que luego me referiré— y, desde luego, de una pasmosa falta de medios humanos y materiales para combatirla. Pero no quiero dejar de comenzar mi intervención sin expresar, en nombre de mi grupo, nuestras condolencias a la familia de la última víctima producida en la Comunidad de Madrid: esa mujer lanzada al vacío desde siete metros de altura por un individuo magrebí al que ni siquiera conocía. Expresión evidente del desprecio de algunos hacia las mujeres y manifestación obvia de que con determinados individuos la sociedad española no puede convivir.
Nuestras enmiendas de adición abordan una doble realidad: la inseguridad creciente en el medio rural y el incremento de la inseguridad en los barrios urbanos más populosos.
En relación con la primera, proponemos:
1. Incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil, procurando que aquellos municipios con cuarteles cerrados o sin personal suficiente dispongan de atención presencial rápida y de calidad.
2. Garantizar la recepción de denuncias las 24 horas de los 365 días del año.
3. Proceder a un nuevo despliegue territorial y reestructuración de las unidades para asegurar su operatividad y garantizar que los guardias civiles puedan llevar a cabo su misión fundamental de proteger a los vecinos.
4. Proporcionar alojamiento digno a los guardias civiles y a sus familias para fomentar así su permanencia e integración en esos destinos rurales.
Y, en relación con el incremento de la inseguridad en los barrios urbanos más populosos de esta comunidad, espacios víctimas de peleas entre bandas y de agresiones constantes hacia nuestras mujeres, señalamos:
1. Reconocer el impacto que la inmigración ilegal tiene sobre la delincuencia en esos barrios y reforzar la presencia policial donde mayor aumento de la delincuencia se experimente debido a esa presencia masiva y descontrolada.
2. Tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o conviertan el delito leve en su modus vivendi, así como de todos los que hayan accedido ilegalmente al territorio nacional.
Desde luego, poner fin a la política de efecto llamada, fronteras abiertas y connivencia con la inmigración ilegal de la que hace gala ya desde hace muchos años este Gobierno. Nada más y muchas gracias.
Bien, gracias.
A continuación, ya en el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Alonso por el Grupo Plurinacional SUMAR.
Señor Alonso (GSUMAR):
Está lleno de omisiones. Permítame desmontarlo con unos pocos datos, tampoco tengo mucho tiempo, y soluciones que sí han demostrado que funcionan. Es curioso que el Partido Popular reclama más agentes al Estado y, mientras ellos mismos van en la dirección contraria, el Gobierno del Estado ha destinado 1.200 nuevos agentes a Madrid en 2023 y el Partido Popular recortaba 15 millones en seguridad local. Incoherencia en estado puro.
Cataluña, igual que en el tema de prisiones, demuestra que otra seguridad es posible. Con los Mossos y las patrullas mixtas —policías más agentes sociales— ha reducido un 12 % los robos en zonas como l'Hospitalet de Llobregat. ¿Por qué el Partido Popular no pide ese modelo para Usera o Carabanchel?
Y datos que matan el relato y desmontan el alarmismo y, en algunos casos, la xenofobia. Sí, Madrid crece, está creciendo como muchos lugares de España, pero la tasa de criminalidad por habitante solo ha subido un 0,8 %, según los datos del Ministerio del Interior de 2024. El 68 % de las agresiones sexuales ocurren en zonas de ocio. Más efectivos no sé si lo resolverían; sí lo haría, en cambio, la regulación del alcohol, como pasa en Barcelona ciudad. Unidades especializadas en violencia de género, como también se hace en Cataluña con los Mossos. Y, en referencia a lo que decía la ponente en el tema de la reposición, si la ley Montoro lo único que permitía era contratar policías, lo dice uno que contrató policías como alcalde.
Soluciones reales que planteamos: patrullas mixtas, policía más trabajadores sociales en determinadas zonas de ocio y nocturnas; inversión en prevención. Es que, sin prevención, no hay nada que hacer.
Madrid gasta solo el 0,6 % en programas sociales; Cataluña, el 1,8 %. Cataluña invierte el doble que Madrid en policía local —142 euros contra 71 por habitante— con mejores resultados, como se demuestra. Si Madrid tiene superávit de 2.100 millones, ¿por qué no hace lo mismo? Inversión en prevención. Madrid destina solo el 0,6 % de su presupuesto a seguridad y a programas sociales; insisto, Cataluña un 1,8 %. Transparencia radical: publicar datos por distritos, como hacen ciudades diferentes, para evitar la manipulación.
Para terminar, quería destacar una cosa: la seguridad no es un arma electoral, señorías. Si el Partido Popular quisiera resultados, copiaría lo que funciona, como en otros ámbitos. Menos cañas y más policía local integrada en barrios; menos recortes y más coordinación real.
Y, por último, destacar un hecho incontestable: el 74 % de los madrileños se sienten seguros. Son ustedes los que simplemente alarman a la gente. Muchas gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Montávez.
