Transcripción sin título

Buenos días a todos y a todas. Señorías, empezamos la sesión que teníamos para la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, prevista para el día de hoy, con el primer punto del orden del día. En primer lugar, vamos a tramitar el debate y la votación sobre la siguiente solicitud de fiscalización: se solicita a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas que recabe del citado tribunal un informe de fiscalización sobre el análisis y justificación del momento de devengo de la subvención correspondiente a una de las formaciones políticas, EH Bildu, cuya contabilidad electoral fiscalizada no aparece en el informe de fiscalización número 1612 del Tribunal de Cuentas, relativo a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales del 28 de mayo de 2023. Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Suárez. Muchas gracias, señor Presidente, y con brevedad: esta es una iniciativa que complementa la fiscalización planteada en la comisión anterior. Ya expliqué cómo, en virtud del artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, el tribunal había incumplido su misión fundamental, que es fiscalizar los ingresos; es una cuestión que hasta ahora no se había producido, pero hoy lo que venimos a pedir es que se cumpla el artículo 127 de la Ley de Régimen Electoral General, de modo que el Tribunal de Cuentas determine el momento de devengo, puesto que es una cuestión capital para saber cuándo se puede pagar la subvención o cuándo resulta necesario hacerlo. Mire, expuse suficientes argumentos jurídicos en la ocasión anterior, pero no fueron contestados más que con espacios comunes; supongo que hoy sucederá lo mismo. Por lo tanto, quiero hacer algunas matizaciones al planteamiento realizado por el portavoz de Bildu, quien el día anterior afirmaba que el Partido Popular intenta usar las instituciones.

Yo lo que tengo que decirles, señorías, es que el Partido Popular lo que quiere es que se cumpla la ley. Siempre lo hemos hecho así, aunque no le guste al portavoz de Bildu, le recordaré. Y créame que mi partido está orgulloso de ello, que promovimos la ilegalización de Eri Batasuna y que el Tribunal Supremo nos dio la razón, calificando a sus antecesores como organización terrorista. Allá lo que sucedió después con quien decidió blanquearlos. Y si hay alguien que ha utilizado las instituciones a lo largo de toda la historia de la democracia –y no le voy a explicar a usted lo que hacían desde los ayuntamientos en los tiempos incluso duros, los tiempos del plomo– ha sido la organización que usted representa o quien le antecedió. A partir de ahí, yo entiendo que usted no nos entienda, porque parten de una premisa que, a mi juicio, es falsa. Nosotros sostenemos que en sus listas iban personas que no renunciaron a la violencia y, por lo tanto, ustedes no tienen derecho a cobrar esa subvención. Si el Ministerio del Interior, al final, ha decidido pagársela, allá el Ministerio del Interior y allá ustedes. Ya expliqué que es una actuación encaminada a sostener un gobierno. Y, por finalizar, señor presidente, hablaba usted de que los resultados electorales le justificaban, lo cual no es un argumento. Mire, le voy a decir algo, aunque le suene duro: lo único que crece con el terrorismo sabe que es el miedo. Si usted no entiende que el Partido Popular e incluso el Partido Socialista en el País Vasco tienen dificultades en las elecciones para conformar candidaturas, es precisamente por ese miedo, que se sabe cuándo nace, pero no se sabe cuándo acabe y que no se puede ni medir, es que usted está fuera de la realidad. Usted llegó a decir aquí el otro día que ustedes son respetuosos con la legalidad y con las instituciones; que se lo pregunten a la alcaldesa de Estella, que en estos momentos ha pedido una baja de seis meses por el acoso y derribo de las fuerzas abertales –por cierto, alcaldesa con la que me dedicaría.