Mixta · Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo

Buenos días. Se abre la sesión de esta Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Le quiero dar la bienvenida a don Ángel Gabilondo, así como a las adjuntas y al resto de personal de la oficina, y, por supuesto, a todos ustedes. Damos comienzo con el primer punto del orden del día para dar cuenta de las actuaciones realizadas en relación con la inseguridad de que son víctimas muchos españoles por causa de la inmigración ilegal masiva en el año 2023 y la parte transcurrida de 2024 presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra el señor César. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Gabilondo. Buenos días, señorías. La inmigración ilegal y sus consecuencias en el empleo, en la seguridad, en los servicios públicos y en la identidad española es una de las mayores preocupaciones que afligen a los españoles, así lo reflejan las encuestas, las estadísticas y sobre todo

la realidad de nuestras calles y barrios. El drama, más allá de las oleadas de la inmigración ilegal, se incrementa con la negativa de hacer frente a este problema por quienes deberían ayudar a los españoles: instituciones que han abandonado al pueblo, administraciones aliadas con el desorden y un Defensor del Pueblo que, como ya he dicho en varias ocasiones, ha decidido ser el defensor de los intereses de Sánchez, abandonando… a las preocupaciones diarias de los españoles, como sin duda son el empleo, la seguridad y que España siga siendo España. El Defensor del Pueblo tiene como misión defender los derechos y las libertades comprendidos en el Título Primero del texto constitucional y, para ello, podrá supervisar la actividad de la Administración Pública. Como muy bien sabe también el Defensor del Pueblo, el artículo 131 del texto constitucional indica que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y termina diciendo dicho precepto con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Pues hoy no hay quien lo niegue: las distintas administraciones públicas, tanto la estatal como la inmensa mayoría de las regionales y locales, están actuando en materia de migración en contra de los intereses generales y sin someterse plenamente a la ley y al derecho, porque si hay diferencias entre la inmigración legal e ilegal, entre una inmigración que cumple la ley y una inmigración que se integra en nuestra nación y respeta nuestras tradiciones y culturas, existe evidentemente una actuación por parte de las legislaciones que impulsan, estimulan y fomentan con sus distintas actuaciones la ilegalidad y el desorden, actuando en consecuencia contra el interés general. Los datos de la inmigración ilegal son aterradores y dramáticos, y las consecuencias son una tragedia que, aparentemente, solo importa a Vox. Ustedes, señorías y, por lo que parece, también el Defensor del Pueblo, llevan demasiado tiempo negando todo a los que señalan a la inmigración ilegal como un problema para los españoles, especialmente para los más humildes y desfavorecidos. Han demonizado e insultado a todos los que prueban que existe una correlación entre inmigración ilegal e inseguridad, y denigran y humillan si un inmigrante integrado y trabajador es quien denuncia la inmigración que no se integra y que delinque. Y esta cuestión –la de la inmigración ilegal, el control de las fronteras, la inseguridad, la soberanía y nuestra identidad– es uno de los asuntos más trascendentales en el que las instituciones están ninguneando a los españoles. Por ello, y como vivimos en un Estado democrático en el que cabe consultar al pueblo español, me gustaría formular la siguiente pregunta al Defensor del Pueblo: ¿qué opinión tiene el Defensor del Pueblo hoy sobre la oportunidad de articular el artículo 92 de nuestro texto constitucional, que faculta para preguntar al conjunto de los españoles sobre las políticas públicas de especial trascendencia? Es decir, si usted está dispuesto a impulsar también que, de una u otra manera, se consulte al conjunto del pueblo español sobre la política inmigratoria de ilegalidad, de desorden y de caos que hoy lleva a cabo el Gobierno por medio de la Administración General del Estado y, como he dicho anteriormente, de determinadas administraciones territoriales, incluidas algunas locales. Porque ni el PSOE, ni el Gobierno, ni las élites jamás han querido preguntar a los españoles sobre su modelo inmigratorio, es decir, sobre su descontrol, su desorden y sobre ese modelo migratorio de sinsentido e ilegalidad. La decisión estaba tomada, y cuando la invasión ha sido consumada, cuando el caos de la inmigración irradia y campa, Portada España –ustedes, a través de sus terminales mediáticas, ultrafinanciadas y teledirigidas– intentan hacer ver al pueblo español que la inmigración ilegal es beneficiosa para sus intereses, cuando ellos saben perfectamente que no lo es. Aquí se aprecia con suma claridad la distancia infinita que existe entre los españoles honrados y las políticas impulsadas por los políticos, y así se ve también la realidad en nuestros barrios, en nuestros parques y en nuestras plazas. Señor Gavirando, la inmigración ilegal y masiva no es un fenómeno, y menos aún algo natural o espontáneo, sino que es un proceso claro de ingeniería social preparado por unas élites que ambicionan serlo todavía más. Por eso, los españoles que sufren cada vez más las consecuencias de ese modelo inmigratorio y que son conscientes de su engaño, les califican a todos ustedes como traidores; una terrible traición de las élites económicas, políticas y mediáticas, que no han dudado en conjurar sus recursos y en unir sus discursos al servicio de sus privilegios, y todo esto se traduce para los españoles en más inseguridad, más delincuencia y más ruina. Sé que al señor Gabilondo no le gustan las fronteras –alguna vez lo ha dicho– pero cuando…

Ustedes hipócritamente salen de sus coches lujosos, supongo que cierran las puertas de sus vehículos. En realidad, esto es de puro sentido común, es razonable, porque entienden que lo que se quería custodiar es algo valioso. A nosotros nos pasa lo mismo, pero con España y con los españoles. Nosotros consideramos nuestra nación un bien precioso y valioso, por eso queremos fronteras seguras que protejan nuestra cultura, nuestra tranquilidad y nuestra prosperidad. La inmigración solo puede ser tratada según nuestras necesidades socioeconómicas y, siempre, teniendo en cuenta la capacidad de adaptación a nuestra cultura y civilización. Hay culturas incompatibles con nuestro modo de vida, sobre todo cuando se atenta contra la vida, la paz y la tranquilidad de las mujeres. Todo ello lo decimos por caridad, respeto y justicia con el conjunto de los españoles. La inmigración, sin considerar las necesidades sociolaborales y económicas de España, es un suicidio: la muerte de la nación, del trabajo y del empleo, un crimen contra nuestra identidad y tradiciones. Es el reemplazo de la Semana Santa por el Ramadán, la sustitución de nuestras ermitas, iglesias y torres por mezquitas y minaretes, el fin de nuestros vínculos y de la seguridad en las calles. Señor Gabilando y señorías, en 2024 llegaron a España 65.000 inmigrantes ilegales, más gente que la que reside hoy en Ávila, o en Cuenca, Huesca, Segovia, Soria o Teruel, y en su mayoría eran varones mayores de edad e islámicos. En consecuencia, se presentan como enemigos de nuestros derechos, en especial de los de las mujeres. Por ello, se han multiplicado los delitos, en particular los delitos contra la libertad sexual, el tráfico de drogas y los robos con violencia e intimidación. De hecho, usted lo sabe muy bien, señor Gabilando: más de la mitad de los presos en Cataluña son extranjeros, y en Madrid la cifra se acerca de forma alarmante. La inmigración ilegal tensiona todo, especialmente en los barrios más sencillos y humildes. Ya no le llamaré, señor Gabilando, el defensor del pueblo español, sino el defensor de Sánchez y, diría yo, también de los ilegales. Están ignorando el clamor de los españoles; como previamente han ignorado las recetas de los expertos, han lucrado las mafias de trata de personas y han provocado un efecto llamada de incalculables dimensiones trágicas, tanto para nacionales como para extranjeros residentes legalmente en España. Señor Gabilando, ejerza su función de defensor del pueblo y defienda los derechos, las libertades y la seguridad de los españoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Orces. Debería haber intervenido; ha sido un error por mi parte, ya que debió haber comenzado el señor Gabilando la exposición en relación al punto del orden del día. Por ese error, fue usted, señor César, quien le dio la palabra. No obstante, si no les importa, reanudamos en el orden del día establecido y paso a darle la palabra al señor Gavilán. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros de la mesa, señor letrado, señora letrada, y a quienes se ha observado que ha habido cambios en la composición. Gracias. Señores y señoras portavoces de los grupos parlamentarios, y adjuntas del Defensor del Pueblo, comparezco a iniciativa de esta comisión a fin de responder a la petición solicitada por el grupo parlamentario Vox, la cual ya ha sido enunciada. Cabe tener en cuenta que el trabajo de la institución del Defensor del Pueblo correspondiente al 2024 ya ha sido registrado en las Cortes Generales, donde muchos de los aspectos de los que hablaremos hoy pudieron ser conocidos en la presentación del informe. Han solicitado esta comparecencia y, respetadísimamente, no diremos cosas que contradigan el informe anual que hemos presentado. Como bien saben, la institución del Defensor del Pueblo tiene relevancia constitucional. En efecto, el texto constitucional, en el artículo 54 de nuestra Carta Magna, establece su mandato, el cual se despliega en la Ley Orgánica 3.981 de Defensor del Pueblo y en su Reglamento de Organización y Funcionamiento del 6 de abril de 1983. Asimismo, en calidad de acto comisionado de las Cortes Generales para la Defensa de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas, ejercemos las funciones de mecanismo de prevención de la tortura a través de la Ley Orgánica 1.2009, de 3 de noviembre, que introduce una disposición final única en la Ley Orgánica de Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos de España desde el año 2000, y su capacidad se reincorporó en nuestro ordenamiento jurídico por la ley 2/2014 del 25 de marzo de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, siendo renovada en 2024 al ser reacreditada esta institución con estatus A por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRI). Este mandato que llevamos ejerciendo ya 25 años se hace cada vez más presente en una sociedad compleja y en el marco multilateral de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en el que somos la institución nacional de referencia. Pues bien, ya saben lo que les he dicho, por supuesto. En ninguna de estas labores el Defensor del Pueblo tiene encomendada ninguna tarea ejecutiva, ni ninguna otra política pública, ni interviene en el proceso legislativo. El Defensor del Pueblo no es ni poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Su tarea, como saben, es otra y no puede dar cuenta del trabajo de los poderes del Estado. Esto no quiere decir que ustedes no puedan preguntarme, por supuesto, lo que deseen; pero, desde luego, es difícil que yo les pueda dar cuenta de la acción del Gobierno, o de lo que hagan los grupos políticos, o expresar que me parece más interesante la opinión de un partido político que la de otro. El mandato del Defensor ofrece todo un sistema de garantías a los ciudadanos, quienes encuentran en la institución la colaboración indispensable para que la administración les conteste y atienda, pudiendo presentar sus quejas. Así, cualquier ciudadano que mantenga relaciones con la administración, independientemente de su edad o de su situación legal en España, puede acudir al Defensor del Pueblo. Es decir, tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros —sean migrantes, turistas, estudiantes, en situación regular o irregular— tienen la puerta abierta de esta institución, en caso de que se hayan visto sus derechos lesionados. Es en este marco en el que la institución del Defensor del Pueblo actúa, en lo que respecta a las personas y sus derechos, tengan o no nacionalidad española. Porque, al atender la formulación de esta pregunta, habría de quedar claro —y lo subrayo— que no se trata de contraponer a muchas personas españolas frente a un ente amenazante que sería la inmigración ilegal masiva, sino que se refiere, en ambos casos, a seres humanos que son padres, madres, hijos e hijas, con proyectos de vida como el suyo y como el mío. En esta institución trabajamos con derechos, normas, datos y personas. En el informe anual de 2024, registrado el pasado 25 de marzo y accesible desde entonces en la página web de la institución, se destacan una serie de temas, entre los que se incluyen también aquellos que afectan a las personas migrantes en su calidad de extranjeros, pero sobre todo como parte de esta sociedad, ya que los problemas de los españoles son también los de los extranjeros. Los temas resaltados en el informe en materia de extranjería tratan de visibilizar aquellos asuntos especialmente duros, como la tragedia de las personas desaparecidas y fallecidas en el tránsito migratorio o la mejora de los procesos de protección internacional en frontera. En materia migratoria, la institución también ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas. Se confirmó el crecimiento constante del número de llegadas a las costas, especialmente en Canarias, de personas destinatarias de los recursos del Programa de Atención Humanitaria. Los últimos datos de 2024 indicaban que el archipiélago recibió un 17,4% más de personas que el año anterior. Durante 2024 fueron numerosas las quejas recibidas por las condiciones con las que se llevan a cabo los distintos recursos del sistema de acogida humanitaria, entre las que se encuentran, entre otras, la falta de adecuación de las instalaciones para una estancia prolongada, las limitaciones en el número de intérpretes, y los servicios jurídicos, sanitarios o psicosociales; la presencia de presuntos menores de edad y el elevado número de personas que manifestaban tener necesidades de protección internacional, sin lograr obtener cita para solicitar asilo durante su estancia en el recurso. Las dificultades para la obtención de citas para manifestar la voluntad de protección internacional generaron cientos de quejas. Se recibieron, además, muchas relacionadas con la inseguridad jurídica y los perjuicios ocasionados a los solicitantes al no conocer con exactitud en qué estado de tramitación se encontraba su solicitud.

