Buenos días. Si sus señorías son tan amables y ocupan los escaños, reanudaremos la sesión.
Se reanuda la sesión, entonces, muchas gracias. La presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Por tener carácter orgánico, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que dicha votación no se producirá antes de las 13:30 horas del día de hoy. Asimismo, les informo que, finalizado el debate correspondiente a este punto, se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa.
Comenzamos entonces con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Empezamos con la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, el MOVES III, para el año 2025. Para presentar el Real Decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Cuando quiera, señora Vicepresidenta.
Buenos días. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, señorías. Me dirijo a ustedes para presentar la convalidación del Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se prorroga el programa de incentivos a la movilidad eléctrica, el MOVES III, para este año 2025.
Silencio, por favor.
Es un Real Decreto-ley en el que seguimos avanzando en nuestra apuesta por el ecosistema del vehículo de la automoción en España, tan importante, y también en el que seguimos apostando por la descarbonización de la movilidad. Una medida que, si bien, como ustedes saben, señorías, intentamos convalidar el pasado mes de enero, cobra ahora especial relevancia, en un contexto de tensiones comerciales que son globales y tienen impactos negativos en todo el mundo; decisiones unilaterales, decisiones injustificadas, que cambian dinámicas geopolíticas y estratégicas y nos conducen a un mundo más fragmentado, volátil e incierto.
Y creo que es relevante, en este contexto, hablar de la historia y de la teoría económica, donde se dice alto y claro que el progreso y el desarrollo van de la mano de la cooperación, de la apertura, del acuerdo y del multilateralismo. En España y en la Unión Europea apostamos por la negociación, siempre, pero también apostamos por prepararnos para responder con proporcionalidad, con unidad y con fortaleza, dado que hablamos de Europa, el primer bloque comercial del mundo.
Hemos actuado y seguiremos actuando; pero hemos actuado en tiempo récord frente a la incertidumbre. En apenas 12 horas, el Gobierno ha puesto en marcha ese plan de respuesta y relanzamiento comercial; pero incluso antes, hemos trabajado para llevar a cabo actuaciones de protección de nuestra industria del automóvil, de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas, con la aprobación del MOVES III, ese mecanismo de ayuda, de protección e incentivo a la adquisición de un vehículo eléctrico y también de infraestructura de recarga.
Esta semana, también, como saben, hemos aprobado en el Consejo de Ministros, el martes, un nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes para dar respuesta a la amenaza arancelaria y para el relanzamiento comercial, que responde a ese plan y a esas palancas financieras que ya anunció el presidente del Gobierno. Y, como decía, la norma que hoy sometemos a convalidación por sus señorías cobra especial relevancia en este contexto, tanto para la industria como para los consumidores, para dar certidumbre mediante medidas que incentiven, desde el punto de vista económico y también fiscal.
Se trata de dos medidas principales: la recuperación y la prórroga del MOVES III, donde destacaría cuatro elementos con novedades fundamentales para dotar de esa certidumbre. El primero, el carácter retroactivo, es decir, que todos aquellos consumidores, ciudadanos y hogares que hayan apostado por la movilidad eléctrica desde el 1 de enero de este año 2025 tengan la certidumbre.
De que van a poder contar y acceder a estas ayudas. El segundo, ampliar el presupuesto hasta 400 millones de euros. Esa dotación presupuestaria se suma a los más de 1.300 millones de euros que ya han sido transferidos a las comunidades autónomas y, con esta nueva ampliación, hablamos de una dotación presupuestaria nunca vista para incentivar la movilidad eléctrica y el despliegue de la infraestructura de recarga; hablamos de más de 1.700 millones de euros movilizados.
El tercer elemento, hablamos de una prórroga que va hasta el 31 de diciembre del año 2025. Y el cuarto elemento fundamental es la mejora de las simplificaciones administrativas, tal y como nos habían solicitado también las comunidades autónomas, para conseguir una respuesta ágil que facilite la adquisición de este vehículo tanto por los ciudadanos como por las empresas, presentando una documentación simplificada, con la exención de la obligación de aportar determinada documentación y la reducción de los plazos. Por ejemplo, aquellas subvenciones con límite inferior a 100.000 euros, es decir, prácticamente todas las subvenciones que llegan a los ciudadanos, podrán entregarse con una cuenta justificativa simplificada.