– Por eso vuelvo a reiterar esta petición, pues para nosotros es fundamental y básica, porque creemos que no se ha cumplido con el requisito esencial para cobrar esas subvenciones, que es renunciar de forma explícita y clara a la violencia. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Echad. Sí, gracias, presidente. Nuevamente tratamos una solicitud de fiscalización que, como ha explicado el senador Eloy, la presentan como una complementaria a la que presentaron hace quince días. Nos extraña, en primer lugar, que no se tramitaran en un mismo expediente y que, si ya hace quince días nos parecía que intentaban instrumentalizar de forma partidista el Tribunal de Cuentas, ahora lo hacen por duplicado, duplicando su trabajo mediante dos solicitudes separadas –iguales o complementarias– que no son más que trasladar a una moción lo expresado en el voto particular emitido por cuatro consejeros del propio tribunal. La posición de nuestro grupo va a ser la misma, no ha variado. Les podría decir que es la que figura en el Diario de Sesiones de la anterior comisión, pero no lo voy a hacer y las volveré a repetir para esta solicitud repetida. En primer lugar, lo poco oportuno del momento en que la presentan –porque, como otras que ya han pasado por esta comisión, muestran más las urgencias y necesidades políticas del grupo proponente y la utilización para este objetivo de todas las instituciones en las que tienen mayoría–. ¿Qué les contaría de cómo está el Senado? En este caso lo hacen con el Tribunal de Cuentas. Volvamos a recordar que el Tribunal de Cuentas aprobó, con fecha 27 de febrero, el informe de fiscalización relativo a las contabilidades de las elecciones locales de mayo de 2023 y que esa fiscalización figura en el listado de actividad pendiente de esta comisión, el cual nadie ha propuesto que vaya a la comisión. En este sentido, también está pendiente la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas para que nos brinde todas aquellas informaciones que precisemos y, luego, tendremos además la posibilidad de presentar, si así lo consideramos, propuestas de resolución. Por eso, en nuestra opinión, esta solicitud del Partido Popular –y la que debatimos hace quince días– se basa en una supuesta omisión del Tribunal de Cuentas que no busca, como dicen, garantizar el derecho de senadores y diputadas al ejercicio de nuestro derecho y, menos aún, garantizar el principio de transparencia.

En relación a que el tribunal se pronuncie sobre si los anticipos procedían o no, la pregunta que nos hacemos es qué efectos tendría esta fiscalización, y la verdad es que la respuesta que encontramos es que ninguna. El informe concurrente que compartimos y que figura en el informe de las elecciones, y que dice que el Tribunal de Cuentas no puede ser ajeno a las funciones y a los pronunciamientos y criterios de los órganos a los que la LORREC atribuye competencias propias y específicas en esta materia, opera en un estadio anterior a la actuación del propio tribunal. Por ello, siguiendo con esta idea, entendemos que estas fiscalizaciones carecerían de efecto una vez que las candidaturas se dieron por buenas por las comprobaciones efectuadas en las juntas electorales, a las que corresponde subsanar irregularidades tanto en las composiciones como en la proclamación de candidatos y candidatas. Por ello, entendemos que el Tribunal de Cuentas ha actuado con prudencia al dejar en manos de los órganos competentes la calificación de las candidaturas. Quizá, como figuraba en este voto concurrente, toda la información del tribunal no debería haber figurado en un pie de página. En eso estamos de acuerdo, pero tendremos ocasión de preguntárselo a la presidenta. Finalizo diciendo que nos lo habrán escuchado muchas veces y, al hilo de lo que ha dicho el señor Eloy, que hay actuaciones y decisiones que, aunque ética, política y socialmente nos parezcan reprochables, no son ilegales y que seguiremos defendiendo. El Partido Nacionalista Vasco siempre lo ha hecho en el diálogo para la resolución de cualquier conflicto, en la verdad, en la justicia y en la reparación para cualquier proceso de normalización, también la de nuestro país. Por el Grupo Parlamentario Bildu tiene la palabra el señor Estarrón. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Título: «La utilización e instrumentalización por parte del Partido Popular de todos los órganos y resortes del Estado, parte 2». Sinopsis. En esta segunda entrega se evidencia nuevamente el objetivo real de esta solicitud, que no es precisamente la fiscalización ni la rendición de cuentas ante un órgano de cuentas independiente. Esto ha quedado acreditado aún más tras las palabras del portavoz del Partido Popular. Pero el guion no deja de ser el mismo. En el fondo, a ustedes lo que les gustaría es acabar con una opción política, una opción democrática, soberanista y de izquierdas, como es Euskal Herria Bildu. Yo sé y entiendo que les molestamos, entendemos también que les somos incómodos, y eso precisamente lo que hace es reafirmarnos en nuestro compromiso, porque no hay razón legal —como ya lo decía en la anterior comisión— para la no concesión a Euskal Herria Bildu de las subvenciones percibidas por aquellos comicios locales de mayo de 2023. Además, en este sentido, es necesario señalar hoy nuevamente la poca consistencia de su petición, lo único que hace es poner en evidencia aún más la clara intencionalidad política de la misma y su carácter infundado. Y termino, porque no merece gastar más tiempo en esto. Su ataque nos reafirma, reafirma a las cientos y miles de militantes políticos de Euskal Herria Bildu que trabajamos en los pueblos y barrios de Euskal Herria para hacer de este un mundo mejor. El pueblo vasco, si algo ha demostrado, es saber responder y reponerse ante ataques como este, que han sido numerosos a lo largo de la historia, y lo hemos hecho desde el compromiso, desde la solidaridad y actuando con altura de miras y anteponiendo los intereses del país. Y por eso, desde Euskal Herria Bildu, vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para consolidar la paz, profundizar en la convivencia y seguir trabajando para ampliar los derechos y libertades individuales y colectivos de la gente y de nuestro país. Un país que sabe reconocer bien lo que hacen unos y lo que hacen otros. Gracias. Señor presidente, le pediría un poco de respeto parlamentario. Gracias. Por favor, señoría, en el uso de la palabra de los distintos portavoces le pediría silencio, el mismo silencio que se tiene para el resto de portavoces del grupo. Por favor, señoría. Sí, presidente. No, pero no se interpela al portavoz. Ya ha hablado su portavoz. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Escorbe. Muchas gracias, señor presidente. Ya en la anterior comisión abordamos la solicitud de fiscalización de los adelantos de subvención de Euskal Herria Bildu. Hoy damos un paso más y ahora se pide que se investigue por qué se ha considerado devengada una subvención electoral cuando la contabilidad…

Esta información ni siquiera aparece en el informe 1612 del Tribunal de Cuentas. Dos fiscalizaciones distintas, un mismo patrón, el dinero público fluye sin control hacia quienes presentaron en sus listas a condenados por terrorismo, los socios del Gobierno, mientras se persigue a Vox por actividad promocional, limpia, transparente y pública por la venta de bolígrafos y púlseras. Una sanción que hemos recurrido ante el Tribunal Supremo y una denuncia que la Fiscalía Anticorrupción, promovida por el PSOE, ha archivado dejando claro que no hubo financiación ilegal ninguna. Y, sin embargo, esta acusación infundada fue utilizada por el presidente del Gobierno como ataque en sede