Buenos días. Se abre la sesión de esta Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Le quiero dar la bienvenida a don Ángel Gabilondo, así como a las adjuntas y al resto de personal de la oficina, y, por supuesto, a todos ustedes.
Damos comienzo con el primer punto del orden del día para dar cuenta de las actuaciones realizadas en relación con la inseguridad de que son víctimas muchos españoles por causa de la inmigración ilegal masiva en el año 2023 y la parte transcurrida de 2024 presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Tiene la palabra el señor César.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Gabilondo. Buenos días, señorías.
La inmigración ilegal y sus consecuencias en el empleo, en la seguridad, en los servicios públicos y en la identidad española es una de las mayores preocupaciones que afligen a los españoles, así lo reflejan las encuestas, las estadísticas y sobre todo
la realidad de nuestras calles y barrios. El drama, más allá de las oleadas de la inmigración ilegal, se incrementa con la negativa de hacer frente a este problema por quienes deberían ayudar a los españoles: instituciones que han abandonado al pueblo, administraciones aliadas con el desorden y un Defensor del Pueblo que, como ya he dicho en varias ocasiones, ha decidido ser el defensor de los intereses de Sánchez, abandonando… a las preocupaciones diarias de los españoles, como sin duda son el empleo, la seguridad y que España siga siendo España.
El Defensor del Pueblo tiene como misión defender los derechos y las libertades comprendidos en el Título Primero del texto constitucional y, para ello, podrá supervisar la actividad de la Administración Pública. Como muy bien sabe también el Defensor del Pueblo, el artículo 131 del texto constitucional indica que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y termina diciendo dicho precepto con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Pues hoy no hay quien lo niegue: las distintas administraciones públicas, tanto la estatal como la inmensa mayoría de las regionales y locales, están actuando en materia de migración en contra de los intereses generales y sin someterse plenamente a la ley y al derecho, porque si hay diferencias entre la inmigración legal e ilegal, entre una inmigración que cumple la ley y una inmigración que se integra en nuestra nación y respeta nuestras tradiciones y culturas, existe evidentemente una actuación por parte de las legislaciones que impulsan, estimulan y fomentan con sus distintas actuaciones la ilegalidad y el desorden, actuando en consecuencia contra el interés general.
Los datos de la inmigración ilegal son aterradores y dramáticos, y las consecuencias son una tragedia que, aparentemente, solo importa a Vox. Ustedes, señorías y, por lo que parece, también el Defensor del Pueblo, llevan demasiado tiempo negando todo a los que señalan a la inmigración ilegal como un problema para los españoles, especialmente para los más humildes y desfavorecidos. Han demonizado e insultado a todos los que prueban que existe una correlación entre inmigración ilegal e inseguridad, y denigran y humillan si un inmigrante integrado y trabajador es quien denuncia la inmigración que no se integra y que delinque.
Y esta cuestión –la de la inmigración ilegal, el control de las fronteras, la inseguridad, la soberanía y nuestra identidad– es uno de los asuntos más trascendentales en el que las instituciones están ninguneando a los españoles. Por ello, y como vivimos en un Estado democrático en el que cabe consultar al pueblo español, me gustaría formular la siguiente pregunta al Defensor del Pueblo: ¿qué opinión tiene el Defensor del Pueblo hoy sobre la oportunidad de articular el artículo 92 de nuestro texto constitucional, que faculta para preguntar al conjunto de los españoles sobre las políticas públicas de especial trascendencia? Es decir, si usted está dispuesto a impulsar también que, de una u otra manera, se consulte al conjunto del pueblo español sobre la política inmigratoria de ilegalidad, de desorden y de caos que hoy lleva a cabo el Gobierno por medio de la Administración General del Estado y, como he dicho anteriormente, de determinadas administraciones territoriales, incluidas algunas locales. Porque ni el PSOE, ni el Gobierno, ni las élites jamás han querido preguntar a los españoles sobre su modelo inmigratorio, es decir, sobre su descontrol, su desorden y sobre ese modelo migratorio de sinsentido e ilegalidad.
La decisión estaba tomada, y cuando la invasión ha sido consumada, cuando el caos de la inmigración irradia y campa, Portada España –ustedes, a través de sus terminales mediáticas, ultrafinanciadas y teledirigidas– intentan hacer ver al pueblo español que la inmigración ilegal es beneficiosa para sus intereses, cuando ellos saben perfectamente que no lo es. Aquí se aprecia con suma claridad la distancia infinita que existe entre los españoles honrados y las políticas impulsadas por los políticos, y así se ve también la realidad en nuestros barrios, en nuestros parques y en nuestras plazas.