Se encuentra suspendiente. El Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), y también como parte del Programa del Área de Migración e Igualdad del Trato del Defensor, realiza visitas a centros de internamiento de extranjeros (CIE), centros de atención temporal de extranjeros (CATE) y otros centros. Además, tiene la capacidad de supervisar vuelos de repatriación. El Defensor del Pueblo recibe información de los vuelos programados por la agencia Frontex y también de los organizados por la Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica (UCER), en su función de asistencia y apoyo a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En lo que tiene que ver con seguridad y justicia –más singularmente con la inseguridad ciudadana–, se trata de una de las materias específicas que se abordan en la institución. Nos encontramos con quejas de los ciudadanos que incluyen situaciones de inseguridad en barrios, pueblos, zonas y calles, efectivamente, en su mayoría por la existencia de narcopisos, robos y otras situaciones de inseguridad. En 2024 se recibieron 32 quejas, de las que se admitieron a trámite 15, de un total de 34.402. En 2023, año por el que también pregunta su señoría, llegaron 32 quejas, de las que se admitieron 10, de un total de 34.920. De estos datos se deduce que la inseguridad ciudadana no es una temática con un gran volumen de quejas en la institución. No deduzco más, pero sí es así. Además, esas quejas de inseguridad ciudadana no son necesariamente referidas a personas extranjeras, por lo que la proporción de casos en los que se centra la cuestión planteada hoy no resulta principal en las quejas. Para mí, un solo caso ya le da importancia al asunto; no estoy cuantificando, simplemente señalo en qué contexto podemos situar el problema que hoy abordamos. La ciudadanía, por lo tanto, no identifica al Defensor del Pueblo como la instancia para dirimir las cuestiones de seguridad en sus barrios o domicilios, sino que acude directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado –tanto nacionales como autonómicos o locales–, que sí tienen encomendada, por la Constitución y las leyes, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Este tipo de quejas se inician de forma razonable y se proyectan ante el director general de la Policía, la directora general de la Guardia Civil y/o la consejería autonómica con la responsabilidad en seguridad y/o el alcalde o alcaldesa. Desde que, hace más de 30 años, se encontró la primera persona migrante muerta en Aguas del Estrecho, España ha pasado de ser un país de tránsito y de origen a convertirse en un destino estable para las personas migrantes que forman parte de esta sociedad, no ya de manera temporal, sino estructural e incluso existencial. Y digo existencial, porque según el INE (Instituto Nacional de Estadística), el crecimiento de la población española se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de personas nacidas en España disminuyó. De no ser por el saldo migratorio positivo, la población española no superaría el saldo vegetativo negativo debido al descenso de la natalidad y al aumento de las defunciones. Tan solo hay que asomarse a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para informarse. Ya en 2020, el Defensor del Pueblo publicó un estudio sobre la contribución de la inmigración a la economía española, centrado en demografía, mercado laboral, economía pública y efectos macroeconómicos de la migración. Los retos asociados al envejecimiento en Europa y en España, con serios efectos de reducción de la fuerza laboral y el deterioro de las variables de equilibrio fiscal y de la sostenibilidad del sistema de pensiones, solo pueden ser aliviados por la inmigración. La célebre frase del escritor suizo Max Fritz, pronunciada en 1965 en el contexto de grandes movimientos de mano de obra –trabajadores de toda Europa, como en Suiza, Alemania y España–, ha sido muy citada al referirse a la demanda de mano de obra, señalando: “queríamos brazos y llegaron personas”. Resulta al respecto muy pertinente. No son insumos desechables del mercado.

Sino parte de la propia comunidad a la que pertenecen. Estos días habrán visto la campaña “Sin ellos el campo desaparecería”, que ofrece datos muy significativos: más de 270.000 personas migrantes cotizan en la agricultura, ganadería y pesca española, y los trabajadores migrantes constituyen más del 80% de la mano de obra recolectora en España. Es decir, que, al menos en este aspecto, la migración, más que un problema, parece ser una solución. Aunque, evidentemente, como cualquier fenómeno estructural y permanente que sea complejo y conlleve desafíos de gestión, en este ámbito el Defensor del Pueblo tiene un papel como supervisor de las Administraciones Públicas. Incluso, en el marco de la percepción, en el último barómetro CIRS de febrero de 2025, la inmigración ocupa el octavo puesto en la lista de los primeros problemas de los españoles, mientras que la seguridad ciudadana se ubica en el vigésimo tercero. Tan solo un 3,8% del total encuestado considera la inmigración como un primer problema para España, en tanto que la inseguridad ciudadana lo haría para un 0,6%. Según el último aerobarámetro de marzo de 2025, lejos de ser la mayor preocupación de los españoles, la defensa y la seguridad –identificada como la principal área en el conjunto de la Unión Europea– es la quinta en España, al mencionarla el 20% de los encuestados, por detrás de la competitividad, la economía e industria (30%), la seguridad alimentaria y la agricultura (26%) y los valores de la Unión Europea, incluyendo la democracia y la protección de los derechos humanos (24%). De hecho, los datos muestran que España es uno de los países más seguros de su entorno y la evolución de la criminalidad en su conjunto es descendente, como señalaré a continuación. Además, reitero, como cualquier fenómeno complejo y estructural de una sociedad democrática y garantista, la migración también trae desafíos, tales como la inclusión o la presión temporal sobre determinados recursos y servicios sociales y sanitarios, el acceso a la educación, el reconocimiento de títulos y habilidades, el acceso a la vivienda, etc. Y es en este ámbito, en el del funcionamiento de las administraciones y en el de la protección de los derechos de todos los ciudadanos –incluyendo, por supuesto, a los migrantes– en los que trabaja el Defensor del Pueblo. Para saber cuáles son esos verdaderos problemas que llegan a esta institución –no digo que sean los únicos que existen en España, pero sí son significativos– se dice a veces que las quejas que se reciben en el Defensor del Pueblo son un termómetro de la sociedad española. Yo no llego a decir eso, pero sí señalo que nosotros trabajamos a partir de las quejas que recibimos, y desde luego todo esto está a su disposición en el informe anual. Con la información de que disponemos, no existe evidencia alguna de que la llegada de personas migrantes incremente la delincuencia. Si nos remitimos a estudios e investigaciones realizados en varios países a lo largo de décadas, los datos desmienten también que la inmigración haya provocado un aumento de la delincuencia en ninguno de los países analizados. Corresponde al Ministerio del Interior, entre otras competencias, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, según lo atribuido por la legislación en materia de extranjería, el régimen de protección internacional de apatridia y de protección de personas desplazadas, y la administración y régimen de las instituciones penitenciarias. En esta responsabilidad compareció recientemente el ministro del Interior en el Senado para responder a una interpelación sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con los datos de criminalidad e inmigración ilegal el 9 de abril de 2024, y siendo este ministerio la institución que dispone de mayor información al respecto, lo consideraba un asunto que no se sostiene con ningún dato oficial y no se ajusta a la realidad. Desde los datos, por tanto, que disponemos, no se trata de asociar la inmigración a la delincuencia, ni tampoco de confundir la entrada y permanencia irregular en España con una conducta delictiva. Es decir, no se trata de criminalizar la migración.

Contemporánea, ha acompañado, incluso ha acuñado el término “ideas zombies” para referirse a los prejuicios contra la inmigración que, aun habiendo sido rebatidos y desmentidos por múltiples estudios e investigaciones, permanecen vivos en el imaginario popular como estereotipos que hunden sus raíces en las emociones, como el miedo, haciéndose impermeables a la realidad. Estos estereotipos acaban siendo resistentes a cualquier dato objetivo que los contradiga. Lo que muestran los datos oficiales del Ministerio del Interior es que, mientras la migración sube, la criminalidad baja, sin que exista en ningún sentido una relación causal entre ambas. No llegaré a decir el sinsentido de que la criminalidad baja porque ha subido la migración; lo que sostengo es que, en ningún sentido, se observa una relación causal en ninguna dirección. El año 2024 finalizó con el récord histórico de casi 3 millones de personas extranjeras afiliadas a la seguridad social, siendo el 31,1% trabajadores procedentes de países de la Unión Europea. En cuanto a países extracomunitarios, Marruecos encabeza la lista de los países de los que proviene el mayor número de cotizantes, seguido de Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China. El perfil sociodemográfico de las personas extranjeras con autorización de residencia es muy diverso. La edad media de esta población es de 37 años, con una ligera prevalencia de hombres (53%) sobre mujeres (47%). A grandes rasgos, las personas extranjeras, especialmente aquellas bajo el régimen general de extranjería, contribuyen de manera significativa al rejuvenecimiento y crecimiento de la población. Pero, señorías, lo que más preocupa al Defensor del Pueblo respecto a las personas migrantes en situación de irregularidad es que dicha irregularidad las haga más vulnerables a la hora de hacer valer sus derechos fundamentales, a caer en la clandestinidad o a que la misma situación las aboque a la explotación laboral o sexual, conduciéndolas a la invisibilidad, a la desprotección y, lo que es más grave, a que acaben en redes de trata o de explotación de seres humanos. Nos preocupamos por nosotros y hacemos bien, pero también debemos preocuparnos por ellos. En otro orden de cosas, y como detalla el informe publicado por el Defensor del Pueblo en 2024 sobre los retos de inclusión financiera, se considera la exclusión financiera como la incapacidad o dificultad de las personas para el acceso o uso de servicios y productos financieros en el mercado general, aquellos que sean apropiados a sus necesidades y que les permitan llevar una vida social normal en la sociedad a la que pertenecen. El caso de las personas migrantes en situación irregular es preocupante, ya que tienen graves dificultades para acceder a sus activos o para ser titulares de cuentas bancarias. Tienen difícil acceso al crédito, por lo que se ven obligados a acudir con frecuencia a empresas no supervisadas por el Banco de España, que ofrecen créditos personales prácticamente de forma instantánea, pero a unos intereses muy elevados, que podrían incluso incurrir en la usura. En lo que tiene que ver con la toma en consideración, la pregunta es: ¿por qué son irregulares los inmigrantes y a qué conduce esa situación? Pues, en lo que compete a la consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados, es decir, ustedes, y extendiéndose a los senadores, se ha sometido a debate una iniciativa legislativa popular suscrita por 612.000 firmas. Esta iniciativa contó con el apoyo, además, de centenares de organizaciones de la sociedad civil en su pluralidad, y de instituciones tan diversas como Cáritas, la Conferencia Episcopal Española y la Confederación Española de Religiosos, para solicitar una regularización extraordinaria de extranjeros residentes en España, similar a la que tuvo lugar en 2005. Dicha iniciativa ya ha iniciado su tramitación como proposición de ley. Bueno, ustedes están en sus manos; verán qué es lo mejor hacer, no sé yo quién para decírselo, pero les puedo decir que...

