Transcripción sin título

También quisiera agradecer al Consejo de Ministros, como persona preocupada por la calidad democrática, que haya tomado la decisión ineludible para poder implementar la Ley 223 de remitir a esta Cámara una propuesta de nombramiento de presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Más allá de que se ratifique o no mi nombramiento, es indiscutible que la autoridad necesita cuanto antes un presidente o presidenta.

Todas sus señorías tienen mis datos curriculares, por lo que no voy a alcanzarles con una lectura detallada de los mismos. Sí quisiera destacar tres aspectos que pueden justificar mi presencia aquí en este acto. En primer lugar, tras aprobar las oposiciones y desarrollar mis actividades como técnico del Estado en diferentes puestos y como secretario general técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid, tuve la fortuna de ganar una beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos. Allí recalé en la School of Public and Environmental Affairs de la Universidad Indiana, donde me acogieron muy amablemente y tuve la fortuna de coincidir con excelentes profesores, entre ellos la premio Nobel de Economía, Lina Rostrom, de quien aprendí la importancia de la sociedad civil en la gestión de lo común y en la construcción de una democracia de calidad. También desarrollé un internship en la Office of Personal Management, la Agencia de Recursos Humanos del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Tras mi vuelta a España, culminé mi tesis doctoral y empecé mi carrera académica. Desde el principio me interesé por la ciencia política y de la administración y, dentro de ella, por la gestión y políticas públicas, ámbito que conocía como gestor. He escrito e investigado sobre este tema en extenso, participando en seis comisiones de reforma de la administración del Estado y, modestamente, en una última sobre reforma de la administración catalana. Consecuencia, creo estar en condiciones de poder poner en marcha y gestionar una agencia pública. En segundo lugar, en el marco de mis actividades como director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, dentro de la Fundación Ortega Marañón, tuve la fortuna de participar en una reunión con ex directivos del Banco Mundial que habían decidido dejar el banco y crear una nueva organización dedicada a la lucha contra la corrupción, Transparency International. Estas personas animaron al presidente de la Fundación, Antonio Gárez Walker, y a su secretario general a constituir el capítulo español de la ONG y, junto con ellos, fundamos dicho capítulo. A partir de ese año 2006 he estado pro bono, implicado de manera muy directa en el trabajo y desarrollo de esta organización, ocupando puestos en la dirección y actuando desde la sociedad civil en la promoción de políticas y programas de prevención y lucha contra la corrupción, siempre desde el rigor y la independencia que esta ONG lleva por bandera. En suma, estoy plenamente al día de los estudios e iniciativas que la sociedad civil globalmente promueve para prevenir y luchar contra la corrupción. En tercer lugar, sobre todo a partir del año 2000, he dedicado mi trabajo como investigador al estudio de la calidad democrática y, como parte esencial de ella, al análisis y prevención de la corrupción. He dirigido más de 30 proyectos y contratos, tanto internacionales como nacionales, 26 tesis doctorales, he editado o escrito 18 libros, y colaborado con más de 50 capítulos en libros publicados por editoriales internacionales de renombre como Oxford University Press o Springer, y nacionales como Tirant, Loblán, Tecnos, entre otras. Además, he publicado más de 60 artículos en las revistas internacionales y nacionales más prestigiosas indexadas. La mayoría de estas investigaciones, de carácter empírico, me permiten hablar con un cierto fundamento de lo que puede funcionar en este ámbito y de lo que no, identificando con claridad qué es garantía de avance y qué es sinónimo de fracaso. Finalmente, he procurado transferir al asociato lo aprendido en mis diversos estudios e investigaciones. Trabajé en la implementación del Código de Conducta de la Alta Administración Brasileña. Entre 2006 y 2008, trabajando para la OCDE, desarrollé un documento sobre la gestión de los conflictos de interés en España, y realicé otro que se ha publicado como papel del paper de la OCDE, titulado Conflict of Interest and Public Ethics Issues, que aborda un estudio sobre nueve países en relación a la gestión de dichos conflictos. Para la OCDE, también desarrollé un programa de Public Sector Ethics Training, de formación en ética para empleados públicos. Asimismo, para el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, otra organización internacional, redacté el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, aprobado por la decimosexta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno en Montevideo en 2006; y más tarde, para el CLAT, redacté la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad de la Función Pública, aprobada por la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Administración Pública en 2018. Muy relevantes también han sido los proyectos con la Unión Europea, como el National Integrity System Report o el proyecto Lifting the Lead on Lobbying, que investiga la regulación del lobby en Europa. En la actualidad, en la Unión Europea, soy miembro, como experto en representación de España, del European Network Against Corruption. En España, siempre que se me ha requerido apoyo para cualquier proyecto de regeneración y fortalecimiento democrático, he estado al servicio del gobierno que me lo solicitara, independientemente de su color político. Así, entre otros, trabajé en la elaboración, validación y presentación del plan de integridad para el gobierno de las Islas Baleares.