Señor Gavirando, la inmigración ilegal y masiva no es un fenómeno, y menos aún algo natural o espontáneo, sino que es un proceso claro de ingeniería social preparado por unas élites que ambicionan serlo todavía más. Por eso, los españoles que sufren cada vez más las consecuencias de ese modelo inmigratorio y que son conscientes de su engaño, les califican a todos ustedes como traidores; una terrible traición de las élites económicas, políticas y mediáticas, que no han dudado en conjurar sus recursos y en unir sus discursos al servicio de sus privilegios, y todo esto se traduce para los españoles en más inseguridad, más delincuencia y más ruina. Sé que al señor Gabilondo no le gustan las fronteras –alguna vez lo ha dicho– pero cuando…
Ustedes hipócritamente salen de sus coches lujosos, supongo que cierran las puertas de sus vehículos. En realidad, esto es de puro sentido común, es razonable, porque entienden que lo que se quería custodiar es algo valioso. A nosotros nos pasa lo mismo, pero con España y con los españoles. Nosotros consideramos nuestra nación un bien precioso y valioso, por eso queremos fronteras seguras que protejan nuestra cultura, nuestra tranquilidad y nuestra prosperidad. La inmigración solo puede ser tratada según nuestras necesidades socioeconómicas y, siempre, teniendo en cuenta la capacidad de adaptación a nuestra cultura y civilización. Hay culturas incompatibles con nuestro modo de vida, sobre todo cuando se atenta contra la vida, la paz y la tranquilidad de las mujeres.
Todo ello lo decimos por caridad, respeto y justicia con el conjunto de los españoles. La inmigración, sin considerar las necesidades sociolaborales y económicas de España, es un suicidio: la muerte de la nación, del trabajo y del empleo, un crimen contra nuestra identidad y tradiciones. Es el reemplazo de la Semana Santa por el Ramadán, la sustitución de nuestras ermitas, iglesias y torres por mezquitas y minaretes, el fin de nuestros vínculos y de la seguridad en las calles.
Señor Gabilando y señorías, en 2024 llegaron a España 65.000 inmigrantes ilegales, más gente que la que reside hoy en Ávila, o en Cuenca, Huesca, Segovia, Soria o Teruel, y en su mayoría eran varones mayores de edad e islámicos. En consecuencia, se presentan como enemigos de nuestros derechos, en especial de los de las mujeres. Por ello, se han multiplicado los delitos, en particular los delitos contra la libertad sexual, el tráfico de drogas y los robos con violencia e intimidación. De hecho, usted lo sabe muy bien, señor Gabilando: más de la mitad de los presos en Cataluña son extranjeros, y en Madrid la cifra se acerca de forma alarmante. La inmigración ilegal tensiona todo, especialmente en los barrios más sencillos y humildes.
Ya no le llamaré, señor Gabilando, el defensor del pueblo español, sino el defensor de Sánchez y, diría yo, también de los ilegales. Están ignorando el clamor de los españoles; como previamente han ignorado las recetas de los expertos, han lucrado las mafias de trata de personas y han provocado un efecto llamada de incalculables dimensiones trágicas, tanto para nacionales como para extranjeros residentes legalmente en España. Señor Gabilando, ejerza su función de defensor del pueblo y defienda los derechos, las libertades y la seguridad de los españoles. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Orces. Debería haber intervenido; ha sido un error por mi parte, ya que debió haber comenzado el señor Gabilando la exposición en relación al punto del orden del día. Por ese error, fue usted, señor César, quien le dio la palabra. No obstante, si no les importa, reanudamos en el orden del día establecido y paso a darle la palabra al señor Gavilán.
Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros de la mesa, señor letrado, señora letrada, y a quienes se ha observado que ha habido cambios en la composición. Gracias. Señores y señoras portavoces de los grupos parlamentarios, y adjuntas del Defensor del Pueblo, comparezco a iniciativa de esta comisión a fin de responder a la petición solicitada por el grupo parlamentario Vox, la cual ya ha sido enunciada.