Señor Montávez (GS):
Gracias, presidenta. Hay una frase que se atribuye a Mark Twain que acaba de cobrar vida en esta comisión: «Nunca dejéis que la realidad estropee un titular». El Partido Popular, con su proposición no de ley sobre criminalidad en Madrid, ha querido darle una vuelta y ha pensado que la realidad no puede estropearle una PNL. Porque, si uno se asoma a los datos oficiales, esos que no se emiten por Telemadrid ni salen por Tam Tam desde Sol, descubrirá algo incómodo para su relato de apocalipsis.
La criminalidad ha bajado en la Comunidad de Madrid. Sí, ha bajado. En 2023 descendió un 1,5 %; en 2024 bajó un 2,1 %; y en el primer trimestre de 2025 el descenso alcanza el 4,9 %. Vamos, que si esto sigue así, lo único que sube es el dramatismo de sus notas de prensa. Y los delitos más graves, los homicidios consumados —que suelen usarse como indicador de alarma social— pasaron de 46 en 2022 a 36 en 2023 y a 23 en 2024: menos de la mitad, señorías.
Pero ustedes hablan de aumento exponencial. Supongo que usan «exponencial» como adjetivo decorativo, porque como concepto matemático deja mucho que desear. Más allá de las cifras, resulta chocante el retrato que hacen de Madrid. Según su PNL, la región es poco menos que una jungla sin ley, con calles peligrosas y ciudadanos abandonados. ¿Se dan cuenta de que están describiendo así la comunidad gobernada por la señora Ayuso? Una comunidad fallida en manos de la comunidad.
¿El PP? ¿Eso es lo que quieren decir? Porque si todo va tan mal, ¿qué hace la presidenta? ¿No presume de gestión, de libertad, de excelencia? ¿O es que, cuando conviene, Madrid es Nueva York y, cuando hace falta atacar al Gobierno de España, se convierte en Gotham sin Batman? Señorías del PP, su propuesta no es una solución; es una dramatización, un relato alarmista sin datos que lo sostengan. Y lo que es peor, es un ejercicio de deslealtad institucional, pero no ya con el Gobierno, sino con los propios madrileños. Si les preocupa la seguridad, empiecen por la verdad, porque lo que han presentado hoy no es una PNL, es una performance. Y, como tal, ya tiene bastante con el aplauso de su bancada. Muchas gracias.
Señora Carballedo, ¿acepta usted la enmienda del Grupo Vox?
Bien, pues pasamos a la cuarta proposición de ley sobre el traspaso de la titularidad del edificio y la reconversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña. El autor es el Grupo Parlamentario Republicano y tiene la palabra el señor Álvaro.
Gracias, presidenta.
Señorías, ustedes saben que hoy celebramos la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan es una tradición en la que se hacen hogueras para quemar lo que no queremos que vuelva. Hoy les propongo una hoguera para quemar la mala memoria, la memoria peor de este país. El sentido de nuestra propuesta en esta comisión es superar esa mala memoria.
Yo sé que el tema es incómodo: incómodo para las señorías del PP e incómodo para las del PSOE, porque tienen algunas servidumbres corporativas que se me escapan. Pero hemos de recordar algo: nosotros, los legisladores, estamos aquí para hacer avanzar el tiempo, para tirar adelante la historia, no para mantener una actitud conformista y absolutamente vasalla con quienes dominan la realidad, sean sindicatos policiales, ministros conservadores o poderes ocultos enquistados en el fondo del Estado.
¿Qué propone el Grupo Republicano? Propone algo de sentido común que, en privado, muchas señorías del PSOE me han reconocido que tiene lógica y, diría, incluso alguna señoría del PP cuando no practica el sectarismo. ¿En qué consiste? En primer lugar, en transferir la titularidad del inmueble de la Prefectura de Vía Layetana. Ahora mismo se podría hacer muy bien: tenemos una alineación política extraordinaria. El alcalde de Barcelona, señor Collboni, es socialista; el presidente de la Generalitat, señor Illa, es socialista; y el ministro del Interior, señor Marlaska, es socialista. Podríamos decir que una alineación de planetas como esta no se repetirá en mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que tres socialistas no se pongan de acuerdo? Misterios… Miro a las señorías socialistas: deberían ayudarnos para que esto fuera posible.
En segundo lugar, hay que convertir este centro en un espacio de memoria, de documentación de la represión franquista y de pedagogía sobre el pasado de la dictadura. Piensen en Argentina, un país que también padeció una dictadura cruenta, más corta que la española pero no menos violenta, y que convirtió el edificio de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada en un lugar de memoria. ¿Es que en el Estado español no podemos hacer algo similar? ¿No podemos transformar la Prefectura de Vía Layetana?
No quiero entrar en otras comunidades. Ustedes saben que en Madrid hay una pugna porque la señora Ayuso no quiere ni oír hablar de lo que sucede con los inmuebles dependientes de la comunidad. No entraré en ese asunto; ya se las verán, señorías del PP, con su aliada enemiga dentro del partido. Pero en Cataluña, subrayando esta coincidencia de complicidades políticas, lo deberíamos hacer.
Y, en tercer lugar, una cuestión incómoda para muchas señorías, pero importante: si queremos que este centro de memoria sea efectivo, hará falta trasladar a los efectivos del Cuerpo de la Policía Nacional a otros lugares. De hecho, como han reconocido personas vinculadas a la Administración, se podría perfectamente reubicar esos efectivos en otros emplazamientos.