Animamos a todas las comunidades autónomas, como lo llevan haciendo durante todo este tiempo de aplicación del MOVES III, a que se sumen, a que fijen las mejores prácticas y tramiten de forma ágil. De hecho, lo que podemos ver es que algunas comunidades actúan rápidamente en las solicitudes y en la resolución de las mismas, alcanzando más del 80% en ciertos casos; sin embargo, hay otras que permanecen más rezagadas. Seguimos trabajando de manera constante con todas las comunidades autónomas para eficientar estos procesos. Un ejemplo muy claro son los mecanismos de apoyo que hemos puesto a disposición de las comunidades, mediante la utilización del 5% del programa de ayuda asignado para los costes indirectos, precisamente para facilitar esa tramitación.
La segunda medida que incluye este Real Decreto-ley es una medida de deducción fiscal: la deducción fiscal del 15% del IRPF para el año 2025 en la compra o adquisición de vehículo eléctrico o de infraestructura de recarga. Por ejemplo, con una base máxima de 20.000 euros para la adquisición de un vehículo, lo que supondría hasta 3.000 euros por vehículo; y en el caso de la infraestructura de recarga, con una base máxima de hasta 4.000 euros, supondría hasta 600 euros por infraestructura.
Estas medidas son muy valoradas y muy necesitadas por el sector en nuestro país, en España. Señorías, la transición ecológica y la transición energética nos llevan también a una movilidad eléctrica, que es sinónimo de industria, de tejido productivo, de descarbonización y, además, de calidad de vida. Junto con otras medidas imprescindibles, como los cambios modales y las zonas de bajas emisiones, la movilidad eléctrica es clave en la lucha contra el cambio climático, en la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades y en la salud de nuestros ciudadanos, y representa una gran oportunidad para reforzar la industria de la automoción y de la infraestructura de recarga.
El sector de la automoción está en España en un proceso de modernización tanto por la electrificación como por la digitalización. Las tensiones comerciales actuales y la competencia internacional exigen actuar con determinación; necesitamos medidas que garanticen la estabilidad de nuestras empresas, que atraigan nuevas inversiones y que refuercen el liderazgo industrial europeo, reforzando la apuesta que ya está realizando el sector de la automoción en España. Precisamente, esta medida del MOVES III, junto con las deducciones fiscales, son medidas claras, conocidas tanto por el sector como por la ciudadanía.
Por ello dijimos que, por difícil que fuera, este Gobierno iba a cumplir con su compromiso e iba a implementar el MOVES III, cumpliendo con la palabra dada. Una ciudadanía que confía en esa palabra, como se refleja en los datos de matriculaciones que hemos observado durante los tres primeros meses del año —con subidas del 48,4% en enero, del 60,6% en febrero y del 85,4% en marzo respecto a los mismos meses del año anterior—, y esperamos que, con este impulso del MOVES III, estas cifras sigan ascendiendo.
En nuestro país, tenemos que estar a la altura de los consumidores, pero también de las empresas y de la industria. Entendemos que esta medida es imprescindible y urgente en un país como España, que es el segundo país europeo en fabricación de automóviles y el noveno a nivel mundial; un país que cuenta con 18 fábricas y que produce 25 modelos de vehículos eléctricos y electrificados, líder en fabricación de motocicletas y referente mundial en equipos de infraestructura de recarga.
Por eso, un sector que moviliza dos millones de empleos y representa el 10% del PIB no lo podíamos dejar atrás: fabricantes de vehículos, infraestructuras, concesionarios, vendedores, reparadores, fabricantes de componentes e instaladores de infraestructura de recarga. Todo ese ecosistema comprometido, un ecosistema imprescindible que, desde el 22 de enero, tenía incertidumbre y que ahora, ante la situación de la política comercial y las tensiones geopolíticas, nos ha interpelado a todos y a todas para reactivar estas medidas.
Se trata de un ecosistema industrial que hemos tenido en mente en el Gobierno desde el año 2018, cuando arrancamos con determinación para fomentar esa movilidad sostenible. Hablamos de la descarbonización, fundamental en un transporte que produce el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también hablamos de autonomía para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, algo esencial para la seguridad europea en tiempos como hoy. Asimismo, abordamos la competitividad de nuestra industria y de nuestro tejido productivo, por lo que desde el primer día trazamos un plan de actuaciones con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, apostando por impulsar el tejido productivo e industrial a través de medidas regulatorias y un paquete de incentivos, como es el caso del MOVES III, con más de 1.700 millones de euros.
Además, desde el diálogo hemos activado un grupo de trabajo conocido como Getirbe, de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, y esta semana nos hemos reunido por quinta vez. En este trabajo están representadas las comunidades autónomas, asociaciones, sociedad civil, distintas entidades y ministerios competentes en la materia. Una piedra angular que conocen perfectamente, señorías: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que también aboga por la movilidad eléctrica, obligando a que las estaciones de servicio con mayores ventas dispongan de infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida.