Y que al respecto el defensor del pueblo considera que habría que proceder según determinadas líneas coherentes de trabajo. Porque la regularización documental de las personas extranjeras que se encuentran en España, en la mayoría de los casos trabajando, es una cuestión de derechos que debe ser abordada en el modo en que ustedes estimen para evitar situaciones de explotación. Un proceso de regularización debe ir acompañado de un análisis de las deficiencias de la actual regulación, que es lo que provoca estas situaciones, y una vez analizadas las fallas del sistema se deberían abordar reformas legales y/o reglamentarias que se pongan en marcha una vez realizada la regularización. La situación cercana al colapso que padece la gestión de las solicitudes de protección internacional ha de ser abordada de manera integral. No es que ellos deseen ser irregulares; personas en situación irregular. Hay que hacerlo de forma integral para evitar que afecte al sistema de asilo e impida que las personas que lo necesiten obtengan protección. Tanto la gestión de la migración económica como la de los solicitantes de protección internacional y de las personas refugiadas ha de abordarse de manera coordinada con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia en las políticas de integración de estas personas. Perdón, si me quiere dejar aquí la copa, se me va relleno. Bueno, muy amable. Ahora se cumplen cinco años de la pandemia del COVID-19. Es un buen momento para recordar la aportación de las personas migrantes, muchas de ellas en situación irregular, en los trabajos llamados esenciales, los que ayudaron al sostenimiento del tejido social, económico y político del país. Se trataba no sólo de trabajadores de baja cualificación –limpieza, logística, cuidado, transportes–, sino también de trabajadores de cualificación media, cuidado y dependencia o transporte, y de alta cualificación en medicina y enfermería; es decir, cuidaron y cuidan de nuestros mayores, atienden en la restauración, forman parte de los equipos de los hospitales y clínicas de cuidados y atención, se ocupan de la mensajería, la producción agrícola, la logística; en realidad, forman parte de nuestra vida, muchas veces haciendo todo más llevadero. Y lo que aspiramos es que trabajen también incorporadas, porque una de las funciones decisivas es la convivencia y la incorporación social. Según el Ministerio del Interior, la práctica totalidad de los incrementos de la tasa de criminalidad se han debido en exclusiva a la llamada cibercriminalidad, que en 2024 supuso el 19% del total de delitos. Según el último balance trimestral de criminalidad, referido al cuarto trimestre de 2024 y publicado por el Ministerio del Interior, si se excluyen estos delitos cibernéticos –que por su naturaleza, con mucha frecuencia, se producen fuera de España– la tasa de criminalidad convencional ha bajado un 16,33% desde 2010, hasta alcanzar en 2024 uno de los valores más bajos de la serie histórica, 41.0 delitos por mil habitantes, que es también una de las tasas más bajas del mundo, bastante inferior a la de países como Reino Unido, Bélgica, Alemania o Dinamarca. Bueno, estos datos tienen que interpretarse también teniendo en cuenta la existencia de un posible elemento distorsionador a la hora de interpretar las estadísticas, que estaría en las últimas reformas legislativas del Código Penal 2015, dado que ciertos ilícitos penales que anteriormente eran tipificados como faltas se han convertido en delitos leves y pasan a encuadrarse dentro de las infiltraciones penales genéricas, categorizadas como hurtos, daños y lesiones. Por lo tanto, el incremento de ciertas infracciones penales puede no responder al aumento de la criminalidad, sino que se debe a una nueva clasificación de las categorías penales. También quisiera, por lo menos, señalar que hay un cierto mapa de la población reclusa en España que no debemos olvidar. Según la estadística mensual de febrero de 2021,

Publicada por instituciones penitenciarias, la población reclusa extranjera era de 19.492 personas, lo que representa un 32,6% de la población reclusa total, 59.679. Según datos del Ministerio del Interior, el peso de la población reclusa extranjera en la estructura de la población reclusa por nacionalidad ha descendido en 4,5 puntos porcentuales respecto al año 2009, cuando alcanzó su máximo histórico. Desde estos máximos de 2009, la población reclusa extranjera ha experimentado un descenso del 34,8%, es decir, 9.469 internos menos, mientras que el descenso de la población reclusa española ha sido del 20,3%, 9.912 internos menos. En cuanto a menores condenados, el 79,2% tenía nacionalidad española. Bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, existe un mayor número de prisión preventiva para personas extranjeras; se puede comprender, a veces, que esta medida se aplique para evitar posibilidades de riesgo de fuga. Sin embargo, al comparar la prisión preventiva entre extranjeros y españoles, se evidencia una diferencia también notable. Pero, sobre todo, no se puede olvidar que la combinación con situaciones de pobreza y exclusión social suele afectar también al historial del régimen penitenciario del recluso. Esto no justifica nada, pero a veces no tienen opciones de asistencia letrada y, en consecuencia, se benefician en menor medida de los terceros grados penitenciarios, al no disponer a menudo de domicilio familiar o empleo. Nos preocupa en el Defensor del Pueblo el incremento de los delitos cibernéticos, que se ha manifestado en la recepción de quejas presentadas por ciudadanos que habían sido víctimas de la utilización de datos personales para uso fraudulento, la usurpación o suplantación de identidad, otro de los temas destacados del informe anual. Las víctimas de esta cibercriminalidad sufren un peregrinaje judicial y administrativo que preocupa al defensor. Por ello, organizamos y acogimos una reunión en nuestra sede el 26 de abril del 2024 con las administraciones competentes ante la recepción de quejas sobre la usurpación de identidad y estafas en Internet, es decir, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, el Banco de España, la Agencia Española de Protección de Datos y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Entre los asuntos persistentes que se han identificado en los últimos informes anuales, hay algunos que afectan singularmente a las personas migrantes. Como viene siendo habitual, están presentes las dilaciones judiciales, las homologaciones de los títulos universitarios, los problemas para la obtención de citas y los retrasos en expedientes de nacionalidad y de protección internacional. En estos procesos, además de la praxis administrativa, las personas migrantes son víctimas directas y ven sus derechos fundamentales vulnerados. Quería compartir alguna última consideración. Pero antes, querría hablar del artículo 92 de la Constitución, porque las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum tiene que ser convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados, señorías. Este es el procedimiento para la convocatoria de un referéndum. Ya he expuesto cuáles son mis competencias y el marco legal que mandata la actuación del defensor, pero ya me parece mucho pedir que sea yo el que anime a Su Majestad el Rey, al Presidente del Gobierno y a todos ustedes a que hagan referéndum. Ustedes sabrán, señorías. La supuesta existencia de un patrón o perfil de comportamiento delictual del extranjero no se sostiene. Incluso, su participación es heterogénea según el tipo de delito y su estatuto legal: hay extranjeros con residencia legal, aquellos en situación irregular, turistas e incluso aquellos que tan solo acuden temporalmente a España única y exclusivamente para la comisión de delitos. De estas consideraciones se deduce que la ley no es la única.

Que, al margen de otras cuestiones, no le resta importancia en absoluto a lo que se ha dicho, a lo que se presenta, pero no parece haber una relación causal que explique lo que sucede o los hechos delictivos acontecidos con la existencia o no de un tipo determinado de población. La cuestión de esta comparecencia, por eso, no hay que plantearla unidireccionalmente. Es imposible, salvo que se haga desde otros puntos de vista, elaborar una interpretación o análisis que reconozca en toda su complejidad las diferentes o múltiples razones que afectan directamente a la inseguridad, ya que esos comportamientos y actuaciones no deben adscribirse a un grupo de población concreto. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, señor Rabilondo. Como sabe, las intervenciones las hacemos de menor a mayor, con la incidencia que antes les hacía referencia, y para salvaguardar la posibilidad de haber escuchado en el orden que le correspondía al señor Rocesiñiguez, si le parece a usted bien, al finalizar este primer turno le daré, en dos minutos de intervención, a efectos de que se pueda efectuar alguna matización a los aspectos sin que ello cause ningún tipo de quebranto en el orden previamente establecido. Bien, a continuación seguimos, por lo tanto, con el Grupo Parlamentario Vasco. Señor López Torre, tiene la palabra. Señor López Torre: Sí, buenos días, gracias, presidente. La verdad es que hoy no sabía si venía una comparecencia del Defensor del Pueblo o del ministro del Interior, viendo el titular. Y la verdad es que, o es que el Defensor del Pueblo había usurpado al ministro del Interior sus funciones, pero veo que no es así, menos mal. Con lo cual me quedo tranquilo. La verdad es que, oyendo la primera intervención, veo que hay quienes viven una realidad absolutamente paralela. Una realidad en la que parece que, cuanto peor, mejor, o mejor para ellos. Pero cuanto peor vayan las cosas, mejor. Y si las cosas no van peor, hagamos que vayan peor o, al menos, que parezca que van peor, porque así nos irá mejor. Parece que estamos en esa teoría, en esa tesitura. Hablaba de la realidad de las calles, como si cualquiera fuese andando y a la vuelta de la esquina le fuesen a atracar, le fuesen a robar todo lo que tiene. La verdad es que, no sé, todavía no me ha pasado, ni en mi tierra natal, ni aquí en Madrid, que a las once de la noche uno pueda ir andando tranquilamente. La verdad es que no lo he vivido nunca, y no solamente en este barrio, sino en otros por los que también he podido andar a la noche. Debe ser que vivimos realidades distintas, no lo entiendo. Y es más, he revisado cuáles son las ciudades más inseguras del mundo y no he encontrado ninguna española, y precisamente entre las primeras, entre las más inseguras, están las mexicanas, desgraciadamente para ese país. Y no es porque México esté sufriendo una migración masiva de otros países, no es la causa; las causas son otras, no es esa ni mucho menos. Con lo cual, que no nos hagan creer que el problema de la delincuencia está en la migración. O, como también he oído, que le están haciendo hablar o obligando a hablar un idioma distinto al suyo. Hombre, eso algunos sí lo hemos vivido, pero no creo que a nadie le estén obligando a hablar, por ejemplo, en árabe, porque parece que es a lo que nos quieren hacer creer y que el español va a desaparecer por ello. Lo dudo mucho. O que le están imponiendo una creencia religiosa distinta y que le van a imponer otra. Vaya imaginación. La verdad es que en mi municipio, por ejemplo, convivimos con cinco ermitas; ninguna ha caído, siguen todas en pie y en perfecto estado y uso, una iglesia y una mezquita, y convivimos todos en perfecta armonía con la ciudadanía, sin ningún problema. Habla también de españoles honrados. Quizás es que algunos españoles no lo somos; los que no coincidimos con cierto ideario parece que no somos honrados, no somos decentes, aunque no haya dicho la palabra “decente”, pero es lo que se puede llegar a entender de ello. Yo me pregunto: ¿quién entregará esos carnés de ciudadano honrado o decente? Algunos, en algún otro tiempo, en el País Vasco también hemos sufrido el que nos repartan carnés.