Cabe tener en cuenta que el trabajo de la institución del Defensor del Pueblo correspondiente al 2024 ya ha sido registrado en las Cortes Generales, donde muchos de los aspectos de los que hablaremos hoy pudieron ser conocidos en la presentación del informe. Han solicitado esta comparecencia y, respetadísimamente, no diremos cosas que contradigan el informe anual que hemos presentado. Como bien saben, la institución del Defensor del Pueblo tiene relevancia constitucional. En efecto, el texto constitucional, en el artículo 54 de nuestra Carta Magna, establece su mandato, el cual se despliega en la Ley Orgánica 3.981 de Defensor del Pueblo y en su Reglamento de Organización y Funcionamiento del 6 de abril de 1983.
Asimismo, en calidad de acto comisionado de las Cortes Generales para la Defensa de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas, ejercemos las funciones de mecanismo de prevención de la tortura a través de la Ley Orgánica 1.2009, de 3 de noviembre, que introduce una disposición final única en la Ley Orgánica de Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos de España desde el año 2000, y su capacidad se reincorporó en nuestro ordenamiento jurídico por la ley 2/2014 del 25 de marzo de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, siendo renovada en 2024 al ser reacreditada esta institución con estatus A por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRI).
Este mandato que llevamos ejerciendo ya 25 años se hace cada vez más presente en una sociedad compleja y en el marco multilateral de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en el que somos la institución nacional de referencia. Pues bien, ya saben lo que les he dicho, por supuesto.
En ninguna de estas labores el Defensor del Pueblo tiene encomendada ninguna tarea ejecutiva, ni ninguna otra política pública, ni interviene en el proceso legislativo. El Defensor del Pueblo no es ni poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Su tarea, como saben, es otra y no puede dar cuenta del trabajo de los poderes del Estado. Esto no quiere decir que ustedes no puedan preguntarme, por supuesto, lo que deseen; pero, desde luego, es difícil que yo les pueda dar cuenta de la acción del Gobierno, o de lo que hagan los grupos políticos, o expresar que me parece más interesante la opinión de un partido político que la de otro.
El mandato del Defensor ofrece todo un sistema de garantías a los ciudadanos, quienes encuentran en la institución la colaboración indispensable para que la administración les conteste y atienda, pudiendo presentar sus quejas. Así, cualquier ciudadano que mantenga relaciones con la administración, independientemente de su edad o de su situación legal en España, puede acudir al Defensor del Pueblo. Es decir, tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros —sean migrantes, turistas, estudiantes, en situación regular o irregular— tienen la puerta abierta de esta institución, en caso de que se hayan visto sus derechos lesionados.
Es en este marco en el que la institución del Defensor del Pueblo actúa, en lo que respecta a las personas y sus derechos, tengan o no nacionalidad española. Porque, al atender la formulación de esta pregunta, habría de quedar claro —y lo subrayo— que no se trata de contraponer a muchas personas españolas frente a un ente amenazante que sería la inmigración ilegal masiva, sino que se refiere, en ambos casos, a seres humanos que son padres, madres, hijos e hijas, con proyectos de vida como el suyo y como el mío. En esta institución trabajamos con derechos, normas, datos y personas.
En el informe anual de 2024, registrado el pasado 25 de marzo y accesible desde entonces en la página web de la institución, se destacan una serie de temas, entre los que se incluyen también aquellos que afectan a las personas migrantes en su calidad de extranjeros, pero sobre todo como parte de esta sociedad, ya que los problemas de los españoles son también los de los extranjeros. Los temas resaltados en el informe en materia de extranjería tratan de visibilizar aquellos asuntos especialmente duros, como la tragedia de las personas desaparecidas y fallecidas en el tránsito migratorio o la mejora de los procesos de protección internacional en frontera.
En materia migratoria, la institución también ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas. Se confirmó el crecimiento constante del número de llegadas a las costas, especialmente en Canarias, de personas destinatarias de los recursos del Programa de Atención Humanitaria. Los últimos datos de 2024 indicaban que el archipiélago recibió un 17,4% más de personas que el año anterior.
Durante 2024 fueron numerosas las quejas recibidas por las condiciones con las que se llevan a cabo los distintos recursos del sistema de acogida humanitaria, entre las que se encuentran, entre otras, la falta de adecuación de las instalaciones para una estancia prolongada, las limitaciones en el número de intérpretes, y los servicios jurídicos, sanitarios o psicosociales; la presencia de presuntos menores de edad y el elevado número de personas que manifestaban tener necesidades de protección internacional, sin lograr obtener cita para solicitar asilo durante su estancia en el recurso. Las dificultades para la obtención de citas para manifestar la voluntad de protección internacional generaron cientos de quejas. Se recibieron, además, muchas relacionadas con la inseguridad jurídica y los perjuicios ocasionados a los solicitantes al no conocer con exactitud en qué estado de tramitación se encontraba su solicitud.