Hemos puesto en marcha numerosas medidas regulatorias para facilitar el despliegue de esta movilidad y un programa de incentivos sin precedentes. No solo hablamos del MOVES III, sino que, en total, hemos activado más de 2.700 millones de euros de ayudas en distintos programas para fomentar la adquisición de vehículos y la infraestructura, a lo que se suma algo tan importante para el tejido productivo industrial como es el PERTEVEC, dotado con 500 millones de euros asociados a la fabricación, a la cadena de valor y a la industria de los componentes, con el objetivo de traccionar economía y empleo de calidad en nuestro país.
Hoy vivimos un hito importante en esta Cámara con el programa MOVES III, que, con un presupuesto adicional de 400 millones, ha generado resultados palpables, como la adquisición de más de 142.000 vehículos y la instalación de más de 113.000 puntos de recarga. Además, España, a pesar de lo que se oye, cuenta con más de 46.000 puntos de recarga públicos, según los datos publicados la pasada semana por el sector. Somos el sexto país de Europa con más infraestructura de recarga y añadimos 1.100 nuevos puestos de recarga al mes.
Este MOVES III para la adquisición de vehículos e infraestructura se complementa con otros programas, como el MOVES Flotas para grandes flotas de vehículos y el MOVES Singulares para fomentar la innovación, los nuevos modelos de negocio y prototipos en nuestro país. Esta misma semana también hemos presentado un mapa público de infraestructura de recarga, el mapa REVE, accesible y con información dinámica automática en tiempo real, fundamental para que todos los consumidores conozcan dónde pueden recargar su vehículo eléctrico. Insisto: números...
Estas actuaciones, un MOVES III que hoy traemos a convalidación aquí, en esta Cámara, ha sido una herramienta clave, muy bien valorada por el sector, una palanca para nuestra industria y de apoyo también para nuestra ciudadanía. Estoy convencida de que tenemos que seguir intensificando esos esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, en dar oportunidades y mejorar nuestro tejido productivo e industrial. Es fundamental movilizar inversiones, adquirir vehículos y acelerar la implantación de la infraestructura de recarga; ese es el resultado del MOVES III. De hecho, prácticamente la mitad del presupuesto del MOVES ha sido destinada a esa infraestructura, de la cual, para dar resultados claros, el 42% se ha destinado a carga ultrarápida y el 12% a carga rápida.
Un programa que, insisto, desde el primer día hemos trabajado junto con las comunidades autónomas, ofreciendo nuestro apoyo y acompañamiento, manteniendo una interlocución constante y posibilitando la puesta en marcha de métodos o sistemas alternativos para una gestión ágil, con ese 5% de dotación para la gestión de los fondos. Se han implementado medidas que han permitido que las comunidades autónomas den respuesta a la ciudadanía en un plazo de dos meses para la adquisición de vehículos y la instalación de infraestructura de recarga, llegando en algún caso a una ejecución del 90%. Este apoyo y acompañamiento continuo seguirá estando; de hecho, mañana se ha convocado la comisión de consulta consultiva del IDAE para resolver cualquier duda de las comunidades autónomas.
Confío en que hoy, en esta Cámara, seremos capaces de dar el respaldo que nos exige con responsabilidad tanto la ciudadanía como nuestro tejido productivo e industrial. Apostar por ellos, por los ciudadanos y por la industria. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señora vicepresidenta.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sánchez Serna por un tiempo de siete minutos.
Gracias, presidenta. El Gobierno nos trae hoy un decreto para renovar el plan MOVES III de apoyo a la movilidad eléctrica, con una dotación adicional de 400 millones de euros provenientes principalmente de fondos europeos. Lo primero que tendríamos que decir es que resulta curioso, muy curioso, que la renovación del MOVES III, que ya estaba prevista, y esos 400 millones aparecieran el martes, por arte de magia, dentro del plan de respuesta a los aranceles de Donald Trump.
El Gobierno vende un plan de ayudas por valor de 14.000 millones; pero, si uno examina de cerca la letra pequeña del plan de respuesta, la verdad es que la mayor parte consiste en créditos del ICO por importe de 5.000 millones, es decir, deuda, y luego se integran otras partidas ya existentes en un cajón desastre. Eso ocurre con los 400 millones del plan MOVES III. Esto, señorías, más que ayudar a nuestras pymes y a nuestros trabajadores, es un ejercicio de malabarismo contable, que se diferencia, por cierto, del escudo social que levantamos hace cinco años y que impulsó Unidas Podemos para responder a la pandemia.