Es de buen vasco o de traidor, ¿no? Y algunos hemos recibido el carnet de traidor. Yo creo que ya vale de estos sectarismos, ya vale de que nos estén diciendo si somos buenos vascos o no, si somos honrados o no, si somos decentes o no. Porque luego, además, se habla de élites, curiosamente en favor de privilegios de élites. No sé qué élites. Yo miro aquí a mi derecha y no veo, precisamente, ninguna élite; no sé de qué está hablando. Y además me pregunto: ¿qué hicieron los españoles que hace 500 años fueron a América o los que hace 80 años tuvieron que salir de España huyendo del franquismo para poder sobrevivir? Fueron acogidos en otros países, en muchísimos países: españoles que fueron acogidos en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos; españoles que fueron acogidos en Francia, en Alemania, en Rusia, con los brazos abiertos. Eran también delincuentes esos españoles. Eran delincuentes los españoles que fueron hace 500 años a América. Hombre, por favor, hable del efecto llamada de España. El efecto llamada es de Europa, de su progreso, de su calidad de vida, conseguido además con la democracia y las libertades que algunos ahora escupen. Huyen: es gente que huye de la miseria, de la guerra, de la represión, en busca de una vida mejor, donde la democracia y los valores europeos han conseguido dar a su ciudadanía esa vida mejor, esa democracia, esas libertades y esos valores que algunos hoy desprecian. Es cierto que hay datos que debemos tener en cuenta, y tampoco hay que taparse los ojos. Existen delincuentes reincidentes y, en cierta medida, una parte importante de aquellos que llegan son migrantes. Pero lo que no se puede hacer es que ese 0,1% nos lleve a decir que el 99,9% de los migrantes son delincuentes. Eso es absolutamente injusto. Y quienes tenemos que mejorar –en este caso, no creo que sea responsabilidad del Defensor del Pueblo– somos los gobiernos, y también deben mejorar las Cortes Generales, haciendo las leyes adecuadas para integrar a aquellas personas que vienen con una mano detrás, muchas veces sin haber recibido una educación adecuada, sin una formación completa. Debemos ser capaces de formarlos, de reeducarlos, de insertarlos en nuestra sociedad, de darles una esperanza, de ofrecerles opciones de trabajo, porque ya están trabajando y, además, es que los necesitamos. Lo dice también la prensa internacional: no hay más que leerlo, el crecimiento del Estado español en estos últimos años se debe, sobre todo, a la migración. Es lo que algunos han llamado ese efecto o ese milagro español. Una de las claves está precisamente en esa migración, en aquellos que nos traen la paquetería, en los que nos atienden en las residencias, en casa o en la cafetería; que están en todas partes, que trabajan y que son quienes van a pagar las pensiones del futuro, porque nuestros hijos e hijas no serán suficientes. Son ellos quienes van a ayudar a que podamos jubilarnos a los 65 o a los 70 años y que no tengamos que seguir trabajando, porque, de lo contrario, no habrá quienes paguen las pensiones. Es a esas personas a quienes no podemos fallar, en tratar de integrarlas en la sociedad, en darles una esperanza y en que aporten a esta sociedad, junto con los valores europeos, la democracia y las libertades. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. A continuación tiene la palabra, por el grupo parlamentario, el señor Alonso Catané. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Gabilondo. Relacionar inmigración y delincuencia es una mentira, como la copa de un pino. Y no lo digo yo: lo dijo en esta misma comisión, en esta misma sala, el director general de la Policía Nacional.

Mire, el señor Pardo Pirqueras nos dijo, además, una cosa: que son cifras, que no son inventos como los que hacen los señores de Vox, y se lo dijo al señor Ortega Smith, que tuvo que callarse. El 75% de los delitos que se cometen en España los cometen nacionales españoles. Tal como ha dicho el Defensor del Pueblo, el señor Gabilondo, la mayoría de los incrementos, los incrementos que se han producido en delincuencia, vienen por el tema de la ciberdelincuencia, y esos no son cometidos por la gente más humilde de nuestro país, sino por otras personas. Mire, 10.457 personas han muerto en el 2024 intentando llegar a España. 10.457 personas. Son niños, son mujeres, son hombres. Gente que quiere disfrutar de un mejor futuro para ellos mismos y para sus descendientes. Y yo creo que es momento también de recordar que hoy es el día del pueblo gitano. Un pueblo gitano que también ha estado muy perseguido, siempre por las mismas personas, que es lo contrario a la solidaridad humana. Miren, en España, en estos últimos 30 años, ha habido un incremento de la población de 10 millones de personas. Muchas de esas 10 millones han sido migrantes, migrantes que han dado riqueza a nuestro país y que representan que hoy España sea la que crea la mitad del crecimiento económico de la Unión Europea. Esos migrantes, que se refería antes el señor del Partido Nacionalista Vasco, son los que cuidan a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros enfermos, los que llevan a los niños al colegio cuando no hay nadie que los atienda, y los que limpian nuestras casas, en trabajos que, desgraciadamente, muchos españoles no quieren utilizar. Los que están aguantando el campo, a pesar de la explotación, algunos del partido de Vox utilizan esa irregularidad para explotarlos salvajemente. Eso es la realidad de España y no la mentira que están diciendo cotidianamente en todas las comisiones las señorías de Vox. Mire, yo fui alcalde en Altafulla en 2018. De pronto, sin aviso, se presentaron 30 niños, de 12 a 17 años. No sabíamos nada, ni nos habían informado; llegaron acompañados, evidentemente. Esos niños eran todos niños; no había ninguna niña. ¿Por qué no había niñas? ¿Se lo preguntan ustedes? Porque las niñas caen todas en las tramas de la prostitución. Esa es la realidad, esa es la realidad de la inmigración ilegal en España, y nosotros no podemos estar al margen. ¿Sabe lo que me pasó a mí como alcalde? ¿Cuál fue el principal problema que tuvimos? No fue el de la convivencia. Al principio sí, porque el miedo que se instala en esta gente hace que piensen que todo es diferente, que es de un color distinto, como mis hijas, que también son negras y, según se piensa, propensas a delinquir. Pero no, la convivencia en el pueblo funcionó, también gracias a las entidades, aunque no lo hizo por culpa de la administración pública. Y eso digo yo, que era el alcalde: la administración pública no puso más que barreras. Y lo estoy diciendo yo, que además en aquel entonces gobernaba, digamos, gente de izquierdas en ese departamento. Pusieron todos los esfuerzos, pero las trabas burocráticas son tan inmensas que, aun poniendo todos los esfuerzos de un alcalde o de un director general, no lo conseguíamos. Tuve que saltarme, como es desgraciadamente habitual cuando eres alcalde, alguna norma para poder introducir, sí, para poder pagar estudios a esos niños en castellano y catalán, porque ninguna otra administración asumía esa responsabilidad, y tuvimos que ejercer lo que otros no quieren hacer, competencias que no son tuyas, porque hay que dar soluciones a los problemas. La gente no está esperando a que tú intentes descifrar si es una competencia de la Generalitat, del Estado español o del Ayuntamiento; la gente quiere soluciones. Cuando ya estaba todo más o menos encauzado y habíamos podido escolarizar a los niños, aunque tardó unos cuantos meses, se los llevaron. ¿Qué forma tenían para incorporarse a la sociedad? Esos niños solo querían trabajar, querían labrarse un futuro en España, y nosotros les estamos legando, cerrándoles las puertas. Y, ya para ir acabando, el Defensor del Pueblo está haciendo un gran trabajo. Y, desde mi punto de vista, lo está haciendo no únicamente en lo que hablamos hoy, sino también reflejando que si los españoles, los que tienen nacionalidad española, los que tienen los papeles en regla, porque yo creo que todos somos españoles, los que tienen los papeles en regla, tienen...

dificultades para adquirir una vivienda y, él, ha dicho perfectamente las dificultades que pueden encontrarse. Cualquier persona que es de otro color —ya no digo que no tenga esa nacionalidad— y, para una persona normal, es casi imposible adquirir una vivienda; para una persona en esas condiciones, ya podemos decir que es imposible. Por tanto, otra vez entran en esas tramas el abuso de la gente que se aprovecha económicamente, como siempre. Y lo digo porque, durante años en este país —y ahí es donde digo que el Defensor del Pueblo está haciendo un gran trabajo— la banca ha abusado de todos nosotros, abusando en las hipotecas, haciendo hipotecas falsas y engañando a la población. Mucha de esa gente tuvo que perder su casa y la sigue perdiendo. El Defensor del Pueblo está ayudando a esas personas para que, algún día, nosotros podamos regular esas hipotecas que están mal hechas y evitar que la gente se vea abocada a perder su casa. Por tanto, le felicito, señor Defensor del Pueblo, porque creemos que esa es una labor no exclusiva para los que tenemos la nacionalidad española, sino para todo el mundo. Durante estos años hemos sido víctimas de un abuso bancario importantísimo. Y, como también lo ha dicho usted, tenemos encima de la mesa un LP avalado por Cáritas y por la Conferencia Episcopal, un LP que todos nosotros podríamos estar aprobando, pero que está en el cajón guardada porque hay gente que no quiere oír hablar de eso. Nosotros necesitamos sacar ese LP por justicia, por humanidad, por solidaridad. Eso es lo que necesitamos: que la gente tenga en este país papeles para que pueda desarrollar su futuro y para que haga crecer este país, un país que les necesita. Muchas gracias, señor Alonso. Grupo Parlamentario Socialista, señor Sancho, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Bienvenido, señor Gabilondo, a usted y a todo su equipo. Gracias por su trabajo de escucha, por la cercanía a la gente y a los más vulnerables, y por esa independencia que ayuda a hacer grande esta democracia. Ojalá, señorías de voz, contribuyeran ustedes a lo mismo. Y hay algo: no se cansan nunca de usar el bulo, la mentira y la alarma social para pretender crear un enfrentamiento entre españoles o para criminalizar a los más vulnerables. La migración no tiene ni genera un problema de seguridad frente al intento de crear alarma social. Hay que dejar claro que no existe una correlación entre el incremento de los índices de delincuencia y el aumento de la inmigración irregular, ya que el hecho de que en las estadísticas conste la ciudadanía extranjera no significa que la persona sea migrante ni que, siendo migrante, sea irregular. El dato refleja, simplemente, que la ciudadanía no española puede corresponder a residentes extranjeros regulares o a alguno de los millones de turistas que visitan España —por ejemplo, en 2024, 93 millones, muchos de ellos ciudadanos de la Unión Europea. Por otra parte, es importante resaltar que este gobierno apuesta por recuperar la seguridad como bien público a través de más efectivos, mejores infraestructuras y más medios. Les diré algo al respecto: la política migratoria de España es reconocida en el conjunto de Europa y fue reconocida públicamente por la señora Meloni, quien dijo que el trabajo que realiza España en materia de migración, de prevención y de presencia en los países de origen y tránsito, luchando contra las mafias, era la forma más adecuada y oportuna. Se trata de una política migratoria preventiva para reaccionar ante las llegadas, pero también para prevenir las salidas, sin que lleguen a producirse y, cómo no, enmarcada en la acción conjunta dentro de la Unión Europea. Este gobierno, desde hace años, ha puesto todos sus esfuerzos en este asunto, trabajando desde la convicción de que la gestión de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad, un fenómeno que también nos ofrece desarrollo y prosperidad. Ya hemos visto que la ultraderecha se dedica a sembrar el odio a base de bulos y mentiras sobre las personas migrantes, pero lo peor es que ese discurso es el que el Partido Popular ha hecho propio, lo que determina una gran irresponsabilidad de la oposición, con ese discurso que algunos dirigentes en Arbola —y que cuenta con el beneplácito de Feijóo— es con el que tratan de abrir grietas en nuestra sociedad.