Se encuentra suspendiente. El Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), y también como parte del Programa del Área de Migración e Igualdad del Trato del Defensor, realiza visitas a centros de internamiento de extranjeros (CIE), centros de atención temporal de extranjeros (CATE) y otros centros. Además, tiene la capacidad de supervisar vuelos de repatriación. El Defensor del Pueblo recibe información de los vuelos programados por la agencia Frontex y también de los organizados por la Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica (UCER), en su función de asistencia y apoyo a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
En lo que tiene que ver con seguridad y justicia –más singularmente con la inseguridad ciudadana–, se trata de una de las materias específicas que se abordan en la institución. Nos encontramos con quejas de los ciudadanos que incluyen situaciones de inseguridad en barrios, pueblos, zonas y calles, efectivamente, en su mayoría por la existencia de narcopisos, robos y otras situaciones de inseguridad. En 2024 se recibieron 32 quejas, de las que se admitieron a trámite 15, de un total de 34.402. En 2023, año por el que también pregunta su señoría, llegaron 32 quejas, de las que se admitieron 10, de un total de 34.920. De estos datos se deduce que la inseguridad ciudadana no es una temática con un gran volumen de quejas en la institución. No deduzco más, pero sí es así.
Además, esas quejas de inseguridad ciudadana no son necesariamente referidas a personas extranjeras, por lo que la proporción de casos en los que se centra la cuestión planteada hoy no resulta principal en las quejas. Para mí, un solo caso ya le da importancia al asunto; no estoy cuantificando, simplemente señalo en qué contexto podemos situar el problema que hoy abordamos.
La ciudadanía, por lo tanto, no identifica al Defensor del Pueblo como la instancia para dirimir las cuestiones de seguridad en sus barrios o domicilios, sino que acude directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado –tanto nacionales como autonómicos o locales–, que sí tienen encomendada, por la Constitución y las leyes, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Este tipo de quejas se inician de forma razonable y se proyectan ante el director general de la Policía, la directora general de la Guardia Civil y/o la consejería autonómica con la responsabilidad en seguridad y/o el alcalde o alcaldesa.
Desde que, hace más de 30 años, se encontró la primera persona migrante muerta en Aguas del Estrecho, España ha pasado de ser un país de tránsito y de origen a convertirse en un destino estable para las personas migrantes que forman parte de esta sociedad, no ya de manera temporal, sino estructural e incluso existencial. Y digo existencial, porque según el INE (Instituto Nacional de Estadística), el crecimiento de la población española se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de personas nacidas en España disminuyó. De no ser por el saldo migratorio positivo, la población española no superaría el saldo vegetativo negativo debido al descenso de la natalidad y al aumento de las defunciones. Tan solo hay que asomarse a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para informarse.
Ya en 2020, el Defensor del Pueblo publicó un estudio sobre la contribución de la inmigración a la economía española, centrado en demografía, mercado laboral, economía pública y efectos macroeconómicos de la migración. Los retos asociados al envejecimiento en Europa y en España, con serios efectos de reducción de la fuerza laboral y el deterioro de las variables de equilibrio fiscal y de la sostenibilidad del sistema de pensiones, solo pueden ser aliviados por la inmigración.
La célebre frase del escritor suizo Max Fritz, pronunciada en 1965 en el contexto de grandes movimientos de mano de obra –trabajadores de toda Europa, como en Suiza, Alemania y España–, ha sido muy citada al referirse a la demanda de mano de obra, señalando: “queríamos brazos y llegaron personas”. Resulta al respecto muy pertinente. No son insumos desechables del mercado.
Sino parte de la propia comunidad a la que pertenecen. Estos días habrán visto la campaña “Sin ellos el campo desaparecería”, que ofrece datos muy significativos: más de 270.000 personas migrantes cotizan en la agricultura, ganadería y pesca española, y los trabajadores migrantes constituyen más del 80% de la mano de obra recolectora en España. Es decir, que, al menos en este aspecto, la migración, más que un problema, parece ser una solución.
Aunque, evidentemente, como cualquier fenómeno estructural y permanente que sea complejo y conlleve desafíos de gestión, en este ámbito el Defensor del Pueblo tiene un papel como supervisor de las Administraciones Públicas. Incluso, en el marco de la percepción, en el último barómetro CIRS de febrero de 2025, la inmigración ocupa el octavo puesto en la lista de los primeros problemas de los españoles, mientras que la seguridad ciudadana se ubica en el vigésimo tercero. Tan solo un 3,8% del total encuestado considera la inmigración como un primer problema para España, en tanto que la inseguridad ciudadana lo haría para un 0,6%.