En 2009 desarrollé un proyecto sobre asesoramiento en ética, realizando una investigación sobre ética y valores de los empleados públicos en la Generalitat de Cataluña para el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. En 2009 he trabajado cinco años en la evaluación de la Ley de Transparencia de Cataluña (desde 2015 a 2020) para el Síndico de Creuces. He sido miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos entre 2000 y 2011 y, en 2017, he colaborado con el Gobierno de España en todos los planes de gobierno abierto: en el primero, en el segundo y tercero con un gobierno de un signo, y en el cuarto con un gobierno de otro signo. Soy miembro de la Comisión de Ética del Ayuntamiento de Bilbao, colaboro habitualmente con el Instituto Vasco de Administración Pública en el Consejo de Administración de una revista, y actualmente he apoyado, como miembro del Grupo de Metodología, a la presencia del Gobierno en el desarrollo del programa, cumpliendo con lo establecido por el presidente del Gobierno. También soy miembro del Comité de Ética del CSIC y titular de una de las vocalías de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid. En suma, creo que en mí se encuentran garantías de independencia, competencia, dedicación y entrega a una causa esencial para evitar la desafección y fortalecer la calidad democrática. Seguro que hay personas con mayores méritos, pero me ha tocado a mí enfrentar la posibilidad de nombramiento; y ante ello, por responsabilidad cívica y compromiso ético, no podía decir que no. No lo hago por interés económico, político o de calidad de vida, sino por convicción, razón por la que acepté y hoy estoy ante ustedes. Dicho esto, muy brevemente, ¿qué haría si fuera finalmente nombrado? Como ustedes saben, partimos de cero. Existe un decreto que aprueba el estatuto de la autoridad independiente, una memoria con un posible presupuesto y unas relaciones de puestos de trabajo previsibles; pero confío en que el Ministerio de Hacienda confirme estos primeros apoyos, ineludibles para empezar a caminar. Sin ellos, es obvio que el informe que la Comisión Europea emitirá en diciembre sobre la implementación de la Directiva 2019-1937 será negativo, lo que afectaría tanto la imagen como la reputación, ni de la autoridad ni de España. Si se confirman estos datos, debería ser posible, en el plazo máximo de un año, configurar un sistema de protección al informante lo suficientemente sólido, aun cuando algunos aspectos de la normativa vigente, que pueden resultar muy costosos, sean difícilmente afrontables en este momento. No obstante, la protección esencial podría garantizarse. Por ello, la prioridad absoluta en estos momentos iniciales debe ser la protección al informante y a los responsables de los canales internos tanto en el sector público como en el privado. En cuanto a la potestad sancionadora, durante este primer año también se debería configurar plenamente el sistema y, en su caso, ponerlo en marcha con ocasión de alguna infracción detectada e investigada. Obviamente, las sanciones no son un fin en sí mismas, pero pueden desincentivar claramente las represalias, incentivar el cumplimiento y funcionar como un instrumento de comunicación sobre la voluntad de cumplir con la misión para la que nace la autoridad. Tanto en el ámbito de la protección como en el de la sanción, es esencial que todo ello vaya acompañado de un sistema tecnológico que garantice la máxima seguridad y trazabilidad, además de usabilidad y agilidad para gestores y usuarios. Respecto a la gestión del canal externo, que permitiría la recepción de información o denuncias del sector público y privado por acciones o omisiones que puedan constituir infracciones penales o administrativas, graves o muy graves, de la normativa europea o española, estimo que requerirá un periodo mayor de implementación por varias razones. La primera es que, considerando que hay varias comunidades autónomas que por el momento no han desarrollado o desarrollarán su propio canal externo, es posible que el volumen de informaciones recibidas sea inabarcable inicialmente. La segunda razón es que será preciso clarificar cuáles autoridades u órganos serán responsables de la tramitación, instrucción y, en su caso, sanción de dichas informaciones, ya que, muy probablemente, una gran parte de ellas no sean competencia de la autoridad (por ejemplo, las laborales, las de tráfico o las de seguridad aérea). Esto exigirá una labor compleja de clarificación, acuerdos y convenios. La tercera razón es que, antes de emprender esta labor, será imprescindible contar con un sistema informático que garantice la confidencialidad, el anonimato, la seguridad e interoperabilidad, con condiciones de ciberseguridad muy exigentes y que, gracias a la inteligencia artificial, permita clasificar la información y remitirla automáticamente a los órganos competentes. A modo de ejemplo, la oficina Antifraud de Cataluña cuenta con unas 70 personas trabajando y, el año pasado, recibió casi mil denuncias que gestionó con dificultades.