Irresponsabilidad. La última memoria anual de la Fiscalía lo indica. Los mensajes de odio generan odio, pero el único efecto llamada que hay aquí es el que llama al odio, el que ustedes hacen con ciertas declaraciones. Por tanto, por favor, dejen de hacer electoralismo. Las personas no se suben a un cayuco ni arriesgan su vida por cuestiones secundarias; lo hacen porque la vida en sus países es, en muchas ocasiones, un verdadero infierno. Señores y señoras diputadas de la derecha, de alturas de miras, no hagan una instrumentalización de una cuestión y de un fenómeno tan importante como el migratorio por razones estrictamente políticas. En el propio informe del Departamento de Seguridad Nacional se habla de la instrumentalización de la migración ilegal para desestabilizar democracias. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Bielorrusia o Lituania. La desinformación es la prioridad, la principal amenaza de las democracias, y ustedes la practican día a día, cada vez que tienen ocasión de someter o de plantear cualquier cuestión en las Cortes Generales. Desinformación, como hoy ocurre, para identificar migración con criminalidad; desinformación para identificar el feminismo como un ataque a las libertades de los hombres; o desinformación para transformar sus derrotas electorales en un fraude electoral. Ese es el principal problema que tiene la democracia española y todas las democracias occidentales: la corriente ultraderechista que ustedes representan junto con el Partido Popular. Lo que nunca hará el PSOE es utilizar el fenómeno migratorio para sembrar odio y provocar el enfrentamiento social, pero lo que tampoco hará –como no lo hace este gobierno– es abandonar a los más vulnerables en el mar, en situaciones evidentemente difíciles. Somos plenamente conscientes del volumen de llegadas a nuestras costas, especialmente a Canarias, fenómeno en el que España no es un caso aislado, ya que nuestras costas son una de las puertas de entrada a Europa. Le recuerdo que este es el gobierno que da luz verde a una solución estructural, a la situación que viven los menores migrantes en comunidades que reciben más presión, aprobando un real decreto-ley que establece que un menor que llega a nuestro país llega al conjunto del país. Es un caso similar a lo que pedimos en Europa. Por ello, pedimos solidaridad y logramos que se aprobara un pacto de asilo e inmigración, apoyado por cierto por el Partido Popular Europeo, en el que se hizo corresponsables a todos los Estados miembros. Por ello, el PP no puede ni debe rechazarlo. No hemos cambiado nosotros; ha cambiado el PP, que ahora ha decidido comprar el discurso de la ultraderecha en este país. Es decir, frente a la xenofobia y el racismo, hoy hay una política migratoria humanitaria, con respeto al derecho internacional, luchando contra las mafias que trafican contra los seres humanos, trabajando sobre el terreno y evitando el 40% de salidas irregulares, por tanto, salvando vidas. Creo que debemos impulsar la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, que favorezca a las personas excluidas y que viven en una tierra de nadie. ¿Sabe, señor Iñiguez? ¿Saben, señorías del PP, quién nos lo pide? Los obispos. Urgen al PSOE y al PP, porque a ustedes ya no les urge, porque saben que es imposible lograr una regularización general para medio millón de inmigrantes. Somos personas. Y antes de terminar, le querría decir, señor Iñiguez, que nunca he tenido agresiones; jamás en mi vida me he sentido agredido. Me había sentido agredido hasta que, un día en Madrid, antes de venir al Congreso, me agredieron, me insultaron, me mandaron anónimos a mi casa y me amenazaron. No hubiéramos salido del bar donde desayunábamos si no hubiera sido por la policía. ¿Sabe quiénes eran? Cayetanos. Igual usted los conoce: cayetanos españoles, muy madrileños. Esos eran los que me agredieron, los que hicieron sufrir a mi familia y a mucha gente, porque no querían que llegáramos al Congreso ese día a votar por la democracia y a votar al presidente Pedro Sánchez. Esos me han agredido, solamente esos, en toda mi vida. Ayer cumplí 59 años; nunca he tenido ningún problema con inmigrantes ni con nadie. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sancho. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Amayo Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido, señor Defensor. Sea bienvenido a esta comisión, tanto a usted como a todo el equipo que hoy la acompaña.

Gladia: Antes de entrar en el fondo de la cuestión, permítanme una felicitación y un reproche. La felicitación para usted, Defensor, porque todos nosotros y todo el país, si lo quiere consultar, disponemos ya del informe del año 24 presentado recientemente. Así como el año pasado, cuando se denunció públicamente en el Senado la grave demora del informe del 22, hoy le quiero agradecer que el del 24 lo hayamos conocido a su debido tiempo. Me dirá usted que no ha hecho más que cumplir con su trabajo, pero en un país que vive con presupuestos prorrogados de otra legislatura y con un gobierno que lleva dos años incumpliendo el deber constitucional de presentarlos, que otras instituciones del Estado al menos sigan cumpliendo con su parte, es algo que todos los demócratas que sabemos de la importancia de respetar las normas y las instituciones valoramos, especialmente en este terrible contexto de laxitud moral, dejación de funciones y falta de respeto institucional que nos ha tocado vivir con el actual gobierno. El reproche, como no, es para el grupo proponente, por los tintes xenófobos de su literal y lo falso de sus premisas. Con un enunciado tan alarmante como mentiroso, mal punto de partida vamos a tener para abordar con la seriedad merecida estos temas. Ya comprendo que ahora mismo ustedes o se dedican a asustar a la gente con estos asuntos, retorciendo y manipulando la realidad, o poco tienen que hacer. Ahora mismo, sus fotos con Trump ya no son el fabuloso cartel electoral que ustedes imaginaban, y además, pudiendo mostrarse tan duros con los débiles y tan serviles con los poderosos, ¿para qué cambiar, verdad? Pero vamos a la cuestión importante hoy, que en verdad es alarmante, y es la masiva inmigración ilegal que sufre nuestro país, con especial incidencia en nuestras queridas Islas Canarias. Quiero referirme en detalle a algunas cuestiones para tratar de arrojar algo de luz sobre esta compleja situación. Primero, quiero analizar, lógicamente, el reciente informe del Defensor sobre esta materia, que es claramente una enmienda a la totalidad de la gestión de este nefasto gobierno. Los problemas descritos, reiterados año tras año y aumentados en este, abarcan casi todo lo que tiene que ver con los inmigrantes, tanto regulares como irregulares; y, a la vista del informe del Defensor, queda claro que muchos de ellos son tratados como ciudadanos de cuarta categoría. Las oficinas de extranjería están saturadas, la atención presencial a mayores o discapacitados es casi imposible y, por si fuera poco, cuando por fin te llega el turno, los criterios que aplica cada oficina son tan dispares que la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley quedan gravemente conculcadas. Quisiera hacer una mención especial aquí para los venezolanos, que representan el 40% de los solicitantes de protección internacional y que, en casi la totalidad de las ocasiones, ven concedida la residencia por razones humanitarias, ya que huyen de una dictadura de facto que sigue sin poder presentar las pruebas de su falsísima victoria electoral. Pese a ello, nuestro Gobierno no ha reconocido aún al ganador de las elecciones, al señor Edmundo González. Un país hermano que obliga a huir a un tercio de su población necesita de un proceso especial de acogida para sus nacionales, como muy bien ha pedido el Defensor, para no colapsar aún más estos desbordados servicios de extranjería. Otra prueba de lo poco deseable del trato ofrecido por el Gobierno es que no se cuida de dar a conocer el estado de salud física —y de la salud mental, ni hablar— de los extranjeros que pasan del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Dado lo diverso de su origen y lo precario de sus condiciones de vida, el riesgo, tanto para sus propios compañeros, dada la situación de hacinamiento, como para la salud comunitaria, es más que evidente. Y esto es responsabilidad única del Gobierno, de los Ministerios de Sanidad y de Interior, que no toman medidas. Es verdad que también existe un Ministerio de Migraciones y otro de Juventud e Infancia, pero su inactividad en este tema es de tal calibre que ya ni los menciono. En fin, 22 ministros, más de mil asesores y esta serie de deficiencias que estamos viendo en el informe. Le preocupa especialmente al Defensor, y a nosotros también, la desprotección en la que se quedan muchas personas al finalizar el itinerario de acogida, sin haber adquirido las herramientas suficientes para garantizar su autonomía personal, sin dominar el idioma y totalmente carentes de redes de apoyo. Gastamos ingentes recursos para que, al final de todo el proceso, estas personas queden totalmente abandonadas a su suerte. Señorías, la culpa no es del inmigrante, la responsabilidad es del gobierno, que es quien hace y deshace, no del pobre inmigrante al que se le deja donde está o se le lleva, no sé, a algún lugar en función de evidentes intereses políticos, olvidando que ahí hay una persona, un ser humano, con unas necesidades muy concretas, y que nosotros seguimos siendo el primer mundo, aunque a veces no lo parezca. Y aquí enlazo con el segundo punto, que es la evidente politización de este tema, donde los inmigrantes son traídos, llevados a la casa,

y repartidos alegremente en función de la solución no más conveniente humanitariamente, sino políticamente, usando a estas personas que sí han entrado ilegalmente en nuestro país, pero que tienen sus derechos humanos intactos, como si fueran mercancía tóxica, que se aleja de la casa de mis socios y que se lleva a la casa de los que no me apoyan. El Gobierno utiliza a estas personas en una situación tan precaria para usarlas políticamente contra sus adversarios, y ahí está el reparto obligatorio y la reciente cesión de competencias en materia de inmigración y fronteras a Cataluña. La falsedad, el nivel de mentiras y la corrupción de este Gobierno es tan obvio que hasta los pocos líderes regionales que le quedan ya al PSOE han tildado la medida de xenófoba y de racista. Resulta que ahora Sánchez, que sigue necesitando los siete votos de Junts para mantenerse en la Moncloa, asume enterito el marco ideológico de la ultraderecha nacionalista catalana. Menos mal que eran ustedes el gobierno más progresista de la historia. Perdón, que se me acaba de ir el discurso. Menos mal que eran el gobierno más progresista de la historia. Es que es una verdadera ironía. ¿Qué pasa ahora con el muro y con el cordón sanitario a la ultraderecha? Para lo que hemos quedado, señorías socialistas, para ayudar a los de Junts a que la señora Silvia Oriol no les coma la merienda. Vaya tragaderas. A mí se me caería la cara de vergüenza con tal incoherencia. Pero nada, sigan ustedes votándole a Sánchez todo lo que le obligan a traer sus socios a este Parlamento, que ya verán lo bien que les va a ir en sus territorios. Este señor Sánchez, que un día afirma solemnemente que todo lo que tiene que ver con el control de las fronteras y la inmigración irregular está residenciado en la Administración General del Estado, para el día siguiente cedérselo a Cataluña por puro interés personal, con un reparto de inmigrantes nada neutral, rompiendo los principios de igualdad y solidaridad. Este pacto es de una doble gravedad. La primera, ceder una parte de la frontera nacional a un gobierno regional, cuando una frontera es por definición un cierre único, y trocearla, lo único que hace es debilitar —cuando no impedir— la función de control y límite que dicha frontera tiene. Esto, por la parte práctica; pero por la parte moral la cosa es aun más grave. Esta cesión de competencias, de unas competencias además tan importantes para un país como su frontera, algo que nos delimita y nos define como nación, no hace más que contribuir al siniestro camino ya trazado hace años y que se va recorriendo por etapas de desmantelamiento y desaparición del Estado en Cataluña y en otros territorios. Desde aquí nos comprometemos, en el Grupo Popular, a revertir esta medida en cuanto lleguemos al Gobierno de España. La política migratoria y las fronteras afectan a la seguridad nacional y, como tal, volverán a ser competencia única del Estado, ya que por su propia naturaleza no son ni delegables ni transferibles. Se me acaba el tiempo y dejo ya otras consideraciones para mi siguiente turno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Bayo. Tal y como les manifestaba, les concedo en estos momentos la palabra al grupo parlamentario Vox. El señor Oces tiene dos minutos al respecto. Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad con estos dos minutos. Al escuchar al Defensor del Pueblo y dar carta de naturaleza a la inmigración, me he quedado muy sorprendido y decepcionado, señor Gabilondo, porque si usted tiene por misión supervisar la actividad de la administración pública —de las diferentes administraciones públicas— y la administración debe actuar siempre de acuerdo con el interés general, y conforme a la ley y al derecho, vemos cómo hay determinadas administraciones públicas que están fomentando la inmigración ilegal. Hay que distinguir entre una inmigración ilegal y una inmigración legal, en tanto que esas personas acuden a nuestro territorio nacional de acuerdo con todos los parámetros establecidos en las leyes. Usted, posiblemente sin quererlo —aunque lo dudo ya—, está discriminando a las personas que entran en España de forma legal y de acuerdo con todo el ordenamiento jurídico positivo hoy en España. Usted dice que ha recibido pocas quejas. Pues sinceramente, nosotros, por lo que vemos también en los diferentes medios de comunicación, recibimos todos los días quejas por los delitos cometidos por inmigrantes ilegales. Porque, efectivamente, sí hay una correlación entre inmigración ilegal y delincuencia. Son ustedes los únicos que obvian este tremendo problema. ¿Se acuerdan de lo que acaba de pasar en Salt? Con oleadas de inmigración ilegal que han atentado directamente contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto, para ustedes, no es ningún problema. Esto no es algo a denunciar.