En cuanto a la renovación del plan MOVES III en sí misma, nos parece positiva. Sin embargo, consideramos que se ha perdido una oportunidad para resolver algunos problemas que enfrentan muchos solicitantes de estas ayudas para la compra de coches eléctricos. Son las comunidades autónomas, como ustedes saben, las que gestionan esas partidas, y el panorama es muy preocupante en algunas de ellas. Quizás la más preocupante sea mi región, la Región de Murcia, donde miles de afectados llevan tres años esperando que se les paguen estas ayudas. De los 27,3 millones de euros que el Gobierno ha entregado al señor López Miras para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos, solo se ha concedido, hasta la fecha, el 23%, el porcentaje más bajo entre todas las comunidades autónomas. Pero conceder una ayuda no significa lo mismo que pagarla. Si el porcentaje de personas que reciben una notificación de resolución positiva y a las que se les ha concedido la ayuda ya es bajo, como he dicho, un 23%, el porcentaje de quienes han cobrado es mucho menor, y se pueden contar los afortunados con los dedos de una mano. A esto hay que sumarle un problema parecido.
Con los 53 millones recibidos para la adquisición de placas solares de autoconsumo, en total son más de 81 millones de euros, fondos que algunos presidentes de autonomía del Partido Popular, como López Miras, no están pagando a las personas a las que corresponden dichas ayudas. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no pagan las ayudas? Porque utilizan esos fondos para financiarse a coste cero; les sale más barato retener ese dinero a la ciudadanía que pedírselo a un banco. Esto es lo que está haciendo el Partido Popular, y por eso en Murcia se ha popularizado el reclamo de “¡López Miras, paga ya!”. Desde esta tribuna, además, quiero mandar todo mi apoyo a ACMEIS, la Asociación de Afectados, por el impago de estas ayudas, que llevan meses movilizándose en la Región de Murcia. Señorías del Partido Socialista y del Gobierno, hay que hacer algo para solucionar este problema, no solo en la Región de Murcia, sino en todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, donde se registran muchas dificultades para cobrar estas ayudas.
Decía, ¿verdad? Se lo pueden preguntar a mucha gente: afirmaban que esta renovación del Plan MOVES III es una oportunidad perdida, y lo digo también en otro sentido. Es una oportunidad perdida para marcar de verdad distancias con Donald Trump y con sus aranceles. Cuando uno entra en la página del IDAE y consulta el listado de vehículos elegibles para este Plan MOVES III, siguen figurando muchos vehículos norteamericanos de marcas como Tesla. La compañía de vehículos eléctricos, propiedad del señor Elon Musk —uno de los principales asesores de Donald Trump, aunque ahora se quiere separar—, se beneficia mientras que, desde ayer, los vehículos producidos en la Unión Europea ya pagan un 25% de aranceles en Estados Unidos; sin embargo, el Gobierno de España bonifica con hasta 10.000 euros la compra de un Tesla. A nosotros nos parece todavía algo incomprensible. Señorías, consideramos que es el momento de pagarle a Donald Trump y a su Gobierno con la misma moneda. Es también el momento de abrirse a nuevos mercados, pero hacerlo de verdad.
Se habla mucho de diversificación y hemos visto que el presidente Sánchez viaja estos días a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, buscando estrechar las relaciones comerciales entre nuestros países. Hace solo tres años, sin embargo, ese mismo Pedro Sánchez hacía de anfitrión en Madrid de una cumbre de la OTAN que definía, por primera vez, a China como adversario sistémico de la Alianza Atlántica. Cómo cambian los tiempos, ¿verdad, señorías del PSOE? Desde Podemos nos parece estupendo que el presidente del Gobierno viaje ahora a Pekín y negocie para aumentar nuestros vínculos con la República Popular, pero a la hora de la verdad lo único cierto es que la Unión Europea y, por tanto, España, mantienen los aranceles del 45,3% a los coches eléctricos procedentes de China, implantados en julio de 2024. Nos parece que es el momento de levantar estas medidas anti-chinas y profundizar la confianza mutua entre nuestros países. En definitiva, es el momento de apartarse de la deriva suicida de Donald Trump y, sobre todo, del seguidismo a los Estados Unidos. Los aranceles solo acelerarán la caída del hegemón americano. O nos apartamos a tiempo o acabaremos también cubiertos de escombros.
Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco y AJPNV tiene la palabra la señora Sagasti Zabal, un Z barra de Mechea.
Gracias, presidente.