5.000 informaciones en la autoridad independiente con apenas 40 personas, parece claro que el colapso será ineludible. Por todo ello, la plena implementación del canal externo requerirá más tiempo del que permite un año y un presupuesto acorde a la demanda. Ya voy acabando. En todo caso, creo que la cooperación con otros canales externos en el marco del Estado será esencial. Existen ya oficinas antifraude a nivel autonómico y local que llevan trabajando más de un año. Algunas, como la Agencia Valenciana, han sido pioneras en España en la protección de los informantes y han sido consideradas referencia europea de buenas prácticas. De estas oficinas, la autoridad independiente tiene que aprender; con ellas debe configurar un sistema de gobernanza que, actuando en red, permita a todos cumplir la misión para la que hemos sido creados. También será esencial la cooperación internacional, pues existen agencias en Europa con una larga tradición de trabajo en la materia. Con respecto a la Comisión Consultiva de Protección del Informante, creo que será un órgano esencial para que la autoridad pueda desarrollar su trabajo de forma cooperativa y coordinada dentro de la Administración del Estado, así como para garantizar la toma de decisiones de la máxima calidad jurídica y técnica. En ella participa la sociedad civil, mediante las asociaciones más representativas de los informantes y con sus representantes; la autoridad independiente debe generar un clima de diálogo y apoyo mutuo que ayude a todos a cumplir su misión. Finalmente, la cultura de la información debe instalarse en nuestras organizaciones con más transparencia, mejor rendición de cuentas y un respeto y apoyo a todas las personas que, pudiendo poner en riesgo su patrimonio, su trabajo y su estabilidad emocional, nos ayudan a reforzar la cultura de la legalidad y la integridad en las organizaciones. Se requiere más formación, socialización y comunicación en este área, y la autoridad independiente debe, con el apoyo de la comunidad educativa, trabajar incansablemente para desarrollar un marco cognitivo y axiológico que promueva una imagen positiva del informante de buena fe. Muchas gracias. A continuación intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda. —Muchas gracias, presidente, y bienvenido, señor Viloria Mendieta, a la comisión. Simplemente y muy brevemente, manifestamos que nuestro grupo parlamentario considera que el señor Viloria reúne la idoneidad suficiente para que votemos favorablemente la propuesta del Gobierno para que ocupe la titularidad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Confiamos en que a su legitimación de origen, y si finalmente es nombrado, le acompañe la legitimación en el ejercicio. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu. —Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Villoria. Bienvenido. En la misma línea, desde Euskal Herria Bildu creemos que el vasto currículum del señor Villoria y su amplia experiencia lo hacen una persona idónea para el cargo, y apoyaremos la propuesta del Gobierno. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Jusper Cataluña. —Sí, bienvenido, señor Villoria. En el mismo sentido que los diputados que me han precedido, Junts per Catalunya considera perfectamente idóneo su currículum, por lo que votaremos a favor de su nombramiento como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Provincial Sumar. —Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Viloria, por ofrecerse a desempeñar esta importante función, por la que, por cierto, llevamos muchos años peleando e intentando, además, acelerar al máximo la transposición de las normativas europeas para hacerla posible. Desgraciadamente, creo que ha llegado con cierto retraso, pero por fin ha llegado. Y sobre usted, que sin duda alguna tiene un currículum excepcional en la materia, recae una importante responsabilidad: no solamente desempeñar de forma eficaz la tarea que le ha encomendado la institucionalidad del Estado, sino también acreditar que ha merecido la pena este esfuerzo, pues se trata de una institución realmente necesaria. Queda claro que la corrupción es una grave enfermedad para cualquier Estado, que afecta a la democracia, supone la pérdida de importantes recursos y, sobre todo, acaba con cualquier escala.