parlamentaria, mintiendo, como siempre, el mismo presidente que lidera un partido, el Partido Socialista, con una larga y persistente historia de corrupción, de manipulación institucional y de uso clientelar del poder. Lo que debería preocuparnos hoy no es solo la gestión de un expediente técnico. Lo que sorprende, lo que decepciona profundamente, es el sistema en sí. El mismo sistema, un sistema que parece resignado, donde las instituciones, lejos de protegerse y proteger el Estado de Derecho, huyen de su responsabilidad y delegan unas en otras como quien se pasa la patata caliente. Después de dos años, siete instituciones implicadas y debates en ambas cámaras, aquellos que conocen este asunto, esta es otra muestra de opacidad, porque no todo el mundo lo conoce; asisten perplejos a la incapacidad del Estado para resolver algo que afecta al corazón mismo de la dignidad democrática. ¿Debe una democracia financiar con dinero público a quienes presentaron en sus listas a terroristas? El portavoz del Partido Popular lo ha explicado meridianamente, lo ha explicado bien y lo ha explicado justo, pero la ley electoral es clara: no deben percibir subvenciones quienes incluyan a condenados por terrorismo, salvo que haya un rechazo público de esos fines y esos medios. Y Bildu se limitó a firmar un formulario ambiguo, sin mostrar ni arrepentimiento real ni respeto a las víctimas. Con ello, el Ministerio del Interior y la Abogacía del Estado dieron por cerrado el expediente. ¿Es esta la exigencia que merece España en defensa del Estado de Derecho? Pero la neutralidad frente al mal no es virtud, es cobardía institucional. El Estado no puede ser equidistante entre quienes quieren destruirlo y quienes lo sostienen con su lealtad, su esfuerzo y su sacrificio. En fin, apoyamos esta fiscalización con profunda excepción y sin mucha fe en el resultado, porque hoy el Tribunal de Cuentas, al que una parte de la sociedad ya no mira con confianza, está llamado sin pausa a recuperar su autoridad moral, como muchas instituciones del Estado que han perdido. En fin, que vaya adelante la propuesta de fiscalización. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Amirao Sánchez García. Gracias, presidente. Señorías, en primer lugar, señorías de Vox, en España el único partido que está presente hoy en esta comisión, condenado por financiación ilegal, es el Partido Popular, con el que no dudan en pactar. Y, como lo recordaré más adelante... Señorías, por favor. De la misma manera que a ustedes se les ha respetado en el uso de su palabra, en silencio y con respeto, les pido que, en el uso de la palabra del Grupo Parlamentario Socialista, se guarde el mismo silencio y el mismo respeto. Ya se han interpelado y se están interpelando los distintos portavoces. Solamente pido silencio y respeto. Puede continuar. Y, como les recordaré más adelante, son ustedes quienes deberían dar explicaciones: por un lado, por los 800.000 euros de multa del Tribunal de Cuentas y, por otro, por los 6,5 millones del crédito del Banco Húngaro. Desde el Grupo Parlamentario Socialista votaremos en contra de esta solicitud del Grupo Popular, porque responde a una lógica ya conocida y que hemos denunciado todos: la utilización partidista de esta comisión para mantener vivo un relato político contra una formación legítimamente constituida, por el mero hecho de ser socio de investidura del Gobierno progresista, en lugar de respetar los cauces técnicos e institucionales del control parlamentario. Esta solicitud no es nueva; como ustedes también han explicado, es una repetición ligeramente reformulada de una propuesta presentada hace dos semanas, ahora disfrazada bajo la forma de un análisis sobre el devengo. Nuevamente se intenta alterar el orden y el calendario de trabajo de esta comisión, como ya denunciamos, para forzar un pronunciamiento extraordinario sobre EH Bildu.