Bueno, el Plan MOVES III se reguló en 2024 para otorgar ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos, con el objetivo de promover, desde luego, un sistema de movilidad sostenible y menos contaminante en el Estado. Este plan, previsto para el año 2025, se incluyó, como ustedes saben, en el decreto ómnibus publicado en diciembre de 2024, que finalmente no se aprobó. Asimismo, este plan tampoco se incluyó en el nuevo decreto del 28 de enero de medidas económicas y sociales, aprobado en el Congreso en febrero de 2025.
Una situación que hizo saltar todas las alarmas en el sector del automóvil, no solo por las ventas y la repercusión que podía tener en la producción de vehículos y en el empleo, sino también porque un elevado número de personas que habían solicitado ayuda en el mes de enero se quedaron en el limbo. Hemos visto cómo se cancelaban las operaciones de venta cerradas desde el 1 de enero por la imposibilidad de recibir las ayudas. Además, muchos clientes solicitaron que no se matriculara el coche hasta que hubiese noticias sobre futuras ayudas e incluso algunos cancelaron pedidos.
Lo cierto es que, a día de hoy, sigue siendo imprescindible contar con un marco de ayudas, porque sin estas las ventas de coches eléctricos se resienten considerablemente. Y precisamente, hasta ahora no podemos celebrar, ya que el coche eléctrico no acaba de despegar: solo el 5,6% de los coches vendidos en 2024 fueron eléctricos. Hoy se revierte esta situación al prorrogarse el plan hasta el 31 de diciembre de 2025.
Rotación de 400 millones más en este programa. Y lo hace además con efectos retroactivos, algo que veníamos pidiendo todos los grupos parlamentarios, lo que significa no dejar atrás a ningún comprador que haya adquirido su coche eléctrico en 2025, y además se contempla, como bien ha dicho la vicepresidenta, una deducción del 15% en la declaración de renta por la compra de un coche eléctrico, con un máximo de 3.000 euros. Entendemos que este decreto, al ser una prórroga del Plan Movistrés, tiene que seguir con las bases y condiciones que existían anteriormente, pero quizá ha llegado a este punto en el que se podía haber aprovechado este trámite u otro para simplificar o modificar el proceso, reduciendo la burocracia y haciéndolo más eficiente, para que no solo las clases de renta alta puedan adquirir estos vehículos, sino también aquellas personas o hogares con rentas medias o incluso algo más bajas.
Un proceso de tramitación que fue criticado tanto por fabricantes como por compradores, ya que la entrega de las ayudas se retrasa considerablemente dependiendo también de la Comunidad Autónoma; el comprador ha de adelantar el dinero, y quizá lo lógico hubiera sido entregar la ayuda como un descuento a la hora de comprar el coche para facilitar toda esa tramitación.
Además, tal y como ha dicho la vicepresidenta, en el actual contexto global, complejo e incierto, con las políticas proteccionistas de Estados Unidos para el sector automoción, tanto en el Estado como en Europa, debemos consolidar la apuesta por la movilidad eléctrica, reforzando tanto la demanda interna nacional como la europea, así como la infraestructura que lo hace posible, porque el sector de automoción es fundamental en el tejido productivo y porque el impulso en la movilidad eléctrica contribuirá, de manera decisiva, a avanzar en la descarbonización del transporte y a cumplir los objetivos en el horizonte 2030. Además, no hay que olvidar que la descarbonización del transporte genera nuevas oportunidades para crear valor añadido y nuevas capacidades industriales. Askenik, Buruk Horasyari y Dago Kiones, Plan Movis.
Por último, en cuanto a la burocracia, es cierto que podría mejorarse ese plan. Pero es necesario para fomentar la movilidad sostenible, y en ese sentido, es indispensable que para adquirir vehículos eléctricos e híbridos siga existiendo un plan de ayuda, porque sin ayudas y sin electricidad asequible, comprar un modelo eléctrico no es prioritario para los consumidores. Por lo tanto, vamos a votar a favor de este Real Decreto-ley. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Otero Gabilondo.
Muchas gracias. Voy a empezar diciendo que vamos a votar a favor, porque creemos que es mejor esto que nada, pero no estamos de acuerdo con hacer las cosas así, otra vez mediante un decreto ley sin derecho a hacer ninguna enmienda, y otra vez con un decreto que se podía mejorar muchísimo. Y siendo esto así, vamos a hacer una lectura crítica de este decreto. Voy a decir que estamos a favor del coche eléctrico, cómo no, por su capacidad para reducir las emisiones de CO2; pero, al mismo tiempo, creemos que la sustitución total del parque móvil actual no es ni conveniente ni deseable. Debemos tener en cuenta que casi 88 millones de toneladas de CO2 provienen del sector del transporte, el cual es el sector que más emisiones tiene, representando un tercio del total, y que, dentro del transporte, el 95% de las emisiones proviene del transporte por carretera, es decir, 30 millones de toneladas de CO2.