Viene la señoría del Partido Socialista hablando de que él ha sufrido coacciones que, desde luego, desde Vox condenamos, pero ustedes no traen ni un solo caso de inmigrantes ilegales que cometen delitos en España. Ustedes saben absolutamente todo de los españoles a los que cobran sus impuestos y no saben nada de los inmigrantes ilegales. No saben si vienen aquí a delinquir. Y, generalmente, la inmigración ilegal que estamos importando a España viene de países islámicos, que no respetan los derechos de las mujeres y que no quieren integrarse en nuestra sociedad. Y esto ustedes no lo denuncian y el Defensor del Pueblo, por lo que veo, absolutamente tampoco. Si la administración pública está fomentando la inmigración ilegal, ¿es algo reprochable por el Defensor del Pueblo o no? Porque no es lo mismo la inmigración legal que la ilegal; de no ser así, no se produciría ese efecto discriminatorio que le he dicho anteriormente. Dicen también que nos van a pagar las pensiones, pero ustedes ya niegan también la ciencia. Existen informes contundentes en Francia, en Dinamarca y en Holanda que han dejado muy claro que la inmigración ilegal no nos va a pagar las pensiones, sino al revés, que vamos a tener peores y menores pensiones. Y también ustedes obvian esta realidad. Nosotros estamos importando mano de obra barata, de baja cualificación, y en cambio estamos exportando —sí, ya voy terminando— estamos exportando alta cualificación y españoles sumamente preparados. La verdad, tampoco pensé que iba a escuchar en la sede de la soberanía nacional hablar, por ejemplo, de que un concejal o un alcalde se salta la ley y el derecho y que le da exactamente igual, incluso a favor de la economía sumergida; porque si un inmigrante ilegal no puede tener los papeles y, por tanto, contrato de trabajo, parece que a todos ustedes les parece fenomenal también la economía sumergida, permitiendo que determinados empresarios —muchos de ellos sin escrúpulos— se lucren precisamente de esa contratación. De tal manera, señorías, la decepción es máxima. Defensor del Pueblo, la verdad, pensaba que iba a ser usted más riguroso, sobre todo cuando hablamos de ley, de derecho y de objetividad por parte de la actuación de las administraciones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. A continuación, tiene la palabra el señor Rabilondo para contestar a los portavoces. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias también por el tono de las mismas. Yo, mi maravilla, soy capaz de decepcionar a gente que, desde el principio, ha dicho que no espera nada de mí; o sea, que es una cosa muy emocionante. Se ve que todavía hay espacios en que puedo llegar a lo que esperan de mí, y se lo agradezco. Yo creo que tenemos formas distintas de ver las cosas; lo que estamos aquí no se resume en un partido o en otro, ni en una confrontación entre unos y otros, sino en las escalas de valores que están en juego. Todos tenemos valores, todos tenemos valores, y yo no creo que nadie que represente a la ciudadanía no tenga valores; claro que los tiene. Aquí el problemita es la escala de valores: ¿cuál es la prioridad para unos y para otros? Nosotros, digo, de la institución del pueblo, contamos con muchas personas que trabajan en el pueblo; en nuestra escala de valores, todas las personas son seres humanos, ningún ser humano es superior al otro. Y, por tanto, los derechos humanos no son una tabla para recorrer la mañana, sino que es la percepción de que, mientras haya un ser humano en estado de requerimiento, de necesidad, nosotros vamos a trabajar —como sé que hacen ustedes también— por responder a lo que podamos hacer. ¿Qué hay que mejorar? Sí, si el discurso de los presentes es que hay que mejorar, me sumo. Hay mucho que mejorar, además, en la concepción muy interesante de lo que es legal y lo que es ilegal, de lo que es regular o irregular. Pero nosotros estamos trabajando para establecer los espacios que mejoren la posibilidad de la regularización. No trabajamos para que haya más personas irregulares —como se dice— ni para que vivan en espacios ilegales; nuestro esfuerzo es crear condiciones de igualdad para que quienes están, como seres humanos, puedan vivir legalmente. Yo, por tanto, pido la colaboración de todos los señorías.

Demos pasos en el camino de la legalización, regularización, desde luego con la voluntad de sostener ningún tipo de acción improcedente, de ningún modo, pero yo espero, como ustedes esperan de mí y hacen bien de nosotros, que los señores diputados y senadores encuentren vías y caminos para poder dar respuesta a las necesidades de quienes se han acercado a nosotros, buscando también oportunidades para su vida. Y no han venido por lo extraordinariamente fácil que es venir aquí. No es muy fácil venir: hay muchas personas que quedan en el camino, muchas personas desaparecidas, muchas personas que han vivido una vida muy difícil para venir. ¿Y por qué vienen? Porque hay gente tan estupenda como los que estamos aquí, porque los recibimos con los brazos abiertos. Bueno, ya se han dicho las razones. Vienen a pesar de que haya quienes consideran que deben ser rechazados. Lo que deseamos es que el Defensor del Pueblo se proceda de modo legal. Pero yo no comparto la escisión entre españoles honrados y los políticos, en esa calificación que hace usted. Eso entiendo, señor Don Ignacio Oces, que usted también se incluye en ese desastre de lo que son los políticos, pero yo no lo comparto. No comparto que las personas que están trabajando, representando a los ciudadanos en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, sean personas que se oponen a los españoles honrados. Al contrario, creo que se pueden incluir entre los españoles honrados, salvo que, como se ha dicho, se pidan certificados de honradez. Bueno, pues si somos así, pasemos a hablar un poco de lo que nos ocupa. Lo que nos ocupa es exactamente que sí hay una presencia de inmigrantes y que es verdad que nosotros tenemos que hacerlo mucho mejor con ellos. Sí, María Asunción Mayo, dice, senadora, ¿no es así? Perdón, señoría, que nosotros hemos hecho un informe en el que se evidencia la cantidad de cosas que hay que mejorar; yo lo comparto, es decir, comparto lo que hemos dicho en el informe, por tanto no voy a refutarlo. Pero sí le digo que nosotros no hemos hecho ese informe para utilizarlo como arma arrojadiza en ninguna dirección, sino a favor de los inmigrantes. Porque nosotros no pretendemos ni sostener ni derribar el gobierno. No estamos aquí para eso, y no nos hace mucha gracia que se utilice o se presuma que hacemos un informe sobre los inmigrantes con otra finalidad distinta a lograr las mejores condiciones de dignidad, en derecho y en justicia para ellos. Y si eso incomoda a unos u otros, pues no es lo que buscamos. Tampoco me parece que ese texto se deba utilizar con una enmienda a la totalidad contra otros. Más bien, preferiría que ese texto se utilizara para ponernos todos en marcha en la dirección de resolver los problemas que ahí mismo se plantean y para tomar medidas que permitan superar las dificultades existentes. Porque cuando hemos estado en Canarias, y hemos visto a las personas que hay allí y los chavales menores que conviven en circunstancias difíciles, no venimos aquí para lanzar una carta arrojadiza contra el Congreso de los Diputados. Venimos aquí convocándonos a todos a la responsabilidad de que sobre eso hay que actuar. ¿De la distribución de los menores no acompañados? Pues mire, lo primero que yo haría es llamarlo distribución y no reparto. Ustedes pueden seguir, quien lo desee, hablando de reparto de menores, pero yo no hablo de reparto de menores. Los menores no se reparten; lo que sí se puede lograr es una distribución, porque distribución incluye una idea de justicia.

Me gusta que se reparta el presupuesto, digo, que el presupuesto se tiene que distribuir. Tampoco me gusta que se repartan los menores; los menores se distribuirán por distintos lugares. Bueno, pues ha habido recientemente, el 25 de marzo de 2025, acordado requerir al Tribunal Supremo a la Administración General del Estado para que, en el plazo improrrogable de 10 días, garantice el acceso y la permanencia de los menores solicitantes de asilo al sistema de acogida de protección internacional, que depende de la Secretaría de Estado de Migraciones. ¿Qué nos parece a nosotros? Pues a nosotros nos parece bien. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hemos venido defendiendo desde hace algún tiempo, y además la argumentación coincide con las recomendaciones que se han hecho desde el Defensor del Pueblo, de que se habilite un centro de recepción, atención y derivación para los niños y niñas con necesidades de protección internacional en Canarias, para formalizar sus solicitudes y acreditar su condición de solicitante. Vean que trabajamos para legalizar y regularizar, y no para otra cosa: para asegurar su residencia legal en España, desde su puesta a disposición de los servicios de protección de menores autonómicos, e identificar las necesidades particulares de acogida para su derivación en el recurso más adecuado. También hemos dicho que en los recursos de acogida de protección internacional se habiliten espacios adaptados a las necesidades de estos niños y niñas mayores de 16 años, con el fin de garantizar los estándares de acogida previstos en las directivas. ¿Por qué cito esto? Con independencia de que el ministro de la Presidencia haya comunicado o no retirado, estos son asuntos que ya entran dentro del debate sobre qué es mejor hacer. Pero sí quiero destacar esto, porque quiero compartir con ustedes que nuestra preocupación no es cómo lograr que haya más ilegales, sino qué procedimientos se han de emplear para que puedan legalizarse. Y luego, que se ha politizado el tema de los menores. Bueno, yo creo que aquí, al hablar de politizar, hay bastante ambientación; me refiero a que no falta ambientación para poder politizar las cosas. Tampoco me parece extraño, estando en el Congreso de los Diputados, que cada uno, desde su legítima posición, haga una lectura de lo expuesto, porque, después de que la primera parte de la intervención, senadora, señoría, ha sido ver cómo la masiva inmigración y el informe del Defensor del Pueblo sirven para cargar inmediatamente todo eso al Gobierno, se dice que no hay que politizar el tema. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que, ya que hay que politizar, por lo visto se politice bien. Dicho de otra manera, no acusaré al Congreso de los Diputados de hacer política, pues solo faltaba ni a los grupos políticos ni a los grupos parlamentarios; me parece lo razonable. Ahora bien, hay que entender –y sería otro debate para este Congreso– que no hemos venido a hacer política entre ustedes. Los venezolanos reciben el 40% de la nacionalidad, nada que oponer. Pero, con ocasión de eso, ya damos un repasito por la zona, y al dar un repasito por la zona, pues hacemos juicios que a mí me parecen legítimos sobre otros asuntos. No obstante, sostengo y guardo con muy buena apreciación su posición en el sentido de que hagamos de los inmigrantes una prioridad, que pensemos en ellos, que trabajemos en lo que hay que mejorar y que busquemos causas para ello. También creo que, si no hay una realidad paralela, señor Higot, López Torre, desde luego… porque las paralelas se encuentran en el infinito y prisa no tenemos, solo urgencia. Así que no sé si es paralela o si lo que finalmente tenemos que hacer es trabajar para producir algún encuentro en algún ámbito, porque si todos caminamos en líneas paralelas, en el infinito efectivamente nos encontraremos. Yo creo que el efecto llamada, si es que hay, proviene, desde luego, de esta sociedad de democracia y de valores, de la sociedad del bienestar, y por tanto tenemos que defender esa sociedad. Y si eso llama a otros a venir, no los sintamos como un mal; organicemos, como podamos, para darle forma. Demos esperanza, como se ha dicho: los necesitamos, los necesitamos. No los arrojen.