Cuando el informe que serviría de base para cualquier fiscalización, el número 1612, aún no ha sido tramitado ni debatido en esta comisión. El argumento de que dicho informe no permite la tramitación es completamente infundado. El propio informe establece que la verificación del cumplimiento de requisitos legales para acceder a la subvención corresponde a la autoridad competente en el marco del artículo 134.5 de la LOREG. La autoridad está siguiendo el procedimiento habitual y aún no ha concluido la liquidación. Solo se ha realizado el anticipo del 30% previsto por ley, como en todos los procesos electorales. Es importante señalar también que no existe ningún trato excepcional ni vicio normativo en este caso, porque sea la insistencia o no del Partido Popular. Por tanto, este no busca aclarar una cuestión técnica, sino señalar nuevamente una formación política concreta con el objetivo de generar sospecha y tensión institucional. Mientras tanto, como les he dicho, este mismo grupo parlamentario, el Partido Popular, guarda silencio ante las irregularidades constatadas en su socio Ultra, el Tribunal de Cuentas –como ya he indicado, sancionado con 862.000 euros al Partido VOX por recibir donaciones ilegales– y, hace apenas un mes, denunció la falta de colaboración del banco húngaro MBH en relación con el préstamo millonario recibido por esta formación y que ahora sabemos devolvió –no se sabe cómo– 6,5 millones de euros en un solo día. No obstante, de esos hechos ni el Partido Popular ni VOX ofrecen comentarios. Lo que hoy se plantea no es una necesidad de control parlamentario, sino una operación política para señalar a un adversario y convertir esta comisión en un altavoz de una estrategia partidista, mientras el Partido Popular, cada vez más alineado con VOX, se aleja del respeto institucional. Y desde el Grupo Socialista reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, el rigor técnico y el cumplimiento del calendario de trabajo aprobado por la comisión. Por ello, rechazamos esta solicitud, ya que esta comisión está para vigilar el buen uso de los recursos públicos y no para legitimar campañas de desgaste político. Muchas gracias. Gracias a los distintos portavoces por su posición. A continuación, procedemos a la votación de la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, para que recabe del citado tribunal un informe de fiscalización del análisis y justificación sobre el momento de devengo de la subvención correspondiente a una de las formaciones políticas, EH Bildu, cuya contabilidad electoral fiscalizada no aparece en el informe de fiscalización número 1612 del Tribunal de Cuentas, relativo a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales del día 28 de mayo de 2023. Procedemos a la votación: ¿Votos a favor? 20 votos a favor. ¿Votos en contra? 15. ¿Abstenciones? 15. Queda aprobada. Pasamos al segundo punto del orden del día, correspondiente a la ratificación de la ponencia designada para informar la Cuenta General del Estado del 2023. La ponencia ha estado integrada por los diputados y senadores: doña María del Pilar Alí Agudo, don Salvador Foronda, don Álvaro Pérez, doña Patricia Blanquer, don Amaro Huelva, don Josep Parés, don Juan José Riscorbe, don Pablo Saez, doña Ingracia Rivera, doña Miren Usúe, don Joan Josep Quirat, don Josep María Cruzet, don Josué Estarrona y doña María Dolores Echano. ¿Ratificamos por asentimiento? Se ratifica la ponencia, queda ratificada por asentimiento. Seguidamente, procedemos a emitir el dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre la declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2023. Pasamos a su votación: ¿Votos a favor? 14 votos a favor. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 18. Queda aprobada. A continuación, pasamos al debate y votación de la propuesta de resolución sobre la declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2023 y de los informes de fiscalización que figuran en el punto tercero.

Y cuarto del orden del día. Cuadro de votos. Déjame el cuadro, que creo que no lo tengo. Bloque 1. Propuesta de resoluciones presentada. Pasamos a la votación. Grupo Parlamentario Vox, de la número 1 a la 8. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Quedan aprobadas. Grupo Parlamentario Suma, votamos la número 9 a la 11. ¿Votos a favor? 0. ¿Votos en contra? 33. ¿Abstenciones? 0. Quedan rechazadas. Votamos la número 12. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 20. ¿Abstenciones? 0. Por favor, ¿podría cerrar la puerta? Gracias. Pasamos a votar la del Grupo Parlamentario Socialista, de la 13 a la 19. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 20. ¿Abstenciones? 0. Queda rechazada. Del Grupo Parlamentario Popular, la número 20. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. De la número 21 a la 25. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Quedan aprobadas. La número 26. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. La número 27. ¿Votos a favor? 33. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. La número 28. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. La número 29. ¿Votos a favor? 33. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. De la número 30 a la 32. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. La número 33. ¿Votos a favor? 33. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. La número 34. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. La número 35. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. De la número 36 a la 39. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Quedan aprobadas. La número 40. ¿Votos a favor? 33. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. De la número 41 a la 44. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. La número 45. ¿Votos a favor? 33. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. De la número 46 a la 48. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. La número 49. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. De la número 50 a la 55. ¿Votos a favor? 33. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 0. Pasamos a la votación del segundo bloque. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Suma, votamos de la 1 a la 8. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 18. Queda aprobada. La del Grupo Parlamentario Socialista, de la 9 a la 12. ¿Votos a favor? 31. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. Grupo Parlamentario Popular, votamos la número 13. ¿Votos a favor? 33. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. La número 14. ¿Votos a favor? 33. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. La de la 15 a la 23. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. Como hemos metido en la mesa la de Vox, votamos también la del Grupo Parlamentario Voluntario, de la número 24 a la 25. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada. Pasamos a votar el informe de fiscalización de las medidas.