En este contexto, la electrificación en todas sus modalidades supondría un beneficio climático claro. Hay que tener en cuenta que la cantidad de electricidad renovable existente en la red es muy elevada, un 60% del total, y con ese mix eléctrico, la conversión de coches que utilizan combustibles fósiles a coches eléctricos supondría reducir las emisiones por coche en torno a un 75%. Por tanto, con el mix eléctrico actual, un coche emite 20 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que con la gasolina o con el gasoil serían más de 100 gramos en promedio. Sí, en castellano. Está fallando, ¿no? Porque, si miramos las estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Automóviles Europeos, vemos que solo el 11,4% de los vehículos vendidos en 2014 eran enchufables y, de estos, solamente el 5,6% eran eléctricos puros. Y esto coloca al Estado español en el puesto 24 en Europa, claramente en el vagón de cola. Por mucho que, como usted ha dicho, haya un liderazgo en producción y exista todo un ecosistema, seguramente después se dirá que esto tiene que ver con que los coches eléctricos son cosa de ricos, etcétera; yo creo que las estadísticas nos están diciendo otra cosa, no están diciendo que hay países...
Que están acertando en las medidas para impulsar el vehículo eléctrico y no hay que irse muy lejos, porque en Portugal está liderando, está a la cabeza de Europa y, a día de hoy, el 20% de los vehículos que se venden son eléctricos puros y el 33% son vehículos enchufables, lo que triplica en porcentaje a España. Yo creo que, al diseñar este tipo de medidas, estaría bien pensar en la estructura fiscal vinculada a los vehículos que tiene Portugal y acercarse un poco a esto; no es cuestión de Portugal, sino de otros países con mucho menor poder adquisitivo que España, como Rumanía, Hungría y Grecia, que están por delante. Yo diría que es evidente con estos datos que las subvenciones no son suficientes y que faltan otras cosas.
Usted ha hablado de la red de carga y de lo que está creciendo, pero según los datos que manejamos nosotros y nosotras, ahora mismo puede haber alrededor de 7.000 megavatios de potencia pedidos, sobre todo para la instalación de puntos de recarga rápida, que no tiene una respuesta porque falta capacidad en la red. Así que, aunque de esto hablaremos más en otros momentos, entendemos que hay algo que hacer.
Y sobre la parte fiscal, que yo creo que usted ha pasado un poco de puntillas, nosotros entendemos que las deducciones fiscales que se proponen ni son suficientes, ni responden al principio europeo de “quien contamina paga”, ni son progresivas. Y me explico: se propone un 15% lineal de deducción para todo lo subvencionado, pero no todo es lo mismo en términos climáticos y en términos de contaminación. Si lo que se pretende es reducir emisiones, entendíamos que había que afinar un poco más ese tiro y se lo ilustro un poco.
Hay muchos estudios por ahí sobre análisis de ciclo de vida de emisiones de vehículos. Yo cojo uno que realizó hace no demasiado tiempo el Gobierno Vasco, a través del Centro Vasco de Codiseño, en el que se decía que un híbrido enchufable emite solamente un 25% de emisiones menos que un vehículo de gasolina en un análisis de ciclo de vida completo. Sin embargo, un eléctrico puede emitir hasta un 70% menos. Si aplicamos el principio de “quien contamina paga”, evidentemente no es lo mismo tener un vehículo eléctrico puro que un híbrido enchufable, con lo cual entendemos que las deducciones no deberán ser las mismas. En este sentido, los invitaría a que, para las siguientes ocasiones, estén mirando lo que realmente está funcionando.
Además, está funcionando en algún gobierno suyo, y estoy hablando concretamente de Nafarroa, cuyo liderazgo en la venta de vehículos eléctricos es evidente, ya que alcanza un 20% de venta de vehículo eléctrico. Pero, claro, aquí las deducciones son de un 30%. Un momento, señoría, un momento. Cuando quiera. —Dale, gracias.— Le decía que en Nafarroa las deducciones son de un 30%, y, además, son progresivas, porque para las rentas más bajas hay un 35% de deducciones. Y, sin embargo, los híbridos enchufables tienen unas deducciones muy diferentes y mucho más bajas, acordes también con ese principio de “quien contamina paga”: son de un 5% y 10% para las rentas bajas. A mí las deducciones por instalación de puntos de recarga llegan hasta un 20%, y todo esto está funcionando; y todo esto no se ha aplicado en este Real Decreto.