Es un camino cuya única salida sea exactamente salir por la delincuencia. Hacemos todo para que no tengan otra salida y, cuando salen por ahí, decimos: ¿por qué salen? Trabajemos para hacer espacios de convivencia. Y aviso, por si a alguno le interesa, que el odio destruye más a quien lo tiene que a quien se dirige. Si alguno hubiera en la sala, que no creo que lo haya, pero si alguno hubiera que odia, el odio, sobre todo, destruye a quien lo tiene; aquellos que lo tienen son víctimas también de otras cosas. Así que puedo defender los valores y hablar en términos de escala de valores, pero no puedo compartir que odiemos. Si alguno hubiera que odia. Interesante recordar que hoy se celebran 600 años. Está celebrando Su Majestad de los Reyes en un acto en el que también nos hubiera gustado estar, pero estamos aquí muy bien, en donde nos toca estar, y, desde luego, pensar en los primeros indicios de la presencia de gitanos en España, de población gitana, de etnia gitana, de comunidad gitana sobre todo. También es un recuerdo para ellos, que, en su diversidad, trabajan mucho y tienen que trabajar, y todos debemos trabajar para que mejore la educación, la incorporación social, etc. En cuanto a las numerosas trabas burocráticas, creo que sí existen. No voy a defender que se eludan, sino que se transformen en algo que no sea inherentemente burocrático. No estoy llamando a que se omita su cumplimiento, aunque reconozco que, en situaciones de emergencia, no sé si se exoneren o no, pero llamo al cumplimiento de las normas, por supuesto. Se ha hablado de la excursión financiera, cosa que también agradezco sobremanera. Agradezco además, señor Herminio Rufino, que haya hablado de cercanía e independencia, valores por los que nosotros luchamos intensamente. No sé si seremos capaces de alcanzarlos, pero son para nosotros valores absolutamente decisivos. Respecto a la política migratoria preventiva, considero que no es lo más adecuado, pues hay que preparar las condiciones para la llegada y no prevenirse de quienes vienen. También comparto que la desinformación es un mal amigo de todo lo que se hace. Si puedo decirles, por no extenderme demasiado, que hay un concepto que a mí me gustaría traer a la mesa antes de acabar. Ustedes podrán calificarlo de filosófico o incluso afirmarán que nos ha dado una conferencia, lo que encuentren más divertido, pero lo menciono: Lo primero que quiero decir es que una de las reuniones más emocionantes de las últimas semanas fue con educadores y educadoras sociales, quienes habían vivido la pérdida de una compañera, Belén, que falleció cuidando a los menores infractores. Vimos y hablamos claramente de la cantidad de aspectos que hay que mejorar respecto a su labor, y se plantearon preguntas sobre las condiciones en que se desempeñan. Nos importa su formación y que cuenten con condiciones laborales adecuadas; nos importan muchas cosas. Pero, ¿saben qué nos dijeron, aparte de todas estas reivindicaciones? Que, en sus palabras, los menores migrantes son muy buenos chavales. Y nos lo expresaron en una situación mucho más incómoda que la de estar aquí diciendo que son un peligro, pues lo comunicaron con el dolor de haber perdido a Belén, recientemente fallecida, asesinada. Asimismo, señalaron que había que buscar un futuro mejor para ellos, que se esfuerzan, que respetan y que hay mucho trabajo que hacer con nuestros jóvenes y adolescentes. Este no es mi mensaje; actúo como transmisor o mediador del mensaje de ellos, y creo que eso es muy interesante. No les hablaré de los peligros que uno corre o no, ya que cada uno lo juzga a su modo, pero también tiene cada quien sus propias experiencias, que quizá otro día, si quedamos a conversar, les expondré un poco lo que yo encuentro peligroso.

Y el concepto del que quiero hablar se llama crimigración. La crimigración no es un concepto que yo haya inventado. Está acuñado por el jurista norteamericano Juliette Stamff, que en 2006 describe una preocupante convergencia en las leyes de inmigración y las leyes penales, en una suerte de teoría unificadora que se podría traducir como teoría de la membresía o pertenencia. Aquellos que no cumplen con el contrato social entre el gobierno y su pueblo verán restringidos sus derechos, proporcionando una justificación a los gobernantes para apartarlos socialmente a través de leyes de exclusión. Es decir, es un proceso de estigmatización de las personas migrantes y de supresión de derechos de ciudadanía, desde votar o permanecer en su país natal hasta la condena moral o incluso penal en determinados ordenamientos. Y ¿saben lo que pasa? Que, si seguimos este concepto de crimigración, surge una clara división entre incluidos y parias sociales. Una sociedad cada vez más estratificada en la que los inframiembros son expulsados de la comunidad por medio de fronteras, muros, normas y condenas. O sea, la crimigración se refleja no solo en el espíritu de las leyes y ordenamientos, sino en su procedimiento y aplicación. Les puedo decir que se expresan las deportaciones en la criminalización y sospecha de las organizaciones de asistencia humanitaria como facilitadores de la inmigración irregular, en la retórica de asimilación, inmigración e inseguridad, en el terrorismo y delincuencia, mezclando intencionadamente en el subconsciente colectivo áreas completamente diferenciadas. Espero que ninguno de nosotros caiga en ese concepto y que en la sociedad no se mezclen estos dos ámbitos. Muchas gracias por su intervención y quedo de nuevo a su disposición. Muchas gracias, señor Gabilondo. Turno de réplica para los portavoces por el tiempo de tres minutos. No veo al señor López; ha salido un momento. Pasamos, por lo tanto, al grupo parlamentario SUMAR. Señora Ogubi Corbi, ¿tiene palabra? Me pasa lo mismo. Muchas gracias por volver a poner sobre la mesa cuestiones tan importantes. Creo que es fundamental que hablemos sobre, pues, lo que usted decía: los jóvenes y menores que están llegando a nuestro país lo hacen con mucha ternura, con mucha inocencia, y una vez aquí son profundamente criminalizados. Yo comparto—compartimos nosotros mucho—todo lo que usted ha expuesto y el reto que tiene la administración pública de dar una acogida digna a las personas migrantes, ya que, como usted ha mencionado, no existe esa correlación; de hecho, es una estrategia que, a nivel internacional, la extrema derecha utiliza para que nosotros conflictuemos, para poner en contra a las personas más vulnerables, en contra de las personas que no tienen nada. En este sentido, es muy importante también poner encima de la mesa lo que planteaba en relación al salvamento marítimo y, por ejemplo, los bloqueos que estamos viendo en este momento en la Comunidad Valenciana con el Aitamari. Las personas migrantes muchas veces no tienen acceso a la justicia ni para denunciar los delitos de odio, ni para poner en conocimiento todas las violaciones de derechos fundamentales que sufren. Y yo creo que esto es fundamental, que nos ocupe de manera prioritaria, para que las personas migrantes tengan todas las oportunidades y no surja ningún tipo de problema. Entonces, solo me queda pedirle que siga haciendo este trabajo.

Y sobre todo que encuentre los canales para comunicarse con ellos directamente y para escuchar todo lo que están viviendo. Muchas gracias, señora Hugo y Corby. A continuación, le cedo la palabra, había salido por una cuestión personal al señor López-Torre, quien tiene la palabra por el tiempo de dos minutos. Muchas gracias, presidente, por su consideración. Bueno, para empezar, quiero decir que me alegro de las palabras de no coincidencia de su señoría Mayo con el peticionario; no esperaba menos, ni mucho menos. Por otra parte, es fundamental recordar, como decía el señor Defensor del Pueblo, que los menores no se reparten, no son paquetes como los de Amazon, son personas y, por tanto, lo que se debe hacer es acoger, no repartir. Todos tenemos que mejorar, no solo el Gobierno central, sino también los autonómicos. Todos los gobiernos tenemos aspectos que optimizar, y aquí hay muchos partidos que estamos gobernando en distintos ámbitos y que podemos hacer mejor. Flaco favor hacemos para solucionar el problema politizándolo, tal y como parece que hoy se está intentando o se ha pretendido hacer en esta comparecencia. Debemos hacer política, sí, para eso estamos aquí, pero tenemos que hacer una política en mayúsculas, basada en la actividad y en acuerdos entre diferentes, y no una política de redes sociales, que a veces o generalmente es lo que se está buscando. La virtud, en este caso, radica en convertir la situación problemática en oportunidad. La gestión adecuada de la migración, la inversión en reeducación, en inserción social y en formación es, precisamente, inversión en nuestro futuro. Ahora bien, si los partidos mayoritarios lo perciben únicamente en clave electoral, estaremos perdiendo una oportunidad. Si solo ven un problema o un gasto, y no la oportunidad, y se limitan a atacar al máximo rival político, mal vamos. Debemos darle la vuelta a la situación y, cuando quieran hacerlo, ver en las personas –que no son ni más ni menos que nosotros– la oportunidad de devolver la generosidad que recibimos en otros tiempos de quienes tuvieron que migrar a otras comunidades y otros países. Ver la oportunidad de crecimiento para esas personas y para nuestra comunidad. En ese momento estaremos encantados de aportar y colaborar. Muchas gracias, señor López. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox, el señor José Síñiquez: Sí, muchas gracias, señor presidente. Todos ustedes, señorías, niegan soluciones a uno de los principales problemas para los españoles. Esto se recoge en las encuestas, en las estadísticas y en la percepción de las calles y barrios españoles, donde muchísimos son asaltados y presentan graves problemas de seguridad como consecuencia de la inmigración ilegal. Lo que veníamos a denunciar hoy, ante el Defensor del Pueblo, es precisamente cómo las administraciones públicas están alentando, fomentando y estimulando la inmigración ilegal –y no la inmigración legal–, lo que produce un efecto discriminatorio respecto de aquellos inmigrantes que entran en España de forma legal. Nos parece profundamente ilegal que desde las administraciones se fomente la ilegalidad, el caos y el desorden, ya que todas esas políticas de efecto llamada, implementadas tanto en cada administración como aquí, desde este Congreso de los Diputados, generan un efecto impulsor de la inmigración ilegal. Como ejemplo, la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regularizar inmigrantes que ingresaron de forma ilegal produce, a su vez, un efecto discriminatorio respecto de aquellos que lo hacen cumpliendo el ordenamiento jurídico español. Parece mentira que desde instituciones públicas se aliente y fomente tan profundamente la ilegalidad. Este fomento de la ilegalidad por parte de todos ustedes también facilita que se lucren las mafias del tráfico ilegal de personas, algo que ustedes niegan mientras el Defensor del Pueblo no ha hecho ningún comentario al respecto, a pesar de que esas mafias se lucran como consecuencia de dicho efecto llamada. Por ello, nosotros somos la única fuerza política que pide incrementar las penas en el Código Penal, precisamente contra dichas mafias que trafican con personas y que luego las distribuyen por toda la geografía nacional. El Defensor del Pueblo no da prioridad a los españoles.