Según el último aerobarámetro de marzo de 2025, lejos de ser la mayor preocupación de los españoles, la defensa y la seguridad –identificada como la principal área en el conjunto de la Unión Europea– es la quinta en España, al mencionarla el 20% de los encuestados, por detrás de la competitividad, la economía e industria (30%), la seguridad alimentaria y la agricultura (26%) y los valores de la Unión Europea, incluyendo la democracia y la protección de los derechos humanos (24%). De hecho, los datos muestran que España es uno de los países más seguros de su entorno y la evolución de la criminalidad en su conjunto es descendente, como señalaré a continuación.
Además, reitero, como cualquier fenómeno complejo y estructural de una sociedad democrática y garantista, la migración también trae desafíos, tales como la inclusión o la presión temporal sobre determinados recursos y servicios sociales y sanitarios, el acceso a la educación, el reconocimiento de títulos y habilidades, el acceso a la vivienda, etc. Y es en este ámbito, en el del funcionamiento de las administraciones y en el de la protección de los derechos de todos los ciudadanos –incluyendo, por supuesto, a los migrantes– en los que trabaja el Defensor del Pueblo.
Para saber cuáles son esos verdaderos problemas que llegan a esta institución –no digo que sean los únicos que existen en España, pero sí son significativos– se dice a veces que las quejas que se reciben en el Defensor del Pueblo son un termómetro de la sociedad española. Yo no llego a decir eso, pero sí señalo que nosotros trabajamos a partir de las quejas que recibimos, y desde luego todo esto está a su disposición en el informe anual.
Con la información de que disponemos, no existe evidencia alguna de que la llegada de personas migrantes incremente la delincuencia. Si nos remitimos a estudios e investigaciones realizados en varios países a lo largo de décadas, los datos desmienten también que la inmigración haya provocado un aumento de la delincuencia en ninguno de los países analizados.
Corresponde al Ministerio del Interior, entre otras competencias, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, según lo atribuido por la legislación en materia de extranjería, el régimen de protección internacional de apatridia y de protección de personas desplazadas, y la administración y régimen de las instituciones penitenciarias. En esta responsabilidad compareció recientemente el ministro del Interior en el Senado para responder a una interpelación sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con los datos de criminalidad e inmigración ilegal el 9 de abril de 2024, y siendo este ministerio la institución que dispone de mayor información al respecto, lo consideraba un asunto que no se sostiene con ningún dato oficial y no se ajusta a la realidad.
Desde los datos, por tanto, que disponemos, no se trata de asociar la inmigración a la delincuencia, ni tampoco de confundir la entrada y permanencia irregular en España con una conducta delictiva. Es decir, no se trata de criminalizar la migración.
Contemporánea, ha acompañado, incluso ha acuñado el término “ideas zombies” para referirse a los prejuicios contra la inmigración que, aun habiendo sido rebatidos y desmentidos por múltiples estudios e investigaciones, permanecen vivos en el imaginario popular como estereotipos que hunden sus raíces en las emociones, como el miedo, haciéndose impermeables a la realidad. Estos estereotipos acaban siendo resistentes a cualquier dato objetivo que los contradiga.
Lo que muestran los datos oficiales del Ministerio del Interior es que, mientras la migración sube, la criminalidad baja, sin que exista en ningún sentido una relación causal entre ambas. No llegaré a decir el sinsentido de que la criminalidad baja porque ha subido la migración; lo que sostengo es que, en ningún sentido, se observa una relación causal en ninguna dirección. El año 2024 finalizó con el récord histórico de casi 3 millones de personas extranjeras afiliadas a la seguridad social, siendo el 31,1% trabajadores procedentes de países de la Unión Europea. En cuanto a países extracomunitarios, Marruecos encabeza la lista de los países de los que proviene el mayor número de cotizantes, seguido de Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.
El perfil sociodemográfico de las personas extranjeras con autorización de residencia es muy diverso. La edad media de esta población es de 37 años, con una ligera prevalencia de hombres (53%) sobre mujeres (47%). A grandes rasgos, las personas extranjeras, especialmente aquellas bajo el régimen general de extranjería, contribuyen de manera significativa al rejuvenecimiento y crecimiento de la población.