De valores con el respeto a las normas de convivencia y eso sin duda es lo peor. Pero sí que quiero decirle que la necesidad de proteger a los informantes que establece la ley frente a las represalias también tiene que ir acompañada de otro tipo de protección por los perjuicios que puedan sufrir en su situación, más allá de las represalias, perjuicios respecto al empeoramiento de su situación económica y laboral. Desde luego, es la única manera de evitar situaciones que disuadan de realizar denuncias y que permitan mantener la acción. Con gran importancia de sus decisiones, y por lo establecido en el artículo 37.1, se constata que los escasos mecanismos de apoyo financiero y psicológico han sido insuficientes; de hecho, en la tramitación de la ley peleamos para que hubieran muchos más mecanismos, no solo frente a represalias. Su aplicación tendrá mucha efectividad en la medida de su compromiso, porque ahí se le otorga gran discrecionalidad al respecto. Va a contar con todo nuestro apoyo, pero también vamos a pedir su colaboración para que usted pueda hacer aportaciones y sugerencias para mejorar la legislación en la materia, para que este apoyo vaya mucho más allá, porque para nosotros y nosotras esto es un primer paso imprescindible, pero exclusivamente un primer paso. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Flores, cuando quiera. Con la venida, señor presidente, profesor Villoria, yo no sé si sabe usted, lo aprendí hace muy poco, que hay dos tipos de expertos en este país, o al menos a los efectos de este Parlamento: los que lo son antes de entrar por esa puerta y los que lo empiezan a ser después de salir por esa puerta. Hay ocasiones en las que comparecen aquí personas que vienen precedidas por un prestigio profesional reconocido ampliamente dentro y fuera de nuestras fronteras, dentro y fuera de su ámbito de trabajo, y que acuden a estas vistas, a estos procesos, con ese bagaje; y hay quienes reciben el reconocimiento de expertos únicamente una vez han conseguido el voto favorable de esta comisión y salen por esta puerta optando a un cargo público que, según el Boletín Oficial del Estado, está reservado a expertos o profesionales de reconocida competencia. Sin ningún género de dudas, usted pertenece a la primera de esas categorías. Yo he tenido la oportunidad de seguir su trayectoria profesional durante unos cuantos años, con particular intensidad durante los períodos en que mis intereses profesionales y los suyos han coincidido tangencialmente en el ámbito de la transparencia, y también en aquellos en que dichos intereses fueron más distantes. Por tanto, he tenido la oportunidad de apreciarla mucho antes de que usted optase a este cargo o de que entrase en esta sala; y no tengo ningún problema en admitir y constatar que usted cuenta con una sólida formación como politólogo y una dilatada trayectoria como investigador, docente y gestor, siendo una de las autoridades más ampliamente reconocidas, tanto dentro como fuera de España, en la materia de la que debe ocuparse. Es particularmente destacable su trayectoria como investigador y docente en la Universidad Rey Juan Carlos, en el área de la ciencia política; su dilatada trayectoria como investigador se refleja en las publicaciones, humildemente resumidas en los cinco sexenios que lo acreditan; su ejecutoria al frente de Transparency International; su condición, que también compartimos, de becario Fulbright; su gestión al frente del Instituto Ortega y Gasset; y su participación en distintas instancias institucionales dedicadas a la transparencia. A mayor abundamiento, usted también reúne una condición que no siempre se da, y es la de haber colaborado con administraciones de todo tipo de nivel y de distintos signos políticos. Sin haberse casado con ninguna ideología en particular, ha colaborado con diversas instancias administrativas, lo que le acredita como un académico comprometido con el tiempo y con la sociedad en la que le ha tocado vivir, y al servicio del Estado, sea cual sea el color político de quien encabeza una determinada institución. Estos dos factores son altamente valorados por nosotros, toda vez que una de las cuestiones que hemos repetido hasta la saciedad es que nuestro país necesita un gobierno.