A sus necesidades, a su seguridad, a sus libertades. No lo está dando. Si le llena la boca de los derechos de los inmigrantes, que, por supuesto, los que entran en España de forma legal tienen que tener sus derechos. Y antes yo le planteaba, porque si usted considera que haya que activar, simplemente como consulta que yo le planteé, el artículo 92 del texto constitucional, para ver si los españoles, ya que usted es el Defensor del Pueblo español —aunque ahora parece que es el Defensor del Pueblo de los inmigrantes ilegales—, si lo que quieren es seguir con estas políticas de efecto llamada, con las políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal, con el dispendio de más de 30.000 millones de euros que se gasta el conjunto del pueblo español en la inmigración ilegal, o si lo que queremos es otra política migratoria y que el pueblo español decida. Y simplemente le preguntaba por su opinión y ha decidido no contestar, teniendo en cuenta que efectivamente la competencia no es suya. Pero usted puede opinar, y, por supuesto, opina, y de hecho lo hace en sus diferentes informes. No se les olvide que ustedes son los que están alentando la importación de mano de obra barata. Son ustedes los que consideran a los inmigrantes ilegales como pura mercancía. No somos nosotros los de VOX. Nosotros no queremos, por supuesto, que fallezca ni una sola persona en el mar. Pero son ustedes y sus políticas las que están activando todos los días y desde todas las administraciones, que precisamente alientan ese efecto llamada, como si España fuera el paraíso para la inmigración ilegal, cuando, además, por otro lado, tenemos unas consecuencias gravísimas, como he empezado diciendo al principio de mi intervención, en inseguridad, en el deterioro de los servicios públicos —en particular en educación y en sanidad— y también, como parte de la identidad y cultura española. Porque ustedes están importando —y subrayo el concepto "importar"— una inmigración islámica que no tiene ningún interés en integrarse en la cultura ni en nuestras tradiciones españolas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor César. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sancho. Gracias, señor presidente. Con cierto... desde que llegué a las Cortes, toda mi vida he creído que las personas creen en las personas, que las personas creen en las personas, no en función del color de su piel. Y no voy a arreglar lo que se dice en mi tierra por intentar convencerlos. Ahora bien, me parecen totalmente tristes sus intervenciones, me parece totalmente triste cuando hablamos de personas. Ustedes no saben lo que es la solidaridad, la solidaridad que necesitamos tanto nosotros como ellos. Habla una persona que ha convivido con ellos desde que me incorporé a la agricultura: vienen a trabajar, son personas dignas, son personas dignas, y no entiendo que en las Cortes Generales, cuando hablamos de personas... hablemos así: tenemos que hacer lo que hace este gobierno, el regular la inmigración. Necesitamos a los inmigrantes, este país los necesita, el sector primario los necesita y, luego, ya no es por trabajar solo. Los necesitamos porque son personas y tienen derecho a venir a una tierra mejor, porque en sus territorios —porque donde ellos están no creo que nadie venga aquí a este país voluntariamente, en un cayuco que arriesga su vida, o voluntariamente a que los maltraten como ustedes los están maltratando, como ustedes los están acusando, los están echando a los leones, que se suele decir— están generando odio sobre unas personas que, a mí jamás, ni a mis hijos, que han convivido con ellos en la escuela, les han agredido. No generalicen y no generalicen en una sociedad por el color de la piel. Y lo hacen constantemente. Ojalá se hubieran empapado y fueran esponjas un poco del discurso del Defensor del Pueblo, que es el defensor de las personas, porque a veces es el defensor del Partido Socialista, a veces es el defensor de no sé quién, pero nunca es el defensor de ustedes. A ustedes también los defiende, si los tuviera que defender, porque es el defensor de todos los españoles, es nuestro Defensor del Pueblo —que hemos apoyado todos los grupos parlamentarios, menos ustedes, si es verdad—. Fíjese en qué error más grande cometen, oyendo y viendo el trabajo que esta mesa —que el equipo del Defensor del Pueblo está haciendo: libre, solidario, independiente—. Lo que pasa es que ustedes no comparten ni la solidaridad, ni la independencia, ni la democracia. Me resulta hasta triste que lleve usted el mismo apellido que yo, porque no doy crédito. Señor Iñiguez, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Mayo tiene la palabra. Bueno, creo que ha quedado claro el sentido de nuestra intervención, que nosotros nunca ponemos el foco en el inmigrante, sino que el foco hay que ponerlo en el responsable de la situación actual, y es la dejación de funciones de este Gobierno, que es el responsable de la situación que tenemos. Un ejemplo, simplemente, es el reciente auto del Tribunal Supremo del 25 de marzo, en el que se requiere al Gobierno que se haga cargo de 1.221 menores no acompañados en Canarias que son demandantes de protección internacional, es decir, de asilo. El Tribunal ha verificado que, pese a ser obligación del Estado poner a estos menores bajo el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, esto no se ha producido, y el Gobierno de Canarias está supliendo indebidamente al Gobierno Nacional, que ha infringido la ley de asilo, no ha protegido el interés superior del menor y ha incurrido, una vez más, en dejación de sus obligaciones constitucionales, ocasionando con ello, como muy bien señala el Tribunal, tres perjuicios de imposible o de muy difícil reparación. El primer perjuicio es a los propios menores, que están desatendidos y hacinados en centros totalmente colapsados. El segundo afecta al presupuesto autonómico canario, que está asumiendo, como tantas veces, lo que no le corresponde. Y el tercero, señala el Tribunal, es para la nación española, ya que esta desatención del Estado genera desafección en los territorios que no ven la presencia del Estado en un problema que es de su exclusiva competencia. Esta desafección afecta especialmente a los socios del Gobierno, que de una manera u otra quieren romper con España, lo cual, digo yo, será música celestial para ellos, aunque para el Partido Popular es todo lo contrario. A todo esto, este auto ha de cumplirse en el improrrogable plazo de 10 días, plazo que hoy ya está más que cumplido, y el Gobierno no ha hecho nada. Bueno, sí interpuso contra el recurso un auto, o sea, un recurso contra el auto para retirarlo 24 horas más tarde, ya sea que lo estuvieran jugando a cara o cruz o que tardara en llegar el voto por correo del señor Budemont, dándoles la orden contraria o lo que fuera. Lo que sí tenemos claro es que el Gobierno no ha hecho nada, pues lo ha señalado el ministro de Política Territorial: el proceso será lento y se estudiará caso a caso. Es decir, que de cumplir este Gobierno lo que le manda el Tribunal Supremo, nada de nada. Debe ser que cumplir las órdenes de los tribunales es para los pobres. Aquí, la ejemplaridad, la protección del menor y el respeto al derecho de asilo son, evidentemente, cosas de poca monta para este Gobierno. Y a la vista de sus actos, parece que este incumplimiento se va a prolongar casi un año. Digo yo que, pudiendo tensar un poco más la cuerda con este tema que se utiliza políticamente, no va a cumplir con su parte. Así que, menos mal que cuando el Partido Popular llegue al Gobierno, la política migratoria estará coordinada y no sujeta a ideologías; nos basaremos en la firmeza, la legalidad y la cooperación para terminar con las mafias de la inmigración ilegal y promover la inmigración ordenada y regulada de personas que vengan a nuestro país a trabajar y a integrarse, que es lo que nuestro país y todos los españoles quieren y necesitan. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Mayo. Y ahora, señor Rabilondo, si le parece oportuno, le doy la palabra para que cierre la comparecencia. Muchas gracias. [Intervención del señor Rabilondo:] Bueno, comprendo el planteamiento que hacía, señora María Asunción Mayo, señoría; comprendo y está en su derecho que usted no simplemente haga una descripción, sino que busque la causa o la responsabilidad de quién pudiera tener que ver con esa situación. Yo comparto también la opinión expresada por otros intervinientes –en particular, señor Higópez, quien está llamando muy bien a la corresponsabilidad cuando ocurre un asunto de estos– y, luego, el planteamiento que se ha de hacer –por tanto, repito, respeto su posición– es que deberíamos sentirnos un poco corresponsables. No siempre eso es así, porque también algunas intervenciones –expresamente la del señor Ignacio Oces–.

Todos ustedes y yo, supongo, porque cuando habla, siempre que habla, dice “todos ustedes y yo”, veo a los señores que están aquí también filmándonos y a todos los “sugieres”, a las personas: toda la humanidad está defendiendo la ilegalidad, el caos y el desorden. A diferencia de “yo” –quiero decir “nosotros”–, que estamos defendiendo la legalidad. Eso puede parecer ridículo así contado, y es una butad, pero es una butad que refleja sus palabras; no las he dicho yo, no las he dicho. Bueno, si las estoy tergiversando, no las volveré a citar literalmente. Lo que sí quiero decir es que usted ha dicho que estamos todos nosotros fomentando la ilegalidad, el caos y el desorden, y yo le digo que no, en absoluto. Le digo que no, en absoluto, porque lo que estamos buscando es comprender que la inmigración –a la que a veces se le atribuye una resistencia a integrarse en nuestra sociedad– sería también bonito para otro día abrir el debate sobre si la integración implica asimilación o incorporación a una sociedad, incorporación de pleno derecho como miembro de pleno derecho en la sociedad. Yo comprendo que tenga resistencias a la asimilación, pero si la recepción que se hace a ellos es al precio de que se tengan que asimilar a lo que nosotros somos, me parece que no estamos jugando en una sociedad democrática abierta a la pluralidad y diversidad de creencias, de personas, de opciones y, como dice, de raza, de religión, tal como establece nuestra Constitución. Y yo quiero, supongo, desde Defensor del Pueblo –como Defensor del Pueblo– defender la Constitución y su artículo que habla de una comunidad de seres humanos, que en su diversidad y pluralidad son capaces de convivir juntos. Tenemos que trabajar todos en esa dirección, y no en la división de “ellos y nosotros”, en la dialéctica del amigo y el enemigo, del otro y yo. Si no lo quiere, no deseaba hacer así; a mí me ha sonado de esa manera, pero puede ser un problema mío. Acepto, he aceptado que es un problema que tengo. Lo que sí también quiero señalar es que comparto lo que se ha dicho desde distintos lugares: el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también lo ha expresado, y será necesario subrayar que, asimismo, lo ha hecho el portavoz del Grupo del Partido Nacionalista Vasco. Será necesario decir que todos somos personas y seres humanos. ¿Será necesario recordar que eso nos confiere una serie de derechos, seamos legales o ilegales, seamos lo que seamos, regulares o irregulares? No es que las administraciones hagan una discriminación atendiendo a personas que están en situación irregular; es que las personas en situación irregular, al igual que las que se encuentran en situación regular, también se relacionan con la administración. ¿Por qué? Porque tienen derechos. Quienes están en la cárcel están privados de libertad, pero tienen derechos, por eso se protegen. Los emigrantes, las personas en situación irregular también tienen derechos, aunque esto nos pueda sorprender, por lo visto. Tienen derechos educativos, sanitarios, residenciales… tienen derechos. En cuanto a las normas que obligan a proteger a los trabajadores, es siempre interesante seguir los debates, y proseguiremos esos debates. Es verdad lo que antes hemos dicho: primero vinieron brazos, y vinieron personas. Si hubieran venido solo brazos y que luego por la noche se hubiesen quedado quietos para por la mañana mañana volver a salir a pasear o a trabajar, no habría problema; pero es que son personas, y si son personas tienen derechos. Solo que, digamos, se sostiene que los inmigrantes no tienen derechos y, además, también hay que levantar un fantasma respecto de todo esto. La mayoría de las personas inmigrantes llega de manera regular a España; en su mayoría, en avión. Es que estamos hablando, aparte de la pena que sufren los que mueren tratando de venir, de gente que viaja en avión. ¿Y sabe de dónde son estos “tan peligrosos” que vienen? Son, en su mayoría, venezolanos, colombianos, latinoamericanos. La llegada irregular representa una proporción muy pequeña respecto a la llegada. Parece, a veces, que vienen acechando en galeras por el sur, pero en realidad no es así. La regularización, yo creo, beneficiaría principalmente a las personas que han llegado de manera regular desde Latinoamérica, precisamente. Eso es lo que creo que pasaría.

Pero yo no quiero olvidar a ninguna de las personas que efectivamente se han acercado a nosotros, pensando, creyendo, esperando que seamos un país democrático, abierto, plural y receptivo, y además defensores de los derechos humanos. También hablaba la señora Viviane Orbi de la estrategia; parece que, a veces, surge una estrategia que nosotros estamos obligados a desalentar, ya que conduce a una asimilación entre inmigrante y delincuencia. Esto, a su vez, alimenta el miedo y ¿sabe lo que hace el miedo? El miedo hace crecer lo temido; eso es precisamente lo que ocurre. Y cuando alentamos ese temor, le aseguro que por ese camino no vamos a disminuir el problema. Quizás sea interesante para cerrar, pero por mi parte ya me estoy extendiendo demasiado. Cuando digo que somos una institución nacional de derechos humanos, quiero decir que colaboramos con instituciones homólogas que vienen a compartir buenas prácticas, y contribuimos con informes en los órganos de tratados de Naciones Unidas. Además, cuando hablo de escala de valores, apelo a que recordemos que las personas migrantes vienen a contribuir a ese bienestar, siguiendo el éxito del modelo europeo de defensa de los derechos fundamentales. Como he mencionado, parecería que este tema es exclusivamente lo que nos ocupa en el Defensor del Pueblo, como ha hecho usted al referirse a él como defensor de los inmigrantes; no me ofendo por ello, pero somos defensores de muchas otras áreas. De hecho, todo lo relacionado con la educación, la sanidad, las políticas sociales y las políticas públicas ocupa la mayor parte de nuestro tiempo. Este tema, de enorme importancia para nosotros, es solo una parte. Sé que usted, que ha tenido la iniciativa —o mejor, que la mesa ha acogido dicha iniciativa— tiene también otros intereses y preocupaciones. Por ello, reivindico aquí la necesidad de construir una sociedad del bienestar, una sociedad democrática en la que no solo se celebre la pluralidad y la diversidad, sino que se promuevan políticas públicas adecuadas para incorporar, de forma inclusiva, a las personas que vienen del exterior. Ahora, si para venir a España es indispensable ser algo determinado —y no pretendo caricaturizar lo que algunos piensan que se debe ser para ser español—, le digo que lo que ocurre es que la mayoría de los españoles no son españoles. Esto se debe a que la Constitución nos permite ser distintos, diversos, plurales y vivir en una sociedad inclusiva, que es precisamente la que queremos. Agradezco muchísimo al grupo proponente, al Grupo Parlamentario VOX, por presentar esta iniciativa, y agradezco a la mesa por habernos dado la oportunidad de debatir sobre cuestiones de tan enorme importancia. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Javier Lando. A continuación, pasamos a la comparecencia segunda y última para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con el problema de la vivienda en España, con especial atención a la ocupación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra el señor Pabilondo. Y, perdonen, pero el cambio de tercio lleva siempre unos segundos.

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