Pero, señorías, lo que más preocupa al Defensor del Pueblo respecto a las personas migrantes en situación de irregularidad es que dicha irregularidad las haga más vulnerables a la hora de hacer valer sus derechos fundamentales, a caer en la clandestinidad o a que la misma situación las aboque a la explotación laboral o sexual, conduciéndolas a la invisibilidad, a la desprotección y, lo que es más grave, a que acaben en redes de trata o de explotación de seres humanos. Nos preocupamos por nosotros y hacemos bien, pero también debemos preocuparnos por ellos.
En otro orden de cosas, y como detalla el informe publicado por el Defensor del Pueblo en 2024 sobre los retos de inclusión financiera, se considera la exclusión financiera como la incapacidad o dificultad de las personas para el acceso o uso de servicios y productos financieros en el mercado general, aquellos que sean apropiados a sus necesidades y que les permitan llevar una vida social normal en la sociedad a la que pertenecen. El caso de las personas migrantes en situación irregular es preocupante, ya que tienen graves dificultades para acceder a sus activos o para ser titulares de cuentas bancarias. Tienen difícil acceso al crédito, por lo que se ven obligados a acudir con frecuencia a empresas no supervisadas por el Banco de España, que ofrecen créditos personales prácticamente de forma instantánea, pero a unos intereses muy elevados, que podrían incluso incurrir en la usura.
En lo que tiene que ver con la toma en consideración, la pregunta es: ¿por qué son irregulares los inmigrantes y a qué conduce esa situación? Pues, en lo que compete a la consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados, es decir, ustedes, y extendiéndose a los senadores, se ha sometido a debate una iniciativa legislativa popular suscrita por 612.000 firmas. Esta iniciativa contó con el apoyo, además, de centenares de organizaciones de la sociedad civil en su pluralidad, y de instituciones tan diversas como Cáritas, la Conferencia Episcopal Española y la Confederación Española de Religiosos, para solicitar una regularización extraordinaria de extranjeros residentes en España, similar a la que tuvo lugar en 2005. Dicha iniciativa ya ha iniciado su tramitación como proposición de ley.
Bueno, ustedes están en sus manos; verán qué es lo mejor hacer, no sé yo quién para decírselo, pero les puedo decir que...
Y que al respecto el defensor del pueblo considera que habría que proceder según determinadas líneas coherentes de trabajo. Porque la regularización documental de las personas extranjeras que se encuentran en España, en la mayoría de los casos trabajando, es una cuestión de derechos que debe ser abordada en el modo en que ustedes estimen para evitar situaciones de explotación. Un proceso de regularización debe ir acompañado de un análisis de las deficiencias de la actual regulación, que es lo que provoca estas situaciones, y una vez analizadas las fallas del sistema se deberían abordar reformas legales y/o reglamentarias que se pongan en marcha una vez realizada la regularización.
La situación cercana al colapso que padece la gestión de las solicitudes de protección internacional ha de ser abordada de manera integral. No es que ellos deseen ser irregulares; personas en situación irregular. Hay que hacerlo de forma integral para evitar que afecte al sistema de asilo e impida que las personas que lo necesiten obtengan protección. Tanto la gestión de la migración económica como la de los solicitantes de protección internacional y de las personas refugiadas ha de abordarse de manera coordinada con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia en las políticas de integración de estas personas.
Perdón, si me quiere dejar aquí la copa, se me va relleno. Bueno, muy amable.
Ahora se cumplen cinco años de la pandemia del COVID-19. Es un buen momento para recordar la aportación de las personas migrantes, muchas de ellas en situación irregular, en los trabajos llamados esenciales, los que ayudaron al sostenimiento del tejido social, económico y político del país. Se trataba no sólo de trabajadores de baja cualificación –limpieza, logística, cuidado, transportes–, sino también de trabajadores de cualificación media, cuidado y dependencia o transporte, y de alta cualificación en medicina y enfermería; es decir, cuidaron y cuidan de nuestros mayores, atienden en la restauración, forman parte de los equipos de los hospitales y clínicas de cuidados y atención, se ocupan de la mensajería, la producción agrícola, la logística; en realidad, forman parte de nuestra vida, muchas veces haciendo todo más llevadero. Y lo que aspiramos es que trabajen también incorporadas, porque una de las funciones decisivas es la convivencia y la incorporación social.