En definitiva, y no me quiero extender, entendemos que todo es muy mejorable, pero es verdad que, con este formato con el que se abordan las cosas, creo que se está impidiendo que esto se haga mejor. Y, en cualquier caso, también le diré que, aunque no estemos del todo de acuerdo con cómo ha venido, preferimos estar teniendo este debate, y no el que se nos está obligando a dar en la Comunidad Autónoma Vasca, donde se está empezando a volver a subvencionar vehículos alimentados por gasolina y gasoil, después de seis años de haberse declarado la emergencia climática.
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cruset Domenech.
Muchas gracias, presidente. Han tenido que pasar 77 días desde que usted asistió a la no convalidación del Real Gildemar.
Decreto omnibus, hasta que hoy lo ha vuelto a traer aquí. 77 días para volver a traer una propuesta que básicamente no cambia en nada sustancial el texto anterior. 77 días, por lo tanto, para nada. Y por lo tanto, si no fuera porque lo estamos viendo en primera persona, parecería imposible que el gobierno haya perdido tantos meses para volver a traer el mismo Real Decreto.
Pero, de hecho, esto sirve muy bien para ilustrar perfectamente su gobierno. Primero, un gobierno débil que pierde votaciones clave, que tiene que retirar puntos del orden del día o que tiene que volver a traer a votación temas por no negociar como tiene que negociar el que no tiene mayoría absoluta. En segundo lugar, un gobierno insensible con el sufrimiento de las personas. Ustedes son capaces, como gobierno, de priorizar al máximo posible los ingresos a través de los impuestos, que dan buena parte de los aumentos salariales y de las pensiones de la gente, por culpa de no deflactar el IRPF. Insensible, además, hasta extremos inimaginables. Su gobierno es capaz de impedir, por ejemplo, que se destinen los recursos necesarios para la ley ELA cuando saben que esos recursos son esenciales para todo un colectivo, para el cual cada día, cada hora, cada minuto cuenta. ¿Cómo se atreven, como gobierno, a regatear vilmente con el dinero que hace falta para desplegar la ley ELA, que aprobó este hemiciclo, gracias, entre otros, a Junts?
Y tercero, un gobierno con fobia a las empresas, que no es capaz de entender cómo impactan sus decisiones, como esta de hoy de las ayudas a la movilidad eléctrica, en los diferentes sectores empresariales y de rebote en los propios ciudadanos. Tomemos el Real Decreto que hoy se convalida. Al perder cuatro meses en este Real Decreto, ustedes han puesto en riesgo al sector de la automoción y a todas las empresas que desarrollan su actividad en este sector. Durante meses, las dudas y las incertidumbres se han extendido. Miles de ciudadanos han decidido no comprar un coche porque no había ninguna garantía de que después pudieran acceder a las ayudas, y usted me dirá que eso se resuelve en el Real Decreto actual. Y es cierto: las ayudas son retroactivas y de la misma cantidad que antes, pero el tiempo es irreversible. Y las pérdidas económicas de oportunidades, de seguridad y del prestigio del producto para los concesionarios y fabricantes de vehículos, en buena parte, son irrecuperables.
Pero el despropósito de la gestión del gobierno va mucho más allá. Hoy tendríamos que estar aprobando el MOVES IV. El MOVES III tenía que estar vigente solo hasta finales de 2024, momento en el que tenía que entrar en vigor el plan MOVES IV, plan que debería mejorar significativamente el actual. Pero, como en todas las otras cosas que ustedes gestionan, llegó diciembre y nadie sabía nada del MOVES IV, así que utilizaron el desafortunado Real Decreto Omnibus para prorrogar el plan anterior hasta mediados de 2025, porque entonces sí que tendrían a punto el plan MOVES IV. ¿Qué ha terminado por pasar? Pues que, en la línea de la debilidad de su gobierno, como decía antes, hoy, en lugar de traer a aprobar el Plan MOVES IV, nos acabamos encontrando con una nueva prórroga del antiguo hasta finales de año. En definitiva, un auténtico despropósito.