Implantadas por los municipios con poblaciones entre 100.000 y 200.000 habitantes para la protección del informante del ejercicio 2023. Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Sumar, números 1 a 7:  – ¿Votos a favor? 13.  – ¿Votos en contra? 2.  – ¿Votos en abstención? 18. Queda aprobada. Votamos la resolución del Grupo Parlamentario Socialista, números 8 a 11:  – ¿Votos a favor? 31.  – ¿Votos en contra? 2.  – ¿Votos en abstención? 0. Queda aprobada. Del Grupo Parlamentario Popular, votamos:  • Resolución número 12:   – ¿Votos a favor? 33.   – ¿Votos en contra? 0.   – ¿Votos en abstención? 0.   Queda aprobada.  • Resolución número 13:   – ¿Votos a favor? 33.   – ¿Votos en contra? 0.   – ¿Votos en abstención? 0.   Queda aprobada. Votamos la resolución número 14 a la 21:  – ¿Votos a favor? 20.  – ¿Votos en contra? 13.  – ¿Votos en abstención? 0. Queda aprobada. Votamos la resolución del Grupo Parlamentario Vox, números 22 a 23:  – ¿Votos a favor? 20.  – ¿Votos en contra? 13.  – ¿Votos en abstención? 0. Queda aprobada. Pasamos a votar el informe de fiscalización sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética en el ámbito local. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Sumar, números 1 a 4:  – ¿Votos a favor? 13.  – ¿Votos en contra? 2.  – ¿Votos en abstención? 18. Quedan aprobadas. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, números 5 a 6:  – ¿Votos a favor? 13.  – ¿Votos en contra? 2.  – ¿Votos en abstención? 18. Queda aprobada. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular:  • Resolución número 7:   – ¿Votos a favor? 33.   – ¿Votos en contra? 0.   – ¿Votos en abstención? 0.   Queda aprobada.  • Resolución número 8:   – ¿Votos a favor? 33.   – ¿Votos en contra? 0.   – ¿Votos en abstención? 0.   Queda aprobada.  • Resoluciones números 9 a 14:   – ¿Votos a favor? 20.   – ¿Votos en contra? 13.   – ¿Votos en abstención? 0.   Queda aprobada. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Vox, números 15 a 16:  – ¿Votos a favor? 20.  – ¿Votos en contra? 13.  – ¿Votos en abstención? 0. Queda aprobada. Bloque III – Informe de fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia por los partidos políticos. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Sumar, números 1 a 5:  – ¿Votos a favor? 13.  – ¿Votos en contra? 20. Queda rechazada. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, números 6 a 15:  – ¿Votos a favor? 13.  – ¿Votos en contra? 2.  – ¿Votos en abstención? 18. Queda aprobada. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, números 16 y 17:  – ¿Votos a favor? 20.  – ¿Votos en contra? 13.  – ¿Votos en abstención? 0. Quedan aprobadas. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, números 18 a 25:  – ¿Votos a favor? 20.  – ¿Votos en contra? 13.  – ¿Votos en abstención? 0. Queda aprobada. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Vox, números 26 a 27:  – ¿Votos a favor? 2.  – ¿Votos en contra? 13.  – ¿Votos en abstención? 18. Queda rechazada. Hacemos un receso. Damos entrada a la presidenta del Tribunal.