Según el Ministerio del Interior, la práctica totalidad de los incrementos de la tasa de criminalidad se han debido en exclusiva a la llamada cibercriminalidad, que en 2024 supuso el 19% del total de delitos. Según el último balance trimestral de criminalidad, referido al cuarto trimestre de 2024 y publicado por el Ministerio del Interior, si se excluyen estos delitos cibernéticos –que por su naturaleza, con mucha frecuencia, se producen fuera de España– la tasa de criminalidad convencional ha bajado un 16,33% desde 2010, hasta alcanzar en 2024 uno de los valores más bajos de la serie histórica, 41.0 delitos por mil habitantes, que es también una de las tasas más bajas del mundo, bastante inferior a la de países como Reino Unido, Bélgica, Alemania o Dinamarca.
Bueno, estos datos tienen que interpretarse también teniendo en cuenta la existencia de un posible elemento distorsionador a la hora de interpretar las estadísticas, que estaría en las últimas reformas legislativas del Código Penal 2015, dado que ciertos ilícitos penales que anteriormente eran tipificados como faltas se han convertido en delitos leves y pasan a encuadrarse dentro de las infiltraciones penales genéricas, categorizadas como hurtos, daños y lesiones. Por lo tanto, el incremento de ciertas infracciones penales puede no responder al aumento de la criminalidad, sino que se debe a una nueva clasificación de las categorías penales.
También quisiera, por lo menos, señalar que hay un cierto mapa de la población reclusa en España que no debemos olvidar. Según la estadística mensual de febrero de 2021,
Publicada por instituciones penitenciarias, la población reclusa extranjera era de 19.492 personas, lo que representa un 32,6% de la población reclusa total, 59.679. Según datos del Ministerio del Interior, el peso de la población reclusa extranjera en la estructura de la población reclusa por nacionalidad ha descendido en 4,5 puntos porcentuales respecto al año 2009, cuando alcanzó su máximo histórico. Desde estos máximos de 2009, la población reclusa extranjera ha experimentado un descenso del 34,8%, es decir, 9.469 internos menos, mientras que el descenso de la población reclusa española ha sido del 20,3%, 9.912 internos menos. En cuanto a menores condenados, el 79,2% tenía nacionalidad española.
Bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, existe un mayor número de prisión preventiva para personas extranjeras; se puede comprender, a veces, que esta medida se aplique para evitar posibilidades de riesgo de fuga. Sin embargo, al comparar la prisión preventiva entre extranjeros y españoles, se evidencia una diferencia también notable. Pero, sobre todo, no se puede olvidar que la combinación con situaciones de pobreza y exclusión social suele afectar también al historial del régimen penitenciario del recluso. Esto no justifica nada, pero a veces no tienen opciones de asistencia letrada y, en consecuencia, se benefician en menor medida de los terceros grados penitenciarios, al no disponer a menudo de domicilio familiar o empleo.
Nos preocupa en el Defensor del Pueblo el incremento de los delitos cibernéticos, que se ha manifestado en la recepción de quejas presentadas por ciudadanos que habían sido víctimas de la utilización de datos personales para uso fraudulento, la usurpación o suplantación de identidad, otro de los temas destacados del informe anual. Las víctimas de esta cibercriminalidad sufren un peregrinaje judicial y administrativo que preocupa al defensor. Por ello, organizamos y acogimos una reunión en nuestra sede el 26 de abril del 2024 con las administraciones competentes ante la recepción de quejas sobre la usurpación de identidad y estafas en Internet, es decir, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, el Banco de España, la Agencia Española de Protección de Datos y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Entre los asuntos persistentes que se han identificado en los últimos informes anuales, hay algunos que afectan singularmente a las personas migrantes. Como viene siendo habitual, están presentes las dilaciones judiciales, las homologaciones de los títulos universitarios, los problemas para la obtención de citas y los retrasos en expedientes de nacionalidad y de protección internacional. En estos procesos, además de la praxis administrativa, las personas migrantes son víctimas directas y ven sus derechos fundamentales vulnerados.
Quería compartir alguna última consideración. Pero antes, querría hablar del artículo 92 de la Constitución, porque las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum tiene que ser convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados, señorías. Este es el procedimiento para la convocatoria de un referéndum.
Ya he expuesto cuáles son mis competencias y el marco legal que mandata la actuación del defensor, pero ya me parece mucho pedir que sea yo el que anime a Su Majestad el Rey, al Presidente del Gobierno y a todos ustedes a que hagan referéndum. Ustedes sabrán, señorías.