Un despropósito que se va repitiendo en diferentes aspectos del Real Decreto, señora ministra. Mire, un despropósito desde el punto de vista de la tramitación: los papeles, las gestiones a realizar y los trámites a superar son todos tan complicados y farragosos que muchas veces parecen más bien diseñados para que el ciudadano abandone que para incentivarlo a conseguir la ayuda. ¿Por qué no miran lo que hacen otros países? ¿Por qué no permiten que la gestión de las ayudas la puedan hacer los mismos concesionarios? Un despropósito también desde el punto de vista del cobro. Usted paga por adelantado el coste del vehículo, asume primero el precio de la ayuda y espera después el tiempo, que con un poco de suerte solo serán 18 meses, para recuperar ese coste. En Cataluña hay 30.000 personas que están esperando la resolución de las ayudas. En Cataluña solo se ha cobrado el 20% de los coches comprados y el 23% de los puntos de recarga instalados. ¿De verdad que no lo podían hacer mejor? ¿Por qué no miran lo que hacen otros países? ¿Por qué no hacen como ellos y permiten que el precio ya se vea descontado en la venta del coche, para que el concesionario pueda recuperar la ayuda directamente y en poco tiempo desde el gobierno? Y, finalmente, un despropósito desde el punto de vista ético. Me explico. Estás ahí.
Las ayudas se financian con fondos europeos para agilizar la transición hacia una movilidad más sostenible. Hasta aquí, ningún problema. Pero atención: cuando un ciudadano recibe la ayuda por la compra de un vehículo o para colocar un punto de recarga, tiene que declarar esa ayuda como ingreso en su declaración del IRPF, que además se suma al tramo marginal, el que paga el porcentaje más alto. Y, por lo tanto, ustedes se quedan con una parte del dinero de la ayuda a través del IRPF—una parte importante, un porcentaje muy alto. Ustedes se quedan con una parte de los fondos europeos que, en lugar de beneficiar a los ciudadanos, se quedan en manos de quienes hacen negocio y caja con las ayudas europeas, aprovechando la transición ecológica, señora ministra. Es tal el despropósito que daría risa si no fuera porque la situación es para llorar. Podríamos seguir alargando la lista de despropósitos: por ejemplo, el retraso en el despliegue de puntos de recarga, donde solo se ha instalado un 10% de los puntos que deberían estar operativos en 2030 (34.000 frente a los 340.000 faltantes); o el caso de los vehículos eléctricos en España, que constituyen apenas un 10%, cuando el objetivo fijaba un 25%. Esta cifra es pésima frente al 25,4% de Francia, el 28,2% del Reino Unido, el 33,4% de Portugal o el 91% de Noruega. Todo ello es un despropósito, y no lo decimos solo nosotros: el propio presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones y entonces presidente de SEAD Dimitía, hace unos meses, citó literalmente la inacción del Gobierno del Estado en favor de la electrificación. Desde el principio hasta el final, un despropósito. Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Granollers Cunillera.
Buenos días, gracias, presidente.
Este Real Decreto era urgente. Hasta ahora, muchas personas que querían dar el paso hacia el vehículo eléctrico se hallaban en una situación de inseguridad jurídica. No sabían si podrían acceder a las ayudas ni si estas se iban a prorrogar, lo que ha generado mucha incertidumbre. En este sentido, celebramos que el artículo 1 y el artículo 2 fijen esa certeza, como habíamos pedido desde Esquerra Republicana, para que sea efectivo desde el 1 de enero de 2025, ya que es una medida muy positiva que da seguridad y claridad.
Ahora bien, seamos claros: esto no es un nuevo plan, sino una ampliación del MOVES III. La realidad nos exige un MOVES IV, con cara y ojos, pensado en el momento actual. Se requiere un plan que revise las bases, que amplíe las cantidades y que ponga el foco en el plan verde europeo y en la fabricación local, priorizando los vehículos producidos en Europa para generar empleo y valor añadido. También hay que revisar el modelo de gestión. Actualmente, no se ve muy claro cómo se asignarán los recursos por comunidades autónomas, lo cual generalmente genera cuellos de botella, ya que son las propias comunidades las que deben justificar las ayudas, muchas veces con poco personal y mediante trámites muy farragosos. Es preciso buscar un modelo más ágil; por ejemplo, que permitan a los propios concesionarios gestionar directamente las ayudas, medida que ya se ha implementado y que, a juicio, daba buenos resultados, pues simplifica enormemente el proceso, sobre todo para la ciudadanía.
En cuanto a la disposición final primera, cuando se habla de los vehículos elegibles para las deducciones fiscales, insistimos, señora ministra: ya es hora de dejar atrás los híbridos enchufables y las pilas de combustible. Son tecnologías de transición que hoy en día ya no ofrecen una reducción real de emisiones, ni en circulación urbana ni en autopista. Se debe priorizar los vehículos eléctricos puros, ya que son coherentes con los objetivos climáticos y ambientales. Y, hablemos claro de las ayudas: el plan MOVES incluye dos líneas, unas ayudas directas a la compra de vehículos y otras destinadas a la instalación de puntos de recarga.