Reanudamos la sesión dándole de nuevo la bienvenida a la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas, gracias en nombre de esta Comisión y de esta mesa por su predisposición siempre a trabajar con y para esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Querida Presidenta, gracias y bienvenida a esta Comisión. Pasamos al debate y a la comparecencia de bloque 1, con la presentación de los siguientes informes: Informe de fiscalización del consorcio.

Barcelona Supercomputing Center y Centro Nacional de Supercomputación, ejercicio 2015–2022. Informe de fiscalización del consorcio Centro Sefarad Israel, ejercicio 2022. Informe de fiscalización del consorcio Casa de América, ejercicio 2020–2021. Informe de fiscalización del consorcio público Instituto de Astrofísica de Canarias, ejercicio 2022. Tiene la palabra para su comparecencia la señora presidenta del Tribunal de Cuentas. Gracias, presidente. Buenos días. Empezamos por el consorcio Supercomputing, entidad pública estatal adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, integrado por la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña, con el objetivo principal de gestionar infraestructuras de supercomputación. Este informe analiza las cuentas del periodo 2015–2022 y realiza un análisis financiero y de cumplimiento de los ejercicios 2018 y 2021. Se destaca que el 83% del personal del consorcio se dedica esencialmente a actividades de investigación y prestación de servicios tecnológicos, pese a que la normativa establece que su actividad principal es la gestión de infraestructuras. El informe pone de relieve una estructura de gestión atípica, aunque con una evolución exitosa. La aportación de la Universidad Politécnica de Cataluña se efectúa en especie, mediante la cesión de espacios y profesorado, lo que ha generado una pérdida de dependencia y autonomía institucional del consorcio, configurándolo como una entidad vinculada a la universidad, situación incompatible con su naturaleza de entidad pública estatal. El control efectivo del Consejo Rector, en el que participan la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, es limitado, ya que la gestión se realiza con autonomía por el director del centro y el personal directivo. No obstante, la gestión de ingresos, gastos de personal, contratación y tesorería ha sido, en términos generales, adecuada, sin deficiencias significativas. Sin embargo, se señala que el sistema de control interno es mejorable: se han detectado deficiencias en los inventarios de bienes, errores en la gestión contable operativa, falta de registro de las aportaciones en especie de la Politécnica de Cataluña y algunas deficiencias en las cuentas de tesorería y en los procedimientos de gasto. Los estados financieros de los ejercicios 2018 y 2021 reciben una opinión favorable con salvedades del Tribunal de Cuentas. Además, se advierte que no se dispone de una relación de puestos de trabajo y que la asignación del personal universitario no se adecúa a la normativa del sector público, mientras que la prestación gratuita de servicios que debía aportar la universidad ha derivado en una facturación onerosa. Desde una perspectiva estratégica, el consorcio carece de herramientas formales de planificación de su actividad, aunque presenta un crecimiento sostenido de proyectos de investigación, ingresos y costes asociados, evidenciando una elevada capacidad para captar financiación externa. El informe contiene, además, varias recomendaciones dirigidas al consorcio, entre las que destacan la modificación de los estatutos para adecuar sus fines a la realidad de su actividad, la determinación precisa del importe y la materialización de las aportaciones realizadas por la Universidad Politécnica de Cataluña, la adopción de medidas que garanticen su autonomía y buen gobierno –revirtiendo la situación de dependencia respecto de la universidad– y el fortalecimiento del sistema de control interno. Paso al siguiente consorcio, que es el Centro Sefarad Israel, ejercicio 2022. Se trata de un consorcio constituido en 2006 y en el que participan la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Adscrito al Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, tiene como finalidad promover el conocimiento del mundo judío. En el ejercicio 2022, gestionó un millón de euros y contó con diez trabajadores. El Tribunal de Cuentas ha emitido una opinión favorable sobre sus cuentas anuales; no obstante, se considera que el consorcio debe desarrollar una contabilidad analítica que permita obtener información sobre los costes de actividades e indicadores económicos.