La supuesta existencia de un patrón o perfil de comportamiento delictual del extranjero no se sostiene. Incluso, su participación es heterogénea según el tipo de delito y su estatuto legal: hay extranjeros con residencia legal, aquellos en situación irregular, turistas e incluso aquellos que tan solo acuden temporalmente a España única y exclusivamente para la comisión de delitos. De estas consideraciones se deduce que la ley no es la única.
Que, al margen de otras cuestiones, no le resta importancia en absoluto a lo que se ha dicho, a lo que se presenta, pero no parece haber una relación causal que explique lo que sucede o los hechos delictivos acontecidos con la existencia o no de un tipo determinado de población. La cuestión de esta comparecencia, por eso, no hay que plantearla unidireccionalmente. Es imposible, salvo que se haga desde otros puntos de vista, elaborar una interpretación o análisis que reconozca en toda su complejidad las diferentes o múltiples razones que afectan directamente a la inseguridad, ya que esos comportamientos y actuaciones no deben adscribirse a un grupo de población concreto. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.
Muchas gracias, señor Rabilondo. Como sabe, las intervenciones las hacemos de menor a mayor, con la incidencia que antes les hacía referencia, y para salvaguardar la posibilidad de haber escuchado en el orden que le correspondía al señor Rocesiñiguez, si le parece a usted bien, al finalizar este primer turno le daré, en dos minutos de intervención, a efectos de que se pueda efectuar alguna matización a los aspectos sin que ello cause ningún tipo de quebranto en el orden previamente establecido.
Bien, a continuación seguimos, por lo tanto, con el Grupo Parlamentario Vasco. Señor López Torre, tiene la palabra.
Señor López Torre: Sí, buenos días, gracias, presidente. La verdad es que hoy no sabía si venía una comparecencia del Defensor del Pueblo o del ministro del Interior, viendo el titular. Y la verdad es que, o es que el Defensor del Pueblo había usurpado al ministro del Interior sus funciones, pero veo que no es así, menos mal. Con lo cual me quedo tranquilo.
La verdad es que, oyendo la primera intervención, veo que hay quienes viven una realidad absolutamente paralela. Una realidad en la que parece que, cuanto peor, mejor, o mejor para ellos. Pero cuanto peor vayan las cosas, mejor. Y si las cosas no van peor, hagamos que vayan peor o, al menos, que parezca que van peor, porque así nos irá mejor. Parece que estamos en esa teoría, en esa tesitura.
Hablaba de la realidad de las calles, como si cualquiera fuese andando y a la vuelta de la esquina le fuesen a atracar, le fuesen a robar todo lo que tiene. La verdad es que, no sé, todavía no me ha pasado, ni en mi tierra natal, ni aquí en Madrid, que a las once de la noche uno pueda ir andando tranquilamente. La verdad es que no lo he vivido nunca, y no solamente en este barrio, sino en otros por los que también he podido andar a la noche. Debe ser que vivimos realidades distintas, no lo entiendo.
Y es más, he revisado cuáles son las ciudades más inseguras del mundo y no he encontrado ninguna española, y precisamente entre las primeras, entre las más inseguras, están las mexicanas, desgraciadamente para ese país. Y no es porque México esté sufriendo una migración masiva de otros países, no es la causa; las causas son otras, no es esa ni mucho menos. Con lo cual, que no nos hagan creer que el problema de la delincuencia está en la migración.
O, como también he oído, que le están haciendo hablar o obligando a hablar un idioma distinto al suyo. Hombre, eso algunos sí lo hemos vivido, pero no creo que a nadie le estén obligando a hablar, por ejemplo, en árabe, porque parece que es a lo que nos quieren hacer creer y que el español va a desaparecer por ello. Lo dudo mucho.
O que le están imponiendo una creencia religiosa distinta y que le van a imponer otra. Vaya imaginación. La verdad es que en mi municipio, por ejemplo, convivimos con cinco ermitas; ninguna ha caído, siguen todas en pie y en perfecto estado y uso, una iglesia y una mezquita, y convivimos todos en perfecta armonía con la ciudadanía, sin ningún problema.
Habla también de españoles honrados. Quizás es que algunos españoles no lo somos; los que no coincidimos con cierto ideario parece que no somos honrados, no somos decentes, aunque no haya dicho la palabra “decente”, pero es lo que se puede llegar a entender de ello. Yo me pregunto: ¿quién entregará esos carnés de ciudadano honrado o decente? Algunos, en algún otro tiempo, en el País Vasco también hemos sufrido el que nos repartan carnés.