De gestión encaminados a la mejora de la gestión económico‑financiera de la entidad. Se han observado deficiencias en materia de contratación menor, como la ausencia en el expediente de tres ofertas que exige la instrucción de la Orescon, el engadenamiento de contratos menores para satisfacer necesidades recurrentes, aunque tienen adjudicatarios distintos, o problemas en la justificación de la ejecución de un contrato. Tampoco se han constituido los órganos consultivos previstos en los estatutos y no hay mecanismos de supervisión e inspección de servicios por parte del Ministerio de Administración. Se constatan deficiencias en el cumplimiento de la normativa de transparencia. El consorcio carece de planes anuales y operativos que concreten objetivos, acciones e indicadores, y no se ha articulado una estrategia conjunta con el ministerio. Tampoco se han impulsado actuaciones para compartir servicios comunes, coordinación de servicios sugeridos por el artículo 95 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. La falta de dirección, asistencia y supervisión por parte del ministerio ha limitado su utilidad como instrumento de diplomacia pública. En relación con el seguimiento de recomendaciones, permanece vigente la que se hizo relativa a la búsqueda de fuentes de financiación alternativas mediante patrocinios y colaboraciones externas. Este informe tiene varias recomendaciones dirigidas tanto al consorcio como al ministerio, entre otras, la modificación de sus estatutos para establecer órganos consultivos efectivos, el desarrollo de una planificación estratégica y de planes de actuación anuales, el pleno ejercicio del control de eficacia por parte del ministerio y la valoración del refuerzo de los mecanismos para gestionar los servicios comunes de la red de casas. Los principales resultados del siguiente consorcio que voy a exponer están referidos a Casa América, ejercicios 20 y 21. El consorcio Casa de América es una entidad participada también por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Su finalidad es fortalecer los lazos entre la comunidad ciberamericana de naciones y España. Durante los ejercicios 20 y 21, el consorcio tuvo unos gastos de 6,1 millones de euros y una plantilla de 24 trabajadores. El informe refleja una limitación por falta de información sobre ingresos por entradas y visitas. La fiscalización circunscrita a los ejercicios 20 y 21 identifica debilidades del sistema de control interno que afectan a las áreas de organización, de gestión documental y archivo, planificación presupuestaria y sistemas de información. El consorcio carece de un sistema adecuado de planificación y tampoco ha recibido dirección, asistencia ni supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las cuentas anuales analizadas reflejan la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de la entidad, con solvedades, salvedades, incorrecciones y deficiencias que se recogen en el propio informe. Si se atiende a la tesorería de la entidad, se observa que su financiación se compone de un 54% de financiación pública y un 46% privada. No existen aportaciones, delegaciones diplomáticas, empresas o entidades de países ciberamericanos, y la aportación del ministerio no cubre los gastos a los que está obligado estatutariamente. Además, carece de relación de puestos de trabajo y de plantilla orgánica, y el convenio colectivo aplicado al personal no ha sido registrado formalmente. Sobre el seguimiento de recomendaciones, continúan vigentes siete, de las que se incluyeron en informes anteriores del Tribunal (informe del 2016), a las que se suman algunas nuevas, tales como reforzar el control interno, impulsar en colaboración con el ministerio el sistema de planificación, controlar los bienes inventariables y fomentar la financiación de las legaciones diplomáticas, empresas y entidades culturales de la comunidad iberoamericana. Por último, el consorcio público Instituto de Astrofísica de Canarias, correspondiente al ejercicio 2022, es un organismo público de investigación que adopta la forma de consorcio público constituido por la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Está inscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y tiene como función principal el desarrollo de la investigación astrofísica en los observatorios astronómicos.